Sentencia CC-322-14 — Registro 7836
Resumen
En primera instancia se fallo desestimando el alegato de nulidad del negocio jurídico en que se funda la demanda, desestimando la demanda de ordinaria de nulidad de instrumentos públicos, de los contratos en ellos contenidos y de los asientos registrales, acumulación de pretensiones, gastos y costas del proceso. Confirmado en segunda instancia, confirmada en segunda instancia.
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
“Estimar el Recurso de Casación en su único motivo, interpuesto y formalizado por el abogado OSCAR RAÚL MATUTE CRÚZ, en su condición de representante procesal de la sociedad INDUSTRIA DE SERVICIOS DE LA CONSTRUCCIÓN SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE (INSECONSA). SEGUNDO: Casa la sentencia de fecha veinticinco de agosto de dos mil catorce, dictada por la Corte de Apelaciones Civil de San Pedro Sula, departamento de Cortés, en relación a la “DEMANDA O ACCIÓN DE NULIDAD DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS DE LOS CONTRATOS EN ELLOS CONTENÍDOS Y DE LOS ASIENTOS REGISTRALES”, promovida en fecha veintiuno de febrero del año dos mil once, ante el Juzgado de Letras Civil de la Sección Judicial de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, por el abogado OSCAR RAÚL MATUTE CRÚZ, en su condición de apoderado de la sociedad mercantil INDUSTRIA DE SERVICIOS DE LA CONSTRUCCIÓN SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE (INSECONSA), contra el INSTITUTO DE PREVISIÓN MILITAR (IPM), por medio de su representante legal el señor DAMIÁN GILBERTO PINEDA REYES, la sociedad mercantil ADMINISTRADORA DE VALORES E INMUEBLES S.A. (AVISA), por medio de su representante legal el señor MANUEL URBINA MEDINA, la sociedad mercantil INVERSIONES CORPORATIVAS HONDUREÑAS S.A. (INCORHSA), por medio de su representante legal el señor NELSON PETRONIO GUIFARRO ORTÍZ y CORPORACIÓN MUNGUÍA S.A., por medio de su representante legal el señor CARLOS ALBERTO MUNGUÍA QUEZADA. TERCERO: Ordena reponer las actuaciones al momento y estado inmediatamente anterior a aquel en que se ha producido la falta, en consecuencia, se decreta la nulidad de la sentencia recurrida.”
Legislación citada
- Código Procesal Civil, art. 212 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Procesal Civil, art. 727 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACION
La Infrascrita Receptora Adscrita a la Sala de lo Civil de la Corte Suprema de Justicia, Certifica la sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los dieciocho días del mes de abril del año dos mil dieciocho, la Sala de lo Civil, integrada por los Magistrados: REYNALDO ANTONIO HERNÁNDEZ, como Coordinador por Ley y designado ponente para el conocimiento y redacción de la resolución del presente recurso de casación, WILFREDO MÉNDEZ ROMERO y ALMA CONSUELO GUZMÁN GARCÍA, quien ha sido llamada a integrar por abstención legítima de la Magistrada RINA AUXILIADORA ALVARADO MORENO, en la fecha supra indicada dictan la siguiente SENTENCIA: SON PARTES: INDUSTRIA DE SERVICIOS DE LA CONSTRUCCIÓN SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE (INSECONSA), representada en juicio por el abogado OSCAR RAÚL MATUTE CRÚZ, en su condición de recurrente; siendo recurrido el INSTITUTO DE PREVISIÓN MILITAR (IPM), la sociedad mercantil ADMINISTRADORA DE VALORES E INMUEBLES S.A. (AVISA), la sociedad mercantil INVERSIONES CORPORATIVAS HONDUREÑAS S.A. (INCORHSA), y CORPORACIÓN MUNGUÍA S.A, representados en juicio por el abogado JOSÉ CLAUDIO SANTOS REYES. OBJETO DEL PROCESO: “DEMANDA O ACCIÓN DE NULIDAD DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS DE LOS CONTRATOS EN ELLOS CONTENÍDOS Y DE LOS ASIENTOS REGISTRALES”, promovida en fecha veintiuno de febrero del año dos mil once, ante el Juzgado de Letras Civil de la Sección Judicial de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, por el abogado OSCAR RAÚL MATUTE CRÚZ, en su condición de apoderado de la sociedad mercantil INDUSTRIA DE SERVICIOS DE LA CONSTRUCCIÓN SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE (INSECONSA), contra el INSTITUTO DE PREVISIÓN MILITAR (IPM), por medio de su representante legal el señor DAMIÁN GILBERTO PINEDA REYES, la sociedad mercantil ADMINISTRADORA DE VALORES E INMUEBLES S.A. (AVISA), por medio de su representante legal el señor MANUEL URBINA MEDINA, la sociedad mercantil INVERSIONES CORPORATIVAS HONDUREÑAS S.A. (INCORHSA), por medio de su representante legal el señor NELSON PETRONIO GUIFARRO ORTÍZ y CORPORACIÓN MUNGUÍA S.A., por medio de su representante legal el señor CARLOS ALBERTO MUNGUÍA QUEZADA. I. ANTECEDENTES DE HECHO. PRIMERO: Con fecha veinticinco de agosto del año dos mil catorce, la Corte de Apelaciones Civil de San Pedro Sula, Cortés, conociendo por vía de apelación de la sentencia definitiva de fecha veintitrés de mayo del año dos mil catorce, dictada por el Juzgado de Letras Civil de la Sección Judicial de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, en el juicio de mérito, dictó sentencia CONFIRMANDO la emitida por el A-quo, misma que falló de la siguiente manera: “FALLA: PRIMERO: DESESTIMANDO el Alegato de Nulidad del Negocio Jurídico en que se funda la demanda invocado por el Abogado ALLAN JULIAN BEALL CABALLERO en su condición de apoderado legal de las demandadas sociedades INSTITUTO DE PREVISIÓN MILITAR (IPM), SOCIEDAD MERCANTIL ADMINISTRADORA DE VALORES E INMUEBLES S.A. (AVISA), SOCIEDAD MERCANTIL INVERSIONES CORPORATIVAS HONDUREÑAS S.A. (INCORHSA) y CORPORACIÓN MUNGUÍA S.A; SEGUNDO: DESESTIMANDO la Demanda de Ordinaria de Nulidad de Instrumentos Públicos, de los contratos en ellos contenidos y de los asientos registrales, acumulación de pretensiones, gastos y costas del proceso, promovida por el Abogado OSCAR RAÚL MATUTE CRUZ en su condición de apoderado legal de la Sociedad Mercantil denominada INDUSTRIA DE SERVICIOS DE LA CONSTRUCCIÓN, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE (INSECONSA), contra EL INSTITUTO DE PREVISIÓN MILITAR (IPM), representado por el señor DAMIÁN GILBERTO PAREDES REYES, la sociedad mercantil ADMINISTRADORA DE VALORES E INMUEBLES S.A.(AVISA), representada por el señor MANUEL URBINA MEDINA, la sociedad mercantil INVERSIONES CORPORATIVAS HONDUREÑA S.A. (INCORHSA), representada por el señor NELSON PETRONIO GUIFARRO ORTÍZ, y CORPORACIÓN MUNGUÍA S.A, representada por el señor CARLOS ALBERTO MUNGUÍA QUEZADA, todos de generales conocidos en el preámbulo de esta sentencia; TERCERO: CADA PARTE ABONARÁ SUS COSTAS”. SEGUNDO: El recurrente ha basado su recurso de casación principalmente en la interpretación errónea del artículo 64.1 del Código Procesal Civil, señalando como causal del recurso la prevista en el artículo 719. 1 literal b) del mismo Código que se refiere a que se podrá impugnar la aplicación e interpretación de las normas procesales que regulan los actos y garantías procesales cuando su infracción suponga la nulidad o produjera indefensión exponiendo los siguientes argumentos: a) Como un antecedente procesal aclara que el inmueble de su representada ha sido tomado por las partes demandadas a causa de un error en la sustancia de la cosa, inmueble objeto de los contratos cuya nulidad absoluta se demanda. b) En la explicación del motivo expresa el recurrente que impugna por interpretación errónea la norma procesal citada como infringida porque la infracción de ese acto procesal produce indefensión a su representada lesionando el principio de la tutela judicial efectiva puesto que la Corte de Apelaciones fundamenta su sentencia en que desestima la demanda por ausencia de legitimación de la parte demandante por considerar que esta no fue parte en la relación contractual material de los contratos cuya nulidad absoluta demanda, tal conclusión la considera el recurrente vulnerante porque la demanda no se interpuso en relación a las cláusulas de tales contratos, su cumplimiento o no, caso en el cual, si solo las partes intervinientes estarían legitimados para demandar; explica que el presente asunto es distinto, se trata de la nulidad absoluta de los contratos por considerarlos inexistentes por adolecer un vicio que afecta la validez jurídica y que causa perjuicios. c) Que la tutela judicial efectiva comprende el derecho de obtener una resolución sobre el fondo de la demanda dirigida al Tribunal y que la infracción al acto procesal de la legitimación enmarcado en el numeral 1 del artículo 64 del Código Procesal Civil que se relaciona con el principio de tutela judicial efectiva se da por cuanto el Tribunal basa su sentencia apreciando falta de legitimación por parte de la parte demandante al no figurar como interviniente en los contratos cuya nulidad absoluta demanda, llevando con ello a estimar vulnerado el derecho a la tutela judicial efectiva produciendo indefensión precisamente en las vertientes de tener derecho a una resolución sobre el fondo del asunto justa y motivada en relación al contenido de la demanda. d) Sostiene el recurrente que para acreditar la legitimación basta para quien manifiesta ser titular del derecho legítimo, cualquier acreditación documental que resulte valida en derecho y en cualquier estadio procesal, destacando que la legitimación de su representada se encuentra acreditada al existir coherencia jurídica entre la titularidad que afirmó y se atribuyó tener con el objeto litigioso conforme los documentos en que funda su pretensión acompañados a la demanda, destacando que se puede estar legitimado pero carecer de derecho, pero no tener derecho que se controvierte y no estar legitimado. e) Señala que la interpretación errónea del artículo 64.1 del Código Procesal Civil concurre porque el Tribunal adquem incurre en una exégesis equivocada de la misma, en tanto que efectivamente la norma infringida gobierna el asunto de la legitimación ordinaria para efectos procesales pero al no darle el enfoque verdadero en su espíritu y alcances hay una insuficiencia de juicio al formularlo; el adquem acertó en la norma pero se alejó de su espíritu, alcance y finalidad de la misma al errar en el enfoque verdadero alejándose de su verdadero espíritu y finalidad cual es inspirarse en garantizar el principio procesal de tutela judicial efectiva. TERCERO: En fecha veintisiete de abril de dos mil diecisiete esta Sala de lo Civil, pronunció auto mediante el cual admitió el recurso de casación en su único motivo, señalando audiencia de vista para el treinta de mayo de dos mil diecisiete, misma que no se realizó por abstención legítima de la Magistrada RINA AUXILIADORA ALVARADO MORENO, por lo que se efectuó el llamamiento a integrar de la Magistrada ALMA CONSUELO GUZMÁN GARCÍA. CUARTO: En fecha quince de noviembre de dos mil diecisiete, a partir de las dos de la tarde se llevó a cabo la audiencia de vista a la que comparecieron las partes procesales a hacer uso de sus derechos en donde el recurrente fundamentalmente ratificó los argumentos expuestos en su escrito de interposición y formalización del recurso de casación y el recurrido, abogado JOSÉ CLAUDIO SANTOS REYES, en la condición de representante procesal de los demandados, básicamente arguye que desde el inicio había dudas sobre los documentos de los que se solicita su nulidad, los procesos terminan en sentencias que anulan la escritura pública y cuando se da la audiencia ya eran nulos, según lo establece el artículo 752.1 del Código Procesal Civil ya que las sentencias estaban inscritas. La literalidad del derecho a la tutela según el artículo 64.1 del citado Código, si no hay legitimación no se puede pedir, que al ser nulo el documento de titularidad pierde su legitimación, y pide se declare sin lugar o inadmisible el recurso. II. FUNDAMENTOS DE DERECHO. 1. Conforme el artículo 718 del Código Procesal Civil, la Sala de lo Civil de la Corte Suprema de Justicia, es competente para conocer del recurso de casación. 2. La sentencia pronunciada por la Corte de Apelaciones ha basado su decisión en considerar que los instrumentos cuya nulidad se pide son instrumentos de tradición de dominio en donde el demandante no es titular de la relación jurídica que alega, expresando que en el caso de autos la parte que demanda no figura como parte interviniente en la obligación de los contratos cuya nulidad pide. 3. De conformidad con el artículo 1.1 del Código Procesal Civil, toda persona tiene derecho a peticionar ante los juzgados y tribunales la tutela efectiva de sus derechos e intereses legítimos y el artículo 64.1 del mismo Código dispone que son partes legítimas ordinarias las que comparezcan y actúen en juicio, en posición jurídica contrapuesta, afirmando ser titulares de la relación jurídica u objeto de litigio, sea ínter vivos o mortis causa, así pues, la legitimación activa la ostenta quien es titular de derechos o intereses jurídicos cuya lesión le hace acudir ante el órgano jurisdiccional como actor o demandante a invocar a su favor una consecuencia jurídica derivada de un supuesto fáctico que recoge una norma jurídica determinada. 4. Partiendo del contenido del artículo 1.1 antes citado, la legitimación activa la ostentan no solo quienes afirman ser titulares de un derecho sino también el que afirma tener un interés legítimo, así ha de entenderse cuando se habla de titularidad de relación jurídica u objeto de litigio, de ahí la importancia de distinguir entre la titularidad del derecho subjetivo sobre un bien jurídico y el denominado interés legítimo; en ese orden de ideas el derecho subjetivo sobre un bien jurídico comprende un conjunto de facultades que otorga el ordenamiento jurídico sobre determinado bien de manera tal que cuando esas facultades del titular se ven afectadas, tal perturbación legitima al titular para obtener el amparo de los órganos jurisdiccionales, y en el caso del interés legítimo como interés derivado directa o indirectamente de una norma jurídica, si bien no ha de entenderse como una suerte de acción popular que pueda ser ejercida por cualquier sujeto, si requiere que el mismo sea en realidad un interés en sentido propio, cualificado y específico[1]. En el caso de autos este interés del actor tiene su basamento no solo en los instrumentos públicos acompañados a la demanda sino también en el Código Civil, al establecerse que la nulidad absoluta puede alegarse por todo el que tenga interés en ella (artículo 1589 del Código Civil). 5. Al examinar los autos, apreciamos que el análisis del juzgador de instancia parte de los instrumentos cuya nulidad se demanda, para concluir la falta de legitimación centrando el argumento en que el demandante no es parte contratante en tales contratos, omitiendo incorporar a la valoración el instrumento público que ostenta el demandante y las circunstancias por éste denunciadas y del cual nace un interés del actor en los contratos cuya nulidad demanda; al afirmar el apoderado demandante que el inmueble de su representada ha sido tomado en su totalidad por las partes demandadas a causa de un error en la sustancia de la cosa objeto de los contratos que pretende sean anulados, pone de manifiesto un interés legítimo que emana de esta circunstancia conjuntamente con el documento público que acompañó a la demanda, en ese sentido el actor se presenta como titular de un interés propio de obtener un beneficio como resultado del proceso, distinto del de otros ciudadanos; consecuentemente, interpretar la norma impugnada en el caso concreto asumiendo que por no ser parte en los contratos, cuya nulidad pretende el demandante, no está legitimado para obrar en juicio, ello compromete el derecho a una tutela judicial efectiva causando absoluta indefensión en tanto se le veda el derecho a obtener una sentencia de fondo, por tanto el juzgador devenía obligado a considerar la legitimación activa del demandante y hacer las valoraciones probatorias pertinentes de los documentos de una y otra parte a efectos de determinar si había lugar o no a la demanda. Consecuentemente con la resolución de la Corte de Apelaciones conocida en casación, se causa indefensión al recurrente al restringirle su derecho a obtener una sentencia sobre las pretensiones de fondo y por lo tanto procede retrotraer las actuaciones al momento y estado inmediatamente anterior a aquel en que se produce la falta por parte de la Corte de Apelaciones. III. PARTE DISPOSITIVA. Por lo antes expuesto la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala de lo Civil, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, pronunciándose por unanimidad de votos y con base en los fundamentos de derecho citados y haciendo aplicación de lo dispuesto en los artículos 303, 304, 313 numeral 5) y 316 de la Constitución de la República; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 115, 118 numeral 1), 129, 169, 170, 190, 191, 193, 194, 195, 200, 716, 717, 718, 719.2, 725, 727. 3 del Código Procesal Civil; DICTA SENTENCIA IRRECURRIBLE y FALLA: PRIMERO: Estimar el Recurso de Casación en su único motivo, interpuesto y formalizado por el abogado OSCAR RAÚL MATUTE CRÚZ, en su condición de representante procesal de la sociedad INDUSTRIA DE SERVICIOS DE LA CONSTRUCCIÓN SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE (INSECONSA). SEGUNDO: Casa la sentencia de fecha veinticinco de agosto de dos mil catorce, dictada por la Corte de Apelaciones Civil de San Pedro Sula, departamento de Cortés, en relación a la “DEMANDA O ACCIÓN DE NULIDAD DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS DE LOS CONTRATOS EN ELLOS CONTENÍDOS Y DE LOS ASIENTOS REGISTRALES”, promovida en fecha veintiuno de febrero del año dos mil once, ante el Juzgado de Letras Civil de la Sección Judicial de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, por el abogado OSCAR RAÚL MATUTE CRÚZ, en su condición de apoderado de la sociedad mercantil INDUSTRIA DE SERVICIOS DE LA CONSTRUCCIÓN SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE (INSECONSA), contra el INSTITUTO DE PREVISIÓN MILITAR (IPM), por medio de su representante legal el señor DAMIÁN GILBERTO PINEDA REYES, la sociedad mercantil ADMINISTRADORA DE VALORES E INMUEBLES S.A. (AVISA), por medio de su representante legal el señor MANUEL URBINA MEDINA, la sociedad mercantil INVERSIONES CORPORATIVAS HONDUREÑAS S.A. (INCORHSA), por medio de su representante legal el señor NELSON PETRONIO GUIFARRO ORTÍZ y CORPORACIÓN MUNGUÍA S.A., por medio de su representante legal el señor CARLOS ALBERTO MUNGUÍA QUEZADA. TERCERO: Ordena reponer las actuaciones al momento y estado inmediatamente anterior a aquel en que se ha producido la falta, en consecuencia, se decreta la nulidad de la sentencia recurrida. CUARTO: SIN COSTAS. Y MANDA: Que se notifique esta sentencia a las partes por medio de sus representantes legalmente constituidos en el juicio, tras lo cual se ordena asimismo devolver las actuaciones a la correspondiente Corte de Apelaciones del lugar de su procedencia, con la certificación del presente fallo. Se pronuncia esta sentencia en esta fecha por exceso de actividad jurisdiccional. NOTIFÍQUESE.- FIRMAS Y SELLO. REYNALDO ANTONIO HERNÁNDEZ. MAGISTRADO COORDINADOR. WILFREDO MÉNDEZ ROMERO. MAGISTRADO. ALMA CONSUELO GUZMÀN GARCIA. MAGISTRADA. FIRMA Y SELLO. BETTY JANETH PALMA O´CONNOR. RECEPTORA ADSCRITA”.
Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los ocho días del mes de junio del año dos mil dieciocho; Certificación de la sentencia de fecha dieciocho de abril de dos mil dieciocho, recaída en el Recurso de Casación registrada bajo el No. S.C. 322-2014.
BETTY JANETH PALMA O’CONNOR
RECEPTORA ADSCRITA
[1] Referencia a la jurisprudencia española de José Garberi LLobregar, en Derecho Procesal Civil. Procesos Declarativos y procesos de ejecución. 2ª edición. Bosch.. 2012 p. 159.