Sentencia CC-234-16 — Registro 8162
Resumen
En primera instancia se declaró sin lugar la acción ordinaria para obtener la nulidad absoluta de un juicio ejecutivo y del instrumento público e inscripción registral que de dicho juicio se derivan y confirmada en segunda instancia.
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
… “Respuesta de la Sala de lo Civil. Esta Sala es del criterio que el recurrente no ha explicado el motivo de casación observando la debida técnica casacional por las razones que se exponen a continuación: a) Infringe fundamentalmente la obligación de exponer su recurso con la debida separación y claridad en tanto no es posible determinar cual de las causales previstas en el artículo 719 del Código Procesal Civil es la que viene invocando. b) El recurrente acude a la cita indiscriminada tanto de normas de carácter heterogéneo como de normas que rigen determinada materia, lo que le hace incurrir en la falta de claridad y contribuir con ello a confusión con la consecuente indefensión para la parte recurrida en el caso de normas heterogéneas, además de ser necesario en el caso de la cita de normas que rigen determinada materia, precisar la infracción que considera cometida debiendo por tanto evitar concentrar en un solo motivo todos o la mayor parte de los artículos referidos a determinada materia, no siendo tarea del tribunal de casación elegir por el censor cual ha sido la norma realmente infringida de las tantas citadas. c) El impetrante no ha precisado ni justificado la incidencia de la infracción en el sentido de la resolución impugnada. d) No ha explicado como se da la infracción alegada, esto es aplicación indebida, interpretación errónea o falta de aplicación. Por lo antes expuesto concurre una causal de inadmisión del recurso en aplicación del artículo 723. 2 a) del Código Procesal Civil.”
Legislación citada
- Código Procesal Civil, art. 721 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACION
La Infrascrita Receptora Adscrita a la Sala de lo Civil de la Corte Suprema de Justicia, Certifica el Auto que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a un día del mes de agosto del año dos mil dieciocho, la Sala de lo Civil, integrada por los Magistrados: RINA AUXILIADORA ALVARADO, como Coordinadora, REYNALDO ANTONIO HERNÁNDEZ y WILFREDO MÉNDEZ ROMERO, designado ponente el segundo para el conocimiento y redacción de la resolución del presente recurso de casación, en la fecha supra indicada dictan el siguiente AUTO: SON PARTES: La sociedad mercantil denominada ESSO STANDAR OIL, S.A. LIMITED, representada en juicio por el abogado DAVID ISRAEL DIAZ HERNÁNDEZ, como recurrente; siendo recurridos la sociedad mercantil denominada COMPAÑÍA FINANCIERA S.A. (COFISA), representada en juicio por el abogado AMILCAR ERNESTO ZAVALA GARCIA y el señor NICOLAS ARTURO NUILA PAZ, representados en juicio por la abogada SARA ALEJANDRA FLORES MEJIA. OBJETO DEL PROCESO: “SE EJERCITA ACCION ORDINARIA PARA OBTENER LA NULIDAD ABSOLUTA DE UN JUICIO EJECUTIVO Y DEL INSTRUMENTO PUBLICO E INSCRIPCION REGISTRAL QUE DE DICHO JUICIO SE DERIVAN.- PROHIBICION DE CELEBRAR ACTOS Y CONTRATOS.- ANOTACION PREVENTIVA”, promovida en fecha veintisiete de agosto de dos mil ocho, ante el entonces Juzgado de Letras Tercero de lo Civil de la Sección Judicial de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, por el abogado RICARDO ALFREDO DUARTE JIMENEZ, actuando en su condición de representante procesal de la sociedad mercantil denominada ESSO STÁNDAR OIL, S.A. LIMITED, contra la sociedad mercantil denominada CORPORACION FINANCIERA, SOCIEDAD ANONIMA (COFISA), por medio de su representante legal, señor ROGER DANILO VALLADARES, mayor de edad, casado, Licenciado en Ciencias Económicas, hondureño y con domicilio en San Pedro Sula, departamento de Cortés y contra el señor NICOLAS ARTURO NUILA PAZ, mayor de edad, casado, Técnico en Electrónica, ciudadano de los Estados Unidos de América. I. ANTECEDENTES DE HECHO PRIMERO: En fecha siete de marzo de dos mil dieciséis, el Juzgado de Letras Civil de la Sección Judicial de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, dictó sentencia fallando de la siguiente manera: “FALLA: PRIMERO: DECLARANDO SIN LUGAR la demanda ordinaria presentada por el abogado RICARDO ALFREDO DUARTE JIMENEZ, en su condición de apoderado judicial de la sociedad mercantil ESSO STANDARD OIL, S.A. LIMITED en contra de la sociedad mercantil COMPAÑÍA FINANCIERA S.A. (COFISA), representada legalmente por el señor ROGER DANILO VALLADARES VARELA; y NICOLAS ARTURO NUILA PAZ, todos de generales conocidas, para que previos los trámites legales y mediante sentencia definitiva se declare la nulidad absoluta del juicio ejecutivo registrado bajo el número E-1507 tramitado en el entonces Juzgado de Letras Tercero de lo Civil de esta sección judicial; la nulidad absoluta del instrumento público número seiscientos trece de fecha once de junio del año dos mil siete, autorizado por el Notario Ángel María Velásquez Flores, contentivo de contrato de venta forzada; la nulidad de la inscripción registral número cincuenta y tres (53) tomo cinco mil seiscientos noventa y siete (5697) del Registro de la Propiedad, Inmueble y Mercantil de esta sección registral; y la restitución al mismo estado en que se hallaban las cosas. SEGUNDO: Se condena en las COSTAS causada en esta instancia a la parte demandante. MANDA: Que notificada que sea esta sentencia, quede firme, si no se interpusiere en su contra el recurso correspondiente dentro del plazo legalmente establecido. Notifíquese la presente sentencia a las partes procesales. Así lo declaro, mando y firmo.” SEGUNDO: En fecha veintinueve de agosto de dos mil dieciséis, la Corte de Apelaciones de lo Civil de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, en el juicio de mérito, dictó sentencia confirmando la del A-quo fallando de la siguiente manera: “FALLA: PRIMERO: DECLARANDO SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto por el abogado MIGUEL JOAQUIN MELGAR GUEVARA como apoderado judicial de la entidad ESSO ESTANDAR OIL S.A. LIMITED, contra la sentencia definitiva de fecha siete de marzo de dos mil dieciséis (F 725), dictada por el Juzgado de Letras Civil de la Sección Judicial de San Pedro Sula, Cortes, en la demanda ordinaria tendiente a obtener la nulidad absoluta de un juicio ejecutivo y del instrumento publico e inscripción registral que de dicho juicio se derivan promovida contra la entidad COMPAÑÍA FINANCIERA y contra el señor NICOLAS ARTURO NUILA PAZ.- SEGUNDO: CONFIRMANDO la sentencia definitiva de fecha siete de marzo de dos mil dieciséis (F 725), dictada por el Juzgado de Letras Civil de la Sección Judicial de San Pedro Sula, Cortes, que se encuentra agregada a los autos del expediente de mérito.-Y MANDA: Que se notifique esta sentencia a las partes y oportunamente con la certificación de estilo se devuelvan los autos de la primera pieza al Juzgado de su procedencia, para los efectos de su debido cumplimiento.- Es ponente la abogada Linda Patricia Reyes Interiano, Magistrada Presidenta.- SIN COSTAS.- NOTIFIQUESE.-” TERCERO: El abogado MIGUEL JOAQUIN MELGAR GUEVARA, en su condición de representante procesal de la sociedad mercantil denominada ESSO STÁNDAR OIL, S.A. LIMITED, en fecha veintiocho de septiembre de dos mil dieciséis, presentó escrito de interposición y formalización del recurso de casación contra la sentencia de fecha veintinueve de agosto de dos mil dieciséis, dictada por la Corte de Apelaciones de lo Civil de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, resolviendo el Ad-quem, mediante proveído de fecha veintiocho de septiembre de dos mil dieciséis, tener por interpuesto y formalizado el recurso de casación por parte del Recurrente y acordó conceder a la parte contraria el plazo diez (10) días hábiles para que se pronunciara sobre el contenido del escrito, debiendo entregársele copia del mismo. CUARTO: El representante procesal de la sociedad mercantil denominada COMPAÑÍA FINANCIERA S.A. (COFISA), abogado AMILCAR ERNESTO ZAVALA GARCIA, en fecha diecinueve de octubre de dos mil dieciséis, presentó escrito de pronunciamiento sobre el contenido del recurso de casación interpuesto y formalizado por la contraparte, resolviendo la Corte de Apelaciones Civil de San Pedro Sula, departamento de Cortés, tener por pronunciado al recurrido, ordenando remitir las presentes diligencias a la Honorable Corte Suprema de Justicia dentro del plazo que manda la ley, para proseguir con el trámite correspondiente. QUINTO: La representante procesal del señor NICOLAS ARTURO NUILA PAZ, abogada SARA ALEJANDRA FLORES MEJIA, en fecha diecinueve de octubre de dos mil dieciséis, presentó escrito de pronunciamiento sobre el contenido del recurso de casación interpuesto y formalizado por la contraparte, resolviendo la Corte de Apelaciones de lo Civil de San Pedro Sula, departamento de Cortés, tener por pronunciado a la recurrida, ordenando remitir las presentes diligencias a la Honorable Corte Suprema de Justicia en el término que manda la ley, para proseguir con el trámite correspondiente SEXTO: Recibidas las actuaciones en éste Tribunal, los abogados DAVID ISRAEL DIAZ HERNANDEZ, SARA ALEJANDRA FLORES MEJIA y AMILCAR ERNESTO ZAVALA GARCIA, en sus condiciones ya indicadas, presentaron escritos de personamiento en fechas veintisiete y treinta y uno de octubre de dos mil dieciséis, resolviendo este Tribunal, mediante proveído de fecha trece de enero de dos mil diecisiete, tenerlos por personados dentro del plazo concedido. SEPTIMO: Que la parte recurrente plantea su recurso de casación contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones Civil de San Pedro Sula, departamento de Cortés, de la siguiente manera: “SECCIÓN III EXPRESIÓN DE LAS CAUSALES QUE MOTIVAN LA CASACIÓN Fundamento el presente Recurso en la incorrecta aplicación e interpretación del Derecho objetivo contenido en los artículos 61; 64 y 70 en relación con los artículos 90 y 321, todos de la Constitución de la República, por parte de la Corte de Apelaciones de lo Civil de la Sección Judicial de San Pedro Sula, en la emisión de la Sentencia objeto del presente Recurso en relación a las causales que a continuación expreso de manera separada, clara y suficientemente motivada: PRIMERO: La primera causal se encuentra sustentada en el artículo 70 Constitucional (Principio de Legalidad en sentido positivo), en relación con el artículo 37 de la Ley de Propiedad y este último en relación con el artículo 1, eiusdem (Obligatoriedad de las normas de carácter público de ese corpus iuri); y con los artículos 11; 1586.2; 1589; 1892; 2126; 2135; y 2136 del Código Civil no solamente por la interpretación errónea y aplicación incorrecta del Derecho objetivo contenido en dichos artículos, sino por la no aplicación y completa omisión de su reconocimiento en el proceso cuya sentencia se recurre, lo cual constituye franca violación de los artículos 60; 61; 62; 64; 70; 82; 90 (en su perspectiva jurídica de Principio del Debido Proceso); 103; 186 (Principio de la Cosa Juzgada); 320; y, 321 (Principio de Legalidad en sentido negativo, impuesto para la observación obligatoria por parte de los funcionarios y empleados del Estado) de la Constitución de la República en relación con los artículos 1; 2; 4; 8, párrafo segundo; 321.1; 322; 331.2; y 332 del Código de Procedimientos Comunes, vigente en el momento de interposición de la demanda y transcurso del juicio; asimismo, fundamentado en los artículos 81; 716; 717, 718; 719; 720 (ambos relacionados); y, 721 del Código Procesal Civil, vigente en la actualidad; todo lo cual expreso de manera separada en el sentido siguiente: A. De la contravención de los artículos 1; 2; 4; 8, párrafo segundo; 321.1; 322; 331.2 y 332 del Código de Procedimientos Comunes: La parte considerativa de la sentencia la cual se encuentra contenida en el CONSIDERANDO (6) al expresar que: “En cuanto al primer motivo de nulidad consta en autos el referido contrato de mandato otorgado por el señor NICOLÁS ARTURO NUILA PAZ a favor del señor LUIS ALONSO ORELLANA, mediante instrumento número seis de fecha cuatro de enero de mil novecientos noventa y dos autorizado por el notario SANTIAGO PONCE VELÁSQUEZ… …se estableció que el instrumento número seis, autorizado por el Notario Santiago Ponce en fecha cuatro de enero de mil novecientos noventa y dos, corresponde a un poder especial otorgado por Reina Arita, sin embargo, no es menos cierto que el instrumento aportado al proceso (véase folio 577), fue autorizado por Notario Público que posee carácter de fe pública… por lo que no puede este Tribunal desconocer el contenido del mismo…”. Violenta dicha exposición judicial lo contenido en los artículos previamente mencionados pues NO ES CIERTO que conste en autos el poder espurio cuya validez es esgrimida por el señor Luis Alonso Orellana y que es originario de toda la nulidad del proceso y de los actos antijurídicos previos a la sustanciación del juicio; lo que siempre ha constado es una SIMPLE FOTOCOPIA del supuesto original del poder apócrifo y una mención en la escritura de préstamo hipotecario suscrito por los demandados; por lo que, al tenor del articulado preliminarmente relacionado, el Tribunal de Primera Instancia, así como el de Segunda Instancia, debieron haber ejercido el Principio de Control de Legalidad y el de Constitucionalidad, a fin de comprobar si dicho instrumento público estaba otorgado con arreglo a derecho, tal como lo manda el artículo 321.1 del Código de Procedimientos Comunes, relacionado con la eficacia del mismo, preceptuada en el artículo 322, eiusdem, apegándose a la excepción contemplada en el artículo 331.2, eiusdem, es decir, el Juzgado de Letras tuvo que haber cotejado la fotocopia con su original y no tomar como existente un instrumento que se presentó mediante fotocopia y cuya existencia acreditó otro notario, aparte de estar acusado de ser apócrifo, lo cual debió haber sido sometido al procedimiento ordenado por el Código de Procedimientos Comunes. Por otra parte, sorprende que se alegue que no puede el Tribunal desconocer la fe pública de un notario, pero sí puede desconocer la fe de otro y, sobre todo, la veracidad de los registros públicos. La autoridad judicial debió haber actuado ex officio. Por otra parte, el supuesto apoderado debió conocer que el bien inmueble había sido vendido a la sociedad que poseía el título de dominio desde el año 1980, por lo que el apoderado espurio incurrió en lo tipificado en el artículo 2109 del Código Civil y el Juzgado debió haber tenido en cuenta la presunción de fraude relacionada; razón por la que deseamos quede claro que el apócrifo mandatario constituyó un gravamen hipotecario sobre un bien inmueble ajeno que no le pertenecía a él ni a su supuesto poderdante, lo cual constituye una flagrante violación a los artículos 2126; 2135 y 2136 del Código Civil, por el contrato de mandato viciado de dolo in contrahendo y dolo omisivo. En ambos casos, dolo grave, es decir que da causa al contrato, ya que, sin la comisión de él, dicho contrato no se hubiese celebrado. De la contravención del artículo 186 de la Constitución de la República: Siempre atendiendo a lo manifestado por el Tribunal de Segunda Instancia sobre el CONSIDERANDO (6): “…de lo antes expuesto se aprecia que la sentencia que anula el antecedente del inmueble que constituye la hipoteca es de fecha dieciséis de junio de dos mil ocho… que, si bien se decretó la nulidad del instrumento número setecientos dieciocho de fecha veintisiete de febrero de dos mil doce, dicho extremo no supone la nulidad de la hipoteca…”; el anterior relacionado con el siguiente considerando de la sentencia de Primera Instancia: “CONSIDERANDO (9): “…Si bien es cierto se acreditó por la demandante el hecho de haberse decretado nulidad del instrumento número setecientos dieciocho, autorizado por el Notario Raúl Humberto Leiva en fecha veintisiete de febrero del (sic) dos mil dos, contentivo de individualización de lotes, sin embargo, el instrumento número cuarenta (contentivo de garantía hipotecaria), aún sigue vigente, por lo que no puede este Tribunal concluir que el inmueble nunca existió, ya que en su caso debió haberse promovido la nulidad de este último.”SE RECURRE este fragmento de la sección considerativa, en su condición ya indicada de ratio decidendi, ya que, de forma tácita, pretende superponer un conflicto de legalidad inexistente, en vista que la Sentencia Judicial de Nulidad del Instrumento Público relacionado, EN SU CALIDAD DE COSA JUZGADA, reconoce y declara la inexistencia del acto en él contenido, es decir de la individualización y conformación del bien inmueble que el señor Orellana gravó con hipoteca; en tanto, el Juzgado de Letras Civil de San Pedro Sula y, consecuentemente, la Corte de Apelaciones competente, pretenden desconocer y desobedecer abiertamente el Principio Universal de la Cosa Juzgada, contenido en el artículo 186 de la Constitución de la República. En otras palabras, en el presente juicio, el Juzgado de Letras Seccional de San Pedro Sula, con anuencia de la Corte de Apelaciones de esa misma Sección Judicial, están avocándose a un juicio ya fenecido para alterar la sentencia firme, en otro caso diferente cuya relación con el presente se manifiesta en que el bien inmueble es el mismo sobre cuya anulación se sentenció, lo que deviene en franca violación del artículo 186 de la Constitución de la República. En el caso concreto e injustificada a una suposición subjetivamente tratada sobre una sentencia ambas instancias deciden de forma arbitraria otorgarle una supremacía inexistente definitiva y firme, que ha constituido ya res iudicata. La cosa juzgada es una institución jurídico procesal mediante la cual se otorga a las decisiones plasmadas en una sentencia y en algunas otras providencias, el carácter de inmutables, vinculantes y definitivas. Los citados efectos se conciben por disposición expresa del ordenamiento jurídico para lograr la terminación definitiva de controversias y alcanzar un estado de seguridad jurídica. De esta definición se derivan dos consecuencias importantes. En primer lugar, los efectos de la cosa juzgada se imponen por mandamiento constitucional o legal derivado de la voluntad del Estado, impidiendo al juez su libre determinación, y, en segundo lugar, el objeto de la cosa juzgada consiste en dotar de un valor definitivo e inmutable a las providencias que determine el ordenamiento jurídico. Es decir, se prohíbe a los funcionarios judiciales, a las partes y eventualmente a la comunidad, volver a entablar el mismo litigio. De esta manera se puede sostener que la cosa juzgada tiene como función negativa, prohibir a los funcionarios judiciales conocer, tramitar y fallar sobre lo resuelto, y como función positiva, dotar de seguridad a las relaciones jurídicas y al ordenamiento jurídico. La fuerza vinculante de la cosa juzgada se encuentra limitada a quienes plasmaron la litis como parte o intervinientes dentro del proceso, es decir, produce efecto inter partes. No obstante, el ordenamiento jurídico excepcionalmente impone a ciertas decisiones un efecto erga omnes, es decir, el valor de cosa juzgada de una providencia obliga en general a la comunidad. El Tribunal nuevamente confronta la validez de la prueba, sólo que esta vez le impone jerarquía a la fe notarial sobre las sentencias judiciales, pues considera que el gravamen hipotecario constituido en instrumento público es jerárquicamente superior a la sentencia judicial que anuló la individualización del inmueble sobre el que se constituyó el gravamen, violentando con ello casi todas las leyes, normativas y principios existentes y que competen al caso concreto. También se ha violentado con esta apreciación judicial el artículo 2100 del Código Civil. De la contravención del artículo 8 del Código de Procedimientos Comunes y del artículo 37 de la Ley de Propiedad, todo en relación con la infracción a la norma constitucional contenida en los artículos 320 y 321 de nuestra carta magna: La parte considerativa de la sentencia la cual se encuentra contenida en el CONSIDERANDO (6) del fallo de apelaciones al expresar, en afinidad con la sentencia de primera instancia, lo siguiente: “CONSIDERANDO (8): “…Asimismo, se acreditó con el instrumento citado, que el señor Luis Alonso Orellana cuenta con un poder especial, amplio y bastante otorgado por el señor NICOLÁS ARTURO NUILA PAZ, encontrándose dentro de sus facultades, ‘comparecer en su nombre ante toda clase de autoridades de la república como es en asuntos civiles’, entre otros, por lo cual a la luz del artículo 1 del Código de Procedimientos Civiles (sic) que permite ser citado al proceso a través de representante...” Esta fundamentación no sólo interpreta incorrectamente la disposición contenida en el artículo 8 del Código de Procedimientos Comunes y el artículo 81 del Código Procesal civil, sino que va manifiestamente en contra de lo establecido en el artículo 37 la Ley de Propiedad y, sobre todo, constituye una interpretación judicial, es decir una sentencia, contra legem y, aún más, viciada de inconstitucionalidad, en tanto se maniobran las interpretaciones y las apreciaciones con el fin de que se simule una legalidad compatible con la justicia y el derecho pero que resulta en una clara manipulación de las palabras y las ideas normativas en la cual se excluye parte de la norma dispositiva y se incluye otra, a conveniencia de una parte y en perjuicio de la otra. Esta parte violenta, como ya lo expresamos, el artículo 8 del Código de Procedimientos Comunes, vigente al momento en que supuestamente se otorgó el poder y se gravó el bien inmueble, porque no constan las facultades de expresa mención, (así como no constan las mismas facultades contenidas en el artículo 81 del Código Procesal Civil vigente), todo lo cual viene redundantemente a violar lo preceptuado en los artículos 320 y 321 de la Constitución de la República. Además, a pesar que el Tribunal invoca el artículo 1, eiusdem, olvida mencionar que, en ese mismo artículo invocado en defensa del demandado, existe la obligatoriedad de llevar a cabo la citación personalmente al demandado, sin embargo, en el proceso de mérito ni siquiera se buscó al demandado, si no que se buscó directamente al supuesto y espurio apoderado y no se le encontró, así que el Tribunal nombró un representante para el representante, un apoderado al apoderado. Lo anterior va relacionado con lo manifestado en el CONSIDERANDO (10) de la Sentencia del Juzgado de Letras, que expresa: “CONSIDERANDO (10): “Que la parte demandante establece como motivo de nulidad el hecho que el notario autorizante del título de ejecución no dejó establecido si Luis Alonso Orellana como apoderado de NICOLÁS ARTURO NUILA PAZ, ostentaba facultades para otorgar línea de crédito y gravar bienes de su representado… Por tanto, habiéndose aportado el instrumento antes referido, en donde puede constatarse que Luis Alonso Orellana ostentaba facultad de administrar todos los bienes de su representado incluyendo vender e hipotecar, resulta improcedente el argumento alegado.” Nuevamente se hizo evidente en el juicio los vicios de nulidad sobre los actos ejecutados por el supuesto y espurio apoderado del señor Nuila Paz, pues se violentaron los artículos 8 del Código de Procedimientos Comunes; artículos 1 y 37 de la Ley de Propiedad y artículos 11; 1586.2; 1589; y, 1892 del Código Civil, todos ellos relacionados con la implícita violación de los supra mencionados artículos 320 y 321 constitucionales. Finalmente, en este literal hacemos la observación que el Tribunal de Segunda Instancia debió haber exigido la subsanación del escrito de contestación de agravios interpuesto por los apelados, ahora recurridos en casación, por la omisión en el escrito de mérito del requisito contenido en el artículo 261.1 del Código de Procedimientos Comunes y artículos 115.1; 115.3; 117; 129.1; 424.2.a; y 709 del Código Procesal Civil, en el sentido de NO HABER DESIGNADO EL TRIBUNAL ante quien se interpuso el escrito y, en caso de no haberlo designado, supone su inmediata anulación, y cuya omisión de cumplimiento violenta las normas constitucionales y principios jurídicos del debido proceso y de legalidad de los actos procesales, ambos revestidos de obligatorio cumplimiento, tanto para las partes como para los funcionarios judiciales. De la contravención del artículo 186 de la Constitución de la República y demás artículos relacionados del Código Civil: Contra la parte considerativa de la sentencia, en virtud de reconocerse como ratio decidendi por el Tribunal de Apelaciones, la cual literalmente dice: “CONSIDERANDO (8): Finalmente el resto de los argumentos alegados por la parte demandante y que el mismo declara como motivos de nulidad no son más que actos procesales contenidos en el juicio ejecutivo del cual ya se mencionó tantas veces no fue parte…”; relacionado el anterior con el respectivo considerando de la Sentencia del Tribunal de Primera Instancia, que literalmente manifiesta: “CONSIDERANDO (17): “…Con los argumentos antes esgrimidos, puede este Tribunal afirmar que los medios de prueba aportados por la parte demandante, no han podido acreditar motivos de nulidad del juicio ejecutivo supra señalado y por ende la nulidad de la venta forzada a favor de COFISA, de conformidad al precepto jurídico citado.” Asimismo, relacionada con la parte considerativa de la sentencia del Tribunal A Quo, en virtud de reconocerse como ratio decidendi por el Tribunal Ad Quem, la cual literalmente dice: “CONSIDERANDO (18): “Que este Tribunal considera que muchos argumentos alegados por la actora, constituyen meros formalismos…” La Corte de Apelaciones argumenta, de una manera no congruente con la lógica jurídica, que la sentencia del juicio ejecutivo que anuló el accionar antijurídico de uno de los ahora recurridos no tiene validez ante las partes del presente juicio, en especial de mi representada, lo que no aclara ese tribunal es que la sentencia recae sobre el bien inmueble propiedad de mi representada y que es objeto del presente juicio, no es como señalan las partes demandadas-recurridas, conjuntamente con los Tribunales cuyas sentencias son impugnadas, que esta Representación Procesal ha pretendido convertir este juicio en un juicio de tercería de dominio, lo que se ha tratado durante todo el proceso es de definir y aclarar de forma contundente que los demandados han ejercitado acciones no acordes con la ley ni con la justicia sobre un bien inmueble que NO LES PERTENECE y que están tratando de usurpar un bien ajeno: ésa es la causa por la cual se está solicitando la nulidad de sus actos ilegítimos, nacidos de un documento apócrifo. Nuevamente se está violentando el principio de cosa juzgada (artículo 186 de la Constitución de la República) al negar el efecto erga omnes de una sentencia judicial sobre el bien inmueble objeto del presente juicio, que pretende legitimar una venta forzosa judicial sobre dicho bien inmueble. El Tribunal de Apelación invoca previamente el artículo 1586 del Código Civil, pero lo toma de forma aislada y no relaciona si existe la no concurrencia exacta de alguno de los requisitos esenciales para la validez de los contratos contenidos en dicho articulado, el cual, además, está vinculado con el artículo 1552, eiusdem, relacionado, asimismo, con el artículo 1571 del mismo Código Civil. Finalmente, contra la parte considerativa de la sentencia, en virtud de considerarse ratio decidendi por el Tribunal Ad Quem, la cual literalmente dice: “CONSIDERANDO (9): En consecuencia, esta alzada considera que, al no existir agravio alguno en perjuicio del recurrente, resulta oportuno CONFIRMAR la sentencia definitiva de fecha siete de marzo de dos mil dieciséis (725), dictada por el Juzgado de Letras Civil de la Sección Judicial de San Pedro Sula, Cortés.” SE RECURRE la sentencia de apelación por la violación e infracción de las normas constitucionales y legales anteriormente relacionadas, en especial de los artículos constitucionales 60; 61; 64; 70; 80; 82; 90; y, 186 de la Constitución de la República, que contienen, entre otros, los Principios Jurídicos de Igualdad ante la Ley, de Inviolabilidad de los Derechos Fundamentales, Principio de Legalidad en Sentido Positivo, de Presentar Peticiones, de Derecho a la Defensa, del Debido Proceso y el Principio de Cosa Juzgada. Cabe recordar aquí las manifestaciones de ambos tribunales, de Primera y Segunda Instancias, en el sentido de haber declarado que las nulidades alegadas por esta Representación Procesal “…no son más que actos procesales…”, sin tener en consideración que en el proceso se deben observar todas las formalidades que sirvan para proteger, asegurar o hacer valer la titularidad o el ejercicio de un derecho, es decir, las condiciones que deben cumplirse para asegurar la adecuada defensa de aquéllos cuyos derechos u obligaciones están bajo consideración judicial; dichas condiciones formales procesales han sido completamente obviadas por los organismos jurisdiccionales anteriormente relacionados. SECCIÓN I EXPRESIÓN DE AGRAVIOS, COMPETENCIA Y LEGITIMACIÓN En consideración a la norma contenida en los artículos 703 numeral 1); y, 718 del Código Procesal Civil será competente para conocer del presente Recurso la Sala de lo Civil de la Corte Suprema de Justicia. Asimismo, acredito la legitimación de mi mandante de conformidad a lo establecido en el artículo 704 del Código Procesal Civil, expresando los agravios que la sentencia recurrida causan a mi mandante y para que se le brinde la tutela de sus Derechos conforme a una interpretación y aplicación adecuada del ordenamiento Jurídico que se reclama expreso lo siguiente: PRIMERO: En relación a lo expuesto en la sección II, literal B, Acápites primero y segundo, del presente escrito, AGRAVIO: Violación al debido proceso en cuanto al contenido de fondo de la sentencia. Debido a la contravención de las normas que regulan la emisión de las sentencias e infracción de las normas aplicables al fondo de las mismas contenidas en el artículo 719, numeral 1), literal c), del Código Procesal Civil, en relación con los artículos 3; 7; 10.1; 11 del mismo Código Procesal Civil, todo lo anterior por los motivos expresados en la Sección III, Numeral Segundo, literales: “A” y “B”; esto debido a que, por esa violación del debido proceso, se han aplicado normas procesales que favorecen a la contraparte, en perjuicio de mi representada y en perjuicio de los derechos y normas procesales establecidas por la Constitución y las leyes, dictando una sentencia injusta en el fondo, carente de los formalismos procesales esenciales para la correcta aplicación del Derecho y la Justicia. SEGUNDO: En relación a lo expuesto en la sección II, Acápite Segundo del presente escrito, expreso el siguiente AGRAVIO: Violación al Principio de Cosa Juzgada originada por el quebrantamiento de las normas que regulan la emisión de las sentencias e infracción de las normas aplicables al fondo de las mismas contenidas en el artículo 719, numeral 1), literal c), del Código Procesal Civil, en relación con los artículos 3; 7; 10.1; 11 del mismo Código Procesal Civil, todo lo anterior por los motivos expresados en la Sección III, Literal B, Acápite Tercero, Numerales 3.1; 3.4; y, 4.1; ya que agravia a mi representada en el sentido de no reconocer que la sentencia (Res Iudicata) cuyos efectos se omiten sobre el presente juicio sí tiene efectos inter partes, ya que recayó sobre el bien inmueble que la contraparte pretende usurpar y que legítimamente pertenece a mi representada. TERCERO: Respecto a lo manifestado en los diferentes acápites de sección II, del presente escrito, AGRAVIO: Violación al Principio de la Fe Pública Judicial originada por el quebrantamiento de las normas que regulan la emisión de las sentencias e infracción de las normas aplicables al fondo de las mismas contenidas en el artículo 719, numeral 1), literal c), del Código Procesal Civil, en relación con el artículo 218 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales, vinculado con los artículos 3; 7; 10.1; 11 del mismo Código Procesal Civil, todo lo anterior por los motivos expresados en la Sección III, Literal B, Acápite Tercero, Numerales 3.1; 3.4; y, 4.1; ya que agravia a mi representada en el sentido de reconocerle primacía a un Instrumento Notarial sobre otro y, principalmente, otorgarle de forma arbitraria dicha primacía a un Instrumento Público sobre los actos judiciales, especialmente sobre la sentencia, definitiva y firme, emitida por el entonces Juzgado de Letras Tercero de lo Civil de San Pedro Sula, ahora Juzgado de Letras Civil de la Sección Judicial de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, en fecha 16 de junio de 2008, de cuyos efectos vinculantes se prescinde en el presente juicio, poniendo por encima de su carácter obligatorio un instrumento público que, además, fue impuesto, de forma arbitraria, sobre otro instrumento público. CUARTO: Relacionado a lo expresado en las diferentes secciones, arriba relacionadas, del presente escrito, AGRAVIO: Violación al Principio de Legalidad y al Principio del Derecho a la Defensa por la no aplicación íntegra, clara y directa de las normas investidas de hegemonía jurídica contenidas en los artículos 70; 82; y, 321 de la Constitución de la República, en inherente relación con el artículo 261.1 del Código de Procedimientos Comunes y artículos 115.1; 115.3; 117; 129.1; 424.2.a; y 709 del Código Procesal Civil, en virtud que la parte apelada, ahora recurrida, NO DESIGNÓ el Tribunal ante quien interpuso el escrito de apelación, además de todos los incumplimientos y quebrantamientos de las normas constitucionales y legales que se han relacionado en el presente escrito. QUINTO: En relación a lo expuesto en la totalidad del presente escrito y, sobre todo, con relación a la Parte Dispositiva de la Sentencia Recurrida en su totalidad, AGRAVIO: Aplicación e interpretación errónea del Derecho Objetivo. Debido a la mala interpretación y consecuente contravención de las normas contenidas en los artículos: 60; 61; 64; 70; 80; 82; 90; 103; 186; 320; y, 321 de la Constitución de la República en relación con los artículos 1; 8, párrafo segundo; 109; 110; 129; 257; 321.1; 322; 331; 332; 993; 994; 995; y, 447, del Código de Procedimientos Comunes.” OCTAVO: El abogado AMILCAR ERNESTO ZAVALA GARCIA, plantea su pronunciamiento sobre la formalización del recurso de casación de la siguiente manera: “PRONUNCIAMIENTO AL MOTIVO DE CASACION POR INCORRECTA APLICACIÓN E INCORRECTA INTERPRETAClON DEL DERECHO PRIMER MOTIVO: En cuanto al primer motivo de Casación (que sería el único pues no hay un segundo motivo descrito), el recurrente fija su causal en la incorrecta aplicación e interpretación del derecho objetivo en la emisión de la sentencia, fundamentándose en los Artículos 60, 61, 62, 64, 70, 82, 90, 103, 186, 320 y, 321 Constitucionales, 37 de la Ley de la Propiedad, 11, 1586.2, 1589, 1892, 2126, 2135 y 2136 del Código Civil, 1, 2, 4, 8, 321, 322, 331.2 y 332 del Código de Procedimientos Comunes, 81, 716, 717, 718, 719, 720 y, 721 del Código Procesal Civil, con relación a los considerandos 6, 8, 9, y la parte resolutiva, todos de la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones Civil de San Pedro Sula, Cortes. PRONUNCIAMIENTO: El Primer Motivo desarrollado por el recurrente bajo los títulos que denominó SECCION II, literales A y B, y SECCION III, literales A, B, C, y D, se refieren a la supuesta violación de varios artículos de distintas leyes de nuestro ordenamiento jurídico nacional, y muy alejado del espíritu formalista, el recurrente se limita a plasmar la numeración de los artículos, sin describir la razón por la cual los mismos han sido interpretados y aplicados erróneamente, expresando únicamente que entran en contravención con partes del fallo y de algunos de los considerandos que motivan la sentencia recurrida, los que en su mayoría hacen referencia al Poder otorgado por el señor Nicolás Arturo Nuila Paz a favor del señor Luis Alonso Orellana, mismo que como antes indiqué es un medio de prueba aportado al proceso, consecuentemente, es violatoria su pretensión de valoración por el Tribunal de Casación. - Oportunamente el A quo y el Ad quem se pronunciaron en Resolución definitiva sobre este medio de prueba, Instrumento Público que no es objeto de debate en el presente proceso, y su incorporación al mismo tiene un propósito meramente probatorio, en tanto, no es motivo de casación, por ser violatorio a lo que mandan los ARTICULOS 720.1 y 723.2 inciso “a” del Código Procesal Civil.- El recurrente se limita a transcribir el texto de la Sentencia, relacionándolo con artículos diversos de la Constitución, del Código Civil, del Código de Procedimientos Comunes, de la Ley de Propiedad, y del Código Procesal Civil, sin explicar de manera efectiva en que consistió la infracción y de qué modo afectó la decisión de la cuestión objeto del juicio, olvidando que debe asumir los hechos declarados probados en la sentencia recurrida, sin que pueda cuestionarlos, pues los relativo a la carga y valoración de la prueba no puede aducirse por el Recurso de Casación. Resulta que el recurrente funda su recurso en un conjunto heterogéneo e indiscriminado de normas, generando confusión e inexactitud de lo que impugna, agravando su exposición por la falta de la indicación clara del por qué las normas invocadas han sido infringidas en la sentencia recurrida, sin señalar además, que norma debió aplicarse al caso concreto. En el Literal B, el recurrente nuevamente trae a examen del Tribunal de Casación un medio de prueba consistente en una Sentencia Definitiva que anula un instrumento público que sirve de antecedente a una Escritura de Hipoteca, argumentando que el A quo y el Ad quem no valoraron el medio de prueba para el efecto deseado por el actor, quien pretende la nulidad de la Escritura Pública de Hipoteca sin haberlo peticionado, y sin que tal pretensión fuese parte del objeto traído a reconocimiento, ante tal ficción, el Juez de Primera Instancia se pronuncia sobre este extremo en su Sentencia, criterio que es conforme por la Corte de Apelaciones Civil, al expresar el primero (A quo) “ya que en su caso debió haberse promovido la nulidad de este último” y confirmado por la segunda (Ad quem), que no expresa únicamente la parte transcrita por el recurrente en ánimo de sorprender a esta alzada, sino que a texto dice: “CONSIDERANDO SEIS (6)... de lo antes expuesto se aprecia que la sentencia que anula el antecedente del inmueble que constituye la hipoteca es de fecha dieciséis de junio de dos mil ocho, y el contrato de apertura de crédito y la hipoteca fueron otorgados en fecha veinticinco de abril del dos mil dos y la escritura de venta forzada el once de junio del dos mil siete, lo que se colige que en el tiempo en que se ejercitó la acción ejecutiva y se otorgó la hipoteca el inmueble existía y se encontraba inscrito a favor de NICOLAS ARTURO NUILA PAZ por lo que dicho extremo no supone la nulidad de la hipoteca”.- El recurrente ante su suerte procesal, pretende forzar o revivir por medio de este recurso una etapa destinada a la evacuación de la carga probatoria en primera instancia, y que está directamente articulado a la tramitación probatoria y no a la violación de ningún derecho para ser conocido en Casación, tal como él lo entiende, incurriendo nuevamente en causas de inadmisibilldad. En el Literal C, el recurrente nuevamente invoca lo considerado por el A quo y el Ad quem referente al poder cuestionado en el literal A, cuya incorporación al juicio tiene valor probatorio, no es objeto del debate, y no tiene vinculación con la causa a pedir de la parte actora, medio probatorio que no tiene incidencia sobre el asunto de fondo, que trata sobre la nulidad de un Juicio Ejecutivo y la Escritura que se deriva del mismo, consecuentemente, la pretensión del recurrente al traerlo a examen del Tribunal de Casación es violatorio.- El planteamiento de la acción inicial del demandante tuvo los efectos previstos y congruentes a su petición, juicio que inició en el año 2007, y que ahora resulta que el actor pretende un resultado diferente, al parecer es de su entender que el Juzgador estaba obligado a pronunciarse sobre lo que no pidió el demandante. En el Literal C, el recurrente nuevamente invoca lo considerado por el A quo y el Ad quem referente al poder cuestionado en el literal A, cuya incorporación al juicio tiene valor probatorio, no es objeto del debate, y no tiene vinculación con la causa a pedir de la parte actora, medio probatorio que no tiene incidencia sobre el asunto de fondo, que trata sobre la nulidad de un Juicio Ejecutivo y la Escritura que se deriva del mismo, consecuentemente, la pretensión del recurrente al traerlo a examen del Tribunal de Casación es violatorio. - El planteamiento de la acción inicial del demandante tuvo los efectos previstos y congruentes a su petición, juicio que inició en el año 2007, y que ahora resulta que el actor pretende un resultado diferente, al parecer es de su entender que el Juzgador estaba obligado a pronunciarse sobre lo que no pidió el demandante. En el Literal D, nuevamente el recurrente se distrae de su objetivo de casación, pues discurre en una exposición distraída y alejada de la técnica exigida, pareciera olvidar que el asunto traído a juicio atiende a la nulidad de un Juicio Ejecutivo y de la Escritura de Venta Forzada, y no a la nulidad de un poder o de una escritura de hipoteca, consecuentemente, la resolución que puso fin al mismo no puede ser diferente a su versión original siendo el criterio del A quo y del Ad quem que la parte demandante no logró probar la nulidad del Juicio Ejecutivo, tampoco la nulidad de la Venta Forzada, en tanto, la sentencia no podría ser diferente a la dictada por el Tribunal inferior, y ratificada en segunda instancia, quien en su acertado criterio y motivación en el considerando nueve, atacado por el recurrente, claramente deja plasmado que “CONSIDERANDO NUEVE (9)... que el juicio ejecutivo cuya nulidad se pretende tuvo su origen en un contrato de apertura de línea de crédito e hipoteca, válidamente otorgado y vigente a la fecha de su ejecución, el cual gozaba de todos los requisitos legales exigidos por la ley para la validez de todo contrato...”. Honorables Magistrados cabe mencionar, que la sentencia de fecha veintinueve de agosto del dos mil dieciséis, dictada por la Corte de Apelaciones Civil de San Pedro Sula y que es traída a conocimiento mediante recurso de Casación ante esta Honorable Corte, cumple con los requisitos que establece el artículo 190 del Código Procesal Civil en cuanto a la redacción de las resoluciones dictadas por los órganos colegiados, y del artículo 200 del mismo cuerpo de leyes, en cuanto al contenido formal de las sentencias, plasmado su criterio de forma clara, precisa y congruente, enumerando en considerandos cada uno de los puntos tomados en consideración, fundamentando legalmente su criterio, para finalmente emitir el fallo acorde a la forma establecida en el articulo indicado. Concluyendo mi pronunciamiento, me permito traer a consideración de esta Corte, que el impetrante lejos de haber presentado un líbelo de interposición de Recurso de Casación que reúna todos los requisitos exigidos para su admisibilidad y contemplados en el artículo 721.2, no ha hecho más que incurrir en las causales establecidas en los artículos 720.1 y 723.2 inciso “b” del Código Procesal Civil, en lo referente a la pretensión del recurrente de que se revise la interpretación y valoración de los medios de prueba, por lo que deberá declararse la inadmisibilidad del recurso por violación a los artículos indicados. PRECEPTO AUTORIZANTE: El precepto autorizante invocado por el recurrente es el articulo 719 numera 1) literal c) del Código Procesal Civil, sin embargo dado el estilo único de su escrito, refiere insistentemente normas de la Constitución de la Re publica, mismas que tutelan actos y garantías constitucionales, por lo que no tenemos la certeza de que ese sea en realidad el precepto autorizante en que el recurrente fundamenta su recurso, lo que viene a acrecentar aún más su falta de claridad y precisión al momento de interponer el recurso, incurriendo en total violación al artículo 721.2 del Código Procesal Civil. SE CONTESTAN AGRAVIOS Se contestan los agravios expresados por el recurrente bajo título identificado como SECCION IV, en el orden de su aparición: PRIMERO: Sobre el primer agravio expresado, no puedo pronunciarme, debido a que el recurrente expone en este numeral que el agravio se encuentra expresado en la SECCION III, NUMERAL SEGUNDO, Literales A y B, siendo que no existe en el escrito de interposición del presente recurso, en la Sección III, ningún numeral segundo, así como tampoco los literales referidos. SEGUNDO: Sobre el segundo agravio expresado, no puedo pronunciarme, debido a que el recurrente expresa en este numeral, que el agravio se encuentra expresado en la SECCION III, LITERAL B, ACAPITE TERCERO, NUMERALES 3.1, 3.4 y 4.1, siendo que no existe en la Sección III, ningún acápite tercero, ni los numerales antes indicados. TERCERO: Sobre el tercer agravio expresado, no puedo pronunciarme, debido a que el recurrente manifiesta en este numeral que el agravio se encuentra expresado en la SECCION III, LITERAL B, ACAPITE TERCERO, NUMERALES 3.1, 3.4 y 4.1, siendo que no existe en la Sección III, ningún acápite tercero, ni los numerales antes indicados. CUARTO: Sobre el cuarto agravio expresado, será el codemandado quien deberá pronunciarse al respecto. QUINTO: Sobre el quinto agravio expresado, no puedo pronunciarme, debido a que el recurrente no expresa de manera concreta y precisa en que consiste la infracción y de qué modo afectó a la decisión de la cuestión objeto del proceso, limitándose nuevamente a mencionar vagamente que recurre la parte dispositiva de la sentencia recurrida, sin mencionar el precepto concreto de la norma que considera infringida, por el contrario, hace uso de un conjunto indiscriminado de normas, sin razonar el por qué la sentencia recurrida los ha infringido. Con lo expuesto y dando por finalizada mi contestación de agravios, puntualizo en que de conformidad a lo que establecen los artículos 720.1 y 723.2 inciso a) del Código Procesal Civil, el recurso de casación que nos ocupa, debe ser INADMITIDO, por no cumplir con la rigurosidad y formalismo exigidos para la interposición y formalización del recurso, y por existir una clara y reiterativa pretensión de que se revise la interpretación y valoración de las pruebas, lo que lo hace violatorio a la norma antes señalada, que regula el recurso impetrado por la parte recurrente. Además de lo antes expuesto, el escrito de personamiento se presentó ante la Corte de Apelaciones Civil de San Pedro Sula, Cortes, dentro del plazo y en los términos señalados en el ARTÍCULO 711 del Código Procesal Civil. Concluyo pronunciándome sobre la técnica seguida por el Abogado MIGUEL JOAQUIN MELGAR GUEVARA que resulta contraproducente y violatoria de lo dispuesto en el ARTICULO 720.1 del Código Procesal Civil respecto a exclusión de la revisión probatoria en Casación, siendo que sus argumentos descansan reiterativamente sobre la revisión de los medios de prueba aportados al proceso consistentes en el Poder otorgado al Señor Luis Alonso Orellana y una Sentencia dictada por el Juzgado de Letras Civil de San Pedro Sula, Cortes, instrumentos documentales con categoría probatoria, sin que los mismos sean objeto del proceso, es decir, no tienen nada que ver con el fondo del asunto traído a juzgamiento." NOVENO: Que la abogada SARA ALEJANDRA FLORES MEJIA, plantea su pronunciamiento sobre la formalización del recurso de casación de la siguiente manera: “ expresando además, que el agravio expresado por el recurrente en el numeral CUARTO de la SECCION CUARTA, no describe el agravio que le ocasionó lo argumentado por el recurrente, aun y cuando el escrito de contestación de agravios se presentó ante el Juzgado de Letras Civil de la Sección Judicial de San Pedro Sula, Cortes, conocedor del proceso, tal como lo indican los ARTICULOS 709 y 711 del Código Procesal Civil, que mandan a tramitar el Recurso de Apelación ante el Juzgado que haya dictado la resolución que se impugna, además en el escrito de contestación de agravios se identifica en la suma el asunto de que trata el escrito, se identifica a las partes en conflicto, se señala el asunto de que trata el juicio, y se peticiona lo correspondiente a la contestación de agravios formulados por el recurrente, sin embargo, el ARTICULO 129.2 del Código Procesal Civil dispone que los requisitos formales nunca podrán interpretarse de manera que se conviertan en una traba insuperable para el acceso a la justicia de los ciudadanos. Además de lo antes expuesto, el escrito de personamiento se presentó ante la Corte de Apelaciones Civil de San Pedro Sula, Cortes, dentro del plazo y en los términos señalados en el ARTÍCULO 711 del Código Procesal Civil. Concluyo pronunciándome sobre la técnica seguida por el Abogado MIGUEL JOAQUIN MELGAR GUEVARA que resulta contraproducente y violatoria de lo dispuesto en el ARTÍCULO 720.1 del Código Procesal Civil respecto a exclusión de la revisión probatoria en Casación, siendo que sus argumentos descansan reiterativamente sobre la revisión de los medios de prueba aportados al proceso consistentes en el Poder otorgado al Señor Luis Alonso Orellana y una Sentencia dictada por el Juzgado de Letras Civil de San Pedro Sula, Cortes, instrumentos documentales con categoría probatoria, sin que los mismos sean objeto del proceso, es decir, no tienen nada que ver con el fondo del asunto traído a juzgamiento.” II. FUNDAMENTOS DE DERECHO 1. Conforme el artículo 718 del Código Procesal Civil, la Sala de lo Civil de la Corte Suprema de Justicia, es competente para conocer del recurso de casación. 2. Esta Sala de lo Civil, viene reiterando la naturaleza y función del recurso de casación, así pues, el recurso de casación tiene una función nomofiláctica, en virtud de lo cual el artículo 716 del Código Procesal Civil dispone dos fines expresos, el primero de ellos, es la protección de las normas del ordenamiento jurídico, y esto se hace, procurando y promoviendo la más adecuada aplicación e interpretación del derecho objetivo. El segundo fin es la unificación de la jurisprudencia nacional. Por su parte el numeral dos del artículo precitado, conmina a este alto tribunal a que aplique e interprete las normas referidas al recurso de casación atendiendo a la finalidad de unificación de la jurisprudencia, esto como instrumento de garantía de la igualdad de todos ante la ley, y de la seguridad y certidumbre jurídicas. (Ver resoluciones de fechas 13-12-2013, S.C.236-2012; 18-03-2014, S.C.003-2013; y 06-05-2014, S.C.135-2013). 3. De conformidad con el artículo 719 del Código Procesal Civil, se podrá impugnar la aplicación e interpretación de las normas procesales, así como la aplicación e interpretación de las normas de derecho empleadas para la solución de fondo del litigio, y de conformidad con el artículo 721 del mismo Código, el recurso de casación se interpondrá por escrito ante la Corte de Apelaciones que hubiere dictado la sentencia dentro de los veinte días siguientes al de la notificación. En ese escrito se harán constar los motivos en que la casación se base, con expresión de las normas de derecho cuya infracción sustente cada motivo. Todo ello se deberá fundar con la suficiente separación y claridad, precisando y justificando la incidencia de la infracción en el sentido de la resolución impugnada, también se hará constar si el recurrente estima necesario la celebración de la audiencia. 4. Con los requisitos formales establecidos en el artículo 721 del Código Procesal Civil queda reconocido el denominado principio de “Debida Técnica”, que constituyen los mínimos requerimientos que debe contener la demanda de casación a efectos de ser tenida como un verdadero juicio técnico de impugnación, valorativo y preciso. 5. EXPRESION DE LAS CAUSALES QUE MOTIVAN LA CASACIÓN. El recurrente manifiesta que fundamenta el presente recurso en la incorrecta aplicación del derecho objetivo contentivo en los artículos 61, 64 y 70 en relación con los artículos 90 y 321 todos de la Constitución de la República, por parte de la Corte de Apelaciones de lo Civil de la sección judicial de San Pedro Sula, en relación a las causales que a continuación expresa: PRIMERO: La primera causal se encuentra sustentada en el artículo 70 Constitucional, en relación con el artículo 37 de la Ley de Propiedad y este último en relación con el artículo 1 y los artículos 11, 1586.2, 1589, 1892, 2126, 2135 y 2136 del Código Civil no solamente por interpretación errónea y aplicación incorrecta del derecho objetivo contenido en dichos artículos sino por la no aplicación y completa omisión de su reconocimiento en el proceso cuya sentencia se recurre, lo cual constituye franca violación de los artículos 60, 61, 62, 64, 70, 82, 90, 103,186, 320 y 321 de la Constitución de la República en relación con los artículos 1, 2, 4, 8 párrafo segundo, 321.1, 322, 331.2 y 332 del Código de Procedimientos Comunes; asimismo fundamento en los artículos 81, 716, 717, 718, 719, 720 y 721 del Código Procesal Civil. A. De la contravención de los artículos 1, 2, 4, 8 párrafo segundo, 321, 322, 331.2 y 332 del Código de Procedimientos Comunes…violenta dicha exposición judicial lo contenido en los artículos previamente mencionados pues no es cierto que conste en autos el poder espurio cuya validez es esgrimida por el señor Luis Alonso Orellana y que es originario de toda la nulidad del proceso y de los actos antijurídicos previos a la sustanciación del juicio; lo que siempre ha constado en una simple fotocopia del supuesto original del poder apócrifo y una mención en la escritura de préstamo hipotecario suscrito por los demandados. B. De la contravención del artículo 186 de la Constitución de la República. La corte de apelaciones pretende desconocer y desobedecer abiertamente el principio universal de la cosa juzgada, contenido en el artículo 186 de la Constitución de la República, en otras palabras, el juzgado de letras con anuencia de la Corte de Apelaciones están avocándose a un juicio ya fenecido para alterar la sentencia firme, en otro caso diferente cuya relación con el presente se manifiesta en que el bien inmueble es el mismo sobre cuya anulación se sentenció, lo que deviene en franca violación del artículo 186 de la Constitución de la República. C. De la contravención del artículo 8 del Código de Procedimientos Comunes y del artículo 37 de la Ley de Propiedad, todo en relación con la infracción a la norma constitucional contenida en el artículo 320 y 321 de nuestra carta magna… No solo interpreta incorrectamente la disposición del artículo 8 del Código de Procedimientos Comunes y el artículo 81 del Código Procesal Civil, sino que va manifiestamente en contra de lo establecido en el artículo 37 de la Ley de Propiedad y sobre todo, constituye una interpretación judicial, es decir una sentencia contra legem y aún más, viciada de inconstitucionalidad, en tanto se maniobran las interpretaciones y las apreciaciones con el fino de que se simule una legalidad compatible con la justicia y el derecho pero que resulta en una clara manipulación de las palabras y las ideas normativas en la cual se excluye parte de la norma dispositiva y se incluye otra a conveniencia de una parte y en perjuicio de la otra. D. De la contravención del artículo 186 de la Constitución de la República y demás artículos relacionados del Código Civil;…La Corte de Apelaciones argumenta de una manera no congruente con la lógica jurídica, que la sentencia del juicio ejecutivo que anuló el accionar antijurídico de uno de los ahora recurridos no tiene validez ante las partes del presente juicio, en especial de mi representada, lo que no aclara ese tribunal es que la sentencia recae sobre el bien inmueble propiedad de mi representada y que es objeto del presente juicio, no es como señalan las partes demandadas recurridas, conjuntamente con los Tribunales cuyas sentencias son impugnadas, que esta representación procesal ha pretendido convertir este juicio en un juicio de tercería de dominio, lo que se ha tratado durante todo el proceso es de definir y aclarar de forma contundente que los demandados han ejercitado acciones no acordes con la ley ni con la justicia sobre un bien inmueble que no les pertenece y que están tratando de usurpar un bien inmueble ajeno.” Respuesta de la Sala de lo Civil. Esta Sala es del criterio que el recurrente no ha explicado el motivo de casación observando la debida técnica casacional por las razones que se exponen a continuación: a) Infringe fundamentalmente la obligación de exponer su recurso con la debida separación y claridad en tanto no es posible determinar cual de las causales previstas en el artículo 719 del Código Procesal Civil es la que viene invocando. b) El recurrente acude a la cita indiscriminada tanto de normas de carácter heterogéneo como de normas que rigen determinada materia, lo que le hace incurrir en la falta de claridad y contribuir con ello a confusión con la consecuente indefensión para la parte recurrida en el caso de normas heterogéneas, además de ser necesario en el caso de la cita de normas que rigen determinada materia, precisar la infracción que considera cometida debiendo por tanto evitar concentrar en un solo motivo todos o la mayor parte de los artículos referidos a determinada materia, no siendo tarea del tribunal de casación elegir por el censor cual ha sido la norma realmente infringida de las tantas citadas. c) El impetrante no ha precisado ni justificado la incidencia de la infracción en el sentido de la resolución impugnada. d) No ha explicado como se da la infracción alegada, esto es aplicación indebida, interpretación errónea o falta de aplicación. Por lo antes expuesto concurre una causal de inadmisión del recurso en aplicación del artículo 723. 2 a) del Código Procesal Civil. III. PARTE DISPOSITIVA Por lo antes expuesto la Sala de lo Civil de la Corte Suprema de Justicia, pronunciándose por unanimidad de votos e impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, en base a los fundamentos de derecho citados y haciendo aplicación de los Artículos 303, 304, 313 numeral 5) y 316 de la Constitución de la República; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 3, 7, 21, 115, 118 numeral 1), 129, 169, 170, 190, 191, 193 numeral 2, literal b), 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723.2 a), 724, del Código Procesal Civil; profiere el presente AUTO IRRECURRIBLE y DECLARA: 1) La inadmisión del recurso de casación interpuesto y formalizado por el abogado MIGUEL JOAQUIN MELGAR GUEVARA en la condición con que actúa. 2) Firme la sentencia recurrida dictada por la Corte de Apelaciones Civil de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, en fecha veintinueve de agosto del año dos mil dieciséis, en el expediente de apelación número 142-16 C.V., originado en los autos que conforman la primera pieza que se registra bajo el número 0501-2010-7601-LCO del Juzgado de Letras Civil de la Sección Judicial de San Pedro Sula, Cortés. 3) Condenar en costas a la parte recurrente. Y MANDA: Remitir las presentes actuaciones, junto con la certificación de esta resolución al Tribunal de su procedencia, previa notificación de este auto a las partes personadas, por medio de sus apoderados legalmente constituidos en juicio. NOTIFIQUESE. FIRMAS Y SELLO. RINA AUXILIADORA ALVARADO MORENO. MAGISTRADA COORDINADORA. REYNALDO ANTONIO HERNANDEZ. MAGISTRADO. WILFREDO MENDEZ ROMERO. MAGISTRADO. FIRMA Y SELLO. BETTY JANETH PALMA O´CONNOR. RECEPTORA ADSCRITA”.
Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veinticuatro días del mes de agosto del año dos mil dieciocho; Certificación del auto de fecha uno de agosto del año dos mil dieciocho, recaído en el Recurso de Casación registrado bajo el No. S.C. 234=2016.
BETTY JANETH PALMA O’CONNOR
RECEPTORA ADSCRITA
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