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Sentencia CC-215-16 — Registro 7832

Resumen

En primera instancia se declaró con lugar la demanda presentada por la vía del proceso ordinario para el pago por incumplimiento de un contrato de seguro de vida de saldo deudor y confirmado en segunda instancia.

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

...“El recurrente en su primer motivo de casación alega la aplicación e interpretación de las normas procesales que regulan los actos y garantías procesales cuando su infracción suponga la nulidad o produjera indefensión cuya autorización la establece el artículo 719.1 inciso b) del Código Procesal Civil, señalando como normas legales infringidas los artículos 59, 60 y 64 del mismo Código. … Respuesta de la Sala de lo Civil. Esta Sala es del criterio que el recurrente no ha explicado el motivo de casación con la debida separación y claridad, en tanto ha confundido la capacidad para ser parte, con la capacidad procesal y la legitimación, que por ser figuras distintas ha debido exponerlas por separado, pues si bien es cierto que para actuar válidamente en el proceso civil se debe gozar de capacidad para ser parte, de capacidad procesal, estar legitimado y ser asistido por profesional del derecho que les defienda y represente en observación del artículo 59 del Código Procesal Civil, cierto también es que la capacidad para ser parte (artículo 61 CPC), capacidad procesal (artículo 62) y legitimación (artículo 64) tienen sus propios supuestos distintos para cada figura que deben ser observados. Por otra parte, aún cuando el Código Procesal Civil establece que la falta de capacidad para ser parte y la falta de capacidad procesal pueden ser apreciadas de oficio por el juez o tribunal en cualquier momento del proceso, también se establece que las partes deben invocarla en la primera oportunidad procesal que tengan (artículo 60.1 CPC), en ese sentido, la primera oportunidad que se presenta para la parte demandada es la contestación de la demanda, conforme el artículo 434.3 del Código Procesal Civil, para ser resuelta en la audiencia preliminar, lo que no intentó la parte demandada, en consecuencia, no solo concurre la inobservancia del requisito de debida separación y claridad del motivo, sino que falta a una exigencia de orden procesal para recurrir en casación, porque cuando se alega la existencia de un defecto en la aplicación o interpretación de normas procesales que produzcan nulidad o indefensión, el recurrente deberá acreditar en la interposición del recurso, que procedió a denunciar dicho defecto en la instancia en que se produjo, si ello era posible y que, en su caso, reprodujo la denuncia en la apelación. Asimismo, deberá acreditar que hizo lo posible para su subsanación en el caso de que la naturaleza del defecto la admitiera. (Artículo 700 CPC). Esta exigencia no ha sido cumplida por el recurrente, consecuentemente concurre una causal de inadmisión del motivo en aplicación del artículo 723. 2 a) del Código Procesal Civil.”

Legislación citada

Jerarquía: Reiterativa

“DEL RECURSO DE CASACION INTERPUESTO POR EL ABOGADO JOSE HUMBERTO SOSA CANIZALES EN SU SEGUNDO MOTIVO. El recurrente en su segundo motivo de casación alega la aplicación e interpretación de las normas procesales que regulan la forma y contenido de la sentencia cuya autorización la establece el artículo 719.1 inciso b) del Código Procesal Civil, señalando como norma legal infringida el artículo 200 numeral 2) del mismo Código. Se resume la explicación del motivo de casación en la forma siguiente: “El encabezamiento de la sentencia dictada por la Honorable Corte Primera de Apelaciones de lo Civil del departamento de Francisco Morazán de fecha veintiocho de abril de dos mil dieciséis, el Tribunal ad quem no expresa lo siguiente: a) No expresa la participación en el proceso de BANCO PROCREDIT HONDURAS, en su condición de Litis Consorte, así como tampoco expresa el nombre del profesional del Derecho que lo representa, habiendo sido constituido y participado como parte integral en el proceso por llamamiento de autoridad judicial. b) No expresa la sentencia la Legitimación en virtud de la cual actúa en el Proceso Civil, el demandante señor EDOARDO FRANCISCO AGUILAR ZELAYA, siendo que la contratante del seguro y beneficiaria de la indemnización del seguro de vida del señor FAUSTO ROGER AGUILAR RIVERA (QDDG) es la sociedad mercantil BANCO PROCREDIT HONDURAS. Este motivo es causa de anulación mediante el recurso de casación de la sentencia del juez ad quem.” Respuesta de la Sala de lo Civil. El impetrante incorrectamente señala que la norma infringida ha sido indebidamente aplicada e interpretada indebidamente confundiendo la aplicación indebida con la interpretación errónea. En primer lugar, la aplicación indebida tiene lugar cuando se ha aplicado una norma que no ha debido aplicarse porque no contempla la cuestión decidida o porque dicha norma ya no está vigente, la interpretación errónea en cambio se da cuanto siendo aplicable una norma el juzgador le da un sentido o alcance que esta no tiene, en segundo lugar, las normas reguladoras de la sentencia son siempre aplicables. Por otra parte, el recurrente no ha precisado ni justificado la incidencia de la infracción en el sentido de la resolución impugnada, concurriendo una causal de inadmisión del motivo en aplicación del artículo 723. 2 a) del Código Procesal Civil.”

Legislación citada

Jerarquía: Reiterativa

..“7. DEL RECURSO DE CASACION INTERPUESTO POR EL ABOGADO JOSE HUMBERTO SOSA CANIZALES EN SU TERCER MOTIVO. El recurrente en su tercer motivo de casación alega la aplicación e interpretación de las normas de derecho empleadas para la solución del fondo del litigio cuya autorización la establece el artículo 719.2 del Código Procesal Civil, señalando como norma legal infringida el artículo 1141 del mismo Código de Comercio. … Respuesta de la Sala de lo Civil. Esta Sala es del criterio que el recurrente confunde en principio la indebida aplicación con la interpretación errónea del precepto impugnado al pretender que ambos modos de impugnación son iguales, sin embargo, la primera tiene lugar cuando se aplica una norma que no rige la cuestión controvertida que ha sido resuelta y por lo tanto no ha debido aplicarse, mientras que la segunda tiene lugar cuando la norma elegida para resolver la controversia es aplicable pero el juzgador le ha dado un sentido o alcance que no tiene, por otra parte comete el yerro de no emplear la debida separación y claridad no siendo preciso sobre su alegato impugnatorio porque por una parte arguye que la situación del artículo 1141 párrafo 6 del Código de Comercio es la situación legal que pudo haberse ajustado al caso que nos ocupa y por otro lado argumenta que procedía también la declaratoria de no responsabilidad de la empresa demandada, consecuentemente concurre una causal de inadmisión del motivo en aplicación del artículo 723. 2 a) del Código Procesal Civil.”

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACION

La Infrascrita Receptora Adscrita a la Sala de lo Civil de la Corte Suprema de Justicia, Certifica el Auto que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintiséis días del mes de julio del año dos mil dieciocho, la Sala de lo Civil, integrada por los Magistrados: RINA AUXILIADORA ALVARADO, como Coordinadora, REYNALDO ANTONIO HERNÁNDEZ y WILFREDO MÉNDEZ ROMERO, designado ponente el segundo para el conocimiento y redacción de la resolución del presente recurso de casación, en la fecha supra indicada dictan el siguiente AUTO: SON PARTES: La sociedad mercantil SEGUROS LAFISE HONDURAS, S.A., representada en juicio por el abogado JOSE HUMBERTO SOSA CANIZALES como recurrente; siendo recurrido el señor EDOARDO FRANCISCO AGUILAR ZELAYA, representado en juicio por el abogado JESUS ANTONIO FERRERA MATUTE. OBJETO DEL PROCESO: “SE INTERPONE DEMANDA DE PAGO POR INCUMPLIMIENTO DE UN CONTRATO DE SEGURO DE VIDA DE SALDO DEUDOR POR LA VIA DE PROCESO ORDINARIO”, promovida en fecha veintinueve de octubre de dos mil trece, ante el Juzgado de Letras Civil del departamento de Francisco Morazán, por el abogado JESUS ANTONIO FERRERA MATUTE actuando en su condición de representante procesal del señor EDOARDO FRANCISCO AGUILAR ZELAYA, mayor de edad, casado, Ingeniero en Sistemas, hondureño y con domicilio en el departamento de Francisco Morazán, contra la sociedad mercantil SEGUROS LAFISE HONDURAS, S.A., por intermedio de su Gerente General y representante legal el señor RAUL EFRAIN MEJIA CEQUEIROS, mayor de edad, casado, Licenciado en Contaduría Pública, hondureño y con domicilio en el departamento de Francisco Morazán. I. ANTECEDENTES DE HECHO PRIMERO: Que en fecha dieciséis de febrero de dos mil quince, el Juzgado de Letras Civil del departamento de Francisco Morazán, dictó sentencia fallando de la siguiente manera: “FALLA: PRIMERO: DECLARANDO CON LUGAR la demanda presentada por la Vía del Proceso Ordinario para el pago por incumplimiento de un contrato de seguro de vida de saldo deudor, presentada el veintinueve de octubre de dos mil trece por el abogado JESUS ANTONIO FERRERA MATUTE mayor de edad, abogado, inscrito en el Colegio de Abogados de Honduras con el No 8122 accionando en su condición de apoderado legal del señor EDOARDO FRANCISCO AGUILAR ZELAYA mayor de edad, casado, Ingeniero en sistemas, hondureño y de este domicilio, como parte demandante, y el litis consorcio necesario de BANCO PROCREDIT HONDURAS S.A. contra la Sociedad Mercantil SEGUROS LAFISE HONDURAS S.A. por intermedio de su gerente general y representante legal el señor RAUL EFRAIN MEJIA CEQUEIROS quien es mayor de edad, casado, Licenciado en Contaduría Pública, hondureño, y de este domicilio, SEGUNDO: CONDENA a la Sociedad Mercantil SEGUROS LAFISE HONDURAS S.A. por intermedio de su gerente general y representante legal el señor RAUL EFRAIN MEJIA CEQUEIROS a pagar al demandante La suma total de DOS MILLONES SEISIENTOS VEINTE MIL SETECIENTOS SETENTA LEMPIRAS CON NOVENTA Y TRES CENTAVOS (Lps. 2,620,770.93).- Y MANDA: Que quede firme el presente fallo si en su contra no se interpone recurso de apelación dentro del término legal.- por el principio del vencimiento se condena en costas al demandado.- NOTIFIQUESE.- Redacto la sentencia la Jueza KATY RAQUEL CASTILLO GOMEZ.” SEGUNDO: Que en fecha veintiocho de abril de dos mil dieciséis, la Corte Primera de Apelaciones de lo Civil del departamento de Francisco Morazán, en el juicio de mérito, dictó sentencia CONFIRMANDO la dictada por el A-quo fallando de la siguiente manera: “FALLA: PRIMERO: Declarando SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto por el Abogado MARIO ENRIQUE CASTRO ORTIZ, en su condición de Representante Procesal de la Sociedad Mercantil denominada SEGUROS LAFISE HONDURAS S.A; SEGUNDO: Confirmando la sentencia de fecha dieciséis (16) de febrero de dos mil quince (2015), dictada por el Juzgado de Letras civil del Departamento de Francisco Morazán, corrigiendo la motivación jurídica del fallo; TERCERO: Condenar en costas a la parte apelante por el principio de vencimiento; Y MANDA : Que una vez notificadas las partes de esta resolución, se devuelva la primera pieza al Juzgado de su procedencia con certificación de la presente sentencia para su ejecución. NOTIFIQUESE” TERCERO: El abogado JOSE HUMBERTO SOSA CANIZALES, en su condición de representante procesal de la sociedad mercantil SEGUROS LAFISE HONDURAS S.A., en fecha veintisiete de junio de dos mil dieciséis, presentó escrito de interposición y formalización del recurso de casación contra la sentencia de fecha veintiocho de abril de dos mil dieciséis, dictada por la Corte Primera de Apelaciones de lo Civil del departamento de Francisco Morazán, resolviendo el Ad-quem, mediante proveído de fecha dos de agosto de dos mil dieciséis, tener por interpuesto y formalizado el recurso de casación por parte del Recurrente y acordó conceder a la parte contraria el plazo diez (10) días hábiles para que se pronunciara sobre el contenido del escrito, debiendo entregársele copia del mismo. CUARTO: El representante procesal del señor EDOARDO FRANCISCO AGUILAR ZELAYA, abogado JESUS ANTONIO FERRERA MATUTE, en fecha uno de septiembre de dos mil dieciséis, presentó escrito de pronunciamiento sobre el contenido del recurso de casación interpuesto y formalizado por la contraparte, resolviendo la Corte Primera de Apelaciones de lo Civil del departamento de Francisco Morazán, tener por pronunciado al recurrido, ordenando remitir las presentes diligencias a la Honorable Corte Suprema de Justicia en el término que manda la ley, para proseguir con el trámite correspondiente. QUINTO: Recibidas las actuaciones en éste Tribunal, el abogados JOSE HUMBERTO SOSA CANIZALES y JESUS ANTONIO FERRERA MATUTE, en sus condiciones indicada, presentaron escritos de personamiento en fechas veinte y veintidós de septiembre de dos mil dieciséis, resolviendo este Tribunal, mediante proveído de fecha veintiuno de noviembre de dos mil dieciséis, tenerlos por personados dentro del plazo concedido. SEXTO: Que la parte recurrente plantea su recurso de casación contra la sentencia dictada por la Corte Primera de Apelaciones de lo Civil del departamento de Francisco Morazán, de la siguiente manera: “II.- MOTIVOS. CAUSALES DE CASACION PRIMER MOTIVO: LA APLICACIÓN E INTERPRETACIÓN DE LAS NORMAS PROCESALES QUE REGULAN LOS ACTOS Y GARANTIAS PROCESALES CUANDO SU INFRACCION SUPONGA LA NULIDAD O PRODUJERA INDEFENSION: Se expresan como las normas legales infringidas los artículos 59, 60 y 64 del Código Procesal Civil (CPC) que regulan los presupuestos para ser PARTES en el Proceso Civil y la apreciación de oficio de la falta de capacidad, así como la LEGITIMACION ORDINARIA para quienes comparecen y actúan en el juicio como titulares de la relación jurídica u objeto litigioso, en relación al artículo 447 para la fijación de los Términos del Debate en la Audiencia Preliminar. FUNDAMENTO JURIDICO. JUSTIFICACION DE INFRACCION: CONCEPTO: En el presente motivo de casación por LA APLICACIÓN E INTERPRETACIÓN DE LAS NORMAS PROCESALES QUE REGULAN LOS ACTOS Y GARANTIAS PROCESALES CUANDO SU INFRACCION SUPONGA LA NULIDAD O PRODUJERA INDEFENSION, cuya autorización la establece el artículo 719.1, inciso b) del Código Procesal Civil, categóricamente estamos refiriéndonos a los puntos que paso a exponer así: 1.- En el acápite de los FUNDAMENTOS DE DERECHO en los numerales CUARTO, SEXTO, SEPTIMO y OCTAVO y en los numerales PRIMERO y SEGUNDO de la PARTE DISPOSITIVA de la sentencia dictada por la Honorable Corte Primera de Apelaciones de lo Civil del departamento de Francisco Morazán de fecha veintiocho (28) del mes de abril del año dos mil dieciséis (2,016), en que este Tribunal de Apelación rechaza el recurso de apelación y confirma la sentencia definitiva dictada por el Juzgado A Quo, se hace referencia a las circunstancias por las cuales este Tribunal de Apelación considera valedera la obligación de la parte demandada la sociedad mercantil SEGUROS LAFISE HONDURAS, S. A. de pagar la indemnización reclamada por el demandante señor EDOARDO FRANCISCO AGUILAR ZELAYA derivada del seguro de vida de quien fuera su padre el señor FAUSTO ROGER AGUILAR RIVERA (QDDG), cuya muerte acaeció en fecha dieciséis (16) del mes de noviembre del año dos mil doce (2,012), sin examinar oficiosamente el Tribunal de Apelación - conforme lo ordena el artículo 60.1 del Código Procesal Civil (CPC) - que el demandante señor EDOARDO FRANCISCO AGUILAR ZELAYA no tiene la capacidad para ser PARTE EN ESTE PROCESO CIVIL, al no tener la LEGITIMACION ORDINARIA por NO ostentar la TITULARIDAD de la RELACION JURIDICA u OBJETO LITIGIOSO sometido a la reclamación judicial, ya que se encuentra acreditado en autos MEDIATE LA POLIZA DE SEGURO, VIDA COLECTIVO SALDO DEUDOR, Póliza de Seguro de Vida, Condiciones Particulares, que obran a folios 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 y 19 de la pieza de Primera Instancia, donde se establece que la Contratante del Seguro y BENEFICIARIA de la indemnización del seguro de vida del señor FAUSTO ROGER AGUILAR RIVERA (QDDG) es la sociedad mercantil BANCO PROCREDIT HONDURAS, que, por medio de la indemnización del seguro, cubriría el saldo de los créditos concedidos al asegurado ahora fallecido señor FAUSTO ROGER AGUILAR RIVERA (QDDG). La sociedad mercantil BANCO PROCREDIT HONDURAS BENEFICIARIA y TITULAR DE LA RELACION JURÍDICA u OBJETO LITIGIOSO reclamado en este juicio, como lo es la indemnización derivada del seguro de vida colectivo saldo deudor del señor FAUSTO ROGER AGUILAR RIVERA (QDDG), tuvo una participación raquítica, confusa e indiferente, manifestando únicamente por medio de su Apoderado legal en la Audiencia Preliminar de fecha uno (1) de Agosto del año 2014, que se pagara el Seguro sin indicar a favor de quien, y que había una diferencia de saldos para el Crédito numero 01500095138 adeudado por el Asegurado a Banco Procredit, a la fecha del 4 de Octubre del año 2013, creando mas bien una absoluta confusión por no haberse fijado como término del debate a favor de quien seria el pago y por que cantidad de dinero, no proponiendo ningún medio de prueba en este proceso como LITISCONSORTE y de hecho, en la sentencia definitiva dictada por el Juzgado de Letras Civil de este departamento de Francisco Morazán de fecha dieciséis (16) del mes de febrero del año dos mil quince (2,015) - que es confirmada por este Tribunal de Apelación en la sentencia de fecha veintiocho (28) del mes de abril del año dos mil dieciséis (2,016) objeto de esta casación – se declara CON LUGAR la demanda presentada por el señor EDOARDO FRANCISCO AGUILAR ZELAYA y se CONDENA a la demandada la sociedad mercantil SEGUROS LAFISE HONDURAS, S. A. “a pagar al demandante la suma de DOS MILLONES SEISCIENTOS VEINTE MIL SETECIENTOS SETENTA LEMPIRAS CON NOVENTA Y TRES CENTAVOS (L. 2,620,770.93)”, a pesar de que éste – el demandante señor EDOARDO FRANCISCO AGUILAR ZELAYA – NO ES EL BENEFICIARIO DE LA INDEMNIZACION DEL CONTRATO DE SEGURO DE VIDA reclamada en juicio. A este respecto se pueden concluir 2 aspectos: a. El Tribunal Ad Quem y el Juez A Quo no cumplieron las disposiciones de la LEY – con el consecuente defecto procesal que acarrea la nulidad de actuaciones - al no hacer una debida apreciación oficiosa de la FALTA DE CAPACIDAD del señor EDOARDO FRANCISCO AGUILAR ZELAYA tal y como lo ordena el artículo 60 numerales 1 y 2 del Código Procesal Civil (CPC), ya que éste no cumplía el presupuesto procesal para ser parte en este proceso civil por NO ESTAR LEGITIMADO para la reclamación de pago, cuya conceptualización de legitimación se encuentra regulada en el artículo 64 numeral 1 del mismo Código Procesal Civil (CPC), al definirla como aquella en virtud de la cual una persona ostenta la TITULARIDAD DE LA RELACION JURÍDICA U OBJETO LITIGIOSO. De haberse examinado oficiosamente por parte de los Órganos Jurisdiccionales la FALTA DE CAPACIDAD del demandante señor EDOARDO FRANCISCO AGUILAR ZELAYA y ante la FALTA DE LEGITIMACIÓN DEL DEMANDANTE este proceso debió ser SOBRESEIDO y archivado, cuyo defecto ahora se plantea por medio del presente RECURSO DE CASACIÓN, ya que se encuentra acreditado en autos del proceso y es un hecho no controvertido que la CONTRATANTE Y BENEFICIARIA de la indemnización del Contrato de seguro de vida del señor FAUSTO ROGER AGUILAR RIVERA (QDDG) es la sociedad mercantil BANCO PROCREDIT HONDURAS misma a la que le correspondía el accionar para reclamar el pago, y ante la cual se presentarían las respectivas defensas, entre otras, la limitante de haberse colocado información falsa en la Declaración del Asegurado, que definitivamente dejaría libre de responsabilidad a la Compañía Aseguradora, pero que definitivamente el derecho a la acción y a la pretensión de pago de la Indemnización del Seguro, no le corresponde al demandante señor EDOARDO FRANCISCO AGUILAR ZELAYA, como equivocadamente se tramitó en todo este proceso. b. La Falta de Apreciación Oficiosa de los órganos jurisdiccional A Quo y Ad Quem sobre la FALTA DE CAPACIDAD ordenada en el artículo 60.1 del Código Procesal Civil (CPC) en cuanto a la participación en el proceso del demandante señor EDOARDO FRANCISCO AGUILAR ZELAYA originó que al celebrarse ante el Juez A Quo la AUDIENCIA PRELIMINAR en fecha uno (1) del mes de agosto del año dos mil catorce (2,014) que corre a folios 93 al 94 vuelta de la pieza de primera instancia, la Jueza de primera instancia – además de no haber examinado la FALTA DE CAPACIDAD del demandante - NO FIJÓ MEDIANTE RESOLUCION, NI CONTROLÓ APROPIADAMENTE LOS TERMINOS DEL DEBATE para establecer claramente si la INDEMNIZACION por el seguro de quien en vida fuera el señor FAUSTO ROGER AGUILAR RIVERA (QDDG) reclamado en juicio, en caso de ser procedente, debía pagarse – en caso de condena - al demandante señor EDOARDO FRANCISCO AGUILAR ZELAYA o a la sociedad mercantil BANCO PROCREDIT HONDURAS, tergiversando todo el proceso a tal grado que en la sentencia dictada por la Jueza A Quo en fecha dieciséis (16) del mes de febrero del año dos mil quince (2,015) ésta CONDENA a la demandada la sociedad mercantil SEGUROS LAFISE HONDURAS, S. A. “a pagar al demandante la suma de DOS MILLONES SEISCIENTOS VEINTE MIL SETECIENTOS SETENTA LEMPIRAS CON NOVENTA Y TRES CENTAVOS (L. 2,620,770.93)”, a pesar de que éste – el demandante señor EDOARDO FRANCISCO AGUILAR ZELAYA – NO ES EL BENEFICIARIO DE LA INDEMNIZACION DEL CONTRATO DE SEGURO DE VIDA reclamada en juicio y, por tanto no es quien ostenta la LEGITIMACION para pretender el pago a su favor. NULIDAD ABSOLUTA DE ACTUACIONES Este defecto procesal, DEFINITIVAMENTE acarrea nulidad absoluta de las actuaciones desde la admisión de la demanda EN PRIMERA INSTANCIA, cuyo proceso debió ser SOBRESEIDO y archivado de conformidad a la disposición del artículo 60 numeral 2) del Código Procesal Civil (CPC), habiéndose transmitido el vicio de la FALTA DE CAPACIDAD del demandante señor EDOARDO FRANCISCO AGUILAR ZELAYA a la AUDIENCIA PRELIMINAR celebrada ante el Juez A Quo en fecha uno (1) del mes de agosto del año dos mil catorce (2,014) que corre a folios 93 al 94 vuelta de la pieza de primera instancia, tergiversando todo el proceso al NO fijarse ni controlarse judicialmente los TERMINOS DEL DEBATE que determina la aportación de las pruebas, siendo del caso que la FALTA DE CAPACIDAD DEL DEMANDANTE tampoco fue debidamente examinada oficiosamente por la CORTE PRIMERA DE APELACIONES DE LO CIVIL durante el proceso de apelación, ni considerado en la Sentencia definitiva proferida por el Ad Quem en fecha veintiocho (28) del mes de abril del año dos mil dieciséis (2,016) ya que ésta confirma el fallo erróneo de la Jueza A Quo que CONDENA a la aseguradora demandada a pagarle cantidades de dinero al señor EDOARDO FRANCISCO AGUILAR ZELAYA, sin estar éste legitimado para recibir dichos pagos, por no ser éste el titular de la relación jurídica, ni del objeto litigioso del proceso, por cuyo motivo por medio de este Recurso de Casación se solicita la declaratoria de la nulidad de actuaciones, desde e inclusive la sentencia de la segunda instancia, a fin que el Tribunal Ad Quem al proferir nueva sentencia también anule las actuaciones de la primera instancia por la existencia de defectos que acarrean su nulidad absoluta y que no permiten una correcta impartición de Justicia en este juicio al haberse inobservando los preceptos de la Ley sobre la FALTA DE CAPACIDAD del demandante por NO estar LEGITIMADO para reclamar el pago indemnizatorio. SEGUNDO MOTIVO: LA APLICACIÓN E INTERPRETACIÓN DE LAS NORMAS PROCESALES QUE REGULAR LA FORMA Y CONTENIDO DE LA SENTENCIA: Se expresan como las normas legales infringidas el artículo 200 numeral 2, literal a) del Código Procesal Civil (CPC) que regula el contenido formal de las Sentencias, cuya disposición legal ha sido indebidamente aplicada e interpretada por el Tribunal Ad Quem al emitirse la sentencia fechada el veintiocho (28) del mes de abril del año dos mil dieciséis (2,016). FUNDAMENTO JURIDICO. JUSTIFICACION DE INFRACCION CONCEPTO: El presente motivo de casación por LA APLICACIÓN E INTERPRETACIÓN DE LAS NORMAS PROCESALES QUE REGULAR LA FORMA Y CONTENIDO DE LA SENTENCIA, cuya autorización la establece el artículo 719 numeral 1, Inciso c), del Código Procesal Civil (CPC), categóricamente estamos refiriéndonos a los puntos que paso a exponer así: 1.- En el acápite del VISTO que constituye el Encabezamiento de la sentencia dictada por la Honorable Corte Primera de Apelaciones de lo Civil del departamento de Francisco Morazán de fecha veintiocho (28) del mes de abril del año dos mil dieciséis (2,016), el Tribunal Ad-Quem NO EXPRESA lo siguiente: a) NO EXPRESA La participación en el Proceso, de BANCO PROCREDIT HONDURAS, en su condición de Litis Consorte, así como tampoco expresa el nombre del Profesional del Derecho que lo Representa, habiendo sido constituido y participado como parte Integral en el Proceso por llamamiento de la Autoridad Judicial. b) NO EXPRESA la sentencia la LEGITIMACION en virtud de la cual actúa en el Proceso Civil, el Demandante señor EDOARDO FRANCISCO AGUILAR ZELAYA, siendo que la Contratante del Seguro y BENEFICIARIA de la indemnización del seguro de vida del señor FAUSTO ROGER AGUILAR RIVERA (QDDG) es la sociedad mercantil BANCO PROCREDIT HONDURAS. Este motivo es causa de anulación mediante el Recurso de Casación de la sentencia del Juez Ad Quem. TERCER MOTIVO: LA APLICACIÓN E INTERPRETACIÓN DE LAS NORMAS DE DERECHO EMPLEADAS PARA LA SOLUCION DEL FONDO DEL LITIGIO: Se expresan como las normas legales infringidas el artículo 1,141 del Código de Comercio que regula la INFORMACION PREVIA AL CONTRATO, cuya disposición legal ha sido indebidamente aplicada e interpretada tanto por el Tribunal A Quo, como por el mismo Tribunal Ad Quem al emitirse las sentencias fechadas dieciséis (16) del mes de febrero del año dos mil quince (2,015) y veintiocho (28) del mes de abril del año dos mil dieciséis (2,016), respectivamente. En el presente caso nos referiremos a la sentencia de fecha veintiocho (28) del mes de abril del año dos mil dieciséis (2,016) por ser esta la proferida por la CORTE PRIMERA DE APELACIONES DE LO CIVIL DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN, objeto del presente Recurso de Casación. FUNDAMENTO JURIDICO. JUSTIFICACION DE INFRACCION CONCEPTO: El presente motivo de casación por LA APLICACIÓN E INTERPRETACIÓN DE LAS NORMAS DE DERECHO EMPLEADAS PARA LA SOLUCION DEL FONDO DEL LITIGIO, cuya autorización la establece el artículo 719 numeral 2, del Código Procesal Civil, categóricamente estamos refiriéndonos a los puntos que paso a exponer así: 1.- En el acápite de los FUNDAMENTOS DE DERECHO en los numerales SEXTO y SEPTIMO de la sentencia dictada por la Honorable Corte Primera de Apelaciones de lo Civil del departamento de Francisco Morazán de fecha veintiocho (28) del mes de abril del año dos mil dieciséis (2,016), el Tribunal Ad-Quem expone las consideraciones sobre la disposición del artículo 1141 párrafo primero, del Código de Comercio de que la parte demandada la sociedad mercantil SEGUROS LAFISE HONDURAS, S. A. está obligada a pagar la indemnización derivada del Contrato de seguro de vida del asegurado fallecido FAUSTO ROGER AGUILAR RIVERA (QDDG), por considerar el Tribunal de Apelación, y tenerlo como hecho probado, que aunque el asegurado dio INFORMACIONES INEXACTAS SOBRE SU ESTADO DE SALUD, la demandada sociedad mercantil SEGUROS LAFISE HONDURAS, S. A. no ha tramitado ante la autoridad judicial la NULIDAD o ANULACION del CONTRATO DE SEGURO por dichas informaciones inexactas del asegurado y que, al estar vigente el contrato de seguro, es procedente el pago de la indemnización por la muerte del asegurado. Lo anterior constituye una indebida aplicación e interpretación del artículo 1141 primer párrafo del Código de Comercio como norma de Derecho empleada para la solución del fondo del litigio, en vista que dicha disposición legal contempla CINCO (5) situaciones legales posibles - con soluciones diferentes para cada caso - por las DECLARACIONES INEXACTAS del asegurado, de tal manera que el asegurador no habría dado su consentimiento o no lo habría dado en las mismas condiciones si hubiera conocido el verdadero estado de las cosas (REAL ESTADO DE ESTADO DE SALUD DEL ASEGURADO), siendo dichas situaciones posibles las siguientes: a.- SITUACION 1 (Artículo 1141 párrafos 1 y 2 del Código de Comercio): Derecho del asegurador de reclamar la ANULACION del contrato cuando el contratante asegurado haya obrado de mala fe. En este caso el asegurador debe manifestarle al asegurado su propósito de realizar la impugnación del contrato dentro de los tres (3) meses siguientes al día en que haya conocido la inexactitud de las declaraciones; al no hacer tal manifestación en dicho plazo pierde el derecho de impugnar el contrato de seguro. APRECIESE QUE EN ESTE CASO LA MANIFESTACION DE LA ASEGURADORA DE IMPUGNAR EL CONTRATO DEBE SER COMUNICADA AL ASEGURADO, QUE PARA ESE MOMENTO DEBE ESTAR VIVO. b.- SITUACION 2 (Artículo 1141 párrafo 3 del Código de Comercio): Una vez que la aseguradora ya ha procedido a solicitar la ANULACION del contrato de seguro, tendrá derecho a las primas al periodo del seguro en el momento en que pida la ANULACION y a las primas convenidas por el primer año. Si el riesgo se realiza antes que haya transcurrido el plazo de los tres (3) meses en que debe comunicar al asegurado la manifestación de impugnar el contrato de seguro por las declaraciones inexactas, no está obligado el asegurador a pagar la indemnización. ESTA CIRCUNSTANCIA IMPLICAN QUE EL ASEGURADO CONTRATANTE DEBE ESTAR VIVO, YA QUE CONTRA EL SE PRESENTARÍA LA ACCION DE NULIDAD, Y QUE SI EL MISMO FALLECE DENTRO DE LOS TRES MESES EL ASEGURADOR ESTA EXCENTO DE PAGAR LA UINDEMNIZACION. c.- SITUACION 3 (Artículo 1141 párrafo 4 del Código de Comercio): En los casos de seguros colectivos, el contrato será válido para todos aquellos a quienes no se refiera la DECLARACION INEXACTA dada – en este caso – por el señor FAUSTO ROGER AGUILAR RIVERA (QDDG), para quien – según esta regla legal – su contrato no era válido por la falsedad de sus declaraciones sobre el estado real de su salud. d.- SITUACION 4 (Artículo 1141 párrafo 5 del Código de Comercio): Si a pesar de haber dado declaraciones inexactas el asegurado no hubiere actuando de mala fe, no se procederá a la ANULACION del contrato de seguro si el asegurado dentro de los tres (3) meses hace manifestación sobre su real estado de salud. EN ESTE CASO EL ASEGURADO TAMBIEN DEBE ESTAR VIVO PARA PODER MANIFESTARSE ANTE LA ASEGURADORA PARA INFORMARLE DE SU ESTADO REAL DE SALUD, LO CUAL NO SUCEDIÓ EN EL PRESENTE CASO, YA QUE EL ASEGURADO FALLECIO SIN INFORMAR SOBRE SUS ENFERMEDADES. e.- SITUACION 5 (Artículo 1141 párrafo 6 del Código de Comercio): El asegurado fallece antes de que el asegurador conociera de la INEXACTITUD de las declaraciones del asegurado y, por lo tanto, antes de que el asegurador le manifieste al asegurado su decisión de concluir el contrato. En este caso la indemnización se REDUCIRÁ en proporción a la diferencia entre la prima convenida y la que se habría cobrado si se hubiera conocido la verdadera situación de las cosas (ESTADO DE SALUD REAL DEL ASEGURADO). ESTA SITUACION 5 DEL ARTÍCULO 1141 PÁRRAFO 6 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, ES LA SITUACION LEGAL QUE PUDO HABERSE AJUSTADO AL CASO QUE NOS OCUPA, PERO QUE, UNIDO A LA GRAVEDAD DE LA ENFERMEDAD, PROCEDIA TAMBIEN LA DECLARATORIA DE NO RESPONSABILIDAD DE LA EMPRESA ASEGURADORA, Y QUE NO HAN APLICADO LAS AUTORIDADES JUDICIALES COMO REGLA LEGAL PARA LA SOLUCION DE ESTE LITIGIO, YA QUE LAS SENTENCIAS DICTADAS POR EL JUEZ A QUO y EL TRIBUNAL AD QUEM UNICAMENTE SE HAN CONCENTRADO EN APLICAR LAS REGLAS DE LA ANULACION DEL CONTRATO DE SEGURO QUE NO APLICAN AL PRESENTE CASO, SIN PERCATARSE QUE DICHAS REGLAS SON APLICABLES MIENTRAS EL ASEGURADO CONTRATANTE ESTA AUN CON VIDA, YA QUE LA MANIFESTACION DE IMPUGNAR EL CONTRATO Y LA NULIDAD MISMA SE TRAMITAN CONTRA EL MISMO ASEGURADO, LO CUAL CONSTITUYE UNA INCORRECTA APLICACIÓN E INTERPRETACION DEL TRIBUNAL AD QUEM, CONTRARIO A LO OCURRIDO AL CASO QUE NOS OCUPA, CUANDO EL ASEGURADOR TUVO CONOCIMIENTO DE LA INEXACTITUD DE LAS DECLARACIONES DEL ASEGURADO CUANDO ÉSTE YA HABIA FALLECIDO, cuya temática tiene que ser dilucidada en un Juicio con Partes Legitimadas para accionar y con definición clara de los términos objeto del debate fijados y controlados por el Juez. 2.- Siendo que el Recurso de Casación tiene por finalidad la protección de las normas del ordenamiento jurídico, procurando y promoviendo la mas adecuada aplicación e interpretación del derecho objetivo, según la disposición contenida en el artículo 716 del Código Procesal Civil (CPC), recurrimos ante este máximo Órgano Jurisdiccional a través de la SALA CIVIL para que anule el fallo dictado por el Tribunal Ad Quem, por los motivos expresados.” SEPTIMO: Que el abogado JESUS ANTONIO FERRERA MATUTE, plantea su pronunciamiento sobre la formalización del recurso de casación de la siguiente manera: “A LOS MOTIVOS DE CASACIÓN El recurso impetrado, en sus tres motivos, es improcedente; puesto que, no ha sido interpuesto y formalizado cumpliendo las exigencias y requisitos que establece el Código Procesal Civil, como a continuación expreso: TERCERO: AL PRIMER MOTIVO DE CASACIÓN: Véase, la forma imprecisa y obscura del planteamiento, cito: “PRIMER MOTIVO: LA APLICACIÓN E INTERPRETACIÓN DE LAS NORMAS PROCESALES QUE REGULAN LOS ACTOS Y GARANTIAS PROCESALES CUANDO SU INFRACCION SUPONGA LA NULIDAD O PRODUJERA INDEFENSION…”.- Si bien es cierto, mediante la nueva normativa procesal se alejan los viejos y rigurosos formalismos de la casación; pero, siempre son requisitos válidos la debida separación y precisión de los presupuestos jurídicos que pueden estar contemplados como causal del recurso, de manera de dejar claro al Tribunal, porque aspecto preciso se impugna la resolución del inferior, lo cual no establece el recurrente en este recurso.- Obsérvese, que el recurrente, para lo que él considera la justificación de la infracción en cuanto al primer motivo de casación dice (cito textual): “En el presente motivo de casación por LA APLICACIÓN E INTERPRETACIÓN DE LAS NORMAS QUE REGULAN LOS ACTOS Y GARANTÍAS PROCESALES CUANDO SU INFRACCIÓN SUPONGA LA NULIDAD O PRODUJERA INDEFENSIÓN…”.- Planteado así, el primer motivo, es vago e impreciso, porque encima de eso, antes de referirse a la justificación de la infracción, el recurrente ha señalado como normas infringidas, los Artículos 59, 60 y 64 del Código Procesal Civil, alegando supuesta falta de legitimidad de mi representado. Necesario es, acotar, que recurso impetrado por este primer motivo es improcedente de acuerdo con lo siguiente: I.- El Artículo 721.2 del Código Procesal Civil, obliga al recurrente no solamente a fundamentar el motivo, sino que, lo obliga también, ha hacerlo, con la suficiente separación y claridad, precisando y justificando la incidencia de la infracción en el sentido de la resolución impugnada, y por lo que puede observarse, el impetrante ha hecho caso omiso a este deber.- En primer lugar, porque una cosa es el presupuesto jurídico que se refiere al caso cuando la infracción supone la nulidad, y otra es, el presupuesto jurídico cuando la infracción produce indefensión, y consta que la causal de casación señalada por el recurrente para este primer motivo, no lo hace con la separación y claridad necesaria, ni justifica la incidencia de la infracción.- En segundo lugar, obviando el deber, el recurrente se dedica a atacar la sentencia, porque a su equivocado criterio, el Juzgado de primera Instancia y el Tribunal de Segunda Instancia, no se pronunciaron en forma oficiosa sobre la supuesta falta de legitimación de la que acusa al demandante, lo cual, como justificación del primer motivo expuesto en el presente recurso de casación, es una aberración inaceptable, porque el recurrente no debe ignorar: a) Que la denuncia de los defectos procesales, que supongan un obstáculo a la válida continuación del proceso y a su finalización mediante resolución de fondo, debe ser alegada por las partes (Artículo 449 del Código Procesal Civil); b) Que si bien es cierto, algunos defectos pueden ser apreciados de oficio por el Juez o Tribunal, esto no le quita la obligación a la parte de invocarlo, y debe hacer en la primera oportunidad procesal que tenga (Artículo 60 del Código Procesal Civil); c) En el caso de autos, concurren como partes legitimadas: 1.-EDOARDO FRANCISCO AGUILAR ZELAYA; 2.-Banco PROCREDIT S.A.; 3.-Seguros LAFISE S.A.; personas éstas, que han estado representadas en juicio, sin que ninguno haya cuestionado la legitimidad del otro, y consta que, ni el mismo Banco PROCREDIT lo ha hecho porque reconoce que mi representado es beneficiario designado por su difunto padre ante ese mismo Banco, y así está demostrado en el escrito que éste banco presentó ante el juzgado de primera instancia, y por tanto, con el derecho legítimo de actuar como tal en el presente juicio.- Por consiguiente, es infundada la pretensión del recurrente, en que, vía recurso de casación, se declare una supuesta falta de legitimación del demandante, más aún, cuando en el fondo, el recurrente no es que intenta desvirtuar la obligación de su representada, ya que su cuestionamiento y malestar, va en torno a que las defensas las ha presentado contra los hechos alegados por mi representado, cuando dice que eso le correspondería hacerlo frente a Banco PROCREDIT, alegato éste, que es irrelevante para el resultado del juicio, según se deduce de la esencia y espíritu de las manifestaciones expresadas por el recurrente en este motivo. .II.-La esencia y espíritu de la causal de casación en que el recurrente basa este motivo, se refiere a la posibilidad de impugnar la aplicación e interpretación de las normas procesales; es decir, que esta causa sólo puede ser invocada cuando el juzgador ha aplicado o interpretado alguna norma procesal, con la que, obviamente, no está de acuerdo el recurrente; pero en el presente caso, es improcedente e infundado que el recurrente impugne la aplicación e interpretación de los artículos 59, 60 y 64, del Código Procesal Civil, cuando ni en la resolución de primera y de segunda instancia, aparece que el A-Quo y el Ad-Quem, hayan aplicado e interpretado las normas que el recurrente indica; por tanto, la causal prevista en el Artículo 719.1 letra b) del Código Procesal Civil, está en función de la posibilidad de que vía recurso de casación, se impugne la aplicación e interpretación de las normas procesales que regulan los actos y garantías, siempre y cuando resulte evidencia que el juzgador hizo la aplicación e interpretación de la determinada norma con la que el recurrente no está de acuerdo; pero de conformidad con lo que el recurrente expone en este motivo, él lo que pretende, es que el tribunal aplique una norma que según él, es aplicable porque le favorece, cuándo no tiene nada de cierto.- Además, el recurrente confunde la terminología procesal de falta de capacidad y legitimación ordinaria. CUARTO: AL SEGUNDO MOTIVO DE CASACIÓN: Igual error comete el recurrente en este segundo motivo, cuando desde su inicio dice, cito: “SEGUNDO MOTIVO: LA APLICACIÓN E INTERPRETACIÓN DE LAS NORMAS PROCESALES QUE REGULAN LA FORMA Y CONTENIDO DE LA SENTENCIA….”, y enseguida, para lo que el recurrente considera la justificación de la infracción en cuanto este segundo motivo de casación, dice (cito textual): “El presente motivo de casación por LA APLICACIÓN E INTERPRETACIÓN DE LAS NORMAS PROCESALES QUE REGULAN LA FORMA Y CONTENIDO DE LA SENTENCIA …”.- En este sentido, el recurrente desarrolla la justificación de éste motivo , acusando, que en la sentencia que impugna no se expresa la participación del Banco Procredit y no se expresa la legitimación en virtud de la cual actúa mi representado.- Obviamente, el recurrente acomoda a su estilo y conveniencia la causal del recurso, y eso no le deja darse cuenta, que pone al descubierto que su intención plasmada con el presente recurso, sólo evidencia el abuso del derecho de defensa con que la parte demandada ha actuado en la presente litis.- El cuestionamiento del recurrente es irrelevante, porque la sentencia cumple los requisitos del contenido formal señalados en el Artículo 200 del Código Procesal Civil.- En la sentencia está indicado, que el apelante fue el abogado Mario Enrique Castro Ortiz, como repre4sentante procesal de Seguros Lafise S.A., y el apelado es este servidor, como representante procesal del señor Edoardo Francisco Aguilar Zelaya, es decir, este precisado quienes son las partes ante la segunda instancia, y está indicado además, quien es la parte demandante y quien, la demandada; por tanto, es improcedente el recurso basado en la causal que señala el impetrante, porque la sentencia no adolece del requisito formal consignado en el Artículo 200.2 letra a) del CPC, amén de que, en el Artículo mencionado está bien definido que: “En el encabezamiento deberán expresarse los nombres de las partes y, cuando sea necesario…”.- Por consiguiente, es desacertado el cuestionamiento del recurrente, si está expresado quien es el apelante y quien e apelado. QUINTO: AL TERCER MOTIVO DE CASACIÓN: Aquí también es visible el mismo error cometido por el recurrente en los dos motivos anteriores, cuando desde su inicio dice en la indicación del motivo: “TERCER MOTIVO: LA APLICACIÓN E INTERPRETACIÓN DE LAS NORMAS DE DERECHO EMPLEADAS PARA LA SOLUCIÓN DEL FONDO DEL LITIGIO…”, y enseguida, para lo que el recurrente considera la justificación de la infracción en cuanto ese tercer motivo de casación, dice (cito textual): “El presente motivo de casación por LA APLICACIÓN E INTERPRETACIÓN DE LAS NORMAS DE DERECHO EMPLEADAS PARA LA SOLUCION DEL FONDO DEL LITIGIO…”.- Acusa en este motivo, que la Corte de Apelaciones infringió La disposición contenida en el Artículo 1141 del Código de Comercio, lo cual es falso, aparte de que, por un lado, el recurrente no logra demostrar su afirmación, y por otro, que a toda costa quiere se acepte su malsana intensión de desviar la obligación de la aseguradora desconociendo las condiciones bajo las cuales fue suscrito el seguro, ignorando que el contrato de seguro, es por excelencia el típico contrato de adhesión, y que por ello, es que la misma ley de instituciones de Seguros y Reaseguros manda que ………………….-De tal manera, que, las condiciones patadas deben entenderse en la forma que más favorezca al asegurado, y como prueba de ello, debe tenerse como válido y convenido, que: a) De acuerdo con la cláusula número 5 de la póliza, la misma fue indisputable desde su emisión, ya que el último párrafo de dicha cláusula, reza literalmente así: “No obstante, est6a Póliza será indisputable desde su emisión”.- Esto, significa que las partes hicieron pacto, de no disputabilidad, con lo cual, no cabe ahora, que Seguros LAFISE salga poniendo objeciones al pago, si se obligó a no disputar, no objetar la misma, aún desde su emisión; es decir, por el pacto de no disputabilidad de la póliza, la seguradora renunció a resolver el contrato por cualquier causa que hubiese provocado el riesgo (Artículo 1142, numeral III del Código de Comercio).- b) Consta en las condiciones particulares de la póliza suscrita, que la cobertura se extendió hasta la muerte por cualquier causa, inclusive el suicidio; condición, ésta, que ésta relacionada con el pacto de no disputabilidad de la póliza, porque la cobertura no hizo excepciones de ningún tipo de muerte, en cuanto, hasta dejó cubierto el riesgo de muerte por suicidio, lo que demuestra con claridad, que el padre de mi representado no estuvo sujeto a requisitos de asegurabilidad,. c) Así también consta, en las condiciones particulares numeral 6 de la póliza señalada, que el monto máximo a asegurar sin requisitos de asegurabilidad es de dos millones seiscientos cincuenta mil Lempiras (L. 2,650,000.00), y sólo sobrepasando este límite serán necesarios exámenes médicos.- Véase, que en el caso de autos, son dos créditos los otorgados al padre de mi representado (uno del L. 900,000.00, y otro de L. 2,103,000.00), y fueron concedidos en diferentes fechas (mayo de 2011 y enero de 2012), no están consolidados; por tanto, no significan una sola suma.- d) El seguro en cuestión, primero era responsabilidad de la Aseguradora Hondureña Mundial, Honduras S.A., y posteriormente, LAFISE asumió la responsabilidad aseguradora, y consecuentemente, se obligó en las condiciones particulares de la póliza (numeral 12), a que todas las pólizas individuales de seguro de vida que hayan tenido cobertura en otra compañía, podrán formar parte del grupo asegurable, siempre y cuando presente copia del endoso a favor del banco.- Implica entonces, que sí, el seguro primero estaba bajo la responsabilidad de la Aseguradora Hondureña Mundial S.A., y después, por mera liberalidad de Banco Procredit, pasó a Seguros LAFISE Honduras, S.A., esta compañía arrastró el seguro con todas las obligaciones preexistentes.- e) Recalcando la obligación de Seguros LAFISE, en las condiciones particulares numeral 20 relacionado con el numeran 6 de la póliza, el seguro fue convenido en el entendido que los préstamos inferiores a Dos millones seiscientos cincuenta mil Lempiras (L. 2,.650,000.00), no requieren exámenes médicos, solamente el llenado de la solicitud de seguro.- Y, para una muestra más contundente, si es que lo anterior no fuera suficiente, en carta de fecha 30 de julio de 2012, enviada por el gerente de Seguros Lafise al gerente de banco Procredit, la seguradora se obliga a otorgar cobertura automática de préstamo, hasta por la cantidad de cuatrocientos setenta y cinco mil Dólares americanos (USD 475,000.00) (esto equivale a más de nueve millones de Lempiras, muy por encima de los dos millones seiscientos cincuenta mil Lempiras que era el rango de cobertura sin requisito). f) Es hasta de mala fe, que ahora Seguros LAFISE pretenda desconocer y negarse al pago de la indemnización, bajo el argumento que el padre de mi representado dio información falsa a cerca de su estado de salud, si de acuerdo a la misma póliza, nunca estuvo obligado a examen alguno, en razón del monto de sus créditos, porque está probado, que el primer crédito que recibe en mayo de 2011, es de L. 900,000.00 y el segundo, en enero de 2012, es de L. 2,103,000.00, los cuales siempre se han manejado en forma separada; tal es así, que uno es el No. 01500086049 y el otro es No. 01500095138.- g) Para más evidencia de la obligación de seguros LAFISE, obsérvese que en numeral 22 de las condiciones particulares de la póliza, quedó bien claro que el caso del padre de mi representado estaba excluido de sujetarse a exámenes médicos, porque sus por no haberse llenado los requisitos de ley en la interposición del mismo, y ser legal la sentencia recurrida; 4).- Tener por rechazados los motivos expuestos y la nulidad pretendida por el recurrente; 5).- Pido con todo respeto, que la parte recurrente sea condenada en costas, en aplicación de lo dispuesto en el Articulo 221 del Código Procesal Civil, en consideración a la vigencia del principio del vencimiento, y que en tales circunstancias, el recurrente no ha tenido motivos racionales para litigar, puesto que, contra la sentencia de primera instancia habiendo hecho uso del recurso de apelación, a este le fue declarado SIN LUGAR entonces en esas circunstancias no existe ni el más mínimo motivo para haber utilizado el presente recurso de casación y eso demuestra, que lo único que persigue el recurrente es el malicioso retraso de la ejecución de la sentencia proferida por el a-quo, y confirmada por el ad-quem mediante la sentencia impugnada.- Señores Magistrados, no cabe duda, que, el presente recurso es inadmisible, ya que además de las consideraciones antes expuestas, al recurrente ya le ha sido desestimado en el fondo el recurso de apelación, que es sustancialmente igual al de casación (Articulo 723.2 letra b), puesto, que en ambos, el recurrente, considerándolos adversas a los intereses de la parte que representa, ha tratado de invalidar las sentencias emitidas por órgano inferior.” II. FUNDAMENTOS DE DERECHO 1. Conforme el artículo 718 del Código Procesal Civil, la Sala de lo Civil de la Corte Suprema de Justicia, es competente para conocer del recurso de casación. 2. Esta Sala de lo Civil, viene reiterando la naturaleza y función del recurso de casación, así pues, el recurso de casación tiene una función nomofiláctica, en virtud de lo cual el artículo 716 del Código Procesal Civil dispone dos fines expresos, el primero de ellos, es la protección de las normas del ordenamiento jurídico, y esto se hace, procurando y promoviendo la más adecuada aplicación e interpretación del derecho objetivo. El segundo fin es la unificación de la jurisprudencia nacional. Por su parte el numeral dos del artículo precitado, conmina a este alto tribunal a que aplique e interprete las normas referidas al recurso de casación atendiendo a la finalidad de unificación de la jurisprudencia, esto como instrumento de garantía de la igualdad de todos ante la ley, y de la seguridad y certidumbre jurídicas. (Ver resoluciones de fechas 13-12-2013, SC-236-2012; 18-03-2014, SC-003-2013; y 06-05-2014, SC-135-2013). 3. De conformidad con el artículo 719 del Código Procesal Civil, se podrá impugnar la aplicación e interpretación de las normas procesales, así como la aplicación e interpretación de las normas de derecho empleadas para la solución de fondo del litigio, y de conformidad con el artículo 721 del mismo Código, el recurso de casación se interpondrá por escrito ante la Corte de Apelaciones que hubiere dictado la sentencia dentro de los veinte días siguientes al de la notificación. En ese escrito se harán constar los motivos en que la casación se base, con expresión de las normas de derecho cuya infracción sustente cada motivo. Todo ello se deberá fundar con la suficiente separación y claridad, precisando y justificando la incidencia de la infracción en el sentido de la resolución impugnada, también se hará constar si el recurrente estima necesario la celebración de la audiencia. 4. Con los requisitos formales establecidos en el artículo 721 del Código Procesal Civil queda reconocido el denominado principio de “Debida Técnica”, que constituyen los mínimos requerimientos que debe contener la demanda de casación a efectos de ser tenida como un verdadero juicio técnico de impugnación, valorativo y preciso. 5. DEL RECURSO DE CASACION INTERPUESTO POR EL ABOGADO JOSE HUMBERTO SOSA CANIZALES EN SU PRIMER MOTIVO. El recurrente en su primer motivo de casación alega la aplicación e interpretación de las normas procesales que regulan los actos y garantías procesales cuando su infracción suponga la nulidad o produjera indefensión cuya autorización la establece el artículo 719.1 inciso b) del Código Procesal Civil, señalando como normas legales infringidas los artículos 59, 60 y 64 del mismo Código. Se resume la explicación del motivo de casación en la forma siguiente: “No examina oficiosamente el Tribunal de Apelación conforme lo ordena el artículo 60.1 del Código Procesal Civil, que el demandante no tiene la capacidad para ser parte en este proceso civil, al no tener la legitimación ordinaria por no ostentar la titularidad de la relación jurídica u objeto litigioso, ya que se encuentra acreditado en autos mediante la póliza de seguro, vida colectivo saldo deudor, donde se establece que la contratante del seguro y beneficiaria de la indemnización del seguro de vida del señor FAUSTO ROGER AGUILAR RIVERA es la sociedad mercantil BANCO PROCREDIT HONDURAS… El Tribunal ad quem y a quo no cumplieron las disposiciones de la ley con el consecuente defecto procesal que acarrea la nulidad de actuaciones, al no hacer una debida apreciación oficiosa de la falta de capacidad del demandante tal y como lo ordena el artículo 60 numeral 1 y 2 del Código Procesal Civil, ya que este no cumplía el presupuesto procesal para ser parte en este proceso por no estar legitimado para la reclamación del pago…La falta de apreciación oficiosa de los órganos jurisdiccionales a quo y ad quem sobre la falta de capacidad ordenada en el artículo 60.1 del Código Procesal Civil, además de no haber examinado la falta de capacidad del demandante no fijó ni controló apropiadamente los términos del debate para establecer claramente si la indemnización en caso de ser procedente debía pagarse en caso de condena al demandante EDOARDO FRANCISCO AGUILAR ZELAYA o a la sociedad mercantil BANCO PROCREDIT HONDURAS. Este defecto procesal, definitivamente acarrea nulidad absoluta de las actuaciones desde la admisión de la demanda en primera instancia, cuyo proceso debió ser sobreseído y archivado de conformidad a la disposición del artículo 60.2) del Código Procesal Civil.” Respuesta de la Sala de lo Civil. Esta Sala es del criterio que el recurrente no ha explicado el motivo de casación con la debida separación y claridad, en tanto ha confundido la capacidad para ser parte, con la capacidad procesal y la legitimación, que por ser figuras distintas ha debido exponerlas por separado, pues si bien es cierto que para actuar válidamente en el proceso civil se debe gozar de capacidad para ser parte, de capacidad procesal, estar legitimado y ser asistido por profesional del derecho que les defienda y represente en observación del artículo 59 del Código Procesal Civil, cierto también es que la capacidad para ser parte (artículo 61 CPC), capacidad procesal (artículo 62) y legitimación (artículo 64) tienen sus propios supuestos distintos para cada figura que deben ser observados. Por otra parte, aún cuando el Código Procesal Civil establece que la falta de capacidad para ser parte y la falta de capacidad procesal pueden ser apreciadas de oficio por el juez o tribunal en cualquier momento del proceso, también se establece que las partes deben invocarla en la primera oportunidad procesal que tengan (artículo 60.1 CPC), en ese sentido, la primera oportunidad que se presenta para la parte demandada es la contestación de la demanda, conforme el artículo 434.3 del Código Procesal Civil, para ser resuelta en la audiencia preliminar, lo que no intentó la parte demandada, en consecuencia, no solo concurre la inobservancia del requisito de debida separación y claridad del motivo, sino que falta a una exigencia de orden procesal para recurrir en casación, porque cuando se alega la existencia de un defecto en la aplicación o interpretación de normas procesales que produzcan nulidad o indefensión, el recurrente deberá acreditar en la interposición del recurso, que procedió a denunciar dicho defecto en la instancia en que se produjo, si ello era posible y que, en su caso, reprodujo la denuncia en la apelación. Asimismo, deberá acreditar que hizo lo posible para su subsanación en el caso de que la naturaleza del defecto la admitiera. (artículo 700 CPC). Esta exigencia no ha sido cumplida por el recurrente, consecuentemente concurre una causal de inadmisión del motivo en aplicación del artículo 723. 2 a) del Código Procesal Civil. 6. DEL RECURSO DE CASACION INTERPUESTO POR EL ABOGADO JOSE HUMBERTO SOSA CANIZALES EN SU SEGUNDO MOTIVO. El recurrente en su segundo motivo de casación alega la aplicación e interpretación de las normas procesales que regulan la forma y contenido de la sentencia cuya autorización la establece el artículo 719.1 inciso b) del Código Procesal Civil, señalando como norma legal infringida el artículo 200 numeral 2) del mismo Código. Se resume la explicación del motivo de casación en la forma siguiente: “El encabezamiento de la sentencia dictada por la Honorable Corte Primera de Apelaciones de lo Civil del departamento de Francisco Morazán de fecha veintiocho de abril de dos mil dieciséis, el Tribunal ad quem no expresa lo siguiente: a) No expresa la participación en el proceso de BANCO PROCREDIT HONDURAS, en su condición de Litis Consorte, así como tampoco expresa el nombre del profesional del Derecho que lo representa, habiendo sido constituido y participado como parte integral en el proceso por llamamiento de autoridad judicial. b) No expresa la sentencia la Legitimación en virtud de la cual actúa en el Proceso Civil, el demandante señor EDOARDO FRANCISCO AGUILAR ZELAYA, siendo que la contratante del seguro y beneficiaria de la indemnización del seguro de vida del señor FAUSTO ROGER AGUILAR RIVERA (QDDG) es la sociedad mercantil BANCO PROCREDIT HONDURAS. Este motivo es causa de anulación mediante el recurso de casación de la sentencia del juez ad quem.” Respuesta de la Sala de lo Civil. El impetrante incorrectamente señala que la norma infringida ha sido indebidamente aplicada e interpretada indebidamente confundiendo la aplicación indebida con la interpretación errónea. En primer lugar, la aplicación indebida tiene lugar cuando se ha aplicado una norma que no ha debido aplicarse porque no contempla la cuestión decidida o porque dicha norma ya no está vigente, la interpretación errónea en cambio se da cuanto siendo aplicable una norma el juzgador le da un sentido o alcance que esta no tiene, en segundo lugar, las normas reguladoras de la sentencia son siempre aplicables. Por otra parte, el recurrente no ha precisado ni justificado la incidencia de la infracción en el sentido de la resolución impugnada, concurriendo una causal de inadmisión del motivo en aplicación del artículo 723. 2 a) del Código Procesal Civil. 7. DEL RECURSO DE CASACION INTERPUESTO POR EL ABOGADO JOSE HUMBERTO SOSA CANIZALES EN SU TERCER MOTIVO. El recurrente en su tercer motivo de casación alega la aplicación e interpretación de las normas de derecho empleadas para la solución del fondo del litigio cuya autorización la establece el artículo 719.2 del Código Procesal Civil, señalando como norma legal infringida el artículo 1141 del mismo Código de Comercio. Se resume la explicación del motivo de casación en la forma siguiente: “El Tribunal ad quem expone las consideraciones sobre la disposición del artículo 1141 párrafo primero del código de comercio de que la parte demandada está obligada a pagar la indemnización derivada del contrato de seguro de vida del asegurado fallecido FAUSTO ROGER AGUILAR RIVERA (QDDG), por considerar el Tribunal de Apelación que aunque el asegurado dio informaciones inexactas sobre su estado de salud, la demandada no ha tramitado ante autoridad judicial la nulidad o anulación del contrato de seguro por dichas informaciones inexactas del asegurado y que al estar vigente el contrato de seguro, es procedente el pago de la indemnización por la muerte del asegurado. Lo anterior constituye una indebida aplicación e interpretación del artículo 1141 primer párrafo del código de comercio, como norma de derecho empleada para la solución del fondo del litigio, en vista de que dicha disposición legal contempla cinco situaciones legales posibles con soluciones diferentes para cada caso, de tal manera que el asegurador no habría dado su consentimiento o no lo habría dado en las mismas condiciones si hubiera conocido el verdadero estado de las cosas, citando los cinco supuestos de la norma y manifestando que la situación del artículo 1141 párrafo 6 del Código de Comercio es la situación legal que pudo haberse ajustado al caso que nos ocupa (en este caso la indemnización se reducirá en proporción a la diferencia entre la prima convenida y la que se habría cobrado se hubiera conocido la verdadera situación de las cosas), pero que unido a la gravedad de la enfermedad, procedía también la declaratoria de no responsabilidad de la empresa aseguradora y que no han aplicado las autoridades judiciales como regla legal para la solución del litigio, ya que las sentencias dictadas por el juez a quo y el ad quem únicamente se han concentrado en aplicar las reglas de la anulación del contrato de seguro que no aplican al presente caso”. Respuesta de la Sala de lo Civil. Esta Sala es del criterio que el recurrente confunde en principio la indebida aplicación con la interpretación errónea del precepto impugnado al pretender que ambos modos de impugnación son iguales, sin embargo, la primera tiene lugar cuando se aplica una norma que no rige la cuestión controvertida que ha sido resuelta y por lo tanto no ha debido aplicarse, mientras que la segunda tiene lugar cuando la norma elegida para resolver la controversia es aplicable pero el juzgador le ha dado un sentido o alcance que no tiene, por otra parte comete el yerro de no emplear la debida separación y claridad no siendo preciso sobre su alegato impugnatorio porque por una parte arguye que la situación del artículo 1141 párrafo 6 del Código de Comercio es la situación legal que pudo haberse ajustado al caso que nos ocupa y por otro lado argumenta que procedía también la declaratoria de no responsabilidad de la empresa demandada, consecuentemente concurre una causal de inadmisión del motivo en aplicación del artículo 723. 2 a) del Código Procesal Civil. II. PARTE DISPOSITIVA Por lo antes expuesto la Sala de lo Civil de la Corte Suprema de Justicia, pronunciándose por unanimidad de votos e impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, en base a los fundamentos de derecho citados y haciendo aplicación de los artículos 303, 304, 313 numeral 5) y 316 de la Constitución de la República; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 3, 7, 21, 115, 118 numeral 1), 129, 169, 170, 190, 191, 193 numeral 2, literal b), 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723.2 a), 724, del Código Procesal Civil; profiere el presente AUTO IRRECURRIBLE y DECLARA: 1) La inadmisión del recurso de casación en sus tres motivos interpuesto y formalizado por el abogado JOSE HUMBERTO SOSA CANIZALES en la condición con que actúa. 2) Firme la sentencia recurrida dictada en fecha veintiocho de abril de dos mil dieciséis, por la Corte Primera de Apelaciones de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán, en el expediente de apelación número 0801-2013-07624-CPCO, originado en los autos que conforman la primera pieza que se registra bajo el número 0801-2013-07624-CPCO del Juzgado de Letras Civil del departamento de Francisco Morazán. 3) Condenar en costas a la parte recurrente. Y MANDA: Remitir las presentes actuaciones, junto con la certificación de esta resolución al Tribunal de su procedencia, previa notificación de este auto a las partes personadas, por medio de sus apoderados legalmente constituidos en juicio. NOTIFIQUESE. FIRMAS Y SELLO. RINA AUXILIADORA ALVARADO MORENO. MAGISTRADA COORDINADORA. REYNALDO ANTONIO HERNÁNDEZ. MAGISTRADO. WILFREDO MÉNDEZ ROMERO. MAGISTRADO. FIRMA Y SELLO. BETTY JANETH PALMA O´CONNOR. RECEPTORA ADSCRITA”.

Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los trece días del mes de agosto del año dos mil dieciocho; Certificación del Auto de fecha veintiséis de julio de dos mil dieciocho, recaído en el Recurso de Casación registrado bajo el No. S.C. 215-2016.

BETTY JANETH PALMA O’CONNOR

RECEPTORA ADSCRITA

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