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Sentencia CC-212-16 — Registro 8205

Resumen

En segunda instancia se revocó la sentencia apelada y se declaró sin lugar la demanda ordinaria de pago por concepto de indemnización de daños y perjuicios.

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

…“QUINTO: El deber de motivación es una de las debidas garantías incluidas en el artículo 8.1 de la Convención Interamericana Sobre Derechos Humanos, que procura salvaguardar el derecho a un debido proceso, ya que es una garantía vinculada con la correcta administración de justicia. Además de ser la exteriorización de la justificación razonada que permite llegar a una conclusión, demostrando a las partes que éstas han sido oídas y, en aquellos casos en que las decisiones son recurribles, les proporciona la posibilidad de criticar la resolución y lograr un nuevo examen de la cuestión ante las instancias superiores. Es por esto que las decisiones que adopten los órganos pueden afectar derechos humanos y que las sentencias deben estar debidamente fundamentadas, pues de lo contrario serían decisiones arbitrarias, ya que la “motivación demuestra a las partes que éstas han sido oídas”, que sus alegatos han sido tomados en cuenta y que el conjunto de pruebas ha sido analizado. SEXTO: Todo Juez tiene inexcusable obligación, en garantía de la legitimidad de sus funciones y de los derechos de las partes, a la debida motivación en todas las resoluciones que dicten en cumplimiento de su función jurisdiccional, por tal razón, el Código Modelo Iberoamericano de Ética Judicial es contundente al establecer como obligación para el juzgador la motivación de las decisiones que profiera, orientadas al buen funcionamiento de un sistema de impugnaciones procesales, como la garantía de una resolución judicial justa, razón por la cual esta motivación debe expresar de manera ordenada y clara, razones jurídicamente válidas, que han sido aptas para justificar la resolución. Siendo una debida motivación aquella que sea acorde con lo acreditado y probado en juicio por las partes. (Artículos 18, 19, 20, 21, 24, 25 y 27 del Código Modelo Iberoamericano de Ética Judicial).SEPTIMO: La motivación fáctica de la sentencia debe ser proferida en base a los razonamientos de los hechos junto con el ordenamiento jurídico, y éstos a su vez conducen a una correcta apreciación y valoración de la prueba; en contraste con la seguridad jurídica de las decisiones judiciales, es decir que sea coherente con los hechos del caso y el sistema jurídico vigente. Los fallos deben ser fundados explicitando las premisas fácticas y normativas que justifiquen la decisión y el proceso de razonamiento que las correlaciona. De ese modo se excluye la arbitrariedad, que causa inseguridad jurídica. La motivación de la sentencia por tanto es un requisito de naturaleza esencial que evita la arbitrariedad de las decisiones judiciales. OCTAVO: Que el artículo 7 en sus numerales 1 y 2 del Código Procesal Civil, establece que: 1. “El Proceso Civil se desarrollará según las disposiciones de este Código, de acuerdo a la Constitución de la República. Las formalidades previstas en él, son imperativas”. 2. “Las normas contenidas en este código son obligatorias para el órgano jurisdiccional, las partes y terceros que intervengan en el proceso…”. NOVENO: El artículo 200.1 del Código Procesal Civil, establece en cuanto al contenido formal de la sentencia que: “Las sentencias serán siempre motivadas y contendrán, en párrafos separados y numerados, los antecedentes de hecho y los fundamentos de derechos en los que se base la parte dispositiva o fallo.” DECIMO: El artículo 207.1 del Código Procesal Civil, establece que: “Las sentencias se motivaran expresando los razonamientos fácticos y jurídicos que conducen a la apreciación y valoración de las pruebas, así como la aplicación e interpretación del derecho”. DECIMO PRIMERO: El artículo 211 del Código Procesal Civil, manda que el incumplimiento de los requisitos contemplados por las leyes con relación a los actos procesales dé lugar a la nulidad o anulabilidad de acuerdo con lo establecido en el citado Código. DECIMO SEGUNDO: En nuestra legislación procesal civil vigente no es procedente la nulidad subsidiaria. Sin embargo, en virtud del control procesal de los órganos jurisdiccionales, podrá el Tribunal decretar nulidad de los actos procesales cuando se prescinda de normas esenciales del procedimiento, siempre que, por esa causa, se haya producido indefensión, como consecuencia de una tutela judicial efectiva y de seguridad jurídica que conlleva toda resolución judicial, (artículo 212.4 del Código Procesal Civil), y en ningún caso podrá el tribunal, con ocasión de un recurso, decretar de oficio una nulidad de actuaciones que no haya sido solicitada en dicho recurso (artículo 214.3 del Código Procesal Civil); a contrario sensu, en el caso de autos el Recurrente alegó en su recurso, nulidad de la sentencia proferida por el ad quem por vulneración a sus derechos fundamentales y cuyo acto como una consecuencia determina la nulidad de la sentencia. DECIMO TERCERO: El artículo 215.5 del Código Procesal Civil, establece los supuestos de la nulidad de actuaciones, estableciendo en el numeral cinco que: “Si se estimara la nulidad, se repondrán las actuaciones al estado inmediatamente anterior al defecto que la haya originado y se seguirá el procedimiento legalmente establecido…”. DECIMO CUARTO: Por las razones expuestas es procedente declarar la nulidad de la sentencia dictada por la Corte Tercera de Apelaciones con sede en Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, de fecha tres de marzo del dos mil dieciséis, y de la cual se ha hecho mérito. DECIMO QUINTO: Considerando que ante la presente resolución no procede recurso alguno de conformidad a lo que establece el artículo 724 numeral 1) del Código Procesal Civil y siendo que el procedimiento normado para las nulidades en instancia es mediante audiencia que se celebra siguiendo las particularidades del proceso abreviado y por ende susceptible a impugnación, por tal razón se omite ese procedimiento por impertinente en la sustanciación del recurso extraordinario de casación. DECIMO SEXTO: Señalado lo anterior, la Sala estima que en el presente caso, la resolución proferida en segunda instancia ha provocado indefensión, en tanto que no existe una adecuada motivación fáctica y jurídica como para que mediante el recurso interpuesto se enerve el sentido de la resolución emitida por el Juez de Instancia, y proceder a su revocatoria bajo los razonamientos fácticos y jurídicos que conducen a la apreciación y valoración de las pruebas, así como a la aplicación e interpretación del derecho, ello ajustado a las reglas de la lógica y de la razón que resulta menester para una debida administración de justicia, de tal manera que sustente su parte dispositiva; en consecuencia de lo anterior, es de estricta observancia que la sentencia en estudio, precise exhaustivamente el vínculo normativo que enlaza el acápite denominado “FUNDAMENTOS DE DERECHO” con el alcance de la resolución dictada, tal como lo disponen los artículos 200.2 y 207 del Código Procesal Civil y la debida observancia de los requisitos internos que debe tener toda sentencia. III. PARTE DISPOSITIVA Por lo antes expuesto la Sala de lo Civil, pronunciándose por unanimidad de votos e impartiendo justicia en nombre de la Corte Suprema de Justicia y del Estado de Honduras, en base a los fundamentos de derecho citados y haciendo aplicación de los artículos 8.1 de la Convención Interamericana de Derechos Humanos; Artículos 20, 21, 24, 25 y 27 del Código Modelo Iberoamericano de Ética Judicial; 82, 90 párrafo primero, 303, 304, 313 numeral 5) y 316 de la Constitución de la República; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 115.1, 129, 169, 170, 190, 191, 193. 2, literal b), 197, 199, 206, 207 211, 212.4, 214.3 y 215.1 y 5 del Código Procesal Civil; profiere el presente AUTO IRRECURRIBLE; mediante el cual resuelve: I. DECLARAR LA NULIDAD ABSOLUTA de la sentencia dictada por la Corte Tercera de Apelaciones con sede en Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, en fecha tres de marzo del dos mil dieciséis. II. Que la Honorable Corte Tercera de Apelaciones con sede en Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, proceda a dictar nueva sentencia bajo las observaciones enunciadas.”

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACION

La Infrascrita Receptora Adscrita a la Sala de lo Civil de la Corte Suprema de Justicia, Certifica el Auto que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los diecisiete días del mes mayo del año dos mil dieciocho, la Sala de lo Civil, integrada por los Magistrados: RINA AUXILIADORA ALVARADO MORENO, como Coordinadora y designada ponente para el conocimiento y redacción de la presente resolución, REYNALDO ANTONIO HERNÁNDEZ, y, WILFREDO MENDEZ ROMERO, en la fecha supra indicada dictan el siguiente AUTO: SON PARTES: Los señores FRANCISCO ORLANDO CHACON FUENTES, OSCAR ANTONIO CHACON FUENTES y BALBINA ARGENTINA ALVAREZ FUENTES representados en juicio por el abogado HENRY YOVANY RAMOS RUIZ, en su condición de recurrente; siendo recurrida la sociedad mercantil YODECO DE HONDURAS, S.A. representada en juicio por el abogado CARLOS HUMBERTO MEDRANO IRIAS. OBJETO DEL PROCESO: “SE PRESENTA DEMANDA ORDINARIA DE PAGO POR CONCEPTO DE INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS Y PERJUICIOS POR LA VÍA DEL PROCESO DECLARATIVO.” promovida en fecha diez de septiembre del año dos mil trece, ante el entonces Juzgado Segundo Seccional de Letras del Departamento de Olancho, por el abogado RÓMULO GARCÍA ARGUETA en su condición de representante procesal de los señores FRANCISCO ORLANDO CHACON FUENTES, OSCAR ANTONIO CHACON FUENTES y BALBINA ARGENTINA ALVAREZ FUENTES contra la sociedad mercantil YODECO DE HONDURAS, S.A. de C.V., a través de su Presidente, el señor ALEJANDRO ARGUELLO LACAYO, mayor de edad, casado, hondureño, ejecutivo de empresas y con domicilio en Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán. I.- ANTECEDENTES DE HECHO PRIMERO: Que en fecha diecinueve de octubre del año dos mil quince, el entonces Juzgado Segundo Seccional de Letras del Departamento de Olancho, dictó sentencia fallando de la siguiente manera: “PRIMERO: Estimando la DEMANDA DE PAGO POR CONCEPTO DE INMEDINAZACION DE DANOS Y PERJUICIOS, presentada por el Abogado ROMULO GARCIA ARGUETA, en su condición de apoderado Legal de los señores FRANCISCO ORLANDO CHACON FUENTES, OSCAR ANTONIO CHACON FUENTES, Y BALBINA ARGENTINA ALVAREZ FUENTES, contra la SOCIEDAD MERCANTIL YODECO DE HONDURAS S.A. DE C.V., Representada por el señor ALEJANDRO ARGUELLO LACAYO, siendo su apoderado Legal el Abogado CARLOS HUMBERTO MEDRANO IRlAS, de generales ya consignadas en el preámbulo de esta Sentencia. SEGUNDO: DECLARANDO CON LUGAR LA DEMANDA DE PAGO POR CONCEPTO DE INDEMNIZACIÓN DE DAÑOS Y PERJUICIOS, que promoviera el Abogado ROMULO GARCIA ARGUETA, en su condición de Apoderado Legal de los señores FRANCISCO ORLANDO CHACON FUENTES, OSCAR ANTONIO CHACON FUENTES, Y BALBINA ARGENTINA ALVAREZ FUENTES, contra la SOCIEDAD MERCANTIL YODECO DE HONDURAS S.A. DE C.V., Representada por el señor ALEJANDRO ARGUELLO LACAYO, siendo su apoderado Legal el Abogado CARLOS HUMBERTO MEDRANO IRlAS. SEGUNDO: Que en fecha tres de marzo del año dos mil dieciséis, la Corte Tercera de Apelaciones con sede en Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, en el juicio de mérito, dictó sentencia REVOCANDO dictada por el Juzgado, Segundo de Letras Seccional del departamento de Olancho, de la siguiente manera: “RESOLVEMOS: 1) DECLARAR CON LUGAR EL RECURSO DE APELACIÓN; 2) REVOCAR LA SENTENCIA APELADA de fecha diecinueve de octubre del dos mil quince; 3) DECLARAR SIN LUGAR LA DEMANDA ORDINARIA DE PAGO POR CONCEPTO DE INDEMNIZACIÓN DE DAÑOS Y PERJUICIOS promovida por los Señores FRANCISCO ORLANDO, OSCAR ANTONIO y BALBINA ARGENTINA todos de apellidos CHACON FUENTES, contra YODECO DE HONDURAS S.A DE C.V; 4) ABSOLVER A LA SOCIEDAD MERCANTIL DEMANDADA DE LA ACCIÓN DEDUCIDA.- Y MANDA: Que una vez firme la Resolución se devuelva la pieza de Autos con la Certificación de Estilo al Juzgado Correspondiente.- NOTIFIQUESE.” TERCERO: CONDENA A LA SOCIEDAD MERCANTIL YODECO DE HONDURAS S.A. DE C.V., AL PAGO DE LA CANTIDAD DE SEIS MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL CUARENTA LEMPIRAS (Lps. 6,255,O4O.OO) más los intereses legales hasta la fecha, promovida ante este Juzgado por el Abogado ROMULO GARCIA ARGUETA, en su Condición apuntada contra la SOCIEDAD MERCANTIL YODECO DE HONDURAS S. A de C. V, representada por el Abogado CARLOS HUMBERTO MEDRANO IRlAS. CUARTO: CONDENA EN COSTAS SOCIEDAD MERCANTIL YODECO DE HONDURAS S.A. DE C.V.Y MANDA: Que por medio de la Secretaria de este Tribunal se Notifique a las partes el presente Fallo, y si dentro del término Legal no se interpone recurso alguno quede firme el mismo. - OBSERVACION: Se resuelve hasta esta fecha por exceso de actividad jurisdiccional, y señalamiento de audiencias de todas las materias NOTIFIQUESE.” TERCERO: El representante procesal de los señores FRANCISCO ORLANDO CHACON FUENTES, OSCAR ANTONIO CHACON FUENTES Y BALBINA ARGENTINA ALVAREZ FUENTES, abogado RÓMULO GARCÍA ARGUETA, presentó en fecha veinte de julio del año dos mil dieciséis, escrito de interposición y formalización del recurso de casación contra la sentencia de fecha tres de marzo del año dos mil dieciséis, dictada por la Corte Tercera de Apelaciones con Sede en Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, resolviendo el Ad-quem, mediante proveído de fecha veintiuno de julio del año dos mil dieciséis, tener por interpuesto y formalizado el recurso de casación por parte del Recurrente y acordó conceder a la parte contraria el plazo de diez (10) días hábiles para que se pronunciara sobre el contenido del escrito, debiendo entregársele copia del mismo. CUARTO: El representante procesal de la sociedad mercantil YODECO DE HONDURAS, S.A., abogado CARLOS HUMBERTO MEDRANO IRIAS, presentó en fecha veintitrés de agosto del año dos mil dieciséis, escrito de pronunciamiento sobre el contenido del recurso de casación interpuesto y formalizado por la contraparte, resolviendo la Corte Tercera de Apelaciones con sede en Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, remitir las presentes diligencias a la Honorable Corte Suprema de Justicia en el término que manda la ley, para proseguir con el trámite correspondiente. QUINTO: Recibidas las actuaciones en éste Tribunal, los abogados RÓMULO GARCÍA ARGUETA y CARLOS HUMBERTO MEDRANO IRIAS, ambos en sus condiciones ya indicadas, presentaron escritos de personamiento en fechas doce y trece de septiembre del año dos mil dieciséis, y una vez visto el informe rendido por la Secretaría de esta Corte Suprema de Justicia, este Tribunal, mediante proveído de fecha veintiuno de noviembre del año dos mil dieciséis, los tuvo por personados dentro del plazo concedido. SEXTO: Que el abogado RÓMULO GARCÍA ARGUETA, plantea su recurso de casación contra la sentencia dictada por la Corte Tercera de Apelaciones con sede en Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán de la siguiente manera: “PRIMER MOTIVO INFRACCIÓN POR VIOLACIÓN DIRECTA DE LA GARANTIA DEL DEBIDO PROCESO POR ERROR DE HECHO POR NO APRECIACION DE UNA PRUEBA FUNDAMENTAL, ACTO QUE DETERMINA LA NULIDAD DE LA SENTENCIA. Artículo 3: Las partes tienen derecho a que el proceso se desarrolle por los trámites previstos legalmente a que se respeten los derechos procesales establecidos en la Constitución de la Republica y en las leyes ordinarias y en condición de igualdad y sin dilaciones, y a que se dicte por órgano jurisdiccional competente, independiente e imparcial, una resolución de fondo justa y motivada. “CPC” PRECEPTO AUTORIZANTE. Articulo 719 Literal b) Código Procesal Civil. EXPLICACION DEL MOTIVO. Aunque los tribunales son libres y soberanos en la apreciación de la prueba considerándolas en un solo haz que en conjunto determinaran los efectos y resultados de la Resolución. No menos cierto es que esta libertad no faculta al Tribunal a eliminar o apartar una prueba que aportada por la parte en un Juicio declarativo constituya un elemento cuyo merito es fundamental y de incuestionable beneficio en la probación del derecho que se pretende sea protegido por el juzgador. En la sentencia que recurrimos es evidente que el Tribunal Juzgador incurre en un error de hecho al dejar de apreciar el merito de valor probatorio de una Sentencia que emitida por los Juzgados de Letras Segundo Seccional de Letras del departamento de Olancho el cual previo Reconocimiento Judicial practicado en La Contraloría del Notariado declaró la nulidad absoluta del Instrumento 435 del Protocolo del Abogado René Adalberto Paz Alfaro, por no corresponder con el Testimonio que como “Prueba Madre” presento la parte apelante lo cual indujo al Tribunal a un error sin considerar que por parte de la parte apelante es un acto de deslealtad procesal además de doloso. En los folios 170 al folio 176, y del folio 188 al 191 consta el reconocimiento judicial que se practicó en la contraloría del notariado en el protocolo del abogado PAZ Alfaro y lo más importante el artículo 82 de la Constitución de la Republica donde manifiesta que el derecho a la defensa es inviolable se menciona este articulo porque mis representados en este juicio y es decir en esta sentencia lo cual se impugna no gozaron de esa garantía constitucional ya que quedaron INDEFENSOS al dictar esa corte una sentencia arbitraria a la ley porque lo hizo en base a el instrumento 435 del Protocolo del Notario René Adalberto Paz Alfaro es un documento cuya nulidad absoluta fue declarada por autoridad competente y lo confirma el reconocimiento judicial que se acompaña a expediente 23-2013 a los folios 188 al 191. SEGUNDO MOTIVO INFRACCION POR VIOLACION DIRECTA DE LA GARANTIA DE DEFENSA POR ERROR DE DERECHO AL NEGAR EL PRINCIPIO DE IGUALDAD PROCESAL DE LAS PARTES. Artículo 5: Las partes son iguales en el proceso teniendo los mismos derechos, obligaciones, cargas y oportunidades en función de la posición procesal que ocupen. El órgano jurisdiccional está obligado a presentar la igualdad de las partes en el proceso y a evitar toda discriminación contra ellas por razones de sexo, raza, religión, idioma, o condición social, política, económica o de otra índole. PRECEPTO AUTORIZANTE Articulo 719 literal b, Código Procesal Civil. EXPLICACIÓN DEL MOTIVO Como consta en el contexto general de la sentencia recurrida, la parte dispositiva, al declarar con lugar el recurso de apelación y en relación a los fundamentos de derecho taxativamente expresa que el demandado, si probó la existencia del derecho pretendido, estableciendo como base, lo que consta en la Escritura Pública N° 435 de Compra Venta inscrita bajo el n° 37, Tomo 1214 del Registro de la Propiedad e Inmueble de Juticalpa, y amarra este fundamento en el ordinal segundo de este acápite que dice: Que no existe prueba en contrario que invalide el contenido de los documentos presentados por la parte demandada, los que surten todos los efectos de ley. De la sola lectura de estos fundamentos resulta la comisión de un error de derecho por parte de la Corte Sentenciadora, como ha quedado explicado el instrumento N° 435 con el cual supuestamente la parte apelante probó su derecho era nulo, ilegal, sin valor probatorio en esta aprobación y por tanto nulo todo lo que devenga de ese fundamento, puesto como ha quedado dicho importa infracción por violación indirecta de ley sustantiva por error de derecho en la apreciación de la prueba en relación de los artículos 12 # 2, 15, 17, 19 todos del código del notariado 1575, 1586, 1589, 1596 del código civil, 159 # 2 251 letra G todos del código procesal civil. DESARROLLO DE LOS MOTIVOS EXPUESTOS Ahora paso a explicar la infracción y de qué modo afecta la decisión de la cuestión del objeto del proceso en la resolución que se impugna la corte sentenciadora al emitir el fallo de fecha tres de Marzo del año dos mil dieciséis en su parte dispositiva, deniega la sentencia dictada en primera instancia la cual hizo suyos y validos todos los fundamentos argumentados he interpretaciones del AQUO incurriendo en error de derecho a no apreciar los medios probatorios documentales admitidos a la parte demandante y referidos. A: 1. La prueba documental contenida en los folios 188, 189, 190 y 191. 2. Prueba documental en los folios 178 al folio 181, estos son los folios que contiene los compromisos de YODECO de Honduras, en la elaboración de estos borradores tipo escritura pública fue con la colaboración del Abogado Carlos Humberto Medrano Irias en el despacho Carvajal — abogacía y notariado en Tegucigalpa. 3. En los folios 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219 este borrador fue enviado el 15 de Agosto del año 2014 al Abogado Rómulo Gracia Argueta y en su pare literal dice que se reconozca como verdadero el instrumento 435 y que mis representados firmen una nueva escritura a YODECO de Honduras por la venta de los derechos de tierra en el sitio de Caiganla Jurisdicción del Municipio de Guayape de Olancho y nuestra pregunta es ¿Para qué quiere YODECO de Honduras una nueva escritura si han venido utilizando el instrumento 435 como un instrumento verdadero para ellos. Con todo lo antes expuesto podrá observarse que YODECO de Honduras S.A. utilizó el instrumento antes mencionado a través de su apoderado judicial Abogado Carlos Humberto Medrano Irías para practicar un ROBO a mis clientes estropeándolos de su tierra y sus derechos. SE ESTIMA NECESARIA LA CELEBRACIÓN DE LA AUDIENCIA Por considerar esta parte recurrente la celebración de la audiencia en el presente recurso a esta honorable corte suprema de justicia se le formula tal solicitud, cumpliendo con el requisito que establece el artículo 721 # 3 deI código procesal civil. SE IDENTIFICA CON TOTAL PRECISIÓN EL PRONUNCIAMIENTO QUE SE IMPUGNA Se impugna el pronunciamiento contenido en la sentencia definitiva de fecha tres de Marzo del año dos mil dieciséis dictada por esa honorable corte tercera de apelaciones de Tegucigalpa Municipio del distrito central Francisco Morazán que dice: PARTE DISPOSITIVA POR TANTO esta corte tercera de apelaciones de Francisco Morazán en nombre de la republica de Honduras, por UNANIMIDAD DE VOTOS siendo ponente la magistrada abogada CARMEN MARIAS ESTRADA VALLE DE GAEKEL en aplicación de lo establecido en el artículo 80, 82, 90, párrafo primero, 303 y 304 de la constitución de la República, 1, 55 ordinal 2 y 137 de la ley de organización y atribuciones de los tribunales, 1, 5, 6, 7, 11, 17, 1,586, 14, 129, 245, 251, 424, 425, 433, 439, 205, 707, 709, 713, deI código procesal civil RESOLVEMOS (1) DECLARAR SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto por el Abogado RÓMULO GRACIA ARGUETA (II) revocar la sentencia apelada del 29 de Octubre del año 2016 (III) Declarar sin lugar la demanda ordinaria de pago por concepto de indemnización de daños y perjuicios presentada por los señores FRANCISCO ORLANDO, OSCAR ANTONIO Y BALBINA ARGENTINA TODOS DE APELLIDOS CHACÓN FUENTES contra YODECO DE HONDURAS S.A. DE C.V; (IV) ABSORVER LA SOCIEDAD MERCANTIL DEMANDADA DE LA ACCIÓN DEDUCIDA Y MANDA que una vez firme la resolución se devuelva la pieza de autos con la certificación de estilos al Juzgado correspondiente NOTIFÍQUESE se resuelve hasta esta fecha por exceso de trabajo.” SEPTIMO: Que el abogado CARLOS HUMBERTO MEDRANO IRIAS, plantea su pronunciamiento sobre la formalización del recurso de casación de la siguiente manera: “INTRODUCCIÓN El presente supuesto recurso de casación contiene una serie de defectos de forma que hacen improcedente el mismo y los que paso a señalar a contestación: A) El recurso de casación, al igual que otros recurso, se interponen ante el Tribunal que los ha dictado y en este caso lo ha dirigido ante la Corte Suprema de Justicia a lo cual es incorrecto, pues lo debió interponerlo ante la Corte Tercera de Apelaciones tal como lo ordena el articulo 721 numeral 1 del Código Procesal. Posiblemente la Corte Tercera de Apelaciones lo recibió y resolvió el escrito para no dejarlo en indefensión. B) En el preámbulo de su escrito se ha limitado a señalar lo relativo a la sentencia que le fue adversa sin especificar en qué juicio esta interpuesto el recurso y la parte con la cual esta contendiendo, que desde luego aparece en la sentencia contra la cual se recurre, pero es su obligación especificar estos requisitos en el recurso. C) Pero el más grave de los errores que no solo es de forma sino también de fondo cuando señala en forma errónea la sentencia cuando “IDENTIFICA CON TOTAL PRECISIÓN EL PRONUNCIAMIENTO QUE SE IMPONGA”, cuando dice: “PARTE DISPOSITIVA POR TANTO esta Corte Tercera de Apelaciones de Francisco Morazán en nombre de la Republica de Honduras, por UNANIMIDAD DE VOTOS siendo ponente la abogada CARMEN MARIAS ESTRADA VALLE DE GAEKEL en aplicación a lo establecido en el articulo 80,82,90, párrafo primero, 303 y 304 de la Constitución de la Republica, 1,55 ordinal 2 y 137 de la ley de organización y atribuciones de los tribunales, 1, 5, 6, 7, 11, 17, 1, 586, 14, 129, 245, 251, 424, 425, 433, 439, 205, 707, 709, 713, del código procesal civil RESOLVEMOS (I) DECLARAR SIN LUGAR la demanda el recurso de apelación interpuesto por el Abogado ROMULO GARCIA ARGUETA (II) revocar la sentencia apelada del 29 de Octubre del año 2016 (III) declarar sin lugar la demanda ordinaria de pago por concepto de indemnización de dalos y perjuicios y presentada por los señores FRANCISCO ORLANDO CHACON FUENTES, OSCAR ANTONIO Y BALBINA ARGENTINA TODOS DE APELLIDOS CHACON FUENTES contra YODECO DE HONDURAS S.A DE C.V; (IV). Como se puede observar la persona que escribió lo anterior lo hizo de acuerdo a una sentencia diferente a lo dictado por la Corte Tercera de Apelaciones, porque la sentencia a que se refiere el casacionista 1) Fue dictada por la Abogada Ada Ester Rivera de Moreno; 2) El Casacionista no interpuso el recurso de apelación, pues lo hizo mi representada por mi medio y obtuvo sentencia revocatoria que da lugar a tan temeraria casación. En base a lo expuesto sin mucho estudio debe ser declarada sin lugar la solicitud de merito. ANTECEDENTE PROCESALES 1) La parte recurrente hace relación de una serie de hechos, que no tienen nada que ver con el desarrollo del juicio que provoca el recurso interpuesto en mala forma por el abogado García y que constituyen verdades. 2) Afectivamente mi representada fue demandada por los mandantes del Abogado García reclamando infundadamente una suma multimillonaria en concepto de Daños y Perjuicios (L. 6,255,040.00) demanda que nunca ha sido sustentada apropiadamente, pues tal cantidad se tiene que justificar, lo cual resulta imposible porque no se puede reclamar daños y perjuicios sobre un inmueble que le pertenece a YODECO DE HONDURAS S.A, motivo por el cual siempre ha sido desestimada en dos ocasiones tal como explica el casacionista en su larga historia. 3) El abogado ROMULO GARCIA ARGUETA ha tratado por todas los medios de desconocer el derecho de propiedad que le otorga el instrumento numero 435 a mi representada por compra efectuada a sus clientes, los señores CHACON y la conducta asumida por la contraparte ha llegado a reconocer, tal como ha sido aprobado en juicio, con los cheques respectivos que el recibió L. 250,000.00 del valor de la propiedad que sus clientes vendieron a YODECO, sin da explicaciones sobre el valor recibido y en vez de eso promovió como explica en este numeral una demanda para reclamar una ilusoria cantidad de dinero, que dio lugar la revocación de la sentencia que la juez de Letras Segundo Seccional de Olancho dicto, en el mal juzgamiento del derecho de las partes. 4) En este numeral, mi estimada contraparte hace una relación de los hechos contenidos en la sentencia de fecha tres de marzo del año 2016 y pretende demeritar el instrumento N°435 de fecha 26 de Mayo del 2006, autorizado por el Notario Rene Adalberto Paz Alfaro, en el cual sus poderdantes venden a YODECO el Sitio Caingala y de cuya venta recibió parte del precio (L. 250,000.00), instrumento que se encuentra inscrito (no lo dice el Abogado García) bajo el numero 37 Tomo 1214 del Registro de la Propiedad de Olancho y la cual fue tomado en consideración para denegar la demanda de Daños y Prejuicios por la Corte Tercera de Apelaciones de Francisco Morazán. 5) La sentencia de fecha 3 de mayo del año 2016, esta apegada a derecho, pues no podía confirmar una sentencia que no tenía una sustentación jurídica y actúa con justicia y conforme a derecho al revocar la sentencia que condenaba a YODECO a pagar daños y perjuicios inexistentes, pues solo existen en la mente de los clientes del Abogado García. MOTIVOS DE CASACION Se rechazan los motivos que se invocan en el escrito que pretende casar la sentencia porque en ambos casos, se pretende que la Corte Suprema de Justicia revise la prueba que fue presentada en el desarrollo del juicio, lo cual es excluido por el articulo 720 numeral 1 del Código Procesal, de tal manera que este supuesto recurso deberá ser inadmitido tal como lo señala también El articulo 723 numeral 2 literal a) del Código Procesal Civil. SE IDENTIFICA CON TOTAL PRECISION EL PRONUNCIAMIENTO QUE SE IMPUGNA. Se rechaza totalmente lo especificado e este título por los motivos alegados en la INTRODUCCION de este documento.” II. FUNDAMENTOS DE DERECHO PRIMERO: Que la Sala de lo Civil observa la parte dispositiva de la sentencia impetrada y que fuera proferida por la honorable Corte Tercera de Apelaciones con sede en Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, en fecha tres de marzo del dos mil dieciséis, la que en su parte conducente dice: “1) DECLARAR CON LUGAR EL RECURSO DE APELACION; 2) REVOCAR LA SENTENCIA APELADA de fecha diecinueve de octubre del dos mil quince; 3) DECLARAR SIN LUGAR LA DEMANDA ORDINARIA DE PAGO POR CONCEPTO DE INDEMNIZACION DE DAÑOS Y PERJUICIOS promovida por los Señores FRANCISCO ORLANDO, OSCAR ANTONIO y BALBINA ARGENTINA todos de apellidos CHACON FUENTES, contra YODECO DE HONDURAS S.A. DE C.V.; 4) ABSOLVER A LA SOCIEDAD MERCANTIL DEMANDADA DE LA ACCION DEDUCIDA…” SEGUNDO: Que del estudio del recurso planteado por el recurrente, así como de la sentencia que se profirió en fecha tres de marzo del dos mil dieciséis, por parte de la Corte Tercera de Apelaciones con sede en Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán; la Sala encuentra que en la motivación que hace dicha Corte específicamente en los fundamentos de derecho, señala: “…Y en el caso de autos, la parte demandante no logró acreditar la existencia de su derecho, en cambio el demandado sí probó la inexistencia del derecho que pretenden reclamar los demandantes, quienes alegan ser dueños de una fracción de terreno, habiéndose acreditado que la empresa demandada les compró los derechos de propiedad sobre el terreno en disputa, habiendo recibido los demandados el pago sobre el precio acordado por las partes, tal como consta en la Escritura Pública Número 435 de Compra-Venta de derechos otorgada por los señores OSCAR ANTONIO, FRANCISCO ORLANDO Y BALBINA CHACON FUENTES, ANTE LOS OFICIOS DEL Notario RENE ADALBERTO PAZ ALFARO en fecha 22 de mayo del año 2008 e inscrita bajo el número 37 del tomo 1214 del Registro de la Propiedad Inmueble y Mercantil de Juticalpa, Departamento de Olancho, cuya copia autenticada obra en el expediente de mérito; lográndose acreditar también el pago realizado por la empresa demandada a los demandantes, con las copias autenticadas de los cheques acompañados a la contestación de la demanda…” TERCERO: Que confrontada la sentencia emitida por la Corte Tercera de Apelaciones con la proferida por el Juzgado Segundo Seccional de Letras del Departamento de Olancho de fecha diecinueve de octubre del año dos mil quince, y con el recurso formalizado por el abogado Rómulo García Argueta, en su condición de representante procesal de los demandantes (primer motivo), encuentra esta Sala el numeral “SEGUNDO” en donde el Juez sentenciador menciona la práctica de un reconocimiento judicial a las oficinas de la Contraloría del Notariado, en fecha dieciséis de mayo del dos mil catorce, a través del Juzgado de Letras Civil de Francisco Morazán, quienes al proceder a practicar dicho medio probatorio en el protocolo del notario Rene Adalberto Paz Alfaro, verifican que el instrumento número 435, referente al año 2008, este no contenía nada relacionado a la venta enunciada por la sociedad mercantil Yodeco de Honduras S.A. de C.V.; siendo diferente al valor probatorio que le da la Corte de Apelaciones supra indicada; en ese sentido la Sala deja establecido que la disposición misma del fallo que se profiera, indefectiblemente pasa porque el tribunal deberá motivar de manera adecuada su sentencia; no hacerlo así conlleva que el fallo sea nugatorio del derecho al debido proceso que le asiste a las partes y que consagra nuestra norma fundamental en su artículo 90 párrafo primero, ello en armonía al buen funcionamiento de un sistema de impugnaciones procesales, esta motivación debe expresar de manera ordenada y clara, razones jurídicamente válidas que han sido aptas para justificar la resolución adoptada. CUARTO: Tal como lo establece el artículo 12.1 del Código Procesal Civil, la dirección del proceso está a cargo del Juez, quien ejerce tal potestad de conformidad con lo dispuesto en la Constitución de la República y el precitado Código. QUINTO: El deber de motivación es una de las debidas garantías incluidas en el artículo 8.1 de la Convención Interamericana Sobre Derechos Humanos, que procura salvaguardar el derecho a un debido proceso, ya que es una garantía vinculada con la correcta administración de justicia. Además de ser la exteriorización de la justificación razonada que permite llegar a una conclusión, demostrando a las partes que éstas han sido oídas y, en aquellos casos en que las decisiones son recurribles, les proporciona la posibilidad de criticar la resolución y lograr un nuevo examen de la cuestión ante las instancias superiores. Es por esto que las decisiones que adopten los órganos pueden afectar derechos humanos y que las sentencias deben estar debidamente fundamentadas, pues de lo contrario serían decisiones arbitrarias, ya que la “motivación demuestra a las partes que éstas han sido oídas”, que sus alegatos han sido tomados en cuenta y que el conjunto de pruebas ha sido analizado. SEXTO: Todo Juez tiene inexcusable obligación, en garantía de la legitimidad de sus funciones y de los derechos de las partes, a la debida motivación en todas las resoluciones que dicten en cumplimiento de su función jurisdiccional, por tal razón, el Código Modelo Iberoamericano de Ética Judicial es contundente al establecer como obligación para el juzgador la motivación de las decisiones que profiera, orientadas al buen funcionamiento de un sistema de impugnaciones procesales, como la garantía de una resolución judicial justa, razón por la cual esta motivación debe expresar de manera ordenada y clara, razones jurídicamente válidas, que han sido aptas para justificar la resolución. Siendo una debida motivación aquella que sea acorde con lo acreditado y probado en juicio por las partes. (Artículos 18, 19, 20, 21, 24, 25 y 27 del Código Modelo Iberoamericano de Ética Judicial).SEPTIMO: La motivación fáctica de la sentencia debe ser proferida en base a los razonamientos de los hechos junto con el ordenamiento jurídico, y éstos a su vez conducen a una correcta apreciación y valoración de la prueba; en contraste con la seguridad jurídica de las decisiones judiciales, es decir que sea coherente con los hechos del caso y el sistema jurídico vigente. Los fallos deben ser fundados explicitando las premisas fácticas y normativas que justifiquen la decisión y el proceso de razonamiento que las correlaciona. De ese modo se excluye la arbitrariedad, que causa inseguridad jurídica. La motivación de la sentencia por tanto es un requisito de naturaleza esencial que evita la arbitrariedad de las decisiones judiciales. OCTAVO: Que el artículo 7 en sus numerales 1 y 2 del Código Procesal Civil, establece que: 1. “El Proceso Civil se desarrollará según las disposiciones de este Código, de acuerdo a la Constitución de la República. Las formalidades previstas en él, son imperativas”. 2. “Las normas contenidas en este código son obligatorias para el órgano jurisdiccional, las partes y terceros que intervengan en el proceso…”. NOVENO: El artículo 200.1 del Código Procesal Civil, establece en cuanto al contenido formal de la sentencia que: “Las sentencias serán siempre motivadas y contendrán, en párrafos separados y numerados, los antecedentes de hecho y los fundamentos de derechos en los que se base la parte dispositiva o fallo.” DECIMO: El artículo 207.1 del Código Procesal Civil, establece que: “Las sentencias se motivaran expresando los razonamientos fácticos y jurídicos que conducen a la apreciación y valoración de las pruebas, así como la aplicación e interpretación del derecho”. DECIMO PRIMERO: El artículo 211 del Código Procesal Civil, manda que el incumplimiento de los requisitos contemplados por las leyes con relación a los actos procesales dé lugar a la nulidad o anulabilidad de acuerdo con lo establecido en el citado Código. DECIMO SEGUNDO: En nuestra legislación procesal civil vigente no es procedente la nulidad subsidiaria. Sin embargo, en virtud del control procesal de los órganos jurisdiccionales, podrá el Tribunal decretar nulidad de los actos procesales cuando se prescinda de normas esenciales del procedimiento, siempre que, por esa causa, se haya producido indefensión, como consecuencia de una tutela judicial efectiva y de seguridad jurídica que conlleva toda resolución judicial, (artículo 212.4 del Código Procesal Civil), y en ningún caso podrá el tribunal, con ocasión de un recurso, decretar de oficio una nulidad de actuaciones que no haya sido solicitada en dicho recurso (artículo 214.3 del Código Procesal Civil); a contrario sensu, en el caso de autos el Recurrente alegó en su recurso, nulidad de la sentencia proferida por el ad quem por vulneración a sus derechos fundamentales y cuyo acto como una consecuencia determina la nulidad de la sentencia. DECIMO TERCERO: El artículo 215.5 del Código Procesal Civil, establece los supuestos de la nulidad de actuaciones, estableciendo en el numeral cinco que: “Si se estimara la nulidad, se repondrán las actuaciones al estado inmediatamente anterior al defecto que la haya originado y se seguirá el procedimiento legalmente establecido…”. DECIMO CUARTO: Por las razones expuestas es procedente declarar la nulidad de la sentencia dictada por la Corte Tercera de Apelaciones con sede en Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, de fecha tres de marzo del dos mil dieciséis, y de la cual se ha hecho mérito. DECIMO QUINTO: Considerando que ante la presente resolución no procede recurso alguno de conformidad a lo que establece el artículo 724 numeral 1) del Código Procesal Civil y siendo que el procedimiento normado para las nulidades en instancia es mediante audiencia que se celebra siguiendo las particularidades del proceso abreviado y por ende susceptible a impugnación, por tal razón se omite ese procedimiento por impertinente en la sustanciación del recurso extraordinario de casación. DECIMO SEXTO: Señalado lo anterior, la Sala estima que en el presente caso, la resolución proferida en segunda instancia ha provocado indefensión, en tanto que no existe una adecuada motivación fáctica y jurídica como para que mediante el recurso interpuesto se enerve el sentido de la resolución emitida por el Juez de Instancia, y proceder a su revocatoria bajo los razonamientos fácticos y jurídicos que conducen a la apreciación y valoración de las pruebas, así como a la aplicación e interpretación del derecho, ello ajustado a las reglas de la lógica y de la razón que resulta menester para una debida administración de justicia, de tal manera que sustente su parte dispositiva; en consecuencia de lo anterior, es de estricta observancia que la sentencia en estudio, precise exhaustivamente el vínculo normativo que enlaza el acápite denominado “FUNDAMENTOS DE DERECHO” con el alcance de la resolución dictada, tal como lo disponen los artículos 200.2 y 207 del Código Procesal Civil y la debida observancia de los requisitos internos que debe tener toda sentencia. III. PARTE DISPOSITIVA Por lo antes expuesto la Sala de lo Civil, pronunciándose por unanimidad de votos e impartiendo justicia en nombre de la Corte Suprema de Justicia y del Estado de Honduras, en base a los fundamentos de derecho citados y haciendo aplicación de los artículos 8.1 de la Convención Interamericana de Derechos Humanos; Artículos 20, 21, 24, 25 y 27 del Código Modelo Iberoamericano de Ética Judicial; 82, 90 párrafo primero, 303, 304, 313 numeral 5) y 316 de la Constitución de la República; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 115.1, 129, 169, 170, 190, 191, 193. 2, literal b), 197, 199, 206, 207 211, 212.4, 214.3 y 215.1 y 5 del Código Procesal Civil; profiere el presente AUTO IRRECURRIBLE; mediante el cual resuelve: I. DECLARAR LA NULIDAD ABSOLUTA de la sentencia dictada por la Corte Tercera de Apelaciones con sede en Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, en fecha tres de marzo del dos mil dieciséis. II. Que la Honorable Corte Tercera de Apelaciones con sede en Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, proceda a dictar nueva sentencia bajo las observaciones enunciadas. Y MANDA: Certificar la presente resolución y remitir los antecedentes al Tribunal de su procedencia, para sus efectos legales consecuentes. Redacto la Magistrada RINA AUXILIADORA ALVARADO MORENO. NOTIFÍQUESE. FIRMAS Y SELLO. RINA AUXILIADORA ALVARADO MORENO. MAGISTRADA COORDINADORA. REYNALDO ANTONIO HERNANDEZ. MAGISTRADO. WILFREDO MENDEZ ROMERO. MAGISTRADO. FIRMA Y SELLO. BETTY JANETH PALMA O´CONNOR. RECEPTORA ADSCRITA”.

Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los cinco días del mes de diciembre del año dos mil dieciocho; Certificación del auto de fecha diecisiete de mayo del año dos mil dieciocho, recaído en el Recurso de Casación registrado bajo el No. S.C. 212=2016.

BETTY JANETH PALMA O’CONNOR

RECEPTORA ADSCRITA

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