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Sentencia CC-204-16 — Registro 8158

Resumen

En primera instancia se declaró con lugar la demanda ordinaria por incumplimiento de una promesa de dar, consistente en la entrega de un lote de terreno y confirmada en segunda instancia.

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

...“SE SOLICITA SE DECRETE NULIDAD DE ACTUACIONES. El artículo 212 en su preámbulo y numeral 4 del Código Procesal Civil prescribe que los actos procesales serán nulos “Cuando se prescinda de normas esenciales del procedimiento, siempre que, por esa causa, se haya producido indefensión”. En el presente caso, se prescinde de las normas procedimentales atinentes al alcance de la decisión de la apelación. En este sentido, el artículo 715 establece: “ALCANCE DE LA DECISIÓN DE LA APELACIÓN.- 1. Si se apreciare la existencia de infracción procesal que origine la nulidad absoluta de las actuaciones o de parte de ellas, el Juzgado o tribunal lo declarará así, y ordenará la retroacción de las actuaciones al estado inmediatamente anterior al defecto que la originó.- 2. Si se tratara de infracciones de otra clase anulará la resolución apelada y devolverá las actuaciones al estado que corresponda para que el órgano jurisdiccional de instancia vuelva a decidir sobre el fondo, salvo que en los autos constaran los elementos de juicio necesarios para decidir, en cuyo caso el tribunal de apelación resolverá directamente.- 3. Si se apreciara alguna infracción en lo fijación de los hechos declarados probados o en su valoración, pero no afectará a la existencia de elementos de juicio necesarios para decidir, el tribunal revocará la sentencia apelada y resolverá directamente. Si afectara a la existencia de elementos de juicio necesarios para decidir, anulará la resolución apelada y devolverá las actuaciones al estado que corresponda para que el órgano jurisdiccional de instancia vuelva a decidir sobre el fondo. 4. Si se apreciara alguna infracción en la aplicación o interpretación del derecho en la decisión de fondo, el tribunal revocará la sentencia apelada y dictará la que estime procedente.” De la norma citada se infiere que la Corte de Apelaciones, en caso que apreciara la infracción de alguna norma, sea procesal o material, únicamente se encuentra facultado para anular o revocar la sentencia de primera instancia. En el caso tratado, pese a que el Ad quem no lo establece expresamente en su sentencia de la sentencia de fecha ocho (8) de marzo de dos mil dieciséis (2016), proferida por la Corte Primera de Apelaciones de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán; debido a que desestima el Recurso, confirma la sentencia dictada en primera instancia, pero modifica la misma, no encontrándose dicha facultad comprendida en el artículo 715 del Código Procesal Civil. Asimismo cabe observar que dicho pronunciamiento provoca indefensión, debido a que fue emitido sin igualdad de partes (artículo 3 del Código Procesal Civil), es decir, limitando todo pronunciamiento de esta parte. Dicho de otro modo, ante el Tribunal de alzada, esta parte no pudo alegar lo conveniente a su derecho en cuanto a la determinación que efectivamente estaba inadecuado el proceso siendo que como se explicado no era ya que existe el principio de especialidad y es tutelado por la norma procesal civil, Por tanto, la infracción de las normas procedimentales atinentes al alcance de la decisión de la apelación y la limitación al derecho de defensa, conduce a la infracción de normas esenciales del procedimiento, provocando debido proceso, siendo procedente decretar la nulidad de actuaciones, hasta antes de dictar la sentencia por parte del Ad quem. SOBRE LA PREVIA DENUNCIA EN LA INSTANCIA DEL VICIO PROCESAL: En virtud que la situación jurídica que provoca la nulidad se produce en el fallo mismo, solo es posible su corrección a través de esta vía y de ello resulta que no hubo reclamación ex-ante. SOBRE LA CELEBRACIÓN DE LA AUDIENCIA La suscrita no estima necesaria la celebración de la audiencia, por cuanto los vicios señalados son de mero derecho.”... El artículo 715.1 del Código Procesal Civil faculta a las cortes de apelaciones cuando aprecien la existencia de infracción procesal que origine la nulidad absoluta de las actuaciones o de parte de ellas ordenar la retroacción de las actuaciones al estado inmediatamente anterior al defecto que la originó. En tal sentido la Constitución de la República establece en el artículo 82 que “El derecho de defensa es inviolable.”; derecho este que de forma indisoluble se ve inmerso en lo consagrado por el articulo 90 párrafo primero constitucional que señala: "Nadie puede ser juzgado sino por juez o tribunal competente con las formalidades, derechos y garantías que la ley establece". Normas constitucionales bajo las cuales entendemos se deja sentado el derecho a la tutela judicial efectiva; tal tutela encuentra entre otras manifestaciones, el que la respuesta de los órganos judiciales a través de los fallos que profiera siguiendo el debido proceso con especial énfasis en el resguardo de las garantías instituidas. 16. La recurrente al solicitar la nulidad absoluta por indefensión, ha permitido el análisis del fallo proferido por la Honorable Corte Primera de Apelaciones de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán, y se desprende que dicha Corte no ha tutelado con su fallo las garantías procesales con las que se encuentra investida la parte demandada, al permitir la continuación del proceso sin un emplazamiento en donde se acreditará la eficacia del acto de comunicación y con ello salvaguardar la garantía de defensa. 17. Considerando que ante la presente resolución no procede recurso alguno y en apego a lo establecido en los artículos 305 de la Constitución de la República, 214.2 con relación al 701.3 del Código Procesal Civil, y atendiendo que el procedimiento normado para la nulidad es mediante audiencia que se celebra siguiendo las particularidades del proceso abreviado de primera instancia lo cual no es perceptivo en esta jurisdicción, por tal razón se omite ese procedimiento por impertinente en la sustanciación del Recurso Extraordinario de Casación.”

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACION

La Infrascrita Receptora Adscrita a la Sala de lo Civil de la Corte Suprema de Justicia, Certifica el Auto que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los diecinueve días del mes de junio del año dos mil dieciocho, la Sala de lo Civil, integrada por los Magistrados: RINA AUXILIADORA ALVARADO como Coordinadora, REYNALDO ANTONIO HERNÁNDEZ, designado ponente para el conocimiento y redacción de la presente resolución en la fecha supra indicada, y WILFREDO MÉNDEZ ROMERO, dictan el siguiente AUTO: SON PARTES: La sociedad INVERSIONES HONDURAS S. DE R.L. DE C.V. (INVERHON), representada en juicio por la abogada PAULITA SUYAPA RIVAS SEVILLA como recurrente; siendo recurridos los señores BRENDA YADIRA FUNEZ, DILIA AMPARO FUNEZ, MIRIAN FUNEZ, DARLING YAMILETH COLINDRES FRANCO, LUZ MARINA REYES, NELSON REYES, NOE DE LA CRUZ LAINEZ, MAZIE ELIZABETH LAINEZ, representados en juicio por la abogada XIOMARA WALESKA BARAHONA ZUNIGA. OBJETO DEL PROCESO: “DEMANDA VIA PROCESO DECLARATIVO ORDINARIO POR INCUMPLIMIENTO DE UNA PROMESA DE DAR CONSISTENTE EN LA ENTREGA DE UN LOTE DE TERRENO.- INDEMNIZACION DE DAÑOS Y PERJUICIOS MATERIALES.- QUE SE DEVUELVAN LAS CANTIDADES DE DINERO ENTREGADAS POR EL PAGO DE INMUEBLE.”, promovida en fecha dos de diciembre de dos mil trece, ante el Juzgado de Letras Civil del Departamento de Francisco Morazán, por el abogado OSCAR EDGARDO GONZALEZ GUILLEN, en su condición de representante procesal de los señores BRENDA YADIRA FUNEZ, DILIA AMPARO FUNEZ, MIRIAN FUNEZ, DARLING YAMILETH COLINDRES FRANCO, LUZ MARINA REYES, NELSON REYES, NOE DE LA CRUZ LAINEZ y MAZIE ELIZABETH LAINEZ, todos mayores de edad, comerciantes, solteros, hondureños y con domicilio en el departamento de Francisco Morazán, contra el señor JORGE ARMANDO FUNES CASTRO, en su condición de Gerente General de la sociedad INVERSIONES HONDURAS S. DE R. L. DE C. V. (INVERHON), propietaria del proyecto habitacional VILLAS DE SAN ANDRES. I. ANTECEDENTES DE HECHO PRIMERO: Que en fecha treinta de junio de dos mil quince, el Juzgado de Letras Civil del Departamento de Francisco Morazán, dicto sentencia fallando de la siguiente manera: “FALLA: Declarando, PRIMERO: Con lugar la demanda ordinaria por incumplimiento de una promesa de dar, consistente en la entrega de un lote de terreno promovida por el Abogado OSCAR EDGARDO GONZALEZ GUILLEN en su condición de Apoderado Legal de los señores BRENDA YADIRA FUNEZ, DILIA AMPARO FUNEZ, MIRlAN FUNEZ, DARLING YAMILETH COLINDRES FRANCO, LUZ MARINA REYES, NELSON REYES, NOE DE LA CRUZ LAINEZ y MAZIE ELIZABETH LAINEZ CONTRA el señor JORGE ARMANDO FUNES CASTRO en su condición de Gerente General de la Sociedad Inversiones Honduras S. de R.L., de C.V. (INVERHON) todos de generales ya conocidas en el preámbulo de la presente sentencia. SEGUNDO: En consecuencia CONDENA al señor JORGE ARMANDO FUNES CASTRO en su condición de Gerente General de la Sociedad Inversiones Honduras S. de R.L., de C.V. (INVERHON) a pagar a los señores Brenda Yadira Funez: CUARENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS LEMPIRAS (LPS. 46,200.00); a Dilia Amparo Fúnez: CUARENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS LEMPIRAS (46,500.00); a Mirian Fúnez: CUARENTA y SEIS MIL DOSCIENTOS LEMPIRAS (LPS. 46,200.00); a Luz Marina Reyes: CUARENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS LEMPIRAS (LPS. 46,200.00); a Nelson Reyes: CUARENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS LEMPIRAS (LPS. 46,500.00); a Noé de la Cruz Laínez: CUARENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS LEMPIRAS (LPS. 46,200.00); a Mazie Elizabeth Laínez: CUARENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS LEMPIRAS (LPS. 46,500.00) Y a Darling Yamileth Colindres: CUARENTA Y CINCO MIL LEMPIRAS (LPS. 45,000.00); haciendo un total de TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS LEMPIRAS (LPS. 369,300.00) más intereses del 6% anual desde el momento en el que cada uno de los demandantes realizó el pago a la sociedad demandada, hasta el momento en que la presente sentencia quede firme y costas del juicio.- TERCERO: Manda que si dentro del término legal no se interpone recurso alguno quede firme el presente fallo.- CUARTO: CON COSTAS. NOTIFIQUESE.” SEGUNDO: Con fecha ocho de marzo de dos mil dieciséis, la Corte Primera de Apelaciones de lo Civil del departamento de Francisco Morazán, en el juicio de mérito, dictó sentencia CONFIRMANDO la del A-quo de la siguiente manera: “FALLA: PRIMERO: Declarando sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la Abogada PAULITA SUYAPA RIVAS SEVILLA, quien actúa en su condición de representante procesal de la sociedad INVERSIONES HONDURAS S. DE R.L. DE C. V., en la demanda vía proceso ordinario para el pago de TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS LEMPIRAS, por el incumplimiento de una promesa de dar consistente en la entrega de un lote de terreno e indemnización de daños y perjuicios materiales, devolución de cantidades entregadas por el pago de un lote de terreno, mas costas del juicio, que contra su representada promoviera el abogado OSCAR EDGARDO GONZALEZ GUILLEN, quien actúa en su condición de representante procesal de los señores BRENDA YADIRA FUNEZ, DILIA AMPARO FUNEZ, DARLING YAMILETH COLINDRES FRANCO, LUZ MARINA REYES, NELSON CRUZ LAINEZ, MAZIE ELIZABETH LAINEZ. SEGUNDO: Confirmando la sentencia de fecha treinta de junio de dos mil quince, dictada por el Juzgado de Letras Civil del Departamento de Francisco Morazán. TERCERO: Con costas a la apelante en esta instancia. Y MANDA: Que firme que sea esta sentencia, con la certificación de estilo se devuelva al Juzgado de su procedencia.- NOTIFIQUESE.” TERCERO: La abogada PAULITA SUYAPA RIVAS SEVILLA, en su condición de representante procesal de la sociedad INVERSIONES HONDURAS S. DE R.L. DE C.V. (INVERHON), en fecha uno de junio de dos mil dieciséis, presentó escrito de interposición y formalización del recurso de casación contra la sentencia de fecha ocho de marzo de dos mil dieciséis, dictada por la Corte Primera de Apelaciones de lo Civil del departamento de Francisco Morazán, resolviendo el Ad-quem, mediante proveído de fecha dos de junio de dos mil dieciséis, tener por interpuesto y formalizado el recurso de casación por parte de la Recurrente y acordó conceder a la parte contraria el plazo diez (10) días hábiles para que se pronunciara sobre el contenido del escrito, debiendo entregársele copia del mismo. CUARTO: Que mediante proveído de fecha dieciséis de agosto de dos mil dieciséis, la Corte Primera de Apelaciones de lo Civil del departamento de Francisco Morazán, tuvo por precluído y perdido irrevocablemente el termino de (10) días hábiles concedido a la abogada XIOMARA WALESKA BARAHONA ZUNIGA, en su condición ya indicada, para que presentara escrito de pronunciamiento sobre el recurso interpuesto por la abogada PAULITA SUYAPA RIVAS SEVILLA, asimismo ordeno remitir las presentes diligencias a la Honorable Corte Suprema de Justicia en el término que manda la ley, para proseguir con el trámite correspondiente. QUINTO: Recibidas las actuaciones en éste Tribunal, las abogadas XIOMARA WALESKA BARAHONA ZUNIGA y PAULITA SUYAPA RIVAS SEVILLA, ambas en sus condiciones ya indicadas, presentaron escritos de personamiento en fechas veintiséis y treinta y uno de agosto de dos mil dieciséis, resolviendo este Tribunal mediante proveído de fecha veintiocho de octubre de dos mil dieciséis, tenerlas por personadas dentro del plazo concedido. SEXTO: Que la parte recurrente plantea su recurso de casación contra la sentencia dictada por la Corte Primera de Apelaciones de lo Civil del departamento de Francisco Morazán, de la siguiente manera: “I. MOTIVO DE CASACIÓN Infracción por falta de aplicación del artículo 146 deI Código Procesal Civil, que regula a la Comunicación Edictal, en cuanto a la congruencia, en relación con los artículos 59, 60, 64, 79 numeral 1, 2 y 3, 141, 144 numeral 5, 212 numeral 4 y 5, del Código Procesal Civil. PRECEPTO AUTORIZANTE: Autoriza la interposición del motivo el artículo 719 numeral 1 literal b) del Código Procesal Civil. DISPOSICIÓN CUYA INFRACCIÓN SUSTENTA EL MOTIVO: La disposición cuya infracción sustenta el motivo la constituye el artículo 146, Comunicación Edictal, del Código Procesal Civil, Comunicación Edictal, en relación con los artículos 59, 60, 64, 79 numeral 1, 2 y 3, 141, 144 numeral 5, 212 numeral 4 y 5, del Código Procesal Civil. PARTE DEL PRONUNCIAMIENTO QUE SE IMPUGNA: Se impugna el apartado denominado PARTE DISPOSITIVA en su segundo pronunciamiento, concretamente en su parte final, misma que reza: “POR TANTO: Esta Corte Primera de Apelaciones de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán,... FALLA: PRIMERO declarar sin lugar… II) CONFIRMA LA SENTENCIA de fecha treinta de junio de dos mil quince dictad por el juzgado civil del departamento de Francisco Morazán TERCERO: con costa a la pate apelante.- FUNDAMENTACIÓN DEL MOTIVO: Desarrollamos la fundamentación del motivo de la siguiente forma: El artículo 146 del Código Procesal Civil, reza: El artículo 146 COMUNICACION EDICTAL una vez practicada en su caso, la averiguación que se refiere este código si no se puede conocer el domicilio del demandado o mi representado el señor JORGE ARMANDO FUNES CASTRO, en su condición de representante de la Sociedad Inversiones Honduras S. de R.L de C. V, (INVERHON), o pudiese hallarse o efectuarse la comunicación con todo sus efectos el tribunal mediante providencia mandara que se haga la comunicación fijando la copia de la resolución o la cedula en la tabla de aviso a costa de la parte peticionada se publicara la comunicación en el; diario impreso en una radiodifusora tres (3) veces de intervalo con intervalo (10) hábiles. Al hacer alusión de ambas normativas en ningún caso fue evacuada tanto por la judicatura ni fue solicitada por la representante legal de ¡aparte demandante. En el caso que nos ocupa, el reproche se contrae a la infracción de la comunicación edictal, al referimos categóricamente sobre el precepto antes en mención es una situación que el legislador dejo, en cuanto exista que le demandado no se encentre, con el objeto de que se evite situaciones arbitrarias y se evite vicios del pasado con el anterior código procedimientos civiles de 1906, de gran importancia para el recurrentes honorables magistrados en donde el a- quo como el génesis de la infracción y el error al poder continuar el presente juicio sin contra y estar seguro de que mi representado pudo haberse defendido, y contestar o proponer prueba o en su caso también existe la posibilidad de haber conciliado, ya que para A-quem toma en consideración un aspecto en su fallo y se pronuncia muy ex cueto sobre este extremo, donde dice una serie de posición de que se dio el domicilio por los demandantes en el acápite de la demanda, y que se presentó, y que al mismo hacemos énfasis sobre el extremo donde el receptor del juzgado es decir funcionario judicial que es ministro de fe pública en cuanto al desempeño de sus funciones, cita o requiere sobre la situación jurídica de mi representado, el señor JORGE ARMANDO FUNES CASTRO, en su condición de representante de la Sociedad Inversiones Honduras S. de R.L. de C.V., (INVERHON), en virtud en el caso que nos ocupa es denunciado de forma categórica sobre los hechos que son visto o examinados en el proceso incoados por los demandantes a mi representado por lo que es evidente que desde el hecho en que el abogado LEONEL SÁNCHEZ RIOS, expresos que no es abogado de la sociedad, es hecho relevante que no podía haber contestado la demanda y en los términos, no hicieron o pedido la representación legal de la parte demandante la averiguación del domicilio y la comunicación edictal, en donde el poder conferido en representación tanto de una persona natural o jurídica, debe ser aceptado por el profesional del derecho. (lo subrayado en negrita es mío), y el caso que nos ocupa el Abogado Leonel Sanches, que no es abogado de la sociedad, expreso en la citación que consta en autos (lo subrayado en negrita es mío), misma se encuentra consignado en la pieza principal y firma y sella al tratar de entender la posición y la explicación que emite sobre su consideración y fundamentación jurídica del a-quem parte de una creencia muy particular, saliendo de su esfera de aplicación del derecho o tutelando el cumplimento de la norma adjetiva que la misma se encuentra reglada e institucionalizada, que en el fallo proferido por la Honorable Corte de Apelaciones de los Civil de esta sección judicial, lleva a cualquier lector que su pensamiento es aquel que con el simple hecho de apreciar situaciones propias, consignadas en el fallo donde establece que con el simple hecho de haber llegado a las oficinas de la empresa mercantil, (INVERHON), es suficiente para establecer que fue citado y que conocía de la demanda, y que no contesto o se apersono al proceso civil porque no quiso según explicación en dicho fallo específicamente en el cuarto, con esta apreciación que arribado él A quem, es suficiente y apropiado para ellos tener una verdadera actividad procesal impulsado el proceso con grandes vicios y dejando en indefensión también no existe de lo que establece en los presupuesto legales necesarios para impulsar dicho proceso (falta capacidad acreditación de la representación, legitimación ordinaria y extraordinaria y postulación); es notorio que encuentra totalmente aislada y en contra de la voluntad del legislador al tomar consideraciones que establece procedimiento, sobre una situación que dejo determinada hablando en forma general en el caso que nos ocupa sobre lo antes expresado, que examinar Honorable Magistrados (sala de lo civil), no se encuentra en autos haber evacuado dicho diligencias, siendo vigilante de la aplicación de la norma adjetiva. siguiendo el criterio tanto del A quo y A quem, es su razonamiento jurídico, en hecho muy particular e indispensable que evidencia todo lo expresado por el recurrente, una vez evacuado todo el proceso y solo tener solo la prueba de cargo el A quo, dicta sentencia, es allí donde efectivamente notifican a mi representado en la penitenciaría Marco Aurelio Soto, notificándole sobre dicha resolución, porque es importante señalar dicho extremo porque si no notifican de la sentencia no quedaría firme y llevar a su ejecución, ya que cuando se ha evacuado el proceso y no le queda más que el tribunal de alzada revise su comportamiento procesal, dejado llevándose de encuentro los principios rectores de igualdad de partes, que eso obliga al juzgador tener igual en todo según en el ámbito procesal. En síntesis, el artículo 146 en relación con el artículo 701 numeral 2 del Código Procesal Civil, establecen que el A quem debe dictar su fallo respetando los límites anteriores podrá resolver el recurso invocado las normas y fundamentación jurídica que estime aplicables al caso, aunque impuestos por el recurrente en el Recurso de Apelación, lo que asimismo guarda. En cuanto al fallado emitido por la Corte de Apelación ha tomado por bien hecho la situación de jurídica al no estar habido en el proceso, incoado por los señores BRENDA YADIRA FUNEZ, DILlA AMPARO FUNEZ, MIRIAM FUNEZ, DARLING YAMILETEH COLINDRES, LUZ MARIA REYES, NELSON REYES, NOE DE LA CRUZ LAINEZ Y MAZIE ELIZABETH LAINEZ, incoaron demanda ordinaria de obligación de dar, ya que existe en su criterio jurídico que se visito por el receptor en las oficinas y que con eso basta con las direcciones preciadas por la parte peticionaria, en donde se salga de su marco legal ya que el legislador previo eso que debe él A quo hacer las averiguaciones para poder encontrar al demandado y ser habido y no llevar a cabo un proceso desconociendo eso, el desarrollo del la actividad procesal y evitando que se lleve a cabo como debe de ser según establecido en la norma procesal civil, y siendo que es motivo de indefensión, ya que no pudo defenderse y que tuviera diferente consideración él A quo, y siendo subsidiario por la Corte de Apelaciones Civil de esta sección judicial. El agravio sufrido por esta parte se refiere a que la Corte de Apelaciones, sin encontrarse facultado por ello, determina el error cometió por él A quo, al no haber hecho toda las diligencias correspondiente hasta tener la seguridad e impulsar el proceso, para efectos de derecho comparado podemos decir que examinamos detalladamente en el caso que nos ocupa se hubiera nombrado un curador ad litem, siendo un código procedimientos civiles que en ningún momento es garantista pero tenía algunas situaciones particulares como esta de garantizar y poder contar con la presencia de la figurar de curador ad- litem, y poder garantizar dicho proceso, al compara con la norma procesal civil que garantiza tal extremo es insólito que se pueda tener y llevar un criterio aislado de la voluntad del legislador no solo voluntad está supeditado a lo establecido es el parámetro que con lleva a la aplicación de la norma De lo anterior, se evidencia que el vicio en el que incurre la sentencia de fecha la sentencia de fecha ocho (8) de marzo de dos mil dieciséis (2016), proferida por la Corte Primera de Apelaciones de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán; INCIDENCIA DE LA INFRACCIÓN EN LA RESOLUCIÓN IMPUGNADA: La infracción incide de manera directa en el fallo, en el sentido que se determine el fallo en cuanto no haber hecho todas las diligencias que prevé el código procesal civil, y que la mima queda en indefensión. SOBRE LA PREVIA DENUNCIA EN LA INSTANCIA DEL VICIO PROCESAL: En virtud que el defecto de falta de aplicación de la norma procesal invocada se produce en el fallo mismo, sólo es posible su corrección a través de esta vía, y de ello resulta que no hubo reclamación ex-ante SE SOLICITA SE DECRETE NULIDAD DE ACTUACIONES El artículo 212 en su preámbulo y numeral 4 del Código Procesal Civil prescribe que los actos procesales serán nulos “Cuando se prescinda de normas esenciales del procedimiento, siempre que, por esa causa, se haya producido indefensión’ En el presente caso, se prescinde de las normas procedimentales atinentes al alcance de la decisión de la apelación. En este sentido, el artículo 715 establece: “ALCANCE DE LA DECISIÓN DE LA APELACIÓN.- 1. Si se apreciare la existencia de infracción procesal que origine la nulidad absoluta de las actuaciones o de parte de ellas, el Juzgado o tribunal lo declarará así, y ordenará la retroacción de las actuaciones al estado inmediatamente anterior al defecto que la originó.- 2. Si se tratara de infracciones de otra clase anulará la resolución apelada y devolverá las actuaciones al estado que corresponda para que el órgano jurisdiccional de instancia vuelva a decidir sobre el fondo, salvo que en los autos constaran los elementos de juicio necesarios para decidir, en cuyo caso el tribunal de apelación resolverá directamente.- 3. Si se apreciara alguna infracción en la fijación de los hechos declarados probados o en su valoración, pero no afectara a la existencia de elementos de juicio necesarios para decidir, el tribunal revocará la sentencia apelada y resolverá directamente. Si afectara a la existencia de elementos de juicio necesarios para decidir, anulará la resolución apelada y devolverá las actuaciones al estado que corresponda para que el órgano jurisdiccional de instancia vuelva a decidir sobre el fondo. 4. Si se apreciara alguna infracción en la aplicación o interpretación del derecho en la decisión de fondo, el tribunal revocará la sentencia apelada y dictará la que estime procedente.” De la norma citada se infiere que la Corte de Apelaciones, en caso que apreciara la infracción e alguna norma, sea procesal o material, únicamente se encuentra facultado para anular o revocar la sentencia de primera instancia. En el caso tratado, pese a que el Ad quem no lo establece expresamente en su sentencia de la sentencia de fecha ocho (8) de marzo de dos mil dieciséis (2016), proferida por la Corte Primera de Apelaciones de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán; debido a que desestima el Recurso, confirma la sentencia dictada en primera instancia, pero modifica la misma, no encontrándose dicha facultad comprendida en el artículo 715 del Código Procesal Civil. Asimismo cabe observar que dicho pronunciamiento provoca indefensión, debido a que fue emitido sin igualdad de partes (artículo 5 del Código Procesal Civil), es decir, limitando todo pronunciamiento de esta parte. Dicho de otro modo, ante el Tribunal de alzada, esta parte no pudo alegar lo conveniente a su derecho en cuanto a la determinación que efectivamente estaba en error en cuanto a dar la actividad procesal a mi representado sin haber estar habido en dicho proceso. Por tanto, la infracción de las normas procedimentales atinentes al alcance de la decisión de la apelación y la limitación al derecho de defensa, conduce a la infracción de normas esenciales del procedimiento, provocando indefensión, siendo procedente decretar la nulidad de actuaciones, hasta antes de dictar la sentencia por parte del Ad quem. SOBRE LA PREVIA DENUNCIA EN LA INSTANCIA DEL VICIO PROCESAL: En virtud que la situación jurídica que provoca la nulidad se produce en el fallo mismo, solo es posible su corrección a través de esta vía y de ello resulta que no hubo reclamación ex-ante. SOBRE LA CELEBRACIÓN DE LA AUDIENCIA La suscrita no estima necesaria la celebración de la audiencia, por cuanto los vicios señalados son de mero derecho. II. MOTIVO DE CASACIÓN Infracción por falta de aplicación del artículo 456 del Código Procesal Civil, que regula a la INADECUACION DEL PROCESO, en relación con los artículos 399, 864, 871, deI Código Procesal Civil. PRECEPTO AUTORIZANTE: Autoriza la interposición del motivo el artículo 719 numeral 1 literal b) del Código Procesal Civil. DISPOSICION CUYA INFRACCION SUSTENTA EL MOTIVO: La disposición cuya infracción sustenta el motivo el articulo 719 numeral 1 literal b) del Código Procesal Civil. DISPOSICIÓN CUYA INFRACCIÓN SUSTENTA EL MOTIVO: La disposición cuya infracción sustenta el motivo la constituye el artículo 456 INADEACUACION DEL PROCESO, del Código Procesal Civil, en relación con los artículos en relación con los artículos 399, 864, 871, del Código Procesal Civil. PARTE DEL PRONUNCIAMIENTO QUE SE IMPUGNA: Se impugna el apartado denominado PARTE DISPOSITIVA en su segundo pronunciamiento, concretamente en su parte final, misma que reza: “POR TANTO: Esta Corte Primera de Apelaciones de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán,... FALLA: PRIMERO declarar sin lugar ... II) CONFIRMA LA SENTENCIA de fecha treinta de junio de dos mil quince dictad por el juzgado civil del departamento de Francisco Morazán TERCERO: con costa a la pate apelante.- FUNDAMENTACIÓN DEL MOTIVO: Desarrollamos la fundamentación del motivo de la siguiente forma: el artículo 456 Es causa de agravios honorables magistrados en virtud d que el proceso que se entablo por la parte demándate donde incoa una Demanda Declarativa U Ordinaria De Por Incumpliendo De Una Obligación De Dar, existe una según la misma se encuentra en el artículo 456 de la misma norma antes citada, la INADECUACION DEL PROCEDIMENTO, es cuando el vía procesal, que estuvieron siguiendo por vía procesal que se estuvieras siguiendo por la discrepancia en la naturaleza de la pretensión, que el hacer un bosquejo en la misma no existe ningún proceso de conformidad al artículo 399 del código procesal establece el catálogo de proceso que según dicha norma procesal son ordinarios declarativos a) tutela de derechos fundamentales y honoríficos b), c), d),……….. etc, en ninguna parte existe según la pretensión planeada por la parte actora o demandante, ya que el mismo se encuentra reglado en lo especiales es decir en la Ejecuciones De Una Obligación De Hacer, en los artículos 871 al 890, del código procesal civil, es evidente que se hubiera denunciado en su momento procesal oportuno pero al encontrándonos en indefensión habría sido motivo de llevar un proceso limpio y adecuado a dichas pretensiones consecuentemente habría ser velar los principios rectores de dichos proceso civil el cual han sido vulnerados y transgredido los derechos irrenunciables de mi representado el señor JORGE ARMANDO FUNES CASTRO, en su condición de representante de la Sociedad Inversiones Honduras S. de R.L de CV, (INVERHON). En síntesis, el artículo 456 en relación con el artículo 701 numeral 2 del Código Procesal Civil, establecen que el A quem debe dictar su fallo respetando los limites anteriores podrá resolver el recurso invocado las normas y fundamentación jurídica que estime aplicables al caso, aunque impuestos por el recurrente en el Recurso de Apelación, El agravio sufrido por esta parte se refiere a que la Corte de Apelaciones, sin encontrarse facultado por ello, determina el error cometió por él A quo, al no establecer en el auto de admisión del proceso incoado en esa judicatura donde establece cuales son los procesos que se tiene por ordinario, ya se encuentra consignados en la norma procesal civil artículo 399, siendo que el caso que nos ocupa para A-quem dice que al relacionar en el mismo precepto antes mencionado establece que una obligación de dar en su fallo siguiendo su razonamiento jurídico en cuanto analizados su criterio particular aislado de los preceptos procesales invocando el A quem, articulo 399 numeral 2 donde reza que los procesos ordinarios según sea su cuantía mas ( Lp 50, 000.00), pues el legislador valora circunstancia que sean situaciones que no se hallan previsto, como en el caso que nos ocupa no es esa ya que existe un capítulo del código procesal civil título sexto ejecución de hacer, siendo esto que saca inmediatamente de esa posibilidad que deja abierta al peticionario de acudir a los órganos jurisdiccionales a fin de poder contar con debido proceso, es mas es situación de ventaja para los peticionarios, ya que con eso sería mas fácil la exigencia de la obligación que tuviese mi representado con ellos, pero cuál es la situación de que querían llevar el proceso en el anonimato y poder presentar la ejecución de la sentencia, es así que A quem debe saber que al existir norma que regula especialmente sobre una norma general suscite la primera eso es e! principio de especialidad que se explica anteriormente, por lo que no es congruente y no va lo que ha establecido el legislador. INCIDENCIA DE LA INFRACCIÓN EN LA RESOWCIÓN IMPUGNADA: La infracción incide de manera directa en el fallo, en el sentido que se determine el fallo en cuanto no haber llevado acabo el proceso de ejecución de una obligación de dar, al cual se encuentra establecido y no por el proceso ordinario que desnaturaliza dicha institución, y el debido proceso. SOBRE LA PREVIA DENUNCIA EN LA INSTANCIA DEL VICIO PROCESAL: En virtud que el defecto de falta de aplicación de la norma procesal invocada se produce en el fallo mismo, sólo es posible su corrección a través de esta vía, y de ello resulta que no hubo reclamación ex-ante. SOBRE LA PREVIA DENUNCIA EN LA INSTANCIA DEL VICIO PROCESAL: En virtud que el defecto de falta de aplicación de la norma procesal invocada se produce en el fallo mismo, solo es posible su corrección a través de esta vía, y de ello resulta que no hubo reclamación ex –ante. SE SOLICITA SE DECRETE NULIDAD DE ACTUACIONES. El artículo 212 en su preámbulo y numeral 4 del Código Procesal Civil prescribe que los actos procesales serán nulos “Cuando se prescinda de normas esenciales del procedimiento, siempre que, por esa causa, se haya producido indefensión”. En el presente caso, se prescinde de las normas procedimentales atinentes al alcance de la decisión de la apelación. En este sentido, el artículo 715 establece: “ALCANCE DE LA DECISIÓN DE LA APELACIÓN.- 1. Si se apreciare la existencia de infracción procesal que origine la nulidad absoluta de las actuaciones o de parte de ellas, el Juzgado o tribunal lo declarará así, y ordenará la retroacción de las actuaciones al estado inmediatamente anterior al defecto que la originó.- 2. Si se tratara de infracciones de otra clase anulará la resolución apelada y devolverá las actuaciones al estado que corresponda para que el órgano jurisdiccional de instancia vuelva a decidir sobre el fondo, salvo que en los autos constaran los elementos de juicio necesarios para decidir, en cuyo caso el tribunal de apelación resolverá directamente.- 3. Si se apreciara alguna infracción en lo fijación de los hechos declarados probados o en su valoración, pero no afectará a la existencia de elementos de juicio necesarios para decidir, el tribunal revocará la sentencia apelada y resolverá directamente. Si afectara a la existencia de elementos de juicio necesarios para decidir, anulará la resolución apelada y devolverá las actuaciones al estado que corresponda para que el órgano jurisdiccional de instancia vuelva a decidir sobre el fondo. 4. Si se apreciara alguna infracción en la aplicación o interpretación del derecho en la decisión de fondo, el tribunal revocará la sentencia apelada y dictará la que estime procedente.” De la norma citada se infiere que la Corte de Apelaciones, en caso que apreciara la infracción de alguna norma, sea procesal o material, únicamente se encuentra facultado para anular o revocar la sentencia de primera instancia. En el caso tratado, pese a que el Ad quem no lo establece expresamente en su sentencia de la sentencia de fecha ocho (8) de marzo de dos mil dieciséis (2016), proferida por la Corte Primera de Apelaciones de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán; debido a que desestima el Recurso, confirma la sentencia dictada en primera instancia, pero modifica la misma, no encontrándose dicha facultad comprendida en el artículo 715 del Código Procesal Civil. Asimismo cabe observar que dicho pronunciamiento provoca indefensión, debido a que fue emitido sin igualdad de partes (artículo 3 del Código Procesal Civil), es decir, limitando todo pronunciamiento de esta parte. Dicho de otro modo, ante el Tribunal de alzada, esta parte no pudo alegar lo conveniente a su derecho en cuanto a la determinación que efectivamente estaba inadecuado el proceso siendo que como se explicado no era ya que existe el principio de especialidad y es tutelado por la norma procesal civil, Por tanto, la infracción de las normas procedimentales atinentes al alcance de la decisión de la apelación y la limitación al derecho de defensa, conduce a la infracción de normas esenciales del procedimiento, provocando debido proceso, siendo procedente decretar la nulidad de actuaciones, hasta antes de dictar la sentencia por parte del Ad quem. SOBRE LA PREVIA DENUNCIA EN LA INSTANCIA DEL VICIO PROCESAL: En virtud que la situación jurídica que provoca la nulidad se produce en el fallo mismo, solo es posible su corrección a través de esta vía y de ello resulta que no hubo reclamación ex-ante. SOBRE LA CELEBRACIÓN DE LA AUDIENCIA La suscrita no estima necesaria la celebración de la audiencia, por cuanto los vicios señalados son de mero derecho.” II. FUNDAMENTOS DE DERECHO 1. El artículo 8.1 de la Convección Americana Sobre Derechos Humanos, preceptúa: “Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter.” Este artículo se refiere a las garantías judiciales generales exigibles en el marco de un proceso, esto es: el derecho de toda persona a ser oída por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, dentro de un plazo razonable y con las debidas garantías. De acuerdo con el Tribunal, el artículo 8.1 debe ser apreciado de acuerdo con el artículo 29, inciso c) de la Convención, según el cual ninguna disposición de la misma puede interpretarse con exclusión de otros derechos y garantías inherentes al ser humano o que se deriven de la representatividad de gobierno. Garantías que en el proceso en estudio no se han respetado ya que desde su inicio ha dejado al demandado en incuestionable indefensión procesal al realizarse un acto de comunicación de manera subsidiaria dentro de las instalaciones de la empresa demandada, emplazando al apoderado legal de la misma. 2. Los artículos 38 y 39 del Código Modelo Iberoamericano de Ética Judicial, establece: “En las esferas de discrecionalidad que le ofrece el Derecho, el juez deberá orientarse por consideraciones de justicia y de equidad.” Y “En todos los procesos, el uso de la equidad estará especialmente orientado a lograr una efectiva igualdad de todos ante la ley”. 3. El artículo 7 numerales 1) y 2) del Código Procesal Civil, establece que: 1. “El proceso civil se desarrollará según las disposiciones de este Código, de acuerdo a la Constitución de la República. Las formalidades previstas en él, son imperativas”. 2. “Las normas contenidas en este código son obligatorias para el órgano jurisdiccional, las partes y terceros que intervengan en el proceso, salvo que la ley ofrezca excepcionalmente otra posibilidad de actuación. El órgano jurisdiccional adecuará la exigencia de las normas al logro de los fines del proceso respetando las garantías legalmente previstas”. 4. El articulo 21.2 del Código Procesal Civil establece: “Los procesos que se sustancien en territorio nacional, se rigen por este Código, las normas constitucionales y por los tratados y convenios internacionales.” 5. El artículo 12 numerales 1) y 2) del Código Procesal Civil, establece que la dirección del proceso está a cargo del Juez, quien ejerce tal potestad de conformidad con lo dispuesto en la Constitución de la República y que controlará de oficio la concurrencia de todos los presupuestos procesales especificados por la ley, así como la inexistencia de motivos de nulidad, antes de dictar sentencia. 6. El artículo 140.2 del Código Procesal Civil, es inflexible cuando establece: “Si las partes no estuviesen representadas por profesional del derecho, las comunicaciones efectuadas en cualquiera de los lugares previstos en el numeral anterior, que se hayan designado como domicilios, surtirán plenos efectos en cuanto se acredite la correcta remisión de lo que haya de comunicarse y conste su recepción por el destinatario”. En el presente caso obra acta de emplazamiento de fecha 9 de octubre del año 2014 en la cual el Secretario por ley del Juzgado de Letras Civil del Departamento de Francisco Morazán da fe de un acto de comunicación confuso, en donde manifiesta que procedió a emplazar al abogado Leonel Sánchez Ríos quien dijo ser el apoderado legal de la sociedad, y no empleado de ella; situación que no es acorde con el procedimiento establecido en el Código Procesal Civil para la comunicación subsidiaria. 7. El primer acto de comunicación debe hacerse directamente a la parte demandada y posteriormente a su apoderado judicial o representante procesal, una vez que éste haya intervenido en el proceso (artículos 79.1, 136.2, 137.a, 138.1.2, 139.1 del Código Procesal Civil). 8. En cuanto a la Comunicación Subsidiaria, tal como consta en juicio la forma en que se realizó el emplazamiento, se considera que irrespetó las reglas y garantías para la misma en el particular con lo establecido en el articulo 144 numeral 5) del Código Procesal Civil, ya que no consta que el secretario por ley diera fe de la ausencia del demandado ni que la persona receptora de la cedula y copia de la demanda con sus respectivos anexos manifestará el conocimiento personal con el representante legal del demandado y recibiera las advertencias de ley particulares para estos actos. Los actos de comunicación no deben presumirse, so pena de nulidad por crear indefensión. 9. El artículo 11 de la Ley Orgánica del Colegio de Abogados de Honduras establece: “La facultad de representar ante los Tribunales y Juzgados y toda clase de autoridades administrativas, contencioso-administrativas y organismos autónomos y semi autónomos, o descentralizados, corresponde exclusivamente a los Abogados y Licenciados en Ciencias Jurídicas y Sociales colegiados”, con lo que se colige que el apoderado legal emplazado NO puede considerarse empleado de la empresa demandada por ser un apoderado legal quien no se encuentra bajo las condicionantes de contratación, sino del mandato nacido de un poder, razón por la cual adecuadamente el Código Procesal Civil los denomina representante procesal en los casos que deban intervenir en procesos (artículos 79.2 y 138.1) y actúa de conformidad a las condiciones deducidas del mandato general con las atribuciones especiales otorgadas en su caso (articulo 1888 del Código Civil). 10. El artículo 211 del Código Procesal Civil manda que el incumplimiento de los requisitos contemplados por las leyes con relación a los actos procesales dará lugar a la nulidad o anulabilidad de acuerdo con lo establecido en el citado Código. 11. El artículo 212.4 del Código Procesal Civil establece que los actos procesales serán nulos: “Cuando se prescinda de normas esenciales del procedimiento, siempre que, por esta causa, se haya producido indefensión.” 12. El artículo 215.5 del Código Procesal Civil, preceptúa los supuestos de la nulidad de actuaciones, señalando que: “Si se estimara la nulidad, se repondrán las actuaciones al estado inmediatamente anterior al defecto que la haya originado y se seguirá el procedimiento legalmente establecido. …”. 13. El artículo 701.3 del Código Procesal Civil, en cuanto a las disposiciones comunes a la apelación y la casación manda que: “No obstante lo anterior, el órgano judicial deberá entrar a conocer y resolver los defectos procesales apreciables de oficio, aunque no se hubieren denunciado por el recurrente.” 14. Que la Sala de lo Civil deviene en citar la normativa antes referida, ello porque, una vez realizado el estudio del recurso de casación impetrado por la abogada PAULITA SUYAPA RIVAS SEVILLA, indefectiblemente ha analizado también la sentencia dictada por el Tribunal de Alzada. En ese orden de ideas tenemos que la sentencia que se profirió en fecha 8 de marzo del año 2016, por la Honorable Corte Primera de Apelaciones de lo Civil departamento de Francisco Morazán, deja establecido en la Parte Dispositiva lo siguiente: (Sic.) “FALLA: PRIMERO: Declarando sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la Abogada PAULITA SUYAPA RIVAS SEVILLA, quien actúa en su condición de representante procesal de la sociedad INVERSIONES HONDURAS S. DE R.L. DE C. V., en la demanda vía proceso ordinario para el pago de TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS LEMPIRAS, por el incumplimiento de una promesa de dar consistente en la entrega de un lote de terreno e indemnización de daños y perjuicios materiales, devolución de cantidades entregadas por el pago de un lote de terreno, mas costas del juicio, que contra su representada promoviera el abogado OSCAR EDGARDO GONZALEZ GUILLEN, quien actúa en su condición de representante procesal de los señores BRENDA YADIRA FUNEZ, DILIA AMPARO FUNEZ, DARLING YAMILETH COLINDRES FRANCO, LUZ MARINA REYES, NELSON CRUZ LAINEZ, MAZIE ELIZABETH LAINEZ. SEGUNDO: Confirmando la sentencia de fecha treinta de junio de dos mil quince, dictada por el Juzgado de Letras Civil del Departamento de Francisco Morazán. TERCERO: Con costas a la apelante en esta instancia. Y MANDA: Que firme que sea esta sentencia, con la certificación de estilo se devuelva al Juzgado de su procedencia. - NOTIFIQUESE.” 15. El artículo 715.1 del Código Procesal Civil faculta a las cortes de apelaciones cuando aprecien la existencia de infracción procesal que origine la nulidad absoluta de las actuaciones o de parte de ellas ordenar la retroacción de las actuaciones al estado inmediatamente anterior al defecto que la originó. En tal sentido la Constitución de la República establece en el artículo 82 que “El derecho de defensa es inviolable.”; derecho este que de forma indisoluble se ve inmerso en lo consagrado por el articulo 90 párrafo primero constitucional que señala: "Nadie puede ser juzgado sino por juez o tribunal competente con las formalidades, derechos y garantías que la ley establece". Normas constitucionales bajo las cuales entendemos se deja sentado el derecho a la tutela judicial efectiva; tal tutela encuentra entre otras manifestaciones, el que la respuesta de los órganos judiciales a través de los fallos que profiera siguiendo el debido proceso con especial énfasis en el resguardo de las garantías instituidas. 16. La recurrente al solicitar la nulidad absoluta por indefensión, ha permitido el análisis del fallo proferido por la Honorable Corte Primera de Apelaciones de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán, y se desprende que dicha Corte no ha tutelado con su fallo las garantías procesales con las que se encuentra investida la parte demandada, al permitir la continuación del proceso sin un emplazamiento en donde se acreditará la eficacia del acto de comunicación y con ello salvaguardar la garantía de defensa. 17. Considerando que ante la presente resolución no procede recurso alguno y en apego a lo establecido en los artículos 305 de la Constitución de la República, 214.2 con relación al 701.3 del Código Procesal Civil, y atendiendo que el procedimiento normado para la nulidad es mediante audiencia que se celebra siguiendo las particularidades del proceso abreviado de primera instancia lo cual no es perceptivo en esta jurisdicción, por tal razón se omite ese procedimiento por impertinente en la sustanciación del Recurso Extraordinario de Casación. III. PARTE DISPOSITIVA. Por lo antes expuesto la Sala de lo Civil de la Corte Suprema de Justicia, pronunciándose por unanimidad de votos e impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras; haciendo aplicación de los artículos 8.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos; 38 y 39 del Código Modelo Iberoamericano de Ética Judicial; 82, 90 párrafo primero, 303, 313 numerales 3 y 9, 305 de la Constitución de la República; 1 y 80 numeral 1 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 7.1.2, 70, 79.2, 136.2, 137 a), 138.1.2, 139.1, 140.2, 715.1 y 718 del Código Procesal Civil; profiere el presente AUTO IRRECURRIBLE mediante el cual resuelve: I. DECLARAR LA NULIDAD ABSOLUTA de la sentencia dictada en fecha 8 de marzo del año 2016, por la Corte Primera de Apelaciones de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán. II. Que la Honorable la Corte Primera de Apelaciones de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán, proceda a dictar sentencia bajo las observaciones enunciadas. Y MANDA: Certificar la presente resolución y remitir los antecedentes al Tribunal de su procedencia, para los efectos legales consecuentes. Redactó el Magistrado Reynaldo Antonio Hernández. NOTIFÍQUESE. FIRMAS Y SELLO. RINA AUXILIADORA ALVARADO MORENO. MAGISTRADA COORDINADORA. REYNALDO ANTONIO HERNANDEZ. MAGISTRADO. WILFREDO MENDEZ ROMERO. MAGISTRADO. FIRMA Y SELLO. BETTY JANETH PALMA O´CONNOR. RECEPTORA ADSCRITA”.

Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los un día del mes de agosto del año dos mil dieciocho; Certificación del auto de fecha diecinueve de junio del año dos mil dieciocho, recaído en el Recurso de Casación registrado bajo el No. S.C. 204=2016.

BETTY JANETH PALMA O’CONNOR

RECEPTORA ADSCRITA

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