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Sentencia CC-190-16 — Registro 8778

Resumen

En primera instancia se declara con lugar la demanda vía procedimiento ordinario para que se declare una obligación de hacer consistente en el otorgamiento de una escritura pública, cancelación de un gravamen hipotecario y se ponga en posesión de unos inmuebles, se acumula pretensión de pago por consignación, confirmada en segunda instancia.

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

… “4.1.- De la exposición que el recurrente hace del Primer motivo, la Sala observa que el impetrante no hace una correcta técnica de casación, falencias que tienen que ver con lo siguiente: a) Falta de separación y claridad, esto porque estima de manera conjunta que el Tribunal de Alzada en el fallo que profirió no ha hecho aplicación de los artículos 1, 3 y 5 del Código de Comercio; en ese sentido es menester recordar al impetrante que una correcta técnica en casación impone el deber ineludible de plantear de manera separada en motivos diferentes cada una de las infracciones alegadas que estime vulnerados por aplicación, no aplicación o por su interpretación; no hacerlo así concita la inobservancia de lo dispuesto en el articulo 721.2 Código Procesal Civil; b) También es menester señalar que no resultan susceptibles de ser impugnadas en vía de casación aquellas normas sustantivas que resultan ser generales o tienen un carácter enunciativo; a menos, claro está, que esa norma de carácter general que se cita como infringida sea relacionada por el recurrente con una norma específica.”

Legislación citada

Jerarquía: Reiterativa

“5.1.- La Sala de lo Civil estima respecto del Segundo Motivo, que en los términos en que se formula el mismo, concitan su inadmisibilidad, ya que el recurrente no emplea una correcta técnica casacional, a saber: a) La falta de suficiente separación y claridad en la exposición del motivo, ello porque el recurrente en un mismo motivo alega que el Tribunal de Alzada no hace aplicación en el fallo de los dos artículos que cita, uno del Código de Comercio y el otro del Código Civil, pero a su vez señala una interpretación errónea de tales artículos: al respecto es menester señalar por parte nuestra que la violación de la ley consiste en la omisión o falta de aplicación en el fallo proferido de normas que resulten aplicables al caso concreto, y por su parte la interpretación errónea supone que el juzgador al aplicar la norma le da un sentido distinto al que tiene; en ese sentido dado el carácter formalista del recurso de casación no se puede alegar la inaplicación de determinadas normas y al mismo tiempo estimar que las mismas han sido erróneamente interpretadas, pues ello supone una contradicción en el motivo planteado; y b) Amen de lo anterior el recurrente no hace la separación debida de los artículos que estima vulnerados por parte del iudex ad-quem, esto es que debió de haber alegado la vulneración de cada uno de los citados artículos en motivos separados.”

Legislación citada

Jerarquía: Reiterativa

… “6.1.- La Sala luego del análisis del Tercer Motivo planteado por el recurrente, abogado Juan Carlos Barrientos Paniagua, estima que el mismo no ha planteado el motivo con una correcta técnica de casación, ello por lo siguiente: a) Olvida el impetrante que la vulneración de una norma jurídica aplicable al caso concreto, consiste en la falta de aplicación de la misma por parte del órgano jurisdiccional, así mismo entendemos que la interpretación errónea consiste en aplicar la norma en un sentido distinto del que tiene la misma, tal y lo deja señalado el jurista nacional don Jaime Pineda Rodríguez, en su obra intitulada “Monografía del Recurso de Casación”, en ese sentido es claro que no se podrá plantear de forma conjunta y en un mismo motivo de casación, por un lado la falta de aplicación de la norma, y al mismo tiempo señalar que la misma se ha interpretado erróneamente por parte del Tribunal de Alzada; por otro lado tenemos que cuando se alega la falta de aplicación de la norma pertinente, el sustentante para lograr la restauración del derecho que considera perturbado, viene obligado en señalar también la norma que se aplicó indebidamente por parte de la Corte de Apelaciones; y b) El impetrante dice que el fallo proferido por el iudex ad-quem no ha hecho aplicación del artículo 1692 del Código de Comercio; ahora bien sobre la cita de tal normativa y amen de las razones expuestas en el literal anterior, la Sala nuevamente hace suya la posición doctrinal del citado jurista nacional Jaime Pineda Rodríguez, cuando tiene a bien decir que: “..no es suficiente citar confusamente las leyes de uno o más títulos de un cuerpo legal o las que tratan de una materia determinada, sino que es indispensable citar precisa y determinantemente el artículo, precepto o norma que a juicio del recurrente se ha o se han infringido, de tal manera que cuando las leyes varias disposiciones o el artículo contenga varios preceptos, es necesario señalar claramente cuál de ellos se supone infringido.”; en ese sentido es necesario señalar que artículo 1692 del Código de Comercio está compuesto de tres números romanos; y aun y cuando el recurrente hace cita textual del contenido de uno de tales romanos, también es cierto que no ha tenido el cuidado de citarlo puntualmente, esto es no hace referencia específica del romano II que es el que debió de haber señalado como vulnerado por falta de aplicación, con lo cual no es lo suficientemente preciso en el motivo.”

Legislación citada

Jerarquía: Reiterativa

… “7.1.- La Sala encuentra que al igual que en el motivo que antecede, en el Cuarto Motivo el recurrente incurre en las mismas falencias en cuanto a la técnica casacional, así tenemos que bajo la egida del precepto autorizante invocado, como lo es el artículo 719.2 del Código Procesal Civil, se podrá impugnar la aplicación e interpretación de las normas empleadas para la solución del fondo del litigio, en ese sentido (en el primer supuesto) entendemos que solo se pueden impugnar las normas que aplicó el juzgador para resolver el litigio, lo que implica que solo se puede impugnar por vía de aplicación indebida, esto es que solo se pueden atacar las normas que usó el juzgador en la sentencia para resolver la cuestión cuando estas no debieron ser aplicadas, no siendo posible invocar por falta de aplicación en forma aislada las que no fueron observadas, en consecuencia, si el censor pretende en su libelo interesar la aplicación de normas que no fueron observadas, deberá primero fustigar las que fueron observadas demostrando su indebida aplicación y como consecuencia de ello conceptualizar cuales normas y porque debieron ser aplicadas; consecuente con lo anterior la Sala observa en primer lugar que el impetrante no señala y tampoco explica cual fue la norma del Código Civil que la Corte de Apelaciones aplica indebidamente, y así luego explicar porque debió de haberse aplicado la norma del Código de Comercio que el invoca que debió de ser aplicada.”

Legislación citada

Jerarquía: Reiterativa

… “8.1.- No resulta de recepción para la Sala de lo Civil el Quinto Motivo, ello porque básicamente el impetrante en los términos en que lo formula, ha inobservado la debida técnica casacional, tales falencias tienen que ver básicamente con lo siguiente: a) La falta de suficiente separación y claridad en la exposición del motivo, ello porque el recurrente alega que el Tribunal de Alzada no hace aplicación en el fallo impugnado de los artículos 1607 y 1689 del Código de Comercio, al respecto es menester señalar que una correcta técnica de casación supone que el recurrente debe plantear la probable vulneración de los artículos invocados en motivos separados para cada uno de ellos y justificar a la Sala la incidencia de tal vulneración en el sentido de la resolución dictada; y b) El recurrente erróneamente señala que el tribunal de alzada no aplico el artículo 1607 del Código de Comercio que dice él establece lo siguiente: “prescribirán en dos años las acciones derivadas, entre otros de los Contratos de Compra Venta”; cuando la verdad es que tal contenido no corresponde a tal artículo, ya que el articulo invocado 1607 está referido a: “La aprobación judicial del convenio obliga en los términos del mismo al quebrado, a todos los acreedores que en el tomaron parte, privilegiados o no, aprobantes o disidentes”. Situación ante la cual es evidente la falta de precisión y claridad en la exposición del motivo por parte del recurrente.”

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Sentencia

CERTIFICACION

La Infrascrita Receptora Adscrita a la Sala de lo Civil de la Corte Suprema de Justicia, Certifica el Auto que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintiún días del mes de marzo del año dos mil dieciocho, la Sala de lo Civil, integrada por los Ilustres Magistrados: RINA AUXILIADORA ALVARADO MORENO como Coordinadora, REYNALDO ANTONIO HERNÁNDEZ y WILFREDO MENDEZ ROMERO, el tercero designado ponente para el conocimiento y redacción de la presente resolución en el recurso de casación impetrado, en la fecha supra indicada dictan el siguiente AUTO: SON PARTES: La sociedad mercantil denominada SANTOS y COMPAÑÍA, S.A. de C.V., representada en juicio por el abogado JUAN CARLOS BARRIENTOS P., como recurrente; siendo recurrida la señora TANIA GUADALUPE QUESADA LUQUE, representada en juicio por el abogado SAÚL ARMANDO REYES SAA. OBJETO DEL PROCESO: “DEMANDA VIA PROCEDIMIENTO ORDINARIO PARA QUE SE DECLARE UNA OBLIGACION DE HACER CONSISTENTE EN EL OTORGAMIENTO DE UNA ESCRITURA PUBLICA, CANCELACION DE UN GRAVAMEN HIPOTECARIO Y SE PONGA EN POSESION DE UNOS INMUEBLES, SE ACUMULA PRETENSION DE PAGO POR CONSIGNACION”, promovida en fecha 14 de abril de 2015, ante el Juzgado de Letras Civil del Departamento de Francisco Morazán, por el abogado SAÚL ARMANDO REYES SAA, actuando en su condición de representante procesal de la señora TANIA GUADALUPE QUESADA LUQUE, mayor de edad, casada, Abogada y con domicilio en los Estados Unidos de Norteamérica, contra la sociedad mercantil SANTOS Y COMPAÑÍA, S.A. de C.V., a través de su representante legal el señor ELVIN ERNESTO SANTOS ORDOÑEZ, mayor de edad, casado, Ingeniero Civil, hondureño y con domicilio en el Departamento de Francisco Morazán. I. ANTECEDENTES DE HECHO PRIMERO: Con fecha 27 de abril de 2016, la Corte Segunda de Apelaciones de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán, conociendo por vía de apelación de la sentencia definitiva de fecha 12 de febrero de 2016, dictada por el Juzgado de Letras Civil del Departamento de Francisco Morazán, en el juicio de mérito dicto sentencia CONFIRMANDO la de primera instancia; misma que en su parte dispositiva señala lo siguiente: (Sic.) “FALLA: PRIMERO: Declarar CON LUGAR la DEMANDA VIA PROCEDIMIENTO ORDINARIO PARA QUE SE DECLARE UNA OBLIGACION DE HACER CONSISTENTE EN EL OTORGAMIENTO DE UNA ESCRITURA PÚBLICA, CANCELACIÓN DE UN GRAVAMEN HIPOTECARIO Y SE PONGA EN POSESION DE UNOS INMUEBLES, SE ACUMULA PRETENSION DE PAGO POR CONSIGNACION promovida por el ABOGADO SAUL ARMANDO REYES SAA en su condición de Representante Procesal de la SEÑORA TANIA GUADALUPE QUESADA LUQUE como PARTE DEMANDANTE.- SEGUNDO: En consecuencia, condénese a la parte demandada, Sociedad Mercantil SANTOS Y COMPAÑÍA S.A. DE C.V., a través de su Representante Legal, a OTORGAR FORMAL ESCRITURA DE TRASPASO DE COMPRA VENTA de los inmuebles identificados como lotes de terreno No. 06, 07 y 08 del Bloque D, ubicados en la Urbanización Agua Dulce al sur de esta ciudad, según lo pactado en las cláusulas segunda y tercera del Contrato Privado de Promesa de Venta de fecha 19 de noviembre del 2010.- TERCERO: Se condena además a la parte demandada, Sociedad Mercantil SANTOS Y COMPAÑÍA S.A. DE C.V., a través de su Representante Legal, a poner en posesión de los inmuebles descritos en el numeral anterior a la SEÑORA TANIA GUADALUPE QUESADA LUQUE como parte demandante, para que pueda disponer libremente de ellos.- CUARTO: Asimismo se condena a la parte demandada, Sociedad Mercantil SANTOS Y COMPAÑÍA S.A. DE C.V., a través de su Representante Legal, a cancelar todos los gravámenes existentes sobre los inmuebles identificados como lotes de terreno No. 06, 07 y 08 del Bloque D, ubicados en la Urbanización Agua Dulce al sur de esta ciudad, hasta el momento en que quede firme el presente Fallo en la etapa de ejecución si fuera necesario, mismos que se encuentran acreditados en la presente pieza de autos.- QUINTO: Declárese hábil el pago ofertado por el ABOGADO SAUL ARMANDO REYES SAA en su condición de Representante Procesal de la SEÑORA TANIA GUADALUPE QUESADA LUQUE, mediante pago por consignación ante este Tribunal de Justicia, por la cantidad de CUARENTA MIL DÓLARES ESTADOUNIDENSES EXACTOS (ÚS$. 40,000.00), a favor de la parte demandada, Sociedad Mercantil SANTOS Y COMPAÑÍA S.A. DE C.V., mismo que consta en el Cheque No. 133386 de fecha 20 de febrero del 2015, emitido por Plaza Bancatlan, que se encuentra en el Departamento de Custodia de este órgano jurisdiccional, con lo cual queda extinguida la obligación de pago de la parte demandante en referencia al Contrato de Promesa de Venta en cuestión.- SEXTO: Declarar SIN LUGAR la EXCEPCION MATERIAL DE PRESCRIPCION planteada por el ABOGADO JUAN CARLOS BARRIENTOS PANIAGUA en su condición de Representante Procesal de la Sociedad Mercantil SANTOS Y COMPAÑÍA S.A. DE C.V., como parte demandada.- SEPTIMO: Declarar SIN LUGAR la solicitud de NULIDAD ABSOLUTA DEL CONTRATO PREPARATORIO DE COMPRA VENTA MERCANTIL celebrado entre las partes, planteada por el ABOGADO JUAN CARLOS BARRIENTOS PANIAGUA en su condición de Representante Procesal de la Sociedad Mercantil SANTOS Y COMPAÑÍA S.A. DE C.V., como parte demandada.- OCTAVO: CON COSTAS para la parte demandada, Sociedad Mercantil SANTOS Y COMPAÑÍA S.A. DE C.V., por el principio del vencimiento en esta instancia.- NOVENO: Que contra esta resolución cabe RECURSO DE APELACIÓN dentro del plazo de diez (10) días hábiles a partir de la notificación a cada parte, a ser interpuesto en esta instancia para ser sustanciado en el Tribunal de Alzada.- Y MANDA: Que se notifique este Fallo y en caso de no interponerse el recurso procedente que de firme el mismo. NOTIFIQUESE.-” SEGUNDO: El abogado JUAN CARLOS BARRIENTOS P., en su condición de representante procesal de la sociedad mercantil SANTOS Y COMPAÑÍA S.A. DE C.V., en fecha 24 de junio de 2016, presentó escrito de interposición y formalización del recurso de casación contra la sentencia de fecha 27 de abril de 2016, dictada por la Corte Segunda de Apelaciones de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán, resolviendo el ad-quem, mediante proveído de fecha 27 de junio de 2016, tener por interpuesto y formalizado el recurso de casación por parte del recurrente y acordó conceder a la parte contraria el plazo de diez (10) días hábiles para que se pronunciara sobre el contenido del escrito, debiendo entregársele copia del mismo. TERCERO: El representante procesal de la señora TANIA GUADALUPE QUESADA LUQUE, abogado SAÚL ARMANDO REYES SAA, presentó en fecha 01 de agosto de 2016, escrito de pronunciamiento sobre el contenido del recurso de casación interpuesto y formalizado por la contraparte, resolviendo la Corte Segunda de Apelaciones de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán, tener por pronunciado al recurrido, ordenando remitir las presentes diligencias a la Honorable Corte Suprema de Justicia en el término que manda la ley, para proseguir con el trámite correspondiente. CUARTO: Recibidas las actuaciones en éste Alto Tribunal, el abogado SAÚL ARMANDO REYES SAA, en su condición ya indicada, presento escrito de personamiento en fecha 12 de agosto de 2016, resolviendo este Tribunal, mediante proveído de fecha 12 de octubre de 2016, tenerlo por personado como recurrido dentro del plazo concedido, asimismo por precluído el plazo dejado de utilizar por el abogado JUAN CARLOS BARRIENTOS P., como recurrente. QUINTO: La parte recurrente plantea su recurso de casación contra la sentencia dictada por la Corte Segunda de Apelaciones de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán, de la siguiente manera: (Sic.) “MOTIVOS DE CASACION PRIMER MOTIVO: Se impugna la falta de aplicación del artículo 1, 3, 5 del Código de Comercio que ha debido emplearse para solución de fondo de litigio. IDENTIFICACION DEL PRONUNCIAMIENTO QUE SE IMPUGNA. Se impugna totalmente la parte dispositiva de la sentencia. PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo de Casación se encuentra comprendido en el artículo 719.2 del Código Procesal Civil, y por interpretación indebida errónea. CONCEPTO DE LA INFRACCION: Antecedentes. El 14 de Abril del año 2015, ante el Juzgado de Letras del Departamento de Francisco Morazán, el Abogado SAUL ARMANDO REYES SAA, en su condición de representante procesal de la señora TANIA GUADALUPE QUESADA LUQUE, promovió Demanda contra la Sociedad Mercantil SANTOS Y COMPAÑÍA, S.A. DE C.V. a través de su Representante Legal señor ELVIN ERNESTO SANTOS ORDOÑEZ, en base a los hechos siguientes: 1) Que en el Contrato Privado de Promesa de Venta de fecha diecinueve de Noviembre del año dos mil diez, celebrado entre la Sociedad Mercantil Santos y Compañía S.A. de C.V., y Tania Guadalupe Quesada Luque , en donde la Sociedad tiene el carácter de vendedora y la demandada la calidad de compradora, el objeto del Contrato fueron tres lotes de terreno ubicados en la urbanización de Agua Dulce al sur de esa ciudad, los que se identifican como Lote número seis (6) del Bloque D, Lote número siete (7) del Bloque D, y Lote Número ocho (8) del Bloque D, inscritos bajo el No. 50 del Tomo 5106 del Registro de la Propiedad, Hipotecas y Anotaciones Preventivas de Francisco Morazán. Que la obligación contraída por la demandante en el Contrato Privado de Promesa de Venta de fecha diecinueve de Noviembre del año dos mil diez, fue por el valor de setenta mil dólares americanos (US$ 70,000.00), abonando Treinta mil dólares americanos (US$ 30,000.00) y quedando un saldo de cuarenta mil dólares americanos (US$ 40,000.00), siendo su concepto de precio a pagar por compra del LOTE No. 6 del Bloque D, LOTE 7 del Bloque D, y LOTE No. 8 del Bloque D, por lo que resulta obligada SANTOS Y COMPAÑÍA, S.A. DE C.V., a otorgar formal Escritura de Traspaso de Compra Venta, poner en posesión material y efectiva a la demandante señora TANIA GUADALUPE QUESADA LUQUE de los Lotes en mención. En fecha 25 de junio de 2015, el Abogado JUAN CARLOS BARRIENTOS PANIAGUA, representante procesal de SANTOS Y COMPAÑÍA S.A. DE C.V., contestó la demanda interpuesta rechazando la misma, argumentando: Se rechazan los hechos Primero, Segundo, Tercero, Cuarto, Quinto, Sexto, Séptimo, Octavo y Noveno de la Demanda únicamente se acepta que efectivamente en fecha 19 de noviembre de 2010, se celebró un Contrato Mercantil de Promesa de venta de tres (3) Lotes de Terrenos ubicados en la Urbanización “Agua Dulce” propiedad de mi representada de los lotes identificados con números seis (6), siete (7) y ocho (8) del Bloque D, por un valor de Setenta mil Dólares exactos ($70,000.00). Santos y Compañía, S.A. de C.V. es una sociedad mercantil, un comerciante, y dentro de sus actividades de lícito comercio se encuentra el urbanizar lotes de terreno para proceder posteriormente a venderlos al público en general, habiendo desarrollado con éxito en Tegucigalpa, las Urbanizaciones Altos de Miramontes, Urbanización San José, y Urbanización Agua Dulce, por lo que, no es de manera aislada y ocasional que vende lotes de terrenos debidamente urbanizados, al público en general y lo hace con ánimo de lucro. Extremo que quedó acreditado con la Escritura de la Urbanización Agua Dulce que la Demandante acompaño en Certificación Íntegra y que obra en autos como medio de prueba documental. Por lo que al tenor de lo que establece el artículo 1 del Código de Comercio, los comerciantes y los actos de comercio se regirán por las disposiciones del Código de Comercio y en consonancia con ello con el artículo 3 del mismo Código manifiesta que el explotar una empresa se considerará como un acto de comercio, entendiéndose por explotar: el desarrollar comercialmente y con ánimo de lucro sus actividades empresariales y estos actos que son mercantiles para Santos y Compañía, S.A. de C.V. También lo serán para la señora Tania Guadalupe Quezada según lo preceptúa el artículo 5 del Código de Comercio, el cual establece que los actos que solo fueren mercantiles para una de las partes en este caso (Santos y Compañía, S.A. de C.V.) se regirán por el Código de Comercio. La Promesa de Venta de unos inmuebles celebradas entre Santos y Compañía, S.A. de C.V, y la señora TANIA GUADALUPE QUESADA LUQUE son compra-ventas mercantiles, la exposición de motivos de nuestro Código de Comercio en el Capítulo II “De la Compra Venta Mercantil” establece y cito textualmente: “será Mercantil la Compra Venta que corresponda a la actividad ordinaria de una empresa; es decir, las ventas realizadas por empresas dedicadas profesionalmente a ello, es indiferente la calidad del objeto y el que haya sido objeto de reelaboración o no lo haya sido (artículo 763 del Código de Comercio), según lo establece el artículo 763 del Código de Comercio, porque las compras ventas de bienes inmuebles forman parte de la explotación normal de esta empresa mercantil y las compra-ventas mercantiles de bienes inmuebles sí existen en el Código de Comercio Hondureño, al respecto del artículo 779 (capítulo de las Compra-ventas, Código de Comercio) las menciona cuando inicia el numeral primero de dicho artículo, mencionando “inmuebles” como una compra venta mercantil, y cuyo contrato puede resolverse por la falta de pago cuando el precio se pactó en abonos, así mismo, el artículo 782 del Código de Comercio, habla de inscripciones de venta con “anotaciones preventivas”, artículo este que no puede hacer referencia más que a un bien inmueble, pues las “anotaciones preventivas” solamente se realizan en el Registro de la Propiedad Inmueble del Instituto de la Propiedad sobre bienes inmuebles. De todos los estudiosos del Derecho Mercantil hondureño, es sabido que el Código de Comercio de Honduras está inspirado en el Código de Comercio Mexicano, el gran tratadista del Derecho Mercantil Joaquín Rodríguez Rodríguez, Mexicano, en el Tomo segundo de su obra “Curso de Derecho Mercantil” en el capítulo primero cuando habla de la compra venta mercantil en la página cuatro, párrafo cuarto, establece que: “es compra venta mercantil la compra venta de muebles o inmuebles, reelaborados como, hechos con propósitos de lucro; la que recae sobre cosas mercantiles, y la que se efectúa por un comerciante o entre comerciantes” Por tales razones, a la promesa de Venta de unos inmuebles celebrados entre Santos y Compañía, S.A. de C.V. y la señora Tania Guadalupe Quesada Luque son mercantiles se les aplican a las disposiciones del Código de Comercio. Por otra parte, dentro de los vicios que este Contrato Preparatorio tiene tal Contrato Preparatorio de Promesa de Venta, no fue suscrito en escritura pública y tratándose de bienes inmuebles tampoco se consignó el antecedente de dominio registral que este tipo de documentos debe de contener. Al respecto el Artículo 1575 del Código Civil establece que, (cito textualmente…) “deberán constar en documento público: 1 Los actos y contratos que tengan por objeto la creación, transmisión modificación, o extinción de derecho reales sobre bienes inmuebles”. Siendo que SANTOS Y COMPAÑÍA, S.A. DE C.V. es una sociedad mercantil de conformidad al artículo 1 y 5 del Código de Comercio todos los actos que realice serán considerados como mercantiles, por tal razón el Contrato Preparatorio de Promesa de Venta celebrado con la Demandada deben de reunir los requisitos de validez que establece el Código de Comercio, el cual en el Artículo 762 establece (cito textualmente…) “para que la promesa de contratar sea válida, deberá constar por escrito, contener los elementos característicos del Contrato definitivo y limitarse a cierto tiempo”, en el presente caso esos Contratos de Promesa de Venta no tienen plazo, motivo por el cual dicha Promesa de Venta no tiene validez al tenor del artículo 762, ni reúnen las características del contrato definitivo (de compra venta de bienes inmuebles) porque no se encuentran como ya dijimos antes, en documento público ni tienen antecedente de dominio registral, el artículo 1623 del Código Civil establece (cito textualmente…) “el Vendedor no estará obligado a entregar la cosa vendida si el comprador no le ha pagado el precio, o no se ha señalado en el contrato un plazo para el pago y resulta ser señor Juez, que la señora Tania Guadalupe Quesada Luque a la fecha tiene cincuenta y siete (57) meses de no realizar ningún pago ni a intereses ni a capital, motivo por el cual al haberse acumulado intereses durante todo este tiempo que no se ha efectuado pago alguno, no procede el pago por consignación y por eso se negó a aceptarse el mismo, puesto que solamente quiere pagar el capital, por tales razones el Contrato Preparatorio de Promesa de Venta no tiene validez porque no cumplen con los requisitos o formalidades que la ley civil y mercantil exige y así lo establece el artículo 1586 del Código Civil (cito textualmente) “Hay nulidad absoluta en los actos o contratos: ……. 2.- Cuando falta algún requisito o formalidad que la ley exige para el valor de ciertos actos o contratos, en consideración a la naturaleza del acto o contrato y no a la calidad o estado de la persona que en ellos interviene” y da lugar a la Nulidad absoluta del Contrato. Señor Juez, el artículo 1358 del Código Civil es contundente al decir que no produce obligación alguna la Promesa de celebrar un contrato; salvo que concurran las circunstancias siguientes: cito textualmente: “…No. 3. Que la promesa contenga un plazo o condición que fije la época de la celebración de contratos…:” por tal razón señor Juez al no contener plazo la Promesa de Venta celebrada por mi representada y la señora TANIA GUADALUPE QUESADA LUQUE, no produce obligación alguna y es nula absolutamente. Hasta el momento, presente, la señora TANIA GUADALUPE QUESADA LUQUE solamente ha abonado la cantidad de US$. 30,000.00 dólares al Capital tal y como ella misma confiesa al final del hecho Tercero de la Demanda en fecha 20 de septiembre del año 2010, realizó el último pago, es decir, hace cincuenta y siete (57) meses no volviendo a realizar ningún pago ni a capital ni a intereses (legales del siete por ciento) los pagos los realizaba a través de transferencias bancarias las cuales en ningún momento fueron depositadas en ningunas de las cuentas de la sociedad SANTOS Y COMPAÑÍA, S.A. DE C.V. (acreedora) y sin contar con ninguna autorización para realizar los depósitos o transferencias en otras cuentas ni por parte del Presidente del Consejo de Administración ni del Gerente General de la Empresa, que son los representantes legales de dicha sociedad por lo que al tenor del artículo 1460 del Código Civil ha sido violentado, porque el pago debe hacerse en favor de la persona a cuyo nombre estuviese constituida la obligación u otra autorizada para recibirlos, por lo cual están mal hechos los pagos, volviendo más gravosa la situación de mi representada, motivo más que suficiente para haber rechazado el ofrecimiento de pago realizado por la ahora demandante, puesto que no incluye el pago de los respectivos intereses legales que a devengado durante todo estos cincuenta y siete (57) meses sin realizar el pago correspondiente. Después de cincuenta y siete (57) meses sin pagar y tomando en consideración que las obligaciones mercantiles siempre serán onerosas y con fines de lucro, el deudor moroso está obligado al pago no solo de la mora, sino que cuando se hacen pagos por abonos atrasados el pago se debe de imputar primero a los respectivos intereses y por último al capital (Artículo 1438 del Código de Comercio) y la demandante incorrectamente quiere imputar los pagos únicamente al capital, ignorando el pago de intereses legales. Por tal razón, mercantilmente este negocio dejó de ser lucrativo volviéndose una carga altamente onerosa para mi representada, tomando en cuenta la plusvalía que continuamente adquiere los inmuebles versus el valor de las Promesa de Ventas que no eran objeto de pago oportuno, por tales razones se rechazó el ofrecimiento de pago y se rechaza el pago por consignación acumulado en estas demás, así como por ser nula la obligación y estar prescrita. La señora Tania Guadalupe Quezada Luque por intermedio de uno de sus apoderados legales el Abogado Juan Ramón Mendoza Calderón promovió ante este Tribunal Demanda en Proceso Abreviado por vía de reconvención de un pago por consignación producto de los contratos de Promesa de Venta de los cuales se viene pidiendo su nulidad absoluta y en la página No.5 del libelo de la demanda confiesa que la referidas promesas de venta NO TIENEN PLAZO.- A confesión de partes señor Juez, relevo de prueba. Acompaño debidamente autenticado del referido libelo de la demanda. SE OPONE EXCEPCION MATERIAL DE PRESCRIPCION PRIMERO: El Código de Comercio en su artículo No. 1 establece que los comerciantes, los actos de comercio y las cosas mercantiles se regirán por las disposiciones de este Código y de las demás leyes mercantiles; en su defecto, por los usos y costumbres mercantiles; y a falta de estos, por las normas del Código Civil, así mismo, el Artículo No. 5 del Código de Comercio también establece que los actos que solo fueren mercantiles para una de las partes, se regirán por las disposiciones del Código de Comercio.- Siendo que SANTOS Y COMPAÑÍA, S.A. DE C.V., es una sociedad mercantil de conformidad al Código de Comercio todos los actos que realice estarán regidos por el Código de Comercio, por tal razón señora Juez, el Contrato Preparatorio de Promesa de Venta de unos inmuebles celebrados entre SANTOS Y COMPAÑÍA, S.A. DE C.V. y la señora TANIA GUADALUPE QUESADA LUQUE se rigen por las disposiciones del Código de Comercio y como el contrato preparatorio es de una Compra Venta, entonces se rigen por las disposiciones atinentes a una Compra Venta Mercantil.- SEGUNDO: Los Contratos Preparatorios de Promesa de Venta de unos inmuebles celebrados entre SANTOS Y COMPAÑÍA, S.A. DE C.V. y la señora TANIA GUADALUPE QUESADA LUQUE, fueron suscritos entre ambas partes el 19 de noviembre del año 2010 es decir, hace cuatro (4) años, siete (7) meses a la fecha de la contestación de esta demanda.- TERCERO: El Artículo 1684 del Código de Comercio establece: “que los derechos y acciones de cualquier clase se extinguen por prescripción cuando el titular no los ejercita dentro del plazo legalmente indicado, en ese sentido el artículo 1607 del Código de Comercio establece que prescribirán en dos años las acciones derivadas, entre otros de los Contratos de Compra Venta, y allí es en donde se encuentran incluido el Contrato Preparatorio de Promesa de Venta de unos inmuebles suscritos entre Santos y compañía, S.A. de C.V. y la señora Tania Guadalupe Quesada Luque.-Tal extremo queda acreditado y suficientemente probado al examinar la fecha de suscripción del Contrato Preparatorio de Promesa de Venta de unos inmuebles celebrados entre Santos y compañía, S.A. de C.V. y la señora Tania Guadalupe Quesada Luque, por lo que al tenor de las disposiciones legales señaladas ya transcurrió el plazo de dos años desde la suscripción de dicho contrato preparatorio, por lo que cabe declarar su prescripción. DESCRIPCION DE CONCEPTO DE LA INFRACCION. En los fundamentos de derecho “cuarto” y “octavo” de la sentencia emitida por la Corte Segunda de Apelaciones de Francisco Morazán se ha dejado de aplicar lo establecido en el Código de Comercio, dando énfasis y preferencia al Código Civil, siendo esto en cuanto a su interpretación totalmente erróneo e indebido, puesto que una de las partes involucrados SANTOS Y COMPAÑÍA S.A. DE C.V. Es una Sociedad Mercantil y por lo tanto un comerciante todos sus actos se deberán de regir por las disposiciones del Código de Comercio y solamente a falta de éste por las normas del Código Civil, por lo que se ha dejado de aplicar el artículo 1 del código de comercio (cito textualmente) “ Los comerciantes, los actos de comercio y las cosas mercantiles se regirán por las disposiciones de este Código y de las demás leyes mercantiles en su defecto, por los usos y costumbres mercantiles y a falta de estos, por las normas del Código Civil. Los usos y costumbres especiales y locales prevalecerán sobre los generales.” Así mismo en la sentencia se ha dejado de aplicar el artículo 3 del Código de Comercio (Cito textualmente). “Son actos de comercio, salvo que sea de naturaleza esencialmente civil, los que tengan como fin explotar, traspasar o liquidar una empresa, y los que sean análogos.” Porque cualquier acto QUE tenga como fin entre otro explotar una empresa es un acto de comercio y SANTOS Y COMPAÑÍA S.A. DE C. V., ha quedado demostrado en autos, es una Empresa que dentro de su explotación comercial está la de urbanizar lotes de terreno y venderlos, lógicamente con ganancia y con lucro. En la sentencia y en los fundamentos jurídicos de la misma se ha dejado de aplicar también el Artículo 5 del Código de Comercio (cito textualmente). “Los actos que solo fueren mercantiles para una de las partes, se regirán por las disposiciones de este Código.” Y en el presente juicio las dos partes que contienden son la Señora Tania Guadalupe Quezada Luque como demandante y Santos y compañía S.A. de C.V. como demandada, la cual evidentemente se rige por las disposiciones del Código de Comercio por lo cual al tenor de lo que dice el Artículo 5 del Código de Comercio los actos de que solo fueren mercantiles pero una de las partes se regirán por las disposiciones del Código de Comercio, y en la sentencia se han dejado de aplicar estos artículos del Código de Comercio ignorando que es preferente al Código Civil cuya aplicación en este caso es subsidiaria o supletoria y son las normas del Código de Comercio las que el Juzgador de Alzada debió de aplicar de manera preferente. SEGUNDO MOTIVO: Se impugna la falta de aplicación del artículo 707 del Código de Comercio y artículo 1438 del Código Civil que ha debido emplearse para solución de fondo de litigio. IDENTIFICACION DEL PRONUNCIAMIENTO QUE SE IMPUGNA. Se impugna totalmente la parte dispositiva de la sentencia. PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo de Casación se encuentra comprendido en el artículo 719.2 del Código Procesal Civil, y por interpretación indebida errónea. CONCEPTO DE LA INFRACCION: Antecedentes. El 14 de abril del año 2015, ante el Juzgado de Letras del Departamento de Francisco Morazán, el Abogad SAUL ARMANDO REYES SAA, en su condición de representante procesal de la señora TANIA GUADALUPE QUESADA LUQUE, promovió Demanda contra la Sociedad Mercantil SANTOS Y COMPAÑÍA, S.A. DE C.V. a través de su Representante Legal señor ELVIN ERNESTO SANTOS ORDOÑEZ, en base a los hechos siguientes: 1) Que en el Contrato Privado de Promesa de Venta, de fecha 19 de noviembre del año 2010, celebrado entre la Sociedad Mercantil Santos y Compañía S.A. de C.V., y Tania Guadalupe Quesada Luque, en donde la Sociedad tiene el carácter de vendedora y la demandada la calidad de compradora, el objeto del Contrato fueron tres lotes de terreno ubicados en la urbanización de Agua Dulce al sur de esa ciudad, los que se identifican como Lote número seis (6) del Bloque D, Lote número siete (7) del Bloque D, y Lote Número ocho (8) del Bloque D, inscritos bajo el No. 50 del Tomo 5106 del Registro de la Propiedad, Hipotecas y Anotaciones Preventivas de Francisco Morazán. Que la obligación contraída por la demandante en el Contrato Privado de Promesa de Venta de fecha 19 de noviembre del año 2010, fue por el valor de setenta mil dólares americanos (US$ 70,000.00), abonando Treinta mil dólares americanos (US$ 30,000.00) y quedando un saldo de cuarenta mil dólares americanos (US$ 40,000.00), siendo su concepto de precio a pagar por compra del LOTE No. 6 del Bloque D, LOTE 7 del Bloque D, y LOTE No. 8 del Bloque D, por lo que resulta obligada SANTOS Y COMPAÑÍA, S.A. DE C.V., a otorgar formal Escritura de Traspaso de Compra Venta, poner en posesión material y efectiva a la demandante señora TANIA GUADALUPE QUESADA LUQUE de los Lotes en mención. En fecha 25 de junio de 2015, el Abogado JUAN CARLOS BARRIENTOS PANIAGUA, representante procesal de SANTOS Y COMPAÑÍA S.A. DE C.V., contestó la demanda interpuesta rechazando la misma, argumentando: Se rechazan los hechos Primero, Segundo, Tercero, Cuarto, Quinto, Sexto, Séptimo, Octavo y Noveno de la Demanda únicamente se acepta que efectivamente en fecha 19 de noviembre de 2010, se celebró un Contrato Mercantil de Promesa de venta de tres (3) Lotes de Terrenos ubicados en la Urbanización “Agua Dulce” propiedad de mi representada de los lotes identificados con números seis (6), siete (7) y ocho (8) del Bloque D, por un valor de Setenta mil Dólares exactos ($70,000.00). Santos y Compañía, S.A. de C.V. es una sociedad mercantil, un comerciante, y dentro de sus actividades de lícito comercio se encuentra el urbanizar lotes de terreno para proceder posteriormente a venderlos al público en general, habiendo desarrollado con éxito en Tegucigalpa, las Urbanizaciones Altos de Miramontes, Urbanización San José, y Urbanización Agua Dulce, por lo que, no es de manera aislada y ocasional que vende lotes de terrenos debidamente urbanizados, al público en general y lo hace con ánimo de lucro. Extremo que quedó acreditado con la Escritura de la Urbanización Agua Dulce que la Demandante acompaño en Certificación Íntegra y que obra en autos como medio de prueba documental. Por lo que al tenor de lo que establece el artículo 1 del Código de Comercio, los comerciantes y los actos de comercio se regirán por las disposiciones del Código de Comercio y en consonancia con ello con el artículo 3 del mismo Código manifiesta que el explotar una empresa se considerará como un acto de comercio, entendiéndose por explotar: el desarrollar comercialmente y con ánimo de lucro sus actividades empresariales y estos actos que son mercantiles para Santos y Compañía, S.A. de C.V. También lo serán para la señora Tania Guadalupe Quezada según lo preceptúa el artículo 5 del Código de Comercio, el cual establece que los actos que solo fueren mercantiles para una de las partes en este caso (Santos y Compañía, S.A. de C.V.) se regirán por el Código de Comercio. La Promesa de Venta de unos inmuebles celebradas entre Santos y Compañía, S.A. de C.V, y la señora TANIA GUADALUPE QUESADA LUQUE son compra-ventas mercantiles, la exposición de motivos de nuestro Código de Comercio en el Capítulo II “De la Compra Venta Mercantil” establece y cito textualmente: “será Mercantil la Compra Venta que corresponda a la actividad ordinaria de una empresa; es decir, las ventas realizadas por empresas dedicadas profesionalmente a ello, es indiferente la calidad del objeto y el que haya sido objeto de reelaboración o no lo haya sido (artículo 763 del Código de Comercio), según lo establece el artículo 763 del Código de Comercio, porque las compras ventas de bienes inmuebles forman parte de la explotación normal de esta empresa mercantil y las compra-ventas mercantiles de bienes inmuebles sí existen en el Código de Comercio Hondureño, al respecto del artículo 779 (capítulo de las Compra-ventas, Código de Comercio) las menciona cuando inicia el numeral primero de dicho artículo, mencionando “inmuebles” como una compra venta mercantil, y cuyo contrato puede resolverse por la falta de pago cuando el precio se pactó en abonos, así mismo, el artículo 782 del Código de Comercio, habla de inscripciones de venta con “anotaciones preventivas”, artículo este que no puede hacer referencia más que a un bien inmueble, pues las “anotaciones preventivas” solamente se realizan en el Registro de la Propiedad Inmueble del Instituto de la Propiedad sobre bienes inmuebles. De todos los estudiosos del Derecho Mercantil hondureño, es sabido que el Código de Comercio de Honduras está inspirado en el Código de Comercio Mexicano, el gran tratadista del Derecho Mercantil Joaquín Rodríguez Rodríguez, Mexicano, en el Tomo segundo de su obra “Curso de Derecho Mercantil” en el capítulo primero cuando habla de la compra venta mercantil en la página cuatro, párrafo cuarto, establece que: “es compra venta mercantil la compra venta de muebles o inmuebles, reelaborados como, hechos con propósitos de lucro; la que recae sobre cosas mercantiles, y la que se efectúa por un comerciante o entre comerciantes” Por tales razones, a la promesa de Venta de unos inmuebles celebrados entre Santos y Compañía, S.A. de C.V. y la señora Tania Guadalupe Quesada Luque son mercantiles se les aplican a las disposiciones del Código de Comercio. Por otra parte, dentro de los vicios que este Contrato Preparatorio tiene tal Contrato Preparatorio de Promesa de Venta, no fue suscrito en escritura pública y tratándose de bienes inmuebles tampoco se consignó el antecedente de dominio registral que este tipo de documentos debe de contener. Al respecto el Artículo 1575 del Código Civil establece que, (cito textualmente…) “deberán constar en documento público: 1 Los actos y contratos que tengan por objeto la creación, transmisión modificación, o extinción de derecho reales sobre bienes inmuebles”. Siendo que SANTOS Y COMPAÑÍA, S.A. DE C.V. es una sociedad mercantil de conformidad al artículo 1 y 5 del Código de Comercio todos los actos que realice serán considerados como mercantiles, por tal razón el Contrato Preparatorio de Promesa de Venta celebrado con la Demandada deben de reunir los requisitos de validez que establece el Código de Comercio, el cual en el Artículo 762 establece (cito textualmente…) “para que la promesa de contratar sea válida, deberá constar por escrito, contener los elementos característicos del Contrato definitivo y limitarse a cierto tiempo”, en el presente caso esos Contratos de Promesa de Venta no tienen plazo, motivo por el cual dicha Promesa de Venta no tiene validez al tenor del artículo 762, ni reúnen las características del contrato definitivo (de compra venta de bienes inmuebles) porque no se encuentran como ya dijimos antes, en documento público ni tienen antecedente de dominio registral, el artículo 1623 del Código Civil establece (cito textualmente…) “el Vendedor no estará obligado a entregar la cosa vendida si el comprador no le ha pagado el precio, o no se ha señalado en el contrato un plazo para el pago y resulta ser señor Juez, que la señora Tania Guadalupe Quesada Luque a la fecha tiene cincuenta y siete (57) meses de no realizar ningún pago ni a intereses ni a capital, motivo por el cual al haberse acumulado intereses durante todo este tiempo que no se ha efectuado pago alguno, no procede el pago por consignación y por eso se negó a aceptarse el mismo, puesto que solamente quiere pagar el capital, por tales razones el Contrato Preparatorio de Promesa de Venta no tiene validez porque no cumplen con los requisitos o formalidades que la ley civil y mercantil exige y así lo establece el artículo 1586 del Código Civil (cito textualmente) “Hay nulidad absoluta en los actos o contratos: ……. 2.- Cuando falta algún requisito o formalidad que la ley exige para el valor de ciertos actos o contratos, en consideración a la naturaleza del acto o contrato y no a la calidad o estado de la persona que en ellos interviene” y da lugar a la Nulidad absoluta del Contrato. Señor Juez, el artículo 1358 del Código Civil es contundente al decir que no produce obligación alguna la Promesa de celebrar un contrato; salvo que concurran las circunstancias siguientes: cito textualmente: “…No. 3. Que la promesa contenga un plazo o condición que fije la época de la celebración de contratos…:” por tal razón señor Juez al no contener plazo la Promesa de Venta celebrada por mi representada y la señora TANIA GUADALUPE QUESADA LUQUE, no produce obligación alguna y es nula absolutamente. Hasta el momento, presente, la señora TANIA GUADALUPE QUESADA LUQUE solamente ha abonado la cantidad de US$30,000.00 dólares al Capital tal y como ella misma confiesa al final del hecho Tercero de la Demanda, en fecha 20 de septiembre del año 2010, realizó el último pago, es decir, hace cincuenta y siete (57) meses no volviendo a realizar ningún pago ni a capital ni a intereses (legales del siete por ciento) los pagos los realizaba a través de transferencias bancarias las cuales en ningún momento fueron depositadas en ningunas de las cuentas de la sociedad SANTOS Y COMPAÑÍA, S.A. DE C.V. (acreedora) y sin contar con ninguna autorización para realizar los depósitos o transferencias en otras cuentas ni por parte del Presidente del Consejo de Administración ni del Gerente General de la Empresa, que son los representantes legales de dicha sociedad por lo que al tenor del artículo 1460 del Código Civil ha sido violentado, porque el pago debe hacerse en favor de la persona a cuyo nombre estuviese constituida la obligación u otra autorizada para recibirlos, por lo cual están mal hechos los pagos, volviendo más gravosa la situación de mi representada, motivo más que suficiente para haber rechazado el ofrecimiento de pago realizado por la ahora demandante, puesto que no incluye el pago de los respectivos intereses legales que a devengado durante todo estos cincuenta y siete (57) meses sin realizar el pago correspondiente. Después de cincuenta y siete (57) meses sin pagar y tomando en consideración que las obligaciones mercantiles siempre serán onerosas y con fines de lucro, el deudor moroso está obligado al pago no solo de la mora, sino que cuando se hacen pagos por abonos atrasados el pago se debe de imputar primero a los respectivos intereses y por último al capital (Artículo 1438 del Código de Comercio) y la demandante incorrectamente quiere imputar los pagos únicamente al capital, ignorando el pago de intereses legales. Por tal razón, mercantilmente este negocio dejó de ser lucrativo volviéndose una carga altamente onerosa para mi representada, tomando en cuenta la plusvalía que continuamente adquiere los inmuebles versus el valor de las Promesa de Ventas que no eran objeto de pago oportuno, por tales razones se rechazó el ofrecimiento de pago y se rechaza el pago por consignación acumulado en estas demás, así como por ser nula la obligación y estar prescrita. La señora Tania Guadalupe Quezada Luque por intermedio de uno de sus apoderados legales el Abogado Juan Ramón Mendoza Calderón promovió ante este Tribunal Demanda en Proceso Abreviado por vía de reconvención de un pago por consignación producto de los contratos de Promesa de Venta de los cuales se viene pidiendo su nulidad absoluta y en la página No.5 del libelo de la demanda confiesa que la referidas promesas de venta NO TIENEN PLAZO.- A confesión de partes señor Juez, relevo de prueba. Acompaño debidamente autenticado del referido libelo de la demanda. SE OPONE EXCEPCION MATERIAL DE PRESCRIPCION PRIMERO: El Código de Comercio en su artículo No. 1 establece que los comerciantes, los actos de comercio y las cosas mercantiles se regirán por las disposiciones de este Código y de las demás leyes mercantiles; en su defecto, por los usos y costumbres mercantiles; y a falta de estos, por las normas del Código Civil, así mismo, el Artículo No. 5 del Código de Comercio también establece que los actos que solo fueren mercantiles para una de las partes, se regirán por las disposiciones del Código de Comercio.- Siendo que SANTOS Y COMPAÑÍA, S.A. DE C.V., es una sociedad mercantil de conformidad al Código de Comercio todos los actos que realice estarán regidos por el Código de Comercio, por tal razón señora Juez, el Contrato Preparatorio de Promesa de Venta de unos inmuebles celebrados entre SANTOS Y COMPAÑÍA, S.A. DE C.V. y la señora TANIA GUADALUPE QUESADA LUQUE se rigen por las disposiciones del Código de Comercio y como el contrato preparatorio es de una Compra Venta, entonces se rigen por las disposiciones atinentes a una Compra Venta Mercantil.- SEGUNDO: Los Contratos Preparatorios de Promesa de Venta de unos inmuebles celebrados entre SANTOS Y COMPAÑÍA, S.A. DE C.V. y la señora TANIA GUADALUPE QUESADA LUQUE, fueron suscritos entre ambas partes el 19 de noviembre del año 2010 es decir, hace cuatro (4) años, siete (7) meses a la fecha de la contestación de esta demanda.- TERCERO: El Artículo 1684 del Código de Comercio establece: “que los derechos y acciones de cualquier clase se extinguen por prescripción cuando el titular no los ejercita dentro del plazo legalmente indicado, en ese sentido el artículo 1607 del Código de Comercio establece que prescribirán en dos años las acciones derivadas, entre otros de los Contratos de Compra Venta, y allí es en donde se encuentran incluido el Contrato Preparatorio de Promesa de Venta de unos inmuebles suscritos entre Santos y compañía, S.A. de C.V. y la señora Tania Guadalupe Quesada Luque.- Tal extremo queda acreditado y suficientemente probado al examinar la fecha de suscripción del Contrato Preparatorio de Promesa de Venta de unos inmuebles celebrados entre Santos y compañía, S.A. de C.V. y la señora Tania Guadalupe Quesada Luque, por lo que al tenor de las disposiciones legales señaladas ya transcurrió el plazo de dos años desde la suscripción de dicho contrato preparatorio, por lo que cabe declarar su prescripción. DESCRIPCION DE CONCEPTO DE LA INFRACCION Resultando que en el fundamento de derecho “cuarto” de la sentencia de la Corte Segunda de Apelaciones de Francisco Morazán de manera incorrecta y errónea se interpreta los artículos 707 del Código de Comercio y 1438 del Código Civil en relación el pago por consignación realizada por la demandante al negarse la demandada SANTOS Y COMPAÑÍA a recibir el saldo insoluto de los CUARENTA MIL DOLARES AMERICANOS (US$ 40,000.00) restantes por el valor de los lotes de terreno objeto del Contrato de Promesa de Venta, estableciendo de manera errónea que la negativa de recibir el pago era injustificada habiendo dejado establecido en la contestación de la demanda que después de 57 meses sin pagar y tomando en consideración que las obligaciones mercantiles siempre serán onerosas y con fines de lucro y que el deudor moroso deberá pagar el interés vencido y en su defecto el legal por concepto de daños y perjuicios, tal como lo establece el artículo 707 del Código de Comercio el cual a dejado de aplicarse por el Tribunal de Alzada puesto que consta en autos que la oferta de pago por consignación no incluía el pago de los intereses legales motivos por el cual justificadamente SANTOS Y COMPAÑÍA se negó a recibir el pago extremo que consta en la contestación de la demanda. El artículo 1438 del Código Civil establece que el deudor moroso está obligado no solo al pago de la mora sino que cuando se hacen pagos por abonos atrasados el pago se debe de imputar primero a los respectivos intereses y por ultimo al capital y en el presente caso Corte Segundo de Apelaciones dejo de aplicar lo establecido en el Código Civil por que lo imputación de pagos únicamente se hizo al capital ignorando totalmente el pago de los intereses legales correspondientes. TERCER MOTIVO: Se impugna la falta de aplicación del artículo 1692 del Código de Comercio que ha debido emplearse para solución de fondo de litigio. IDENTIFICACION DEL PRONUNCIAMIENTO QUE SE IMPUGNA. Se impugna totalmente la parte dispositiva de la sentencia. PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo de Casación se encuentra comprendido en el artículo 719.2 del Código Procesal Civil, y por interpretación indebida errónea. CONCEPTO DE LA INFRACCION: Antecedentes. El 14 de Abril del año 2015 ante el Juzgado de Letras del Departamento de Francisco Morazán, el Abogado SAUL ARMANDO REYES SAA, en su condición de representante procesal de la señora TANIA GUADALUPE QUESADA LUQUE, promovió Demanda contra la Sociedad Mercantil SANTOS Y COMPAÑÍA, S.A. DE C.V. a través de su Representante Legal señor ELVIN ERNESTO SANTOS ORDOÑEZ, en base a los hechos siguientes: 1) Que en el Contrato Privado de Promesa de Venta, de fecha 19 de noviembre del año 2010, celebrado entre la Sociedad Mercantil Santos y Compañía S.A. de C.V., y Tania Guadalupe Quesada Luque, en donde la Sociedad tiene el carácter de vendedora y la demandada la calidad de compradora, el objeto del Contrato fueron tres lotes de terreno ubicados en la urbanización de Agua Dulce al sur de esa ciudad, los que se identifican como Lote número seis (6) del Bloque D, Lote número siete (7) del Bloque D, y Lote Número ocho (8) del Bloque D, inscritos bajo el No. 50 del Tomo 5106 del Registro de la Propiedad, Hipotecas y Anotaciones Preventivas de Francisco Morazán. Que la obligación contraída por la demandante en el Contrato Privado de Promesa de Venta, de fecha 19 de Noviembre del año 2010, fue por el valor de setenta mil dólares americanos (US$ 70,000.00), abonando Treinta mil dólares americanos (US$ 30,000.00) y quedando un saldo de cuarenta mil dólares americanos (US$ 40,000.00), siendo su concepto de precio a pagar por compra del LOTE No. 6 del Bloque D, LOTE 7 del Bloque D, y LOTE No. 8 del Bloque D, por lo que resulta obligada SANTOS Y COMPAÑÍA, S.A. DE C.V., a otorgar formal Escritura de Traspaso de Compra Venta, poner en posesión material y efectiva a la demandante señora TANIA GUADALUPE QUESADA LUQUE de los Lotes en mención. En fecha 25 de junio de 2015, el Abogado JUAN CARLOS BARRIENTOS PANIAGUA, representante procesal de SANTOS Y COMPAÑÍA S.A. DE C.V., contesto la demanda interpuesta rechazando la misma, argumentando: Se rechazan los hechos Primero, Segundo, Tercero, Cuarto, Quinto, Sexto, Séptimo, Octavo y Noveno de la Demanda únicamente se acepta que efectivamente en fecha 19 de noviembre de 2010, se celebró un Contrato Mercantil de Promesa de venta de tres (3) Lotes de Terrenos ubicados en la Urbanización “Agua Dulce” propiedad de mi representada de los lotes identificados con números seis (6), siete (7) y ocho (8) del Bloque D, por un valor de Setenta mil Dólares exactos ($70,000.00). Santos y Compañía, S.A. de C.V. es una sociedad mercantil, un comerciante, y dentro de sus actividades de lícito comercio se encuentra el urbanizar lotes de terreno para proceder posteriormente a venderlos al público en general, habiendo desarrollado con éxito en Tegucigalpa, las Urbanizaciones Altos de Miramontes, Urbanización San José, y Urbanización Agua Dulce, por lo que, no es de manera aislada y ocasional que vende lotes de terrenos debidamente urbanizados, al público en general y lo hace con ánimo de lucro. Extremo que quedó acreditado con la Escritura de la Urbanización Agua Dulce que la Demandante acompaño en Certificación Íntegra y que obra en autos como medio de prueba documental. Por lo que al tenor de lo que establece el artículo 1 del Código de Comercio, los comerciantes y los actos de comercio se regirán por las disposiciones del Código de Comercio y en consonancia con ello con el artículo 3 del mismo Código manifiesta que el explotar una empresa se considerará como un acto de comercio, entendiéndose por explotar: el desarrollar comercialmente y con ánimo de lucro sus actividades empresariales y estos actos que son mercantiles para Santos y Compañía, S.A. de C.V. También lo serán para la señora Tania Guadalupe Quezada según lo preceptúa el artículo 5 del Código de Comercio, el cual establece que los actos que solo fueren mercantiles para una de las partes en este caso (Santos y Compañía, S.A. de C.V.) se regirán por el Código de Comercio. La Promesa de Venta de unos inmuebles celebradas entre Santos y Compañía, S.A. de C.V, y la señora TANIA GUADALUPE QUESADA LUQUE son compra-ventas mercantiles, la exposición de motivos de nuestro Código de Comercio en el Capítulo II “De la Compra Venta Mercantil” establece y cito textualmente: “será Mercantil la Compra Venta que corresponda a la actividad ordinaria de una empresa; es decir, las ventas realizadas por empresas dedicadas profesionalmente a ello, es indiferente la calidad del objeto y el que haya sido objeto de reelaboración o no lo haya sido (artículo 763 del Código de Comercio), según lo establece el artículo 763 del Código de Comercio, porque las compras ventas de bienes inmuebles forman parte de la explotación normal de esta empresa mercantil y las compra-ventas mercantiles de bienes inmuebles sí existen en el Código de Comercio Hondureño, al respecto del artículo 779 (capítulo de las Compra-ventas, Código de Comercio) las menciona cuando inicia el numeral primero de dicho artículo, mencionando “inmuebles” como una compra venta mercantil, y cuyo contrato puede resolverse por la falta de pago cuando el precio se pactó en abonos, así mismo, el artículo 782 del Código de Comercio, habla de inscripciones de venta con “anotaciones preventivas”, artículo este que no puede hacer referencia más que a un bien inmueble, pues las “anotaciones preventivas” solamente se realizan en el Registro de la Propiedad Inmueble del Instituto de la Propiedad sobre bienes inmuebles. De todos los estudiosos del Derecho Mercantil hondureño, es sabido que el Código de Comercio de Honduras está inspirado en el Código de Comercio Mexicano, el gran tratadista del Derecho Mercantil Joaquín Rodríguez Rodríguez, Mexicano, en el Tomo segundo de su obra “Curso de Derecho Mercantil” en el capítulo primero cuando habla de la compra venta mercantil en la página cuatro, párrafo cuarto, establece que: “es compra venta mercantil la compra venta de muebles o inmuebles, reelaborados como, hechos con propósitos de lucro; la que recae sobre cosas mercantiles, y la que se efectúa por un comerciante o entre comerciantes” Por tales razones, a la promesa de Venta de unos inmuebles celebrados entre Santos y Compañía, S.A. de C.V. y la señora Tania Guadalupe Quesada Luque son mercantiles se les aplican a las disposiciones del Código de Comercio. Por otra parte, dentro de los vicios que este Contrato Preparatorio tiene tal Contrato Preparatorio de Promesa de Venta, no fue suscrito en escritura pública y tratándose de bienes inmuebles tampoco se consignó el antecedente de dominio registral que este tipo de documentos debe de contener. Al respecto el Artículo 1575 del Código Civil establece que, (cito textualmente…) “deberán constar en documento público: 1 Los actos y contratos que tengan por objeto la creación, transmisión modificación, o extinción de derecho reales sobre bienes inmuebles”. Siendo que SANTOS Y COMPAÑÍA, S.A. DE C.V. es una sociedad mercantil de conformidad al artículo 1 y 5 del Código de Comercio todos los actos que realice serán considerados como mercantiles, por tal razón el Contrato Preparatorio de Promesa de Venta celebrado con la Demandada deben de reunir los requisitos de validez que establece el Código de Comercio, el cual en el Artículo 762 establece (cito textualmente…) “para que la promesa de contratar sea válida, deberá constar por escrito, contener los elementos característicos del Contrato definitivo y limitarse a cierto tiempo”, en el presente caso esos Contratos de Promesa de Venta no tienen plazo, motivo por el cual dicha Promesa de Venta no tiene validez al tenor del artículo 762, ni reúnen las características del contrato definitivo (de compra venta de bienes inmuebles) porque no se encuentran como ya dijimos antes, en documento público ni tienen antecedente de dominio registral, el artículo 1623 del Código Civil establece (cito textualmente…) “el Vendedor no estará obligado a entregar la cosa vendida si el comprador no le ha pagado el precio, o no se ha señalado en el contrato un plazo para el pago y resulta ser señor Juez, que la señora Tania Guadalupe Quesada Luque a la fecha tiene cincuenta y siete (57) meses de no realizar ningún pago ni a intereses ni a capital, motivo por el cual al haberse acumulado intereses durante todo este tiempo que no se ha efectuado pago alguno, no procede el pago por consignación y por eso se negó a aceptarse el mismo, puesto que solamente quiere pagar el capital, por tales razones el Contrato Preparatorio de Promesa de Venta no tiene validez porque no cumplen con los requisitos o formalidades que la ley civil y mercantil exige y así lo establece el artículo 1586 del Código Civil (cito textualmente) “Hay nulidad absoluta en los actos o contratos: ……. 2.- Cuando falta algún requisito o formalidad que la ley exige para el valor de ciertos actos o contratos, en consideración a la naturaleza del acto o contrato y no a la calidad o estado de la persona que en ellos interviene” y da lugar a la Nulidad absoluta del Contrato. Señor Juez, el artículo 1358 del Código Civil es contundente al decir que no produce obligación alguna la Promesa de celebrar un contrato; salvo que concurran las circunstancias siguientes: cito textualmente: “…No. 3. Que la promesa contenga un plazo o condición que fije la época de la celebración de contratos…:” por tal razón señor Juez al no contener plazo la Promesa de Venta celebrada por mi representada y la señora TANIA GUADALUPE QUESADA LUQUE, no produce obligación alguna y es nula absolutamente. Hasta el momento, presente, la señora TANIA GUADALUPE QUESADA LUQUE solamente ha abonado la cantidad de US$. 30,000.00 dólares al Capital tal y como ella misma confiesa al final del hecho Tercero de la Demanda en fecha 20 de septiembre del año 2010, realizó el último pago, es decir, hace cincuenta y siete (57) meses no volviendo a realizar ningún pago ni a capital ni a intereses (legales del siete por ciento) los pagos los realizaba a través de transferencias bancarias las cuales en ningún momento fueron depositadas en ningunas de las cuentas de la sociedad SANTOS Y COMPAÑÍA, S.A. DE C.V., (acreedora) y sin contar con ninguna autorización para realizar los depósitos o transferencias en otras cuentas ni por parte del Presidente del Consejo de Administración, ni del Gerente General de la Empresa, que son los representantes legales de dicha sociedad por lo que al tenor del artículo 1460 del Código Civil ha sido violentado, porque el pago debe hacerse en favor de la persona a cuyo nombre estuviese constituida la obligación u otra autorizada para recibirlos, por lo cual están mal hechos los pagos, volviendo más gravosa la situación de mi representada, motivo más que suficiente para haber rechazado el ofrecimiento de pago realizado por la ahora demandante, puesto que no incluye el pago de los respectivos intereses legales que a devengado durante todo estos cincuenta y siete (57) meses sin realizar el pago correspondiente. Después de cincuenta y siete (57) meses sin pagar y tomando en consideración que las obligaciones mercantiles siempre serán onerosas y con fines de lucro, el deudor moroso está obligado al pago no solo de la mora, sino que cuando se hacen pagos por abonos atrasados el pago se debe de imputar primero a los respectivos intereses y por último al capital (Artículo 1438 del Código de Comercio) y la demandante incorrectamente quiere imputar los pagos únicamente al capital, ignorando el pago de intereses legales. Por tal razón, mercantilmente este negocio dejó de ser lucrativo volviéndose una carga altamente onerosa para mi representada, tomando en cuenta la plusvalía que continuamente adquiere los inmuebles versus el valor de las Promesa de Ventas que no eran objeto de pago oportuno, por tales razones se rechazó el ofrecimiento de pago y se rechaza el pago por consignación acumulado en estas demás, así como por ser nula la obligación y estar prescrita. La señora Tania Guadalupe Quezada Luque por intermedio de uno de sus apoderados legales el Abogado Juan Ramón Mendoza Calderón promovió ante este Tribunal Demanda en Proceso Abreviado por vía de reconvención de un pago por consignación producto de los contratos de Promesa de Venta de los cuales se viene pidiendo su nulidad absoluta y en la página No.5 del libelo de la demanda confiesa que la referidas promesas de venta NO TIENEN PLAZO.- A confesión de partes señor Juez, relevo de prueba. Acompaño debidamente autenticado del referido libelo de la demanda. SE OPONE EXCEPCION MATERIAL DE PRESCRIPCION PRIMERO: El Código de Comercio en su artículo No. 1 establece que los comerciantes, los actos de comercio y las cosas mercantiles se regirán por las disposiciones de este Código y de las demás leyes mercantiles; en su defecto, por los usos y costumbres mercantiles; y a falta de estos, por las normas del Código Civil, así mismo, el Artículo No. 5 del Código de Comercio, también establece que los actos que solo fueren mercantiles para una de las partes, se regirán por las disposiciones del Código de Comercio.- Siendo que SANTOS Y COMPAÑÍA, S.A. DE C.V., es una sociedad mercantil de conformidad al Código de Comercio todos los actos que realice estarán regidos por el Código de Comercio, por tal razón señora Juez, el Contrato Preparatorio de Promesa de Venta de unos inmuebles celebrados entre SANTOS Y COMPAÑÍA, S.A. DE C.V. y la señora TANIA GUADALUPE QUESADA LUQUE se rigen por las disposiciones del Código de Comercio y como el contrato preparatorio es de una Compra Venta, entonces se rigen por las disposiciones atinentes a una Compra Venta Mercantil.- SEGUNDO: Los Contratos Preparatorios de Promesa de Venta de unos inmuebles celebrados entre SANTOS Y COMPAÑÍA, S.A. DE C.V. y la señora TANIA GUADALUPE QUESADA LUQUE, fueron suscritos entre ambas partes el 19 de noviembre del año 2010 es decir, hace cuatro (4) años, siete (7) meses a la fecha de la contestación de esta demanda.- TERCERO: El Artículo 1684 del Código de Comercio establece: “que los derechos y acciones de cualquier clase se extinguen por prescripción cuando el titular no los ejercita dentro del plazo legalmente indicado, en ese sentido el artículo 1607 del Código de Comercio establece que prescribirán en dos años las acciones derivadas, entre otros de los Contratos de Compra Venta, y allí es en donde se encuentran incluido el Contrato Preparatorio de Promesa de Venta de unos inmuebles suscritos entre Santos y compañía, S.A. de C.V. y la señora Tania Guadalupe Quesada Luque.- Tal extremo queda acreditado y suficientemente probado al examinar la fecha de suscripción del Contrato Preparatorio de Promesa de Venta de unos inmuebles celebrados entre Santos y compañía, S.A. de C.V. y la señora Tania Guadalupe Quesada Luque, por lo que al tenor de las disposiciones legales señaladas ya transcurrió el plazo de dos años desde la suscripción de dicho contrato preparatorio, por lo que cabe declarar su prescripción. DESCRIPCIÓN DEL CONCEPTO DE LA INFRACCION Resulta que en el Fundamento de derecho “Octavo” de la sentencia de la Corte Segunda de Apelación de Francisco Morazán de manera incorrecta y errónea interpreta y aplica la interrupción de la prescripción mercantil la cual prácticamente reconoce como existente puesto que no lo rechaza reconociendo que el acto jurídico que originan las obligaciones de esta demanda es de tipo mercantil pero manifiesta el fundamento de derecho “Octavo” de la sentencia que al haberse promovido una demanda de ofrecimiento de pago por parte de SANTOS Y COMPAÑÍA se interrumpió la prescripción, al respecto el artículo 1692 del Código de Comercio establece que la prescripción se interrumpirá (Cito Textualmente) ”Por la demanda o cualquier otro género de interpelación judicial notificada al poseedor o al deudor en su caso. SE CONSIDERA COMO NO INTERRUMPIDA LA PRESCRIPCION POR LA INTERRUPCION JUDICIAL SI EL ACTOR DESISTIERE DE ELLA O FUERE DESESTIMADA SU DEMANDA” Consta en autos Honorable Corte que dicha demanda fue declarada sin lugar, por lo cual no se produce ninguna interrupción de la prescripción al tenor de este artículo, por otro lado es necesario resaltar que el documento de promesa de venta suscrito entre las partes en fecha diecinueve de noviembre del año 2010 y que es la fuente suprema de las obligaciones que originan estas demandas, implica que cuando se interpuso la demanda de ofrecimiento de pago en fecha 05 de febrero de 2013, ya dicha promesa de venta estaba prescrita por haber transcurrido más de dos años, tal como lo determinan los artículos 1684 y 1707 del Código de Comercio por lo cual se ha hecho de manera evidente una falta de aplicación del artículo 1692 del Código de Comercio y de los tiempos de interposición de las acciones de ofrecimiento de pago realizados por mi representada, lo cual implica que debió de declararse con lugar la prescripción mercantil alegada en la demanda y al estar prescrita la misma no cabría declarar con lugar el pago por consignación. CUARTO MOTIVO: Se impugna la falta de aplicación del artículo 697 del Código de Comercio que ha debido emplearse para solución de fondo de litigio. IDENTIFICACION DEL PRONUNCIAMIENTO QUE SE IMPUGNA. Se impugna totalmente la parte dispositiva de la sentencia. PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo de Casación se encuentra comprendido en el artículo 719.2 del Código Procesal Civil, y por interpretación indebida errónea. CONCEPTO DE LA INFRACCION: Antecedentes. El 14 de abril del año 2015, ante el Juzgado de Letras del Departamento de Francisco Morazán, el Abogado SAUL ARMANDO REYES SAA, en su condición de representante procesal de la señora TANIA GUADALUPE QUESADA LUQUE, promovió Demanda contra la Sociedad Mercantil SANTOS Y COMPAÑÍA, S.A. DE C.V. a través de su Representante Legal señor ELVIN ERNESTO SANTOS ORDOÑEZ, en base a los hechos siguientes: 1) Que en el Contrato Privado de Promesa de Venta, de fecha 19 de noviembre del año 2010, celebrado entre la Sociedad Mercantil Santos y Compañía S.A. de C.V., y Tania Guadalupe Quesada Luque, en donde la Sociedad tiene el carácter de vendedora y la demandada la calidad de compradora, el objeto del Contrato fueron tres lotes de terreno ubicados en la urbanización de Agua Dulce al sur de esa ciudad, los que se identifican como Lote número seis (6) del Bloque D, Lote número siete (7) del Bloque D, y Lote Número ocho (8) del Bloque D, inscritos bajo el No. 50 del Tomo 5106 del Registro de la Propiedad, Hipotecas y Anotaciones Preventivas de Francisco Morazán. Que la obligación contraída por la demandante en el Contrato Privado de Promesa de Venta de fecha 19 de Noviembre del año 2010, fue por el valor de setenta mil dólares americanos (US$ 70,000.00), abonando Treinta mil dólares americanos (US$ 30,000.00) y quedando un saldo de cuarenta mil dólares americanos (US$ 40,000.00), siendo su concepto de precio a pagar por compra del LOTE No. 6 del Bloque D, LOTE 7 del Bloque D, y LOTE No. 8 del Bloque D, por lo que resulta obligada SANTOS Y COMPAÑÍA, S.A. DE C.V., a otorgar formal Escritura de Traspaso de Compra Venta, poner en posesión material y efectiva a la demandante señora TANIA GUADALUPE QUESADA LUQUE de los Lotes en mención. En fecha 25 de junio de 2015, el Abogado JUAN CARLOS BARRIENTOS PANIAGUA, representante procesal de SANTOS Y COMPAÑÍA S.A. DE C.V., contesto la demanda interpuesta rechazando la misma, argumentando: Se rechazan los hechos Primero, Segundo, Tercero, Cuarto, Quinto, Sexto, Séptimo, Octavo y Noveno de la Demanda únicamente se acepta que efectivamente en fecha 19 de noviembre de 2010, se celebró un Contrato Mercantil de Promesa de venta de tres (3) Lotes de Terrenos ubicados en la Urbanización “Agua Dulce” propiedad de mi representada de los lotes identificados con números seis (6), siete (7) y ocho (8) del Bloque D, por un valor de Setenta mil Dólares exactos ($70,000.00). Santos y Compañía, S.A. de C.V. es una sociedad mercantil, un comerciante, y dentro de sus actividades de lícito comercio se encuentra el urbanizar lotes de terreno para proceder posteriormente a venderlos al público en general, habiendo desarrollado con éxito en Tegucigalpa, las Urbanizaciones Altos de Miramontes, Urbanización San José, y Urbanización Agua Dulce, por lo que, no es de manera aislada y ocasional que vende lotes de terrenos debidamente urbanizados, al público en general y lo hace con ánimo de lucro. Extremo que quedó acreditado con la Escritura de la Urbanización Agua Dulce que la Demandante acompaño en Certificación Íntegra y que obra en autos como medio de prueba documental. Por lo que al tenor de lo que establece el artículo 1 del Código de Comercio, los comerciantes y los actos de comercio se regirán por las disposiciones del Código de Comercio y en consonancia con ello con el artículo 3 del mismo Código manifiesta que el explotar una empresa se considerará como un acto de comercio, entendiéndose por explotar: el desarrollar comercialmente y con ánimo de lucro sus actividades empresariales y estos actos que son mercantiles para Santos y Compañía, S.A. de C.V. También lo serán para la señora Tania Guadalupe Quezada según lo preceptúa el artículo 5 del Código de Comercio, el cual establece que los actos que solo fueren mercantiles para una de las partes en este caso (Santos y Compañía, S.A. de C.V.) se regirán por el Código de Comercio. La Promesa de Venta de unos inmuebles celebradas entre Santos y Compañía, S.A. de C.V, y la señora TANIA GUADALUPE QUESADA LUQUE son compra-ventas mercantiles, la exposición de motivos de nuestro Código de Comercio en el Capítulo II “De la Compra Venta Mercantil” establece y cito textualmente: “será Mercantil la Compra Venta que corresponda a la actividad ordinaria de una empresa; es decir, las ventas realizadas por empresas dedicadas profesionalmente a ello, es indiferente la calidad del objeto y el que haya sido objeto de reelaboración o no lo haya sido (artículo 763 del Código de Comercio), según lo establece el artículo 763 del Código de Comercio, porque las compras ventas de bienes inmuebles forman parte de la explotación normal de esta empresa mercantil y las compra-ventas mercantiles de bienes inmuebles sí existen en el Código de Comercio Hondureño, al respecto del artículo 779 (capítulo de las Compra-ventas, Código de Comercio) las menciona cuando inicia el numeral primero de dicho artículo, mencionando “inmuebles” como una compra venta mercantil, y cuyo contrato puede resolverse por la falta de pago cuando el precio se pactó en abonos, así mismo, el artículo 782 del Código de Comercio, habla de inscripciones de venta con “anotaciones preventivas”, artículo este que no puede hacer referencia más que a un bien inmueble, pues las “anotaciones preventivas” solamente se realizan en el Registro de la Propiedad Inmueble del Instituto de la Propiedad sobre bienes inmuebles. De todos los estudiosos del Derecho Mercantil hondureño, es sabido que el Código de Comercio de Honduras está inspirado en el Código de Comercio Mexicano, el gran tratadista del Derecho Mercantil Joaquín Rodríguez Rodríguez, Mexicano, en el Tomo segundo de su obra “Curso de Derecho Mercantil” en el capítulo primero cuando habla de la compra venta mercantil en la página cuatro, párrafo cuarto, establece que: “es compra venta mercantil la compra venta de muebles o inmuebles, reelaborados como, hechos con propósitos de lucro; la que recae sobre cosas mercantiles, y la que se efectúa por un comerciante o entre comerciantes” Por tales razones, a la promesa de Venta de unos inmuebles celebrados entre Santos y Compañía, S.A. de C.V. y la señora Tania Guadalupe Quesada Luque son mercantiles se les aplican a las disposiciones del Código de Comercio. Por otra parte, dentro de los vicios que este Contrato Preparatorio tiene tal Contrato Preparatorio de Promesa de Venta, no fue suscrito en escritura pública y tratándose de bienes inmuebles tampoco se consignó el antecedente de dominio registral que este tipo de documentos debe de contener. Al respecto el Artículo 1575 del Código Civil establece que, (cito textualmente…) “deberán constar en documento público: 1 Los actos y contratos que tengan por objeto la creación, transmisión modificación, o extinción de derecho reales sobre bienes inmuebles”. Siendo que SANTOS Y COMPAÑÍA, S.A. DE C.V. es una sociedad mercantil de conformidad al artículo 1 y 5 del Código de Comercio todos los actos que realice serán considerados como mercantiles, por tal razón el Contrato Preparatorio de Promesa de Venta celebrado con la Demandada deben de reunir los requisitos de validez que establece el Código de Comercio, el cual en el Artículo 762 establece (cito textualmente….) “para que la promesa de contratar sea válida, deberá constar por escrito, contener los elementos característicos del Contrato definitivo y limitarse a cierto tiempo”, en el presente caso esos Contratos de Promesa de Venta no tienen plazo, motivo por el cual dicha Promesa de Venta no tiene validez al tenor del artículo 762, ni reúnen las características del contrato definitivo (de compra venta de bienes inmuebles) porque no se encuentran como ya dijimos antes, en documento público ni tienen antecedente de dominio registral, el artículo 1623 del Código Civil establece (cito textualmente…) “el Vendedor no estará obligado a entregar la cosa vendida si el comprador no le ha pagado el precio, o no se ha señalado en el contrato un plazo para el pago y resulta ser señor Juez, que la señora Tania Guadalupe Quesada Luque a la fecha tiene cincuenta y siete (57) meses de no realizar ningún pago ni a intereses ni a capital, motivo por el cual al haberse acumulado intereses durante todo este tiempo que no se ha efectuado pago alguno, no procede el pago por consignación y por eso se negó a aceptarse el mismo, puesto que solamente quiere pagar el capital, por tales razones el Contrato Preparatorio de Promesa de Venta no tiene validez porque no cumplen con los requisitos o formalidades que la ley civil y mercantil exige y así lo establece el artículo 1586 del Código Civil (cito textualmente) “Hay nulidad absoluta en los actos o contratos: ……. 2.- Cuando falta algún requisito o formalidad que la ley exige para el valor de ciertos actos o contratos, en consideración a la naturaleza del acto o contrato y no a la calidad o estado de la persona que en ellos interviene” y da lugar a la Nulidad absoluta del Contrato. Señor Juez, el artículo 1358 del Código Civil es contundente al decir que no produce obligación alguna la Promesa de celebrar un contrato; salvo que concurran las circunstancias siguientes: cito textualmente: “…No. 3. Que la promesa contenga un plazo o condición que fije la época de la celebración de contratos…:” por tal razón señor Juez al no contener plazo la Promesa de Venta celebrada por mi representada y la señora TANIA GUADALUPE QUESADA LUQUE, no produce obligación alguna y es nula absolutamente. Hasta el momento, presente, la señora TANIA GUADALUPE QUESADA LUQUE solamente ha abonado la cantidad de US$30,000.00 dólares al Capital tal y como ella misma confiesa al final del hecho Tercero de la Demanda en fecha 20 de septiembre del año 2010, realizó el último pago, es decir, hace cincuenta y siete (57) meses no volviendo a realizar ningún pago ni a capital ni a intereses (legales del siete por ciento) los pagos los realizaba a través de transferencias bancarias las cuales en ningún momento fueron depositadas en ningunas de las cuentas de la sociedad SANTOS Y COMPAÑÍA, S.A. DE C.V. (acreedora) y sin contar con ninguna autorización para realizar los depósitos o transferencias en otras cuentas ni por parte del Presidente del Consejo de Administración ni del Gerente General de la Empresa, que son los representantes legales de dicha sociedad por lo que al tenor del artículo 1460 del Código Civil ha sido violentado, porque el pago debe hacerse en favor de la persona a cuyo nombre estuviese constituida la obligación u otra autorizada para recibirlos, por lo cual están mal hechos los pagos, volviendo más gravosa la situación de mi representada, motivo más que suficiente para haber rechazado el ofrecimiento de pago realizado por la ahora demandante, puesto que no incluye el pago de los respectivos intereses legales que a devengado durante todo estos cincuenta y siete (57) meses sin realizar el pago correspondiente. Después de cincuenta y siete (57) meses sin pagar y tomando en consideración que las obligaciones mercantiles siempre serán onerosas y con fines de lucro, el deudor moroso está obligado al pago no solo de la mora, sino que cuando se hacen pagos por abonos atrasados el pago se debe de imputar primero a los respectivos intereses y por último al capital (Artículo 1438 del Código de Comercio) y la demandante incorrectamente quiere imputar los pagos únicamente al capital, ignorando el pago de intereses legales. Por tal razón, mercantilmente este negocio dejó de ser lucrativo volviéndose una carga altamente onerosa para mi representada, tomando en cuenta la plusvalía que continuamente adquiere los inmuebles versus el valor de las Promesa de Ventas que no eran objeto de pago oportuno, por tales razones se rechazó el ofrecimiento de pago y se rechaza el pago por consignación acumulado en estas demás, así como por ser nula la obligación y estar prescrita. La señora Tania Guadalupe Quezada Luque por intermedio de uno de sus apoderados legales el Abogado Juan Ramón Mendoza Calderón promovió ante este Tribunal Demanda en Proceso Abreviado por vía de reconvención de un pago por consignación producto de los contratos de Promesa de Venta de los cuales se viene pidiendo su nulidad absoluta y en la página No.5 del libelo de la demanda confiesa que la referidas promesas de venta NO TIENEN PLAZO.- A confesión de partes señor Juez, relevo de prueba. Acompaño debidamente autenticado del referido libelo de la demanda. SE OPONE EXCEPCION MATERIAL DE PRESCRIPCION PRIMERO: El Código de Comercio en su artículo No. 1 establece que los comerciantes, los actos de comercio y las cosas mercantiles se regirán por las disposiciones de este Código y de las demás leyes mercantiles; en su defecto, por los usos y costumbres mercantiles; y a falta de estos, por las normas del Código Civil, así mismo, el Artículo No. 5 del Código de Comercio también establece que los actos que solo fueren mercantiles para una de las partes, se regirán por las disposiciones del Código de Comercio.- Siendo que SANTOS Y COMPAÑÍA, S.A. DE C.V., es una sociedad mercantil de conformidad al Código de Comercio todos los actos que realice estarán regidos por el Código de Comercio, por tal razón señora Juez, el Contrato Preparatorio de Promesa de Venta de unos inmuebles celebrados entre SANTOS Y COMPAÑÍA, S.A. DE C.V. y la señora TANIA GUADALUPE QUESADA LUQUE se rigen por las disposiciones del Código de Comercio y como el contrato preparatorio es de una Compra Venta, entonces se rigen por las disposiciones atinentes a una Compra Venta Mercantil.- SEGUNDO: Los Contratos Preparatorios de Promesa de Venta de unos inmuebles celebrados entre SANTOS Y COMPAÑÍA, S.A. DE C.V. y la señora TANIA GUADALUPE QUESADA LUQUE, fueron suscritos entre ambas partes el 19 de noviembre del año 2010 es decir, hace cuatro (4) años, siete (7) meses a la fecha de la contestación de esta demanda.- TERCERO: El Artículo 1684 del Código de Comercio establece: “que los derechos y acciones de cualquier clase se extinguen por prescripción cuando el titular no los ejercita dentro del plazo legalmente indicado, en ese sentido el artículo 1607 del Código de Comercio establece que prescribirán en dos años las acciones derivadas, entre otros de los Contratos de Compra Venta, y allí es en donde se encuentran incluido el Contrato Preparatorio de Promesa de Venta de unos inmuebles suscritos entre Santos y compañía, S.A. de C.V. y la señora Tania Guadalupe Quesada Luque.-Tal extremo queda acreditado y suficientemente probado al examinar la fecha de suscripción del Contrato Preparatorio de Promesa de Venta de unos inmuebles celebrados entre Santos y compañía, S.A. de C.V. y la señora Tania Guadalupe Quesada Luque, por lo que al tenor de las disposiciones legales señaladas ya transcurrió el plazo de dos años desde la suscripción de dicho contrato preparatorio, por lo que cabe declarar su prescripción. DESCRIPCION DEL CONCEPTO DE LA INFRACCION Tomando en consideración que la obligación es de tipo mercantil porque Santos y Compañía S.A. de C.V. es una empresa mercantil y realiza actos de comercio según lo establecen los artículos 1, 3 y 5, del Código de Comercio que establece que los actos que solo fueren mercantiles para una de las partes se regirán por las disposiciones del código de comercio deja de aplicarse en el fundamento de derecho “cuarto” de la sentencia el artículo 697 del Código de Comercio en el cual establece que para que sea válido un ofrecimiento de pago de un deudor en mora que se comprenda todo lo debido incluyendo en su caso los frutos o intereses más la cantidad necesaria para cubrir los gastos que sean por cuenta del deudor, y en el presente caso Honorable Corte se dejó de aplicar el artículo citado anteriormente (art. 697 código de comercio) y se interpreta de manera errónea el pago por consignación porque solamente se interpreta desde el punto de vista civil ignorando que estamos frente a obligaciones de carácter mercantil y que por lo tanto se deberían haber aplicado las disposiciones del Código de Comercio. QUINTO MOTIVO: Se impugna la falta de aplicación del artículo 1607 y 1684 del Código de Comercio que han debido emplearse para solución de fondo de litigio. IDENTIFICACION DEL PRONUNCIAMIENTO QUE SE IMPUGNA. Se impugna totalmente la parte dispositiva de la sentencia. PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo de Casación se encuentra comprendido en el artículo 719.2 del Código Procesal Civil, y por interpretación indebida errónea. CONCEPTO DE LA INFRACCION: Antecedentes. El 14 de Abril del año 2015 ante el Juzgado de Letras del Departamento de Francisco Morazán, el Abogado SAUL ARMANDO REYES SAA, en su condición de representante procesal de la señora TANIA GUADALUPE QUESADA LUQUE, promovió Demanda contra la Sociedad Mercantil SANTOS Y COMPAÑÍA, S.A. DE C.V., a través de su Representante Legal señor ELVIN ERNESTO SANTOS ORDOÑEZ, en base a los hechos siguientes: 1) Que en el Contrato Privado de Promesa de Venta de fecha 19 de Noviembre del año 2010, celebrado entre la Sociedad Mercantil Santos y Compañía S.A. de C.V., y Tania Guadalupe Quesada Luque, en donde la Sociedad tiene el carácter de vendedora y la demandada la calidad de compradora, el objeto del Contrato fueron tres lotes de terreno ubicados en la urbanización de Agua Dulce al sur de esa ciudad, los que se identifican como Lote número seis (6) del Bloque D, Lote número siete (7) del Bloque D, y Lote Número ocho (8) del Bloque D, inscritos bajo el No. 50 del Tomo 5106 del Registro de la Propiedad, Hipotecas y Anotaciones Preventivas de Francisco Morazán. Que la obligación contraída por la demandante en el Contrato Privado de Promesa de Venta de fecha 19 de noviembre del año 2010, fue por el valor de setenta mil dólares americanos (US$ 70,000.00), abonando Treinta mil dólares americanos (US$ 30,000.00) y quedando un saldo de cuarenta mil dólares americanos (US$ 40,000.00), siendo su concepto de precio a pagar por compra del LOTE No. 6 del Bloque D, LOTE 7 del Bloque D, y LOTE No. 8 del Bloque D, por lo que resulta obligada SANTOS Y COMPAÑÍA, S.A. DE C.V., a otorgar formal Escritura de Traspaso de Compra Venta, poner en posesión material y efectiva a la demandante señora TANIA GUADALUPE QUESADA LUQUE de los Lotes en mención. En fecha 25 de junio de 2015, el Abogado JUAN CARLOS BARRIENTOS PANIAGUA, representante procesal de SANTOS Y COMPAÑÍA S.A. DE C.V., contestó la demanda interpuesta rechazando la misma, argumentando: Se rechazan los hechos Primero, Segundo, Tercero, Cuarto, Quinto, Sexto, Séptimo, Octavo y Noveno de la Demanda únicamente se acepta que efectivamente en fecha 19 de noviembre de 2010, se celebró un Contrato Mercantil de Promesa de venta de tres (3) Lotes de Terrenos ubicados en la Urbanización “Agua Dulce” propiedad de mi representada de los lotes identificados con números seis (6), siete (7) y ocho (8) del Bloque D, por un valor de setenta mil dólares exactos ($70,000.00). Santos y Compañía, S.A. de C.V. es una sociedad mercantil, un comerciante, y dentro de sus actividades de lícito comercio se encuentra el urbanizar lotes de terreno para proceder posteriormente a venderlos al público en general, habiendo desarrollado con éxito en Tegucigalpa, las Urbanizaciones Altos de Miramontes, Urbanización San José, y Urbanización Agua Dulce, por lo que, no es de manera aislada y ocasional que vende lotes de terrenos debidamente urbanizados, al público en general y lo hace con ánimo de lucro. Extremo que quedó acreditado con la Escritura de la Urbanización Agua Dulce que la Demandante acompaño en Certificación Íntegra y que obra en autos como medio de prueba documental. Por lo que al tenor de lo que establece el artículo 1 del Código de Comercio, los comerciantes y los actos de comercio se regirán por las disposiciones del Código de Comercio y en consonancia con ello con el artículo 3 del mismo Código manifiesta que el explotar una empresa se considerará como un acto de comercio, entendiéndose por explotar: el desarrollar comercialmente y con ánimo de lucro sus actividades empresariales y estos actos que son mercantiles para Santos y Compañía, S.A. de C.V. También lo serán para la señora Tania Guadalupe Quezada según lo preceptúa el artículo 5 del Código de Comercio, el cual establece que los actos que solo fueren mercantiles para una de las partes en este caso (Santos y Compañía, S.A. de C.V.) se regirán por el Código de Comercio. La Promesa de Venta de unos inmuebles celebradas entre Santos y Compañía, S.A. de C.V, y la señora TANIA GUADALUPE QUESADA LUQUE son compra-ventas mercantiles, la exposición de motivos de nuestro Código de Comercio en el Capítulo II “De la Compra Venta Mercantil” establece y cito textualmente: “será Mercantil la Compra Venta que corresponda a la actividad ordinaria de una empresa; es decir, las ventas realizadas por empresas dedicadas profesionalmente a ello, es indiferente la calidad del objeto y el que haya sido objeto de reelaboración o no lo haya sido (artículo 763 del Código de Comercio), según lo establece el artículo 763 del Código de Comercio, porque las compras ventas de bienes inmuebles forman parte de la explotación normal de esta empresa mercantil y las compra-ventas mercantiles de bienes inmuebles sí existen en el Código de Comercio Hondureño, al respecto del artículo 779 (capítulo de las Compra-ventas, Código de Comercio) las menciona cuando inicia el numeral primero de dicho artículo, mencionando “inmuebles” como una compra venta mercantil, y cuyo contrato puede resolverse por la falta de pago cuando el precio se pactó en abonos, así mismo, el artículo 782 del Código de Comercio, habla de inscripciones de venta con “anotaciones preventivas”, artículo este que no puede hacer referencia más que a un bien inmueble, pues las “anotaciones preventivas” solamente se realizan en el Registro de la Propiedad Inmueble del Instituto de la Propiedad sobre bienes inmuebles. De todos los estudiosos del Derecho Mercantil hondureño, es sabido que el Código de Comercio de Honduras está inspirado en el Código de Comercio Mexicano, el gran tratadista del Derecho Mercantil Joaquín Rodríguez Rodríguez, Mexicano, en el Tomo segundo de su obra “Curso de Derecho Mercantil” en el capítulo primero cuando habla de la compra venta mercantil en la página cuatro, párrafo cuarto, establece que: “es compra venta mercantil la compra venta de muebles o inmuebles, reelaborados como, hechos con propósitos de lucro; la que recae sobre cosas mercantiles, y la que se efectúa por un comerciante o entre comerciantes” Por tales razones, a la promesa de Venta de unos inmuebles celebrados entre Santos y Compañía, S.A. de C.V. y la señora Tania Guadalupe Quesada Luque son mercantiles se les aplican a las disposiciones del Código de Comercio. Por otra parte, dentro de los vicios que este Contrato Preparatorio tiene tal Contrato Preparatorio de Promesa de Venta, no fue suscrito en escritura pública y tratándose de bienes inmuebles tampoco se consignó el antecedente de dominio registral que este tipo de documentos debe de contener. Al respecto el Artículo 1575 del Código Civil establece que, (cito textualmente…) “deberán constar en documento público: 1 Los actos y contratos que tengan por objeto la creación, transmisión modificación, o extinción de derecho reales sobre bienes inmuebles”. Siendo que SANTOS Y COMPAÑÍA, S.A. DE C.V. es una sociedad mercantil de conformidad al artículo 1 y 5 del Código de Comercio todos los actos que realice serán considerados como mercantiles, por tal razón el Contrato Preparatorio de Promesa de Venta celebrado con la Demandada deben de reunir los requisitos de validez que establece el Código de Comercio, el cual en el Artículo 762 establece (cito textualmente….) “para que la promesa de contratar sea válida, deberá constar por escrito, contener los elementos característicos del Contrato definitivo y limitarse a cierto tiempo”, en el presente caso esos Contratos de Promesa de Venta no tienen plazo, motivo por el cual dicha Promesa de Venta no tiene validez al tenor del artículo 762, ni reúnen las características del contrato definitivo (de compra venta de bienes inmuebles) porque no se encuentran como ya dijimos antes, en documento público ni tienen antecedente de dominio registral, el artículo 1623 del Código Civil establece (cito textualmente…) “el Vendedor no estará obligado a entregar la cosa vendida si el comprador no le ha pagado el precio, o no se ha señalado en el contrato un plazo para el pago y resulta ser señor Juez, que la señora Tania Guadalupe Quesada Luque a la fecha tiene cincuenta y siete (57) meses de no realizar ningún pago ni a intereses ni a capital, motivo por el cual al haberse acumulado intereses durante todo este tiempo que no se ha efectuado pago alguno, no procede el pago por consignación y por eso se negó a aceptarse el mismo, puesto que solamente quiere pagar el capital, por tales razones el Contrato Preparatorio de Promesa de Venta no tiene validez porque no cumplen con los requisitos o formalidades que la ley civil y mercantil exige y así lo establece el artículo 1586 del Código Civil (cito textualmente) “Hay nulidad absoluta en los actos o contratos: ……. 2.- Cuando falta algún requisito o formalidad que la ley exige para el valor de ciertos actos o contratos, en consideración a la naturaleza del acto o contrato y no a la calidad o estado de la persona que en ellos interviene” y da lugar a la Nulidad absoluta del Contrato. Señor Juez, el artículo 1358 del Código Civil es contundente al decir que no produce obligación alguna la Promesa de celebrar un contrato; salvo que concurran las circunstancias siguientes: cito textualmente: “.…..No. 3. Que la promesa contenga un plazo o condición que fije la época de la celebración de contratos…:” por tal razón señor Juez al no contener plazo la Promesa de Venta celebrada por mi representada y la señora TANIA GUADALUPE QUESADA LUQUE, no produce obligación alguna y es nula absolutamente. Hasta el momento, presente, la señora TANIA GUADALUPE QUESADA LUQUE solamente ha abonado la cantidad de US$30,000.00 dólares al Capital tal y como ella misma confiesa al final del hecho Tercero de la Demanda en fecha 20 de septiembre del año 2010, realizó el último pago, es decir, hace cincuenta y siete (57) meses no volviendo a realizar ningún pago ni a capital ni a intereses (legales del siete por ciento) los pagos los realizaba a través de transferencias bancarias las cuales en ningún momento fueron depositadas en ningunas de las cuentas de la sociedad SANTOS Y COMPAÑÍA, S.A. DE C.V. (acreedora) y sin contar con ninguna autorización para realizar los depósitos o transferencias en otras cuentas ni por parte del Presidente del Consejo de Administración ni del Gerente General de la Empresa, que son los representantes legales de dicha sociedad por lo que al tenor del artículo 1460 del Código Civil ha sido violentado, porque el pago debe hacerse en favor de la persona a cuyo nombre estuviese constituida la obligación u otra autorizada para recibirlos, por lo cual están mal hechos los pagos, volviendo más gravosa la situación de mi representada, motivo más que suficiente para haber rechazado el ofrecimiento de pago realizado por la ahora demandante, puesto que no incluye el pago de los respectivos intereses legales que a devengado durante todo estos cincuenta y siete (57) meses sin realizar el pago correspondiente. Después de cincuenta y siete (57) meses sin pagar y tomando en consideración que las obligaciones mercantiles siempre serán onerosas y con fines de lucro, el deudor moroso está obligado al pago no solo de la mora, sino que cuando se hacen pagos por abonos atrasados el pago se debe de imputar primero a los respectivos intereses y por último al capital (Artículo 1438 del Código de Comercio) y la demandante incorrectamente quiere imputar los pagos únicamente al capital, ignorando el pago de intereses legales. Por tal razón, mercantilmente este negocio dejó de ser lucrativo volviéndose una carga altamente onerosa para mi representada, tomando en cuenta la plusvalía que continuamente adquiere los inmuebles versus el valor de las Promesa de Ventas que no eran objeto de pago oportuno, por tales razones se rechazó el ofrecimiento de pago y se rechaza el pago por consignación acumulado en estas demás, así como por ser nula la obligación y estar prescrita. La señora Tania Guadalupe Quezada Luque por intermedio de uno de sus apoderados legales el Abogado Juan Ramón Mendoza Calderón promovió ante este Tribunal Demanda en Proceso Abreviado por vía de reconvención de un pago por consignación producto de los contratos de Promesa de Venta de los cuales se viene pidiendo su nulidad absoluta y en la página No.5 del libelo de la demanda confiesa que la referidas promesas de venta NO TIENEN PLAZO.- A confesión de partes señor Juez, relevo de prueba. Acompaño debidamente autenticado del referido libelo de la demanda. DESCRIPCION DEL CONCEPTO DE LA INFRACCION Resulta que en el fundamento de derecho “octavo” de la sentencia de la Corte Segundo de Apelaciones de Francisco Morazán de manera errónea e incorrecta se dejaron de aplicar los artículos 1607 y 1689 del Código de comercio. El Código de Comercio en su artículo No. 1 establece que los comerciantes, los actos de comercio y las cosas mercantiles se regirán por las disposiciones de este Código y de las demás leyes mercantiles; en su defecto, por los usos y costumbres mercantiles; y a falta de estos, por las normas del Código Civil, así mismo, el Artículo No. 5 del Código de Comercio también establece que los actos que solo fueren mercantiles para una de las partes, se regirán por las disposiciones del Código de Comercio.- Siendo que SANTOS Y COMPAÑÍA, S.A. DE C.V., es una sociedad mercantil de conformidad al Código de Comercio todos los actos que realice estarán regidos por el Código de Comercio, el Contrato Preparatorio de Promesa de Venta de unos inmuebles celebrados entre SANTOS Y COMPAÑÍA, S.A. DE C.V. y la señora TANIA GUADALUPE QUESADA LUQUE se rigen por las disposiciones del Código de Comercio y como el contrato preparatorio es de una Compra Venta, entonces se rigen por las disposiciones atinentes a una Compra Venta Mercantil.- Los Contratos Preparatorios de Promesa de Venta de unos inmuebles celebrados entre SANTOS Y COMPAÑÍA, S.A. DE C.V. y la señora TANIA GUADALUPE QUESADA LUQUE, fueron suscritos entre ambas partes el 19 de noviembre del año 2010 es decir, hace cuatro (4) años, siete (7) meses a la fecha de la contestación de esta demanda.- El Artículo 1684 del Código de Comercio establece: “que los derechos y acciones de cualquier clase se extinguen por prescripción cuando el titular no los ejercita dentro del plazo legalmente indicado.- El Artículo 1607 del Código de Comercio establece que prescribirán en dos años las acciones derivadas, entre otros de los Contratos de Compra Venta, y allí es en donde se encuentran incluido el Contrato Preparatorio de Promesa de Venta de unos inmuebles suscritos entre Santos y compañía, S.A. de C.V. y la señora Tania Guadalupe Quesada Luque.- Tal extremo queda acreditado y suficientemente probado al examinar la fecha de suscripción del Contrato Preparatorio de Promesa de Venta de unos inmuebles celebrados entre Santos y compañía, S.A. de C.V. y la señora Tania Guadalupe Quesada Luque, por lo que al tenor de las disposiciones legales señaladas ya transcurrió el plazo de dos años desde la suscripción de dicho contrato preparatorio, por lo que cabe declarar su prescripción. Y en el fundamento de derecho “octavo” de la sentencia de la Corte Segunda de apelaciones se interpreta erróneamente y se deja de aplicar los artículos 1684 del Código de Comercio que establece la prescripción de los actos mercantiles y el artículo 1607 del mismo cuerpo legal que establece que el plazo de prescripción de los contratos de promesa de venta es de dos años tiempo que suficientemente transcurrió cuando se produjeron las demandas de Santos y Compañía como de la Señora Tania Guadalupe Quezada Luque. Si los juzgadores se hubieran detenido a analizar la fecha de suscripción de la promesa de venta de unos inmuebles objeto de este juicio suscrito el 19 de noviembre de 2010 y hubiesen hecho el computo del tiempo transcurrido entre la fecha de interposición de la demanda de pago por consignación que Santos y Compañía le promovió a Tania Guadalupe Quezada Luque el 05 de febrero de 2013 se observa que dicha demanda esta interpuesta cuatro meses después que la obligación prescribió y que adicionalmente dicha demanda fue declarada sin lugar por lo cual dicha demanda no interrumpe la prescripción y que cuando la Señora Tania Guadalupe Quezada Luque interpuso la demanda ya habían transcurrido también más de cuatro años desde que se suscribió la obligación original en el año 2010, por lo cual se debió declarar con lugar la prescripción mercantil.” SEPTIMO: El abogado Saúl Armando Reyes Saa, en su condición indicada plantea pronunciamiento sobre la formalización del recurso de casación de la siguiente manera: (Sic.) “SE CONTESTAN LOS MOTIVOS DE CASACION INVOCADOS POR EL RECURRENTE. 1.- En el primer motivo el recurrente invoca, la infracción de los artículos 1, 3 y 5 del Código de Comercio, autorizado el motivo por el 719.2 del Código Procesal Civil, siendo evidente que impugna la aplicación e interpretación de las normas de derecho empleadas para la solución de fondo del litigio. El recurrente estima que el tribunal Ad-quem en su resolución no invoca el Código de Comercio, como lo manda la norma mercantil al ser una de las partes una empresa mercantil. En este motivo el recurrente evidencia nuevamente su mala técnica casacional, pues los artículos que señala son del TITULO PRELIMINAR DISPOSICIONES GENERALES, estos artículos no regulan cuestiones de fondo y no son empleados para la resolución del litigio, así mismo el recurrente falta a la verdad al argumentar que no se consideraron normas mercantiles en la sentencia, el Ad-quem, en el acápite Fundamentos de Derecho, numeral Quinto, desarrolla su razonamiento sobre el carácter mercantil del demandante. 2.- En el segundo motivo el recurrente invoca, la infracción de los artículos 707 del Código de Comercio y 1348 del Código Civil, autorizado el motivo por el 719.2 del Código Procesal Civil, siendo evidente que impugnar la aplicación e interpretación de las normas de derecho empleadas para la solución de fondo del litigio. El artículo 707 del Código de Comercio “El deudor moroso deberá pagar el interés pactado, y en su defecto el legal, por concepto de daños y perjuicios. Si la obligación tuviere por objeto cosa cierta y determinada o determinable, el deudor moroso pagará como daños y perjuicios, a falta de pacto, el interés legal sobre el valor de la cosa. Este se determinará, salvo convenio, por el precio que las cosas tuvieren en plaza el día del vencimiento, o por su cotización en bolsa, y, en defecto de uno y otra, por peritos. El interés legal en materia mercantil lo fijará la Secretaría de Hacienda (1).” El 1438 del Código Civil “Si la deuda produce interés, no podrá estimarse hecho el pago por cuenta del capital mientras no estén cubiertos los intereses” El artículo 707 no es aplicable a mi cliente ya que esta no estaba en mora, por una sencilla razón en el contrato de promesa de venta no se señaló plazo para cumplir la obligación, laguna esta que la ley suple al tenor del artículo 1390 del Código Civil, “Si la obligación no señalare plazo, pero de su naturaleza y circunstancias se dedujere que ha querido concederse al deudor, los Tribunales fijarán la duración de aquel. También fijarán los Tribunales la duración del plazo cuando este haya quedado a voluntad del deudor.” Es evidente de que la demandada podía perfectamente acudir a los tribunales a efecto que fijaran el plazo, y después del plazo fijado mi mandante estaría en mora. La norma Civil citada por el recurrente no aplica, ya que la obligación no produce interés. Honorable Corte, el Ad-quem al estimar el Pago Por Consignación, aprecia: a) La acreedora hoy recurrente la sociedad mercantil SANTOS Y COMPANIA S.A. DE C.V., no tenía razón para rechazar el pago, en virtud de que el mismo consta en forma documental y haber recibido pagos anteriores; b) El Pago se ofreció previamente y se anunció que iba ser consignado.- En consecuencia, el A-quo y el Ad-quem, tuvieron por cancelada la obligación, liberando a mi mandante de la misma e inmediatamente nacieron las demás obligaciones acumuladas al juicio. 3.- En el tercer motivo el recurrente invoca, la falta de aplicación del artículo 1692 del Código de Comercio, autorizado el motivo por el 719.2 del Código Procesal Civil, impugnando la falta de aplicación de las normas de derecho empleadas para la solución de fondo del litigio. Argumenta el recurrente que el Ad-quem al establecer que la demanda de DEMANDA DE PAGO POR CONSIGNACIOIN que la sociedad mercantil SANTOS Y COMPANIA S.A. DE C.V., promovida contra mi mandante la señora TANIA GUADALUPE QUESADA LUQUE, no interrumpe prescripción pues la demanda fue desestimada. El artículo 1692 del Código Comercio establece “La prescripción se interrumpirá: I.- Si el poseedor fuere privado de la posesión de la cosa o del goce del derecho por más de un año; II.- Por la demanda o cualquier otro género de interpelación judicial notificada al poseedor o al deudor, en su caso. Se considerará como no interrumpida la prescripción por la interpelación judicial, si el autor desistiere de ella o fuere desestimada su demanda; y III.- Por el reconocimiento expreso o tácito del derecho de la persona contra quien se prescribe, hecho por la persona a cuyo favor corre la prescripción. Empezará a contarse el nuevo término de la prescripción, en caso de reconocimiento de las obligaciones, desde el día en que se haga; si se renueva el documento, desde la fecha del nuevo título y si se hubiere prorrogado el plazo del cumplimiento de la obligación, desde que éste hubiere vencido.” Ignora el recurrente que el A-quo y el Ad-quem, concluyen que la citada demanda del hoy recurrente contra mi mandante, constituye un acto de reconocimiento del derecho y por lo tanto interrumpe prescripción “III.- Por el reconocimiento expreso o tácito del derecho de la persona contra quien se prescribe, hecho por la persona a cuyo favor corre la prescripción. Empezará a contarse el nuevo término de la prescripción, en caso de reconocimiento de las obligaciones, desde el día en que se haga; si se renueva el documento, desde la fecha del nuevo título y si se hubiere prorrogado el plazo del cumplimiento de la obligación, desde que éste hubiere vencido.” En ningún momento los juzgadores manifiestan que la demanda desestimada interrumpe prescripción, es el hecho de haber pretendido devolver el dinero de las promesas lo que constituye un reconocimiento de derecho y al haber fallado los tribunales en contra del recurrente en su momento, se consolido el derecho de mi mandante y se interrumpió la prescripción. Es importante señores magistrados en relación a la prescripción en el presente caso considerar los siguientes aspectos; a) La ley manda que el término de la prescripción se computa desde que se pudo accionar la demanda, artículo 2297 del Código Civil, “El tiempo para la prescripción de toda clase de acciones, cuando no haya disposición especial que otra cosa determine, se contará desde el día en que pudieron ejercitarse.”, en relación con el artículo 1685 del Código de Comercio, “La prescripción comienza a correr desde el día en que el derecho pudo hacerse valer.” b) Las partes pactaron que la obligación de otorgar la escritura nace cuando se pagara el precio, y al no haber pactado el plazo, el vendedor debió acudir al juzgado para que lo señalara, al tenor del artículo 1390 del Código Civil, “Si la obligación no señalare plazo, pero de su naturaleza y circunstancias se dedujere que ha querido concederse al deudor, los Tribunales fijarán la duración de aquel. También fijarán los Tribunales la duración del plazo cuando este haya quedado a voluntad del deudor.” c) Es evidente, que mi mandante solo podía ejercer la acción para el otorgamiento de la escritura cuando pagase el precio y es más que evidente que nunca estuvo en mora para el pago ya que el vendedor no acudió al juzgado a efecto que el fijara el precio, y sumada a que el demandado no quiso recibir el pago por la vía de financiamiento bancario y no por pago directo en efectivo, resulta claro que con la presente acción de PAGO POR CONSIGNACION, nace la obligación de HACER CONSISTENTE EL OTORGAMIENTO DE UNA ESCRITURA PUBLICA, CANCELACION DE UN GRAVAMEN HIPOTECARIO Y DE PONER EN POSESION DE LOS INMUEBLES, y al haberse ejercitado simultáneamente bajo la figura de acumulación de acciones, que no fue objetada en juicio, a mi mandante nunca le empezó a correr el termino de prescripción. 4.- En el cuarto motivo el recurrente invoca, interpretación indebida y errónea del artículo 697 del Código de Comercio, autorizado el motivo por el 719.2 del Código Procesal Civil, impugnando la falta de aplicación de las normas de derecho empleadas para la solución de fondo del litigio. Alega el recurrente que el valor de la consignación no es válido al no pagar interés moratorio, esta es una alegación incorrecta mi cliente no estaba en mora, por una sencilla razón en el contrato de promesa de venta no se señaló plazo para cumplir la obligación, laguna esta que la ley suple al tenor del artículo 1390 del Código Civil, “Si la obligación no señalare plazo, pero de su naturaleza y circunstancias se dedujere que ha querido concederse al deudor, los Tribunales fijarán la duración de aquel. También fijarán los Tribunales la duración del plazo cuando este haya quedado a voluntad del deudor.” Es evidente de que la demandada podía perfectamente acudir a los tribunales a efecto que fijaran el plazo, y después del plazo fijado mi mandante estaría en mora. El recurrente en este motivo evidencia un mala técnica casacional, olvidando que tanto la aplicación de una norma como la falta de aplicación de la misma, son dos extremos conexos entre sí, porque cuando se ha aplicado una norma inadecuada es que deja de aplicarse la pertinente, razón por la cual el impetrante se ve obligado a formular el encadenamiento entre una y otra cuestión, para lograr la restauración del derecho que considera perturbado, afirmando cual es la norma que se aplicó indebidamente en contraposición con la que considera no se aplicó por parte del ad-quem, lo que no sucede en el caso de autos que inclusive el recurrente no da explicaciones del motivo. 5.- En el quinto motivo el recurrente invoca, la falta de aplicación de los artículos 1607 y 1684, del Código de Comercio, autorizado el motivo por el 719.2 del Código Procesal Civil, impugnando la falta de aplicación de las normas de derecho empleadas para la solución de fondo del litigio. Alega el recurrente con una técnica deplorable de casación, que la demanda estaba prescrita, ignora el recurrente que en el presente caso; a) La ley manda que el término de la prescripción se computa desde que se pudo accionar la demanda, articulo 2297 del Código Civil, “El tiempo para la prescripción de toda clase de acciones, cuando no haya disposición especial que otra cosa determine, se contará desde el día en que pudieron ejercitarse.”, en relación con el artículo 1685 del Código de Comercio, “La prescripción comienza a correr desde el día en que el derecho pudo hacerse valer.” b) Las partes pactaron que la obligación de otorgar la escritura nace cuando se pagara el precio, y al no haber pactado el plazo, el vendedor debió acudir al juzgado para que lo señalara, al tenor del artículo 1390 del Código Civil, “Si la obligación no señalare plazo, pero de su naturaleza y circunstancias se dedujere que ha querido concederse al deudor, los Tribunales fijarán la duración de aquel. También fijarán los Tribunales la duración del plazo cuando este haya quedado a voluntad del deudor.” c) Es evidente, que mi mandante solo podía ejercer la acción para el otorgamiento de la escritura cuando pagase el precio y es más que evidente que nunca estuvo en mora para el pago ya que el vendedor no acudió al juzgado a efecto que el fijara el precio, y sumada a que el demandado no quiso recibir el pago por la vía de financiamiento bancario y no por pago directo en efectivo, resulta claro que con la presente acción de PAGO POR CONSIGNACION, nace la obligación de HACER CONSISTENTE EL OTORGAMIENTO DE UNA ESCRITURA PUBLICA, CANCELACION DE UN GRAVAMEN HIPOTECARIO Y DE PONER EN POSESION DE LOS INMUEBLES, y al haberse ejercitado simultáneamente bajo la figura de acumulación de acciones, que no fue objetada en juicio, a mi mandante nunca le empezó a correr el termino de prescripción. Otro aspecto importante a señalar es que el recurrente realizo un acto que de forma contundente constituye un reconocimiento de derecho a mi representada al pretender devolver el dinero pagado a mi mandante mediante senda demanda de PAGO POR CONSIGNACION, la cual fue rechazada en dos instancias, que evidentemente interrumpe prescripción, aunque como se dejó establecido la prescripción no comenzó a correr, la citada demanda interrumpe prescripción “III.- Por el reconocimiento expreso o tácito del derecho de la persona contra quien se prescribe, hecho por la persona a cuyo favor corre la prescripción. Empezará a contarse el nuevo término de la prescripción, en caso de reconocimiento de las obligaciones, desde el día en que se haga; si se renueva el documento, desde la fecha del nuevo título y si se hubiere prorrogado el plazo del cumplimiento de la obligación, desde que éste hubiere vencido.” II. FUNDAMENTOS DE DERECHO 1.- Es atribución de la Corte Suprema de Justicia conocer del recurso de casación[1], el mismo es un medio de impugnación de carácter extraordinario, cuyo conocimiento en materia Civil se atribuye a la Sala de lo Civil[2]; tiene claramente definidos dos fines expresos[3], el primero de ellos es su función nomofiláctica, entendida ésta como “la exacta observancia de la ley”, es decir la protección de las normas del ordenamiento jurídico, mediante la procura y promoción de la más adecuada aplicación e interpretación del derecho objetivo. El segundo fin es la unificación de la jurisprudencia nacional, misma que se explica en el sentido de que habiendo situaciones iguales debe pronunciarse decisiones iguales, siempre y cuando no concurran razones objetivas y razonables que justifiquen un trato desigual, en otras palabras, la evolución de la jurisprudencia. Por otra parte nuestra normativa procesal civil conmina a este alto tribunal a que aplique e intérprete las normas referidas al recurso de casación atendiendo a la finalidad de unificación de la jurisprudencia, esto como instrumento de garantía de la igualdad de todos ante la ley[4], y de la seguridad y certidumbre jurídicas. 2.- El recurso extraordinario de casación debe sujetarse en su formulación a determinados requisitos, para que pueda considerarse como tal y ser atendible por la Corte, ya que dicho recurso es esencialmente formalista, en consecuencia únicamente podrá ser interpuesto contra las resoluciones expresamente previstas por la ley y por los motivos taxativamente establecidos en ella. 3.- De lo expuesto por el recurrente abogado Juan Carlos Barrientos Paniagua, en su condición de representante procesal de la sociedad mercantil denominada SANTOS Y COMPAÑÍA S.A. DE C.V.; esta Sala deja relacionado sucintamente los alegatos en los cinco motivos planteados, ello en virtud de que los mismos aparecen citados literalmente en los antecedentes de hecho de este auto. 4.- El impetrante expone el Primer Motivo de casación contra la sentencia dictada en fecha 27 de abril de 2016, por la Corte Segunda de Apelaciones de lo Civil del departamento de Francisco Morazán; señalando que el fallo del iudex ad-quem infringe por falta de aplicación los artículos 1, 3 y 5 del Código de Comercio; para ello invoca como precepto autorizante lo dispuesto en el artículo 719.2 del Código Procesal Civil, que preceptúa que: “Igualmente, se podrá impugnar la aplicación e interpretación de las normas de derecho empleadas para la solución del fondo del litigio.”. En explicación del motivo manifiesta que en los Fundamentos de Derecho “Cuarto y Octavo” de la sentencia impugnada se ha dejado de aplicar lo establecido en el artículo 1 del Código de Comercio que preceptúa: “Los comerciantes, los actos de comercio y las cosas mercantiles se regirán por las disposiciones de este Código y de las demás leyes mercantiles en su defecto, por los usos y costumbres mercantiles y a falta de estos, por las normas del Código Civil. Los usos y costumbres especiales y locales prevalecerán sobre los generales.”, también el referido fallo ha dejado de aplicar el artículo 3 del citado Código que dice: “Son actos de comercio, salvo que sea de naturaleza esencialmente civil, los que tengan como fin explotar, traspasar o liquidar una empresa, y los que sean análogos.”, y que en los fundamentos jurídicos de la misma se ha dejado de aplicar también el artículo 5 del referido código que preceptúa: “Los actos que solo fueren mercantiles para una de las partes, se regirán por las disposiciones de este Código.”; y que más bien se ha dado énfasis y preferencia al Código Civil, siendo esto en cuanto a su interpretación totalmente erróneo e indebido, señala que las razones para estimarlo así por parte de esa representación procesal radican en lo siguiente: a) Su representada es la sociedad mercantil SANTOS y COMPAÑÍA S.A. DE C.V., y por lo tanto es un comerciante y sus actos se rigen por las disposiciones del Código de Comercio y solamente a falta de éste por las normas del Código Civil; b) Que en el caso de autos la parte demandante es la señora Tania Guadalupe Quezada Luque; y su representada es una sociedad mercantil por lo cual al tenor del artículo 5 del Código de Comercio, aquellos actos que solo fueren mercantiles para una de las partes, se regirán por las disposiciones de este Código; y c) Que en la sentencia proferida se han dejado de aplicar los referidos artículos del Código de Comercio, ignorando con ello el Tribunal de Alzada que esa normativa es preferente al Código Civil, cuya aplicación en este caso es subsidiaria o supletoria y son las normas del Código de Comercio las que el Juzgador de Alzada debió de aplicar de manera preferente. 4.1.- De la exposición que el recurrente hace del Primer motivo, la Sala observa que el impetrante no hace una correcta técnica de casación, falencias que tienen que ver con lo siguiente: a) Falta de separación y claridad, esto porque estima de manera conjunta que el Tribunal de Alzada en el fallo que profirió no ha hecho aplicación de los artículos 1, 3 y 5 del Código de Comercio; en ese sentido es menester recordar al impetrante que una correcta técnica en casación impone el deber ineludible de plantear de manera separada en motivos diferentes cada una de las infracciones alegadas que estime vulnerados por aplicación, no aplicación o por su interpretación; no hacerlo así concita la inobservancia de lo dispuesto en el articulo 721.2 Código Procesal Civil; b) También es menester señalar que no resultan susceptibles de ser impugnadas en vía de casación aquellas normas sustantivas que resultan ser generales o tienen un carácter enunciativo; a menos, claro está, que esa norma de carácter general que se cita como infringida sea relacionada por el recurrente con una norma específica. 5.- El recurrente bajo la egida del precepto autorizante del artículo 719.2 del Código Procesal Civil, expone su Segundo Motivo señalando que la sentencia del Tribunal de Alzada causa perjuicio a su representada, ya que la misma no hace aplicación de lo dispuesto por los artículos 707 del Código de Comercio y 1438 del Código Civil, así especifica que en el Fundamento de Derecho Cuarto de manera incorrecta y errónea interpreta los citados artículos del Código de Comercio y Civil, ello porque en relación al pago por consignación realizada por la demandante, y al negarse la demandada SANTOS y COMPAÑÍA a recibir el saldo insoluto de los Cuarenta Mil Dólares Americanos (US$ 40,000.00) restantes por el valor de los lotes de terreno objeto del Contrato de Promesa de Venta; ha establecido el ad-quem de manera errónea que la negativa de recibir el pago era injustificada; ello a pesar de que se ha dejado establecido en la contestación de la demanda que después de 57 meses sin pagar y tomando en consideración que las obligaciones mercantiles siempre serán onerosas y con fines de lucro y que el deudor moroso deberá pagar el interés vencido y en su defecto el legal por concepto de daños y perjuicios, tal como lo establece el artículo 707 del Código de Comercio, articulo éste que se ha dejado de aplicar por el Tribunal de Alzada, ello porque consta en autos que la oferta de pago por consignación no incluía el pago de los intereses legales motivos por el cual justificadamente su representada se negó a recibir el pago, extremo este que consta en la contestación de la demanda. Dice el impetrante que el artículo 1438 del Código Civil establece que el deudor moroso está obligado no solo al pago de la mora sino que cuando se hacen pagos por abonos atrasados el pago se debe de imputar primero a los respectivos intereses y por ultimo al capital; y en el presente la referida Corte de Apelaciones dejo de aplicar lo establecido en el Código Civil por lo que la imputación de pagos únicamente se hizo al capital ignorando totalmente el pago de los intereses legales correspondientes. 5.1.- La Sala de lo Civil estima respecto del Segundo Motivo, que en los términos en que se formula el mismo, concitan su inadmisibilidad, ya que el recurrente no emplea una correcta técnica casacional, a saber: a) La falta de suficiente separación y claridad en la exposición del motivo, ello porque el recurrente en un mismo motivo alega que el Tribunal de Alzada no hace aplicación en el fallo de los dos artículos que cita, uno del Código de Comercio y el otro del Código Civil, pero a su vez señala una interpretación errónea de tales artículos: al respecto es menester señalar por parte nuestra que la violación de la ley consiste en la omisión o falta de aplicación en el fallo proferido de normas que resulten aplicables al caso concreto, y por su parte la interpretación errónea supone que el juzgador al aplicar la norma le da un sentido distinto al que tiene; en ese sentido dado el carácter formalista del recurso de casación no se puede alegar la inaplicación de determinadas normas y al mismo tiempo estimar que las mismas han sido erróneamente interpretadas, pues ello supone una contradicción en el motivo planteado; y b) Amen de lo anterior el recurrente no hace la separación debida de los artículos que estima vulnerados por parte del iudex ad-quem, esto es que debió de haber alegado la vulneración de cada uno de los citados artículos en motivos separados. 6.- Invoca el recurrente en el Tercer Motivo como precepto autorizante el artículo 719.2 del Código Procesal Civil, y señala que la sentencia del iudex ad-quem hoy impugnada no ha hecho aplicación del artículo 1692 del Código de Comercio. Expone que en el Fundamento de Derecho Octavo de la sentencia proferida, la Corte sentenciadora de manera incorrecta y errónea interpreta y aplica la interrupción de la prescripción mercantil la cual prácticamente reconoce como existente puesto que no lo rechaza, reconociendo que el acto jurídico que originan las obligaciones de esta demanda es de tipo mercantil pero manifiesta que al haberse promovido una demanda de ofrecimiento de pago por parte de SANTOS y COMPAÑÍA, se interrumpió la prescripción; y que al respecto el artículo 1692 del Código de Comercio establece que la prescripción se interrumpirá ”Por la demanda o cualquier otro género de interpelación judicial notificada al poseedor o al deudor en su caso. Se considera como no interrumpida la prescripción por la interrupción judicial si el actor desistiere de ella o fuere desestimada su demanda”. Dice el recurrente que consta en autos, que dicha demanda fue declarada sin lugar, por lo cual no se produce ninguna interrupción de la prescripción al tenor de lo señalado en el citado artículo, y que por otro lado es necesario resaltar que el documento de promesa de venta suscrito entre las partes en fecha 19 de noviembre del año 2010, implica que cuando se interpuso la demanda de ofrecimiento de pago en fecha 05 de febrero de 2013, ya dicha promesa de venta estaba prescrita por haber transcurrido más de dos años, tal como lo determinan los artículos 1684 y 1707 del Código de Comercio por lo cual se ha hecho de manera evidente una falta de aplicación del artículo 1692 del Código de Comercio y de los tiempos de interposición de las acciones de ofrecimiento de pago realizados por su representada, lo cual implica que debió de declararse con lugar la prescripción mercantil alegada en la demanda y al estar prescrita la misma no cabría declarar con lugar el pago por consignación. 6.1.- La Sala luego del análisis del Tercer Motivo planteado por el recurrente, abogado Juan Carlos Barrientos Paniagua, estima que el mismo no ha planteado el motivo con una correcta técnica de casación, ello por lo siguiente: a) Olvida el impetrante que la vulneración de una norma jurídica aplicable al caso concreto, consiste en la falta de aplicación de la misma por parte del órgano jurisdiccional, así mismo entendemos que la interpretación errónea consiste en aplicar la norma en un sentido distinto del que tiene la misma, tal y lo deja señalado el jurista nacional don Jaime Pineda Rodríguez, en su obra intitulada “Monografía del Recurso de Casación”, en ese sentido es claro que no se podrá plantear de forma conjunta y en un mismo motivo de casación, por un lado la falta de aplicación de la norma, y al mismo tiempo señalar que la misma se ha interpretado erróneamente por parte del Tribunal de Alzada; por otro lado tenemos que cuando se alega la falta de aplicación de la norma pertinente, el sustentante para lograr la restauración del derecho que considera perturbado, viene obligado en señalar también la norma que se aplicó indebidamente por parte de la Corte de Apelaciones; y b) El impetrante dice que el fallo proferido por el iudex ad-quem no ha hecho aplicación del artículo 1692 del Código de Comercio; ahora bien sobre la cita de tal normativa y amen de las razones expuestas en el literal anterior, la Sala nuevamente hace suya la posición doctrinal del citado jurista nacional Jaime Pineda Rodríguez, cuando tiene a bien decir que: “..no es suficiente citar confusamente las leyes de uno o más títulos de un cuerpo legal o las que tratan de una materia determinada, sino que es indispensable citar precisa y determinantemente el artículo, precepto o norma que a juicio del recurrente se ha o se han infringido, de tal manera que cuando las leyes varias disposiciones o el artículo contenga varios preceptos, es necesario señalar claramente cuál de ellos se supone infringido.”; en ese sentido es necesario señalar que artículo 1692 del Código de Comercio está compuesto de tres números romanos; y aun y cuando el recurrente hace cita textual del contenido de uno de tales romanos, también es cierto que no ha tenido el cuidado de citarlo puntualmente, esto es no hace referencia específica del romano II que es el que debió de haber señalado como vulnerado por falta de aplicación, con lo cual no es lo suficientemente preciso en el motivo. 7.- Invoca el recurrente en el Cuarto Motivo como precepto autorizante el artículo 719.2 del Código Procesal Civil, y señala que la sentencia del iudex ad-quem hoy impugnada no ha hecho aplicación del artículo 697 del Código de Comercio, que establece que para que el ofrecimiento sea valido se requiere: “Que comprenda todo lo debido incluyendo en su caso los frutos o intereses más la cantidad necesaria para cubrir los gastos que sean por cuenta del deudor”. Señala que dado que en el caso de merito Santos y Compañía S.A. de C.V., es una empresa mercantil, por tanto la obligación que surge es de tipo mercantil según lo establecen los artículos 1, 3 y 5, del Código de Comercio, razón por la cual estima que el tribunal de segunda instancia en el Fundamento de Derecho Cuarto de la sentencia, no ha hecho aplicación de lo dispuesto por el citado artículo 697 y se interpreta de manera errónea el pago por consignación porque solamente se hace desde el punto de vista civil ignorando que estamos frente a obligaciones de carácter mercantil y que por lo tanto se deberían haber aplicado las disposiciones del Código de Comercio. 7.1.- La Sala encuentra que al igual que en el motivo que antecede, en el Cuarto Motivo el recurrente incurre en las mismas falencias en cuanto a la técnica casacional, así tenemos que bajo la egida del precepto autorizante invocado, como lo es el artículo 719.2 del Código Procesal Civil, se podrá impugnar la aplicación e interpretación de las normas empleadas para la solución del fondo del litigio, en ese sentido (en el primer supuesto) entendemos que solo se pueden impugnar las normas que aplicó el juzgador para resolver el litigio, lo que implica que solo se puede impugnar por vía de aplicación indebida, esto es que solo se pueden atacar las normas que usó el juzgador en la sentencia para resolver la cuestión cuando estas no debieron ser aplicadas, no siendo posible invocar por falta de aplicación en forma aislada las que no fueron observadas, en consecuencia, si el censor pretende en su libelo interesar la aplicación de normas que no fueron observadas, deberá primero fustigar las que fueron observadas demostrando su indebida aplicación y como consecuencia de ello conceptualizar cuales normas y porque debieron ser aplicadas; consecuente con lo anterior la Sala observa en primer lugar que el impetrante no señala y tampoco explica cual fue la norma del Código Civil que la Corte de Apelaciones aplica indebidamente, y así luego explicar porque debió de haberse aplicado la norma del Código de Comercio que el invoca que debió de ser aplicada. 8.- Que el recurrente bajo la egida del precepto autorizante del artículo 719.2 del Código Procesal Civil, expone el Quinto Motivo señalando que la sentencia del Tribunal de Alzada en el Fundamento de Derecho “Octavo” de manera errónea e incorrecta se dejaron de aplicar los artículos 1607 y 1689 del Código de Comercio. Aduce que el Código de Comercio en su artículo 1 establece que los comerciantes, los actos de comercio y las cosas mercantiles se regirán por las disposiciones de este Código y de las demás leyes mercantiles; en su defecto, por los usos y costumbres mercantiles; y a falta de estos, por las normas del Código Civil; que así mismo, el artículo 5 de la citada normativa también establece que los actos que solo fueren mercantiles para una de las partes, se regirán por las disposiciones del Código de Comercio; que en ese sentido siendo que SANTOS Y COMPAÑÍA, S.A. DE C.V., es una sociedad mercantil de conformidad al Código de Comercio todos los actos que realice estarán regidos por el Código de Comercio, por lo que el Contrato Preparatorio de Promesa de Venta de unos inmuebles celebrados entre SANTOS Y COMPAÑÍA, S.A. DE C.V., y la señora Tania Guadalupe Quesada Luque se rigen por las disposiciones del Código de Comercio, mismos que fueron suscritos entre ambas partes el 19 de noviembre del año 2010 es decir, hace cuatro (4) años, siete (7) meses a la fecha de la contestación de esta demanda. Cita el contenido del artículo 1684 del Código de Comercio que establece: “Los derechos y acciones de cualquier clase se extinguen por prescripción cuando el titular no los ejercita dentro del plazo legalmente indicado…”, y el artículo 1607 del citado que establece, según el recurrente que prescribirán en dos años las acciones derivadas, entre otros de los Contratos de Compra Venta, y allí es en donde se encuentran incluido el Contrato Preparatorio de Promesa de Venta de unos inmuebles suscritos entre Santos y Compañía, S.A. de C.V. y la señora Tania Guadalupe Quesada Luque. Continua señalando que tal extremo quedo suficientemente probado, ya que al examinar la fecha de suscripción del Contrato Preparatorio de Promesa de Venta de unos inmuebles celebrados entre ambas partes, por lo que al tenor de las disposiciones legales señaladas ya transcurrió el plazo de dos años desde la suscripción de dicho contrato preparatorio, por lo que cabe declarar su prescripción. Dice que si los juzgadores se hubieran detenido a analizar la fecha de suscripción de la promesa de venta de unos inmuebles objeto de este juicio suscrito el 19 de noviembre de 2010 y hubiesen hecho el computo del tiempo transcurrido entre la fecha de interposición de la demanda de pago por consignación que Santos y Compañía le promovió a Tania Guadalupe Quezada Luque, el 05 de febrero de 2013 se observa que dicha demanda esta interpuesta cuatro meses después que la obligación prescribió y que adicionalmente dicha demanda fue declarada sin lugar por lo cual la misma no interrumpe la prescripción y que cuando la referida señora interpuso la demanda ya habían transcurrido también más de cuatro años desde que se suscribió la obligación original en el año 2010, por lo cual se debió declarar con lugar la prescripción mercantil. 8.1.- No resulta de recepción para la Sala de lo Civil el Quinto Motivo, ello porque básicamente el impetrante en los términos en que lo formula, ha inobservado la debida técnica casacional, tales falencias tienen que ver básicamente con lo siguiente: a) La falta de suficiente separación y claridad en la exposición del motivo, ello porque el recurrente alega que el Tribunal de Alzada no hace aplicación en el fallo impugnado de los artículos 1607 y 1689 del Código de Comercio, al respecto es menester señalar que una correcta técnica de casación supone que el recurrente debe plantear la probable vulneración de los artículos invocados en motivos separados para cada uno de ellos y justificar a la Sala la incidencia de tal vulneración en el sentido de la resolución dictada; y b) El recurrente erróneamente señala que el tribunal de alzada no aplico el artículo 1607 del Código de Comercio que dice él establece lo siguiente: “prescribirán en dos años las acciones derivadas, entre otros de los Contratos de Compra Venta”; cuando la verdad es que tal contenido no corresponde a tal artículo, ya que el articulo invocado 1607 está referido a: “La aprobación judicial del convenio obliga en los términos del mismo al quebrado, a todos los acreedores que en el tomaron parte, privilegiados o no, aprobantes o disidentes”. Situación ante la cual es evidente la falta de precisión y claridad en la exposición del motivo por parte del recurrente. 9.- Que en conclusión, la defectuosa presentación del recurso por parte del impetrante, en esta fase procedimental, hace procedente su inadmisión por concurrir en los cinco motivos de casación expuesto, la causa prevista en el artículo 723.2 literal a) del Código Procesal Civil. III. PARTE DISPOSITIVA La Corte Suprema de Justicia por medio de la Sala de lo Civil y en nombre del Estado de Honduras, pronunciándose con base a la motivación jurídica expuesta y aplicando lo dispuesto en los artículos 80, 82, 89 párrafo primero, 303, párrafo primero, 304, 313 numeral 14); 316 párrafo primero de la Constitución de la República; 1 y 80.1 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 115, 118.1, 129, 169, 170, 190, 191, 193.2 literal b), 197, 199, 716, 717, 718, 719, 720.2, 721.2, 722, 723.2 literal a), 724 y 914 del Código Procesal Civil; profiere por unanimidad de votos el presente auto irrecurrible y declara: I.- INADMISIBLE el recurso de casación en sus cinco motivos formalizada por el abogado JUAN CARLOS BARRIENTOS P., en su condición de representante procesal de la sociedad mercantil denominada SANTOS Y COMPAÑÍA, S.A. de C.V., en contra de la sentencia definitiva dictada el día 27 de abril del año 2016, por la Corte Segunda de Apelaciones de lo Civil del departamento de Francisco Morazán. II.- FIRME la sentencia recurrida dictada por la Corte Segunda de Apelaciones de lo Civil del departamento de Francisco Morazán, en fecha 27 de abril del año 2016, e identificada en esta Sala bajo el Expediente S.C. 190-2016 y en el de apelación registrado bajo el número 03251-15, originado en los autos que conforman el expediente número 0801-2015-03251-CPCO del Juzgado de Letras Civil del departamento de Francisco Morazán. III.- CONDENA EN COSTAS al recurrente. Y MANDA: Que con la certificación de este auto se remitan las actuaciones a la Honorable Corte Segunda de Apelaciones de lo Civil del departamento de Francisco Morazán, para los efectos legales consecuentes. Redacto el Magistrado Wilfredo Méndez Romero.- NOTIFÍQUESE. FIRMAS Y SELLO. RINA AUXILIADORA ALVARADO MORENO. MAGISTRADA COORDINADORA. REYNALDO ANTONIO HERNANDEZ. MAGISTRADO. WILFREDO MENDEZ ROMERO. MAGISTRADO. FIRMA Y SELLO. BETTY JANETH PALMA O´CONNOR. RECEPTORA ADSCRITA”.

Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veinte días del mes de abril del año dos mil dieciocho; Certificación del auto de fecha veintiuno de marzo del año dos mil dieciocho, recaído en el Recurso de Casación registrado bajo el No. S.C. 190=2016.

BETTY JANETH PALMA O’CONNOR

RECEPTORA ADSCRITA

[1] Artículo 313.5 de la Constitución de la República

[2] Artículo 718 del Código Procesal Civil.

[3] Artículo 716 del Código Procesal Civil,

[4] Artículo 61 de la Constitución de la República.