Chilo Legal Biblioteca Consulta Legal
⚠️
Documento pendiente de verificación

Este texto aún no ha sido revisado por un curador; podría contener errores de transcripción.

Sentencia CC-180-16 — Registro 8157

Resumen

En primera instancia se declaró con lugar la demanda ordinaria de daños y perjuicios y confirmada en segunda instancia.

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

… “5.- Los argumentos de la recurrente en este Primer Motivo no son de recibo por parte de la Sala, y ello se estila así, porque incurre en mala técnica casacional al momento de plantear el mismo, ello se establece por lo siguiente: a) Falta a la debida separación y claridad con la que deviene al plantear el motivo, ello porque señala que el tribunal de alzada en el fallo proferido ha dejado de aplicar los artículos 1, 7, 59, 62 numeral 2 literal c) del Código Procesal Civil y los artículos 14, 53 y 78 del Código de Comercio en relación con el artículo 49 de la Ley del Registro Nacional de las Personas; en ese sentido es menester recordar a la impetrante que una debida técnica de casación impone que no se puede hacer cita de una manera indiscriminada de preceptos legales; esto es lo que se conoce como “cita acumulada de una sucesión de normas que rigen determinada materia”, y que doctrinalmente se deja establecido en que: “…el casacionista no debe incurrir en el defecto de alegar como infringidas un conjunto indiscriminado de las normas que rigen determinada materia... una adecuada técnica casacional exige que en cada uno de los motivos de casación se precise la infracción legal que se considera cometida, debiendo por tanto evitarse la concentración en un solo motivo de todos o la mayor parte de los artículos, mediante una interpretación conjunta de normas con diferentes alcances…”; al hacerse cita de varias normas jurídicas, de carácter adjetivo y sustantivo mismas que difieren en rango y protección recursiva, es procedente señalar, como ya se ha dejado establecido en el iter de este auto, era deber de la casacionista haberlas planteado en forma separada cada una de ellas en motivos distintos, y así cumplir con los requisitos establecidos en el artículo 704 del Código Procesal Civil, el cual establece: “Sin perjuicio de las concretas exigencias, que puedan regularse, los escritos de interposición, de un recurso devolutivo deberán contener la fundamentación de lo pedido, con determinación en todo caso del perjuicio o agravio sufrido e identificación del vicio o error que lo causa…..”; en el recurso impetrado la falta de individualización de las normas consideradas como infringidas, convierten en imprecisa la recurrencia pretendida; asunto sobre el cual la Sala de lo Civil ya se ha pronunciado en reiteradas ocasiones.; y b) En el planteamiento del motivo la impetrante señala que el cumulo de artículos que cita como vulnerados por la Corte de Apelaciones no fueron aplicados por ésta en el fallo proferido; sobre lo anterior la Sala deviene en ilustrar que, además de la debida separación que se debe observar respecto de cada uno de los artículos que se estiman vulnerados, también se deberá citar por parte de la recurrente la norma que el juzgador ha aplicado en el fallo, para luego explicar a la Sala el porqué de la conveniencia de haber aplicado la norma que alega no se aplicó; situación que en el caso de autos no se da: todo lo anterior concita que la recurrente no ha observado lo dispuesto por el artículo 721.2 del Código Procesal Civil.”

Legislación citada

Jerarquía: Reiterativa

… “7.- Respecto del Segundo Motivo el mismo no resulta de admisión por parte de la Sala, ello en consideración a que no se observa la debida técnica que el recurso de casación exige al momento de interponerlo, tales falencias se resumen en que: a) Si bien es cierto la Sala de lo Civil considera que el argumento de la petente en relación a fundar el motivo en la infracción por falta de aplicación de los artículos 80, 82 y 90 de la Constitución de la República, el primero de ellos referido al derecho de petición, el segundo al derecho de defensa y el tercero al debido proceso y estos en relación a lo dispuesto a las normas procesales de los artículos 1, 3 y 7 del Código Procesal Civil; también es cierto que se haya conducido por la vía que provee la causal referida a la infracción de normas que regulan los actos y garantías procesales cuando su infracción supone la nulidad o produce indefensión. Sin embargo, esta Sala, no comparte el criterio de la impetrante en su motivo, cuando pretende que sea estimado el argumento de que dichas garantías constitucionales fueron quebrantadas por el juzgador de primera instancia y señala de manera escueta que no se han respetado las formalidades respecto de los actos de comunicación y emplazamiento judicial, por lo que se ha demandado, emplazado y condenado a su representada sin observar tales formalidades. La Sala de lo Civil toma esta determinación porque resulta ser cierto que la recurrente cuestiona que en primera instancia no se han respetado actos procesales, con lo cual olvida que el Código Procesal Civil establece los recursos que permite el proceso civil y cuando es aplicable cada uno de ellos, tal y lo preceptuado en los artículos 690 y 691 del citado texto legal; en ese sentido la Sala encuentra que la recurrente inobserva el alcance de impugnación contra las sentencias dictadas por los Tribunales de Segunda Instancia, ya que comparece alegando supuestas irregularidades en actos procesales realizados en primera instancia, los cuales no son susceptibles al recurso extraordinario de Casación. Para ello es preciso repasar el alcance del Recurso de Apelación que se encuentra consignado en el artículo 706 de la ley adjetiva en referencia, cuando establece que las Cortes de Apelaciones conocerán los recursos interpuestos en contra de las resoluciones de que dicten los Juzgados de Letras. Asimismo precisa recordar que sólo es procedente el recurso extraordinario de Casación, contra las sentencias y autos definitivos, dictados por las Cortes de Apelaciones en el proceso ordinario y otras establecidas expresamente, tal como lo preceptúa el artículo 717 siempre del mismo cuerpo legal; y b) Además de lo anteriormente señalado en el desarrollo del cargo, la impetrante incumple lo señalado en el artículo 700 del Código Procesal Civil, que manda que cuando en los recursos devolutivos se alegue la existencia de un defecto en la aplicación o interpretación de las normas procesales que produzcan nulidad o indefensión, el recurrente deberá acreditar en la interposición del recurso, que procedió a denunciar dicho defecto en la instancia en que se produjo, si ello era posible y que, en su caso, reprodujo la denuncia en la apelación, no habiéndolo hecho, el cargo resulta incompleto. En vista de lo anteriormente señalado procede declarar la inadmisión del segundo motivo de casación.”

Legislación citada

Jerarquía: Reiterativa

… “9.- Con relación a los alegatos que la recurrente esboza en el Tercer Motivo de casación, la Sala de lo Civil encuentra que no ha observado una correcta técnica de casación al momento de plantear el motivo; ello se estila así, puesto que: a) Plantea en un solo motivo la infracción por interpretación errónea de los artículos 1, 4, 79 y 81 del Código Procesal Civil; con lo cual se hace evidente la inobservancia de los requisitos procesales exigidos por la ley para su admisibilidad, principalmente lo establecido en el artículo 704 del Código Procesal Civil. Adicionando a lo anterior se le señala a la recurrente la exigencia de derecho objetivo en cuanto a la claridad, ya que ésta permanece inevitable en el régimen del recurso de casación, así como la necesidad de que las diversas infracciones alegadas sean objeto de razonamientos separado como rigor técnico y formal que demanda la naturaleza de la Casación, tal y lo que cabe extraer de una parte del artículo 721.2 del Código en referencia, cuando exige que deberá fundamentarse con la suficiente separación y claridad, con el fin de plantear a esta Sala las cuestiones jurídicas en un modo preciso y razonado, atinentes a infracciones legales de las normas procesales previamente anunciadas en el escrito de interposición; y de ello se sigue la necesaria consecuencia de que cada una de ellas ha de ser objeto de alegación independiente y ordenada, explicando con precisión en qué sentido se ha producido la vulneración de la norma, constituyendo la suma de todo ello un único recurso; y b) Cuestiona la recurrente el auto emitido por el juzgado a-quo en fecha veinte de agosto del dos mil quince, con lo cual olvida que el Código Procesal Civil es por demás claro al determinar cuáles son los recursos que permite el proceso civil y cuando es aplicable cada uno de ellos, tal como lo establece en sus artículos 690 y 691 del citado texto legal. La compareciente inobserva el alcance de impugnación contra las sentencias dictadas por los Tribunales de Segunda Instancia, ya que comparece alegando supuestas irregularidades en actos procesales realizados en primera instancia, los cuales no son susceptibles al recurso extraordinario de Casación. Para ello es preciso repasar el alcance del Recurso de Apelación que se encuentra consignado en el artículo 706 de la ley adjetiva en referencia, cuando establece que las Cortes de Apelaciones conocerán los recursos interpuestos en contra de las resoluciones de que dicten los Juzgados de Letras. Asimismo precisa recordar que sólo es procedente el recurso extraordinario de Casación, contra las sentencias y autos definitivos, dictados por las Cortes de Apelaciones en el proceso ordinario y otras establecidas expresamente, tal como lo preceptúa el artículo 717 siempre del mismo cuerpo legal. Del presente motivo se puede colegir que la impetrante pretende que la Corte Suprema de Justicia a través de la Sala de lo Civil conozca vía recurso de casación la existencia de una aparente inobservancia del Juzgado de Letras Civil del departamento de Francisco Morazán, situación que es completamente ajena a derecho, por pretender que este máximo tribunal conozca sobre actos procesales acaecidos en primera instancia. Cierto es que la Constitución de la República establece como derecho fundamental el acceso a peticionar ante las autoridades competentes, pero debe entenderse que este derecho se encuentra debidamente regulado bajo un esquema de orden propio de un Estado de Derecho, y que en materia civil, el artículo 1.1 del Código Procesal Civil establece que toda persona tiene derecho de peticionar ante los Tribunales la Tutela Efectiva de sus derechos, situación que previamente ha agotado la compareciente en su recurso de apelación; y si bien es cierto que la recurrente invoca como causal de casación el artículo 719.1 literal b) del Código Procesal Civil, esto es en cuanto que: “1. Se podrá impugnar la aplicación e interpretación de las normas procesales que regulan: … b) Los actos y garantías procesales cuando su infracción suponga la nulidad o produjere indefensión.”, y en los demás artículos relacionados en el presente motivo, como ya se ha dejado señalado esta causal no es aplicable para el conocimiento de actos procesales suscitados en primera instancia.”

Legislación citada

Jerarquía: Reiterativa

… “11.- La Sala de lo Civil luego del análisis del Cuarto Motivo, encuentra que la recurrente abogada Irma Elizabeth Aguilar Arias, no ha observado al momento de plantear el motivo la debida técnica de casación que indefectiblemente debía de haber empleado, así tenemos que incurre en errores que tienen que ver con lo siguiente: a) Plantea en un solo motivo la vulneración por falta de aplicación de los artículos 139.2, 140.3, 141, 144.7, 146 y 148.1 del Código Procesal Civil, con lo cual falta a la debida separación y claridad; al respecto este Alto Tribunal de justicia, hace saber que la acotación o límites de cada norma que se cite como infringida deberá hacerse en forma separada, clara y sobre todo precisa, de manera que no quede ninguna duda del thema decidendi o alcance del motivo; este requisito tiene que ver con el objeto a juzgar por la Sala de lo Civil, el cual debe ser definido o delimitado con suma precisión y detalle por quien acude en casación; b) Aunado a lo anterior las razones que esgrime la recurrente para estimar la inaplicación de los referidos artículos por parte del Tribunal de Alzada, se circunscriben a cuestionar únicamente el acto de comunicación de emplazamiento a la parte demandada, con lo cual olvida que al tenor de lo preceptuado en los artículos 690 y 691 del Código Procesal Civil, se determina cuales son los recursos que permite el proceso civil y cuando es aplicable cada uno de ellos. En ese sentido llama la atención de la Sala que la recurrente comparece alegando supuestas irregularidades en actos procesales realizados en primera instancia, mismos que no son susceptibles al recurso extraordinario de Casación, ello de conformidad con lo preceptuado en el artículo 706 de la citada normativa, al dejar claramente establecido que las Cortes de Apelaciones conocerán los recursos interpuestos en contra de las resoluciones de que dicten los Juzgados de Letras. También es menester recordar que sólo es procedente el recurso extraordinario de Casación, contra las sentencias y autos definitivos, dictados por las Cortes de Apelaciones en el proceso ordinario y otras establecidas expresamente, tal como lo manda el artículo 717 siempre del mismo cuerpo legal. Señalado lo anterior tenemos entonces que la recurrente en éste motivo pretende que la Sala de lo Civil haga revisión sobre actuaciones procesales llevadas a cabo por el a-quo, lo cual le es vedado a esta instancia extraordinaria de acuerdo a la normativa procesal antes citada; y c) Refiere la recurrente que los tres jueces que conocieron el proceso y las dos Secretarias Adjuntas, no leyeron los 19 documentos en los cuales se consignó el nombre de Ronal Torres Erazo persona esta que no es parte en la demanda; y que tampoco leyeron las cartas de información de las empresas de telefonía CLARO, TIGO y HONDUTEL sobre Ronal Torres Erazo; al respecto es menester recordar que de acuerdo con lo preceptuado en el artículo 720.1 del Código Procesal Civil, le está vedado a la Sala que revise los hechos, la interpretación y valoración de las pruebas, ahora bien, a pesar de la referida prohibición y, si el motivo pretendía que la Sala hiciese revisión del control de la motivación fáctica de la sentencia, a fin de revisar su existencia, suficiencia, racionalidad y carácter lógico, siempre y cuando fuere determinante en un sentido diferente del fallo, bien pudo la recurrente invocar como precepto autorizante lo dispuesto en el artículo 719.1 literal c) del Código Procesal Civil, en relación con el 720.2 de la misma normativa.”

Legislación citada

Jerarquía: Reiterativa

… “13.- Respecto de los planteamientos expuestos por la recurrente en el Quinto Motivo, la Sala encuentra que los mismos no se han hecho observando la debida técnica de casación, esto se colige así ya que por parte de la impetrante se han cometido las siguientes falencias: a) La falta de claridad y justificación en el motivo expuesto, ello porque señala que el Tribunal de Alzada en el fallo proferido ha vulnerado por falta de aplicación del artículo 715.1 en relación con el artículo 62.2 literal c) ambos del Código Procesal Civil, y señala en forma escueta que el Tribunal de Alzada detecto infracciones procesales y no ejerció su poder para corregirlos, al confirmar la sentencia de primera instancia; la Sala al respecto estima oportuno señalar que la recurrente en el desarrollo del cargo incurre en doble error, por una parte se deduce de los escuetos razonamientos expuestos, que cuestiona que el fallo del ad-quem no hizo pronunciamiento, pudiendo haberlo hecho, sobre infracciones procesales que detecto en el fallo de primera instancia, con lo cual la recurrente equivoca el precepto autorizante que debió de invocar, esto es el artículo 719.1 literal b del Código Procesal Civil; y b) Incumple lo señalado en el artículo 700 del Código Procesal Civil que manda que cuando en los recursos devolutivos se alegue la existencia de un defecto en la aplicación o interpretación de las normas procesales que produzcan nulidad o indefensión, el recurrente deberá acreditar en la interposición del recurso, que procedió a denunciar dicho defecto en la instancia en que se produjo, si ello era posible y que, en su caso, reprodujo la denuncia en la apelación; situación que la recurrente no expone en el motivo, por lo que el cargo resulta incompleto.”

Legislación citada

Jerarquía: Reiterativa

… “15.- No resultan de recibimiento los argumentos que plantea la recurrente en el Sexto Motivo, la Sala igual que en los motivos que preceden detecta que nuevamente incurre en errores de técnica casacional; así tenemos: a) Que si bien es cierto que cita como precepto autorizante lo dispuesto por el articulo 719.1 literal c) del Código Procesal Civil mismo que relaciona con el artículo 720.2 de la misma normativa; aduciendo básicamente que el Tribunal de Alzada ha dejado de aplicar el artículo 200.2 literal b), en relación con los artículos 239.1, 240.1 y 245.1 del Código Procesal Civil; también lo es que la impetrante erra al cuestionar directamente la valoración que de dos medios de prueba documental ha hecho en su fallo el juzgado a-quo, medios de prueba que dice no fueron propuestos, admitidos ni evacuados en juicio a la parte demandante; con lo cual olvida que al tenor de lo dispuesto por el artículo 717 del Código Procesal Civil, sólo es procedente el recurso extraordinario de Casación, contra las sentencias y autos definitivos, dictados por las Cortes de Apelaciones en el proceso ordinario y otras establecidas expresamente; así pues, a vía de ilustración la Sala establece que sí se puede mediante vía de casación, y una vez que se admite a trámite el recurso, hacer pronunciamiento sobre la valoración de medios de prueba, ahora bien para que la admisión del recurso a trámite se pueda hacer por parte de la Sala, la recurrente si pretende solicitar en casación el control de la motivación fáctica de la sentencia del ad-quem, para revisar su existencia, suficiencia, racionalidad y carácter lógico, siempre que fuere determinante de un sentido diferente del fallo; deberá observar dos aspectos en el escrito de interposición del recurso, el primero de ellos tiene que ver con que el recurrente impugne únicamente la sentencia de segunda instancia, y en segundo lugar deberá, si la sentencia dictada por el Tribunal de alzada es confirmatoria de la proferida por el a-quo, dejar establecido que impugna la sentencia de segunda instancia “que ha hecho suya la sentencia de primera instancia”; ahora bien lo que no puede suceder por ser improcedente, es que se recurra directamente el fallo de la primera instancia, tal y como lo ha dejado expuesto la recurrente en el presente motivo; y b) Amen de lo anterior la impetrante plantea en forma confusa el motivo, ello porque aduce la vulneración por falta de aplicación de lo dispuesto por el artículo 200.2 literal b) del Código Procesal Civil, dicho artículo está referido a los requisitos externos que se deben observar por el juzgador en la redacción de la sentencia, y por otra parte pretende que la Sala haga revisión sobre la suficiencia, racionalidad y carácter lógico, siempre que fuere determinante de un sentido diferente del fallo, esto es sobre la valoración de medios de prueba de la sentencia proferida en primera instancia, situación que provoca la inadmisión del motivo al tenor de lo preceptuado por el artículo 721.2 de la normativa procesal civil”

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACION

La Infrascrita Receptora Adscrita a la Sala de lo Civil de la Corte Suprema de Justicia, Certifica el Auto que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los catorce días del mes de mayo del año dos mil dieciocho, la Sala de lo Civil integrada por los ilustres Magistrados: RINA AUXILIADORA ALVARADO como Coordinadora REYNALDO ANTONIO HERNÁNDEZ y WILFREDO MÉNDEZ ROMERO, el tercero designado ponente para el conocimiento y redacción de la presente resolución en el recurso de casación impetrado, en la fecha supra indicada dictan el siguiente AUTO: SON PARTES: La sociedad INGENIEROS CONTRATISTAS, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE, “INSERPINT, S. DE R.L. DE C.V.; representada en juicio por la abogada IRMA ELIZABETH AGUILAR ARIAS, en su condición de recurrente; siendo recurrida la señora MIRIAM MARGARITA GARCIA OSORIO, representada en juicio por el abogado JORGE ALBERTO MATUTE OCHOA. OBJETO DEL PROCESO: DEMANDA VIA PROCESO ORDINARIO DE DAÑOS Y PERJUICIOS, promovida en fecha 05 de septiembre del año 2011, ante el Juzgado de Letras Civil del Departamento de Francisco Morazán, por el abogado JUAN CARLOS PEREZ-CADALSO ARIAS, en su condición de representante procesal de la señora MIRIAM MARGARITA GARCIA OSORIO, hondureña, mayor de edad, soltera, Abogada y con domicilio en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, contra la sociedad mercantil “INGENIEROS CONTRATISTAS S. DE R.L. DE C.V. (INSERPINT) por medio de su Gerente General el señor RONAL TORRES ALONZO, hondureño y de este domicilio. I. ANTECEDENTES DE HECHO PRIMERO: En fecha 28 de agosto del año 2015, el Juzgado de Letras Civil del Departamento de Francisco Morazán, en el juicio de mérito, dictó sentencia de la siguiente manera: (Sic.) “FALLA: 1) DECLARAR CON LUGAR la Demanda Ordinaria de daños y perjuicios promovida por el Abogado JUAN CARLOS PEREZ-CADALSO ARIAS en su condición de representante procesal de la señora MIRlAM MARGARITA GARCIA OSORIO contra el señor RONAL TORRES ALONZO como Gerente General de la sociedad de responsabilidad limitada de C.V. (INSERPINT).- 2) CONDENA al señor RONAL TORRES ALONZO en su condición antes indicada al pago de la correspondientes indemnizaciones de Daños y Perjuicios solicitada que es de la cantidad de DOSCIENTOS DIEZ MIL LEMPIRAS EXACTOS ( L.210,000.00) desglosados de la siguiente manera: por daño la cantidad de CIENTO CINCUENTA Y SEIS MIL LEMPIRAS EXACTOS (L.156,000.00) por haber pagado la demandante a la sociedad demanda por un trabajo que fue mal realizado y por perjuicios la cantidad de CINCUENTA Y CUATRO MIL LEMPIRAS EXACTOS (L.54,000.00) que es la diferencia que tendrá que pagar de conformidad con la cotización brindada por la sociedad mercantil pisos y más 4).- CON costas a favor de la parte demandante.- 5) contra la presente sentencia procede el recurso de apelación el que debe interponerse ante este tribunal dentro del término de diez días hábiles siguientes a la notificación y comunicación del presente fallo.-NOTIFIQUESE.” SEGUNDO: En fecha 11 de febrero del año 2016, la Corte Segunda de Apelaciones de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán, en el juicio de mérito dictó sentencia misma que en su parte resolutiva señala lo siguiente: (Sic.) “FALLA: PRIMERO: DECLARA sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada Sociedad Mercantil “INGENIEROS CONTRATISTAS S. DE R.L. DE C.V.” (INSERPINT), siendo representado por su Apoderada Legal la Abogada IRMA ELIZABETH AGUILAR ARIAS.- SEGUNDO: CONFIRMA LA SENTENCIA DE FECHA 28 de agosto del año 2015, dictada por el Juzgado de Letras Civil del Departamento de Francisco Morazán. TERCERO: Con costas.- Y MANDA: Que se notifique este fallo y en su oportunidad se devuelvan los antecedentes al Juzgado de su procedencia, con certificación de estilo para su debido cumplimiento.- NOTIFIQUESE.” TERCERO: En fecha 08 de junio del año 2016, la representante procesal de la sociedad mercantil INGENIEROS CONTRATISTAS, S. DE R.L. DE C.V. (INSERPINT), abogada Irma Elizabeth Aguilar Arias, presentó escrito de interposición y formalización del recurso de casación, contra la sentencia de fecha 11 de febrero del año 2016, dictada por la Corte Segunda de Apelaciones de lo Civil, del Departamento de Francisco Morazán, el ad-quem, mediante proveído de fecha 10 de junio del año 2016, resolvió tener por interpuesto y formalizado el recurso de casación por parte de la recurrente, y acordó conceder a la parte contraria el plazo de diez (10) días hábiles para que se pronunciara sobre el contenido del escrito, debiendo entregársele copia del mismo. CUARTO: En fecha 18 de julio del año 2016, el representante procesal de la señora Miriam Margarita García Osorio, abogado Jorge Alberto Matute Ochoa, presentó escrito de pronunciamiento sobre el contenido del recurso de casación interpuesto y formalizado por la contraparte, resolviendo la Corte Segunda de Apelaciones de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán, remitir las presentes diligencias a este Alto Tribunal en el término que manda la ley, para proseguir con el trámite correspondiente. QUINTO: Recibidas las actuaciones en éste Tribunal, y una vez que se hubo formado el expediente bajo el número S. C. 180-2016, los abogados Irma Elizabeth Aguilar Arias y Jorge Alberto Matute Ochoa, respectivamente en sus condiciones ya indicadas, presentaron escritos de personamiento en fechas 03 de agosto y 04 de agosto del año 2016, por lo que una vez visto el informe rendido por la Secretaría de esta Corte Suprema de Justicia, este Tribunal, mediante proveído de fecha 26 de septiembre del año 2016, los tuvo por personados dentro del plazo concedido. SEXTO: Que la abogada Irma Elizabeth Aguilar Arias, plantea su recurso de casación contra la sentencia dictada por la Corte Segunda de Apelaciones de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán manifestando lo siguiente: “MOTIVOS DE LA CASACION PRIMER MOTIVO DE CASACIÓN:.- INFRACCIÓN LA NORMA PROCESAL Precepto Autorizante: Código Procesal Civil, artículo 719 numeral 1 literal b) Causales del Recurso: 1. se podrá impugnar la aplicación e interpretación de las normas procesales que regulan.- b) Los actos y garantías procesales cuando su infracción suponga la nulidad o produjera indefensión. NORMA DE DERECHO INFRINGIDA: Código Procesal Civil, Artículos 1,7,59,62 numeral 2 literal c), 14, 53 y 78 del Código de Comercio en relación con 49 de La Ley del Registro Nacional de las Personas. VICIO EN LA FORMA: FALTA DE APLICACIÓN DE LA LEY EXPLICACIÓN DEL MOTIVO: La ley es una declaración de la voluntad soberana, que manifestada en la forma prescrita en la Constitución manda, prohíbe o permite. La sociedad mercantil INGENIEROS CONTRATISTAS, S. DE R.L DE CV., es una persona jurídica privada, constituida conforme a las leyes de Honduras. Su personalidad empezó en el instante mismo y que con arreglo a derecho, quedó válidamente constituida e inscrita en el Registro Público de Comercio, su representación legal viene establecida en su escritura de constitución. Nuestro Código de Comercio en artículo 78 manda: Que la administración de las sociedades de responsabilidad limitada, estará a cargo de uno o más gerentes, que podrán ser socios o personas extrañas a la sociedad, designados temporalmente o por tiempo indeterminado. La escritura constitutiva de la demandada reúne absolutamente todos los requisitos de contenido que establece el artículo 14 del citado código, en ella expresamente se hace el nombramiento de los administradores y la designación de los que han de llevar la firma social, la cual corre agregada a los autos, en las Cláusulas OCTAVO y NOVENO de la misma: consta el nombramiento del Señor RONALD TORRES ALONZO como Gerente General y las facultades a él conferida, por tiempo indefinido, quien tendrá a su cargo la administración general y la representación legal de la sociedad. Entre las facultades a él conferidas está comparecer ante Juzgados, Tribunales y otorgar poderes generales y especiales. Por lo anterior, conforme al Código Comercio y su escritura constitutiva, la sociedad mercantil INGENIEROS CONTRATISTAS, S.DE R.L. DE C.V, únicamente puede ser demandada a través de su Gerente General, cargo que hasta la fecha ha sido desempeñado por el Señor RONALD TORRES ALONZO. En el escrito de demanda, de forma precisa y clara se designó el nombre del demandado y su domicilio, y como el demandado no puede actuar por sí por ser una persona jurídica, designó como su representante legal al Señor RONAL TORRES ALONZO, en apego al Artículo 424 numeral 2) literal d) del Código Procesal Civil. Según lo dispuesto en el Artículo 49 de la Ley del Registro Nacional de Las Personas: Toda persona tiene derecho a su individualidad, al uso de un nombre o nombres, apellido o apellidos que legalmente lo identifican por encontrarse inscrito en el Registro Civil. Los nombres y apellidos que usa y con los que está inscrito RONALD TORRES ALONZO, en el Registro Nacional de las Personas, son los que lo individualizan de otra persona. RONALD TORRES ALONZO representante legal de la demanda, es una persona diferente a RONAL TORRES ERAZO y a RONAL TORRES ALONZO. De lo expuesto se puede apreciar que es en la demanda donde no se identificó suficientemente al representante legal de la demandada con sus nombres y sus apellidos, el nombre del representante legal de la demandada es RONALD TORRES ALONZO; en la sentencia se consignó el nombre del representante legal de la demandada que fue consignado por la demandante en su demanda. El artículo 59 del Código Procesal Civil, manda: que para poder actuar válidamente en el proceso civil las partes deberán gozar de capacidad para ser parte, de capacidad procesal, estar legitimadas y ser asistidas por profesional del derecho que les defienda y represente. Eso significa que deben cumplirse absolutamente todos los presupuestos para ser parte y poder actuar válidamente en un proceso civil. El Código Procesal Civil tutela específicamente a las personas jurídicas para su defensa, ya que regula de manera eficaz los presupuestos procesales de capacidad procesal para ser parte. En el caso de autos, la demandada la sociedad mercantil INGENIEROS CONTRATISTAS, S. DE R.L. DE C.V. no goza de capacidad procesal, ya que ha sido demandada a través de una persona natural que no es su representante legal, En flagrante violación a lo que manda el Artículo 62, numeral 2 literal c) del Código Procesal Civil para la Comparecencia y Representación en Juicio: En otro caso se estará a las reglas siguientes: a..b..c) Por las personas Jurídicas Públicas y por las privadas nacionales o extranjeras comparecerán quienes legalmente las representen. En una demanda es de suma relevancia, designar de forma correcta el nombre y apellidos del representante legal de una persona jurídica, como lo es la sociedad INGENIEROS CONTRATISTAS, S DE R.L DE C.V., porque al carecer de existencia visible, necesita para actuar representantes legales. SEGUNDO MOTIVO DE CASACIÓN: INFRACCIÓN DE LA CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA Precepto Autorizante: Código Procesal Civil, artículo 719 numeral 1 literal b) Causales del Recurso: 1. se podrá impugnar la aplicación e interpretación de las normas procesales que regulan. - b) Los actos y garantías procesales cuando su infracción suponga la nulidad o produjera indefensión. NORMA DE DERECHO INFRINGIDA: De la Constitución de la República Artículos 80,82 y 90 en relación con los artículos 1, 3 y 7 del Código Procesal Civil. VICIO EN LA FORMA: POR FALTA DE APLICACIÓN DE LA LEY EXPLICACIÓN DEL MOTIVO: La Constitución de la República en los artículos: 80, 82 y 90 garantiza a las personas naturales y jurídicas, hondureñas y extranjeras, el derecho de acceso a los juzgados, defensa y petición, en ellos manda: artículo 80: Toda persona o asociación tiene el derecho a presentar peticiones a las autoridades ya sea por motivos de interés particular o general y de obtener una pronta respuesta en el plazo legal, artículo 82: el derecho de defensa es inviolable, y el artículo 90 nadie puede ser juzgado sino por Juez o Tribunal competente con las formalidades, derechos y garantías que la Ley establece, en relación con el artículo 1 del Código Procesal Civil, disposición legal que manda: Toda persona tiene derecho a peticionar ante los Juzgado y Tribunales la tutela efectiva de sus derechos e intereses legítimos y en ningún caso se puede producir indefensión para las partes del proceso a quienes se les garantiza, en los términos previstos por este Código, la asistencia de profesional del derecho que les defienda y represente, de su libre elección o designado por el Estado. El órgano jurisdiccional velará por el cumplimiento de este artículo removiendo los impedimentos que se puedan producir y posibilitando el ejercicio de los mismos y el artículo 7 del Código Procesal: Legalidad Procesal que manda: el proceso civil se desarrollará según las disposiciones de este Código, de acuerdo a la Constitución de la República. Las formalidades previstas en él, son imperativas. Las formalidades previstas para el trámite de un proceso civil en el Código Procesal Civil, son el conjunto de requisitos esenciales exigidos por la ley, es decir, solemnidades que deben observarse al tiempo de desarrollarse un proceso, los cuales tienden a brindar una adecuada protección al derecho de defensa; tanto el actor como el demandado, en el acceso al proceso tienen derechos de acción y defensa. El órgano jurisdiccional está obligado a usar su poder para prevenir cualquier acción u omisión contrarias a los principios del proceso y posibilitar el ejercicio de sus derechos a las partes. El Código Procesal Civil, regula la forma en que debe desarrollarse el proceso judicial en materia civil, en lo que se refiere al “Debido Proceso” en el artículo 3 manda: Las partes tienen derecho que el proceso se desarrolle por los trámites previstos legalmente, a que se respeten los derechos procesales establecidos en la Constitución de la República y en las leyes ordinarias en condiciones de igualdad y sin dilaciones, y a que se dicte por órgano jurisdiccional competente, independiente e imparcial, una resolución de fondo justa y motivada. En el trámite de la demanda interpuesta por la Abogada Miriam Margarita García Osorio contra la sociedad mercantil INGENIEROS CONTRATISTAS, S. DE R.L DE C.V., no se han respetados las formalidades que la ley establece para los actos de comunicación y emplazamiento judicial, se le demandó, emplazó y condenó a través de una persona que no es su representante legal sin observar las formalidades establecidas en el Código Procesal Civil, actos procesales que causan indefensión. TERCER MOTIVO DE CASACIÓN: INFRACCIÓN DE LA NORMA PROCESAL Precepto Autorizante: Código Procesal Civil, artículo 719, numeral 1 literal b) Causales del Recurso: 1. se podrá impugnar la aplicación e interpretación de las normas procesales que regulan. - b) Los actos y garantías procesales cuando su infracción suponga la nulidad o produjera indefensión. NORMA DE DERECHO INFRINGIDA: Código Procesal Civil Artículos 1,4, 79, 81. VICIO EN LA FORMA: POR INTERPRETACIÓN ERRONEA DE LA LEY EXPLICACIÓN DEL MOTIVO: El artículo 1 del Código Procesal Civil, disposición legal que manda: Toda persona tiene derecho a peticionar ante los Juzgado y Tribunales la tutela efectiva de sus derechos e intereses legítimos y en ningún caso se puede producir indefensión para las partes del proceso a quienes se les garantiza, en los términos previstos por este Código, la asistencia de profesional del derecho que les defienda y represente, de su libre elección o designado por el Estado. El órgano jurisdiccional velará por el cumplimiento de este artículo removiendo los impedimentos que se puedan producir y posibilitando el ejercicio de los mismos. El artículo 4 del Código Procesal Civil manda: Todas las partes, considerando la dualidad de posiciones, tienen derecho a ser oídas por el órgano jurisdiccional antes de adoptar cualquier decisión que afecte directa o indirectamente a la resolución que ponga fin al proceso que deba dictarse, bien en la instancia, bien en los recursos, en cualquier proceso ordinario o especial. El artículo 79 del Código Procesal Civil, manda: salvo que la ley disponga lo contrario, la comparecencia en juicio de la parte deberá hacerse mediante profesional del derecho habilitado legalmente para ejercer quien asumirá su defensa y representación procesal. Para representado en juicio el profesional necesita que el demandado le otorgue un poder para pleitos El Código Procesal Civil en el artículo 81 numeral 1) manda: El poder para pleitos es un documento que se puede otorgar ante el Juez o Tribunal, mediante comparecencia ante el secretario respectivo, o por escritura pública ante Notario. La letra “o” utilizada en la redacción del artículo 81 numeral 1) del Código Civil, expresa alternativa o exclusión de uno de ellos, significa entonces, que puede la parte escoger una u otra forma, para otorgar el poder al profesional del derecho que lo representara en el proceso para defenderle. El Código Civil, artículo 17 regula la interpretación de la ley y manda: No podrá atribuirse a la ley otro sentido que el que resulta explícitamente de sus propios términos dada la relación que entre los mismos debe existir y la intención del legislador. En fecha trece de Agosto del dos mil quince el Señor RONALD TORRES ALONZO en su condición de Gerente General de la sociedad mercantil denominada INGENIEROS CONTRATISTAS, DE R.L. DE C.V. (INSERPINT, S. DE R.L. DE C.V.) compareció ante el Secretario del Juzgado y otorgó poder general para pleitos a mi favor con fundamento en el Artículo 81 numeral 1) del Código Procesal Civil; sin embargo, el veinte de Agosto del año dos mil quince, el A-quo emitió auto, inadmitiendo el escrito presentado por la parte demandada, motivándolo así: el compareciente no puede conferir Poder como lo solicita.- Siendo lo conducente que se persone por medio de escritura pública autorizada ante Notario Público, y lo cierra con la fórmula CÚMPLASE. Actuación con la cual el Juez de Primera Instancia le negó a la demandada su derecho a intervenir en el proceso, y peticionar ante el Juzgado la tutela efectiva de sus derechos e intereses legítimos, causándole con ello indefensión, a pesar de que la Constitución de la República le garantiza que su derecho de defensa es inviolable. Quedando así la parte demandada imposibilitada para ser oída en juicio previo a que se dicte la resolución, que directamente le afectaría y, denunciar los actos procesales que le causaron indefensión y reclamar antes de que fuera dictada la sentencia. (Ver folios 113,114, 117 de los autos). CUARTO MOTIVO DE CASACIÓN: INFRACCION DE LA NORMA PROCESAL Precepto Autorizante: Código Procesal Civil, artículo 719, numeral 1 literal b) Causales del Recurso: 1. se podrá impugnar la aplicación e interpretación de las normas procesales que regulan. - b) Los actos y garantías procesales cuando su infracción suponga la nulidad o produjera indefensión. NORMA DE DERECHO INFRINGIDA: Código Procesal Civil, artículos 139 numeral 2), 140 numeral 3) 141, 144 numeral 7), 146, 148 numeral 1) VICIO EN LA FORMA: FALTA DE APLICACIÓN DE LA LEY EXPLICACIÓN DEL MOTIVO Las partes tienen derecho a que en la tramitación de los procesos se observen de forma imperativa los presupuestos procesales establecidos en el Código Procesal Civil. Del citado Código, el artículo 135 numeral 2) manda: el tribunal se comunicara con las partes...mediante la utilización de los siguientes instrumentos: 2) Emplazamientos: para personarse y para actuar dentro de un plazo; El Artículo 139 numeral 2) manda: …. El demandante designará como domicilio del demandado a efectos del primer emplazamiento o citación de éste, uno o varios de los lugares a que se refiere el artículo siguiente. El artículo 140 numeral 3) manda: Si la comunicación tuviese por objeto el personamiento en juicio o la realización o intervención personal de las partes en determinadas actuaciones procesales y no constare la recepción por el interesado, se estará a lo dispuesto para la comunicación subsidiaria por medio de entrega de copia de la resolución o cédula. Artículo 141. Averiguación de Domicilio: 1) En los casos en que el demandante manifestare que le es imposible designar un domicilio o residencia del demandado, a efectos de su personamiento, se utilizarán los medios oportunos para averiguar esas circunstancias, y pudiendo dirigirse en su caso, a registros oficiales, organismos, colegios profesionales, entidades y empresas que puedan dar información sobre ello. 2) Si estas averiguaciones resultaren infructuosas, la comunicación se llevará a cabo mediante edictos. En este caso, a efecto de llevar a cabo el acto de comunicación de emplazamiento a la demandada por medio de RONAL TORRES ALONZO, el demandante designó como su domicilio: “Colonia América, Avenida Independencia, dos cuadras arriba de la Iglesia Santa Teresa de Jesús. (sin precisar No. de casa ni color). Al personarse el receptor del Juzgado en una dirección no consignada en la demanda ha realizado un acto procesal que obviamente es nulo y acarrea responsabilidad, pues en las constancias que extendió solo expresa “no se encontraba allí”, en ningún momento el receptor procura averiguar si vive allí su destinatario, tampoco consigna en la diligencia la negativa de la comunicación, a pesar de que el Artículo 144, numeral 7 del Código Procesal Civil manda: En el caso de que no se halle a nadie en el domicilio a que se acuda para la práctica de un acto de comunicación, el secretario o funcionario designado procurara averiguar si vive allí su destinatario. Si ya no residieses o trabajase en él y alguna de las personas consultadas conociese el actual, se consignará en la diligencia, la negativa de la comunicación; y, el artículo 8 del citado Código manda: Si no pudiera conocerse por este medio el domicilio del demandado, y el demandante no hubiera designado otros posible domicilio, se procederá a averiguar su domicilio conforme a lo previsto en este código. El Artículo 146 del Código Procesal Civil manda: La Comunicación Edictal. Una vez practicadas, en su caso, las averiguaciones a que se refiere el Código Procesal, si no pudiere conocerse el domicilio del destinatario de la comunicación o no pudiere hallársele ni efectuarse la comunicación con todos sus efectos, el tribunal, mediante providencia, mandará que se haga la comunicación fijando copia de la resolución o cédula en la tabla de avisos. A costa de la parte, se publicará la comunicación en un diario impreso y en una radiodifusora en ambos casos de cobertura nacional por tres (3) veces, con intervalo de diez (10) días hábiles. El representante procesal de la parte demandante con insistencia pide al Juez emplazar mediante edictos a la parte demandada. Pero el Juez apegado a derecho, previo ordena que se haga la averiguación de domicilio, tal como manda el artículo 144 numeral 8 en relación con el 141 numeral 2) del Código Procesal Civil. El representante procesal de la parte demandante, solicitó al Juzgado hacer averiguación de domicilio a RONAL TORRES ERAZO persona diferente a la designada en la demanda como representante legal de la demanda; averiguación de domicilio que resultó ser infructuosa para RONAL TORRES ERAZO, ante lo cual el A Quo ordenó con fundamento en el artículo 141 numeral 2) Que la comunicación se llevara a cabo mediante edictos, y así, cumplir con emplazar a la demandada a través de la persona designó el demandante como su representante legal en la demanda RONAL TORRES ALONZO. Tal pareciera que el representante procesal de la demandante, los tres jueces que conocieron el proceso, las dos Secretaria Adjuntas, no leyeron los 19 documentos en los cuales se consignó el nombre RONAL TORRES ERAZO persona que no es parte en la demanda; y que sin leer las cartas de información de CLARO, TIGO Y HONDUTEL sobre RONAL TORRES ERAZO le dieron tramite a comunicación edictal para RONAL TORRES ALONZO. Consta en autos que no se hizo el emplazamiento a la demandada INGENIEROS CONTRATISTAS, S.A DE C.V. (INSERPINT) a través de su representante legal RONALD TORRES ALONZO, en su domicilio ni laboral ni personal; tampoco se hizo a RONALD TORRES ALONZO averiguación de domicilio para obtener información al respecto, por lo que si no hay proceso de averiguación del domicilio del representante legal de la parte demandada cuyo resultado sea infructuoso, no se puede recurrir a una comunicación edictal para emplazar a la demandada. Por lo expuesto, con fundamento en el Artículo 148 del Código Procesal Civil, el acto de comunicación edictal mediante el cual se hizo el emplazamiento a INGENIEROS CONTRATISTAS, S.A DE C.V. a través de RONAL TORRES ALONZO es nulo, ya que se prescindió de las normas esenciales del procedimiento, produciendo indefensión a la demandada. La notificación se perfecciona con el cumplimiento de todos sus presupuestos. Esto se refiere a la actividad de la parte interesada en la citación como a la ejecución o diligencia del funcionario responsable de la misma. El receptor del Juzgado está en la obligado a realizar las diligencias de citación y/o emplazamiento observando todas las formalidades establecidas en la ley procesal. QUINTO MOTIVO DE CASACIÓN: INFRACCION A NORMA PROCESAL Precepto Autorizante: Código Procesal Civil artículo 719, numeral 1 literal C) Causales del Recurso: 1. se podrá impugnar la aplicación e interpretación de las normas procesales que regulan. - C) La forma y contenido de la sentencia. NORMA DE DERECHO INFRINGIDA: Código Procesal Civil Artículo 715 numeral 1) en relación con el 62, numeral 2 literal c). VICIO EN EL CONTENIDO: FALTA DE APLICACIÓN DE LA LEY EXPLICACIÓN DEL MOTIVO El A-Quem en la sentencia impugnada, en el acápite fundamentación jurídica: TERCERO, de forma expresa acepta que efectivamente al revisar las diligencias venidas en primera instancia es perceptible divisar, dicha situación fáctica, refiriéndose a que el señor RONALD TORRES ALONZO no es la misma persona que RONAL TORRES ERAZO, y que la parte apelada no niega, sin embargo, este AD-QUEM estima que …. el hecho de venir a invocar por un lado indefensión por no haber sido citado en legal y debida forma así como el error en la consignación del nombre del demandado por una letra o por un segundo apellido, es decir que RONALD TORRES ALONZO no es la misma persona de RONAL TORRES ERAZO, …. Que se ha dejado establecido que la parte demandada es la sociedad mercantil y que es irrelevante la designación del nombre de quien sea su Gerente General. El Código Procesal Civil, en el artículo 715 numeral 1), dispone sobre el alcance de la decisión de Apelación y manda: Si se apreciare la existencia de infracción procesal que origine la nulidad absoluta de las actuaciones, el Tribunal, en este caso, La Corte Segunda de Apelaciones, lo declarare así y ordenare la retroacción de las actuaciones al estado inmediatamente anterior al defecto que lo originó; sin embargo el A QUEM detecta las infracciones procesales y no ejerce su poder para corregirlos, al confirmar la sentencia. SEXTO MÓTIVO DE CASACIÓN: INFRACCION A NORMA PROCESAL Precepto Autorizante: Código Procesal Civil, artículo 719 numeral 1 literal C) Causales del Recurso: 1. se podrá impugnar la aplicación e interpretación de las normas procesales que regulan.- C) La forma y contenido de la sentencia. NORMA DE DERECHO INFRINGIDA: Código Procesal Civil, 200 numeral 2 literal b), en relación con el 239 numeral 1), 240 numeral 1), 245 numeral 1). VICIO EN EL CONTENIDO: FALTA DE APLICACIÓN DE LA LEY EXPLICACIÓN DEL MOTIVO: A través de los medios de prueba las partes acreditan las afirmaciones de hecho alegadas que sean controvertidas, convencen al juez o tribunal de la verdad o certeza de un hecho o lo verifican como ciertos a los efectos del proceso. El Artículo 239 numeral 1) manda: Siendo necesaria la práctica de la prueba, las partes, por escrito en la demanda o contestación, en su caso, u oralmente en la audiencia preliminar del proceso ordinario o en la audiencia del proceso abreviado, solicitaran en el mismo escrito el recibimiento del pleito a prueba y propondrán los medios de prueba que en su opinión debe ser practicados. El Artículo 240 numeral 1) del Código Procesal manda: El Tribunal recibirá el pleito a prueba y resolverá mediante un mismo auto sobre la admisión de cada una de las pruebas que hayan sido propuestas. El Juez es el responsable de valorar la prueba que ha admitido durante el trámite del proceso. En el Artículo 245 numeral 1) del citado Código manda: La valoración de la prueba en el proceso civil por el tribunal excluirá en todo caso la arbitrariedad, siendo motivada de manera precisa y razonada en la sentencia, atendiendo siempre a las reglas de la sana crítica, del conocimiento y criterio humano, así como de acuerdo a las normas que rigen el razonamiento lógico, salvo que este Código u otra ley establezca una valoración legal de manera expresa e inequívoca. En el artículo 200 del Código Procesal Civil, se establece el contenido formal de las sentencias; en el numeral 2,se establece la forma a seguir en la redacción de las sentencias y su contenido formal, en el literal b) En los antecedentes de hecho se consignarán con claridad y la concisión posibles y en párrafos separados y numerados, las pretensiones de las partes o interesados, los hechos en que se funden que hayan sido alegados oportunamente y tengan relación con las cuestiones que deban resolverse, las pruebas que se hubiesen propuesto y practicado y los hechos probados en su caso. La Juez de Primera Instancia, en la sentencia que ha confirmado la Honorable Corte de Apelaciones, en el Acápite Hechos Probados: numeral CUARTO valoró prueba documental, documentos privados: carta de garantía de fecha veinticinco de Julio del dos mil nueve y a nota de queja de los inquilinos, que no fue propuesta, admitida ni evacuada en juicio a la parte demandante, en flagrante violación al artículo 200, numeral 2 literal b) del Código Procesal Civil, motivo suficiente para pedir a la Honorable Corte Suprema de Justicia con fundamento en el Artículo 720 numeral 2) el control de la motivación fáctica de la sentencia, con el fin de valorar el razonamiento del órgano judicial de apelación. (ver folios 7, 8, 9, 112, 119, de los autos).” SEPTIMO: El abogado Jorge Alberto Matute Ochoa, plantea su pronunciamiento sobre la formalización del recurso de casación de la siguiente manera: (Sic.) “PRIMER MOTIVO DE CASACION. Se rechaza totalmente el primer motivo de Casación, donde el Recurrente argumenta la infracción de la norma procesal PRECEPTO AUTORIZANTE. Incorrectamente la Recurrente apoya su motivo de Casación en el precepto autorizante fundamentando en el artículo 719, numeral 1 literal “b” del Código Procesal Civil. Sobre el Concepto de la Violación nos pronunciamos de la manera siguiente: En el planteamiento del concepto de violación, la Recurrente nos da la razón, pues señala el artículo 78 del Código de Comercio de Honduras, que la administración de las Sociedades de Responsabilidad Limitada estarán a cargo de uno o más Gerentes; invoca también la Recurrente, que la Personalidad Jurídica de la Sociedad en referencia, empezó desde el momento mismo que quedó válidamente constituida e inscrita en el Registro Público de Comercio respectivo. Siendo así, es manifiesto entonces que tales circunstancias (Su constitución válida y su inscripción en el Registro correspondiente) hacen a esa sociedad sujeta de derechos y obligaciones, independientemente de la persona natural que se encuentre al frente de ella como Gerente General, por tanto la sociedad mercantil referida, sí goza al tenor del artículo 59, relacionado con el artículo 61 numeral 4 y 62 numeral 2 letra “c” del Código Procesal Civil, de capacidad para ser parte y de capacidad procesal pues está legitimada y constituida legalmente; nada que ver para gozar de esas capacidades, quienes son sus gerentes, la capacidad la tiene la persona jurídica en este caso la sociedad demandada, no la natural tal como lo establece dicho precepto, por tanto en el caso de autos, se llenan todos los presupuestos exigidos por la ley para accionar contra la sociedad en referencia; mi representada demandó a la Persona Jurídica, no a la persona natural. Aparte de las apreciaciones jurídicas antes mencionadas, la Recurrente en la explicación de la supuesta infracción, omite señalar que al pedir la Nulidad del acto, obvia conocer que hay una CAUSA JUSTA QUE DA ORIGEN AL ACTO JURIDICO, la cual nace de un consentimiento al momento de iniciar el acto jurídico entre su representada y mi representada; por lo tanto la nulidad solicitada no puede producirse. La Recurrente, continúa manifestando que en la demanda no se identificó “suficientemente” al Representante legal de la demandada con sus nombres y sus apellidos. (Negrita, encomillado y subrayado es nuestro) Es a “INGENIEROS CONTRATISTAS S. DE R.L. DE C.V (INSERPINT, S. DE R.L, DE C.V), “LA DEMANDADA”, a quien debo de identificar plenamente como así ocurrió, no quedó lugar a dudas, fue tan visible los edictos emplazando a ‘INGENIEROS CONTRATISTAS S. DE R.L. DE C.V (INSERPINT, S. DE R.L, DE C.V) que debieron darse por aludidos, no justificando el omitir “una” letra en el nombre del Gerente General, para no darse por enterados. ¿Es ello motivo justificado para no acatar lo resuelto por el Órgano Jurisdiccional? Hay dolo, mala fe en su actuar?, nos preguntamos entonces; ¿Cómo se dio cuenta la Recurrente de la sentencia condenatoria en contra de su representada, que hoy acude en Recurso de Casación y no de los edictos que se mandaron a publicar en su momento en un diario de circulación nacional a transmitirse por una radio igualmente de difusión nacional? La Recurrente no debe de justificar hasta ahora que fue vencida en las dos instancias, que se le negó a su representada el derecho de defensa y debido proceso, porque al nombre del Gerente General de su representada se le obvio agregar la letra “d”; caso contrario hubiera sido que se hubiere citado incorrectamente el nombre de su representada “INGENIEROS CONTRATISTAS S. DE R.L. DE C.V (INSERPINT, S. DE R.L, DE C.V). Las circunstancia que esgrime la representación Recurrente, se sale de la lógica natural, pues las publicaciones del caso en los medios de comunicación escrito y radiofónico, se hicieron de conformidad con la ley y procedimiento indicado, haciendo mención precisa en las mismas de la denominación social “INGENIEROS CONTRATISTAS S. DE R.L. DE C.V (INSERPINT, S.DE R.L, DE C.V), además de ello, se hizo mención del nombre del Gerente General, y que por un error material no podía hacerse el desentendido de lo resuelto, del mandato publicado y emanado de la autoridad judicial que disponía la observancia decidida por él. SEGUNDO MOTIVO DE CASACION. Rechazamos totalmente de igual manera el segundo motivo de Casación, en el cual la Recurrente argumenta Infracción de la Constitución de la República. PRECEPTO AUTORIZANTE. Incorrectamente la Recurrente apoya su motivo de Casación en el precepto autorizante fundamento en el artículo 719 numeral 1, literal “b” del Código Procesal Civil. Sobre el concepto de violación nos pronunciamos de la manera siguiente: Porque no se acepta. Dichos actos y garantías procesales no fueron infringidos, tanto el proceso como las sentencias de las dos instancias, se dieron conforme a derecho como quedó plenamente demostrado, por lo que la Recurrente no puede esgrimir nulidad o indefensión alguna, lo que conlleva que tal precepto se vuelve inadmisible en el presente motivo de Casación, por lo tanto se rechaza el precepto autorizante, porque en cuanto a los actos y garantías procesales solamente se puede impenetrar cuando su infracción suponga la nulidad o produjera indefensión y la otra, por la forma o contenido de la sentencia, circunstancias que en el presente juicio no se dan. En cuanto a la supuesta violación del artículo 80, Derecho de Petición. El mismo es inherente al derecho de ser oído, el conocimiento de la pretensión que fue admitida, la necesaria correlación que debe de existir entre las pretensiones de las partes y el fallo, la posibilidad de probar y controlar la prueba, y la equiparación de posiciones entre las partes, mismo que NUNCA SE HA VIOLADO. En relación a la supuesta violación del artículo 82, Derecho de Defensa. En una relación lógica de los derechos constitucionales, el Derecho del Debido Proceso que establece nuestra Constitución, exhorta que para que exista una condena o afectación de derechos de particulares, debe de existir un adecuado Derecho de Defensa, como se colige y demostró Honorable sala, en las dos instancias del presente juicio. Por otro lado, la parte Recurrente al argumentar violación del artículo 90 Constitucional, no lo puede enmarcar en el presente caso como una violación a una TUTELA JUDICIAL EFECTIVA, la misma fue garantiza siguiendo las formalidades, otorgando por parte de los órganos jurisdiccionales, los derechos y proporcionado las garantías que nuestra Carta Magna establece; la parte demandada tuvo oportunidad del acceso al proceso sin traba alguna, no los uso en el momento procesal oportuno ya es mera responsabilidad de ella. Vía recordatorio: ¿Por qué el señor Gerente General de la Sociedad aludida no se incorporó al proceso mucho tiempo antes como el Código Procesal Civil se lo permite en su artículo 443? También tuvo a oportunidad garantiza cuando se le ordenó por parte del Juzgado de Letras de lo Civil a presentar un poder como lo establece la ley para los casos de representación procesal de sociedades mercantiles y no lo hizo; la misma Recurrente lo ha manifestado en su Recurso de Casación, cuando se personó al Juzgado de primera instancia. Consta en el expediente de mérito, que las diligencias y resoluciones judiciales, se desarrollaron de conformidad a las formalidades procesales establecidas en la Constitución de la República y el Código Procesal Civil hondureño; los actos de comunicación, emplazamiento etc., se dieron en observancia a las formalidades supra mencionadas. La Recurrente conoce con claridad, que la demanda da es la persona jurídica llamada “INGENIEROS CONTRATISTAS S.D.R.L. DE. C.V (INSERPINT) y no una persona natural. La misma Recurrente, acepta en la explicación de su segundo motivo de Casación, puntualmente en su último párrafo, que la demanda interpuesta por mi representada, la señora MIRIAM MARGARITA GARCIA OSORIO, es contra “la Sociedad Mercantil “INGENIEROS CONTRATISTAS S. DE R. L. DE C.V” (INSERPINT) (Negritas, subrayado y entrecomillado es nuestro), Sociedad Mercantil, constituida de acuerdo a la legislación hondureña, quien goza como ya se manifestó de Personalidad jurídica, que la hace sujeta de derechos y obligaciones; no fue el señor RONALD TORRES ALONZO en su carácter personal el demandado, él es solamente como bien dice la Recurrente, su Representante legal. En función de ello y de conformidad al artículo 61, numeral 4 del Código Procesal Civil nuestro, la Sociedad Mercantil “INGENIEROS CONTRATISTAS S DE R. L. DE C.V” (INSERPINT) tiene capacidad para ser parte. El artículo 148, párrafo 2, referente a la Nulidad y Subsanación de los Actos de Comunicación establece lo siguiente “...Sin embargo, cuando la persona notificada, citada, emplazada o requerida se hubiere dado por enterada en el asunto, y no denunciase la Nulidad de la diligencia en su primera actuación, surtirá está desde entonces todos sus efectos como si se hubiere hecho con arreglo a las disposiciones de este Código…” La Recurrente admite en su tercer motivo de Casación, que “En fecha trece de agosto de dos mil quince, el señor RONALD TORRES ALONZO en su condición de Gerente General de la sociedad mercantil denominada INGENIEROS CONTRATISTAS, S. DE R.L. DE C.V (INSERPINT), S DE R.L. DE C.V.) compareció ante el Secretario del juzgado…...” (Negrita, subrayado es nuestro). De lo anterior se concluye, que la sociedad demandada al comparecer en esa fecha ante el juzgado de Letras Civil del Departamento de Francisco Morazán, estaba enterada del asunto. ¿Por qué no presento escrito de Nulidad como lo manda la ley en la primera diligencia? Porque otorgo mal el poder su Gerente General y no se subsano, como reiteradamente se ha establecido. Por ello y al no tener base legal y no fundamentar su motivo de Casación, hace Honorable Sala, pedir la inadmisibilidad del mismo. TERCER MOTIVO DE CASACION Se rechaza totalmente, en el cual el Recurrente argumenta la Infracción de la norma procesal. PRECEPTO AUTORIZANTE. Incorrectamente la Recurrente apoya su motivo de Casación en el precepto autorizante fundamentado en el artículo 719 numeral 1 literal “b” del Código Procesal Civil. Sobre el concepto de la violación, nos pronunciamos de la manera siguiente: En el planteamiento del concepto de la violación, la Recurrente insiste en haberse violado el artículo 1 del Código Procesal Civil, quien guarda armonía con el artículo 80 de la Constitución de la República, el cual fue abordado por nuestra parte ampliamente al pronunciarnos en el segundo motivo de Casación supra mencionado. En cuanto a los artículos de la norma infringida que expresa la Recurrente, ella misma manifiesta literalmente lo siguiente: “….En fecha trece (13) de agosto de dos mil quince (2015) el señor RONALD TORRES ALONZO en su condición de Gerente General del sociedad mercantil denominada INGENIEROS CONTRATISTAS, S. DE R.L. DE C.V. (INSERPINT), S. DE R.L. DE C.V.) “compareció” ante el Secretario del Juzgado y “otorgó poder general para pleitos a mi favor con fundamento en el artículo 81 numeral 1 del Código Procesal Civil;….” (Entrecomillado y subrayado es nuestro). Honorable Sala, sí pudo el señor RONALD TORRES ALONZO comparecer como la Recurrente aduce en fecha determinada, ¿Cómo es que se le ha negado el acceso a los Juzgados y Tribunales contemplado en el artículo 1 del Código Procesal Civil, relacionado con el Derecho de Petición establecido en el artículo 80 Constitucional. Hay que observar entonces que en el presente juicio, no hay negación de acceso a los juzgados y Tribunales de la República, el A Quo, como lo manda el Código en referencia en su artículo 81, le ordenó (CÚMPLASE) que se personara mediante escritura Pública, pues pretendía representar a una Sociedad Mercantil, no a una persona natural. Ella no lo acató y como el juez es quien dirige el proceso, no las partes, dictó sentencia en fecha 28 de agosto de 2015. Tuvo la Recurrente desde el 20 de agosto que le mandaron a corregir, tiempo para hacerlo y no lo hizo. La interpretación que hace la Recurrente del artículo 81 numeral 1 del Código Procesal Civil, es antojadiza, subjetiva; llegando al extremo de culpar al Órgano jurisdiccional A-Quo de negarle por ello el acceso al proceso y a la defensa. ¿Por qué no atendió lo ordenado por el Órgano jurisdiccional y subsano la forma de personarse? La Recurrente conoce que no hay derechos ilimitados, el Derecho de Defensa consagrado en la Constitución de la República es garantizado por ella misma, sin embargo para hacer uso de él, existen formalidades contempladas en el Código Procesal Civil, que la Recurrente no cumplió Interpretar y pretender actuar de otra manera significa no encontrarnos en un Estado de Derecho, sino de anarquía. El párrafo cuarto del artículo en referencia es contundente sobre la esencialidad del poder de representación y obliga al juez a inadmitir cualquier demanda o contestación a la misma que haya sido presentada por un profesional del derecho, si la parte no acredita el poder correspondiente. CUARTO MOTIVO DE CASACION. Se rechaza totalmente, en el cual la Recurrente argumenta la Infracción de la norma procesal. PRECEPTO AUTORIZANTE. La Recurrente apoya su motivo de Casación en el precepto autorizante fundamentado en el artículo 719, numeral 1, literal “b” del Código Procesal Civil. Sobre el concepto de la violación nos pronunciamos de la manera siguiente: En el planteamiento del concepto de la violación, la Recurrente de manera inapropiada apoya su tesis nuevamente en la violación del derecho de defensa y debido proceso. Se puede observar en el expediente de mérito, que a la Sociedad Mercantil “INGENIEROS CONTRATISTAS S. DE R. L. DE C.V” (INSERPINT), representada por el señor RONALD TORRES ALONZO y tal como lo establece el Código Procesal Civil, inicialmente se le buscó por parte de la señora Receptora del Juzgado con el fin de emplazarlo en la dirección anunciada en el escrito de la demanda; extrañamente la Recurrente manifiesta en su escrito de Apelación, que en el cuerpo de la demanda, se designó un domicilio diferente. Afortunadamente la Recurrente nos da la razón al respecto, cuando en el párrafo 4 de su tercer agravio del escrito de apelación, manifiesta textualmente lo siguiente: “...La Sociedad mercantil Ingenieros Contratistas S. de R. L. de C.V de Enero del año 2009 y hasta mediados del mes de febrero del año 2010, estuvo desarrollando sus actividades mercantiles en la Colonia 15 de septiembre, calle independencia, tres cuadras al norte de la Iglesia Santa Teresa de Jesús, casa No. 2409 Bloque F, Comayagüela, Municipio del Distrito Central...”. Nuestra demanda fue presentada el 5 de septiembre de 2012, ella argumenta haber estado desarrollando sus actividades hasta mediados de febrero de 2010 en esa dirección que anuncia la Recurrente, (detalles más, detalles menos), que fue donde se presentó la señora Receptora del Juzgado, haciendo la salvedad que indistintamente, a ese lugar se le conoce como la Colonia 15 de Septiembre o Colonia América, justamente por la mala nomenclatura que al respecto tenemos en la ciudad capital. Se presentó la señora Receptora del Juzgado a esa dirección, porque fue la que logramos obtener en el Registro oficial correspondiente, y que aun figura como tal en dicho registro, sin saber que dicha Sociedad ya no desarrolla ahí más sus actividades mercantiles, pues como lo dice la Recurrente en su escrito de apelación, funcionó hasta febrero de 2010 y la Receptora del Juzgado se presentó a esa dirección en noviembre de 2012, con el agravante que no notificó como lo manda el Código de Comercio en su artículo 655 el cambio de local. Como obra en el expediente de mérito la papelería correspondiente a la Sociedad en referencia, tanto recibos, cotizaciones y carta de garantía no establecen dirección alguna y sus teléfonos y correos nunca fueron respondidos. Igualmente se le buscó en la Colonia Modelo, pero se nos dijo junto a la señora Receptora, que la dirección y Sociedad Mercantil buscada no era esa. Se logra colegir entonces que sí se le buscó en los probables domicilios establecidos en el artículo 140 del Código Procesal Civil, y fue justamente al lugar que enuncia la Recurrente que también la señora Receptora se hizo presente sin éxito alguno. Dicho articulado además, da la potestad (“PODRÁ”) de realizar el acto de comunicación en diferentes lugares. La Sociedad Mercantil “INGENIEROS CONTRATISTAS S. DE R. L. DE C.V” (INSERPINT), representada por el señor RONALD TORRES ALONZO independientemente del argumento que pueda esgrimir la Recurrente, sí fue emplazada para contestar la demanda en debida forma como consta en el expediente del caso. Al no poder ser encontrado su domicilio por lo ya expuesto y de acuerdo al procedimiento establecido en la ley, se le declaró de igualmente manera y en debida forma, en Rebeldía. Tuvo entonces el señor RONALD TORRES ALONZO en su calidad conocida, al ser publicada tal condición en dos medios de comunicación de difusión nacional, la obligación como buen Gerente y celoso cuidador de los interés de la Sociedad que representa la oportunidad de defenderla. Nos referimos que hubo de parte de él, descuido o falta de diligencia en el giro ordinario de los negocios, pues se debe de administrar los mismos, como un buen padre de familia; en esta clase de culpa, falla el cuidado ordinario que debería de emplearse. Imposible en estos tiempos de avanzada tecnología que no se haya enterado por medio propios, de clientes o amistades, de las publicaciones y menciones radiofónicas realizadas. Repetimos, ¿Cómo no se dio cuenta de estas publicaciones periodísticas y radiales a nivel nacional, pero sí de la sentencia de condena del Juez A Quo, ratificada por el Juez Ad Quem que ahora se Recurre? Aún más, la Recurrente, se personó en el Juzgado A Quo como ya se ha establecido, pero erróneamente! Por lo que se aprecia Honorable Sala, que no hay indefensión, el proceso fue el debido como establece nuestro ordenamiento jurídico. Se insiste, que el derecho de defensa y al debido proceso, se le otorgó a la Sociedad “INGENIEROS CONTRATISTAS S DE R. L. DE C.V” (INSERPINT) que es la demandada en el presente caso: lógicamente el señor Gerente General al enterarse de las publicaciones de periódico y emisiones de radio donde aparece y se menciona el nombre de la Sociedad tantas veces enunciada, debió actuar diligentemente, incorporarse al proceso y accionar en lo que a su sociedad le afectaba, pero no lo hizo. ¿Por qué no lo hizo? Su calidad de ciudadano y Gerente General de la sociedad que representa, le obliga a estar actualizado y pendiente de lo que le puede afectar o no a su representada, por tanto no se le han violado derechos ni normas procesales como argumenta equívocamente la Recurrente. Es oportuno dejar manifestado ante Vos Honorable Sala de lo Civil, que la sentencia condenatoria dictada por el juez A Quo y luego confirmada por el Ad-Quem , NO ES CONTRA EL SEÑOR RONALD TORRES ALONZO, SINO CONTRA LA SOCIEDAD INGENIEROS CONTRATISTAS S DE R.L. DE C.V”, que en definitiva es quien goza de Personería jurídica, es la obligada de conformidad a la Ley, al cumplimiento de la carta de Garantía firmada en fecha 25 de julio de 2009, y demás documentos suscritos con mi representada; por consiguiente, el error de la omisión en una letra del nombre del señor Gerente General de la misma, es minúsculo, mismo que no exime bajo ninguna circunstancia de responsabilidad alguna; ello no debió ser motivo de apelación mucho menos ahora de Casación; el artículo 204 numeral 3 del Código Procesal Civil establece lo siguiente: “Los errores materiales manifiestos y los aritméticos en que incurran las resoluciones judiciales podrán ser rectificados en cualquier momento, incluso de oficio “(Entrecomillado, subrayado y negritas es nuestro). Se aprecia entonces que lo que ataca la Recurrente, es “el error” de dedo, no el contenido de la sentencia que declara el pago a favor de mi representada en concepto de Daños y Perjuicios, por lo tanto su recurso, debe ser por eso y por el resto de nuestra argumentación jurídica, declarado sin lugar, inadmisible. Si hubo una equivocación en una letra en el nombre del señor Gerente General, no es determinante ni es motivo alguno de alegación, de acudir por todo lo dicho a la interposición del Recurso de Casación, repito, tuvo la oportunidad como se lo permite la ley, de incorporarse en el juicio y hacer valer sus derechos, pero no lo hizo. La Recurrente no identifica ni expresa con claridad; que se ha cometido o provocado en su perjuicio, un quebrantamiento que afecte el fondo del asunto e infracción del debido proceso, que haya dejado a su representada en indefensión. Además entre otras consideraciones y al tenor del artículo 18 del Código Procesal Civil, su argumentación si es que cabía, debió alegarse en el momento procesal oportuno, sin embargo, por no hacer uso de él, lógicamente le precluyó su acción, porque dejó transcurrir de conformidad al artículo 126 del mismo cuerpo legal el plazo, dejó pasar el término señalado para la realización del acto procesal, por consiguiente, perdió la oportunidad de realizar el mismo, aunque después se personó, pero como se ha dejado claramente establecido en este escrito de pronunciamiento, de manera equivoca; con el agravante que no corrigió o ordenado por el Juez A-Quo. Se reitera que a quien se demandó en el presente juicio, fue a la sociedad “INGENIEROS CONTRATISTAS S DE R. L. DE C.V” (INSERPINT), sin embargo, a lo largo de lo manifestado en este escrito y al tenor del artículo 213 numeral 2, si la parte en este caso, la sociedad referida NO INPUGNO EN EL MOMENTO PROCESAL OPORTUNO, LO QUE ELLA CONSIDERÓ UN ACTO INPUGNABLE, ESTE ENTONCES, QUEDÓ SANADO AL TIEMPO DE LA FIRMEZA DE LA RESOLUCION. Justamente por desconocer la dirección de la sociedad mercantil en referencia, a pesar de la obligatoriedad de notificar el cambio de domicilio, los intentos de emplazarle en diferentes fechas tal como se aprecia en el expediente de mérito, se hizo uso de lo que manda el artículo 441 del Código de Procedimientos civiles; se emplazó por edictos. ¿Hubo indefensión, se dio el debido proceso? En consonancia con el artículo 443 del Código Procesal Civil, declarando rebelde a la sociedad demandada, perfectamente pudo esta incorporarse al proceso en cualquier momento, desde luego sujetándose al estado en que éste se encontraba sin que pudiere retroceder en sus actuaciones: pero no se hizo, se prefirió acudir a la vía de apelación, siendo reitero, inaudito que no pudo enterarse su Gerente que la sociedad a quien representa que es la demandada, estaba mediante edictos siendo emplazada y declarada en Rebeldía, o enterado de tal situación, creyó que por la omisión de una letra de su nombre prefería interponer el recurso de apelación y ahora el de Casación. Por tanto Honorable Sala de lo Civil, por lo expresado, el presente motivo de Casación del cual ahora me pronuncio de manera respetuosa, debe ser declarado, INADMISIBLE, la Recurrente, debió de contestar la demanda, derecho que no quiso ejercitar, lo que deduce que no adecuo su conducta a la veracidad, probidad, lealtad y buena fe procesal como lo manda el artículo 6 del Código Procesal Civil, pretendió con su acción una dilación manifiesta e impertinente del litigio, persiguiendo un fin contrario a la ley como lo establece el artículo 6 del mismo cuerpo legal. Este abuso de derecho de acción y defensa se sanciona además de la condena en costas, con el resarcimiento de daños y perjuicios que le está causando a mi representada. QUINTO MOTIVO DE CASACION. Se rechaza totalmente, en el cual el Recurrente argumenta la Infracción de la norma procesal. PRECEPTO AUTORIZANTE. La Recurrente apoya su motivo de Casación en el precepto autorizante fundamentado en el artículo 719 numeral 1, literal “C” del Código Procesal Civil. Sobre el concepto de violación, nos pronunciamos de la siguiente manera: El señor RONALD TORRES ALONZO, por medio de su Representante Procesal, ahora Recurrente, no puede argumentar que existe una sentencia condenatoria en contra de la Sociedad Mercantil que él representa, donde hubo una mala aplicación e interpretación de la norma procesal atacando igualmente la forma y contenido de la sentencia porque al nombre de su Gerente General se le obvio agregar la letra “d”, circunstancia que se sale de la lógica natural repetimos, pues las publicaciones del caso en los medios de comunicación escrito y radiofónico, se hicieron de conformidad con la ley y el procedimiento indicado; haciendo mención precisa en las mismas, de la DENOMINACION DE LA SOCIEDAD UP SUPRA, es decir “INGENIEROS CONTRATISTAS S DE R. L. DE C.V” (INSERPINT) además de ello, se hizo mención del nombre de él en su carácter de Gerente General, y que por ese error material, no podía hacerse el desentendido de lo resuelto, del mandato publicado y emanado de la autoridad judicial que disponía la observancia decidida por él. No fue que se obvio alguna letra tan siquiera en la denominación de la sociedad, o que se hiciera mención a una similar para sostener tal argumento, por lo tanto el procedimiento seguido por el Juez A-Quo hasta culminar con su sentencia, como la actuación del Juez Ad-Quem al confirmar esta última, fueron conforme a derecho, por consiguiente no habido infracción a norma procesal alguna ni a la forma y contenido de la sentencia que de origen a nulidad absoluta de actuaciones. Recuérdese que la demanda es “INGENIEROS CONTRATISTAS S DE R. L. DE C.V” (INSERPINT), y no el Gerente General. Establece el artículo 129 numeral 2 del Código Procesal Civil en cuanto a la forma de los actos procesales: “...Los requisitos formales nunca podrán interpretarse de manera que se conviertan en una traba insuperable para el acceso a la justicia a los ciudadanos...” y corno se reitera Honorable Sala de lo Civil, la omisión de una letra en el nombre de una persona, en este caso del señor Gerente de la Sociedad tantas veces mencionada y en donde se le asocia a él con esta misma sociedad al incluir en los escritos y publicaciones que obran el expediente número 5919-2012 su denominación social, no debió ser motivo de indiferencia y de aducir que no se trataba de su representada. Ello por consiguiente, no afecta el fondo ni la forma de la demanda promovida en contra de la sociedad “INGENIEROS CONTRATISTAS S. DE R. L DE C.V” (INSERPINT), mucho menos las dos sentencia emitidas conforme a derecho. ¿Qué hubiera sucedido si en el trámite de la demanda se hubiese nombrado otro Gerente General, obviamente distinto al originalmente demandado?; ¿Por ese solo hecho, este último no hubiere hecho caso a los edictos, porque al tiempo de la demanda él no lo era?, ¿O por el solo hecho de identificar en los edictos el nombre de la denominación de su sociedad demandada él se siente responsable a contestar? Finalmente Honorable Sala de lo Civil, por todo lo expresado y de conformidad al artículo 690 del Código Procesal Civil, queda evidenciado que la parte Recurrente no tiene un interés legítimo en recurrir; solo quien ha sufrido un agravio o perjuicio, tiene ese interés legitimo en hacerlo y queda plenamente demostrado que el agraviado, perjudicado por incumplimiento de un contrato al realizar un mal trabajo en un inmueble propiedad de mi representada, justamente es ella, la parte demandante. SEXTO MOTIVO DE CASACIÓN. Se rechaza totalmente el sexto motivo de Casación, en el cual la Recurrente argumenta Infracción a la norma procesal. PRECEPTO AUTORIZANTE. La recurrente apoya su motivo de Casación en el Precepto autorizante fundamentado en el artículo 719 numeral 1 literal “c” del Código Procesal Civil. Sobre el concepto de la violación nos pronunciamos de la siguiente manera: En el planteamiento del Concepto de la violación, la Recurrente de manera inapropiada, pues cuestiona la valoración de las pruebas contenidas en instancia, no el control de la motivación fáctica de a sentencia para revisar su existencia, suficiencia, racionalidad y carácter lógico como debe ser y sin considerar el resto de prueba contundente, propuesta, admitida y evacuada, así como el alcance de la misma, apoya su tesis en que tanto el juez de primera instancia como en la sentencia que confirmó la Honorable Corte de apelaciones, valoró prueba documental que no fue propuesta, admitida nueva cuando en juicio. La recurrente en cuanto a la valoración de la prueba aludida, no precisa porque no le conviene, que en la audiencia preliminar de fecha 10 de febrero de 2015, que corre en el expediente de mérito, ésta representación procesal, procedió a proponer todos los medios de prueba listados en el escrito de la demanda de fecha 5 de febrero de 2012, incluyendo los que ahora ella apunta no fue propuesta, admitida ni evacuada. “…...5. Documental Privado consiste en carta de Garantía por cinco años de fecha 3 de julio de 2009…”, mismo que junto con el resto de la prueba y en la misma audiencia de Rebelde, el Juzgado resolvió tener por admitidos y evacuados. ¿Se cumplió el artículo 239, 240, 245, 463 y demás del Código Procesal Civil? Por supuesto que sí. Siendo así, el Juez A Quo valoró de manera precisa y razona la prueba en conjunto, atendiendo las reglas de sana critica, del conocimiento, criterio humano y razonamiento lógico. Es oportuno manifestar que el artículo 720 del Código Procesal Civil, excluye por medio del Recurso de Casación la valoración de las pruebas contenidas en sentencia dictadas en instancia. Honorable Sala de lo Civil; el Recurso de Casación, tiene por objeto corno es de su pleno saber, proteger el derecho fundamental de los ciudadanos a la igualdad en la protección de la ley. Procede cuando las partes consideran que el juez y Tribunal de segunda instancia le ha provocado agravios expresados en las resoluciones que cada tribunal ha emitido, pero ninguno de ellos ha reconocido el derecho que supuestamente le asiste, lo que le ocasiona daños y perjuicios posiblemente irreparables, incluso se le viola derechos esenciales establecidos en la Constitución de la República y adicionalmente a la ley ordinaria aplicable al caso concreto de sus pretensiones. La finalidad de este recurso es identificar si durante todo el proceso y hasta la sentencia existen causales de nulidad en el juicio de derecho por infracción de la ley o de una norma procesal. Honorable Sala de lo Civil de la Corte Suprema de justicia de Honduras, de lo expresado a lo largo de este escrito de pronunciamiento sobre un Recurso de Casación, queda plenamente demostrado que no existió en el proceso, infracciones de norma procesal ni falta de aplicación de ley alguna. Los actos y garantías del procedimiento o de las normas reguladoras de la sentencia, están en perfecta armonía con el contenido de los principios del debido proceso, derecho de defensa, buena fe, conducta y ejercicio de la vía procesal adecuada, de legalidad procesal y formas, de facultades procesales con base en los cuales el órgano jurisdiccional controla de oficio los presupuestos procesales previstos en los Artículos. 3,6.2,7.1 y 12.1.2. No puede haber motivo de Casación, cuando en el presente juicio, la misma Recurrente no ha podido manejar en el desarrollo del juicio, la técnica profesional a favor de los intereses de su representada. En su escrito de interposición y formalización, la Recurrente no visibiliza desde el punto esencialmente legal, la expresión de las normas del derecho cuya infracción sustente el motivo de Casación, no lo fundamenta con la debida separación, es reiterativa en sus manifestaciones, no hay claridad en la incidencia de la infracción en el sentido de la resolución impugnada de conformidad con lo establecido en el artículo 721.2 del Código Procesal Civil, ello justamente porque no le asiste el derecho.”

II. FUNDAMENTOS DE DERECHO 1.- Es atribución de la Corte Suprema de Justicia conocer del recurso de casación[1], el mismo es un medio de impugnación de carácter extraordinario, cuyo conocimiento en materia civil se atribuye a la Sala de lo Civil[2]; tiene claramente definidos dos fines expresos[3], el primero de ellos es su función nomofiláctica, entendida ésta como “la exacta observancia de la ley”, es decir la protección de las normas del ordenamiento jurídico, mediante la procura y promoción de la más adecuada aplicación e interpretación del derecho objetivo. El segundo fin es la unificación de la jurisprudencia nacional, misma que se explica en el sentido de que habiendo situaciones iguales debe pronunciarse decisiones iguales, siempre y cuando no concurran razones objetivas y razonables que justifiquen un trato desigual, en otras palabras, la evolución de la jurisprudencia. Por otra parte nuestra normativa procesal civil conmina a este alto tribunal a que aplique e intérprete las normas referidas al recurso de casación atendiendo a la finalidad de unificación de la jurisprudencia, esto como instrumento de garantía de la igualdad de todos ante la ley[4], y de la seguridad y certidumbre jurídicas. 2.- El recurso extraordinario de casación debe sujetarse en su formulación a determinados requisitos, para que pueda considerarse como tal y ser atendible por la Sala Civil de este Alto Tribunal, ya que dicho recurso es esencialmente formalista, en consecuencia únicamente podrá ser interpuesto contra las resoluciones expresamente previstas por la ley y por los motivos taxativamente establecidos en ella. 3.- La Sala de lo Civil deviene en analizar y dar respuesta a cada uno de los motivos de casación expuestos por la recurrente, esto es el examen previo a fin de constatar si procede o no la admisión de cada uno de ellos a trámite. En aras de la concisión, se estima prudente que de la exposición de cada motivo se rescate brevemente los alegatos planteados, ello en virtud de que cada uno de los mismos aparece citado textualmente en los antecedentes de hecho de este auto. 4.- Respecto del Primer Motivo, señala la impetrante que se impugna la sentencia pronunciada en fecha 11 de febrero de 2016, por la Corte Segunda de Apelaciones de lo Civil de Francisco Morazán, ello porque el referido fallo ha supuesto la infracción por falta de aplicación de los artículos 1, 7, 59, 62 numeral 2 literal c) del Código Procesal Civil y los artículos 14, 53 y 78 del Código de Comercio en relación con el artículo 49 de La Ley del Registro Nacional de las Personas. Invoca como precepto autorizante el artículo 719.1 letra b) del Código Procesal Civil, que posibilita como lícito el impugnar la aplicación e interpretación de las normas procesales que regulan los actos procesales cuando su infracción suponga la nulidad o produjera indefensión. En sustento de sus razones, en primer lugar refiere que “La ley es una declaración de la voluntad soberana, que manifestada en la forma prescrita en la Constitución manda, prohíbe o permite.”; para luego relatar que su representada la sociedad mercantil denominad INGENIEROS CONTRATISTAS, S. DE R.L. DE C.V., es una persona jurídica privada, constituida conforme a las leyes de Honduras, por lo que su personalidad empezó en el instante mismo de su constitución con arreglo a derecho, quedando válidamente constituida e inscrita en el Registro Público de Comercio, que su representación legal viene establecida en su escritura de constitución, escritura esta que en apego a lo preceptuado en los artículos 14 y 78 del Código de Comercio, en sus cláusulas Octavo y Noveno, hace constar el nombramiento del señor Ronald Torres Alonzo por tiempo indefinido como Gerente General de la referida sociedad, con las facultades a él conferidas de administración general y la representación legal de la sociedad, facultades entre las cuales está la de comparecer ante juzgados, tribunales y otorgar poderes generales y especiales. Dice la recurrente que por lo señalado la sociedad mercantil INGENIEROS CONTRATISTAS, S. DE R.L. DE C.V, únicamente puede ser demandada a través de su Gerente General, cargo que hasta la fecha ha sido desempeñado por el señor Ronald Torres Alonzo. Dice que en el escrito de demanda, de forma precisa y clara se designó el nombre del demandado y su domicilio, y como el demandado no puede actuar por sí, por ser una persona jurídica, se designó en ese escrito como representante legal de la sociedad al señor Ronal Torres Alonzo, pero que en apego a lo dispuesto por artículo 49 de la Ley del Registro Nacional de Las Personas, en cuanto que: “Toda persona tiene derecho a su individualidad, al uso de un nombre o nombres, apellido o apellidos que legalmente lo identifican por encontrarse inscrito en el Registro Civil.”; en el caso de autos el señor Ronald Torres Alonzo representante legal de la demandada, es una persona diferente a Ronal Torres Erazo y a Ronal Torres Alonzo; razón para estimar que en la demanda incoada en contra de su representada no se identificó suficientemente al representante legal de la demandada con sus nombres y sus apellidos, que en tal sentido el artículo 59 del Código Procesal Civil, manda: “Para poder actuar válidamente en el proceso civil las partes deberán gozar de capacidad para ser parte, de capacidad procesal, estar legitimadas y ser asistidas por profesional del derecho que les defienda y represente.”, articulo por el cual se colige que deben cumplirse absolutamente todos los presupuestos para ser parte y poder actuar válidamente en un proceso civil, con lo cual se garantiza específicamente en el caso de su representada la tutela que le asiste como persona jurídica para su defensa, situación que respecto de la sociedad mercantil INGENIEROS CONTRATISTAS, S. DE R.L. DE C.V., no se da, ya que la misma no goza de capacidad procesal, al ser demandada a través de una persona natural que no es su representante legal, con lo cual se ha vulnerado lo preceptuado en el artÍculo 62.2 literal c) del Código Procesal Civil que señala: “a..b..c) Por las personas Jurídicas Públicas y por las privadas nacionales o extranjeras comparecerán quienes legalmente las representen.” 5.- Los argumentos de la recurrente en este Primer Motivo no son de recibo por parte de la Sala, y ello se estila así, porque incurre en mala técnica casacional al momento de plantear el mismo, ello se establece por lo siguiente: a) Falta a la debida separación y claridad con la que deviene al plantear el motivo, ello porque señala que el tribunal de alzada en el fallo proferido ha dejado de aplicar los artículos 1, 7, 59, 62 numeral 2 literal c) del Código Procesal Civil y los artículos 14, 53 y 78 del Código de Comercio en relación con el artículo 49 de la Ley del Registro Nacional de las Personas; en ese sentido es menester recordar a la impetrante que una debida técnica de casación impone que no se puede hacer cita de una manera indiscriminada de preceptos legales; esto es lo que se conoce como “cita acumulada de una sucesión de normas que rigen determinada materia”, y que doctrinalmente se deja establecido en que: “…el casacionista no debe incurrir en el defecto de alegar como infringidas un conjunto indiscriminado de las normas que rigen determinada materia... una adecuada técnica casacional exige que en cada uno de los motivos de casación se precise la infracción legal que se considera cometida, debiendo por tanto evitarse la concentración en un solo motivo de todos o la mayor parte de los artículos, mediante una interpretación conjunta de normas con diferentes alcances…”[5]; al hacerse cita de varias normas jurídicas, de carácter adjetivo y sustantivo mismas que difieren en rango y protección recursiva, es procedente señalar, como ya se ha dejado establecido en el iter de este auto, era deber de la casacionista haberlas planteado en forma separada cada una de ellas en motivos distintos, y así cumplir con los requisitos establecidos en el artículo 704 del Código Procesal Civil, el cual establece: “Sin perjuicio de las concretas exigencias, que puedan regularse, los escritos de interposición, de un recurso devolutivo deberán contener la fundamentación de lo pedido, con determinación en todo caso del perjuicio o agravio sufrido e identificación del vicio o error que lo causa…..”; en el recurso impetrado la falta de individualización de las normas consideradas como infringidas, convierten en imprecisa la recurrencia pretendida; asunto sobre el cual la Sala de lo Civil ya se ha pronunciado en reiteradas ocasiones.[6]; y b) En el planteamiento del motivo la impetrante señala que el cumulo de artículos que cita como vulnerados por la Corte de Apelaciones no fueron aplicados por ésta en el fallo proferido; sobre lo anterior la Sala deviene en ilustrar que, además de la debida separación que se debe observar respecto de cada uno de los artículos que se estiman vulnerados, también se deberá citar por parte de la recurrente la norma que el juzgador ha aplicado en el fallo, para luego explicar a la Sala el porqué de la conveniencia de haber aplicado la norma que alega no se aplicó; situación que en el caso de autos no se da: todo lo anterior concita que la recurrente no ha observado lo dispuesto por el artículo 721.2 del Código Procesal Civil. 6.- Plantea la abogada Irma Elizabeth Aguilar Arias, el Segundo Motivo señalando que la sentencia impugnada ha vulnerado por falta de aplicación los artículos 80, 82 y 90 de la Constitución de la República en relación con los artículos 1, 3 y 7 del Código Procesal Civil; invoca como precepto autorizante el artículo 719.1 literal b) del Código Procesal Civil, que preceptúa: “1. se podrá impugnar la aplicación e interpretación de las normas procesales que regulan.- b) Los actos y garantías procesales cuando su infracción suponga la nulidad o produjera indefensión.” En sustento de su impugnación, en primer lugar la recurrente cita textualmente cada uno de los artículos de la Constitución de la República que estima vulnerados, así como también hace cita de los artículos procesales que relaciona con las normas vulneradas; en explicación del motivo dice que en el trámite de la demanda interpuesta por la señora Miriam Margarita García Osorio contra la sociedad mercantil INGENIEROS CONTRATISTAS, S. DE R.L DE C.V., no se han respetado las formalidades que la ley establece para los actos de comunicación y emplazamiento judicial, ya que se le demandó, emplazó y condenó a través de una persona que no es su representante legal sin observar las formalidades establecidas en el Código Procesal Civil, actos procesales que causan indefensión. 7.- Respecto del Segundo Motivo el mismo no resulta de admisión por parte de la Sala, ello en consideración a que no se observa la debida técnica que el recurso de casación exige al momento de interponerlo, tales falencias se resumen en que: a) Si bien es cierto la Sala de lo Civil considera que el argumento de la petente en relación a fundar el motivo en la infracción por falta de aplicación de los artículos 80, 82 y 90 de la Constitución de la República, el primero de ellos referido al derecho de petición, el segundo al derecho de defensa y el tercero al debido proceso y estos en relación a lo dispuesto a las normas procesales de los artículos 1, 3 y 7 del Código Procesal Civil; también es cierto que se haya conducido por la vía que provee la causal referida a la infracción de normas que regulan los actos y garantías procesales cuando su infracción supone la nulidad o produce indefensión. Sin embargo, esta Sala, no comparte el criterio de la impetrante en su motivo, cuando pretende que sea estimado el argumento de que dichas garantías constitucionales fueron quebrantadas por el juzgador de primera instancia y señala de manera escueta que no se han respetado las formalidades respecto de los actos de comunicación y emplazamiento judicial, por lo que se ha demandado, emplazado y condenado a su representada sin observar tales formalidades. La Sala de lo Civil toma esta determinación porque resulta ser cierto que la recurrente cuestiona que en primera instancia no se han respetado actos procesales, con lo cual olvida que el Código Procesal Civil establece los recursos que permite el proceso civil y cuando es aplicable cada uno de ellos, tal y lo preceptuado en los artículos 690 y 691 del citado texto legal; en ese sentido la Sala encuentra que la recurrente inobserva el alcance de impugnación contra las sentencias dictadas por los Tribunales de Segunda Instancia, ya que comparece alegando supuestas irregularidades en actos procesales realizados en primera instancia, los cuales no son susceptibles al recurso extraordinario de Casación. Para ello es preciso repasar el alcance del Recurso de Apelación que se encuentra consignado en el artículo 706 de la ley adjetiva en referencia, cuando establece que las Cortes de Apelaciones conocerán los recursos interpuestos en contra de las resoluciones de que dicten los Juzgados de Letras. Asimismo precisa recordar que sólo es procedente el recurso extraordinario de Casación, contra las sentencias y autos definitivos, dictados por las Cortes de Apelaciones en el proceso ordinario y otras establecidas expresamente, tal como lo preceptúa el artículo 717 siempre del mismo cuerpo legal; y b) Además de lo anteriormente señalado en el desarrollo del cargo, la impetrante incumple lo señalado en el artículo 700 del Código Procesal Civil, que manda que cuando en los recursos devolutivos se alegue la existencia de un defecto en la aplicación o interpretación de las normas procesales que produzcan nulidad o indefensión, el recurrente deberá acreditar en la interposición del recurso, que procedió a denunciar dicho defecto en la instancia en que se produjo, si ello era posible y que, en su caso, reprodujo la denuncia en la apelación, no habiéndolo hecho, el cargo resulta incompleto. En vista de lo anteriormente señalado procede declarar la inadmisión del segundo motivo de casación.

8.- La recurrente en el Tercer Motivo, dice que la sentencia proferida por el iudex ad-quem infringe por interpretación errónea de los artículos 1, 4, 79 y 81 del Código Procesal Civil. Invoca como Precepto Autorizante el artículo 719.1 literal b) del Código Procesal Civil, que establece: “1. Se podrá impugnar la aplicación e interpretación de las normas procesales que regulan… b) Los actos y garantías procesales cuando su infracción suponga la nulidad o produjera indefensión”. Explica el motivo haciendo cita literal de los artículos que estima vulnerados por el Tribunal de Alzada, para luego señalar que en fecha 13 de agosto del 2015, el señor Ronald Torres Alonzo en su condición de Gerente General de la sociedad mercantil denominada INGENIEROS CONTRATISTAS, S. DE R.L. DE C.V. (INSERPINT, S. DE R.L. DE C.V.), compareció ante el secretario del juzgado y otorgó poder general para pleitos a su favor, con fundamento en el artículo 81.1 del Código Procesal Civil; sin embargo, en fecha 20 de agosto de ese mismo año, el a-quo emitió auto mediante el cual no admitió el escrito presentado por la parte demandada, arguyendo para tal decisión que: el compareciente no puede conferir Poder como lo solicita. Siendo lo conducente que se persone por medio de escritura pública autorizada ante Notario Público; auto que se cierra con la fórmula Cúmplase. Sigue explicando la recurrente que con tal resolución, el Juez de Primera Instancia le negó a la parte demandada su derecho a intervenir en el proceso, y peticionar ante el Juzgado la tutela efectiva de sus derechos e intereses legítimos, causándole con ello indefensión, a pesar de que la Constitución de la República le garantiza que su derecho de defensa es inviolable; con lo cual su representada ha quedado imposibilitada de ser oída en juicio previo a que se dictara la resolución que directamente le afecta e, imposibilitada de denunciar los actos procesales que le causaron indefensión y reclamar antes de que fuera dictada la sentencia. 9.- Con relación a los alegatos que la recurrente esboza en el Tercer Motivo de casación, la Sala de lo Civil encuentra que no ha observado una correcta técnica de casación al momento de plantear el motivo; ello se estila así, puesto que: a) Plantea en un solo motivo la infracción por interpretación errónea de los artículos 1, 4, 79 y 81 del Código Procesal Civil; con lo cual se hace evidente la inobservancia de los requisitos procesales exigidos por la ley para su admisibilidad, principalmente lo establecido en el artículo 704 del Código Procesal Civil. Adicionando a lo anterior se le señala a la recurrente la exigencia de derecho objetivo en cuanto a la claridad, ya que ésta permanece inevitable en el régimen del recurso de casación, así como la necesidad de que las diversas infracciones alegadas sean objeto de razonamientos separado como rigor técnico y formal que demanda la naturaleza de la Casación, tal y lo que cabe extraer de una parte del artículo 721.2 del Código en referencia, cuando exige que deberá fundamentarse con la suficiente separación y claridad, con el fin de plantear a esta Sala las cuestiones jurídicas en un modo preciso y razonado, atinentes a infracciones legales de las normas procesales previamente anunciadas en el escrito de interposición; y de ello se sigue la necesaria consecuencia de que cada una de ellas ha de ser objeto de alegación independiente y ordenada, explicando con precisión en qué sentido se ha producido la vulneración de la norma, constituyendo la suma de todo ello un único recurso; y b) Cuestiona la recurrente el auto emitido por el juzgado a-quo en fecha veinte de agosto del dos mil quince, con lo cual olvida que el Código Procesal Civil es por demás claro al determinar cuáles son los recursos que permite el proceso civil y cuando es aplicable cada uno de ellos, tal como lo establece en sus artículos 690 y 691 del citado texto legal. La compareciente inobserva el alcance de impugnación contra las sentencias dictadas por los Tribunales de Segunda Instancia, ya que comparece alegando supuestas irregularidades en actos procesales realizados en primera instancia, los cuales no son susceptibles al recurso extraordinario de Casación. Para ello es preciso repasar el alcance del Recurso de Apelación que se encuentra consignado en el artículo 706 de la ley adjetiva en referencia, cuando establece que las Cortes de Apelaciones conocerán los recursos interpuestos en contra de las resoluciones de que dicten los Juzgados de Letras. Asimismo precisa recordar que sólo es procedente el recurso extraordinario de Casación, contra las sentencias y autos definitivos, dictados por las Cortes de Apelaciones en el proceso ordinario y otras establecidas expresamente, tal como lo preceptúa el artículo 717 siempre del mismo cuerpo legal. Del presente motivo se puede colegir que la impetrante pretende que la Corte Suprema de Justicia a través de la Sala de lo Civil conozca vía recurso de casación la existencia de una aparente inobservancia del Juzgado de Letras Civil del departamento de Francisco Morazán, situación que es completamente ajena a derecho, por pretender que este máximo tribunal conozca sobre actos procesales acaecidos en primera instancia. Cierto es que la Constitución de la República establece como derecho fundamental el acceso a peticionar ante las autoridades competentes, pero debe entenderse que este derecho se encuentra debidamente regulado bajo un esquema de orden propio de un Estado de Derecho, y que en materia civil, el artículo 1.1 del Código Procesal Civil establece que toda persona tiene derecho de peticionar ante los Tribunales la Tutela Efectiva de sus derechos, situación que previamente ha agotado la compareciente en su recurso de apelación; y si bien es cierto que la recurrente invoca como causal de casación el artículo 719.1 literal b) del Código Procesal Civil, esto es en cuanto que: “1. Se podrá impugnar la aplicación e interpretación de las normas procesales que regulan: … b) Los actos y garantías procesales cuando su infracción suponga la nulidad o produjere indefensión.”, y en los demás artículos relacionados en el presente motivo, como ya se ha dejado señalado esta causal no es aplicable para el conocimiento de actos procesales suscitados en primera instancia. 10.- En el Cuarto Motivo la recurrente plantea que la sentencia del Tribunal de Alzada, vulnera en perjuicio de su representada por falta de aplicación de los artículos 139.2, 140.3, 141, 144.7, 146 y 148.1 del Código Procesal Civil; invoca como precepto autorizante el artículo 719.1 literal b) de la citada norma procesal civil, que preceptúa: “1. se podrá impugnar la aplicación e interpretación de las normas procesales que regulan… b) Los actos y garantías procesales cuando su infracción suponga la nulidad o produjera indefensión.”; la impetrante cita en primer término de forma literal todos y cada uno de los artículos que estima vulnerados, para luego explicar que en el presente caso a efecto de llevar a cabo el acto de comunicación de emplazamiento a la parte demandada por medio de Ronal Torres Alonzo, la demandante designó como domicilio la Colonia América, Avenida Independencia, dos cuadras arriba de la Iglesia Santa Teresa de Jesús. (Sin precisar No. de casa ni color); por lo que al personarse el receptor del Juzgado en una dirección no consignada en la demanda, ha realizado un acto procesal nulo y acarrea responsabilidad, pues en las constancias que extendió solo expresa “no se encontraba allí”, en ningún momento el receptor procura averiguar si vive allí su destinatario, tampoco consigna en la diligencia la negativa de la comunicación, contrariando con ello lo dispuesto en el artículo 144.7 del Código Procesal Civil y el artículo 8 del citado Código. Que ante tal situación el representante procesal de la parte demandante pidió con insistencia al a-quo emplazara mediante edictos a la parte demandada; pero el Juez apegado a derecho, previo ordenar lo solicitado ordeno que se hiciese la averiguación del domicilio de la parte demandada, tal como lo manda el artículo 144.8 en relación con el 141.2 del Código Procesal Civil; que el representante procesal de la parte demandante, solicitó al Juzgado hacer averiguación de domicilio de Ronal Torres Erazo persona diferente a la designada en la demanda como representante legal de la demanda; averiguación de domicilio que resultó ser infructuosa para Ronal Torres Erazo, ante lo cual el a-quo ordenó que la comunicación se llevara a cabo mediante edictos, tal como lo consigna el artículo 146 del citado Código. Aduce la recurrente que tanto el representante procesal de la parte demandante, como los tres jueces que conocieron el proceso y las dos Secretaria Adjuntas, no leyeron los 19 documentos en los cuales se consignó el nombre de Ronal Torres Erazo persona esta que no es parte en la demanda; y que tampoco leyeron las cartas de información de CLARO, TIGO y HONDUTEL sobre Ronal Torres Erazo y le dieron tramite a una comunicación edictal para Ronal Torres Alonso. Que consta en autos que no se hizo emplazamiento a la demandada INGENIEROS CONTRATISTAS, S.A DE C.V. (INSERPINT), a través de su representante legal el señor Ronald Torres Alonzo, en su domicilio ni laboral ni personal; tampoco se hizo sobre el mismo averiguación de su domicilio para obtener información al respecto, razón para estimar que al no existir averiguación infructuosa de su domicilio, no se puede recurrir a una comunicación edictal para emplazar a la parte demandada, por lo que al amparo de lo dispuesto en el ya citado artículo 148 del Código Procesal Civil, el acto de comunicación edictal mediante el cual se hizo el emplazamiento a INGENIEROS CONTRATISTAS, S.A. DE C.V. a través de Ronal Torres Alonzo es nulo, al prescindirse de normas esenciales del procedimiento, produciendo indefensión a la demandada. 11.- La Sala de lo Civil luego del análisis del Cuarto Motivo, encuentra que la recurrente abogada Irma Elizabeth Aguilar Arias, no ha observado al momento de plantear el motivo la debida técnica de casación que indefectiblemente debía de haber empleado, así tenemos que incurre en errores que tienen que ver con lo siguiente: a) Plantea en un solo motivo la vulneración por falta de aplicación de los artículos 139.2, 140.3, 141, 144.7, 146 y 148.1 del Código Procesal Civil, con lo cual falta a la debida separación y claridad; al respecto este Alto Tribunal de justicia, hace saber que la acotación o límites de cada norma que se cite como infringida deberá hacerse en forma separada, clara y sobre todo precisa, de manera que no quede ninguna duda del thema decidendi o alcance del motivo; este requisito tiene que ver con el objeto a juzgar por la Sala de lo Civil, el cual debe ser definido o delimitado con suma precisión y detalle por quien acude en casación; b) Aunado a lo anterior las razones que esgrime la recurrente para estimar la inaplicación de los referidos artículos por parte del Tribunal de Alzada, se circunscriben a cuestionar únicamente el acto de comunicación de emplazamiento a la parte demandada, con lo cual olvida que al tenor de lo preceptuado en los artículos 690 y 691 del Código Procesal Civil, se determina cuales son los recursos que permite el proceso civil y cuando es aplicable cada uno de ellos. En ese sentido llama la atención de la Sala que la recurrente comparece alegando supuestas irregularidades en actos procesales realizados en primera instancia, mismos que no son susceptibles al recurso extraordinario de Casación, ello de conformidad con lo preceptuado en el artículo 706 de la citada normativa, al dejar claramente establecido que las Cortes de Apelaciones conocerán los recursos interpuestos en contra de las resoluciones de que dicten los Juzgados de Letras. También es menester recordar que sólo es procedente el recurso extraordinario de Casación, contra las sentencias y autos definitivos, dictados por las Cortes de Apelaciones en el proceso ordinario y otras establecidas expresamente, tal como lo manda el artículo 717 siempre del mismo cuerpo legal. Señalado lo anterior tenemos entonces que la recurrente en éste motivo pretende que la Sala de lo Civil haga revisión sobre actuaciones procesales llevadas a cabo por el a-quo, lo cual le es vedado a esta instancia extraordinaria de acuerdo a la normativa procesal antes citada; y c) Refiere la recurrente que los tres jueces que conocieron el proceso y las dos Secretarias Adjuntas, no leyeron los 19 documentos en los cuales se consignó el nombre de Ronal Torres Erazo persona esta que no es parte en la demanda; y que tampoco leyeron las cartas de información de las empresas de telefonía CLARO, TIGO y HONDUTEL sobre Ronal Torres Erazo; al respecto es menester recordar que de acuerdo con lo preceptuado en el artículo 720.1 del Código Procesal Civil, le está vedado a la Sala que revise los hechos, la interpretación y valoración de las pruebas, ahora bien, a pesar de la referida prohibición y, si el motivo pretendía que la Sala hiciese revisión del control de la motivación fáctica de la sentencia, a fin de revisar su existencia, suficiencia, racionalidad y carácter lógico, siempre y cuando fuere determinante en un sentido diferente del fallo, bien pudo la recurrente invocar como precepto autorizante lo dispuesto en el artículo 719.1 literal c) del Código Procesal Civil, en relación con el 720.2 de la misma normativa. 12.- El Quinto Motivo planteada por la recurrente expresa, que el fallo de la Corte de Apelaciones ha supuesto la infracción por falta de aplicación del artículo 715.1 del Código Procesal Civil en relación con el artículo 62.2 literal c) de la misma norma; invoca como precepto autorizante el artículo 719.1 literal c), de la citada norma procesal civil, que preceptúa: “1. se podrá impugnar la aplicación e interpretación de las normas procesales que regulan… c) La forma y contenido de la sentencia.”. En explicación del motivo señala que el ad-quem en la sentencia impugnada, en el acápite fundamentación jurídica, ordinal Tercero de forma expresa acepta que: “…. efectivamente al revisar las diligencias venidas en primera instancia es perceptible divisar, dicha situación fáctica, misma que incluso la parte apelada no niega, sin embargo este AD-QUEM estima que ….. el hecho de venir a invocar por un lado indefensión por no haber sido citado en legal y debida forma así como el error en la consignación del nombre del demandado por una letra o por un segundo apellido, es decir que RONALD TORRES ALONZO no es la misma persona de RONAL TORRES ERAZO, …. Que se ha dejado establecido que la parte demandada es la sociedad mercantil ante aludida, por lo que es irrelevante la designación del nombre de quien sea su Gerente General.” Dice la impetrante que al tenor de lo preceptuado en el artículo 715.1 del Código Procesal Civil, se dispone sobre el alcance de la decisión de apelación y manda: “Si se apreciare la existencia de infracción procesal que origine la nulidad absoluta de las actuaciones o de parte de ellas, el Juzgado o Tribunal, lo declarara así, y ordenara la retroacción de las actuaciones al estado inmediatamente anterior al defecto que lo originó:”; sin embargo en el caso de autos el ad-quem detecto las infracciones procesales y no ejerció su poder para corregirlos, al confirmar la sentencia de primera instancia. 13.- Respecto de los planteamientos expuestos por la recurrente en el Quinto Motivo, la Sala encuentra que los mismos no se han hecho observando la debida técnica de casación, esto se colige así ya que por parte de la impetrante se han cometido las siguientes falencias: a) La falta de claridad y justificación en el motivo expuesto, ello porque señala que el Tribunal de Alzada en el fallo proferido ha vulnerado por falta de aplicación del artículo 715.1 en relación con el artículo 62.2 literal c) ambos del Código Procesal Civil, y señala en forma escueta que el Tribunal de Alzada detecto infracciones procesales y no ejerció su poder para corregirlos, al confirmar la sentencia de primera instancia; la Sala al respecto estima oportuno señalar que la recurrente en el desarrollo del cargo incurre en doble error, por una parte se deduce de los escuetos razonamientos expuestos, que cuestiona que el fallo del ad-quem no hizo pronunciamiento, pudiendo haberlo hecho, sobre infracciones procesales que detecto en el fallo de primera instancia, con lo cual la recurrente equivoca el precepto autorizante que debió de invocar, esto es el artículo 719.1 literal b del Código Procesal Civil; y b) Incumple lo señalado en el artículo 700 del Código Procesal Civil que manda que cuando en los recursos devolutivos se alegue la existencia de un defecto en la aplicación o interpretación de las normas procesales que produzcan nulidad o indefensión, el recurrente deberá acreditar en la interposición del recurso, que procedió a denunciar dicho defecto en la instancia en que se produjo, si ello era posible y que, en su caso, reprodujo la denuncia en la apelación; situación que la recurrente no expone en el motivo, por lo que el cargo resulta incompleto. 14.- El Sexto Motivo planteado supone para la recurrente que el fallo dictado por el Tribunal de Alzada ha vulnerado en perjuicio de su representada por inaplicación del artículo 200.2 literal b), en relación con los artículos 239.1, 240.1 y 245.1 del Código Procesal Civil; invoca como Precepto Autorizante el artículo 719.1 literal c) del citado Código, referido a que: “1. se podrá impugnar la aplicación e interpretación de las normas procesales que regulan… c) La forma y contenido de la sentencia”; aduce en sustento de su impugnación que es a través de los medios de prueba que las partes acreditan las afirmaciones de hecho alegadas que sean controvertidas, esto es convencen al juez o tribunal de la verdad o certeza de un hecho o lo verifican como ciertos a los efectos del proceso; que en ese sentido al tenor de lo dispuesto en los artículos 239.1, 240.1 y 245.1 del Código Procesal Civil respecto de la proposición, admisión y valoración de la prueba, y lo establecido por el artículo 200.2 literal b) de la normativa procesal, respecto del contenido formal de las sentencias, al señalarse que entre otros en los antecedentes de hecho se “consignarán las pruebas que se hubiesen propuesto y practicado y los hechos probados en su caso.”; sin embargo la jueza de primera instancia, en la sentencia que dicto y más específicamente en el Acápite hechos probados, ordinal cuarto valoró prueba documental, documentos privados, esto es la carta de garantía de fecha 25 de Julio del 2009 y la nota de queja de los inquilinos, que no fue propuesta, admitida ni evacuada en juicio a la parte demandante, ello en flagrante violación al artículo 200.2 literal b) del Código Procesal Civil, motivo suficiente para pedir a la Sala de lo Civil de la Honorable Corte Suprema de Justicia con fundamento en el artículo 720.2 del Código Procesal Civil, el control de la motivación fáctica de la sentencia, con el fin de valorar el razonamiento del órgano judicial de apelación. 15.- No resultan de recibimiento los argumentos que plantea la recurrente en el Sexto Motivo, la Sala igual que en los motivos que preceden detecta que nuevamente incurre en errores de técnica casacional; así tenemos: a) Que si bien es cierto que cita como precepto autorizante lo dispuesto por el articulo 719.1 literal c) del Código Procesal Civil mismo que relaciona con el artículo 720.2 de la misma normativa; aduciendo básicamente que el Tribunal de Alzada ha dejado de aplicar el artículo 200.2 literal b), en relación con los artículos 239.1, 240.1 y 245.1 del Código Procesal Civil; también lo es que la impetrante erra al cuestionar directamente la valoración que de dos medios de prueba documental ha hecho en su fallo el juzgado a-quo, medios de prueba que dice no fueron propuestos, admitidos ni evacuados en juicio a la parte demandante; con lo cual olvida que al tenor de lo dispuesto por el artículo 717 del Código Procesal Civil, sólo es procedente el recurso extraordinario de Casación, contra las sentencias y autos definitivos, dictados por las Cortes de Apelaciones en el proceso ordinario y otras establecidas expresamente; así pues, a vía de ilustración la Sala establece que sí se puede mediante vía de casación, y una vez que se admite a trámite el recurso, hacer pronunciamiento sobre la valoración de medios de prueba, ahora bien para que la admisión del recurso a trámite se pueda hacer por parte de la Sala, la recurrente si pretende solicitar en casación el control de la motivación fáctica de la sentencia del ad-quem, para revisar su existencia, suficiencia, racionalidad y carácter lógico, siempre que fuere determinante de un sentido diferente del fallo; deberá observar dos aspectos en el escrito de interposición del recurso, el primero de ellos tiene que ver con que el recurrente impugne únicamente la sentencia de segunda instancia, y en segundo lugar deberá, si la sentencia dictada por el Tribunal de alzada es confirmatoria de la proferida por el a-quo, dejar establecido que impugna la sentencia de segunda instancia “que ha hecho suya la sentencia de primera instancia”; ahora bien lo que no puede suceder por ser improcedente, es que se recurra directamente el fallo de la primera instancia, tal y como lo ha dejado expuesto la recurrente en el presente motivo; y b) Amen de lo anterior la impetrante plantea en forma confusa el motivo, ello porque aduce la vulneración por falta de aplicación de lo dispuesto por el artículo 200.2 literal b) del Código Procesal Civil, dicho artículo está referido a los requisitos externos que se deben observar por el juzgador en la redacción de la sentencia, y por otra parte pretende que la Sala haga revisión sobre la suficiencia, racionalidad y carácter lógico, siempre que fuere determinante de un sentido diferente del fallo, esto es sobre la valoración de medios de prueba de la sentencia proferida en primera instancia, situación que provoca la inadmisión del motivo al tenor de lo preceptuado por el artículo 721.2 de la normativa procesal civil. 16.- Que en conclusión, la defectuosa presentación del recurso por parte de la impetrante, en esta fase procedimental, hace procedente su inadmisión por concurrir en los seis motivos de casación expuestos, las causas previstas en el artículo 723.2 literal a) y b) del Código Procesal Civil. III. PARTE DISPOSITIVA La Sala de lo Civil de la Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, pronunciándose con base a la motivación jurídica expuesta y aplicando lo dispuesto en los artículos 80, 82, 90 párrafo primero, 303 párrafo primero, 304, 313 numeral 14); 316 párrafo primero de la Constitución de la República; 1 y 80.1 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 115, 118.1, 129, 169, 170, 190, 191, 193.2 literal b), 197, 199, 716, 717, 718, 719, 720.2, 721.2, 722, 723.2 literales a y b), y 724 del Código Procesal Civil; profiere por unanimidad de votos el presente auto irrecurrible y declara: I.- INADMISIBLE el recurso de casación en sus seis motivos formalizado por la abogada IRMA ELIZABETH AGUILAR ARIAS, en su condición de representante procesal de la sociedad mercantil denominada INGENIEROS CONTRATISTAS, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE, (INSERPINT, S. DE R.L. DE C.V.); en contra de la sentencia definitiva dictada el día 11 de febrero del año 2016, por la Honorable Corte Segunda de Apelaciones de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán. II.- FIRME la sentencia recurrida dictada por la Corte Segunda de Apelaciones de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán, e identificada en esta Sala bajo el expediente S.C. 180-2016, en el de apelación registrado bajo el número 05919-2012, originado en los autos que conforman el expediente número 0801-2012-05919-CP del Juzgado de Letras Civil del Departamento de Francisco Morazán. III.- CONDENA EN COSTAS a la recurrente. Y MANDA: Que con la certificación de este auto se remitan las actuaciones a la Honorable Corte Segunda de Apelaciones de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán, para los efectos legales consecuentes. Redacto el Magistrado WILFREDO MENDEZ ROMERO. - NOTIFÍQUESE. FIRMAS Y SELLO. RINA AUXILIADORA ALVARADO MORENO. MAGISTRADA COORDINADORA. REYNALDO ANTONIO HERNANDEZ. MAGISTRADO. WILFREDO MENDEZ ROMERO. MAGISTRADO. FIRMA Y SELLO. BETTY JANETH PALMA O´CONNOR. RECEPTORA ADSCRITA”.

Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los once días del mes de junio del año dos mil dieciocho; Certificación del auto de fecha catorce de mayo del año dos mil dieciocho, recaído en el Recurso de Casación registrado bajo el No. S.C. 180=2016.

BETTY JANETH PALMA O’CONNOR

RECEPTORA ADSCRITA

[1] Artículo 313.5 de la Constitución de la República

[2] Artículo 718 del Código Procesal Civil.

[3] Artículo 716 del Código Procesal Civil,

[4] Artículo 61 de la Constitución de la República.

[5]1 Salas Carceller, Antonio. Práctica Procesal de los Recursos de Casación, Edit. Thompson Reuters ARAZANDI. Pag. 64 y ss.

[6] Resoluciones 192-2012 de fecha 13-2013 de fecha 3 de junio del año 2014; 215-2014 de fecha 25 de agosto 2015.