Sentencia CC-153-16 — Registro 8154
Resumen
En primera instancia se declaró con lugar la excepción perentoria de falta de legitimación en causa activa en la demanda ordinaria de pago por falta de cumplimiento de una obligación mercantil y opuesta como parte demandada y demandante por reconvención.
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
… “Respuesta de la Sala de lo Civil. Esta Sala es del criterio que el recurrente si bien pretende solicitar de este tribunal de casación el control de la motivación fáctica; conforme lo dispone el artículo 720.2 del Código Procesal Civil, este ha de ser necesariamente para revisar su existencia, suficiencia, racionalidad y carácter lógico, siempre que este fuere determinante de un sentido diferente del fallo, sin embargo el recurrente en un primer momento arguye que la motivación fáctica es claramente insuficiente, lo que supone su existencia aunque no suficiente para arribar a una deducción fáctica, en un segundo momento, cuestiona que el fundamento fáctico es ilógico, irracional y arbitrario, pero nada expone acerca de los principios o postulados de la lógica que se ven violentados, de manera que queda sin exponer si se ha vulnerado el principio de identidad, el de no contradicción o de tercero excluido, más aún se limita a señalar la motivación como defectuosa, incluso citando íntegramente la motivación del tribunal ad quem sin manifestar como ese razonamiento colisiona con los postulados que integran la lógica, además de no precisar como ese error de raciocinio es determinante para un sentido diferente del fallo, consecuentemente concurre una causal de inadmisión del recurso en aplicación del artículo 723. 2 a) del Código Procesal Civil, pues el motivo adolece de la claridad necesaria para su admisibilidad.”
Legislación citada
- Código Procesal Civil, art. 723, Numeral 2, letra a (Jerarquía Ordinaria)
Jerarquía: Reiterativa
“Respuesta de la Sala de lo Civil. Esta Sala es del criterio que el recurrente ha faltado a su obligación de exponer el motivo de casación con la debida separación y claridad en virtud de que los preceptos citados como infringidos constituyen supuestos totalmente diferentes, tal es el caso de los artículos 1550 y 1610 del Código Civil que se refiere a como se perfeccionan los contratos en general y la compraventa, brindando el censor una explicación en relación con el Banco del País como supuesto vendedor, el cual no ha tenido ninguna intervención en el presente juicio, por lo que no resulta clara la vinculación de esta supuesta perfección del contrato en relación con el demandado. Los otros dos artículos citados como infringidos tienen relación con los contratos preparatorios en general y con la compraventa (mercantil) que resultan distintos de los contratos civiles, de manera que para mayor claridad y entendimiento han debido exponerse con la debida separación de motivos, por otra parte, el recurrente crea una total confusión al asegurar que la promesa de compra venta es válida por cumplir tanto los requisitos del Código Civil como los del contrato preparatorio del Código de Comercio, pero llega a generar una mayor incomprensión asegurando que no existe violación de los presupuestos del artículo 1575 del Código Civil ya que los preceptos legales que regulan y validan los requisitos de la promesa de celebrar un contrato, si es materia civil, se encuentra en el artículo 1358 del mismo cuerpo de leyes y si es materia mercantil se encuentra en el artículo 762 párrafo primero del Código de Comercio, sin dejar claro si estamos frente a un contrato civil o mercantil, por lo tanto, no corresponde al tribunal de casación elegir cuál de los planteamientos debe ser el que ha de tomarse en cuenta, concurriendo nuevamente una causal de inadmisión del recurso en aplicación del artículo 723. 2 a) del Código Procesal Civil.”
Legislación citada
- Código Procesal Civil, art. 723, Numeral2 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACION
La Infrascrita Receptora Adscrita a la Sala de lo Civil de la Corte Suprema de Justicia, Certifica el Auto que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los diecisiete días del mes de abril del año dos mil dieciocho, la Sala de lo Civil, integrada por los Magistrados: RINA AUXILIADORA ALVARADO MORENO, como Coordinadora, REYNALDO ANTONIO HERNÁNDEZ y WILFREDO MENDEZ ROMERO, designado ponente el segundo para el conocimiento y redacción de la resolución del presente recurso de Casación en la fecha supra indicada dictan el siguiente AUTO: SON PARTES: La sociedad FRANCO, GARCIA, JOSA CONSTRUCTORES HONDURAS, S.A. DE C.V.; representada en juicio por el abogado MARLON ENRIQUE GODOY TORRES, en su condición de recurrente; siendo recurrido el señor DANIEL ANDRADE, representado en juicio por el abogado MANFREDO IVAN GALINDO ALVARADO. OBJETO DEL PROCESO: “DEMANDA ORDINARIA DE PAGO POR FALTA DE CUMPLIMIENTO DE UNA OBLIGACION MERCANTIL”, promovida en fecha trece de octubre del año dos mil diez, ante el entonces Juzgado de Letras Tercero de lo Civil de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, por la abogada SANTA CECILIA CARCAMO DUBON, en su condición de representante procesal de la sociedad denominada FRANCO, GARCIA, JOSA CONSTRUCTORES HONDURAS S.A. de C.V., también conocida como F.G.J. CONSTRUCTORES HONDURAS S.A. de C.V. contra el señor DANIEL ANDRADE, mayor de edad, casado, comerciante, hondureño y con domicilio en Tocoa, Departamento de Colón, así como la demanda vía reconvención por el proceso ordinario para el pago de daños y perjuicios, promovida por el abogado MANFREDO IVAN GALINDO ALVARADO, como apoderado del señor DANIEL ANDRADE, contra la sociedad F.G.J.C. MOND, S.A. DE C.V. I.- ANTECEDENTES DE HECHO. PRIMERO: Con fecha dos de mayo del año dos mil dieciséis, la Corte de Apelaciones Civil de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, conociendo por vía de apelación de la sentencia definitiva de fecha veintiséis de febrero del año dos mil dieciséis, dictada por Juzgado de Letras Civil de la Sección Judicial de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, en el juicio de mérito, dictó sentencia CONFIRMANDO la del A-quo, misma que falló de la siguiente manera: “FALLA: PRIMERO: DECLARANDO CON LUGAR la excepción Perentoria de Falta de Legitimación en Causa Activa opuesta por el abogado Manfredo Iván Galindo Alvarado quien actúa en su condición de apoderado legal del señor Daniel Andrade como parte demandada y demandante por reconvención.- SEGUNDO: DECLARA NO HA LUGAR la demanda ordinaria de pago por falta de cumplimiento de una obligación mercantil promovida por la abogada SANTA CECILIA CARCAMO DUBON como apoderada legal de la Sociedad Mercantil FRANCO GARCIA JOSA CONSTRUCTORES HONDURAS S. A DE C. V. También conocida como F.G. J. CONSTRUCTORES HONDURAS S. A DE C. V. como parte demandante y demandada por reconvención contra el señor DANIEL ANDRADE como parte demandada y demandante por reconvención.- TERCERO: SIN COSTAS por estimar este Juzgado que ambas partes han tenido motivos racionales para litigar.- CUARTO: DECLARA NO HA LUGAR la demanda de pago en concepto de daños y perjuicios interpuesta por vía de reconvención por el abogado MANFREDO IVAN GALINDO ALVARADO quien actúa en su condición de apoderado legal del señor DANIEL ANDRADE como parte demandada y demandante por reconvención, contra la sociedad mercantil denominada FRANCO GARCIA JOSA CONSTRUCTORES HONDURAS S.A. DE C.V. También conocida como F.G. J. CONSTRUCTORES HONDURAS S.A. DE C. V. como parte demandante y demandada por reconvención. - QUINTO: SIN COSTAS por estimar este Juzgado que ambas partes han tenido motivos racionales para Iitigar. - Esta Sentencia admite recurso de Apelación el que debe interponerse dentro de los diez (10) días siguientes a la notificación ante este mismo Juzgado por escrito expresando los agravios que le causa la misma.- NOTIFIQUESE.” SEGUNDO: El representante procesal de la sociedad mercantil denominada FRANCO GARCIA JOSA CONSTRUCTORES HONDURAS S. A DE C. V., conocida también como F.G. J. CONSTRUCTORES HONDURAS S. A DE C. V., abogado MARLON ENRIQUE GODOY TORRES, presentó en fecha treinta de mayo del año dos mil dieciséis, escrito de interposición y formalización del recurso de casación contra la sentencia de fecha dos de mayo del año dos mil dieciséis, dictada por la Corte de Apelaciones Civil de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, resolviendo el Ad-quem, mediante proveído de fecha treinta de mayo del año dos mil dieciséis, tener por interpuesto y formalizado el recurso de casación por parte del Recurrente y acordó conceder a la parte contraria el plazo de diez (10) días hábiles para que se pronunciara sobre el contenido del escrito, debiendo entregársele copia del mismo. TERCERO: El representante procesal del señor DANIEL ANDRADE, abogado MANFREDO IVAN GALINDO ALVARADO, presentó en fecha trece de junio del año dos mil dieciséis, escrito de pronunciamiento sobre el contenido del recurso de casación interpuesto y formalizado por la contraparte, resolviendo la Corte de Apelaciones Civil de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, remitir las presentes diligencias a la Honorable Corte Suprema de Justicia en el plazo que manda la ley, para proseguir con el trámite correspondiente. CUARTO: Recibidas las actuaciones en éste Tribunal, los abogados MANFREDO IVAN GALINDO ALVARADO y MARLON ENRIQUE GODOY TORRES, ambos en sus condiciones ya indicadas presentaron escritos de personamiento en fechas dieciséis y veintidós de junio del año dos mil dieciséis respectivamente, resolviendo este Tribunal, mediante proveído de fecha treinta de agosto del año dos mil dieciséis, tenerlos por personados dentro del plazo concedido. QUINTO: Que el abogado MARLON ENRIQUE GODOY TORRES, plantea su recurso de casación contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones Civil de San Pedro Sula, Departamento de Cortés de la siguiente manera: “MOTIVOS DE CASACION. A) PRIMER MOTIVO: INFRACCION DE NORMA PROCESAL Se impugna la sentencia combatida por infracción del artículo 207 numerales 1 y 2 del Código Procesal Civil, que regula los requisitos internos de la sentencia, o sea, su forma y contenido, en cuanto a la motivación fáctica. Con este motivo se demuestra que la motivación fáctica de la sentencia impugnada es claramente insuficiente, pues, carece de racionalidad y de lógica, lo cual llevó al Tribunal de alzada a emitir un fallo en base al mismo criterio erróneo empleado por la primera instancia. PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo de casación se encuentra comprendido en los artículos 719.1 literal e) y 720 numeral 2 del Código Procesal Civil. CONCEPTO DE LA INFRACCION. Prescribe el ARTÍCUO 2O7 MOTIVACION. 1. Las sentencias se motivarán expresando los razonamientos fácticos y jurídicos que conducen a la apreciación y valoración de las pruebas, así como a la aplicación e interpretación del Derecho. 2. La motivación deberá incidir en los distintos elementos fácticos y jurídicos del pleito, considerados individualmente y en conjunto, ajustándose siempre a las reglas de la lógica y de la razón. En el presente caso, como lo repito, se ha producido una infracción de la norma procesal antes transcrita, que regula los requisitos internos, su forma y contenido de la sentencia impugnada, en cuanto a la motivación, por que como lo expongo a continuación, los razonamientos de la misma, empleados para estimar la excepción perentoria alegada por la contraparte, es decir, su fundamento factico, es ilógico, irracional y arbitrario, ya que se basa en el mismo criterio del fallo de primera instancia cuya motivación fáctica y jurídicas es completamente ilógica y arbitraria. Esta motivación defectuosa se evidencia de la manera siguiente: El numeral PRIMERO de la MOTIVACION FACTICA de la sentencia combatida, dice: MOTIVACION FACTICA Y JURIDICA: PRlMERO: la causa principal de impugnación en el juicio que nos ocupa, el haber declarado el juez de primera instancia, con lugar la excepción perentoria de falta de legitimación, interpuesta por la parte demandada-demandante por reconvención y sin lugar la demanda ordinaria de pago interpuesta por la parte demandante-demandado por reconvención, de la lectura de la sentencia impugnada se desprende que el juez en cuanto a los hechos impugnados, fundamento su decisión en los siguientes puntos: 1.- El contrato de promesa de compraventa, no llena los requisitos exigidos por el artículo 1575 del Código Civil, y los requisitos exigidos para la validez de los contratos, que establece el artículo 1552 del mismo cuerpo legal, al haber sido suscrita la promesa de compra-venta de un bien inmueble de una persona que nunca fue legalmente titular del derecho de propiedad, ni tampoco ostentaba la posesión del bien inmueble. .-2- Tener como probado que existe un contrato privado de promesa compra-venta que no es generador de obligaciones, ya que la parte demandante y demandada por reconvención no podía ni vender u ofrecer en venta dos inmuebles sin ser el propietario de los mismos, al comparar el mencionado documento con la escritura de tradición de dominio otorgada por Banco del País.- Sobre lo acontecido en el presente juicio en relación a las causas de impugnación de la sentencia dictada por el A-Quo, este tribunal estima, que la acción entablada es demanda de pago por incumplimiento de una obligación en ningún momento se pone en entredicho la validez o no de contrato alguno, por lo que este tribunal es del criterio que referirse a ello en la sentencia no tiene razón de ser, no es la acción deducida.- Ahora bien en lo referente a la Excepción perentoria de falta de legitimación, si hay facultades para su pronunciamiento en primer término por que la norma procesal contempla la legitimación como presupuesto procesal de fondo, estos presupuestos procesales son ineludibles para que se genere una relación jurídica procesal valida y para que, por consiguiente, exista proceso valido y resolver sobre el fondo de lo pretendido.- El Código Procesal Civil contempla estas excepciones en su artículo 286.- La doctrina define la legitimación, y dice que para que una pretensión pueda ser estimada por un tribunal es necesario, no solo que concurran los presupuestos procesales del órgano y de las partes, sino también que las partes se encuentren en una determinada relación jurídico material con esa pretensión.- Ahora bien el Código Civil, en su artículo 1348, se refiere a la fuerza de las obligaciones entre los contratantes, que nacen de los contratos. - La obligación es un vinculo jurídico que coloca a una persona determinada en la necesidad de dar, hacer o no hacer una cosa, con respecto a otra, igualmente determinada, de lo que resulta ese lazo como principal característica de la obligación.- En el presente juicio de la lectura de la sentencia se desprende que el juez no dio valor probatorio al acta de compromiso entre el señor Gustavo Adolfo Franco, como representante de la empresa FGJ Constructores Honduras, S.A., y el señor Daniel Andrade, en fecha dieciséis de julio del dos mil ocho, ante la existencia de la escritura de tradición de dominio debidamente inscrita y otorgada por el Banco del País a favor del señor Daniel Andrade, en fecha veintiséis de julio del dos mil ocho, medio de prueba documental que se encuentran agregado en autos.- Criterio que es compartido por este tribunal de alzada, precisamente al hablar de las obligaciones y el vinculo jurídico entre las partes, está relacionado con la legitimación, el documento que tiene fuerza de ley en el presente caso es el documento público, de compra venta celebrado entre el Banco del País y el Señor Daniel Andrade- No se trata de aplicación de norma Civil o Mercantil, más que todo trata de dar el valor probatorio correspondiente a cada uno de los medios de prueba que generan controversia en el presente juicio. 1.- EXISTENCIA DE LOS PRESUPUESTOS DE LA LEGITIMACION EN CAUSA ACTIVA. a) El Ad quem dice que en este caso el juez de primera instancia desvaloró el Acta de Compromiso de Pago suscrito entre el señor Gustavo Adolfo Franco, como representante de la empresa FGJ Constructores Honduras, S.A., y el señor Daniel Andrade, en fecha dieciséis de julio del dos mil ocho, por la existencia de la Escritura de Tradición de Dominio debidamente inscrita y otorgada por el Banco del País a favor del señor Daniel Andrade, en fecha veintiséis de julio del dos mil ocho, criterio que comparte en consideración a que el documento público de compraventa celebrado entre el Banco del País y el señor Daniel Andrade tiene fuerza de ley; motivación fáctica insuficiente, irracional e ilógica, ya que contra dicho documento público obra en juicio suficiente prueba documental que no fe impugnada por la parte contraria con la que se acredita que el documento público de compraventa fue producto de varias negociaciones que el señor Gustavo Adolfo Franco, corno representante de la empresa FGJ Constructores Honduras, S.A. realizó directamente con el Banco del País, y posteriormente, con el señor Andrade sobre el inmueble objeto de dichos contratos o convenios, finalizando con la suscripción de un Acta de Compromiso de Pago entre el señor Gustavo Adolfo Franco, como representante de la empresa FGJ Constructores Honduras, S.A. y e! señor Daniel Andrade, documento en que funda su pretensión mi representada, y el que le da origen a la relación jurídica u objeto del proceso, cuya validez y existencia legitima la pretensión de mi cliente. Estos documentos son: 1) Escrito de formal oferta de compra de los inmuebles relacionados que mi representada hizo al Banco del País S.A. , 2) Escritorio de aceptación de la oferta de compra por el precio ofertado de parte de Banco del País S.A.; 3) Recibo de Deposito en la cuenta de cheques del vendedor del dinero en pago del precio de venta de los referidos inmuebles y; 4) Constancia del Departamento Inmobiliario del Banco del País, en la que hace constar que mi representada es la dueña legitima de los inmuebles objetos del contrato de Promesa de compra-venta y del Convenio o Compromiso de Pago, ambos suscritos entre mi cliente y la demandada-demandante reconvencional 5) Escrito de autorización dirigido por mi representada al Banco del País pasa que escriturara en forma directa a favor del señor Daniel Andrade la venta de los inmuebles relacionados. b) El Ad quem infringe el Artículo 207 del Código Procesal Civil ya transcrito, cuando en la motivación fáctica y jurídica de la sentencia combatida deja de hacer los razonamientos de los hechos con el ordenamiento jurídico, los que a su vez la conduzcan hacer una apreciación y valoración de la prueba documental descrita en los anteriores literales, que prueban que mi representada está legitimado para demandar al deudor judicialmente para que cumpla con lo convenido en el Contrato o Acta de Compromiso de Pago que ambos suscribieron, y que conforme al Artículo 1348 del Código Civil que la misma Corte de Apelaciones Civil invoca, las obligaciones que nacen de él tienen fuerza de ley entre las partes contratantes, y deben cumplirse al tenor de los mismos; por lo que la omisión de este requisito produce la infracción de dicha norma jurídica procesal. c) Establece el tratadista y procesalista italiano Chiovenda en su obra Instituciones de Derecho Procesal Civil “... la legitimación en la causa consiste en la identidad del actor con la persona a cuyo favor está la Ley (legitimación activa) y la identidad de la persona del demandado con la persona contra la que se dirige la voluntad de la Ley (legitimación pasiva). Dicho en otros términos, está legitimado el actor cuando ejercita un derecho que realmente es suyo y el demandado cuando se le exige el cumplimiento de una obligación que también es a cargo de él.” De la anterior definición colegimos que si una persona ejercita un derecho que no le pertenece o que no está autorizado por quien pertenece a ejercerlo, entonces surge la excepción de falta de legitimación en causa activa y si ese derecho se ejercita en contra de persona que no es el obligado entonces surge la excepción de falta de legitimación en causa pasiva. Del análisis de los conceptos doctrinarios señalados anteriormente, vemos que al caso que nos ocupa no aplica ninguno de los presupuestos de la referida excepción, pues tal y como podrán constatar los honorables Magistrados, el mayor, evidente y grave error que comete el Ad quem en la motivación fáctica y jurídica de la sentencia combatida, es considerar o razonar que el documento de promesa de venta como el elemento legitimador de la relación jurídica u objeto litigioso, cuando el documento que se presentó como fundamento y elemento legitimador es el ACTA DE COMPROMISO DE PAGO que obra a folio diez (10) de la demanda y que se acompañó a la misma; en este documento, otorgado y firmado por ambas partes, el señor Daniel Andrade acepta y conviene que el señor Gustavo Adolfo Franco Castillo en representación de F.G.J. CONSTRUCTORES HONDURAS S.A. DE C.V. tiene los derechos sobre unos bienes ubicados en Cabo de Hacha, Municipio de Saba, Departamento de Colon, según nota emitida y firmada por el BANCO DEL PAIS S.A.; que el señor Franco en representación de la referida sociedad mercantil le ofreció en velos referidos inmuebles habiendo celebrado para ello un CONTRATO PRIVADO DE PROMESA DE VENTA donde el precio de las propiedades ofrecidas en venta es de L. 13,320,000.00, de los cuales pagó la cantidad L.3,500,000.00, aceptando y comprometiéndose a pagar el saldo en el plazo establecido en el mismo documento (60 días) y aceptando de igual manera las propiedades que le fueron dadas mediante escritura pública, previa autorización dada por mi representada al Banco del País, SA.; pero resulta que como no cumplió con el pago en el plazo establecido, mi representada la sociedad F.G.J.CONSTRUCTORES HONDURAS S.A, presentó la correspondiente demanda solicitando al juzgado obligue al señor Daniel Andrade al cumplimiento de lo establecido en el ACTA DE COMPROMISO; documento que fue aportado como prueba en el juicio y que no fue impugnado por la parte contraria, tal y como se expresó anteriormente, mismo que se acompañó a la demanda a efecto de cumplir con lo establecido en el articulo 262 del Código de Procedimientos Civiles de 1906, referente a que el actor deberá acompañar a la demanda los documentos o instrumentos en que la funde; vale aclarar, que dicha legislación procesal civil fue la que se aplicó por estar vigente al momento de presentar la misma hasta dictar la sentencia definitiva. d) Podemos concluir, honorables Magistrados, que en el presente caso no se dan los presupuestos de la FALTA DE LEGITIMACIÓN EN CAUSA ACTIVA, ya que el documento que legítima el derecho de acción de mi representada es el ACTA DE COMPROMISO y no el CONTRATO PRIVADO DE PROMESA DE VENTA, pues este documento perdió su eficacia jurídica desde el momento que por orden de mi representada dada al Banco del País se vendieron los inmuebles y operó la tradición de los mismos a favor del señor Daniel Andrade, que era el objetivo que se perseguía con el otorgamiento del mismo. El ACTA DE COMPROMISO concede derecho a mi representada de reclamar el cumplimiento de la obligación ahí contenida y de exigirle al la honre, porque es una obligación a cargo de él y esto hace necesario se enmienda la aplicación e interpretación errónea de las normas legales empleadas para resolver las cuestiones objeto de debate en el presente juicio, y es por eso que solicitamos respetuosamente se admita la casación de merito, case la sentencia y se revoque el fallo recurrido, el sentido de declarar SIN LUGAR la excepción perentoria de la FALTA DE LEGITIMACIÓN EN CAUSA ACTIVA alegada por la parte contraria, por carecer de fundamentos legales su proposición, y con lugar la demanda principal en todas sus pretensiones, por haber quedado claramente evidenciado que las conclusiones que extrajo el tribunal Ad-quem de las pruebas rendidas en juicio, fue efectuada en una forma ilegal, absurda, arbitraria, irracional e ilógica, llevando al Juzgador a conclusiones contrarias a la racionalidad, y que no corresponden a los más elementales criterios de la lógica, incurriendo en la infracción señalada y que se ve reflejada en la sentencia que hoy se recurre. Honorable Tribunal, habiendo establecido con claridad y precisión la infracción de la norma procesal cometida por el Ad- Quem al dictarse la sentencia recurrida corresponde en derecho admitir y estimar el presente motivo de casación. B) SEGUNDO MOTIVO: INFRACCION DE NORMAS QUE RESUELVEN EN EL FONDO DEL LITIGIO. Se Impugna la Falta de Aplicación de los artículos 1550 y 1610 del código Civil, así como los artículos 762 párrafo primero y 763 numeral 1 del Código de Comercio, que NO fueron empleados para la solución de fondo del litigio y que dicen: DEL CODIGO CIVIL Artículo 1550.- Los contratos se perfeccionan por el mero consentimiento, salvo que la ley exija alguna otra formalidad. Articulo 1610.- La venta se perfeccionará entre comprador y vendedor, y será obligatoria para ambos si hubieren convenido en la cosa objeto del contrato, y en el precio, aunque ni la una ni el otro se hayan entregado. DEL CODIGO DE COMERCIO Artículo 762.- Para que la promesa de contratar sea válida deberá constar por escrito, contener los elementos característicos del contrato definitivo y limitarse a cierto tiempo. Articulo 763.- Serán compraventas mercantiles: 1o.- Las que se realicen con ocasión de la explotación normal de una empresa mercantil, ya se trate de objetos comprobados para ser revendidos en el mismo estado o después de ser reelaborados, ya de productos o frutos obtenidos por la empresa. 2o.-...,3o.-..” PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo de casación se encuentra comprendido en el artículo 719.2 del Código Procesal Civil. EXPLICACIÓN DEL MOTIVO: De la lectura de la sentencia combatida se desprende que el Ad quem hace suyos los juicios emitidos por él a quo, para confirmarla en todo su contenido, con infracción de las normas materiales antes transcritas por falta de aplicación de las misma para resolver el fondo del litigio. - De las normas sustantivas antes transcritas, una compraventa será perfecta, siempre y cuando las partes hayan convenido en la cosa objeto del contrato, como en el precio, aunque el vendedor no le haya entregado la cosa al comprador, tal y como sucedió con mi cliente, a quien el Banco del País quedó pendiente de otorgarle el correspondiente instrumento publico de compraventa, pero de igual manera la compra se perfeccionó y era de obligatorio cumplimiento para ambas partes, y desde ese momento mi cliente pasó a ser el dueño de dichos inmuebles aunque no se los haya entregado. Al momento de celebrar el Contrato de Promesa de Compra-Venta mi mandante junto con el demandado-demandante por reconvención, la sociedad mercantil que represento contaba con los derechos de dueño sobre dichos inmuebles, y reputándose como tal, podía disponer de sus derechos a su conveniencia.- Al hacer un simple análisis de ésta situación jurídica, vemos que se deslegitima a mi cliente con la aplicación indebida de los presupuestos establecidos en el artículo 1575 numeral 1 del Código Civil, causando con esto una enorme confusión, ya que el contrato privado de promesa de compraventa no es un contrato con el que se crean, transmiten, modifican o extinguen derechos reales, sino un contrato mercantil preparatorio, mediante el cual, se asume contractualmente la obligación de celebrar un contrato a futuro, que solo dará origen a una obligación de hacer, que no tiene otro objetivo más que celebrar y otorgar el contrato de compraventa respectivo; de allí que el referido contrato de promesa de venta es absolutamente valido porque cumple con los requisitos establecidos en los artículos 761 y 762 párrafo primero del Código de Comercio y con los requisitos establecidos en el artículo 1358 del Código Civil, al establecer este ultimo expresamente que: No produce obligación alguna la promesa de celebrar un contrato, salvo que concurran las circunstancias siguientes: 1. Que la promesa conste por escrito 2. Que el contrato prometido no sea de los que la ley declara ineficaces 3. Que la promesa contenga un plazo o condición que fije la época de celebración del contrato y 4. Que en ella se especifique de tal manera el contrato prometido que solo falten para que sea perfecto, la tradición de la cosa o las solemnidades que las leyes prescriben.” Desde el punto de vista mercantil, la visión es menos formalista, ya que el articulo 762 párrafo primero del Código de Comercio establece: “Para que la promesa de contratar sea válida deberá constar por escrito, contener los elementos característicos del contrato definitivo y limitarse a cierto tiempo.” Como ustedes podrán fácilmente determinar honorables Magistrados, no existe violación de los presupuestos establecidos en el artículo 1575 del Código Civil, ya que los preceptos legales que regulan y validan los requisitos que debe contener la promesa de celebrar un contrato, si es en materia civil, se encuentran establecidos en el artículo 1358 del mismo cuerpo de leyes y, si es en materia mercantil, estos se encuentran establecidos en el 762 párrafo primero del Código de Comercio y, en ninguno de estos preceptos legales se establece que la promesa de contrato debe constar en escritura pública y mucho menos inscribirse, por eso es que indicamos que existe evidente infracción de dichas normas materiales por parte del Ad quem al dejar de aplicarlas para resolver el fondo del litigio; normas sustantivas aplicables al caso. Sin embargo, el Ad Quem comparte el criterio del A quo para resolver en la sentencia combatida sin lugar el recurso de apelación y confirmar la recurrida, con el agravante de dejar de aplicar la norma sustantiva antes transcritas, lo que la hace incurrir en la infracción de las mismas por falta de aplicación. SE SOLICITA SE DECRETE DE OFICIO NULIDAD DE ACTUACIONES.- EXPLICACION DEL MOTIVO DE NULIDAD: Las nulidades absolutas deben ser observadas por cualquier juzgador en cualquier instancia o recurso en forma oficiosa aun cuando no hayan sido alegadas por ninguna de las partes y máxime si la violación se produce en el momento de la sentencia (ver articulo 214.2 CPC). De conformidad con el artículo 212.4 del CPC. “Los actos procesales serán nulos cuando se prescindan de normas esenciales de procedimiento siempre que por esa causa se haya producido indefensión.” De conformidad con el articulo 245 del CPC “La valoración de los distintos medios de prueba deberá deducirse de manera clara y terminante de fundamentos facticos y jurídicos de la sentencia, bajo sanción de nulidad de la resolución.” De conformidad con la Doctrina siguiendo al autor Montero Aroca, en su libro la Prueba en el Proceso Civil, la valoración de la prueba comprende 2 actividades mentales del juzgador que son: 1) La interpretación que consiste en fijar lo que el testigo dijo, lo que del documento se deduce y lo que el perito concluye; y, 2) La valoración que consiste en determinar el valor concreto que debe atribuirse al medio de prueba apreciado en la aprobación de la certeza. De la simple lectura de esta sentencia combatida se infiere la falta de apreciación y valoración de la prueba de mi representada, al grado que le produce indefensión al no poder deducir de manera clara y terminante de los fundamentos fácticos y jurídicos de la misma cual fue la valoración de los distintos medios de prueba, situación que acarrea nulidad de la sentencia. Esto se ve observado desde el momento mismo que el Ad-quem, al dictar la sentencia recurrida deja de deducir en manera alguna la valoración de los distintos medios de prueba aportados por mi representada en juicio, según la fundamentación fáctica y jurídica de la sentencia combatida; pruebas útiles, determinantes y pertinentes con las que se acredita la legitimación activa de mi cliente para demandar judicialmente el cumplimiento de una obligación contractual al demandado, lo que conllevó al Sentenciador a dictar una sentencia nula. CELEBRACION DE LA VISTA El suscrito, estima necesario la celebración de la vista y oportunamente espera sea señalada.” SEXTO: Que el abogado MANFREDO IVAN GALINDO ALVARADO, plantea su pronunciamiento sobre la formalización del recurso de casación de la siguiente manera: “PRONUNCIAMIENTO CONCRETO SOBRE LOS MOTIVOS DE CASACION PRIMERO: El recurrente establece como primer motivo de casación, el afirmar que existe una falta de aplicación del artículo 207, del Código Procesal Civil, numerales 1 y 2 del Código Procesal Civil y, determina que, el articulo 719.1 inciso c) y 720.2 del Código Procesal Civil, como los preceptos que autorizan el recurso de Casación. Refiere el recurrente que la forma y contenido de la sentencia es la causal del Recurso que promueve, pero la exigencia para que proceda dicha causal es la ausencia de requisitos internos de la sentencia, que es la motivante para que traiga como consecuencia la nulidad o la anulabilidad de las sentencias. La Ley exige de manera obligatoria o imperativa que el recurrente para hacer uso de este recurso debe acreditar que, intentó hacer valer su derecho por recurso de Apelación y que por la desestimación es que se ve en la obligación de interponer este recurso extraordinario, pero la sentencia que da lugar en la revisión de los requisitos internos no es la sentencia de segunda instancia sino, la de primera instancia, es decir que el alegato se debe centrar en que la sentencia dictada por el Juez de Primera instancia no llenó los requisitos concurrentes exigidos en el articulo 200.1 y 200.2 literales b) y c) ambos del Código Procesal Civil. En la revisión del desarrollo del Recurso en su primer motivo, nos evidencia únicamente que, el recurrente se ha limitado en la copia literal de los artículos que considera infringido y la transcripción parcial de la sentencia de segunda instancia, alegatos concretos de instancia. El recurso solamente procede en su admisión cuando el recurrente acredito que intentó valer su derecho por el recurso ordinario que la Ley le franquea y necesariamente y que a pesar de ese intento le fue desestimada su pretensión, pero en el alegato como motivo de casación, no acredita esta exigencia y va mas allá cuando pretende que la Sala de lo Civil se constituya en Tribunal de Instancia y que deba revisar que la sentencia de segunda instancia, no es congruente con los razonamientos fácticos, la valoración de las pruebas y las pretensiones de las partes. Este causal que invoca no es precedente en la forma y manera que ha sido desarrollada, ya que fundamentar esta causal de Casación, la misma solamente se puede Iimitar en señalar los errores producidos en la sentencia por infracción en la votación y fallo de los litigios y con especialidad en lo que se refiere al contenido formal de las sentencias que es regulado por el artículo 181 del Código Procesal Civil, es decir, que el recurrente solamente podía impugnar la sentencia de segunda Instancia, por la falta de claridad y separación de los pronunciamientos del fallo que tenga relevancia, la falta de congruencia de la sentencia, la falta de liquidez, infracción del deber de invariabilidad de la sentencia y excesos inadmisibles en cuanto a aclaraciones y rectificaciones. La sentencia está debidamente motivada, de manera que no puede alegarse una falta de motivación o motivación insuficiente y como es evidente el recurrente no indica si hay alguna infracción de carácter formal o es que la sentencia es incongruente con la demanda y pretensiones, sino que busca con este recurso que la Sala de lo Civil, se constituya en un Tribunal de instancia y que determine que no hubo una valoración de las pruebas que lo hechos no son congruentes con los razonamientos fácticos desarrollados por el tribunal de segunda instancia, lo cual se aparta de la técnica y el fin del Recurso de Casación, por lo que procedente la inadmisión a trámite del recurso por este motivo. La sentencia que impugna el recurrente llena con todos los requisitos legales exigidos por la Ley y tanto la emitida por el tribunal de primera corno el de segunda instancia, han sido proferidas respetando y manteniendo en su conjunto el principio de la identidad de las partes, principio del razonamiento y la lógica jurídica, la apreciación y valoración de la prueba da acuerdo a los hechos y pretensiones expuestos por las partes, que se ha aplicado el debido proceso y la norma jurídica correcta; que solamente ante la inexistencia o violación de alguno de los elementos descritos es que puede traer como consecuencia lo que pretende un recurso de casación. Al efecto y a manera meramente ilustrativa se agrega: “… Es imperativo que el recurrente acredite que ya intentó hacer valer su derecho por recurso de apelación, el cual habiendo sido desestimado, se ve en la obligación de interponer recurso extraordinario de casación. La sentencia que habla este apartado debe referirse a la emitida por el tribunal de primera instancia y en ningún momento a la sentencia emitida por la Corte de Apelaciones y que además no haya reconocido que existen violaciones a los requisitos de forma o en su caso, que el contenido de la misma no es con congruente con los razonamientos fácticos, la valoración de la prueba y las pretensiones de las partes” SEGUNDO: El recurrente establece como Segundo Motivo de casación, el afirmar que, existe una falta de aplicación de los artículos 1550 y 1610 del Código Civil 762,763 del Código de Comercio y, determina que, el artículo 719.2 del Código Procesal Civil como precepto que autoriza el recurso de Casación. Carece de razón en referirse a lo expuesto por el recurrente cuando es evidente que GUSTAVO ADOLFO FRANCO CASTILLO quien usa de encubierta a una sociedad mercantil hace incurrir a personas en el error para su beneficio personal, vende inmuebles sin ser el dueño y sin invertir ninguna cantidad de dinero; nuestra legislación es clara y precisa, si no es titular de un derecho, no lo puede transferir a ningún título, so pena en incurrir en una acción típica y antijurídica (que es lo verdaderamente acontecido)- Es evidente que el Banco del País era el dueño del inmueble y mi cliente se lo compró, los único que pueden compelerse como consecuencia de esa relación contractual son precisamente los dos comparecientes y ninguno de ellos es el (demandante) que ha pretendido tener un derecho. Esta causal invocada por el recurrente debe referirse concretamente a la infracción cometida por el tribunal en la aplicación de la norma jurídica material para resolver el fondo del proceso y en ningún momento a la infracción de normas procesales. Debe desarrollar la situación que, el tribunal de primera instancia al emitir la resolución sobre el fondo del litigio lo hace en base a una norma completamente improcedente, inaplicable o en su caso, interpretada en forma. Indebida. De la simple lectura del desarrollo de este “Motivo”, el recurrente no se refiere de manera concreta a la posible infracción que hizo el tribunal de primera instancia cuando aplico normas jurídicas material al resolver el fondo del asunto, sino que desarrolla su motivo en alegación a la infracción de normas procesales. TERCERO: El recurrente solicita una Nulidad de Actuaciones, en confusión de posibles fundamentos (Artículos 214.2, 212.4 y 245 del Código Procesal Civil).- es de indicar para los efectos esperados que, el recurrente no puede hacer alegatos que son propios de instancia, la nulidad de la sentencia de primera instancia solo puede ser alegada en la segunda instancia. La casación si bien es cierto es un recurso que la ley le otorga a las partes; después de haber obtenido resultados negativos en apelación, no constituye una instancia sino un recurso excepcional y extraordinario, aplicable únicamente a los casos que las normas legales determinan, la nulidad no puede ser alegada en el trámite del recurso extraordinaria, sino en el trámite del recurso de Apelación en segunda instancia. Ampliando, se sabe que solamente procede la nulidad cuando se haya producido indefensión, lo cual nunca aconteció, además que, solo procede conocer en motivo de casación por la Sala de lo Civil situaciones concretas alegadas en primera instancia, y que por ser desestimadas en segunda instancia es que provoca sean alegadas como motivo; el recurrente pretende sorprender en no alegarlo como motivo de casación, sino que sea conocido como Nulidad de actuaciones, cuando en todo el proceso se ha respetado el debido proceso y todas cada una de las pretensiones formuladas por las partes fueron resueltos de conformidad. ADMISION A TRÁMITE DEL RECURSO Conforme al Artículo 723. 2 literal “a” del Código Procesal Civil, debe inadmitir a trámite el RECURSO en razón que el recurrente ha incumplido con las exigencias y requisitos exigidos por el Código Procesal Civil incumplimiento que se traduce y que no puede ser subsanado, en interponer y formalizar un RECURSO DE CASACION en contra de una sentencia inexistente; no existe en el proceso una sentencia dictada por la Honorable Corte de Apelaciones de lo Civil de fecha VEINTIUNO (21) DE ABRIL DE DOS MIL DICESISEIS; la Corte de Apelaciones de lo Civil dictó en fecha dos de mayo de dos mil dieciséis la sentencia, lo anterior denota que el recurrente no ha sido muy cuidadoso y solamente presenta e interpone el recurso como un simple cumplimiento de un capricho del demandante, pero no en el pleno convencimiento de que haya violación al debido proceso en el trámite del proceso cuando se promueve en contra de una sentencia que no existe en el proceso tramitado.” II. FUNDAMENTOS DE DERECHO. 1. Esta Sala de lo Civil, viene reiterando la Naturaleza y función del recurso de casación, así pues, el recurso de casación tiene una función nomofiláctica, en virtud de lo cual el artículo 716 del Código Procesal Civil dispone dos fines expresos, el primero de ellos, es la protección de las normas del ordenamiento jurídico, y esto se hace, procurando y promoviendo la más adecuada aplicación e interpretación del derecho objetivo. El segundo fin es la unificación de la jurisprudencia nacional. Por su parte el numeral dos del artículo precitado, conmina a este alto tribunal a que aplique e interprete las normas referidas al recurso de casación atendiendo a la finalidad de unificación de la jurisprudencia, esto como instrumento de garantía de la igualdad de todos ante la ley, y de la seguridad y certidumbre jurídicas. (Ver resoluciones de fechas 13-12-2013 CC 236-2012; 18-03-2014 CC 003-2013; y 06-05-2014 CC 135-2013). 2. De conformidad con el artículo 719 del Código Procesal Civil, se podrá impugnar la aplicación e interpretación de las normas procesales, así como la aplicación e interpretación de las normas de derecho empleadas para la solución de fondo del litigio, y de conformidad con el artículo 721 del mismo Código, el recurso de casación se interpondrá por escrito ante la Corte de Apelaciones que hubiere dictado la sentencia dentro de los veinte días siguientes al de la notificación. En ese escrito se harán constar los motivos en que la casación se base, con expresión de las normas de derecho cuya infracción sustente cada motivo. Todo ello se deberá fundar con la suficiente separación y claridad, precisando y justificando la incidencia de la infracción en el sentido de la resolución impugnada, también se hará constar si el recurrente estima necesario la celebración de la audiencia. 3. Con los requisitos formales establecidos en el artículo 721 del Código Procesal Civil queda reconocido el denominado principio de “Debida Técnica”, que constituyen los mínimos requerimientos que debe contener la demanda de casación a efectos de ser tenida como un verdadero juicio técnico de impugnación, valorativo y preciso. 4. DEL RECURSO DE CASACION INTERPUESTO POR EL ABOGADO MARLON ENRIQUE GODOY TORRES EN SU PRIMER MOTIVO. El recurrente en su primer motivo alega infracción del artículo 207 numerales 1 y 2 del Código Procesal Civil, señalando como precepto autorizante el artículo 719. 1 literal c) y 720 numeral 2 del mismo Código. Se resume la explicación del motivo de casación en la forma siguiente: “Con este motivo se demuestra que la motivación fáctica de la sentencia impugnada es claramente insuficiente, pues, carece de racionalidad y de lógica, lo cual llevó al tribunal de alzada a emitir un fallo en base al mismo criterio empleado por la primera instancia. Como lo repito, se ha producido una infracción de la norma procesal antes transcrita, que regula los requisitos internos, su forma y contenido de la sentencia impugnada, en cuanto a la motivación, por que como lo expongo a continuación, los razonamientos de la misma, empleados para estimar la excepción perentoria alegada por la contraparte, es decir, su fundamento fáctico, es ilógico irracional y arbitrario, ya que se basa en el mismo criterio del fallo de primera instancia cuya motivación fáctica y jurídicas es completamente ilógica y arbitraria. Luego cita íntegramente la motivación de la corte recurrida…concluye el recurrente que en el presente caso no se dan los presupuesto de falta de legitimación en causa activa ya que el documento que legitima el derecho de acción de su representada es el acta de compromiso y no el contrato privado de promesa de venta… el acta de compromiso concede derecho a su representado de reclamar el cumplimiento de la obligación ahí contenida…” Respuesta de la Sala de lo Civil. Esta Sala es del criterio que el recurrente si bien pretende solicitar de este tribunal de casación el control de la motivación fáctica; conforme lo dispone el artículo 720.2 del Código Procesal Civil, este ha de ser necesariamente para revisar su existencia, suficiencia, racionalidad y carácter lógico, siempre que este fuere determinante de un sentido diferente del fallo, sin embargo el recurrente en un primer momento arguye que la motivación fáctica es claramente insuficiente, lo que supone su existencia aunque no suficiente para arribar a una deducción fáctica, en un segundo momento, cuestiona que el fundamento fáctico es ilógico, irracional y arbitrario, pero nada expone acerca de los principios o postulados de la lógica que se ven violentados, de manera que queda sin exponer si se ha vulnerado el principio de identidad, el de no contradicción o de tercero excluido, más aún se limita a señalar la motivación como defectuosa, incluso citando íntegramente la motivación del tribunal ad quem sin manifestar como ese razonamiento colisiona con los postulados que integran la lógica, además de no precisar como ese error de raciocinio es determinante para un sentido diferente del fallo, consecuentemente concurre una causal de inadmisión del recurso en aplicación del artículo 723. 2 a) del Código Procesal Civil, pues el motivo adolece de la claridad necesaria para su admisibilidad. 5. DEL RECURSO DE CASACION INTERPUESTO POR EL ABOGADO MARLON ENRIQUE GODOY TORRES EN SU SEGUNDO MOTIVO. El recurrente en su segundo motivo alega falta de aplicación de los artículos 1550 y 1610 del Código Civil, así como los artículos 762 párrafo primero y 763 numeral 1 del Código de Comercio, señalando como precepto autorizante el artículo 719.2 del Código Procesal Civil. Se resume la explicación del motivo de casación en la forma siguiente: “El recurrente cita íntegramente los artículos que ha señalado como infringidos, explicando de las normas sustantivas antes transcritas, una compraventa será perfecta siempre y cuando las partes hayan convenido en la cosa objeto del contrato, como en el precio, aunque el vendedor no le haya entregado la cosa al comprador, tal y como sucedió con su cliente, a quien el banco del país quedó pendiente de otorgarle el correspondiente instrumento público de compraventa, pero de igual manera la compra se perfeccionó y era de obligatorio cumplimiento para ambas partes y desde ese momento su cliente pasó a ser el dueño de dichos inmuebles aunque no se los hayan entregados. Al momento de celebrar contrato de promesa de compra venta su mandante junto con el demandado demandante por reconvención, la sociedad mercantil que representa contaba con los derechos de dueño sobre dichos inmuebles y reputándose como tal podía disponer de su derecho a su conveniencia. El juzgador deslegitima a su cliente con la aplicación indebida del artículo 1575 numeral 1 del código civil, ya que el contrato privado de promesa de compraventa no es un contrato que crea, transmite, modifica o extingue derechos reales, sino un contrato mercantil preparatorio, mediante el cual se asume contractualmente la obligación de celebrar un contrato a futuro que solo dará origen a una obligación de hacer, que no tiene otro objetivo más que celebrar y otorgar el contrato de compraventa respectivo; de ahí que el contrato de promesa de venta es válido porque cumple con los requisitos de los artículos 761 y 762 párrafo primero del código de comercio y con los requisitos establecidos en el 1358 del código civil. como pueden determinar no existe violación de los presupuestos del artículo 1575 del código civil ya que los preceptos legales que regulan y validan los requisitos de la promesa de celebrar un contrato, si es materia civil, se encuentra en el artículo 1358 del mismo cuerpo de leyes y si es materia mercantil se encuentra en el artículo 762 párrafo primero del código de comercio y en ninguno se establece que la promesa de contrato deba constar en escritura pública y mucho menos inscribirse. Respuesta de la Sala de lo Civil. Esta Sala es del criterio que el recurrente ha faltado a su obligación de exponer el motivo de casación con la debida separación y claridad en virtud de que los preceptos citados como infringidos constituyen supuestos totalmente diferentes, tal es el caso de los artículos 1550 y 1610 del Código Civil que se refiere a como se perfeccionan los contratos en general y la compraventa, brindando el censor una explicación en relación con el Banco del País como supuesto vendedor, el cual no ha tenido ninguna intervención en el presente juicio, por lo que no resulta clara la vinculación de esta supuesta perfección del contrato en relación con el demandado. Los otros dos artículos citados como infringidos tienen relación con los contratos preparatorios en general y con la compraventa (mercantil) que resultan distintos de los contratos civiles, de manera que para mayor claridad y entendimiento han debido exponerse con la debida separación de motivos, por otra parte, el recurrente crea una total confusión al asegurar que la promesa de compra venta es válida por cumplir tanto los requisitos del Código Civil como los del contrato preparatorio del Código de Comercio, pero llega a generar una mayor incomprensión asegurando que no existe violación de los presupuestos del artículo 1575 del Código Civil ya que los preceptos legales que regulan y validan los requisitos de la promesa de celebrar un contrato, si es materia civil, se encuentra en el artículo 1358 del mismo cuerpo de leyes y si es materia mercantil se encuentra en el artículo 762 párrafo primero del Código de Comercio, sin dejar claro si estamos frente a un contrato civil o mercantil, por lo tanto, no corresponde al tribunal de casación elegir cuál de los planteamientos debe ser el que ha de tomarse en cuenta, concurriendo nuevamente una causal de inadmisión del recurso en aplicación del artículo 723. 2 a) del Código Procesal Civil. 6. DE LA SOLICITUD DE NULIDAD DE ACTUACIONES. El recurrente viene basando su solicitud de nulidad de actuaciones en los artículos 214.2, 212.4 y 245 del Código Procesal Civil, alegando que de la sentencia se infiere la falta de apreciación y valoración de la prueba de su representada al grado que le produce indefensión al no poder deducir de manera clara y terminante de los fundamentos fácticos y jurídicos de la misma cual fue la valoración de los distintos medios de prueba, situación que acarrea nulidad de la sentencia. Respuesta de la Sala de lo Civil. Al examinar la solicitud de nulidad este Tribunal de casación recuerda que reiteradamente se ha venido sosteniendo que: “en nuestra legislación procesal vigente, no es procedente la pretensión de nulidad subsidiaria, en virtud de que el actual Código Procesal Civil ha previsto un acceso para la subsanación de los defectos procesales a través de las causales de casación establecidas, incluso la ley ha dejado establecido que la nulidad se hará valer por medio de los recursos establecidos en la misma contra la resolución de que se trate (artículo 214.1 CPC), sin embargo, en virtud del control procesal de los órganos jurisdiccionales, podrá el Tribunal decretar nulidad de los actos procesales, cuando se prescinda de normas esenciales del procedimiento, siempre que, por esa causa, se haya producido indefensión, (artículo 212.4 del Código Procesal Civil), y si bien en ningún caso podrá el tribunal, con ocasión de un recurso, decretar de oficio una nulidad de actuaciones que no haya sido solicitada en dicho recurso, (artículo 214.3 del Código Procesal Civil), a contrario sensu se entiende que si ha sido solicitada, entonces es posible decretar la nulidad por apreciación del Tribunal”, dicho esto apreciamos que el motivo de la nulidad ha sido planteado por falta de valoración de la prueba de la parte recurrente, sin embargo este cuestionamiento ha sido abordado en opinión del tribunal al momento de solicitar el control de la motivación fáctica de la sentencia en el primer motivo de casación y que ha sido inadmitido, por otra parte, al exponer las razones de la nulidad el peticionario no ha puesto de manifiesto que es lo que ha expuesto el tribunal con respecto de la prueba de las partes a efectos de confrontar el quebranto denunciado, no siendo posible en consecuencia, establecer que se haya producido indefensión de tal modo que sea necesario decretar una nulidad. III. PARTE DISPOSITIVA. Por lo antes expuesto la Sala de lo Civil de la Corte Suprema de Justicia, pronunciándose por unanimidad de votos e impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, en base a los fundamentos de derecho citados y haciendo aplicación de los Artículos 303, 304, 313 numeral 5) y 316 de la Constitución de la República; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 3, 7, 21, 115, 118 numeral 1), 129, 169, 170, 190, 191, 193 numeral 2, literal b), 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723.2 a), 724, del Código Procesal Civil; profiere el presente AUTO IRRECURRIBLE y DECLARA: 1) La inadmisión del recurso de casación en sus dos motivos de casación interpuesto y formalizado por el abogado MARLON ENRIQUE GODOY TORRES en la condición con que actúa. 2) Firme la sentencia recurrida dictada en fecha dos de mayo de dos mil dieciséis, por la Corte de Apelaciones Civil de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, en el expediente de apelación número 67-16-CV, originado en los autos que conforman la primera pieza que se registra bajo el número 0501-2010-00891-LCO del Juzgado de Letras Civil de la Sección Judicial de San Pedro Sula, Cortés. 3) Sin lugar la nulidad de actuaciones solicitada. 4) Condenar en costas a la parte recurrente. Y MANDA: Remitir las presentes actuaciones, junto con la certificación de esta resolución al Tribunal de su procedencia, previa notificación de este auto a las partes personadas, por medio de sus apoderados legalmente constituidos en juicio. NOTIFIQUESE. FIRMAS Y SELLO. RINA AUXILIADORA ALVARADO MORENO. MAGISTRADA COORDINADORA. REYNALDO ANTONIO HERNANDEZ. MAGISTRADO. WILFREDO MENDEZ ROMERO. MAGISTRADO. FIRMA Y SELLO. BETTY JANETH PALMA O´CONNOR. RECEPTORA ADSCRITA”.
Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los siete días del mes de mayo del año dos mil dieciocho; Certificación del auto de fecha diecisiete de abril del año dos mil dieciocho, recaído en el Recurso de Casación registrado bajo el No. S.C. 153=2016.
BETTY JANETH PALMA O’CONNOR
RECEPTORA ADSCRITA
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