Sentencia CC-146-16 — Registro 8152
Resumen
En segunda instancia se revocó la sentencia, se admite la demanda ordinaria sobre tutela de derechos fundamentales y honoríficos de la que se ha hecho mención. Se declara sin lugar la excepción de prescripción alegada por la parte demandada. Se condena y por ende se ordena al Estado de Honduras al pago de veinte millones de lempiras (l 20,000.000.00)
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
… “1.1 Respuesta de la Sala de lo Civil: El recurrente comparece denunciando como infringido el artículo 219 del Código Procesal Civil bajo la causal recursiva contenida en el artículo 719.2 por considerar que es “…error de fondo (error in judicando) que incidió y fue decisivo en el sentido de la parte de la resolución impugnada…”, por lo cual la tutela judicial solicitada mediante este motivo es improcedente ya que al invocar infracción de una norma procesal al amparo de una causal recursiva que es exclusiva para aquellos asuntos que infieren en el fondo del litigio resulta incompatible. Hay que recordar que las costas son el resarcimiento de los costos que se generan por la interposición o defensa en un proceso y de ninguna manera forman parte de las pretensiones demandadas (artículo 2 del CPC) tal como lo establece el principio dispositivo (artículo 10 del CPC); parte de las pretensiones demandadas.”
Legislación citada
- Código Procesal Civil, art. 2 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Procesal Civil, art. 10 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Procesal Civil, art. 719, Numeral 2 (Jerarquía Ordinaria)
Jerarquía: Reiterativa
… “1.1 Respuesta de la Sala de lo Civil: El recurrente comparece denunciando como infringido el artículo 219 del Código Procesal Civil bajo la causal recursiva contenida en el artículo 719.2 por considerar que es “…error de fondo (error in judicando) que incidió y fue decisivo en el sentido de la parte de la resolución impugnada…”, por lo cual la tutela judicial solicitada mediante este motivo es improcedente ya que al invocar infracción de una norma procesal al amparo de una causal recursiva que es exclusiva para aquellos asuntos que infieren en el fondo del litigio resulta incompatible. Hay que recordar que las costas son el resarcimiento de los costos que se generan por la interposición o defensa en un proceso y de ninguna manera forman parte de las pretensiones demandadas (artículo 2 del CPC) tal como lo establece el principio dispositivo (artículo 10 del CPC); parte de las pretensiones demandadas.”
Legislación citada
- Código Procesal Civil, art. 2 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Procesal Civil, art. 10 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Procesal Civil, art. 719, Numeral 2 (Jerarquía Ordinaria)
Jerarquía: Reiterativa
…“4.1 Respuesta de la Sala de lo Civil: Estudiado el presente motivo se desprende que tiene adecuada separación, suficiencia, claridad y una pertinente causal recursiva para su admisibilidad, a fin de dictar sentencia que resuelva, conforme a derecho, la denuncia sobre la posible interpretación errónea del artículo 325 de la Constitución de la República en relación con el artículo 17 del Código Civil y vinculándolo con el artículo 498 del Código Procesal Civil; por tanto lo anterior es acorde con la causal recursiva contenida en el artículo 719 numeral 2 del mismo Código, por infracción contra el contenido de las sentencias.”
Jerarquía: Reiterativa
…“4.1 Respuesta de la Sala de lo Civil: Estudiado el presente motivo se desprende que tiene adecuada separación, suficiencia, claridad y una pertinente causal recursiva para su admisibilidad, a fin de dictar sentencia que resuelva, conforme a derecho, la denuncia sobre la posible interpretación errónea del artículo 325 de la Constitución de la República en relación con el artículo 17 del Código Civil y vinculándolo con el artículo 498 del Código Procesal Civil; por tanto lo anterior es acorde con la causal recursiva contenida en el artículo 719 numeral 2 del mismo Código, por infracción contra el contenido de las sentencias.”
Legislación citada
- Código Procesal Civil, art. 206 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACION
La Infrascrita Receptora Adscrita a la Sala de lo Civil de la Corte Suprema de Justicia, Certifica el Auto que literalmente dicen: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, al un día del mes de agosto del año dos mil dieciocho, la Sala de lo Civil, integrada por los Magistrados: RINA AUXILIADORA ALVARADO MORENO como Coordinadora, REYNALDO ANTONIO HERNÁNDEZ y WILFREDO MÉNDEZ ROMERO, designada la primera ponente para el conocimiento y redacción de la presente resolución en la fecha supra indicada en la fecha supra indicada dictan el siguiente AUTO: SON PARTES: El abogado TEOBALDO CARDONA FIGUEROA quien actúa en causa propia, y la abogada KARLA PATRICIA MENDOZA ARTICA en su condición de representante procesal del ESTADO DE HONDURAS ambas partes como recurrente y recurrido. OBJETO DEL PROCESO: “DEMANDA “PROCESO ORDINARIO SOBRE TUTELA DE DERECHOS FUNDAMENTALES Y DE DERECHOS HONORIFICOS.- CONDENA POR VEINTE MILLONES DE LEMPIRAS, MAS COSTAS COMO INDEMNIZACION DE PERJUICIOS POR VIOLACION A MI ESTADO DE INOCENCIA”, promovida en fecha uno de noviembre de dos mil diez, ante el Juzgado de Letras Civil del departamento de Francisco Morazán, por el abogado TEOBALDO CARDONA FIGUEROA, mayor de edad, casado, con domicilio en el departamento de Francisco Morazán, quien actúa en causa propia, contra el ESTADO DE HONDURAS y el MINISTERIO PUBLICO, por medio de la Procuraduría General de la República, representada en ese por la abogada ETHEL SUYAPA DERAS ENAMORADO. I. ANTECEDENTES DE HECHO.
PRIMERO: Con fecha cuatro de noviembre de dos mil quince, la Corte Segunda de Apelaciones de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán, conociendo por vía de apelación de la sentencia definitiva de fecha veinticuatro de julio de dos mil quince, dictada por el Juzgado de Letras Civil del Departamento de Francisco Morazán, dictó sentencia REVOCANDO la dictada por el A-quo de la siguiente manera: “FALLA: PRIMERO: DECLARA con lugar el recurso de apelación interpuesto por el Abogado TEOBALDO CARDONA FIGUEROA en causa propia.- SEGUNDO: Se revoca la sentencia dictada por el Juzgado de Letras Civil del Departamento de Francisco Morazán de fecha veinticuatro (24) de julio del año dos mil quince (2015). TERCERO: Se admite la Demanda Ordinaria sobre tutela de derechos fundamentales y honoríficos de la que se ha hecho mención. - CUARTO: Se declara sin lugar la excepción de prescripción alegada por la parte demandada. QUINTO: Se condena y por ende se ordena al Estado de Honduras al pago de VEINTE MILLONES DE LEMPIRAS (L 20,000.000.00) al señor TEOBALDO ENAMORADO en virtud de la acción deducida. SEXTO: Sin costas. - Y MANDA: Que se notifique este fallo y en su oportunidad se devuelvan los antecedentes al Juzgado de su procedencia, con certificación de estilo para su debido cumplimiento. - NOTIFIQUESE.” SEGUNDO: La representación procesal de los recurrentes-recurridos, abogados TEOBALDO CARDONA FIGUEROA y KARLA PATRICIA MENDOZA ARTICA, presentaron en fechas veintitrés de febrero y catorce de marzo de dos mil dieciséis, escritos de interposición y formalización de recurso de casación contra la sentencia dictada con fecha cuatro de noviembre de dos mil quince, por la Corte Segunda de Apelaciones de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán. TERCERO: Mediante auto de fecha veintitrés de febrero de dos mil dieciséis, la Corte Segunda de Apelaciones de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán, tuvo por interpuesto en tiempo el presente recurso de casación por parte del abogado TEOBALDO CARDONA FIGUEROA y acordó concederle a la parte contraria el plazo de diez (10) días hábiles para que se pronunciara sobre el contenido del mismo. CUARTO: Mediante auto de fecha catorce de marzo de dos mil dieciséis, la Corte Segunda de Apelaciones de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán, tuvo por interpuesto en tiempo el presente recurso de casación por parte de la abogada KARLA PATRICIA MENDOZA ARTICA y acordó concederle a la parte contraria el plazo de diez (10) días hábiles se pronuncie sobre el contenido del mismo. QUINTO: El abogado TEOBALDO CARDONA FIGUEROA, quien actúa en causa propia, presentó en fecha quince de abril de dos mil dieciséis, escrito de pronunciamiento sobre el recurso de casación interpuesto y formalizado por la contraparte, resolviendo la Corte Segunda de Apelaciones de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán, tener por pronunciado al abogado TEOBALDO CARDONA FIGUEROA, asimismo tuvo por precluído y perdido irrevocablemente el plazo de (10) días hábiles concedido a la abogada KARLA PATRICIA MENDOZA ARTICA, en su condición ya indicada, para que presentara escrito de pronunciamiento sobre el recurso interpuesto por el abogado TEOBALDO CARDONA FIGUEROA, ya que la misma presentó su escrito en fecha diez de mayo de dos mil dieciséis, o sea fuera del plazo concedido, ordenando el Ad-quem remitir las presentes diligencias a la Honorable Corte Suprema de Justicia en el término que manda la ley, para proseguir con el trámite correspondiente. SEXTO: Recibidas las actuaciones en éste Tribunal, los abogados TEOBALDO CARDONA FIGUEROA y KARLA PATRICIA MENDOZA ARTICA, presentaron escritos de personamiento en fechas veintisiete de mayo y uno de junio de dos mil dieciséis, resolviendo este Tribunal mediante proveído de fecha diecinueve de agosto de dos mil dieciséis, tenerlos por personados dentro del plazo concedido. SEPTIMO: La parte recurrente, abogado TEOBALDO CARDONA FIGUEROA plantea su recurso de casación contra la sentencia dictada por la Corte Segunda de Apelaciones de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán, de la siguiente manera: “MOTIVOS EN QUE LA CASACION SE BASA: PRIMER MOTIVO “Impugno la sentencia por la aplicación e interpretación de las normas de derecho empleadas para la solución de fondo del litigio” PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo está autorizado por el artículo 719.2 del Código Procesal Civil que dice: “Igualmente, se podrá impugnar la aplicación e interpretación de las normas de derecho empleadas para la solución de fondo del litigio” NORMA DE DERECHO VIOLADA: La sentencia recurrida quebranta el artículo 219 del Código Procesal Civil, en lo que dice: “ARTICULO 219.-EN PRIMERA INSTANCIA.- PRINCIPIO DEL VENCIMIENTO. 1.-En los procesos declarativos, las costas de la primera instancia se impondrán a la parte que haya visto rechazadas todas sus pretensiones...” CONCEPTO DE LA VIOLACION: Violación directa, por INTERPRETACIÓN ERRÓNEA. SE PRECISA Y JUSTIFICA LA INCIDENCIA DE LA INFRACCION EN EL SENTIDO DE LA RESÓLUCION IMPUGNADA: Con prescindencia del problema probatorio, sin incidencia del aspecto probatorio del litigio, esto es, sin que se hayan presentado errores en la apreciación de las pruebas, no obstante que la Corte juzgadora rechazo todas las pretensiones de la parte demandada y emplea el artículo señalado como violado, ajustable al caso sub judice, declarara SIN LUGAR las costas, a causa entenderlo equivocadamente, lo aplico incorrectamente, lo hace actuar en sentido contrario, al revés, dándole un sentido o alcance que pugna con el texto y el espíritu del precepto legal señalado como infringido, el cual se presenta así desnaturalizado y desviado de su fin, al deducir de este consecuencias contrarias a las queridas por él; infracción del Derecho, o sea error de fondo (error in judicando) que incidió y fue decisivo en el sentido de la parte de la resolución impugnada; pero si no hubiese cometido dicho error, la parte de la decisión recurrida sería distinta, la de declarar CON LUGAR las costas. Expuesta la violación de la ley en la forma que antecede y su incidencia decisiva en el sentido de la parte de resolución censurada, esta se derrumba, cae por su propia base, aniquilándose, pulverizándose, no se ha desarrollado el derecho objetivo, correspondiendo al Sumo Tribunal de Justicia volver por los fueros de la ley conculcada, debiendo hacer la aplicación correcta de la ley, como garantía de seguridad o certeza jurídica, para la unificación de la interpretación de las normas jurídicas, fijando la jurisprudencia. LO QUE SE PIDE-ALCANCE DE LA IMPUGNACION Que se revoque la parte del fallo recurrido y se declare CON LUGAR las costas. SEGUNDO MOTIVO: “Impugno la sentencia por la aplicación e interpretación de las normas de derecho empleadas para la solución de fondo del litigio” PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo está autorizado por el artículo 719.2 del Código Procesal Civil que dice: “Igualmente, se podrá impugnar la aplicación e interpretación de las normas de derecho empleadas para la solución de fondo del litigio” NORMA DE DERECHO VIOLADA: La sentencia recurrida quebranta el artículo 221 deI Código Procesal Civil, que dice: “EN CASO DE RECURSOS.- Cuando sean desestimadas todas las pretensiones de un recurso de apelación..., se aplicara, en cuanto a las costas del recurso, lo dispuesto en este Código en cuanto al principio del vencimiento”. CONCEPTO DE LA VIOLACION: Violación directa, por FALTA DE APLICACIÓN. SE PRECISA Y JUSTIFICA LA INCIDENCIA DE LA INFRACCION EN EL SENTIDO DE LA RESOLUCION IMPUGNADA: Con prescindencia del problema probatorio, sin incidencia del aspecto probatorio del litigio, esto es, sin que se hayan presentado errores en la apreciación de las pruebas, no obstante que la Corte juzgadora rechazo todas las pretensiones de la parte demandada, deja de aplicar la disposición legal señalada como transgredida, se apartó de ella, la ignora, se abstuvo de aplicarla, la desconoce, no obstante conocerla, no la hace actuar, debiendo hacerlo, lo cual incidió y fue decisivo en el sentido de la parte de la resolución impugnada; pero si no la hubiese ignorado, desconocido, la hubiera hecho actuar aplicándola y la parte de la decisión recurrida sería distinta, la de declarar CON LUGAR las costas. De la forma que antecede se ha mostrado la infracción de la disposición legal y la influencia decisiva que tuvo en el sentido de la parte de decisión reprochada, por lo que esta se destruye, se derrumba, cae por su propia base, aniquilándose, pulverizándose, no se ha realizado el derecho objetivo, debiendo el Máximo Tribunal de Justicia restaurar la ley desquiciada. LO QUE SE PIDE. -ALCANCE DE LA IMPUGNACION Que se revoque la parte del fallo recurrido y se declare CON LUGAR las costas.” OCTAVO: La parte recurrente abogada KARLA PATRICIA MENDOZA ARTICA, plantea su recurso de casación contra la sentencia dictada por la Corte Segunda de Apelaciones de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán, de la siguiente manera: “MOTIVOS DE CASACIÓN El Recurso Extraordinario de Casación, es aplicable a los casos que las normas legales determinan, y puede invocarlo quien obtenga una sentencia negativa total o parcial en Apelación, su fin es proteger el derecho fundamental de los ciudadanos a la igualdad en la aplicación de la Ley, y es procedente cuando el fallo emitido en Apelación causado agravios, sin reconocer el derecho que asiste a la parte, ocasionándole daños y perjuicios irreparables, sobre todo en el ámbito económico violentándose los derechos constitucionales del debido proceso o la legitima defensa pues de dejarse firme la sentencia recurrida, el estado cae en una indefensión pues no se ha aplicado la Ley ordinaria al caso concreto para la legitima defensa de sus intereses.- La finalidad de este recurso es identificar si durante todo el proceso y hasta la sentencia una vez agotadas las instancias, existen causales de nulidad en el juicio de derecho por infracción de ley o de una norma procesal, debiendo en su caso anular la sentencia recurrida, dejándola sin efecto. Pudiendo las partes a fin de mantener la unificación de la jurisprudencia nacional, invocar cualesquier otras resoluciones que se hayan emitido en iguales circunstancias o similares pretensiones, con el propósito de crear la jurisprudencia y así garantizar la equidad e igualdad de sus derechos. En nuestro Código Procesal Civil se establece expresamente como fines de la casación: ARTÍCULO 716.- FINES DE LA CASACIÓN. 1. El recurso de casación tiene como fines la protección de las normas del ordenamiento jurídico, procurando y promoviendo la más adecuada aplicación e interpretación del derecho objetivo, así como la unificación de la jurisprudencia nacional. 2. Las normas sobre recurso de casación deberán aplicarse e interpretarse en la forma mas favorable a la finalidad de unificación de la jurisprudencia como instrumento de garantía de la igualdad de todos ante la ley, y de la seguridad y certidumbre jurídicas. La primera es la que se conoce en la doctrina como la finalidad eminentemente defensora del ius constitutionis, del ordenamiento jurídico, a través de dos vías, ordenadas ambas a la común tarea de una exacta interpretación de la ley (Calamandrei): La función nomofiláctica, de protección o salvaguarda de la norma; y la segunda es la llamada función uniformador de la jurisprudencia en la interpretación y aplicación del derecho objetivo para lograr la unidad del ordenamiento jurídico. Pero es además, finalidad de la casación instaurada por el Código Procesal Civil la defensa del ius litigatoris, en tal virtud se suprime el reenvío al tribunal de instancia para que la Sala, o en su caso, el Pleno, decidan sobre el fondo, declarando definitivamente lo que en derecho proceda cuando se trate de un error en el juicio; en esa forma, la casación ahora responde al objetivo de que los particulares tengan derecho a recurso rápido y sencillo a la manera en que lo exigen los Arts. 8.1 y 25.1 de la Convención Interamericana de Derechos Humanos, para lograr a través de la casación la justicia que se les negó en el fallo del tribunal de instancia. PRIMER MOTIVO DE CASACIÓN: Se impugna la sentencia dictada por la Corte Segunda de Apelaciones de lo Civil por la falta de aplicación del Artículo 498 del Código Procesal Civil en relación con el Artículo 17 del Código Civil. PRECEPTO AUTORIZANTE: Se impugna la sentencia dictada por la Corte Segunda de Apelaciones de lo Civil de fecha 4 de noviembre del 2015, por la aplicación e interpretación de las normas procesales al tenor del artículo 719.1, letra b) LOS ACTOS Y GARANTÍAS PROCESALES CUANDO SU INFRACCIÓN SUPONGA LA NULIDAD O PRODUJERA INDEFENSIÓN. Explicación del motivo.- Con la sentencia recurrida se ha producido indefensión ya que la sentencia objeto del presente recurso extraordinario, la cual declara con lugar el recurso de apelación, y sin motivación lógica señala que el artículo 325 de la Constitución de la República establece preeminencia sobre la norma de una ley secundaria como ser el Código Procesal Civil, interpretando de forma errónea la disposición legal que aplica al caso concreto, es decir el artículo 498 del Código Procesal Civil pues el Estado, como tal nunca pudo haber vulnerado los derechos fundamentales al honor del demandante; y por otra parte la disposición constitucional que establece el termino de la prescripción se aplica cuando el servidor publico ha infringido la ley. El derecho honorable corte debe analizarse desde un todo, pues en el supuesto de que el infractor de la ley sea un servidor o funcionario publico, el Estado es solidariamente responsable por las acciones u omisiones de aquél. Sin embargo, en el caso que nos ocupa quedó establecido mediante una verdad legal como lo es una sentencia firme del Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa que absolvió al acusado ex procurador general de delito de difamación, declarando que no procedía la responsabilidad civil del acusado y ordenó la respectiva carta de libertad de dicho ex funcionario. ¿Entonces de donde nace la solidaridad de mi representado el Estado de Honduras con respecto a la responsabilidad civil que pretende la Corte Segunda de Apelaciones de lo Civil establecer en contra del erario público? Reiteramos que el Estado de Honduras jamás podrá vulnerar los derechos al honor de ningún ciudadano; y que en el caso de que un funcionario o ex servidor público lo hiciere será civilmente responsable de manera personal hasta en un plazo de 4 años como lo dispone el artículo 498 del CPC en relación con el artículo 17 del Código Civil. En este sentido el Ad Quen debió analizar si existió culpa o negligencia por parte del funcionario, para causar un daño al demandante. - Pero no es el caso que nos ocupa pues el actor de la demanda nunca probó de forma fehaciente que se le produjo daños y perjuicios que ascendieran al monto reclamado, no se valoró jamás dicha prueba, la cual a todas luces fue antojadiza y parcializada, pues ni Tribunales internacionales han condenado al Estado de Honduras al pago de una cuantía exorbitante. SEGUNDO MOTIVO DE CASACIÓN: _Se impugna la sentencia dictada por la Corte Segunda de Apelaciones de lo Civil por interpretación errónea del Articulo 325 de La Constitución de la República en relación con el Artículo 17 del Código Civil. PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo de Casación se encuentra comprendido en el capítulo III artículo 719 numeral 2 del Código Procesal Civil, en la parte que establece: “Causales del recurso. 2.- Igualmente, se podrá impugnar la aplicación de las normas de derecho empleadas para la solución de fondo del litigio.” Explicación del motivo. - Con la aplicación errónea de la norma constitucional sobre la norma establecida por el Código Procesal Civil, el Ad Quen ha confundido el concepto de prescripción de las acciones según sean éstas, pues como lo mencionamos anteriormente la prescripción puede ser de las acciones, personales, reales, adquisitiva, extintiva, de las obligaciones, civil y penal. Siendo el caso que nos ocupa la prescripción civil, es decir en el campo del derecho civil, contrapuesta a la prescripción penal. - En este sentido el Código Civil señala el termino por el cual prescriben las acciones, señalando para el caso en el artículo 2291 que el termino para la prescripción de las acciones reales es de 10 años; y el articulo 2292dispone: “Las acciones personales que no tengan señalado termino especial, prescriben a los diez años.” Para el caso que nos ocupa el Código Procesal Civil dispone en el articulo 498 el termino de prescripción en 4 años, para las pretensiones de protección frente a vulneraciones de derechos honoríficos, los que nunca fueron conculcados pro mi representado el Estado de Honduras, y que fue declarada improcedente la responsabilidad civil por el Tribunal de Sentencias de Tegucigalpa para el ex procurador general en su condición de ex funcionario público. De lo anterior resulta improcedente la aplicación de una norma constitucional como es el articulo 325 señalando que el término que se fija en dicha norma es la que debe aplicarse para el caso que nos ocupa, es decir frente a la responsabilidad civil del Estado, en relación con el 324 de la Constitución para el caso de existir dolo o negligencia y que por dicha causa se haya producido un daño o un perjuicio en contra de un particular, por supuesta vulneración de derechos al honor. En definitiva no se pueden desvincular los artículos 324 y 325 constitucional pues en el primero se señala los casos de vulneración de la ley en el que ha mediado dolo o negligencia por parte de un funcionario o servidor público, y en el segundo artículo se establece el plazo de prescripción de las acciones para deducir responsabilidad civil a los servidores del estado, cuyo término de prescripción es de diez años, que no es el caso que nos ocupa pues bien dirigió su acción penal el actor de la demanda cuando en el Juzgado de Letras Penal interpuso querella de difamación contra el señor Sergio Rosalío Zavala Leiva en su condición de ex procurador general, y en cuya causa fue absuelto de toda responsabilidad penal y civil. Concluimos honorable corte, con el hecho de que no es aplicable la norma constitucional del articulo 325 sobre el Código Procesal Civil, pues el artículo 2292 del Código Civil dispone: “Las acciones personales que no tengan señalado termino especial, prescriben a los diez años.” Creemos que este tipo de acción es una acción personal de un ciudadano que pretende la protección de sus derechos honoríficos o al honor que según él deben ser tuteladas civilmente, pero sin olvidar que en el fondo pretende ser resarcido en el plano económico a través de daños y perjuicios en el orden de VEINTE MILLONES DE LEMPIRAS, sin haber probado de forma fehaciente los daños morales o patrimoniales sufridos. De igual forma el Estado como tal no podrá ni siquiera perseguir a través de la repetición los bienes del abogado Sergio Zavala, pues este según un tribunal competente lo absolvió de toda responsabilidad penal y civil, convirtiéndose la sentencia emitida por el Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa en una verdad legal; y por tanto no hubo ni dolo, culpa o negligencia por parte de dicho ex funcionario. TERCER MOTIVO DE CASACIÓN: Se impugna la sentencia dictada por la Corte Segunda de Apelaciones de lo Civil de fecha 4 de noviembre del 2015, por la aplicación de las normas de derecho empleadas para la solución de fondo del litigio. PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo de Casación se encuentra comprendido en el capitulo III artículo 719 numeral 2 del Código Procesal Civil, en la parte que establece: “Causales del recurso. 2.- Igualmente, se podrá impugnar la aplicación de las normas de derecho empleadas para la solución de fondo del litigio.” Explicación del motivo.- En el presente caso, impugno la sentencia por la Falta de Aplicación de las normas de derecho empleadas para la solución de fondo del litigio, siendo que el Ad Quen fundamentó la sentencia recurrida en el artículo 325 de la Constitución de la República; asimismo esta representación del Estado de Honduras observa que existe una falta de motivación de la sentencia relacionando por lo tanto el artículo 207 del Código Procesal Civil, que establece que las sentencias deberán ser motivadas pues se aprecia que la Corte Segunda de Apelaciones de lo Civil no motivo de forma suficiente la sentencia recurrida y que aplicó la norma constitucional para la solución del conflicto, sin tocar el fondo del asunto; es decir sin analizar si en el fondo el actor de la demanda había probado de forma suficiente los daños y perjuicios supuestamente padecidos, ante una supuesta vulneración de derechos al honor impetrado por el ex procurador general Sergio Zavala Leiva; faltando con esto también al artículo 208.2 del Código Procesal Civil sobre la congruencia de las sentencia, en donde se deberán decidir todos los puntos litigiosos que hayan sido objeto del debate. Por lo que el Tribunal Ad-Quen mediante la sentencia de fecha 4 de noviembre del 2015, objeto de este Recurso de Casación, dejando de aplicar la norma del Código Procesal Civil para el caso concreto, es decir la prescripción de las acciones frente a la vulneración de derechos al honor por parte de un ex funcionario y no del Estado como tal, el cual jamás ha contratado servidores para que vulneren la ley, y de hacerlo el Estado puede deducir responsabilidad en el término de 10 años contados desde el servidor haya cesado en el cargo. Ahora bien si un ciudadano se siente vulnerado en sus derechos civiles por acción u omisión de un servidor, y ha mediado culpa, dolo o negligencia probada puede orientar su acción de responsabilidad civil o penal aplicando la disposición constitucional de los artículos 324 y 325.- Sin embargo en el presente caso no se probó jamás el dolo ni la culpa ni la negligencia del funcionario, y el Estado por su parte aportó el medio de prueba idóneo para acreditar que el ex funcionario de la Procuraduría General de la República no había sido declarado culpable del delito de difamación, sentencia que fue dictada a favor del servidor por insuficiencia probatoria, habiendo sido incluso declarado sin responsabilidad civil. Por lo anterior la Corte de Apelaciones emitió sentencia que no está conforme a derecho, pues las partes oportunamente habían deducido en el juicio sus pretensiones; pues por una parte el actor fijó su pretensión que frente a la supuesta vulneración de derechos al honor se le reconozca el pago de Veinte Millones de Lempiras, y la otra parte, es decir la parte demandada oportunamente determino que el objeto del debate era que el demandante había señalado de forma equivocada que ex funcionarios de la Procuraduría General de la República violentaron la garantía judicial o el derecho fundamental denominado “ estado de inocencia”, derecho que se encuentra instaurado en la Constitución de la República, y penalizado en el Código Penal, y por ende quien se sienta ofendido al estado de inocencia interponga querella de “injurias o calumnias” el cual se encuentra establecido en el Titulo de Delitos contra el honor en los artículos 155 al 161 del Código Penal; ahora bien en vía civil se establece dentro de las especialidades del procedimiento ordinario del Capítulo VIII sección I la tutela de derechos fundamentales y de derechos honoríficos a partir del articulo 495 al 500 del Código Procesal Civil, teniendo en consecuencia cada una de estas materias, el termino de prescripción de las acciones de forma distinta. En este sentido el artículo 97 del Código Penal dispone: ‘La acción penal prescribe: 1) Por el transcurso de un periodo igual al máximo de duración de la sanción señalada para el delito, aumentado en la mitad, si fuere la reclusión; 2)…. 3)….4)....- Las reglas precedentes se entienden sin perjuicio de las que establece la Constitución de la República.”.- En el caso de la vía civil el artículo 498 establece la prescripción de las acciones para el caso de protección a la vulneración de los derechos fundamentales de la persona, que deban ser tuteladas civilmente es de 4 años, salvo que la ley prevea otro plazo. Esta última salvedad no refiere a la Constitución de la República como lo señala el Ad Quen en la sentencia recurrida, sino al Código Civil o en su caso al Procesal Civil, pues es específico para salvaguardar o proteger vulneración de derechos al honor; no así sobre la responsabilidad civil del funcionario cuando ha mediado culpa, dolo o negligencia que evidentemente es otro caso; ya que no podemos olvidar el hecho que en la Constitución que actualmente nos rige no se estableció un periodo de prescripción para las acciones referentes a la tutela de derechos honoríficos, y tampoco el Código Civil determina expresamente ese extremo, razón por la cual, la ley procesal suple ese vacío jurídico, en la procura de poder de esa manera regular esa figura jurídica nueva en nuestro ordenamiento, y siendo que los derechos al honor y la intimidad son personalísimos la norma más aplicable al caso concreto es la señalada en el Código Procesal Civil según el articulo 498. El Ad Quen no resolvió sobre los hechos controvertidos de fondo ya que se pronuncia sobre la prescripción de las acciones únicamente, sin tocar el fondo del asunto, y sin más ordena el pago de la cantidad reclamada por concepto de daños y perjuicios. En este sentido nuestra Constitución exige el debido proceso, como una garantía que busca asegurar a los ciudadanos que han acudido ante los tribunales una correcta y cumplida decisión sobre sus derechos; y es así como el incumplimiento de las normas legales que rigen el proceso judicial generan una vulneración de este derecho. Asimismo la garantía del debido proceso que exige nuestra Constitución, exhorta que para que exista una condena o afectación de derechos o afectación del patrimonio como es el caso, debe existir un adecuado derecho de defensa en todo proceso, y es por ello que dicho derecho implica el derecho a ser oído; la necesaria correlación que debe existir entre las pretensiones de las partes y el fallo, y en este extremo se observa que el fallo de la Corte Segunda solo señala lo atinente a la EXCEPCION MATERIAL DE PRESCRIPCION, pudiendo en su caso haber ordenado al Ad Quo que revocara su fallo y que resolviera sobre el fondo, lo cual no pasó y no haberlo hecho de dicha manera se ha vulnerado el derecho de defensa de mi representado, frente a la exigencia económica de VEINTE MILLONES DE LEMPIRAS, sin que ha hubiese analizado la prueba a este respecto, con lo cual se violenta fundamentalmente el debido proceso y la tutela judicial efectiva establecida en el articulo9O de la carta magna, al ser condenado mi representado al pago de una gran cantidad de dinero, sin haberse cumplido las formalidades, derechos y garantías establecidas en la ley. Incidencia de la Infracción en la Sentencia Impugnada, al dejar de aplicar la Corte Segunda de Apelaciones de lo Civil, la norma de fondo para la solución de fondo del litigio, es decir artículo 498 del Código Procesal Civil, de manera no apegada a la literalidad del mismo, emite un fallo que priva a mi mandante del derecho de defensa pues nunca se dictaminó sobre el fondo del litigio, es decir si el estado a través de un ex funcionario había incurrido en responsabilidad civil por supuesta vulneración de derechos al honor, debiendo el estado que pagar la indemnización reclamada, sin que exista un asomo de responsabilidad de haber infringido la ley el ex funcionario supuestamente responsable. NULIDAD SUBSIDIARIA DE LA SENTENCIA Ante este órgano jurisdiccional se solicita se declare la nulidad de la sentencia emitida por la Corte Segunda de Apelaciones de lo Civil porque con dicha sentencia el Estado de Honduras se encuentra en un estado de indefensión y vulneración al debido proceso porque no se motivó la sentencia tomando como base todos los puntos objeto de debate, y no se fundamentó en la norma aplicable al caso concreto, articulo 498 del Código Procesal Civil si no que más bien se señaló la norma constitucional sobre la responsabilidad civil del funcionario público, deberá de ser juzgado en el término de 10 años, pero no es el caso que nos ocupa, ya que la ley procesal inicia de manera taxativa el término de la prescripción, y en el presente caso la persona 1 apersona que se encuentra demandada, fue ex funcionario el cual fue exonerado de responsabilidad penal y civil, razón por la cual tanto el abogado Zavala Leiva como el Estado de Honduras, se encuentran exonerados o liberados de cualquier tipo de responsabilidad para con el abogado Cardona Figueroa, puntos alegados tanto en primera como en segunda instancia sin que hayan sido tomados en consideración al momento de la emisión de la respectiva sentencia de segunda instancia por lo cual estimamos que la sentencia emitida por la Corte Segunda de Apelaciones de lo Civil, debe ser anulada, ya que no se han configurados los elementos necesarios tales como dolo, negligencia o culpa de parte del abogado Zavala en su condición de ex procurador general o del Estado de Honduras; ya que para que la solidaridad pueda activarse es necesario que se haya acreditado en el proceso, que concurrieron cualquiera de los elementos mencionados (dolo, culpa o negligencia); al carecer de éstos no puede activarse la solidaridad del Estado de Honduras para con el ex funcionario abogado Zavala; motivo por el cual la Corte Segunda de lo Civil, carece de sustento, ya que se declara sin lugar la excepción de prescripción alegada y condena al Estado de Honduras al pago de veinte millones de Lempiras; poniendo esta condena en clara indefensión al Estado de Honduras y violentando totalmente las normas esenciales del procedimiento, tanto en el orden procesal como constitucional. El artículo 90 de la Constitución de la República, párrafo primero dispone: “Nadie puede ser juzgado sino por juez o tribunal competente con las formalidades, derechos y garantías que la ley establece. . .“ En este mismo orden el artículo 212 del Código Procesal Civil dispone: Los actos procesales serán nulos, en los casos siguientes: 1…2…3…4) Cuando se prescinda de normas esenciales del procedimiento cuando, siempre que por esa causa, se haya producido indefensión .5... 6” En razón a las normas jurídicas señaladas esta representación procesal del Estado pide a esta honorable Corte se decrete la NULIDAD DE LA SENTENCIA.” DECIMO: Que el abogado TEOBALDO CARDONA FIGUEROA, plantea su pronunciamiento sobre la formalización del recurso de casación interpuesto por la contraparte de la siguiente manera: “A “PRIMER MOTIVO” La “PGR” impugna la sentencia por “Falta de aplicación del artículo 498 del Código Procesal Civil con el artículo 17 del Código Civil” y utiliza como “PRECEPTÓ AUTORIZANTE: “por la aplicación e interpretación de las normas procesales al tenor del articulo 719.1, letra b) LOS ACTOS Y GARANTIAS PROCESALES CUANDO SU INFRACCION SUPONGA LA NULIDAD O PRODUJERA INDEFENSION”. La “PGR” confunde la violación directa con la indirecta, que son dos modos diferentes de violar la norma legal y deben ser expuestos en motivos separados; siendo obvio que confunde las normas de derecho sustancial con las normas de derecho formal; mientras las primeras son aptas para atacar el fallo en casación en forma directa, siempre que se trata de una Proposición jurídica completa (artículo 498); y las segundas, solo en forma indirecta, ya que estamos frente a una violación medio, siempre que se trata de una Proposición jurídica incompleta(artículo 17). Y si bien es cierto que el artículo 498 es una disposición que se encuentra en un Código que contiene normas formales o procesales, lo cierto es que es una norma de derecho sustancial o material, toda vez que constituye una Proposición jurídica completa; y a la inversa, si bien es cierto que el articulo 17 es una disposición que se encuentra en un Código que contiene normas sustanciales o materiales, lo cierto es que es una norma de derecho procesal o formal, toda vez que constituye una Proposición jurídica completa (violación medio). Si alega infracción del artículo 498 referido, su violación solo puede ser autorizada por el artículo 719.2, deI Código Procesal Civil. No transcribe taxativamente el artículo violado e incurre en alegatos de instancia. Lo anterior descalifica este motivo. - Debe rechazarse. A “SEGUNDO MOTIVO” La “PGR” impugna la sentencia por “interpretación errónea del artículo 325 de la Constitución de la República en relación con el artículo 17 del Código Civil” y utiliza como “PRECEPTO AUTORIZANTE: “...la aplicación de las normas de derecho empleadas para la solución de fondo del litigio” al tenor del artículo 719.2. Al igual que el motivo anterior, La “PGR” confunde la violación directa con la indirecta, que son dos modos diferentes de violar la norma legal y deben ser expuestos en motivos separados; siendo obvio que confunde las normas de derecho sustancial con las norma de derecho formal; mientras las primeras son aptas para atacar el fallo en casación en forma directa, siempre que se trata de una Proposición jurídica completa (artículo 325); y las segundas, solo en forma indirecta, ya que estamos frente a una violación medio, siempre que se trata de una Proposición jurídica incompleta (artículo 17). Y si bien es cierto que el artículo 325 es una disposición que se encuentra en un Código que contiene normas formales o procesales, lo cierto es que es una norma de derecho sustancial o material, toda vez que constituye una Proposición jurídica completa; y a la inversa, si bien es cierto que el artículo 17 es una disposición que se encuentra en un Código que contiene normas sustanciales o materiales, lo cierto es que es una norma de derecho procesal o formal, toda vez que constituye una Proposición jurídica incompleta (violación medio). No puede alegar infracción directa del artículo 17 referido, porque solo podría ser una violación medio para finalmente violar el artículo 325. No transcribe taxativamente el artículo violado e incurre en alegatos de instancia. Lo anterior descalifica este motivo. -Debe rechazarse. A “TERCER MOTIVO” La PGR no dice cuál es la disposición legal infringida. En sus alegatos dice falta de aplicación y ataca los artículos 325 Constitucional y el 207 del Código Procesal Civil, y utiliza como “PRECEPTO AUTORIZANTE: “... la aplicación de las normas de derecho empleadas para la solución de fondo del litigio” al tenor del artículo 719.2. Al igual que el motivo anterior, La “PGR” confunde la violación directa con la indirecta, que son dos modos diferentes de violar la norma legal y deben ser expuestos en motivos separados; siendo obvio que confunde las normas de derecho sustancial con las normas de derecho formal; mientras las primeras son aptas para atacar el fallo en casación en forma directa, siempre que se trata de una Proposición jurídica completa (artículo 325); y las segundas, solo en forma indirecta, ya que estamos frente a una violación medio, siempre que se trata de una Proposición jurídica incompleta(artículo 207). Y si bien es cierto que el artículo 325 es una disposición que se encuentra en un Código que contiene normas formales o procesales, lo cierto es que es una norma de derecho sustancial o material, toda vez que constituye una Proposición jurídica completa; y el artículo 207 es norma procesal que constituyó una Proposición jurídica incompleta (violación medio). Si alega infracción del artículo 207 referido, su violación solo puede ser atacada mediáticamente. No transcribe taxativamente el artículo violado e incurre en alegatos de instancia. Lo anterior descalifica este motivo. - Debe rechazarse. A “NULIDAD SUBSIDIARIA DE LA SENTENCIA” No existe esta figura; y dicha nulidad solo puede pedirse atacando violación de alguna disposición legal y autorizado por el artículo 719. 1 b) del Código Procesal Civil.-Debe rechazarse.” II. FUNDAMENTOS DE DERECHO Recurso de Casación formalizado por el abogado Teobaldo Cardona Figueroa: 1. PRIMER MOTIVO: Sucintamente se trascribe por encontrarse integro en la presente resolución: “…Impugno la sentencia por la aplicación e interpretación de las normas de derecho empleadas para la solución de fondo del litigio” … NORMA DE DERECHO VIOLADA: La sentencia recurrida quebranta el artículo 219 del Código Procesal Civil, en lo que dice: “ARTICULO 219.- EN PRIMERA INSTANCIA. - PRINCIPIO DEL VENCIMIENTO. 1.- En los procesos declarativos, las costas de la primera instancia se impondrán a la parte que haya visto rechazadas todas sus pretensiones...” CONCEPTO DE LA VIOLACION: Violación directa, por INTERPRETACIÓN ERRÓNEA. SE PRECISA Y JUSTIFICA LA INCIDENCIA DE LA INFRACCION EN EL SENTIDO DE LA RESÓLUCION IMPUGNADA: Con prescindencia del problema probatorio, sin incidencia del aspecto probatorio del litigio, esto es, sin que se hayan presentado errores en la apreciación de las pruebas, no obstante que la Corte juzgadora rechazo todas las pretensiones de la parte demandada y emplea el artículo señalado como violado, ajustable al caso sub judice, declarara SIN LUGAR las costas, a causa entenderlo equivocadamente, lo aplico incorrectamente, lo hace actuar en sentido contrario, al revés, dándole un sentido o alcance que pugna con el texto y el espíritu del precepto legal señalado como infringido, el cual se presenta así desnaturalizado y desviado de su fin, al deducir de este consecuencias contrarias a las queridas por él; infracción del Derecho, o sea error de fondo (error in judicando) que incidió y fue decisivo en el sentido de la parte de la resolución impugnada; pero si no hubiese cometido dicho error, la parte de la decisión recurrida sería distinta, la de declarar CON LUGAR las costas.” “PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo está autorizado por el artículo 719.2 del Código Procesal Civil que dice: “Igualmente, se podrá impugnar la aplicación e interpretación de las normas de derecho empleadas para la solución de fondo del litigio”. 1.1 Respuesta de la Sala de lo Civil: El recurrente comparece denunciando como infringido el artículo 219 del Código Procesal Civil bajo la causal recursiva contenida en el artículo 719.2 por considerar que es “…error de fondo (error in judicando) que incidió y fue decisivo en el sentido de la parte de la resolución impugnada…”, por lo cual la tutela judicial solicitada mediante este motivo es improcedente ya que al invocar infracción de una norma procesal al amparo de una causal recursiva que es exclusiva para aquellos asuntos que infieren en el fondo del litigio resulta incompatible. Hay que recordar que las costas son el resarcimiento de los costos que se generan por la interposición o defensa en un proceso y de ninguna manera forman parte de las pretensiones demandadas (artículo 2 del CPC) tal como lo establece el principio dispositivo (artículo 10 del CPC); por lo tanto su incorporación dentro de los componentes de la parte dispositiva de una sentencia no debe generar confusión entre EL PRINCIPIO DE VENCIMIENTO con una NORMA DE DERECHO empleada para la solución de fondo del litigio, según la causal recursiva utilizada en el presente caso. 2. SEGUNDO MOTIVO: Sucintamente se trascribe por encontrarse integro en la presente resolución: “Impugno la sentencia por la aplicación e interpretación de las normas de derecho empleadas para la solución de fondo del litigio” … NORMA DE DERECHO VIOLADA: La sentencia recurrida quebranta el artículo 221 deI Código Procesal Civil, que dice: “EN CASO DE RECURSOS. - Cuando sean desestimadas todas las pretensiones de un recurso de apelación..., se aplicará, en cuanto a las costas del recurso, lo dispuesto en este Código en cuanto al principio del vencimiento”. CONCEPTO DE LA VIOLACION: Violación directa, por FALTA DE APLICACIÓN. SE PRECISA Y JUSTIFICA LA INCIDENCIA DE LA INFRACCION EN EL SENTIDO DE LA RESOLUCION IMPUGNADA: Con prescindencia del problema probatorio, sin incidencia del aspecto probatorio del litigio, esto es, sin que se hayan presentado errores en la apreciación de las pruebas, no obstante que la Corte juzgadora rechazo todas las pretensiones de la parte demandada, deja de aplicar la disposición legal señalada como transgredida, se apartó de ella, la ignora, se abstuvo de aplicarla, la desconoce, no obstante conocerla, no la hace actuar, debiendo hacerlo, lo cual incidió y fue decisivo en el sentido de la parte de la resolución impugnada; pero si no la hubiese ignorado, desconocido, la hubiera hecho actuar aplicándola y la parte de la decisión recurrida sería distinta, la de declarar CON LUGAR las costas. LO QUE SE PIDE.-ALCANCE DE LA IMPUGNACION Que se revoque la parte del fallo recurrido y se declare CON LUGAR las costas”. “PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo está autorizado por el artículo 719.2 del Código Procesal Civil que dice: “Igualmente, se podrá impugnar la aplicación e interpretación de las normas de derecho empleadas para la solución de fondo del litigio”.2.1 Repuesta de la Sala de lo Civil: Lo establecido en la resolución del primer motivo aplica al presente, ya que de igual manera erróneamente se considera el principio de vencimiento como una norma de derecho empleada para la solución de fondo del litigio ya que el recurrente comparece denunciando como infringido el artículo 219.2 del Código Procesal Civil bajo la causal recursiva contenida en el artículo 719.2 del mismo Código. En el caso que nos ocupa, la vía correcta que tenia que seguir el actual recurrente era peticionar lo establecido en el artículo 205 y en dado caso a una resolución posterior que fuese denegatoria o ambigua como respuesta, podrían solicitarse los recursos ordinarios y extraordinarios conforme lo manda el articulo 700.1 ambos del Código en referencia. Por tal razón resulta aplicable al presente caso el principio de especialidad normativa el cual hace referencia a la materia regulada, al contenido de la norma y supone el tránsito de una regla más amplia, que afecta a todo un género, a una regla menos extensa, que afecta exclusivamente a una especie de dicho género. Es decir la preferencia aplicativa de la norma reguladora de una especie de cierto género sobre la norma reguladora de tal género en su totalidad. Se destaca en la misma línea que la norma que representa el género y la que regula la especie poseen elementos comunes, pero la norma especial añade un dato ulterior a la que representa el género. Motivos de casación promovidos por la abogada KARLA PATRICIA MENDOZA ARTICA: 3. PRIMER MOTIVO DE CASACIÓN: Sucintamente se trascribe por encontrarse integro en la presente resolución: “Se impugna la sentencia dictada por la Corte Segunda de Apelaciones de lo Civil por la falta de aplicación del Artículo 498 del Código Procesal Civil en relación con el Artículo 17 del Código Civil. Explicación del motivo.- Con la sentencia recurrida se ha producido indefensión ya que la sentencia objeto del presente recurso extraordinario, la cual declara con lugar el recurso de apelación, y sin motivación lógica señala que el artículo 325 de la Constitución de la República establece preeminencia sobre la norma de una ley secundaria como ser el Código Procesal Civil, interpretando de forma errónea la disposición legal que aplica al caso concreto, es decir el artículo 498 del Código Procesal Civil pues el Estado, como tal nunca pudo haber vulnerado los derechos fundamentales al honor del demandante; y por otra parte la disposición constitucional que establece el termino de la prescripción se aplica cuando el servidor público ha infringido la ley. El derecho honorable corte debe analizarse desde un todo, pues en el supuesto de que el infractor de la ley sea un servidor o funcionario público, el Estado es solidariamente responsable por las acciones u omisiones de aquél. Sin embargo, en el caso que nos ocupa quedó establecido mediante una verdad legal como lo es una sentencia firme del Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa que absolvió al acusado ex procurador general de delito de difamación, declarando que no procedía la responsabilidad civil del acusado y ordenó la respectiva carta de libertad de dicho ex funcionario. ¿Entonces de donde nace la solidaridad de mi representado el Estado de Honduras con respecto a la responsabilidad civil que pretende la Corte Segunda de Apelaciones de lo Civil establecer en contra del erario público? Reiteramos que el Estado de Honduras jamás podrá vulnerar los derechos al honor de ningún ciudadano; y que en el caso de que un funcionario o ex servidor público lo hiciere será civilmente responsable de manera personal hasta en un plazo de 4 años como lo dispone el artículo 498 del CPC en relación con el artículo 17 del Código Civil. En este sentido el Ad Quen debió analizar si existió culpa o negligencia por parte del funcionario, para causar un daño al demandante. - Pero no es el caso que nos ocupa pues el actor de la demanda nunca probó de forma fehaciente que se le produjo daños y perjuicios que ascendieran al monto reclamado, no se valoró jamás dicha prueba, la cual a todas luces fue antojadiza y parcializada, pues ni Tribunales internacionales han condenado al Estado de Honduras al pago de una cuantía exorbitante”. PRECEPTO AUTORIZANTE: invoca la aplicación e interpretación de las normas procesales al tenor del artículo 719.1, letra b) sobre los actos y garantías procesales cuando su infracción suponga la nulidad o produjera indefensión. 3.1 Respuesta de la Sala de lo Civil: La recurrente comparece solicitando el control casacional argumentando aplicación e interpretación de las normas procesales sobre actos y garantías procesales cuando su infracción suponga la nulidad o produjera indefensión, pero en ningún momento expresa en que consiste la nulidad o indefensión de la supuesta norma infringida cual es el artículo 498 del Código Procesal Civil en relación con el artículo 17 del Código Civil. Lejos de nulidad o de indefensión, la impetrante se concentra en la denuncia de asuntos que pudieran estar enmarcados en el control de la motivación fáctica de la sentencia, atacando su racionalidad o carácter lógico. Por lo antes dicho el presente motivo es falto de claridad y coherencia por argumentar a lo largo de su motivo diferentes tipos de infracciones que no se concentran en que, si la impetrante concurre ante este Alto Tribunal recurriendo la sentencia dictada por el Ad Quem por ser carente de motivación lógica, o por vulneración de derechos fundamentales o por prescripción de acciones. 4. SEGUNDO MOTIVO DE CASACIÓN. Por estar trascrita en la presente resolución, se resume su literalidad: “Se impugna la sentencia dictada por la Corte Segunda de Apelaciones de lo Civil por interpretación errónea del Articulo 325 de La Constitución de la República en relación con el Artículo 17 del Código Civil. Explicación del motivo. - Con la aplicación errónea de la norma constitucional sobre la norma establecida por el Código Procesal Civil, el Ad Quem ha confundido el concepto de prescripción de las acciones según sean éstas, pues como lo mencionamos anteriormente la prescripción puede ser de las acciones, personales, reales, adquisitiva, extintiva, de las obligaciones, civil y penal. Siendo el caso que nos ocupa la prescripción civil, es decir en el campo del derecho civil, contrapuesta a la prescripción penal. - En este sentido el Código Civil señala el termino por el cual prescriben las acciones, señalando para el caso en el artículo 2291 que el termino para la prescripción de las acciones reales es de 10 años; y el articulo 2292 dispone: “Las acciones personales que no tengan señalado termino especial, prescriben a los diez años.” Para el caso que nos ocupa el Código Procesal Civil dispone en el articulo 498 el termino de prescripción en 4 años, para las pretensiones de protección frente a vulneraciones de derechos honoríficos, los que nunca fueron conculcados por mi representado el Estado de Honduras, y que fue declarada improcedente la responsabilidad civil por el Tribunal de Sentencias de Tegucigalpa para el ex procurador general en su condición de ex funcionario público. De lo anterior resulta improcedente la aplicación de una norma constitucional como es el articulo 325 señalando que el término que se fija en dicha norma es la que debe aplicarse para el caso que nos ocupa, es decir frente a la responsabilidad civil del Estado, en relación con el 324 de la Constitución para el caso de existir dolo o negligencia y que por dicha causa se haya producido un daño o un perjuicio en contra de un particular, por supuesta vulneración de derechos al honor. En definitiva no se pueden desvincular los artículos 324 y 325 constitucional pues en el primero se señala los casos de vulneración de la ley en el que ha mediado dolo o negligencia por parte de un funcionario o servidor público, y en el segundo artículo se establece el plazo de prescripción de las acciones para deducir responsabilidad civil a los servidores del estado, cuyo término de prescripción es de diez años, que no es el caso que nos ocupa pues bien dirigió su acción penal el actor de la demanda cuando en el Juzgado de Letras Penal interpuso querella de difamación contra el señor Sergio Rosalío Zavala Leiva en su condición de ex procurador general, y en cuya causa fue absuelto de toda responsabilidad penal y civil. Concluimos honorable corte, con el hecho de que no es aplicable la norma constitucional del articulo 325 sobre el Código Procesal Civil, pues el artículo 2292 del Código Civil dispone: “Las acciones personales que no tengan señalado termino especial, prescriben a los diez años.” Creemos que este tipo de acción es una acción personal de un ciudadano que pretende la protección de sus derechos honoríficos o al honor que según él deben ser tuteladas civilmente, pero sin olvidar que en el fondo pretende ser resarcido en el plano económico a través de daños y perjuicios en el orden de VEINTE MILLONES DE LEMPIRAS, sin haber probado de forma fehaciente los daños morales o patrimoniales sufridos. De igual forma el Estado como tal no podrá ni siquiera perseguir a través de la repetición los bienes del abogado Sergio Zavala, pues éste, según un tribunal competente, lo absolvió de toda responsabilidad penal y civil, convirtiéndose la sentencia emitida por el Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa en una verdad legal; y por tanto no hubo ni dolo, culpa o negligencia por parte de dicho ex funcionario.” “PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo de Casación se encuentra comprendido en el artículo 719 numeral 2 del Código Procesal Civil, en la parte que establece: se podrá impugnar la aplicación de las normas de derecho empleadas para la solución de fondo del litigio.” 4.1 Respuesta de la Sala de lo Civil: Estudiado el presente motivo se desprende que tiene adecuada separación, suficiencia, claridad y una pertinente causal recursiva para su admisibilidad, a fin de dictar sentencia que resuelva, conforme a derecho, la denuncia sobre la posible interpretación errónea del artículo 325 de la Constitución de la República en relación con el artículo 17 del Código Civil y vinculándolo con el artículo 498 del Código Procesal Civil; por tanto lo anterior es acorde con la causal recursiva contenida en el artículo 719 numeral 2 del mismo Código, por infracción contra el contenido de las sentencias. 5. TERCER MOTIVO DE CASACIÓN: “Se impugna la sentencia dictada por la Corte Segunda de Apelaciones de lo Civil de fecha 4 de noviembre del 2015, por la aplicación de las normas de derecho empleadas para la solución de fondo del litigio. Explicación del motivo.- En el presente caso, impugno la sentencia por la Falta de Aplicación de las normas de derecho empleadas para la solución de fondo del litigio, siendo que el Ad Quen fundamentó la sentencia recurrida en el artículo 325 de la Constitución de la República; asimismo esta representación del Estado de Honduras observa que existe una falta de motivación de la sentencia relacionando por lo tanto el artículo 207 del Código Procesal Civil, que establece que las sentencias deberán ser motivadas pues se aprecia que la Corte Segunda de Apelaciones de lo Civil no motivo de forma suficiente la sentencia recurrida y que aplicó la norma constitucional para la solución del conflicto, sin tocar el fondo del asunto; es decir sin analizar si en el fondo el actor de la demanda había probado de forma suficiente los daños y perjuicios supuestamente padecidos, ante una supuesta vulneración de derechos al honor impetrado por el ex procurador general Sergio Zavala Leiva; faltando con esto también al artículo 208.2 del Código Procesal Civil sobre la congruencia de las sentencia, en donde se deberán decidir todos los puntos litigiosos que hayan sido objeto del debate. Por lo que el Tribunal Ad-Quen mediante la sentencia de fecha 4 de noviembre del 2015, objeto de este Recurso de Casación, dejando de aplicar la norma del Código Procesal Civil para el caso concreto, es decir la prescripción de las acciones frente a la vulneración de derechos al honor por parte de un ex funcionario y no del Estado como tal, el cual jamás ha contratado servidores para que vulneren la ley, y de hacerlo el Estado puede deducir responsabilidad en el término de 10 años contados desde el servidor haya cesado en el cargo. Ahora bien si un ciudadano se siente vulnerado en sus derechos civiles por acción u omisión de un servidor, y ha mediado culpa, dolo o negligencia probada puede orientar su acción de responsabilidad civil o penal aplicando la disposición constitucional de los artículos 324 y 325.- Sin embargo en el presente caso no se probó jamás el dolo ni la culpa ni la negligencia del funcionario, y el Estado por su parte aportó el medio de prueba idóneo para acreditar que el ex funcionario de la Procuraduría General de la República no había sido declarado culpable del delito de difamación, sentencia que fue dictada a favor del servidor por insuficiencia probatoria, habiendo sido incluso declarado sin responsabilidad civil. Por lo anterior la Corte de Apelaciones emitió sentencia que no está conforme a derecho, pues las partes oportunamente habían deducido en el juicio sus pretensiones; pues por una parte el actor fijó su pretensión que frente a la supuesta vulneración de derechos al honor se le reconozca el pago de Veinte Millones de Lempiras, y la otra parte, es decir la parte demandada oportunamente determino que el objeto del debate era que el demandante había señalado de forma equivocada que ex funcionarios de la Procuraduría General de la República violentaron la garantía judicial o el derecho fundamental denominado “ estado de inocencia”, derecho que se encuentra instaurado en la Constitución de la República, y penalizado en el Código Penal, y por ende quien se sienta ofendido al estado de inocencia interponga querella de “injurias o calumnias” el cual se encuentra establecido en el Titulo de Delitos contra el honor en los artículos 155 al 161 del Código Penal; ahora bien en vía civil se establece dentro de las especialidades del procedimiento ordinario del Capítulo VIII sección I la tutela de derechos fundamentales y de derechos honoríficos a partir del articulo 495 al 500 del Código Procesal Civil, teniendo en consecuencia cada una de estas materias, el termino de prescripción de las acciones de forma distinta. En este sentido el artículo 97 del Código Penal dispone: ‘La acción penal prescribe: 1) Por el transcurso de un periodo igual al máximo de duración de la sanción señalada para el delito, aumentado en la mitad, si fuere la reclusión; 2)…. 3)….4)....- Las reglas precedentes se entienden sin perjuicio de las que establece la Constitución de la República.”.- En el caso de la vía civil el artículo 498 establece la prescripción de las acciones para el caso de protección a la vulneración de los derechos fundamentales de la persona, que deban ser tuteladas civilmente es de 4 años, salvo que la ley prevea otro plazo. Esta última salvedad no refiere a la Constitución de la República como lo señala el Ad Quen en la sentencia recurrida, sino al Código Civil o en su caso al Procesal Civil, pues es específico para salvaguardar o proteger vulneración de derechos al honor; no así sobre la responsabilidad civil del funcionario cuando ha mediado culpa, dolo o negligencia que evidentemente es otro caso; ya que no podemos olvidar el hecho que en la Constitución que actualmente nos rige no se estableció un periodo de prescripción para las acciones referentes a la tutela de derechos honoríficos, y tampoco el Código Civil determina expresamente ese extremo, razón por la cual, la ley procesal suple ese vacío jurídico, en la procura de poder de esa manera regular esa figura jurídica nueva en nuestro ordenamiento, y siendo que los derechos al honor y la intimidad son personalísimos la norma más aplicable al caso concreto es la señalada en el Código Procesal Civil según el articulo 498. El Ad Quen no resolvió sobre los hechos controvertidos de fondo ya que se pronuncia sobre la prescripción de las acciones únicamente, sin tocar el fondo del asunto, y sin más ordena el pago de la cantidad reclamada por concepto de daños y perjuicios. En este sentido nuestra Constitución exige el debido proceso, como una garantía que busca asegurar a los ciudadanos que han acudido ante los tribunales una correcta y cumplida decisión sobre sus derechos; y es así como el incumplimiento de las normas legales que rigen el proceso judicial generan una vulneración de este derecho. Asimismo la garantía del debido proceso que exige nuestra Constitución, exhorta que para que exista una condena o afectación de derechos o afectación del patrimonio como es el caso, debe existir un adecuado derecho de defensa en todo proceso, y es por ello que dicho derecho implica el derecho a ser oído; la necesaria correlación que debe existir entre las pretensiones de las partes y el fallo, y en este extremo se observa que el fallo de la Corte Segunda solo señala lo atinente a la EXCEPCION MATERIAL DE PRESCRIPCION, pudiendo en su caso haber ordenado al Ad Quo que revocara su fallo y que resolviera sobre el fondo, lo cual no pasó y no haberlo hecho de dicha manera se ha vulnerado el derecho de defensa de mi representado, frente a la exigencia económica de VEINTE MILLONES DE LEMPIRAS, sin que ha hubiese analizado la prueba a este respecto, con lo cual se violenta fundamentalmente el debido proceso y la tutela judicial efectiva establecida en el articulo9O de la carta magna, al ser condenado mi representado al pago de una gran cantidad de dinero, sin haberse cumplido las formalidades, derechos y garantías establecidas en la ley. Incidencia de la Infracción en la Sentencia Impugnada, al dejar de aplicar la Corte Segunda de Apelaciones de lo Civil, la norma de fondo para la solución de fondo del litigio, es decir artículo 498 del Código Procesal Civil, de manera no apegada a la literalidad del mismo, emite un fallo que priva a mi mandante del derecho de defensa pues nunca se dictaminó sobre el fondo del litigio, es decir si el estado a través de un ex funcionario había incurrido en responsabilidad civil por supuesta vulneración de derechos al honor, debiendo el estado que pagar la indemnización reclamada, sin que exista un asomo de responsabilidad de haber infringido la ley el ex funcionario supuestamente responsable”. “PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo de Casación se encuentra comprendido en artículo 719 numeral 2 del Código Procesal Civil”. 5.1 Respuesta de la Sala de lo Civil: La recurrente establece en la explicación de su motivo de manera literal lo siguiente: “En el presente caso, impugno la sentencia por la Falta de Aplicación de las normas de derecho empleadas para la solución de fondo del litigio, siendo que el Ad Quen fundamentó la sentencia recurrida en el artículo 325 de la Constitución de la República; asimismo esta representación del Estado de Honduras observa que existe una falta de motivación de la sentencia relacionando por lo tanto el artículo 207 del Código Procesal Civil, que establece que las sentencias deberán ser motivadas pues se aprecia que la Corte Segunda de Apelaciones de lo Civil no motivo de forma suficiente la sentencia recurrida y que aplicó la norma constitucional para la solución del conflicto, sin tocar el fondo del asunto; es decir sin analizar si en el fondo el actor de la demanda había probado de forma suficiente los daños y perjuicios supuestamente padecidos, ante una supuesta vulneración de derechos al honor impetrado por el ex procurador general Sergio Zavala Leiva; faltando con esto también al artículo 208.2 del Código Procesal Civil sobre la congruencia de las sentencia, en donde se deberán decidir todos los puntos litigiosos que hayan sido objeto del debate”. A juicio de esta Sala, la impetrante erra en la técnica casacional utilizada, al confundir cuestiones de fondo como son las normas constitucionales, con asuntos de forma como son los requisitos internos de una sentencia; supuestas infracciones que deben exponerse por separado, distinguiendo sus propias repercusiones en contra de los intereses del recurrente. Por eso el artículo 719 del Código Procesal Civil, adecuadamente hace clara separación entre las infracciones por aplicación e interpretación de normas procesales con las empleadas para la solución de fondo del litigio. 6. NULIDAD SUBSIDIARIA DE LA SENTENCIA. “Ante este órgano jurisdiccional se solicita se declare la nulidad de la sentencia emitida por la Corte Segunda de Apelaciones de lo Civil porque con dicha sentencia el Estado de Honduras se encuentra en un estado de indefensión y vulneración al debido proceso porque no se motivó la sentencia tomando como base todos los puntos objeto de debate, y no se fundamentó en la norma aplicable al caso concreto, articulo 498 del Código Procesal Civil si no que más bien se señaló la norma constitucional sobre la responsabilidad civil del funcionario público, deberá de ser juzgado en el término de 10 años, pero no es el caso que nos ocupa, ya que la ley procesal inicia de manera taxativa el término de la prescripción, y en el presente caso la persona 1apersona que se encuentra demandada, fue ex funcionario el cual fue exonerado de responsabilidad penal y civil, razón por la cual tanto el abogado Zavala Leiva como el Estado de Honduras, se encuentran exonerados o liberados de cualquier tipo de responsabilidad para con el abogado Cardona Figueroa, puntos alegados tanto en primera como en segunda instancia sin que hayan sido tomados en consideración al momento de la emisión de la respectiva sentencia de segunda instancia por lo cual estimamos que la sentencia emitida por la Corte Segunda de Apelaciones de lo Civil, debe ser anulada, ya que no se han configurados los elementos necesarios tales como dolo, negligencia o culpa de parte del abogado Zavala en su condición de ex procurador general o del Estado de Honduras; ya que para que la solidaridad pueda activarse es necesario que se haya acreditado en el proceso, que concurrieron cualquiera de los elementos mencionados (dolo, culpa o negligencia); al carecer de éstos no puede activarse la solidaridad del Estado de Honduras para con el ex funcionario abogado Zavala; motivo por el cual la Corte Segunda de lo Civil, carece de sustento, ya que se declara sin lugar la excepción de prescripción alegada y condena al Estado de Honduras al pago de veinte millones de Lempiras; poniendo esta condena en clara indefensión al Estado de Honduras y violentando totalmente las normas esenciales del procedimiento, tanto en el orden procesal como constitucional. El artículo 90 de la Constitución de la República, párrafo primero dispone: “Nadie puede ser juzgado sino por juez o tribunal competente con las formalidades, derechos y garantías que la ley establece. . .“ En este mismo orden el artículo 212 del Código Procesal Civil dispone: Los actos procesales serán nulos, en los casos siguientes: 1…2…3…4) Cuando se prescinda de normas esenciales del procedimiento cuando, siempre que por esa causa, se haya producido indefensión .5... 6” En razón a las normas jurídicas señaladas esta representación procesal del Estado pide a esta honorable Corte se decrete la NULIDAD DE LA SENTENCIA.” 6.1 Respuesta de la Sala de lo Civil: La nulidad subsidiaria dejó de ser una causal recursiva para la casación a partir de la implementación del actual orden procesal, por tanto, las únicas causales admitidas son las contempladas en el artículo 719 del Código Procesal Civil y por extensión en el artículo 720.2 del mismo cuerpo legal, por tanto, in limine se considera inadmisible esta petición. III. PARTE DISPOSITIVA Esta Sala de lo Civil de la Corte Suprema de Justicia, impartiendo Justicia en nombre del Estado de Honduras, POR UNANIMIDAD DE VOTOS emite AUTO IRRECURRIBLE y RESUELVE: 1. DECLARAR INADMISIBLE en todos sus motivos el Recurso de Casación interpuesto por el abogado TEOBALDO CARDONA FIGUEROA actuando en causa propia, en contra de la sentencia proferida por la Honorable Corte Segunda de Apelaciones de lo Civil de Francisco Morazán, en fecha cuatro de noviembre del año dos mil quince. 2. DECLARAR INADMISIBLE en sus motivos primero y tercero el Recurso de Casación interpuesto por la abogada KARLA PATRICIA MENDOZA ARTICA, actuando como apoderada judicial del Estado de Honduras en contra de la sentencia de mérito. 3. ADMITIR el segundo motivo de casación por aplicación errónea empleada para la solución del fondo del litigio interpuesto por la abogada KARLA PATRICIA MENDOZA ARTICA en su condición antes indicada. 4. Con costas para el abogado TEOBALDO CARDONA FIGUEROA. 5. Se señala audiencia de vista para el día miércoles veintinueve de agosto de dos mil dieciocho, a las 9:30 a.m., en el Salón de Prensa de la Corte Suprema de Justicia. NOTIFÍQUESE. FIRMAS Y SELLO. RINA AUXILIADORA ALVARADO MORENO. MAGISTRADA COORDINADORA. REYNALDO ANTONIO HERNANDEZ. MAGISTRADO. WILFREDO MENDEZ ROMERO. MAGISTRADO. FIRMA Y SELLO. BETTY JANETH PALMA O´CONNOR. RECEPTORA ADSCRITA.”
Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los treinta días del mes de agosto del año dos mil dieciocho; Certificación del auto de fecha uno de agosto del año dos mil dieciocho, recaído en el Recurso de Casación registrado bajo el No. S.C. 146=2016.
BETTY JANETH PALMA O’CONNOR
RECEPTORA ADSCRITA
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