Sentencia CC-116-16 — Registro 7828
Resumen
En primera instancia se interpuso demanda ordinaria de reivindicación de dominio declarada con lugar y confirmada en segunda instancia.
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
… “7.- Respecto del Segundo Motivo admitido, la Sala después de llevar a cabo el juicio de confrontación entre lo planteado en el motivo admitido y lo señalado por el fallo impugnado, encuentra que efectivamente el Tribunal de Alzada omite pronunciarse respecto de los medios de prueba consistente en la certificación del asiento inscrito bajo el número 206, folios 452 al 453, tomo 18 del Registro de la Propiedad Inmueble y Mercantil de Yucarán, Departamento de El Paraíso; ello aun y cuando la referida Corte se adhiere a la posición asumida por el a-quo en su sentencia; todo lo cual, como ya se ha dejado anteriormente señalado, no resulta suficiente, ello porque niega el poder conocer los criterios de valorización de esa alzada respecto sobre todos y cada uno de los medios de prueba que obran en el proceso, esto es el poder saber por qué unos medios de prueba le merecen más valor respecto de otros, y las razones factico jurídicas que lo llevan a la convicción de poder confirmar la sentencia de primera instancia; al no hacerlo así la referida Corte de Apelaciones no solo infringe el artículo 207.1 del Código Procesal Civil, sino que vuelve nugatorio el derecho a una tutela judicial efectiva que le asiste a ambas partes, y más específicamente a la parte que ha interpuesto ante esa alzada el recurso de apelación, razón para casar el segundo motivo admitido por defectuosa motivación fáctica del fallo proferido.”
Legislación citada
- Constitución de la República, art. 90 (Rango Constitucional)
- Código Procesal Civil, art. 207 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Procesal Civil, art. 719, Numeral 1 literal c) (Jerarquía Ordinaria)
Jerarquía: Reiterativa
… “9.- La Sala emite su criterio respecto de lo expuesto en el Tercer Motivo admitido, para ello, en primer lugar es menester repasar cronológicamente el desarrollo procesal de la causa que hoy nos ocupa, así tenemos en primer lugar que en el caso de autos ha sido promovida “Demanda de Reivindicación de Dominio”, por las señoras Blanca Lidia y Ada Marina, ambas de apellidos Bonilla Martínez, contra el señor Francisco Rivas Morazán (folio 6 de la primera pieza), por su parte el demandado por medio de su apoderado legal el abogado don Amílcar Danilo Cruz, al contestar la demanda incoada en su contra ha rechazado la misma, y concretamente en el literal d) del libelo señala que adicionalmente, la acción contra su representado no cabe, ello por lo señalado en los artículos 610 y 2291 del Código Civil, esto es en cuanto que las acciones reales prescriben en 10 años, por lo que siendo que las señoras demandantes jamás han estado en posesión de la propiedad que pretenden reivindicar, y que por otra parte su representado ha estado en posesión de la misma por más de 25 años, por tanto las demandantes carecen de acción para ejercitar derecho alguno al respecto; así mismo el demandado sobre tal aspecto ofrece al tribunal dos medios de prueba: a) el pago de impuestos vecinales de su representado en el municipio de Morocelí, y b) documento privado de compra-venta de una fracción del referido inmueble hecha en el año de 1986, al señor Prospero Plata Cerna, medios probatorios con los que arguye se prueba tanto la prescripción extintiva de las demandantes, así como la prescripción adquisitiva de su poderdante el señor Francisco Rivas Morazán. En segundo lugar la Sala encuentra que en la celebración de la audiencia preliminar de fecha 27 de febrero del año 2012, (folios 173 al 176 vuelto de la p.p.), luego del fracaso de la conciliación entre las partes, la abogada Yaudie Cossete Sotomayor Solís, en su condición de representante procesal de las demandantes, ha ratificado en cada una de sus partes la demanda interpuesta; esto es la Demanda de Reivindicación de Dominio promovida por sus representadas; por su parte el demandado por medio de su apoderado legal ha interpuesto la excepción material por falta de acción de las demandantes, para ello ha invocado el artículo 82 de la Constitución de la República, 64 del Código Procesal Civil, y los artículos 714, 868, 872, 2291 y 2312 del Código Civil; sobre la resolución de tal excepción el a-quo en la parte resolutiva de la referida audiencia ha dejado señalado que la misma se resuelva hasta que se dicte la respectiva sentencia. En tercer lugar la Sala observa que la abogada Yaudie Cossete Sotomayor Solís en su condición ya indicada, ha presentado en fecha 28 de mayo de 2012, ante el Juzgado de Letras Seccional de Yuscaran, Departamento de El Paraíso, escrito de interposición de recurso de apelación contra la sentencia proferida en esa instancia en fecha 18 de abril de 2012, libelo al cual acompaña documento autenticado para acreditar un hecho nuevo, consistente en la fotocopia de la Demanda por Prescripción Adquisitiva mediante la vía del Proceso Abreviado ante el Juzgado de Letras Seccional de Yuscaran, Departamento de El Paraíso, de fecha 22 de febrero de 2012, interpuesta por el señor Francisco Rivas Morazán, contra las señoras Blanca Lidia y Ada Marina, ambas de apellidos Bonilla Martínez, sobre un terreno consistente en dos fracciones ubicados en la aldea Valle Arriba, en San Antonio de Liquitimay Municipio de Moroceli, Departamento de El Paraíso ( Folios 205 al 210 vuelto y 212 al 215 vuelto); en fecha 30 de agosto de 2012, la Corte Tercera de Apelaciones profirió resolución mediante la cual, entre otros admite como hecho nuevo el medio de prueba del documento autenticado referente a la Demanda de Prescripción Adquisitiva promovida por el señor Francisco Rivas Morazán contra las señoras Bonilla Martínez, (Folio 261 vuelto). Señalado lo anterior la Sala deviene entonces en determinar si la sentencia dictada por el iudex ad-quem, al hacer suyos lo dispuesto por el fallo de la primera instancia, y dejar establecido: lo siguiente: “….CUARTO: SE DECLARA SIN LUGAR, la pretensión del demandado interpuesta en la demanda vía proceso abreviado de PRESCRIPCION ADQUISITIVA interpuesta contra las señoras Bonilla Martínez por no estar apegada a derecho... SEXTO: ABSOLVIENDO: A las demandantes Bonilla Martínez de la pretensión de POSESIÓN ADQUISITIVA en su contra…...”; concita o no la vulneración del artículo 208.1 del Código Procesal Civil, esto es en cuanto que tal fallo resulta incongruente, ello porque concede más de lo pedido (extra petita); en ese sentido es menester dejar establecido que en el caso de autos con la incorporación del medio de prueba documental admitido a la parte demandante, como hecho nuevo por la segunda instancia, se ha constatado que adicionalmente al caso que nos ocupa, se ha interpuesto una demanda de Prescripción Adquisitiva mediante proceso abreviado ante el Juzgado de Yuscaran, Departamento de El Paraíso, por el señor Francisco Rivas Morazán, en contra de las señoras Blanca Lidia y Ada Marina, ambas de apellidos Bonilla Martínez, siendo por lo tanto este un proceso nuevo y distinto, que si bien es cierto se centra sobre el mismo bien inmueble que pretenden reivindicar las señoras Bonilla Martínez; también lo es que se tramita de forma separada; razón para estimar que la Corte Sentenciadora al pronunciarse en su fallo sobre un proceso sobre el cual no conoce incurre en extra petitum partium, y otorga adicionalmente cosa distinta de la solicitada por las partes, esto es en el caso subjudice resuelve algo que no corresponde a las pretensiones de las partes al declarar sin lugar la pretensión del demandado señor Francisco Rivas Morazán, interpuesta en la demanda vía proceso abreviado de Prescripción Adquisitiva contra las referidas señoras Bonilla Martínez, y porque absuelve a las mismas de la pretensión de posesión adquisitiva en su contra; con lo cual incurre en extra petitum partium, toda vez que tal pretensión no integro las pretensiones del proceso en la demanda de Reivindicación de Dominio. 10.- La Sala estima al tenor de lo expuesto que el fallo proferido no resulta lo suficientemente motivado, e incurre en extra petitum, por lo que la sentencia no resulta congruente con las pretensiones oportunamente deducidas, razón por la cual al tenor de lo preceptuado por el artículo 727.4 del Código Procesal Civil resulta procedente casar la resolución recurrida.”
Legislación citada
- Código Procesal Civil, art. 727, Numeral 4 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACION
La Infrascrita Receptora Adscrita a la Sala de lo Civil de la Corte Suprema de Justicia, Certifica la sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veinticinco días del mes de abril del año dos mil dieciocho; la Sala de lo Civil, integrada por los ilustres Magistrados: RINA AUXILIADORA ALVARADO MORENO como Coordinadora, REYNALDO ANTONIO HERNÁNDEZ y WILFREDO MENDEZ ROMERO, el tercero designado ponente para el conocimiento y redacción de la presente resolución en el recurso de casación impetrado, en la fecha supra indicada dictan la siguiente SENTENCIA: SON PARTES: El señor FRANCISCO RIVAS MORAZÁN, representado en juicio por el abogado NICOLÁS J. GARCÍA PINEDA, en su condición de recurrente; siendo recurridas las señoras BLANCA LIDIA Y ADA MARIANA conocida también como ANA MARINA ambas de apellidos BONILLA MARTÍNEZ, representadas en juicio por la abogada YAUDIE COSSETTE SOTOMAYOR SOLÍS. OBJETO DEL PROCESO: “DEMANDA DE JUICIO DECLARATIVO POR EL PROCESO ORDINARIO DE REINVINDICACION DE DOMINIO”, promovida en fecha 30 de junio del año 2011, ante el Juzgado de Letras Seccional de Yuscarán, Departamento de El Paraíso, por la abogada Yaudie Cossette Sotomayor Solís en su condición de representante procesal de las señoras Blanca Lidia y Ada Mariana conocida también como Ana Marina ambas de apellidos Bonilla Martínez, hondureñas, mayores de edad, solteras, Secretarias Comerciales y con domicilio en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central y El Arenal, Danlí, Departamento de El Paraíso respectivamente, contra el señor Francisco Morazán Rivas conocido también como Francisco Rivas Morazán, hondureño y con domicilio en el Barrio Santa Clara de la ciudad de El Paraíso, Departamento de El Paraíso. I.- ANTECEDENTES DE HECHO PRIMERO: El día 30 de junio del año 2011, ante el Juzgado de Letras Seccional de Yuscarán, Departamento de El Paraíso, las señoras Blanca Lidia y Ada Mariana conocida también como Ana Marina ambas de apellidos Bonilla Martínez, promovieron Demanda Ordinaria de REINVINDICACION DE DOMINIO contra el señor Francisco Morazán Rivas conocido también como Francisco Rivas Morazán. SEGUNDO: En fecha 13 de diciembre de 2011, la parte demandada procedió a contestar la demanda incoada en su contra, oponiéndose a las pretensiones de la demandante. TERCERO: Concluido el periodo de evacuación de pruebas y expuestos los alegatos finales de cada una de las partes en litigio, se citó para sentencia definitiva, la cual se dictó en fecha 11 de junio del año 2015. La sentencia del a-quo en su parte dispositiva señala literalmente lo siguiente: (Sic.) “RESUELVE: PRIMERO: DECLARAR: CON LUGAR. la Demanda Ordinaria de Reivindicación de Dominio, promovida por la Abogada YAUDIE COSSETTE SOTOMAYOR SOLIS, en su condición de representante procesal de las señoras BLANCA LIDIA BONILLA MARTINEZ y ADA MARINA BONILLA MARTINEZ, también conocida como ADA MARIANA BONILLA MARTINEZ, contra el Señor FRANCISCO RIVAS MORAZAN todos de generales conocidas en el preámbulo de esta Sentencia.- SEGUNDO: CONDENA al Señor FRANCISCO RIVAS MORAZAN a restituirle el inmueble objeto del presente juicio a las demandantes señoras BLANCA LIDIA BONILLA MARTINEZ, y ADA MARINA BONILLA MARTINEZ. TERCERO: SE DECLARA SIN LUGAR. La excepción material de falta de acción de la demandante en virtud de que todo ciudadano tiene el derecho al acceso a la Justicia y peticionar ante los Tribunales la tutela efectiva de sus derechos e intereses y el derecho a la defensa es inviolable.- CUARTO: SE DECLARA SIN LUGAR, la pretensión del demandado interpuesta en la demanda vía proceso abreviado de PRESCRIPCION ADQUISTIVA interpuesta contra las señoras Bonilla Martínez por no estar apegada a derecho- QUINTO: ABSUELVE.- A las señoras BLANCA LIDIA, y ADA MARINA ambas de apellidos BONILLA MARTINEZ, de la excepción material de falta de acción.- SEXTO: ABSOLVIENDO: A las demandantes Bonilla Martínez de la pretensión de POSESION ADQUISITIVA en su contra. Y MANDA: Que si dentro del término legal no se interpone recurso alguno quede firme el presente fallo. - CON COSTAS EN ESTA INSTANCIA. - La presente se resuelve hasta esta fecha por la suspensión y sustitución de jueces de esta sección Judicial, por la complejidad del caso y el exceso de trabajo que priva en esta judicatura. - NOTIFIQUESE” CUARTO: En fecha 30 de septiembre del año 2015, la Corte Tercera de Apelaciones con sede en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, en el juicio de mérito, dictó sentencia de la siguiente manera: (Sic.) “FALLA 1) SIN LUGAR el Recurso de Apelación interpuesto por el Abogado AMILCAR DANILO CRUZ, Apoderado Legal del señor FRANCISCO RIVAS MORAZAN, contra la resolución de fecha 11 de junio del 2015, dictada por el Juzgado de Letras Seccional de Yucarán, El Paraíso, 2) CONFIRMAR la Sentencia Apelada de fecha 11 de junio del 2015. Y MANDA que una vez firme la Resolución se devuelva la pieza de Autos con la Certificación de Estilo al Juzgado Correspondiente: NOTIFIQUESE.” QUINTO: El representante procesal del señor Francisco Rivas Morazán, abogado Nicolás J. García Pineda, presentó en fecha 18 de marzo del año 2016, escrito de interposición y formalización del recurso de casación contra la sentencia de fecha 30 de septiembre del año 2015, dictada por la Corte Tercera de Apelaciones con sede en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, resolviendo el ad-quem, mediante proveído de fecha 28 de marzo del año 2016, tener por interpuesto y formalizado el recurso de casación por parte del recurrente y acordó conceder a la parte contraria el plazo de diez (10) días hábiles para que se pronunciara sobre el contenido del escrito, debiendo entregársele copia del mismo. SEXTO: La representante procesal de las señoras Blanca Lidia y Ada Mariana conocida también como Ana Marina, ambas de apellidos Bonilla Martínez, la abogada Yaudie Cossette Sotomayor Solís, presentó en fecha 13 de abril del año 2016, escrito de pronunciamiento sobre el contenido del recurso de casación interpuesto y formalizado por la contraparte, resolviendo la Corte Tercera de Apelaciones con sede en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, remitir las presentes diligencias a la Honorable Corte Suprema de Justicia en el término que manda la ley, para proseguir con el trámite correspondiente. SEPTIMO: Recibidas las actuaciones en éste Alto Tribunal, y formado que fue el expediente número S.C. 116-2016, los abogados Yaudie Cossette Sotomayor Solís y Nicolás J. García Pineda, ambos en sus condiciones ya indicadas, presentaron escritos de personamiento en fechas 10 de mayo y 19 de septiembre del año 2016, por lo que visto el informe rendido por la Secretaría de esta Corte Suprema de Justicia, este Tribunal, mediante proveído de fecha 28 de octubre del año 2016, los tuvo por personados dentro del plazo señalado. OCTAVO: El día 28 de febrero del año 2018, esta Sala de lo Civil de la Corte Suprema de Justicia, profirió por unanimidad de votos auto irrecurrible y declaro lo siguiente: (Sic.) “I.- La admisión por infracción procesal de los tres motivos del recurso de casación, formalizado por el abogado NICOLÁS J. GARCÍA PINEDA, en su condición de representante procesal del señor FRANCISCO RIVAS MORAZÁN, contra la sentencia dictada en fecha 30 de septiembre de 2015 por la Honorable Corte Tercera de Apelaciones con sede en Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, en relación con la demanda de juicio declarativo por el proceso ordinario de reivindicación de dominio, entablada por las señoras BLANCA LIDIA Y ADA MARINA también conocida como ADA MARINA, ambas de apellidos BONILLA BARAHONA, en contra del señor FRANCISCO RIVAS MORAZÁN. II.- Señálese el día miércoles 04 de abril de 2018, a las diez de la mañana (10:00 a.m.) para la votación y fallo, debiéndose dictar sentencia dentro de los quince días posteriores a esta fecha. NOTIFIQUESE.” II. MOTIVACIÓN JURÍDICA 1.- El recurso de casación al tenor de lo preceptuado por el artículo 716 del Código Procesal Civil, tiene dos fines expresos, el primero de ellos se encamina a la protección de las normas del ordenamiento jurídico (función nomofiláctica), esto se hace procurando y promoviendo la más adecuada aplicación e interpretación del derecho objetivo. El segundo fin tiene que ver con la unificación de la jurisprudencia nacional. Por su parte el numeral dos del artículo precitado, conmina a este Alto Tribunal a que aplique e intérprete las normas referidas al recurso de casación atendiendo a la finalidad de unificación de la jurisprudencia, esto como instrumento de garantía de la igualdad de todos ante la ley y de la seguridad y certidumbre jurídicas. 2.- La Sala de lo Civil identifica como thema decidendi o ámbito del recurso de casación la vinculación que nace en el caso de autos, respecto de los Tres Motivos de casación formalizado por el Censor y que fueron admitidos por este Tribunal; en consecuencia se decidirá en relación a los pronunciamientos recurridos, y por cuestión de derecho mediante el principio iura novit curiae, todo ello de conformidad a los artículos 701.1, 701.2 y 726.1 del Código Procesal Civil. 3.- De lo anteriormente señalado y al tenor de lo dispuesto en el artículo 726.1 del Código Procesal Civil, corresponde a la Sala de lo Civil confrontar los tres motivos admitidos, mismos que versan sobre la probable infracción de normas procesales; con la sentencia dictada el día 30 de septiembre del año 2015, por la Corte Tercera de Apelaciones con sede en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central. 4.- La Sala retoma el planteamiento del Primer Motivo expuesto por el recurrente en el recurso impetrado, y en el cual deja expuesto que el fallo proferido por el iudex ad-quem infringe por interpretación errónea de artículo 207.2 del Código Procesal Civil, que establece: “La motivación deberá incidir en los distintos elementos fácticos y jurídicos del pleito, considerados individualmente y en conjunto, ajustándose siempre a las reglas de la lógica y de la razón”, en relación con el artículo 273.1 del aludido cuerpo legal, que señala: “FUERZA PROBATORIA DE LOS DOCUMENTOS PÚBLICOS.- 1. Los documentos públicos hacen prueba, aun contra tercero, del hecho, acto o estado de cosas que documenten y que motivó su otorgamiento, del lugar y de la fecha de éste y de la identidad de los fedatarios y demás personas que, en su caso, intervengan en el.” El recurrente invoca como precepto autorizante del motivo el artículo 719. 1 literal c), del Código Procesal Civil, en armonía con el artículo 720.2 del referido cuerpo legal. Manifiesta que impugna la parte dispositiva de la sentencia proferida por el ad-quem, en sus pronunciamientos primero y segundo, mismos que rezan: “1) SIN LUGAR el Recurso de Apelación interpuesto por el Abogado AMILCAR DANILO CRUZ, Apoderado Legal del señor FRANCISCO RIVAS MORAZAN, contra la resolución de fecha 11 de junio del 2015, dictada por el Juzgado de Letras Seccional de Yuscarán, El Paraíso, 2) CONFIRMAR la Sentencia Apelada de fecha 11 de junio del 2015.”, En relación a la parte resolutiva de la sentencia proferida en primera instancia, que reza: “PRIMERO: DECLARAR: CON LUGAR, la Demanda Ordinaria de Reivindicación de Dominio, promovida por la Abogada YAUDIE COSSETTE SOTOMAYOR SOLIS, en su condición de representante procesal de las señora BLANCA LIDIA BONILLA MARTINEZ y ADA MARINA BONILLA MARTINEZ, también conocida como ADA MARIANA BONILLA MARTINEZ, contra el Señor FRANCISCO RIVAS MORAZAN todos de generales conocidas en el preámbulo de esta Sentencia.- SEGUNDO: CONDENA al Señor FRANCISCO RIVAS MORAZAN a restituirle el inmueble objeto del presente juicio a las demandantes señoras BLANCA LIDIA BONILLA MARTINEZ y ADA MARINA BONILLA MARTINEZ”; apunta el recurrente que la infracción procesal del artículo 207.2 del Código Procesal Civil, en relación con el artículo 273.1 del aludido cuerpo legal, incide en la sentencia impugnada ya que los elementos fácticos del pleito que fueron considerados por el tribunal ad-quem no se ajustan a las reglas de la lógica, conduciéndolo a proferir un fallo que no es conforme a derecho, otorgando un sentido a la norma procesal, distinto al que dimana de su dicción, al infringir las reglas de la lógica. En sustento de su impugnación señala el impetrante que la motivación fáctica de la sentencia debe ser proferida en base a los razonamientos de los hechos junto con el ordenamiento jurídico, y éstos a su vez conducen a una correcta apreciación y valoración de la prueba; la ausencia de estos requisitos en la sentencia produce la infracción de la norma jurídica. Cita a continuación al jurista Eduardo Couture y señala que conviene explicar los principios de identidad y razón suficiente; respecto del primero de tales principios es el que establece que todo objeto es idéntico a sí mismo y se simboliza con la proposición “A es A”. En cuanto al principio de razón suficiente, expresa: “todo juicio para ser realmente verdadero ha menester necesariamente de una razón suficiente. Por razón de un juicio debe entenderse aquello que es capaz de abonar o acreditar lo que se enuncia en el juicio. Esta razón es ‘suficiente’ cuando basta por sí sola para servir de apoyo completo a lo enunciado en el juicio; cuando por consiguiente no hace falta nada más para que el juicio sea plenamente verdadero.” Dicho esto, señala con precisión las infracciones contenidas en la sentencia objeto de impugnación a saber: a) En el numeral Vigésimo Séptimo de los Antecedentes de Hecho, cuando el Tribunal ad-quem afirma lo siguiente: “Que del estudio del caso de autos se puede determinar que, tal como lo explica la Juez de Primera Instancia, las demandantes con la prueba documental acompañada al juicio acreditaron que son dueñas del inmueble en litigio presentando los asientos correspondientes debidamente registrados...”. Aduce que de tal razonamiento se aprecia que la Corte sentenciadora hace suyos los pronunciamientos del a-quo, utilizando la motivación por remisión en torno a la acreditación del derecho de propiedad de las demandantes sobre el inmueble, mediante la prueba documental acompañada, por lo que la incidencia de la infracción en el sentido de la resolución impugnada se da por cuanto el tribunal ad-quem se aparta del principio de razón suficiente al arribar a una conclusión que desborda del contenido del hecho y acto que comprende la prueba documental pública, al dar por acreditado el derecho de propiedad del inmueble objeto de reivindicación; razón para estimar que conforme al principio de razón suficiente, y atendiendo a la valoración legal de la prueba documental pública, es una realidad que las Certificaciones de los asientos inscritos bajo los números 297, folio 453, tomo 17 y 298, folio 454, tomo 17 del Registro de la Propiedad Inmueble y Mercantil de Yuscarán, Departamento de El Paraíso, concretamente en lo que concierne a las 2 caballerías y 4/8 de caballerías que se pretenden reivindicar, reflejan que: 1) existe manifiesta imprecisión en la extensión territorial del inmueble, pues las Certificaciones por una parte se refieren a 2 caballerías y 4/8 de caballería, luego mencionan 23 caballerías 244 cuerdas y 1/3, y posteriormente aluden a 12 caballerías y 3/4 de caballería; y 2) El inmueble carece de linderos, colindancias o límites precisos, pues de los documentos públicos en relación, únicamente cuentan con linderos y colindancias determinadas las 23 caballerías 244 cuerdas y 1/3, no así el inmueble que se pretende reivindicar, por lo que no es posible determinar la ubicación del inmueble. Con todo lo anteriormente señalado, dice que se identifica que el ad-quem da por acreditado un derecho de propiedad sobre 2 caballerías y 4/8 de caballería, pese a la manifiesta incertidumbre del alcance, extensión y ubicación del inmueble, derivado de las referidas certificaciones, lo que se traduce en la indeterminación del derecho de propiedad sobre el inmueble; y b) Que también en el referido numeral Vigésimo Séptimo de la sentencia impugnada se produce infracción cuando el tribunal de alzada señala que:”… asimismo se encuentra acreditado que el demandado ha estado en posesión de dicho inmueble...”; y la incidencia de la infracción en el sentido de la resolución impugnada se da por cuanto la referida Corte de Apelaciones razona y llega a la conclusión que el inmueble sobre el que el señor Francisco Rivas Morazán mantiene posesión, se identifica en su extensión y ubicación con el inmueble inscrito a favor de las demandantes, infringiendo con ello el principio de identidad; ello porque las Certificaciones de los asientos inscritos bajo los números 297, folio 453, tomo 17 y 298, folio 454, tomo 17 del Registro de la Propiedad Inmueble y Mercantil de Yuscarán, Departamento de El Paraíso, concretamente en lo que concierne a las 2 caballerías y 4/8 de caballerías que se pretenden reivindicar, no expresan linderos, colindancias o límites, pues únicamente cuentan con linderos y colindancias determinadas las 23 caballerías 244 cuerdas y 1/3, no así el inmueble que se pretende reivindicar; por lo que ante la imposibilidad de ubicar con precisión las 2 caballerías y 4/8 de caballerías dentro de las 23 caballerías 244 cuerdas y 1/3, el razonamiento del ad-quem infringe el principio de identidad, por tanto, no es posible concluir que el inmueble que posee el demandado, corresponda en identidad al inmueble que se pretende reivindicar. Entonces, conforme al principio de identidad, es una realidad, que no es posible concluir que el demandado ha estado en posesión del mismo inmueble que se pretende reivindicar. Dice que resulta evidente que la motivación fáctica proferida por la Corte sentenciadora, adolece de carácter lógico, conduciéndolo a incurrir en infracción por interpretación errónea de la norma procesal contenida en el numeral 2 del Artículo 207 del Código Procesal Civil, en relación con el numeral 1 del Artículo 273 del aludido cuerpo legal, en los momentos de la sentencia antes aludidos, al otorgar un alcance a la norma distinto al contenido de la misma, por inobservarse las reglas de la lógica, concretamente en sus principios de identidad y razón suficiente, produciendo un fallo completamente contrario al derecho, confirmando la condena impuesta al demandante. 5.- Respecto del Primer Motivo admitido, la Sala de lo Civil llevado a cabo el estudio del mismo y luego de efectuar el juicio de contraste con el fallo proferido por el iudex ad-quem encuentra que efectivamente dicho Tribunal de Alzada en el fallo que profirió, en el numeral Vigésimo Séptimo de los Antecedentes de Hecho, hace suyos los argumentos esgrimidos en el fallo dictado por el a-quo, así tenemos que la segunda instancia de manera lacónica deja expresado lo siguiente: “Que del estudio del caso de autos se puede determinar que, tal como lo explica la Juez de Primera Instancia, las demandantes con la prueba documental acompañada al juicio acreditaron que son dueñas del inmueble en litigio presentando los asientos correspondientes debidamente registrados...”. Ahora bien, la Sala encuentra que tal expresión por remisión hecha por el Tribunal de Alzada, no resulta suficiente, consecuentemente provoca que en el fallo se dé una defectuosa motivación fáctica, ello se colige así porque la referida Corte al resolver sobre la apelación que se ha interpuesto contra el fallo de primera instancia, devenía en indicar cuáles son los hechos que ese órgano judicial tiene por probados y las razones que le han llevado a una valoración de certeza respecto de todos y cada uno de los medios de prueba que obran en el proceso, y que le permiten por tanto a ese tribunal confirmar y tener por ciertos los argumentos que en su oportunidad ha esgrimido el a-quo en su sentencia; en otras palabras la referida Corte de Apelaciones tenía que hacer sus propios razonamientos debidamente motivados, al no hacerlo así y simplemente adherirse a los argumentos de la primera instancia; concitan con ello una clara vulneración a la tutela judicial efectiva que le asiste a las partes procesales y en especial a la parte que interpuso el recurso de apelación; de todo lo cual la Sala concluye que efectivamente, en el caso concreto del Primer Motivo admitido, se produce la vulneración del artículo 207 del Código Procesal Civil en el fallo proferido por el iudex ad-quem, infracción que además tiene connotación constitucional, al verse reflejada en la vulneración de lo señalado por el párrafo primero del artículo 90 de la Constitución de la República; razón más que suficiente para estimar el primer motivo de casación por defectuosa motivación fáctica. 6.- La Sala retoma el planteamiento del Segundo Motivo expuesto por el recurrente en el recurso impetrado, mismo que versa sobre que el fallo de la segunda instancia supone la infracción por interpretación errónea del artículo 207.1 del Código Procesal Civil, que establece: “1. Las sentencias se motivarán expresando los razonamientos fácticos y jurídicos que conducen a la apreciación y valoración de las pruebas, así como a la aplicación e interpretación del Derecho.”; invoca como precepto autorizante el artículo 719.1 literal c) del Código Procesal Civil, en armonía con el artículo 720.2 del referido cuerpo legal. Señala el impetrante que se impugna la parte dispositiva de la sentencia del ad-quem, concretamente los pronunciamientos primero y segundo, mismos que rezan: “1) SIN LUGAR el Recurso de Apelación interpuesto por el Abogado AMILCAR DANILO CRUZ, Apoderado Legal del señor FRANCISCO RIVAS MORAZAN, contra la resolución de fecha once de junio del dos mil quince dictada por el Juzgado de Letras Seccional de Yuscarán, El Paraíso, 2) CONFIRMAR la Sentencia Apelada de fecha once de junio del dos mil quince.-”; todo ello con relación al segundo pronunciamiento que confirma la parte resolutiva de la sentencia proferida en primera instancia, se impugna en cuanto a la confirmación de los pronunciamientos primero y segundo de la sentencia de primera instancia, mismos que rezan: “PRIMERO: DECLARAR: CON LUGAR, la Demanda Ordinaria de Reivindicación de Dominio, promovida por la Abogada YAUDIE COSSETTE SOTOMAYOR SOLIS, en su condición de representante procesal de las señora BLANCA LIDIA BONILLA MARTINEZ y ADA MARINA BONILLA MARTINEZ, también conocida como ADA MARIANA BONILLA MARTINEZ, contra el Señor FRANCISCO RIVAS MORAZAN todos de generales conocidas en el preámbulo de esta Sentencia.- SEGUNDO: CONDENA al Señor FRANCISCO RIVAS MORAZAN a restituirle el inmueble objeto del presente juicio a las demandantes señoras BLANCA LIDIA BONILLA MARTINEZ y ADA MARINA BONILLA MARTINEZ.”. Dice el recurrente que precisa y justifica la incidencia de la infracción en el sentido de la resolución impugnada, ya que el Tribunal ad-quem al infringir la norma procesal, excluye totalmente la apreciación y valoración de un medio de prueba documental decisivo, lo que condujo a la inexistencia de motivación fáctica del fallo y le otorga un sentido distinto al contenido de la norma. Dice que la motivación de la sentencia debe expresar los razonamientos fácticos que conducen a la apreciación y valoración de los medios de prueba, sin embargo, el ad-quem interpreta que la norma no manda a apreciar y valorar toda la prueba admitida y practicada, con lo cual excluye prueba decisiva, tal y como lo es el medio de prueba documental consistente en la Certificación del asiento inscrito bajo el número 206, folios 452 al 453, tomo 18 del Registro de la Propiedad Inmueble y Mercantil de Yuscarán, Departamento de El Paraíso; medio de prueba este que fue admitido y practicado por la Corte de Apelaciones mediante auto de fecha 30 de agosto de 2012, aun y cuando posteriormente la sentencia de primera instancia fue anulada por el Tribunal ad-quem, por el principio de conservación de actos, sin embargo la admisión y práctica de este medio de prueba quedó incólume; cuestión que es confirmada por la apreciación y valoración de la prueba documental consistente en la demanda de prescripción adquisitiva, prueba propuesta por la parte demandante, admitida y practicada en idénticas condiciones, habiendo sido valorada en la sentencia de primera instancia (numeral séptimo de los antecedentes de hecho) y segunda instancia (numeral vigésimo octavo de los antecedentes de hecho). Reitera el recurrente en afirmar que la incidencia de la infracción en el sentido de la resolución impugnada se da por cuanto el tribunal ad-quem, otorga un sentido distinto a la norma procesal, que obliga a la apreciación y valoración de la prueba en la motivación fáctica, pero en el caso de autos la sentencia impugnada excluye toda apreciación y valoración del medio de prueba consistente en la certificación del asiento inscrito bajo el número 206, folios 452 al 453, tomo 18 del Registro de la Propiedad Inmueble y Mercantil de Yucarán, departamento de El Paraíso; todo lo cual conduce a la inexistencia de motivación fáctica en relación a dicho medio de prueba que resulta decisivo para el pleito. Finalmente el impetrante dice que resulta evidente que la Corte sentenciadora, al no ofrecer una motivación fáctica respecto al medio de prueba indicado, incurre en infracción por errónea interpretación de la norma procesal contenida en el artículo 207.1 del Código Procesal Civil, produciendo un fallo contrario a derecho, al infringir la obligación de motivación que exprese los razonamientos fácticos que conducen a la apreciación y valoración de los medios de prueba; razones para solicitar a la Sala de lo Civil, de la Corte Suprema de Justicia que ejercite el control jurisdiccional revisando la sentencia impugnada en aras de protección a la norma procesal infringida antes citada. Sobre la previa denuncia en la instancia del vicio procesal, dice que al haberse producido el vicio en la sentencia de primera instancia, reproduciéndose también por parte del ad-quem, el mismo fue denunciado en el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada. 7.- Respecto del Segundo Motivo admitido, la Sala después de llevar a cabo el juicio de confrontación entre lo planteado en el motivo admitido y lo señalado por el fallo impugnado, encuentra que efectivamente el Tribunal de Alzada omite pronunciarse respecto de los medios de prueba consistente en la certificación del asiento inscrito bajo el número 206, folios 452 al 453, tomo 18 del Registro de la Propiedad Inmueble y Mercantil de Yucarán, Departamento de El Paraíso; ello aun y cuando la referida Corte se adhiere a la posición asumida por el a-quo en su sentencia; todo lo cual, como ya se ha dejado anteriormente señalado, no resulta suficiente, ello porque niega el poder conocer los criterios de valorización de esa alzada respecto sobre todos y cada uno de los medios de prueba que obran en el proceso, esto es el poder saber por qué unos medios de prueba le merecen más valor respecto de otros, y las razones factico jurídicas que lo llevan a la convicción de poder confirmar la sentencia de primera instancia; al no hacerlo así la referida Corte de Apelaciones no solo infringe el artículo 207.1 del Código Procesal Civil, sino que vuelve nugatorio el derecho a una tutela judicial efectiva que le asiste a ambas partes, y más específicamente a la parte que ha interpuesto ante esa alzada el recurso de apelación, razón para casar el segundo motivo admitido por defectuosa motivación fáctica del fallo proferido. 8.- La Sala también retoma los planteamientos del Tercer Motivo, que básicamente señalan que la sentencia impugnada del iudex ad-quem, supone la vulneración por interpretación errónea del artículo 208.1 del Código Procesal Civil, que dice: “1. Las sentencias deben ser congruentes con las demandas y con las demás pretensiones de las partes, deducidas oportunamente en el pleito.”; invoca como precepto autorizante del motivo el artículo 719.1 literal c), del Código Procesal Civil e impugna el pronunciamiento segundo de la parte dispositiva de la sentencia proferida por el ad-quem, que reza: “….2) CONFIRMAR la Sentencia Apelada de fecha once de junio del dos mil quince…”; tal impugnación, dice en relación a la parte dispositiva de la sentencia proferida en primera instancia, que en sus pronunciamientos Cuarto y Sexto, expresan: “…CUARTO: SE DECLARA SIN LUGAR, la pretensión del demandado interpuesta en la demanda vía proceso abreviado de PRESCRIPCION ADQUISITIVA interpuesta contra las señoras Bonilla Martínez por no estar apegada a derecho... SEXTO: ABSOLVIENDO: A las demandantes Bonilla Martínez de la pretensión de POSESIÓN ADQUISITIVA en su contra…”. Justifica la incidencia de la infracción en el sentido de la resolución impugnada, aduciendo que la infracción procesal del referido artículo, incide en la sentencia impugnada ya que la misma contiene pronunciamientos extra petitum infringiendo con ello el requisito de congruencia, mismo que se refiere a la prohibición de sobrepasar los límites que vienen marcados por las peticiones y alegaciones de las partes, en consecuencia, se otorga un alcance distinto a la norma procesal señalada como infringida, ya que no limita sus pronunciamientos a las pretensiones de las partes. Aduce que dentro de la incongruencia, procede distinguir la extra petitum, que se configura en caso que la sentencia conceda lo no pedido, y en el caso de autos señala que la incidencia de la infracción en el sentido de la resolución impugnada se da por cuanto el tribunal de alzada confirma dos pronunciamientos proferidos por el a-quo, mismos que en ningún momento integraron las pretensiones de las partes durante la sustanciación del proceso, y corresponden a un proceso distinto, como consecuencia de lo anterior se tiene entonces que el fallo cuestionado le otorga un alcance distinto a la norma citada como infringida, ya que no limita sus pronunciamientos a las pretensiones de las partes, sino que extiende los mismos a decidir sobre un proceso distinto, esto es la demanda de prescripción adquisitiva, que únicamente fue propuesta como medio de prueba por la parte demandante, misma que fue admitida y practicada por la Corte de Apelaciones, pero que no integró las pretensiones de las partes. De lo anteriormente señalado se evidencia que la Corte sentenciadora concede algo no pedido, al desestimar las pretensiones y al absolver a la parte demandante sobre pretensiones que corresponden a un proceso distinto, infringiendo así el artículo 208.1 del Código Procesal Civil; razón para solicitar de la Sala Civil que ejercite el control jurisdiccional revisando la sentencia impugnada, ya que la misma infringe el requisito de congruencia. Finalmente señala que sobre la previa denuncia en la instancia del vicio procesal; al haberse producido el vicio en la sentencia de primera instancia, y reproducido que fue el mismo por el fallo del ad-quem, esa representación procesal denuncio el mismo en el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada; asimismo se estima oportuno que sobre la celebración de la audiencia, por ser necesaria y procedente conforme a los principios de contradicción y oralidad, respetuosamente se solicita la celebración de la misma. 9.- La Sala emite su criterio respecto de lo expuesto en el Tercer Motivo admitido, para ello, en primer lugar es menester repasar cronológicamente el desarrollo procesal de la causa que hoy nos ocupa, así tenemos en primer lugar que en el caso de autos ha sido promovida “Demanda de Reivindicación de Dominio”, por las señoras Blanca Lidia y Ada Marina, ambas de apellidos Bonilla Martínez, contra el señor Francisco Rivas Morazán (folio 6 de la primera pieza), por su parte el demandado por medio de su apoderado legal el abogado don Amílcar Danilo Cruz, al contestar la demanda incoada en su contra ha rechazado la misma, y concretamente en el literal d) del libelo señala que adicionalmente, la acción contra su representado no cabe, ello por lo señalado en los artículos 610 y 2291 del Código Civil, esto es en cuanto que las acciones reales prescriben en 10 años, por lo que siendo que las señoras demandantes jamás han estado en posesión de la propiedad que pretenden reivindicar, y que por otra parte su representado ha estado en posesión de la misma por más de 25 años, por tanto las demandantes carecen de acción para ejercitar derecho alguno al respecto; así mismo el demandado sobre tal aspecto ofrece al tribunal dos medios de prueba: a) el pago de impuestos vecinales de su representado en el municipio de Morocelí, y b) documento privado de compra-venta de una fracción del referido inmueble hecha en el año de 1986, al señor Prospero Plata Cerna, medios probatorios con los que arguye se prueba tanto la prescripción extintiva de las demandantes, así como la prescripción adquisitiva de su poderdante el señor Francisco Rivas Morazán. En segundo lugar la Sala encuentra que en la celebración de la audiencia preliminar de fecha 27 de febrero del año 2012, (folios 173 al 176 vuelto de la p.p.), luego del fracaso de la conciliación entre las partes, la abogada Yaudie Cossete Sotomayor Solís, en su condición de representante procesal de las demandantes, ha ratificado en cada una de sus partes la demanda interpuesta; esto es la Demanda de Reivindicación de Dominio promovida por sus representadas; por su parte el demandado por medio de su apoderado legal ha interpuesto la excepción material por falta de acción de las demandantes, para ello ha invocado el artículo 82 de la Constitución de la República, 64 del Código Procesal Civil, y los artículos 714, 868, 872, 2291 y 2312 del Código Civil; sobre la resolución de tal excepción el a-quo en la parte resolutiva de la referida audiencia ha dejado señalado que la misma se resuelva hasta que se dicte la respectiva sentencia. En tercer lugar la Sala observa que la abogada Yaudie Cossete Sotomayor Solís en su condición ya indicada, ha presentado en fecha 28 de mayo de 2012, ante el Juzgado de Letras Seccional de Yuscaran, Departamento de El Paraíso, escrito de interposición de recurso de apelación contra la sentencia proferida en esa instancia en fecha 18 de abril de 2012, libelo al cual acompaña documento autenticado para acreditar un hecho nuevo, consistente en la fotocopia de la Demanda por Prescripción Adquisitiva mediante la vía del Proceso Abreviado ante el Juzgado de Letras Seccional de Yuscaran, Departamento de El Paraíso, de fecha 22 de febrero de 2012, interpuesta por el señor Francisco Rivas Morazán, contra las señoras Blanca Lidia y Ada Marina, ambas de apellidos Bonilla Martínez, sobre un terreno consistente en dos fracciones ubicados en la aldea Valle Arriba, en San Antonio de Liquitimay Municipio de Moroceli, Departamento de El Paraíso ( Folios 205 al 210 vuelto y 212 al 215 vuelto); en fecha 30 de agosto de 2012, la Corte Tercera de Apelaciones profirió resolución mediante la cual, entre otros admite como hecho nuevo el medio de prueba del documento autenticado referente a la Demanda de Prescripción Adquisitiva promovida por el señor Francisco Rivas Morazán contra las señoras Bonilla Martínez, (Folio 261 vuelto). Señalado lo anterior la Sala deviene entonces en determinar si la sentencia dictada por el iudex ad-quem, al hacer suyos lo dispuesto por el fallo de la primera instancia, y dejar establecido: lo siguiente: “….CUARTO: SE DECLARA SIN LUGAR, la pretensión del demandado interpuesta en la demanda vía proceso abreviado de PRESCRIPCION ADQUISITIVA interpuesta contra las señoras Bonilla Martínez por no estar apegada a derecho... SEXTO: ABSOLVIENDO: A las demandantes Bonilla Martínez de la pretensión de POSESIÓN ADQUISITIVA en su contra…...”; concita o no la vulneración del artículo 208.1 del Código Procesal Civil, esto es en cuanto que tal fallo resulta incongruente, ello porque concede más de lo pedido (extra petita); en ese sentido es menester dejar establecido que en el caso de autos con la incorporación del medio de prueba documental admitido a la parte demandante, como hecho nuevo por la segunda instancia, se ha constatado que adicionalmente al caso que nos ocupa, se ha interpuesto una demanda de Prescripción Adquisitiva mediante proceso abreviado ante el Juzgado de Yuscaran, Departamento de El Paraíso, por el señor Francisco Rivas Morazán, en contra de las señoras Blanca Lidia y Ada Marina, ambas de apellidos Bonilla Martínez, siendo por lo tanto este un proceso nuevo y distinto, que si bien es cierto se centra sobre el mismo bien inmueble que pretenden reivindicar las señoras Bonilla Martínez; también lo es que se tramita de forma separada; razón para estimar que la Corte Sentenciadora al pronunciarse en su fallo sobre un proceso sobre el cual no conoce incurre en extra petitum partium, y otorga adicionalmente cosa distinta de la solicitada por las partes, esto es en el caso subjudice resuelve algo que no corresponde a las pretensiones de las partes al declarar sin lugar la pretensión del demandado señor Francisco Rivas Morazán, interpuesta en la demanda vía proceso abreviado de Prescripción Adquisitiva contra las referidas señoras Bonilla Martínez, y porque absuelve a las mismas de la pretensión de posesión adquisitiva en su contra; con lo cual incurre en extra petitum partium, toda vez que tal pretensión no integro las pretensiones del proceso en la demanda de Reivindicación de Dominio. 10.- La Sala estima al tenor de lo expuesto que el fallo proferido no resulta lo suficientemente motivado, e incurre en extra petitum, por lo que la sentencia no resulta congruente con las pretensiones oportunamente deducidas, razón por la cual al tenor de lo preceptuado por el artículo 727.4 del Código Procesal Civil resulta procedente casar la resolución recurrida. III.- PARTE DISPOSITIVA Por lo antes expuesto la Sala de lo Civil pronunciándose por unanimidad de votos e impartiendo justicia en nombre de la Corte Suprema de Justicia y del Estado de Honduras, en base a los fundamentos de derecho citados y haciendo aplicación de los artículos de los artículos 303, 304, 313 numeral 5) y 316 de la Constitución de la República; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 115, 129, 169, 170.5, 190, 193.1,2 c), 197, 200, 207.1, 208.1, 716, 717, 718, 719.1 c), 721, 725, 726.1, 727.4 y 729 del Código Procesal Civil; dicta sentencia irrecurrible y declara: I.- ESTIMA PROCEDENTE en sus tres motivos el recurso de casación interpuesto y formalizado por el abogado NICOLÁS J. GARCÍA PINEDA en su condición de representante procesal del señor FRANCISCO RIVAS MORAZÁN, en contra la sentencia de fecha treinta de septiembre del año dos mil quince, dictada por la Corte Tercera de Apelaciones con sede en la ciudad de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán; en relación con la Demanda Ordinaria de Reivindicación de Dominio. II.- CASA la sentencia recurrida de fecha treinta de septiembre del año dos mil quince, dictada por la Corte Tercera de Apelaciones con sede en la ciudad de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán. III.- SE ORDENA REENVIAR el expediente de mérito a la Honorable a la Corte Tercera de Apelaciones de la ciudad de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, para que en el plazo de quince (15) días proceda a dictar nueva sentencia. III.- SIN COSTAS. Y MANDA: Que esta sentencia sea notificada a las partes y que las presentes diligencias sean devueltas a la Honorable Corte Tercera de Apelaciones con sede en la ciudad de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán.- Redacto el Magistrado WILFREDO MENDEZ ROMERO. NOTIFIQUESE.- FIRMAS Y SELLO. RINA AUXILIADORA ALVARADO. MAGISTRADA COORDINADORA. REYNALDO ANTONIO HERNÁNDEZ. MAGISTRADO. WILFREDO MÉNDEZ ROMERO. MAGISTRADO. FIRMA Y SELLO. BETTY JANETH PALMA O´CONNOR. RECEPTORA ADSCRITA.
Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los ocho días del mes de junio del año dos mil dieciocho; Certificación de la sentencia de fecha veinticinco de abril de dos mil dieciocho, recaída en el Recurso de Casación registrado bajo el No. S.C.116-2016.
BETTY JANETH PALMA O’CONNOR.
RECEPTORA ADSCRITA.
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