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Sentencia CC-109-17 — Registro 8185

Resumen

En primera instancia se declaró sin lugar la demanda de reivindicatoria de dominio y confirmada en segunda instancia.

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

… “2.1 Respuesta de la Sala de lo Civil. Esta Sala es del criterio que el recurrente no ha cumplido con las exigencias para la interposición y formalización del recurso de casación que se explican a continuación: a) Conforme lo dispone el artículo 700 del Código Procesal Civil, cuando en los recursos devolutivos se alegue la existencia de un defecto en la aplicación o interpretación de normas procesales que produzcan nulidad o indefensión, el recurrente deberá acreditar en la interposición del recurso, que procedió a denunciar dicho defecto en la instancia en que se produjo, si ello era posible y que, en su caso, reprodujo la denuncia en la apelación. Asimismo, deberá acreditar que hizo lo posible para su subsanación en el caso de que la naturaleza del defecto la admitiera. b) El impetrante no ha expuesto sobre la denuncia previa en la instancia del vicio procesal, en virtud que el defecto de falta de aplicación de la norma procesal invocada se produce en el fallo si bien es cierto, aún y cuando se ha producido el supuesto vicio en la sentencia pronunciada por los tribunales de primera y segunda instancia, el Código Procesal Civil si prevé, dada la naturaleza del defecto, una forma posible para obtener la subsanación, tal es el caso de lo establecido en el artículo 205. 2 del citado Código, para las sentencias o autos que hubieren omitido manifiestamente pronunciamientos relativos a pretensiones oportunamente deducidas y sustanciadas en el proceso, en donde, el tribunal, a solicitud escrita de parte en el plazo de cinco días contados desde la notificación de la resolución, previo entrega de las copias de dicha solicitud a las partes, para alegaciones escritas por otros cinco días, dictará auto por el que resolverá lo procedente, siendo por tanto esta petición de subsanación una exigencia para la interposición y formalización del recurso de casación, tan es así que para interponer los recursos que proceden contra la sentencia propiamente dicha, si fueren procedentes (casación en este caso), los plazos empezarán a computarse desde el día siguiente a la notificación del auto que reconociera o negara la omisión de pronunciamiento de conformidad con el numeral 4 del artículo 205 en comento. Por lo antes expuesto, concurre una causal de inadmisión del recurso en aplicación del artículo 723. 2 a) del Código Procesal Civil. (ver sentencias S.C. 138-16, 146-16, 210-16, y 29-17).”

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACION

La Infrascrita Receptora Adscrita a la Sala de lo Civil de la Corte Suprema de Justicia, Certifica el Auto que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintinueve días del mes de noviembre del año dos mil dieciocho, la Sala de lo Civil integrada por los Magistrados: RINA AUXILIADORA ALVARADO MORENO, como Coordinadora y designada ponente para el conocimiento y redacción de la presente resolución, REYNALDO ANTONIO HERNÁNDEZ, y WILFREDO MENDEZ ROMERO, en la fecha supra indicada dictan el siguiente AUTO: SON PARTES: La señora YOLANI ISABEL CAMBAR PALADA, representada en juicio por el abogado GABRIEL MIGUEL TICAS LAZO, en su condición de recurrente; siendo recurrida la sociedad BIENES RAICES EL TRAPICHE, S. DE R.L. DE C.V., representada en juicio por el abogado JOSE RASKOFF MUNGUIA. OBJETO DEL PROCESO: “SE PROMUEVE DEMANDA VIA PROCESO DECLARATIVO ORDINARIO DE REINVINDICACION DE DOMINIO PARA QUE SE CONDENE AL DEMANDADO A LA RESTITUCION DEL INMUEBLE USURPADO Y PARA QUE SE LE CONDENE ASIMISMO AL PAGO DE LOS FRUTOS CIVILES Y NATURALES DEJADOS DE PERCIBIR Y LOS DAÑOS Y PERJUICIOS OCACIONADOS.” promovida en fecha dieciocho de mayo del año dos mil quince, ante el Juzgado de Letras Civil del Departamento de Francisco Morazán, por la abogada YOLANY ISABEL CAMBAR PALADA, actuando en causa propia, contra la sociedad BIENES RAICES EL TRAPICHE, S. DE R.L DE C.V. a través de su representante el señor IBRAHIM RISCHMAWI, mayor de edad, casado, empresario, hondureño y con domicilio en la ciudad de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán. I. ANTECEDENTES DE HECHO PRIMERO: Que en fecha veinte de junio del año dos mil dieciséis, el Juzgado de Letras Civil del Departamento de Francisco Morazán, dictó sentencia fallando de la siguiente manera: “RESUELVE: PRIMERO: Declarar SIN LUGAR, la Demanda De Reivindicatoria de Dominio presentada por la Señora YOLANY ISABEL CÁMBAR PARADA, a través de su Representante procesal, el Abogado GABRIEL MIGUEL TICAS LAZO, contra la Sociedad mercantil denominada BIENES RAÍCES EL TRAPICHE, S. DE R.L. DE C.V.- CON COSTAS. Y MANDA: Que quede firme el presente fallo si dentro del término de ley no se interpone Recurso de Apelación. - Mismo que deberá interponerse dentro del plazo de diez (10) días posteriores a la notificación de la presente Sentencia, y en caso de promoverse dicho Recurso deberá presentarse ante éste mismo Juzgado. NOTIFÍQUESE.” SEGUNDO: Con fecha treinta de enero del año dos mil diecisiete, la Corte Primera de Apelaciones de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán, en el juicio de mérito, dictó sentencia confirmando la del A-quo de la siguiente manera: “FALLA: 1) SIN LUGAR EL RECURSO DE APELACION interpuesto por el abogado GABRIEL MIGUEL TICAS LAZO, en su condición de Apoderado Legal de la abogada YOLANI ISABEL CAMBAR PALADA, en contra de la sentencia de fecha 20 de junio de 2016, emitida por el Juzgado de Letras Civil del departamento de Francisco Morazán.- 2) Se confirma la sentencia recurrida.- 3) Se condena en costas a la parte apelante. Y MANDA: Que una vez notificada y firme que sea el presente fallo se devuelva al juzgado de su procedencia la primera pieza de autos junto con la certificación de estilo para los efectos legales pertinentes. NOTIFIQUESE.” TERCERO: El representante procesal de la señora YOLANI ISABEL CAMBAR PALADA, abogado GABRIEL MIGUEL TICAS LAZO, presentó en fecha veintinueve de marzo del año dos mil diecisiete, escrito de interposición y formalización del recurso de casación contra la sentencia de fecha treinta de enero del año dos mil diecisiete, dictada por la Corte Primera de Apelaciones de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán, resolviendo el Ad- quem, mediante proveído de fecha tres de abril del año dos mil diecisiete, tener por interpuesto y formalizado el recurso de casación por parte del Recurrente y acordó conceder a la parte contraria el plazo de diez días hábiles para que se pronunciara sobre el contenido del escrito, debiendo entregársele copia del mismo. CUARTO: El representante procesal de la sociedad BIENES RAICES EL TRAPICHE, S. DE R.L. DE C.V., abogado JOSÉ RASKOFF MUNGUÍA, presentó en fecha veintiocho de abril del año dos mil diecisiete, escrito de pronunciamiento sobre el contenido del recurso de casación interpuesto y formalizado por la contraparte, resolviendo la Corte Primera de Apelaciones de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán, remitir las presentes diligencias a la Honorable Corte Suprema de Justicia en el término que manda la ley, para proseguir con el trámite correspondiente. QUINTO: Recibidas las actuaciones en éste Tribunal, los abogados JOSÉ RASKOFF MUNGUÍA y GABRIEL MIGUEL TICAS LAZO, ambos en sus condiciones ya indicadas, presentaron escritos de personamiento en fechas veintinueve de mayo y uno de junio del año dos mil diecisiete, y una vez visto el informe rendido por la Secretaría de esta Corte Suprema de Justicia, este Tribunal, mediante proveído de fecha tres de agosto del año dos mil diecisiete, los tuvo por personados dentro del plazo concedido. SEXTO: El abogado GABRIEL MIGUEL TICAS LAZO, plantea su recurso de casación contra la sentencia dictada por la Corte Primera de Apelaciones de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán, de la siguiente manera: “MOTIVO UNICO. Impugno el fallo acusado por infracción en la “INTERPRETACION DE LAS NORMAS PROCESALES QUE REGULAN LA FORMA Y CONTENIDO DE LA SENTENCIA”; Se impugna la aplicación e interpretación de las normas procesales que regulan la forma y contenido de la sentencia, en virtud de violación, por interpretación errónea de lo imperativamente dispuesto en el Artículo 200 del Código Procesal Civil Número 2, literal d), que establece que “d) El fallo contendrá, numerados, los pronunciamientos correspondientes a las pretensiones de las partes, aunque la estimación o desestimación de todas o algunas de dichas pretensiones pudiera deducirse de los fundamentos jurídicos, así como el pronunciamiento sobre las costas. También determinará, en su caso, la cantidad objeto de la condena, sin que pueda reservarse su determinación para la ejecución de la sentencia, sin perjuicio de lo dispuesto para casos admisibles de condenas con reserva de liquidación”. PRECEPTO AUTORIZANTE. Artículo 719 No.1 y literal c) del Código Procesal Civil, en cuanto declara que se podrá impugnar la aplicación de las normas procesales que regulan el contenido y la forma de la sentencia. EXPLICACION DEL MOTIVO. Podrá el Honorable Tribunal Supremo, con solo leer el libelo que da inicio a las presentes diligencias, determinar que claramente se establece como petitum de la pretensión, que el órgano jurisdiccional “dicte sentencia definitiva, declarando con lugar la presente demanda y condenando al demandado a lo siguiente: a) A restituirme el inmueble de mi legítima pertenencia y cuya descripción aparece de manifiesto en el hecho Número PRIMERO de la presente demanda; b) A abonarme los frutos civiles y naturales que pude haber percibido de tener el inmueble usurpado en mi poder, en la cantidad que se determine dentro del juicio mediante dictamen de peritos; y, c) Se le condene asimismo al pago de los daños y perjuicios, que igualmente se determinen dentro del juicio o dentro de la fase de ejecución de la sentencia definitiva que recaiga, así como al pago de los intereses legales correspondientes y las costas del presente juicio”. Igualmente podrá el Honorable Tribunal Supremo, leer lo resuelto por el a quo y que el ad quem hace suyo cuando lo confirma, lo que se resolvió y que literalmente dice: “PRIMERO: Declarar Sin LUGAR, la Demanda De Reivindicatoria de Dominio presentada por la Señora YOLANY ISABEL CAMBAR PARADA, a través de su Representante procesal, el Abogado GABRIEL MIGUEL TICAS LAZO, contra la Sociedad mercantil denominada BIENES RAICES EL TRAPICHE, S. DE R.L. DE C.V.- CON COSTAS”. De lo anterior se pone en evidencia que tanto el a quo como el ad quem no resolvieron absolutamente nada sobre las siguientes pretensiones contenidas en el petitum de la demanda, contraídas a reclamar que se condene al demandado a: “b) A abonarme los frutos civiles y naturales que pude haber percibido de tener el inmueble usurpado en mí poder, en la cantidad que se determine dentro del juicio mediante dictamen de peritos; y, c) Se le condene asimismo al pago de los daños y perjuicios, que igualmente se determinen dentro del juicio o dentro de la fase de ejecución de la sentencia definitiva que recaiga, así como al pago de los intereses legales correspondientes...” Obviamente resulta inevitable, leyendo ambas posiciones, el petitum de la demanda y lo resuelto por el a quo y que como se dijo el ad quem hace suyo cuando confirma dicho fallo, concluir sin lugar a ninguna, que el Tribunal acusado, desconoció total y absolutamente lo dispuesto por el legislador en cuanto a la forma y contenido de la sentencia, pues aunque se pudiera deducir de los fundamentos jurídicos la estimación desestimación de las pretensiones no resueltas y que han quedado determinadas en el párrafo anterior del presente escrito, lo que tampoco ocurre en este caso, tal circunstancia no exime al juzgador de incorporar en su fallo, los pronunciamientos correspondientes a tales pretensiones no resueltas. Entonces, se hace evidente, que el Tribunal acusado, aún cuando acepta tales errores que llama “desaciertos”, sostiene que “tales aspectos no son sustanciales que ameriten un cambio en el sentido que se le ha dado al fallo, o ameriten nulidad de actuaciones, ya que no se observa que ocasionen estado de indefensión a la parte demandante, más que la observación enfática al A- quo de evitar la repetición de dichos desaciertos, pues a pesar de esos errores señalados, dicha sentencia está debidamente motivada y goza de completa exhaustividad con suficiente análisis y desarrollo de las razones torales que el a-quo considera debe declararse sin lugar la acción presentada por la parte demandante”, o sea que el ad quem ante nuestro reclamo, acepta totalmente el mismo, solo que de motu proprio, interpretando lo que no es interpretable, porque imperativamente la disposición legal erróneamente interpretada, claramente le dice que no puede dejar de resolver ninguna de las pretensiones, “aunque la estimación o desestimación de todas o algunas de dichas pretensiones pudiera deducirse de los fundamentas jurídicos”, y todavía más, el ad quem en contra de lo dispuesto por la disposición legal que quebrantó, sostiene que el a quo resolvió “haciendo énfasis en la principal de la parte demandante como es la reivindicación del bien inmueble que señaló en su escrito de demanda”.. Bajo estos términos, resulta que el ad quem en vez de ser un operador de justicia, se convirtió en un legislador, estableciendo exenciones que la ley no contiene y por lo mismo, la sentencia recurrida debe ser invalidada, devolviendo los autos al ad quem para que emita un nuevo fallo que la sustituya, exento de desaciertos, que según lo sostienen los jurisconsultos, no son otra cosa que errores y que en casos corno el que nos ocupa, son inexcusables. Es evidente entonces, que la sentencia cuestiono, fue omisa en dar cumplimiento a normas procesales de carácter imperativo, que obviamente tienen su finalidad, lo que constituye una violación a la forma y contenido formal del fallo censurado, puesto que no existe ninguna norma que autorice al tribunal decisor a soslayar la decisión de la “estimación o desestimación de todas o algunas de dichas pretensiones aunque pudiera deducirse de los fundamentos jurídicos”, que en otro orden de ideas, también ha servido de sustento en su fallo al Tribunal recurrido, cuando señala que con el razonamiento que el juez hace en los considerandos VI, VII y ViII del fallo, ha quedado debidamente cubierto el error (desacierto según el Tribunal de alzada). DETERMINACION DEL PERJUICIO O AGRAVIO SUFRIDO. De lo expuesto anteriormente, queda claramente determinado que la infracción en que ha incurrido el Tribunal ad-quem ha causado grave perjuicio a la parte recurrente, puesto que, al declarar sin lugar el recurso de apelación contra la sentencia de pnrnera instancia y consecuentemente confirmar la sentencia que declara sin lugar la demanda, mí mandante será despojada del inmueble objeto de la Litis además de los frutos civiles que ha dejado de percibir, los daños y perjuicios que se le han ocasionado y las costas del juicio.” SEPTIMO: Que el abogado JOSÉ RASKOFF MUNGUÍA, plantea su pronunciamiento sobre la formalización del recurso de casación de la siguiente manera: “1. En cuanto al OBJETO DEL PROCESO (Pretensión de la parte demandante, y Pretensión de la parte demandada), se acepta lo establecido por el recurrente. 2. En cuanto a la RESOLUCIÓN IMPUGNADA, se acepta la sentencia definitiva indicada por el recurrente, y el fallo identificado, agregando por nuestra parte que dicha sentencia se encuentra arreglada a derecho. 3. En cuanto a la pretensión y propósito del recurso de casación, se rechaza lo indicado por el recurrente, puesto que contrasta con el Petitum de su escrito de casación donde consta que lo que solicita es la nulidad de la sentencia impugnada. Además, la sentencia recurrida y su fallo fue dictada conforme a derecho, en consecuencia, de igual manera se rechaza el Motivo Único de Casación alegado por el recurrente, pues no existe tal infracción en la sentencia recurrida por encontrarse dictada conforme a derecho, lo que hace improcedente de forma y fondo dicho recurso de Casación, por lo que deberá inadmitirse. 4. En cuanto a la Expresión de motivos de casación, se rechaza el Motivo Único en que se basa el recurrente. Sus Señorías, al respecto me permito señalar lo siguiente: El impugnante en su Único Motivo de Casación, alega violación del artículo 200 Numeral 2 literal d) del Código Procesal Civil, impugnando la sentencia recurrida por interpretación errónea de esa norma procesal que aparece citada expresamente en el fallo estimando su aplicación con trascendencia en el contenido del fallo, y por ende tal como así se expresa en el preámbulo del escrito de casación y en la explicación del único motivo en que se basa, el recurrente solícita el control de la motivación fáctica de la sentencia para revisar su existencia, suficiencia, racionalidad y carácter lógico, por ser determinante de un sentido diferente del fallo, y si bien considera comprendido dicho motivo de casación en el artículo 719 Numeral 1 literal c) del Código Procesal Civil, que se refiere a que se podrá impugnar la aplicación e interpretación de las normas procesales que regulan la forma y contenido de la sentencia, pero omite el recurrente citar el numeral 2 del Artículo 720 del Código Procesal Civil, que es el fundamento para solicitar la revisión de la existencia, suficiencia, racionalidad y carácter lógico de la sentencia. Lo antes apuntado hace improcedente éste único motivo, además que la explicación de dicho motivo no constituye una proposición jurídica completa, ya que por un lado se ataca la forma de la sentencia y sus requisitos de contenido establecidos en el artículo 200 del Código Procesal Civil, y por otro lado solicita “el control de la motivación fáctica de la sentencia, para que se revise su falta de suficiencia, exhaustividad y claridad por ser determinante de un sentido diferente el falIo”, situaciones que no pueden estar contenidas en un mismo motivo y que el recurrente debió haberlas señalado de forma separada e independiente. Lo antes expuesto deja demostrado la improcedencia del único motivo de casación del recurrente, por lo tanto, debe inadmitirse el mismo. 5. En cuanto al Acápite Determinación del Perjuicio o Agravio sufrido, se rechaza por improcedente, puesto que la sentencia impugnada se encuentra dictada conforme a derecho.” II. FUNDAMENTOS DE DERECHO 1. El recurso de casación se caracteriza por su función nomofiláctica, en virtud de lo cual el artículo 716 del Código Procesal Civil dispone dos fines expresos, el primero de ellos, es la protección de las normas del ordenamiento jurídico, y esto se hace, procurando y promoviendo la más adecuada aplicación e interpretación del derecho objetivo. El segundo fin es la unificación de la jurisprudencia nacional. Por su parte el numeral dos del artículo precitado, conmina a este alto tribunal a que aplique e intérprete las normas referidas al recurso de casación atendiendo a la finalidad de unificación de la jurisprudencia, esto como instrumento de garantía de la igualdad de todos ante la ley, y de la seguridad y certidumbre jurídicas. (Ver resoluciones de fechas 13-12-2013, S.C. 236-2012; 18-03-2014, S.C. 003-2013 y 06-05-2014 S.C. 135-2013). 2. Plantea el Recurrente un único motivo de la siguiente manera: “MOTIVO UNICO. Impugno el fallo acusado por infracción en la “INTERPRETACION DE LAS NORMAS PROCESALES QUE REGULAN LA FORMA Y CONTENIDO DE LA SENTENCIA”; Se impugna la aplicación e interpretación de las normas procesales que regulan la forma y contenido de la sentencia, en virtud de violación, por interpretación errónea de lo imperativamente dispuesto en el Artículo 200 del Código Procesal Civil número 2, literal d), que establece que “d) El fallo contendrá, numerados, los pronunciamientos correspondientes a las pretensiones de las partes, aunque la estimación o desestimación de todas o algunas de dichas pretensiones pudiera deducirse de los fundamentos jurídicos, así como el pronunciamiento sobre las costas. También determinará, en su caso, la cantidad objeto de la condena, sin que pueda reservarse su determinación para la ejecución de la sentencia, sin perjuicio de lo dispuesto para casos admisibles de condenas con reserva de liquidación”. PRECEPTO AUTORIZANTE. Artículo 719 No.1 y literal c) del Código Procesal Civil, en cuanto declara que se podrá impugnar la aplicación de las normas procesales que regulan el contenido y la forma de la sentencia. EXPLICACION DEL MOTIVO. Podrá el Honorable Tribunal Supremo, con solo leer el libelo que da inicio a las presentes diligencias, determinar que claramente se establece como petitum de la pretensión, que el órgano jurisdiccional “dicte sentencia definitiva, declarando con lugar la presente demanda y condenando al demandado a lo siguiente: a) A restituirme el inmueble de mi legítima pertenencia y cuya descripción aparece de manifiesto en el hecho Número PRIMERO de la presente demanda; b) A abonarme los frutos civiles y naturales que pude haber percibido de tener el inmueble usurpado en mi poder, en la cantidad que se determine dentro del juicio mediante dictamen de peritos; y, c) Se le condene asimismo al pago de los daños y perjuicios, que igualmente se determinen dentro del juicio o dentro de la fase de ejecución de la sentencia definitiva que recaiga, así como al pago de los intereses legales correspondientes y las costas del presente juicio”. Igualmente podrá el Honorable Tribunal Supremo, leer lo resuelto por el a quo y que el ad quem hace suyo cuando lo confirma, lo que se resolvió y que literalmente dice: “PRIMERO: Declarar SlN LUGAR, la Demanda De Reivindicatoria de Dominio presentada por la Señora YOLANY ISABEL CAMBAR PARADA, a través de su Representante procesal, el Abogado GABRIEL MIGUEL TICAS LAZO, contra la Sociedad mercantil denominada BIENES RAICES EL TRAPICHE, S. DE R.L. DE C.V.- CON COSTAS”. De lo anterior se pone en evidencia que tanto el a quo como el ad quem no resolvieron absolutamente nada sobre las siguientes pretensiones contenidas en el petitum de la demanda, contraídas a reclamar que se condene al demandado a: “b) A abonarme los frutos civiles y naturales que pude haber percibido de tener el inmueble usurpado en mí poder, en la cantidad que se determine dentro del juicio mediante dictamen de peritos; y, c) Se le condene asimismo al pago de los daños y perjuicios, que igualmente se determinen dentro del juicio o dentro de la fase de ejecución de la sentencia definitiva que recaiga, así como al pago de los intereses legales correspondientes...” Obviamente resulta inevitable, leyendo ambas posiciones, el petitum de la demanda y lo resuelto por el a quo y que como se dijo el ad quem hace suyo cuando confirma dicho fallo, concluir sin lugar a ninguna, que el Tribunal acusado, desconoció total y absolutamente lo dispuesto por el legislador en cuanto a la forma y contenido de la sentencia, pues aunque se pudiera deducir de los fundamentos jurídicos la estimación desestimación de las pretensiones no resueltas y que han quedado determinadas en el párrafo anterior del presente escrito, lo que tampoco ocurre en este caso, tal circunstancia no exime al juzgador de incorporar en su fallo, los pronunciamientos correspondientes a tales pretensiones no resueltas. Entonces, se hace evidente, que el Tribunal acusado, aun cuando acepta tales errores que llama “desaciertos”, sostiene que “tales aspectos no son sustanciales que ameriten un cambio en el sentido que se le ha dado al fallo, o ameriten nulidad de actuaciones, ya que no se observa que ocasionen estado de indefensión a la parte demandante, más que la observación enfática al A- quo de evitar la repetición de dichos desaciertos, pues a pesar de esos errores señalados, dicha sentencia está debidamente motivada y goza de completa exhaustividad con suficiente análisis y desarrollo de las razones torales que el a-quo considera debe declararse sin lugar la acción presentada por la parte demandante”, o sea que el ad quem ante nuestro reclamo, acepta totalmente el mismo, solo que de mutuo propio, interpretando lo que no es interpretable, porque imperativamente la disposición legal erróneamente interpretada, claramente le dice que no puede dejar de resolver ninguna de las pretensiones, “aunque la estimación o desestimación de todas o algunas de dichas pretensiones pudiera deducirse de los fundamentas jurídicos”, y todavía más, el ad quem en contra de lo dispuesto por la disposición legal que quebrantó, sostiene que el a quo resolvió “haciendo énfasis en la principal de la parte demandante como es la reivindicación del bien inmueble que señaló en su escrito de demanda”. Bajo estos términos, resulta que el ad quem en vez de ser un operador de justicia, se convirtió en un legislador, estableciendo exenciones que la ley no contiene y por lo mismo, la sentencia recurrida debe ser invalidada, devolviendo los autos al ad quem para que emita un nuevo fallo que la sustituya, exento de desaciertos, que según lo sostienen los jurisconsultos, no son otra cosa que errores y que en casos como el que nos ocupa, son inexcusables. Es evidente entonces, que la sentencia cuestiono, fue omisa en dar cumplimiento a normas procesales de carácter imperativo, que obviamente tienen su finalidad, lo que constituye una violación a la forma y contenido formal del fallo censurado, puesto que no existe ninguna norma que autorice al tribunal decisor a soslayar la decisión de la “estimación o desestimación de todas o algunas de dichas pretensiones aunque pudiera deducirse de los fundamentos jurídicos”, que en otro orden de ideas, también ha servido de sustento en su fallo al Tribunal recurrido, cuando señala que con el razonamiento que el juez hace en los considerandos VI, VII y VIII del fallo, ha quedado debidamente cubierto el error (desacierto según el Tribunal de alzada). DETERMINACION DEL PERJUICIO O AGRAVIO SUFRIDO. De lo expuesto anteriormente, queda claramente determinado que la infracción en que ha incurrido el Tribunal ad-quem ha causado grave perjuicio a la parte recurrente, puesto que, al declarar sin lugar el recurso de apelación contra la sentencia de primera instancia y consecuentemente confirmar la sentencia que declara sin lugar la demanda, mí mandante será despojada del inmueble objeto de la Litis además de los frutos civiles que ha dejado de percibir, los daños y perjuicios que se le han ocasionado y las costas del juicio.” 2.1 Respuesta de la Sala de lo Civil. Esta Sala es del criterio que el recurrente no ha cumplido con las exigencias para la interposición y formalización del recurso de casación que se explican a continuación: a) Conforme lo dispone el artículo 700 del Código Procesal Civil, cuando en los recursos devolutivos se alegue la existencia de un defecto en la aplicación o interpretación de normas procesales que produzcan nulidad o indefensión, el recurrente deberá acreditar en la interposición del recurso, que procedió a denunciar dicho defecto en la instancia en que se produjo, si ello era posible y que, en su caso, reprodujo la denuncia en la apelación. Asimismo, deberá acreditar que hizo lo posible para su subsanación en el caso de que la naturaleza del defecto la admitiera. b) El impetrante no ha expuesto sobre la denuncia previa en la instancia del vicio procesal, en virtud que el defecto de falta de aplicación de la norma procesal invocada se produce en el fallo si bien es cierto, aún y cuando se ha producido el supuesto vicio en la sentencia pronunciada por los tribunales de primera y segunda instancia, el Código Procesal Civil si prevé, dada la naturaleza del defecto, una forma posible para obtener la subsanación, tal es el caso de lo establecido en el artículo 205. 2 del citado Código, para las sentencias o autos que hubieren omitido manifiestamente pronunciamientos relativos a pretensiones oportunamente deducidas y sustanciadas en el proceso, en donde, el tribunal, a solicitud escrita de parte en el plazo de cinco días contados desde la notificación de la resolución, previo entrega de las copias de dicha solicitud a las partes, para alegaciones escritas por otros cinco días, dictará auto por el que resolverá lo procedente, siendo por tanto esta petición de subsanación una exigencia para la interposición y formalización del recurso de casación, tan es así que para interponer los recursos que proceden contra la sentencia propiamente dicha, si fueren procedentes (casación en este caso), los plazos empezarán a computarse desde el día siguiente a la notificación del auto que reconociera o negara la omisión de pronunciamiento de conformidad con el numeral 4 del artículo 205 en comento. Por lo antes expuesto, concurre una causal de inadmisión del recurso en aplicación del artículo 723. 2 a) del Código Procesal Civil. (ver sentencias S.C. 138-16, 146-16, 210-16, y 29-17). III. PARTE DISPOSITIVA Por lo antes expuesto la Sala de lo Civil, pronunciándose por unanimidad de votos e impartiendo justicia en nombre de la Corte Suprema de Justicia y del Estado de Honduras, en base a los fundamentos de derecho citados y haciendo aplicación de los artículos 303, 304, 313 numeral 5) y 316 de la Constitución de la República; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 701, 703, 704, 716, 717, 718, 719.2, 720.2, 723.2 literal a), 724.1 725.2 y 725.3 del Código Procesal Civil; profiere el presente auto irrecurrible y declara: I. LA INADMISION del recurso de casación en el único motivo, formalizado por el abogado GABRIEL MIGUEL TICAS LAZO, en su condición de representante procesal de la señora YOLANY ISABEL CAMBAR PALADA, contra la sentencia dictada el treinta de enero del dos mil diecisiete, por la Honorable Corte Primera de Apelaciones de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán. II. Firme la sentencia recurrida dictada por la Corte Primera de Apelaciones de lo Civil de Francisco Morazán, de fecha treinta de enero del dos mil diecisiete, según consta en el expediente de apelación número 0801-2015-04254-CPCO, originado en los autos que conforman la primera pieza que se registra bajo el número 0801-2015-04254-CPCO del Juzgado de Letras Civil del Departamento de Francisco Morazán. III. Condenar en costas a la parte recurrente. Y MANDA: Remitir las presentes actuaciones, junto con la certificación de esta resolución al Tribunal de su procedencia, previa notificación de este auto a las partes personadas, por medio de sus apoderados legalmente constituidos en juicio. Redactó la Magistrada Rina Auxiliadora Alvarado Moreno. NOTIFIQUESE. FIRMAS Y SELLO. RINA AUXILIADORA ALVARADO MORENO. MAGISTRADA COORDINADORA. REYNALDO ANTONIO HERNANDEZ. MAGISTRADO. WILFREDO MENDEZ ROMERO. MAGISTRADO. FIRMA Y SELLO. BETTY JANETH PALMA O´CONNOR. RECEPTORA ADSCRITA”.

Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los once días del mes de diciembre del año dos mil dieciocho; Certificación del auto de fecha veintinueve de noviembre del año dos mil dieciocho, recaído en el Recurso de Casación registrado bajo el No. S.C. 109-2017.

BETTY JANETH PALMA O’CONNOR

RECEPTORA ADSCRITA

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