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Sentencia CC-074-16 — Registro 8767

Resumen

En primera instancia se declaró parcialmente con lugar la demanda ordinaria reivindicatoria de dominio, junto con sus derechos reales accesorios, declarar sin lugar la pretensión de indemnización de daños y perjuicios por no haberse acreditado en juicio la misma. Se condena a los demandados a restituirle el bien inmueble a la parte demandante de conformidad a lo peticionado y resuelto en esta sentencia. En segunda instancia se confirmo.

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

… “Respuesta de la Sala de lo Civil. Este Tribunal de Justicia es de la opinión de que, si bien es cierto el impetrante viene citando una causal de casación autorizada y en su alegato cuestiona la insuficiencia, racionalidad y logicidad del fallo, no estando de acuerdo con la motivación fáctica del Tribunal de segunda instancia, igualmente cierto es que resulta notoria una falencia tal del escrito de interposición y formalización del recurso de casación al abordar el presente motivo que no es posible precisar cuál es la norma o normas infringidas en tanto que el recurrente no ha sido capaz de señalarla, en ese sentido el artículo 721 del Código Procesal Civil no solo impone la obligación de hacer constar los motivos en que la casación se base, sino que exige también expresar las normas cuya infracción sustenta cada motivo y ello no lo ha cumplido el censor, aunado a que no ha precisado ni justificado la incidencia de la infracción en el sentido de la resolución impugnada, pues la ausencia del señalamiento de norma infringida impide señalar tal incidencia, conformándose de este modo una causal de inadmisión autorizada por el artículo 723. 2 a) del Código Procesal Civil.”

Legislación citada

Jerarquía: Reiterativa

… “. Respuesta de la Sala de lo Civil. Este Tribunal de Justicia es del criterio que en la valoración probatoria el Tribunal de Apelaciones ha considerado que la remedida hecha al terreno del demandado y que dio en donación a la señora LOURDES CONSUELO RIVERA LOPEZ, le ha cercenado la propiedad a la demandante, con lo que tiene por acreditado el hecho cuarto de la demanda es decir, la posesión del demandado en el inmueble del demandante, sin embargo al argumentar el recurrente que no se ha singularizado la cosa a reivindicar, pretende introducir una revisión probatoria y de hechos que no es permitida mediante el recurso de casación de conformidad con el artículo 720.1 del Código Procesal Civil, por otra parte, los artículos citados como aplicados indebidamente si regulan la cuestión controvertida, en todo caso si el censor cuestiona el alcance que le ha dado el tribunal a los artículos que regulan la acción de dominio, es una cuestión de interpretación del tribunal que ha debido ser interesada por la vía de impugnación de interpretación errónea de la norma y no por la aplicación indebida que tiene lugar cuando la norma no regula la cuestión controvertida en juicio no siendo este último el caso de autos, en consecuencia concurre una causal de inadmisión autorizada por el artículo 723. 2 a) del Código Procesal Civil.”

Legislación citada

Jerarquía: Reiterativa

… “Respuesta de la Sala de lo Civil. Este Tribunal de Justicia, estima que el recurrente en este motivo de casación incurre en falta de claridad e inobserva los requisitos de formalización del recurso orientados precisamente a ese propósito, esto es expresar las normas cuya infracción sustenta el motivo con la suficiente separación y claridad, precisando y justificando la incidencia de la infracción en el sentido de la resolución impugnada, en ese orden de ideas si bien el impugnante expresa las normas que supone infringidas, no se ocupó de dar explicación alguna acerca del concepto de la infracción del artículo 206 numeral 1 del Código Procesal Civil que ni siquiera transcribió y antes bien transcribe literalmente el artículo 207 numeral 1 del mismo Código que no ha denunciado como infringido, citando únicamente el contenido de los numerales 1 y 2 del artículo 208 del citado código para luego exponer la explicación que previamente hemos resumido, sin embargo guarda absoluto silencio respecto a la infracción del artículo 701 numeral 1 del Código Procesal Civil por lo que no existe forma de entender qué relación y concepto de infracción pretende el censor entre los artículos señalados como infringidos, por otra parte es totalmente confusa la forma en la que pretende impugnar las normas puesto que la infracción la está alegando por aplicación indebida y en esta “se hace obrar la norma aplicándola a una situación no prevista o regulada en ella”, es decir mediante este modo de impugnación se ataca la norma porque esta no es aplicable al caso en cuestión, lo que significaría en el caso de autos que para el casacionista el Tribunal adquem no debió aplicar esos artículos que regulan los requisitos internos de la sentencia porque los ha impugnado por aplicación indebida, pero al examinar el argumento del recurrente, este no es claro al pretender explicar que la sentencia es incongruente lo que supone que para el impetrante no se observó la obligación de redactar una sentencia congruente conforme el artículo 208 numeral 1 del Código Procesal Civil, en cuyo caso se estaría frente a una falta de aplicación de ese precepto, sin embargo, aún faltó al recurrente precisar y justificar claramente la incidencia de la infracción en el sentido de la resolución impugnada, en otras palabras como esa infracción (que no tenemos claro si es aplicación indebida o falta de aplicación) llevó a declarar sin lugar la apelación y confirmar el fallo de primera instancia que declaró con lugar la acción de dominio, en consecuencia, hay lugar a la inadmisión del motivo en aplicación del artículo 723. 2 a) del Código Procesal Civil.”

Legislación citada

Jerarquía: Reiterativa

… “Respuesta de la Sala de lo Civil. Este Tribunal de Justicia, estima que el recurrente en este motivo de casación incurre en falta de claridad e inobserva los requisitos de formalización del recurso orientados precisamente a ese propósito, esto es expresar las normas cuya infracción sustenta el motivo con la suficiente separación y claridad, precisando y justificando la incidencia de la infracción en el sentido de la resolución impugnada, en ese orden de ideas si bien el impugnante expresa las normas que supone infringidas y las cita íntegramente, la forma en la que pretende impugnar las normas es confusa y falta de claridad puesto que viene alegando la infracción por aplicación indebida, sin embargo al momento de su explicación manifiesta que “el Tribunal de segunda instancia ha aplicado en forma indebida e incompleta las disposiciones relacionadas, especialmente la determinación de los hechos probados, la cual si bien existe, la misma no guarda armonía con la motivación”, de tal manera que no deja claro si la norma ha sido indebidamente aplicada y por lo tanto no debió aplicarse o si la misma se observó y lo que cuestiona es la motivación; si cuestiona por aplicación indebida significa que esas normas no debieron aplicarse, sin embargo es indudable que las normas reguladoras de la sentencia son siempre aplicables, en todo caso no expone cuales, a su criterio, son las normas que debieron ser aplicadas; por otra parte, si el argumento va en relación a la motivación no es esta la vía causal apropiada y mas correspondía en todo caso solicitar el control de la motivación fáctica de la sentencia conforme lo autoriza el artículo 720 numeral 2 del Código Procesal Civil, en consecuencia, hay lugar a la inadmisión del motivo en aplicación del artículo 723. 2 a) del Código Procesal Civil.”

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACION

La Infrascrita Receptora Adscrita a la Sala de lo Civil de la Corte Suprema de Justicia, Certifica el Auto que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintiocho días del mes de febrero del año dos mil dieciocho, la Sala de lo Civil, integrada por los Magistrados: RINA AUXILIADORA ALVARADO MORENO, como Coordinadora, REYNALDO ANTONIO HERNÁNDEZ y WILFREDO MENDEZ ROMERO designado ponente el segundo para el conocimiento y redacción de la resolución del presente recurso de Casación, en la fecha supra indicada dictan el siguiente AUTO: SON PARTES: La señora LOURDES CONSUELO RIVERA LOPEZ, representada en juicio por el abogado CARLOS ROBERTO PEREZ PINEDA, en su condición de recurrente; siendo recurrida la señora MARIA LAURA RIVERA PAZ, representada en juicio por el abogado MIGUEL ANGEL ALVARADO PINEDA. OBJETO DEL PROCESO: “DEMANDA ORDINARIA DE REINVINDICACION DE DOMINIO DE UN INMUEBLE, JUNTO CON SUS DERECHOS REALES ACCESORIOS.- INDEMNIZACIÓN DE DAÑOS Y PERJUICIOS”, promovida en fecha dieciocho de noviembre del año dos mil trece, ante el Juzgado Primero de Letras Departamental de Santa Bárbara, por la señora MARÍA LAURA RIVERA PAZ, mayor de edad, hondureña, soltera, agricultora y con domicilio en el Municipio de Trinidad, Departamento de Santa Bárbara, contra el señor OTTOMAN RIVERA LOPEZ, casado, agricultor y LOURDES CONSUELO RIVERA LOPEZ, soltera, ama de casa, mayores de edad, hondureños y con domicilio en el Municipio de Trinidad, Departamento de Santa Bárbara. I.- ANTECEDENTES DE HECHO PRIMERO: Con fecha ocho de enero del año dos mil dieciséis, la Corte de Apelaciones de Santa Bárbara, Departamento de Santa Bárbara, conociendo por vía de apelación de la sentencia definitiva de fecha seis de octubre del año dos mil quince, dictada por Juzgado Primero de Letras Departamental de Santa Bárbara, en el juicio de mérito, dictó sentencia CONFIRMANDO la del A-quo, misma que falló de la siguiente manera: “RESUELVE: PRIMERO: DECLARAR PARCIALMENTE CON LUGAR la presente Demanda Ordinaria REINVINDICATORIA DE DOMINIO, JUNTO CON SUS DERECHOS REALES ACCESORIOS.- INDEMNIZACION DE DAÑOS Y PERJUICIOS, POR LA VÍA DEL PROCESO ORDINARIO promovida por la señora MARIA LAURA RIVERA PAZ en contra de los señores: OTTOMAN RIVERA LOPEZ en Rebeldía, y LOURDES CONSUELO RIVERA LOPEZ en su carácter ya indicado, todos de generales expresadas en el encabezamiento de esta Sentencia. SEGUNDO: Declarar SIN LUGAR la pretensión de INDEMNIZACION DE DAÑOS Y PERJUICIOS por no haberse acreditado en juicio la misma. TERCERO: Con lugar la tacha del Testigo JOSE MANUEL RIVERA PAZ por estar acreditada la misma con prueba documental indubitada. CUARTO: Se condena a los Demandados a Restituirle el Bien inmueble a la parte Demandante de conformidad a lo peticionado y resuelto en esta Sentencia. QUINTO: Se condena en costas a las partes Demandadas. SEXTO: EL MODO DE IMPUGNACION de la presente Sentencia: Es mediante el Recurso de Apelación que conocerá la Honorable Corte de Apelaciones de esta sección judicial (Artículos 706.2 y 707 del Código Procesal Civil), el que se interpondrá dentro del plazo de diez (10) días contados desde el día siguiente a la notificación de la presente Sentencia, debiendo en el mismo escrito expresar los Agravios que la misma les cause (Articulo 709 del Código Procesal Civil).SEPTIMO: NOTIFIQUESE: A las partes la presente Sentencia a través de la Secretaria del Despacho.” SEGUNDO: El representante procesal de la señora LOURDES CONSUELO RIVERA LÓPEZ, abogado CARLOS ROBERTO PEREZ PINEDA, presentó en fecha cinco de febrero del año dos mil dieciséis, escrito de interposición y formalización del recurso de casación contra la sentencia de fecha ocho de enero del año dos mil dieciséis, dictada por la Corte de Apelaciones de Santa Bárbara, Departamento de Santa Bárbara, resolviendo el Ad-quem, mediante proveído de fecha doce de febrero del año dos mil dieciséis, tener por interpuesto y formalizado el recurso de casación por parte del Recurrente, y acordó conceder a la parte contraria el plazo de diez días hábiles para que se pronunciara sobre el contenido del escrito, debiendo entregársele copia del mismo. TERCERO: El representante procesal de la señora MARIA LAURA RIVERA PAZ, abogado MIGUEL ANGEL ALVARADO PINEDA, presentó en fecha veinticuatro de febrero del año dos mil dieciséis, escrito de pronunciamiento sobre el contenido del recurso de casación interpuesto y formalizado por la contraparte, resolviendo la Corte de Apelaciones de Santa Bárbara, Departamento de Santa Bárbara, remitir las presentes diligencias a la Honorable Corte Suprema de Justicia en el plazo que manda la ley para proseguir con el trámite correspondiente. CUARTO: Recibidas las actuaciones en éste Tribunal, los abogados MIGUEL ANGEL ALVARADO PINEDA y CARLOS ROBERTO PEREZ PINEDA, ambos en sus condiciones ya indicadas, presentaron escritos de personamiento en fechas cuatro y siete de marzo del año dos mil dieciséis, y una vez visto el informe rendido por la Secretaría de esta Corte Suprema de Justicia, este Tribunal, mediante proveído de fecha once de abril del año dos mil dieciséis, los tuvo por personados dentro del plazo concedido. QUINTO: Que el abogado CARLOS ROBERTO PÉREZ PINEDA, plantea su recurso de casación contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de Santa Bárbara, Departamento de Santa Bárbara, de la siguiente manera: “PRIMER MOTIVO: Se impugna la forma y contenido de la sentencia. Normas infringidas: aplicación indebida de los artículos 206 numeral 1), 208 numerales 1) y 2) y 701 numeral 1) del Código Procesal Civil. Se impugna el fallo en su totalidad, particularmente por el contenido del mismo. PRECEPTO AUTORIZANTE: Artículo 719 numeral 1) letra c) del Código Procesal Civil. Conforme lo dispuesto en los artículos 206 numeral 1) y 208 en sus dos numerales, ambos del Código Procesal Civil, las sentencias se motivarán expresando los razonamientos fácticos y jurídicos que conducen a la apreciación y valoración de las pruebas, así como a la aplicación e interpretación del Derecho, deben ser congruentes con las demandas y con las demás pretensiones de las partes, deducidas oportunamente en el pleito, haciendo las declaraciones que aquellas exijan, condenando o absolviendo al demandado y decidiendo todos los puntos litigiosos que hayan sido objeto del debate.- Conforme precedentes de la Honorable Corte Suprema de Justicia, para que haya INCONGRUENCIA de una resolución o sentencia se hace necesario que exista un desajuste entre el fallo judicial y los términos en que las partes han planteado el debate procesal.- En el caso de autos resulta más que evidente que existe una clara y notoria incongruencia en el contenido de la resolución definitiva proferida en fecha 8 de enero del 2016, ya que se aduce que al haberse realizado una remedida al terreno del señor OTTOMAN RIVERA LÓPEZ es que él le agarró parte del terreno de la demandante, cuando esa situación ninguna de las partes la ha planteado como una cuestión objeto del debate, ni fue sometida a la controversia; por lo que este Honorable Tribunal, sin que nadie se lo pidiera ha irrespetando el principio de la personalidad del recurso de apelación, la estima como base de su decisión, confirmando el fallo de primera instancia que también adolece del mismo defecto, igual en dicha resolución definitiva se ha omitido determinar el área del terreno que se condena reivindicar, por lo que siendo evidente y clara la incongruencia del fallo en los conceptos en que ha sido dictado. El documento patrocinado por el más alto Tribunal de Justicia del país, conocido como Código Procesal Civil Comentado señala sobre el particular y que sirve de ilustración para entender lo erróneo de lo actuado: “Se ha venido definiendo el vicio de incongruencia, como el desajuste entre el fallo judicial y los términos en los que las partes han formulado la pretensión o pretensiones que constituyen el objeto del proceso. Al conceder más, menos o cosa distinta de lo pedido, el órgano judicial incurre, de modo reiterado, en las formas de incongruencia conocidas como “ultra petita”, “citrapetita” o “extra petitapartium”, potencialmente reveladoras de la parcialidad del órgano judicial, que decide lo que nadie le pide, o de la indefensión de alguna de las partes, que se encuentra sorpresivamente con una decisión ajena al debate previo... El principio dispositivo y de aportación de parte del Art. 10 y 11 CPC, rige también el sistema procesal en la segunda instancia civil y con figura las facultades de conocimiento del órgano ad quem, que, en virtud del principio tantum devolutum “quantum” appellatum, sólo puede entrar a conocer sobre aquellos extremos de la Sentencia de instancia que hayan sido objeto de impugnación por las partes en el recurso de apelación.” SEGUNDO MOTIVO: Se Impugna la forma y contenido de la sentencia.- Normas infringidas: aplicación indebida de los artículos 200 numerales 1) y 2) literales b), c) y d) y 207 numerales 1) y 2) del Código Procesal Civil, en relación con el 868 del Código Civil. Se impugna el fallo en su totalidad, en lo que respecta la forma del mismo. PRECEPTO AUTORIZANTE: Artículo 719 numeral 1) literal c) del Código Procesal Civil. EXPLICACION: El artículo 200 del Código Procesal Civil determina en su parte conducente lo siguiente “ARTÍCULO 200.- CONTENIDO FORMAL DE LAS SENTENCIAS. 1. Las sentencias serán siempre motivadas y contendrán, en párrafos separados y numerados, los antecedentes de hecho y los fundamentos de derecho en los que se base la parte dispositiva o fallo. 2. En particular, la redacción de las sentencias se ajustará al siguiente contenido formal: b) En los antecedentes de hecho se consignarán, con la claridad y la concisión posibles y en párrafos separados y numerados, las pretensiones de las partes o interesados, los hechos en que las funden que hayan siclo alegados oportunamente y tengan relación con las cuestiones que deban de resolverse, las pruebas que se hubiesen propuesto y practicado y los hechos probados, en su caso. c) En los fundamentos de derecho se expresarán, en párrafos separados y numerados, los puntos de derecho fijados por las partes y de las cuestiones controvertidas, dando las razones y fundamentos legales del fallo que haya de dictarse, con expresión concreta de las normas jurídicas aplicables al caso. d) El fallo contendrá, numerados, los pronunciamientos correspondientes a las pretensiones de las partes, aunque la estimación o desestimación de todas o algunas de dichas pretensiones pudiera deducirse de los fundamentos jurídicos, así como el pronunciamiento sobre las costas...”. De igual forma el artículo 207 del mismo Código preceptúa: “ARTÍCULO 207.- MOTIVACIÓN. 1. Las sentencias se motivarán expresando los razonamientos fácticos y jurídicos que conducen a la apreciación y valoración de las pruebas, así como a la aplicación e interpretación del Derecho. 2. La motivación deberá incidir en los distintos elementos fácticos y jurídicos del pleito, considerados individualmente y en conjunto, ajustándose siempre a las reglas de la lógica y de la razón.” En el caso particular de la resolución recurrida, basta su lectura para establecer que el Tribunal de segunda instancia ha aplicado en forma indebida e incompleta las disposiciones relacionadas, especialmente la determinación de los hechos probados, la cual si bien existe, la misma no guarda armonía con la motivación, es decir con los razonamientos fácticos y jurídicos que le condujeron a la apreciación y valoración de las pruebas, así como la debida fundamentación jurídica, ya que lo enunciado como tales no resulta con base al tipo de demanda que se conoce y por ello con la determinación judicial, ya que omite determinar uno de los elementos de la acción reivindicatoria, que es la identificación real y precisa del área que se pretende reivindicar y que se señala se encuentra en posesión de la demandada en los términos que dispone el artículo 868 del Código Civil, por lo que no se podía declarar con lugar una acción de reivindicación de dominio, sin establecer que es lo relativo al derecho de cada una, es decir, sin fijar cual es la cosa singular a reivindicar, ya que ello no fue precisado por la parte demandante y tampoco aparece determinado en el proceso; también, olvidando que cada una tiene un título de propiedad válido e inscrito, por lo que dicha acción no puede prosperar sin antes deslindar si uno de ellos se encuentra afectado por alguna situación particular y por ello declarar su nulidad, pero en el caso que nos ocupa, violentando con ello lo dispuesto en los artículos 200 numerales 1) y 2) literales b), c), y d) y 207 del Código Procesal Civil, infracción que supone la nulidad de dicha resolución. TERCER MOTIVO: SE SOLICITA EL CONTROL DE LA MOTIVACIÓN FÁCTÍCA DE LA SENTENCIA PARA REVISAR SU EXISTENCIA, SUFICIENCIA, RACIONALIDAD Y CARÁCTER LÓGICO. Al tenor del articulo 720 numeral 2) con relación al artículo 719 numeral 1) letra c) del Código Procesal Civil, pido a esta Honorable Corte, el control de la motivación fáctica de la sentencia recurrida, para revisar su existencia, suficiencia, racionalidad y carácter lógico por las razones que me permito exponer: 1) Resulta que el fallo dictado por la Honorable Corte de Apelaciones de Santa Bárbara, al confirmar la sentencia del a-quo, no hace referencia a que parte del inmueble propiedad de mi mandante, se estaría afectando con la condena, se limita a ordenar “...Restituirle el Bien inmueble a la parte Demandante de conformidad a lo peticionado y resuelto en esta Sentencia” y en la demanda de mérito se señala que es todo el inmueble de la demandante el que es ocupado ilegalmente por el señor Ottoman Rivera López, el cual según su titulo tiene un área de 0.65 hectáreas, pero en el dictamen pericial al cual se le da valor probatorio, aduce que tal inmueble tiene una extensión de 0.37 Mzs., equivalente a 2,610 metros cuadrados, por lo que resulta evidente la falta de identificación real y precisa de dicha área, lo cual genera una falta de suficiencia en la sentencia recurrida, habida cuenta que no se explica ni resuelve con claridad tal situación. 2) Así mismo esa omisión provoca la falta de racionalidad y carácter lógico del fallo, el cual no sustenta como arriba a la condena, si las 2 partes cuentan con títulos de dominio debidamente inscritos en el Instituto de la Propiedad, con apariencia de buen derecho, por lo que la acción reivindicatoria aislada no resuelve la situación jurídica controvertida, ya que no se ha ejercitado la correspondiente a la nulidad del título de propiedad que ostenta mi representada sobre el inmueble que posee. 3) Se acusa también al fallo impugnado, de falta de racionalidad que es sinónimo de sensatez, ya que ha tomado como valido un dictamen pericial rendido por un perito valuador, sin determinar su experticia y que solo cabe como un dictamen privado, el cual tampoco aclara como arribó a las conclusiones del mismo y solo detalla que se hizo presente a uno de los inmuebles “…para verificar la medida y colindancias según consta bajo el No 92 TOMO 226 del Libro de Sentencias de este Registro...” lo cual no compagina con la inscripción registral realizada en el Libro Registro de Propiedad, pero que dentro de su dictamen más parece que realizó una inspección o reconocimiento, más no un verdadero peritaje donde se aclarara la situación real del inmueble, por tanto, dicho dictamen carece de la más absoluta validez para que pueda sustentar la sentencia recurrida que ha hecho suya este Tribunal al confirmar la sentencia de primera instancia. 4) Esa falta de racionalidad del fallo recurrido queda también evidenciada, al olvidar que ambas partes ostentan justo título de sus inmuebles, con presunción de buena fe, además sin contar con un alegato o punto en debate, sostiene posiciones no expuestas en la controversia, como al afirmar en el numeral Cuarto de los Fundamentos de Derecho “que efectivamente la ahora demandada señora LOURDES CONSUELO RIVERA LOPEZ, se encuentra en posesión del inmueble propiedad de la demandante, y que el señor OTTOMAN RIVERA LOPEZ con la remedida del terreno que fue de su propiedad, despojo de parte del terreno de la demandante...”, aparte de que de su simple lectura se establece claramente su contradicción, al sostener en un apartado que mi representada se encuentra en posesión de todo el inmueble de la demandante y en el otro, que a la actora se le despojó de parte de su terreno. Por lo que no procede declarar con lugar una acción de reivindicación de dominio, sin establecer que es lo relativo al derecho de cada una, es decir, sin fijar mediante las pruebas aportadas y practicadas, cual es la cosa singular a reivindicar, ya que ello no fue precisado por la parte demandante y tampoco aparece determinado en el proceso. También, olvidando que cada una tiene un título de propiedad válido e inscrito, por lo que dicha acción no puede prosperar sin antes deslindar si uno de ellos se encuentra afectado por alguna situación particular y por ello declarar su nulidad, pero en el caso que nos ocupa, este Tribunal ha proferido un fallo con notoria falta de suficiencia, racionalidad y carácter lógico. CUARTO MOTIVO: Se impugna la aplicación indebida de los artículos 868 y 872 del Código Civil. PRECEPTO AUTORIZANTE: Artículo 719 numeral 2) del Código Procesal Civil. EXPLICACIÓN: Los artículos 868 y 872 del Código Civil determinan que la reivindicación o acción de dominio, es la que tiene el dueño de una cosa singular, de que no está en posesión, para que el poseedor de ella sea condenado a restituírsela y que dicha acción le corresponde al que tiene la propiedad plena o nuda de la cosa. Por criterios jurisprudenciales, se ha venido señalando que para la procedencia de la acción de reivindicación de dominio se requiere que concurran los siguientes requisitos: A) LA PROPIEDAD DE LA COSA, es decir contar con título debidamente Inscrito; B) INDIVIDUALIZAR EL BIEN A REIVINDICAR, esto es determinar con los medios de prueba, apropiados, que el inmueble pretendido por medio de la acción deducida de reivindicación de dominio, es el mismo inmueble del que está en posesión la parte demandada, es decir, la identificación real y precisa de la cosa u objeto que se pretenda reivindicar y la poseída por la demandada; y, C) SEÑALAR LOS ACTOS DE POSESION QUE ESTA REALIZANDO EL ACTUAL POSEEDOR, esto se concreta a establecer que la parte demandante ha sido despojada materialmente de la posesión por parte de la demandada. No existe ninguna duda que esas normas de derecho fueron empleadas para fundamentar dicha resolución, sin embargo la Corte recurrida olvida que en el caso de autos, ambas partes, ostentan títulos indubitados de dominio sobre los respectivos inmuebles que se determinan en los mismos, por ende ambas son dueñas de las respectivas áreas de terreno que señalan dichos documentos, por lo que no se podía declarar con lugar una acción de reivindicación de dominio, sin establecer que es lo relativo al derecho de cada una, es decir, sin fijar cual es la cosa singular a reivindicar, ya que ello no fue precisado por la parte demandante y tampoco aparece determinado en el proceso. Al no cumplirse esos requisitos, la aplicación de dichas normas en el fallo para la solución del fondo del litigio resulta ser indebida. NULIDAD SUBSIDIARIA Siendo notorio que el fallo recurrido afecta el derecho de defensa de mi representada, como el debido proceso, solicito de forma subsidiaria que se proceda a anular el mismo, a efecto de que las partes sean restituidas al estado en que se encontraban antes de esa resolución, para que además este Tribunal proceda de conformidad a derecho, observando los deberes de congruencia y motivación, profiriendo el fallo que corresponda conforme los extremos del debate. Tal como se explicara en el primer motivo de este recurso, este Tribunal de alzada violentó su deber de resolver conforme los hechos debatidos, así como de las pretensiones y extremos del debate, faltando a la congruencia que toda resolución judicial debe contener; además, la sentencia no llena los requisitos de forma y contenido y con ello se violenta el debido proceso. La acción de la parte demandante no puede prosperar porque no se ha determinado en forma clara y precisa el área del terreno que se supone ha sido afectada o despojada por la parte demandada, lo cual tampoco ha sido delimitado en la condena del fallo impugnado; que ambas partes ostentan sendos títulos de dominio sobre sus respetivos inmuebles, con presunción de buena fe y que por ello no basta el ejercicio de una acción reivindicatoria de dominio, si se debe pedir la nulidad del instrumento público respectivo. Finalmente, el magistrado ALLAN ROBERTO NUÑEZ RAMOS, se le llamó a integrar dicha Corte, en resolución o providencia del 7 de enero del 2016 y él aceptó el día siguiente, es decir, en la misma fecha en que se profirió el fallo, lo cual evidencia que no tuvo oportunidad de imponerse del caso, menos de poder analizar el recurso de apelación, lo cual también violenta ese principio del debido proceso.” SEXTO: Que el abogado MIGUEL ANGEL ALVARADO PINEDA, plantea su pronunciamiento sobre la formalización del recurso de casación de la siguiente manera: “PRIMER MOTIVO: Impugna el fallo en su totalidad y su contenido.-Pero el impetrante no señala claramente cuáles son esos vicios de incongruencia, tampoco hace un señalamiento cual es el desajuste entre el fallo Judicial y los términos en los que las partes han formulado la pretensión o pretensiones que constituyen el objeto del proceso.- El A-Quem se pronunció sobre los supuestos Agravios que la resolución les causaba donde medianamente no se conoce que extremos de la sentencia fue objeto de impugnación.- En cuanto a La no motivación fáctica de la sentencia el mismo es inherente al derecho de ser oído; el conocimiento de la pretensión que fue admitida; la necesaria correlación que debe existir entre las pretensiones de las partes y el fallo; sobre la posibilidad de probar y controlar la prueba; y la equiparación de posiciones entre el Estado y las partes o entre una parte y el Estado mismo nuca a sido birlado. SEGUNDO MOTIVO: Nuevamente se repite este motivo ya que tiene relación con el primero, porque se impugna la forma y contenido de la sentencia, procediendo a recitar artículos del Código Procesal Civil.-No establece en que la Sentencia no llena los requisitos en su CONTENIDO FORMAL -Tiene CLARIDAD, PRECISION y EXHAUSTIVIDAD el Tribunal puede apartarse de la causa de pedir acudiendo a fundamentos de hecho o de derecho distintos de los que las partes hayan querido hacer valer, todo esto tiene su sustento legal en el artículo 206 en relación al artículo 424.2 del Código Procesal Civil. TERCER MOTIVO: El Recurrente nunca impugno el Dictamen Pericial, por lo que hay una falta de relación de las normas de derecho, citado como infringido, con las cuestiones debatidas y la pretensión de que se revise la interpretación y valorización de la prueba.-Todo lo esgrimido tiene su asidero jurídico en el artículo 723.2 literal a) del Código Procesal Civil, por lo que este Recurso debe inadmitirse. CUARTO MOTIVO: A contrario Sensu de lo que pretende establecer el Recurrente la Demandante probo A) -Ser la legitima propietaria del inmueble usurpado.-B).-Que lo obtuvo a través de Instituto Nacional Agrario (l.N.A.).- C).-Con el peritaje que no se impugno por nadie se individualiza el inmueble en disputa desde el año 1993 tiene el dominio del inmueble descrito en el hecho primero de la Demanda.-Aquí no se señala la Justificación de la incidencia de cada infracción en el sentido de la Resolución impugnada -Es más el artículo 720 del Código Procesal Civil hace EXCLUSION DE LA REVISION PROBATORIA EN CASACION.- NULIDAD SUBSIDIARIA: No es procedente en virtud que no hay Una cuestión jurídica concreta planteada en el Recurso.-Aquí no hay ni existe infracción procesal que invalide el procedimiento. CONTENIDO DE LA DECISION: Que por lo expuesto se desestime este Recurso de Casación por no existir ningún motivo suficientemente sustentado, la sentencia declara NO HA LUGAR al Recurso, con especial condena en costas.” II.- FUNDAMENTOS DE DERECHO 1. Esta Sala de lo Civil, viene reiterando la Naturaleza y función del recurso de casación, así pues, el recurso de casación tiene una función nomofiláctica, en virtud de lo cual el artículo 716 del Código Procesal Civil dispone dos fines expresos, el primero de ellos, es la protección de las normas del ordenamiento jurídico, y esto se hace, procurando y promoviendo la más adecuada aplicación e interpretación del derecho objetivo. El segundo fin es la unificación de la jurisprudencia nacional. Por su parte el numeral dos del artículo precitado, conmina a este alto tribunal a que aplique e interprete las normas referidas al recurso de casación atendiendo a la finalidad de unificación de la jurisprudencia, esto como instrumento de garantía de la igualdad de todos ante la ley, y de la seguridad y certidumbre jurídicas. (Ver resoluciones de fechas 13-12-2013, CC 236-2012; 18-03-2014, CC 003-2013; y 06-05-2014, CC 135-2013). 2. De conformidad con el artículo 719 del Código Procesal Civil, se podrá impugnar la aplicación e interpretación de las normas procesales, así como la aplicación e interpretación de las normas de derecho empleadas para la solución de fondo del litigio, y de conformidad con el artículo 721 del mismo código, el recurso de casación se interpondrá por escrito ante la Corte de Apelaciones que hubiere dictado la sentencia dentro de los veinte días siguientes al de la notificación. En ese escrito se harán constar los motivos en que la casación se base, con expresión de las normas de derecho cuya infracción sustente cada motivo. Todo ello se deberá fundar con la suficiente separación y claridad, precisando y justificando la incidencia de la infracción en el sentido de la resolución impugnada, también se hará constar si el recurrente estima necesario la celebración de la audiencia. 3. Con los requisitos formales establecidos en el artículo 721 del Código Procesal Civil queda reconocido el denominado principio de “Debida Técnica”, que constituyen los mínimos requerimientos que debe contener la demanda de casación a efectos de ser tenida como un verdadero juicio técnico de impugnación, valorativo y preciso. 4. DEL RECURSO DE CASACION INTERPUESTO POR EL ABOGADO CARLOS ROBERTO PÉREZ PINEDA EN SU PRIMER MOTIVO. El recurrente en su primer motivo de casación viene impugnando la forma y contenido de la sentencia, invocando como normas infringidas la aplicación indebida de los artículos 206 numeral 1), 208 numerales 1) y 2) y 701 numeral 1) del Código Procesal Civil, citando como precepto autorizante el artículo 719 numeral 1) letra c) del mismo Código. Se resume la explicación del primer motivo del recurrente en la forma siguiente: “Conforme lo dispuesto en los artículos 206 numeral 1) y 208 en sus dos numerales, ambos del Código Procesal Civil, las sentencias se motivarán expresando los razonamientos fácticos y jurídicos que conducen a la apreciación y valoración de las pruebas, así como a la aplicación e interpretación del Derecho, deben ser congruentes con las demandas y con las demás pretensiones de las partes, deducidas oportunamente en el pleito, haciendo las declaraciones que aquellas exijan, condenando o absolviendo al demandado y decidiendo todos los puntos litigiosos que hayan sido objeto del debate.- Conforme precedentes de la Honorable Corte Suprema de Justicia, para que haya INCONGRUENCIA de una resolución o sentencia se hace necesario que exista un desajuste entre el fallo judicial y los términos en que las partes han planteado el debate procesal.- En el caso de autos resulta más que evidente que existe una clara y notoria incongruencia en el contenido de la resolución definitiva proferida en fecha 8 de enero del 2016, ya que se aduce que al haberse realizado una remedida al terreno del señor OTTOMAN RIVERA LÓPEZ es que él le agarró parte del terreno de la demandante, cuando esa situación ninguna de las partes la ha planteado como una cuestión objeto del debate, ni fue sometida a la controversia; por lo que este Honorable Tribunal, sin que nadie se lo pidiera ha irrespetando el principio de la personalidad del recurso de apelación, la estima como base de su decisión, confirmando el fallo de primera instancia que también adolece del mismo defecto, igual en dicha resolución definitiva se ha omitido determinar el área del terreno que se condena reivindicar, por lo que siendo evidente y clara la incongruencia del fallo en los conceptos en que ha sido dictado”. Respuesta de la Sala de lo Civil. Este Tribunal de Justicia, estima que el recurrente en este motivo de casación incurre en falta de claridad e inobserva los requisitos de formalización del recurso orientados precisamente a ese propósito, esto es expresar las normas cuya infracción sustenta el motivo con la suficiente separación y claridad, precisando y justificando la incidencia de la infracción en el sentido de la resolución impugnada, en ese orden de ideas si bien el impugnante expresa las normas que supone infringidas, no se ocupó de dar explicación alguna acerca del concepto de la infracción del artículo 206 numeral 1 del Código Procesal Civil que ni siquiera transcribió y antes bien transcribe literalmente el artículo 207 numeral 1 del mismo Código que no ha denunciado como infringido, citando únicamente el contenido de los numerales 1 y 2 del artículo 208 del citado código para luego exponer la explicación que previamente hemos resumido, sin embargo guarda absoluto silencio respecto a la infracción del artículo 701 numeral 1 del Código Procesal Civil por lo que no existe forma de entender qué relación y concepto de infracción pretende el censor entre los artículos señalados como infringidos, por otra parte es totalmente confusa la forma en la que pretende impugnar las normas puesto que la infracción la está alegando por aplicación indebida y en esta “se hace obrar la norma aplicándola a una situación no prevista o regulada en ella” [1], es decir mediante este modo de impugnación se ataca la norma porque esta no es aplicable al caso en cuestión, lo que significaría en el caso de autos que para el casacionista el Tribunal adquem no debió aplicar esos artículos que regulan los requisitos internos de la sentencia porque los ha impugnado por aplicación indebida, pero al examinar el argumento del recurrente, este no es claro al pretender explicar que la sentencia es incongruente lo que supone que para el impetrante no se observó la obligación de redactar una sentencia congruente conforme el artículo 208 numeral 1 del Código Procesal Civil, en cuyo caso se estaría frente a una falta de aplicación de ese precepto, sin embargo, aún faltó al recurrente precisar y justificar claramente la incidencia de la infracción en el sentido de la resolución impugnada, en otras palabras como esa infracción (que no tenemos claro si es aplicación indebida o falta de aplicación) llevó a declarar sin lugar la apelación y confirmar el fallo de primera instancia que declaró con lugar la acción de dominio, en consecuencia, hay lugar a la inadmisión del motivo en aplicación del artículo 723. 2 a) del Código Procesal Civil. 5. DEL RECURSO DE CASACION INTERPUESTO POR EL ABOGADO CARLOS ROBERTO PÉREZ PINEDA EN SU SEGUNDO MOTIVO. El recurrente en su segundo motivo de casación viene impugnando la forma y contenido de la sentencia, invocando como normas infringidas la aplicación indebida de los artículos 200 numerales 1) y 2) literales b), c) y d) y 207 numerales 1) y 2) del Código Procesal Civil, citando como precepto autorizante el artículo 719 numeral 1) letra c) del mismo Código. Se resume la explicación del segundo motivo del recurrente en la forma siguiente: “el Tribunal de segunda instancia ha aplicado en forma indebida e incompleta las disposiciones relacionadas, especialmente la determinación de los hechos probados, la cual si bien existe, la misma no guarda armonía con la motivación, es decir con los razonamientos fácticos y jurídicos que le condujeron a la apreciación y valoración de las pruebas, así como la debida fundamentación jurídica, ya que lo enunciado como tales no resulta con base al tipo de demanda que se conoce y por ello con la determinación judicial, ya que omite determinar uno de los elementos de la acción reivindicatoria, que es la identificación real y precisa del área que se pretende reivindicar y que se señala se encuentra en posesión de la demandada en los términos que dispone el artículo 868 del Código Civil.” Respuesta de la Sala de lo Civil. Este Tribunal de Justicia, estima que el recurrente en este motivo de casación incurre en falta de claridad e inobserva los requisitos de formalización del recurso orientados precisamente a ese propósito, esto es expresar las normas cuya infracción sustenta el motivo con la suficiente separación y claridad, precisando y justificando la incidencia de la infracción en el sentido de la resolución impugnada, en ese orden de ideas si bien el impugnante expresa las normas que supone infringidas y las cita íntegramente, la forma en la que pretende impugnar las normas es confusa y falta de claridad puesto que viene alegando la infracción por aplicación indebida, sin embargo al momento de su explicación manifiesta que “el Tribunal de segunda instancia ha aplicado en forma indebida e incompleta las disposiciones relacionadas, especialmente la determinación de los hechos probados, la cual si bien existe, la misma no guarda armonía con la motivación”, de tal manera que no deja claro si la norma ha sido indebidamente aplicada y por lo tanto no debió aplicarse o si la misma se observó y lo que cuestiona es la motivación; si cuestiona por aplicación indebida significa que esas normas no debieron aplicarse, sin embargo es indudable que las normas reguladoras de la sentencia son siempre aplicables, en todo caso no expone cuales, a su criterio, son las normas que debieron ser aplicadas; por otra parte, si el argumento va en relación a la motivación no es esta la vía causal apropiada y mas correspondía en todo caso solicitar el control de la motivación fáctica de la sentencia conforme lo autoriza el artículo 720 numeral 2 del Código Procesal Civil, en consecuencia, hay lugar a la inadmisión del motivo en aplicación del artículo 723. 2 a) del Código Procesal Civil. 6. DEL RECURSO DE CASACION INTERPUESTO POR EL ABOGADO CARLOS ROBERTO PÉREZ PINEDA EN SU TERCER MOTIVO. El recurrente en su tercer motivo de casación solicita el control de la motivación fáctica de la sentencia para revisar su existencia, racionalidad y carácter lógico conforme el artículo 720 numeral 2) con relación al artículo 719 numeral 1) letra c) del Código Procesal Civil. Se resume la explicación del tercer motivo del recurrente en la forma siguiente: “1) Resulta que el fallo dictado por la Honorable Corte de Apelaciones de Santa Bárbara, al confirmar la sentencia del a-quo, no hace referencia a que parte del inmueble propiedad de mi mandante, se estaría afectando con la condena, se limita a ordenar “...Restituirle el Bien inmueble a la parte Demandante de conformidad a lo peticionado y resuelto en esta Sentencia”…, por lo que resulta evidente la falta de identificación real y precisa de dicha área, lo cual genera una falta de suficiencia en la sentencia recurrida, habida cuenta que no se explica ni resuelve con claridad tal situación. 2) Así mismo esa omisión provoca la falta de racionalidad y carácter lógico del fallo, el cual no sustenta como arriba a la condena, si las 2 partes cuentan con títulos de dominio debidamente inscritos en el Instituto de la Propiedad, con apariencia de buen derecho, por lo que la acción reivindicatoria aislada no resuelve la situación jurídica controvertida, ya que no se ha ejercitado la correspondiente a la nulidad del título de propiedad que ostenta mi representada sobre el inmueble que posee. 3) Se acusa también al fallo impugnado, de falta de racionalidad que es sinónimo de sensatez, ya que ha tomado como valido un dictamen pericial rendido por un perito valuador, sin determinar su experticia y que solo cabe como un dictamen privado, el cual tampoco aclara como arribó a las conclusiones del mismo y solo detalla que se hizo presente a uno de los inmuebles “…para verificar la medida y colindancias según consta bajo el No 92 TOMO 226 del Libro de Sentencias de este Registro...” lo cual no compagina con la inscripción registral realizada en el Libro Registro de Propiedad, pero que dentro de su dictamen más parece que realizó una inspección o reconocimiento, más no un verdadero peritaje donde se aclarara la situación real del inmueble, por tanto, dicho dictamen carece de la más absoluta validez para que pueda sustentar la sentencia recurrida que ha hecho suya este Tribunal al confirmar la sentencia de primera instancia. 4) Esa falta de racionalidad del fallo recurrido queda también evidenciada, al olvidar que ambas partes ostentan justo título de sus inmuebles, con presunción de buena fe, además sin contar con un alegato o punto en debate, sostiene posiciones no expuestas en la controversia, como al afirmar en el numeral Cuarto de los Fundamentos de Derecho “que efectivamente la ahora demandada señora LOURDES CONSUELO RIVERA LOPEZ, se encuentra en posesión del inmueble propiedad de la demandante, y que el señor OTTOMAN RIVERA LOPEZ con la remedida del terreno que fue de su propiedad, despojo de parte del terreno de la demandante...”, aparte de que de su simple lectura se establece claramente su contradicción, al sostener en un apartado que mi representada se encuentra en posesión de todo el inmueble de la demandante y en el otro, que a la actora se le despojó de parte de su terreno”. Respuesta de la Sala de lo Civil. Este Tribunal de Justicia es de la opinión de que, si bien es cierto el impetrante viene citando una causal de casación autorizada y en su alegato cuestiona la insuficiencia, racionalidad y logicidad del fallo, no estando de acuerdo con la motivación fáctica del Tribunal de segunda instancia, igualmente cierto es que resulta notoria una falencia tal del escrito de interposición y formalización del recurso de casación al abordar el presente motivo que no es posible precisar cuál es la norma o normas infringidas en tanto que el recurrente no ha sido capaz de señalarla, en ese sentido el artículo 721 del Código Procesal Civil no solo impone la obligación de hacer constar los motivos en que la casación se base, sino que exige también expresar las normas cuya infracción sustenta cada motivo y ello no lo ha cumplido el censor, aunado a que no ha precisado ni justificado la incidencia de la infracción en el sentido de la resolución impugnada, pues la ausencia del señalamiento de norma infringida impide señalar tal incidencia, conformándose de este modo una causal de inadmisión autorizada por el artículo 723. 2 a) del Código Procesal Civil. 7. DEL RECURSO DE CASACION INTERPUESTO POR EL ABOGADO CARLOS ROBERTO PÉREZ PINEDA EN SU CUARTO MOTIVO. El recurrente en su cuarto impugna la aplicación indebida de los artículos 868 y 872 del Código Civil, señalando como precepto autorizante el artículo 719 numeral 2) del Código Procesal Civil. Se resume la explicación del cuarto motivo del recurrente en la forma siguiente: “Los artículos 868 y 872 del Código Civil determinan que la reivindicación o acción de dominio, es la que tiene el dueño de una cosa singular, de que no está en posesión, para que el poseedor de ella sea condenado a restituírsela y que dicha acción le corresponde al que tiene la propiedad plena o nuda de la cosa. Por criterios jurisprudenciales, se ha venido señalando que para la procedencia de la acción de reivindicación de dominio se requiere que concurran los siguientes requisitos: A) LA PROPIEDAD DE LA COSA, es decir contar con título debidamente Inscrito; B) INDIVIDUALIZAR EL BIEN A REIVINDICAR, esto es determinar con los medios de prueba, apropiados, que el inmueble pretendido por medio de la acción deducida de reivindicación de dominio, es el mismo inmueble del que está en posesión la parte demandada, es decir, la identificación real y precisa de la cosa u objeto que se pretenda reivindicar y la poseída por la demandada; y, C) SEÑALAR LOS ACTOS DE POSESION QUE ESTA REALIZANDO EL ACTUAL POSEEDOR, esto se concreta a establecer que la parte demandante ha sido despojada materialmente de la posesión por parte de la demandada. Alega que no se podía declarar con lugar una acción de reivindicación de dominio, sin establecer que es lo relativo al derecho de cada una, es decir, sin fijar cual es la cosa singular a reivindicar, ya que ello no fue precisado por la parte demandante y tampoco aparece determinado en el proceso. Al no cumplirse esos requisitos, la aplicación de dichas normas en el fallo para la solución del fondo del litigio resulta ser indebida”. Respuesta de la Sala de lo Civil. Este Tribunal de Justicia es del criterio que en la valoración probatoria el Tribunal de Apelaciones ha considerado que la remedida hecha al terreno del demandado y que dio en donación a la señora LOURDES CONSUELO RIVERA LOPEZ, le ha cercenado la propiedad a la demandante, con lo que tiene por acreditado el hecho cuarto de la demanda es decir, la posesión del demandado en el inmueble del demandante, sin embargo al argumentar el recurrente que no se ha singularizado la cosa a reivindicar, pretende introducir una revisión probatoria y de hechos que no es permitida mediante el recurso de casación de conformidad con el artículo 720.1 del Código Procesal Civil, por otra parte, los artículos citados como aplicados indebidamente si regulan la cuestión controvertida, en todo caso si el censor cuestiona el alcance que le ha dado el tribunal a los artículos que regulan la acción de dominio, es una cuestión de interpretación del tribunal que ha debido ser interesada por la vía de impugnación de interpretación errónea de la norma y no por la aplicación indebida que tiene lugar cuando la norma no regula la cuestión controvertida en juicio no siendo este último el caso de autos, en consecuencia concurre una causal de inadmisión autorizada por el artículo 723. 2 a) del Código Procesal Civil. 8. DE LA NULIDAD SUBSIDIARIA. El recurrente subsidiariamente ha solicitado la nulidad del fallo recurrido, por las mismas razones que ha invocado al momento de exponer los motivos de casación. Respuesta de la Sala de lo Civil. Este Tribunal de casación ha venido reiterando que: “en nuestra legislación procesal vigente, no es procedente la pretensión de nulidad subsidiaria, en virtud de que el actual Código Procesal Civil ha previsto un acceso para la subsanación de los defectos procesales a través de las causales de casación establecidas, sin embargo, en virtud del control procesal de los órganos jurisdiccionales, podrá el Tribunal decretar nulidad de los actos procesales, cuando se prescinda de normas esenciales del procedimiento, siempre que, por esa causa, se haya producido indefensión, (artículo 212.4 del Código Procesal Civil), y si bien en ningún caso podrá el tribunal, con ocasión de un recurso, decretar de oficio una nulidad de actuaciones que no haya sido solicitada en dicho recurso, (artículo 214.3 del Código Procesal Civil), a contrario sensu se entiende que si ha sido solicitada, entonces es posible decretar la nulidad por apreciación del Tribunal”, en ese orden de ideas no aprecia el tribunal que se haya producido indefensión de tal modo que sea necesario decretar de una nulidad. III.- PARTE DISPOSITIVA Por lo antes expuesto la Sala de lo Civil de la Corte Suprema de Justicia, pronunciándose por unanimidad de votos e impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, en base a los fundamentos de derecho citados y haciendo aplicación de los artículos 82, 303, 304, 313 numeral 5) y 316 de la Constitución de la República; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 3, 7, 21, 115, 118 numeral 1), 129, 169, 170, 190, 191, 193 numeral 2, literal b), 228, 317, 716, 717, 718, 719, 720.2, 721, 722, 723.2 a), 724, del Código Procesal Civil; 868 del Código Civil, profiere el presente AUTO IRRECURRIBLE y DECLARA: 1) La inadmisión del recurso de casación en sus cuatro motivos interpuesto y formalizado por el abogado CARLOS ROBERTO PEREZ PINEDA en la condición con que actúa. 2) Sin lugar la nulidad subsidiaria solicitada por el abogado CARLOS ROBERTO PEREZ PINEDA en la condición con que actúa. 3) Firme la sentencia recurrida dictada en fecha ocho de enero del año dos mil dieciséis, por la Corte de Apelaciones de Santa Bárbara, Departamento de Santa Bárbara, en el expediente de Apelación número 50-2015, originado en los autos que conforman la primera pieza que se registra bajo el número 14-2013 del Juzgado Primero de Letras Departamental de Santa Bárbara, Departamento de Santa Bárbara. 3) Condenar en costas a la parte recurrente. Y MANDA: Remitir las presentes actuaciones, junto con la certificación de esta resolución al Tribunal de su procedencia, previa notificación de este auto a las partes personadas, por medio de sus apoderados legalmente constituidos en juicio. NOTIFIQUESE. FIRMAS Y SELLO. RINA AUXILIADORA ALVARADO MORENO. MAGISTRADA COORDINADORA. REYNALDO ANTONIO HERNANDEZ. MAGISTRADO. WILFREDO MENDEZ ROMERO. MAGISTRADO. FIRMA Y SELLO. BETTY JANETH PALMA O´CONNOR. RECEPTORA ADSCRITA”.

Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los diecinueve días del mes de marzo del año dos mil dieciocho; Certificación del auto de fecha veintiocho de febrero del año dos mil dieciocho, recaído en Recurso de Casación registrado bajo el No. S.C. 74=2016.

BETTY JANETH PALMA O’CONNOR

RECEPTORA ADSCRITA

[1] Cardoza Isaza Jorge. Manual Práctico de Casación Civil. Temis. P 95