Chilo Legal Biblioteca Consulta Legal
⚠️
Documento pendiente de verificación

Este texto aún no ha sido revisado por un curador; podría contener errores de transcripción.

Sentencia CC-04-17 — Registro 8503

Resumen

En primera instancia se desestimó la demanda mediante el procedimiento ordinario para que una sociedad mercantil sea condenada judicialmente al pago por indemnización de daños y perjuicio y confirmada en segunda instancia.

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

… “3.1. Los argumentos del recurrente en este Primer Motivo no son de recibo por parte de la Sala; ello se estila así, porque el casacionista incurre en mala técnica casacional al momento de plantear este motivo, ello se establece por las siguientes razones: a) Falta de claridad del motivo, al pretender el recurrente explicar el precepto autorizante invocado, esto es el articulo 719.1 letra b) del Código Procesal Civil, para ello hace cita de los artículos 3 y 7 de la misma normativa procesal civil; al respecto la Sala deja establecido que las causales de interposición del recurso casación ya se dejan taxativamente establecidas en el artículo 719 de la citada norma, por lo que no cabe en vía de casación pretender explicar las mismas. Sobre tales causales del recurso es menester señalar que se deben invocar indefectiblemente cualquiera de ellas en el motivo planteado, lo cual conlleva únicamente el posibilitar la interposición del recurso; b) El recurrente en el motivo impetrado no solo hace amplia referencia, sino que también cuestiona la sentencia proferida por el juzgado a-quo al expresar: “….sin motivación alguna y violentando el derecho de defensa contradicción, igualdad y debido proceso, anula el medio de prueba denominado reconocimiento judicial,….”; al respecto es menester recordar que el Código Procesal Civil es por demás claro al determinar cuáles son las clases de recursos que permite el proceso civil y cuando es aplicable cada uno de ellos, tal como lo establece el artículo 691.1 del citado texto legal, amén de que solo son susceptibles de ser recurridas en casación las sentencias y los autos que pongan termino al pleito, haciendo imposible su continuación, dictados en apelación por las Cortes de apelaciones, tal y lo señalado por el artículo 717 de la misma normativa; de todo lo cual se colige que la Sala solo podrá revisar la sentencia o auto que bajo el precepto anteriormente citado, sea proferido por el iudex ad-quem, así que al hacerse el planteamiento del recurso de casación se deberá tener cuidado de no hacer referencia o cuestionamiento alguno contra el fallo dictado en primera instancia, ello porque tal y como se ha dejado señalado, el fallo de primera instancia no es susceptible del recurso extraordinario de Casación[5]; y c) Hace el recurrente una extensa relación del medio de prueba denominado reconocimiento judicial, mismo que se llevo a cabo el día 14 de noviembre del año 2011, en las Instalaciones físicas de la demandada, medio de prueba con el cual dice se probo los extremos alegados por esa representación procesal, siendo por lo tanto el mismo útil, pertinente y procedente, en ese sentido hace cuestionamiento sobre la decisión del Juez a-quo en la sentencia pronunciada el día 9 de Abril del año 2015, al anular el referido medio de prueba; sobre tal asunto esta Sala tiene a bien indicar al recurrente que incurre en error al pretender que se revise en vía casacional la valoración de tal medio de prueba apreciadas por el a-quo, ello debido a la exclusión de la revisión probatoria en casación, tal como lo dispone el artículo 720.1 del Código Procesal Civil que establece: “Por medio del recurso de casación no se podrá instar la revisión de los hechos ni la interpretación y valoración de las pruebas contenidas en las sentencias dictadas en la instancia.”.”

Legislación citada

Jerarquía: Reiterativa

… “4.1. De lo expuesto por el recurrente en el Segundo Motivo, la Sala encuentra que los argumentos esgrimidos no concitan su admisibilidad, ello porque se incurre nuevamente en errores de técnica casacional al momento de plantear el motivo, tales falencias tienen que ver básicamente con lo siguiente: a) Falta de separación y claridad por parte del recurrente al estimar que el Tribunal de Alzada en el fallo que profirió ha vulnerado el artículo 214 del Código Procesal Civil, y por otro lado aduce también que la referida Corte no cumple con lo preceptuado por el artículo 715 del citado código procesal; en ese sentido el recurrente debió de haber planteado en motivos separados tanto la vulneración del artículo 214 del Código Procesal Civil, como la falta de aplicación del artículo 715 del citado código; por tanto no debió de hacer cita en forma conjunta en un solo motivo de los dos artículos que estima vulnerados; b) Nuevamente cuestiona el fallo proferido en primera instancia cuando señala que: “….el Juez A-quo al dictar sentencia en fecha 9 de abril del año 2015, contenidas en los folio del 807 al 814, declara de oficio la nulidad del medio de prueba ya admitido y evacuado en la sentencia tal como se desprende de la simple lectura de la parte de la misma denominado antecedentes hecho parte final del hecho sexto, violentando con ello lo establecido en el artículo 214 del C.P.C. medio de prueba este que de la simple lectura del acta de evacuación del mismo junto con los documentos que se aportaron, revierten fácilmente el resultado final del proceso el cual obra evacuado a folio 598 al 674 de los autos del proceso;….”; de lo expuesto por el impetrante llama la atención nuestra, que si bien es cierto el mismo ha señalado que la sentencia que se impugna en esta vía de casación es la proferida por el tribunal de alzada; también lo es que hace cita y cuestiona la sentencia dictada en primera instancia; con lo cual en este motivo el recurrente nuevamente omite de manera absoluta toda la técnica y fundamentación casacional, mismos que son de rigurosa observancia y cumplimiento al tenor de lo que dispone el artículo 723.2 literal a), en relación al artículo 721.2, todos del Código Procesal Civil; y c) El impetrante no agotó todos los medios de defensa que la ley le franquea para una tutela efectiva de sus derechos ya que según lo que el mismo denuncia, dejó pasar el término sin hacer uso de la denuncia de una resolución defectuosa para su debida subsanación por la omisión manifiesta de pronunciamiento respecto a la nulidad del medio de prueba del cual ha hecho mención, tal como lo establece el artículo 205 numeral 2 del Código Procesal Civil.”

Legislación citada

Jerarquía: Reiterativa

… “5.1.- Llevado a cabo el estudio del Tercer Motivo planteado, el mismo no resulta de conocimiento para la Sala, ello porque en los términos en que se formula el mismo, denota una serie de falencias que evidencian una indebida técnica casacional, mismas que tienen que ver con lo siguiente: a) Falta a la necesaria separación y claridad con la que se debe dejar expuesto el motivo, ello porque el recurrente estima en forma conjunta y sin hacer la separación debida que se han infringido en el fallo proferido por el tribunal de alzada, por falta de aplicación los artículos 1 del Código de Comercio, 17 del Código Civil y 884 del Código Procesal Civil; respecto de lo cual es menester señalar que el casacionista devenía en la obligación de exponer en motivos separados la vulneración de cada una de las normas que cita, debiendo también precisar y justificar la incidencia de la infracción en el sentido de la resolución impugnada, al no hacerlo así, no ha observado lo señalado por el artículo 721.2 del Código Procesal Civil; b) Pretende el recurrente que bajo la tutela del precepto autorizante invocado como lo es el artículo 719.2 del Código Procesal Civil, normativa que prevé como causal de casación, “el impugnar la aplicación e interpretación de las normas de derecho empleadas para la solución del fondo del litigio.”; que la Sala se pronuncie sobre la posible vulneración del artículo 884 del Código Procesal Civil, que resulta ser una norma procesal, en ese sentido es necesario ilustrar que si su pretensión se encaminaba a impugnar la posible transgresión de una norma procesal, devenía entonces en invocar el precepto autorizante relacionado con las normas procedimentales, ya que no es factible en un mismo motivo invocar como normas infringidas de manera simultánea tanto normas procesales como sustantivas; y c) El recurrente al cuestionar la valoración que sobre los medios de prueba documentales, peritaje y correos electrónicos, se han hecho por parte del tribunal de alzada, y que confirma el fallo de primera instancia; confunde la viabilidad de la impugnación al citar como precepto autorizante el artículo 719.2 del Código Procesal Civil, al respecto se establece que si se pretende impugnar la motivación fáctica de la sentencia, a fin de revisar su existencia, suficiencia, racionalidad y carácter lógico, siempre que éste fuera determinante de un sentido diferente al fallo, indefectiblemente deberá hacer cita de la causal recursiva pertinente; y d) Por otro lado tenemos que respecto de los dos artículos de la norma sustantiva que el recurrente cita como infringidos, esto es los artículos 1 del Código de Comercio y 17 del Código Civil, los mismos al contener definiciones y disposiciones generales consecuentemente resultan inviolables para efectos de casación, características que revisten las normas citadas como infringidas en el motivo. 6.- En conclusión, la defectuosa presentación del recurso por parte del impetrante, en esta fase procedimental, hace procedente su inadmisión por concurrir en los tres motivos de casación expuestos la causal prevista en el artículo 723.2 literal a) del Código Procesal Civil.”

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACION

La Infrascrita Receptora Adscrita a la Sala de lo Civil de la Corte Suprema de Justicia, Certifica el Auto que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintinueve días del mes de noviembre del año dos mil dieciocho, la Sala de lo Civil integrada por los ilustres Magistrados: RINA AUXILIADORA ALVARADO MORENO como Coordinadora, REYNALDO ANTONIO HERNÁNDEZ, y WILFREDO MENDEZ ROMERO, el último designado ponente para el conocimiento y redacción de la resolución en el presente recurso de casación, en la fecha supra indicada dictan el siguiente AUTO: SON PARTES: La sociedad mercantil denominada MICAL SEAFOOD INC, representada en juicio por el abogado JOSÉ RAMÓN OSORIO MURILLO, en su condición de recurrente; siendo recurrida la empresa IBEROAMERICANA DE MARISCOS, S.A. DE C.V., representada en juicio por el abogado JOSÉ TOMAS GUILLEN W. OBJETO DEL PROCESO: “DEMANDA ORDINARIA PARA QUE UNA SOCIEDAD MERCANTIL SEA CONDENADA JUDICIALMENTE AL PAGO POR INDEMNIZACION DE DAÑOS Y PERJUICIOS CAUSADOS A OTRA SOCIEDAD MERCANTIL.” promovida en fecha 07 de junio del año 2011, ante el Juzgado de Letras de la Sección Judicial de Choluteca, Departamento de Choluteca, por el abogado José Ramón Osorio Murillo, en su condición de representante procesal de la sociedad mercantil denominada MICAL SEAFOOD INC, contra la sociedad mercantil denominada IBEROAMERICANA DE MARISCOS S.A., representada legalmente por el señor Carlos Manuel Borjas Castejón, mayor de edad, hondureño, casado, Licenciado en Ciencias Económicas y con domicilio en Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán. I.- ANTECEDENTES DE HECHO PRIMERO: Que en fecha 09 de abril del año 2015, el entonces Juzgado de Letras Primero Departamental de Choluteca, Departamento de Choluteca, dictó sentencia fallando de la siguiente manera: (Sic.) “PRIMERO: DESESTIMAR la Demanda mediante el Procedimiento Ordinario para que una Sociedad Mercantil sea condenada judicialmente al pago por indemnización de daños y perjuicio, promovida por el Abogado JOSE RAMON OSORIO MURILLO, en su condición de Representante Procesal de la Sociedad Mercantil de los Estados Unidos de Norteamérica denominada MICAL SEAFOOD INC., contra la SOCIEDAD MERCANTIL DENOMINADA IBEROAMERICANA DE MARISCOS S.A. (IBERMAR) representada legalmente por el señor CARLOS MANUEL BORJAS CASTEJON, ambos de generales conocidas en el preámbulo de esta sentencia. SEGUNDO: Se CONDENA a la sociedad mercantil de los Estados Unidos de Norteamérica denominada MICAL SEAFOOD INC al pago de las costas causadas. MANDA: Que se notifique la presente sentencia a las partes para los efectos legales pertinentes y se extienda certificación de la misma a las partes interesadas. Notifíquese esta sentencia a las partes advirtiendo que contra ella podrá interponerse Recurso de Apelación.” SEGUNDO: Con fecha 23 de septiembre del año 2016, la Corte de Apelaciones de Choluteca y Valle, en el juicio de mérito, dictó sentencia confirmando la del a-quo, falló de la segunda instancia que en su parte dispositiva señalaba lo siguiente: (Sic.) “FALLA: PRIMERO: DECLARAR SIN LUGAR la apelación interpuesta por el Abogado JOSE RAMON OSORIO MURILLO, actuando en su condición de representante procesal de la demandante SOCIEDAD MERCANTL DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA MICAL SEAFOOD INC., en la DEMANDA ORDINARIA PARA QUE UNA SOCIEDAD MERCANTIL SEA CONDENADA JUDICIALMENTE AL PAGO POR INDEMNIZACION DE DAÑOS Y PERJUICIOS, promovida por el Abogado arriba mencionado, en contra de la Sociedad Mercantil denominada IBEROAMERICANA DE MARISCOS, S.A. representada legalmente por el señor CARLOS MANUEL BORJAS CASTEJON, de generales conocidas en el preámbulo de esta fallo, contra la sentencia definitiva recurrida de fecha nueve (9) de abril del año dos mil quince (2015) visible a folios deI (807 al 814) de la primera pieza de autos, dictada por el juzgado de primera instancia; SEGUNDO: CONFIRMAR la sentencia recurrida mencionada en el número que antecede, en todas y en cada una de sus partes; TERCERO: Que en base a lo que dispone el artículo 221 del Código Procesal Civil, se condena en costas a la parte recurrente causadas en esta segunda instancia.- Y MANDA: Que si no se interpone recurso alguno en contra de esta resolución quede firme la misma y se devuelva la primera pieza de autos al Juzgado de su procedencia con la certificación de estilo para los efectos legales correspondientes.- Se aclara que se resuelve hasta esta fecha en virtud de las causas justificables siguientes: a) Que en primer lugar el caso estuvo asignado al Magistrado MANUEL ANTONIO PACHECO VALLE, quien paso a ocupar el cargo de Director Nacional de la Defensa Pública; b) Renuncia de los apoderados legales de la empresa demandada IBERMAR la cual llevó un tiempo prudencial en el tramite respectivo hasta que nuevamente volvieron a asumir la representación de la empresa antes mencionada; c) Últimamente por haber estado desintegrado el Tribunal por la incapacidad medica referente a una intervención quirúrgica que se le practicó al Magistrado Propietario REMBERTO ORDONEZ.- Redactó el Magistrado Propietario DANIEL ADAN BUSTILLO VASQUEZ .- El presente caso es recurrible en casación ante la Honorable Corte Suprema de Justicia.- NOTIFIQUESE.” TERCERO: En fecha 28 de octubre del año 2016, el representante procesal de la sociedad mercantil MICAL SEAFOOD INC, abogado José Ramón Osorio Murillo, presentó escrito de interposición y formalización del recurso de casación contra la sentencia de fecha 23 de septiembre del año 2016, dictada por la Corte de Apelaciones de Choluteca y Valle, resolviendo el ad-quem, mediante proveído de fecha 04 de noviembre del año 2016, tener por interpuesto y formalizado el recurso de casación por parte del recurrente y acordó conceder a la parte contraria el plazo de diez días hábiles para que se pronunciara sobre el contenido del escrito, debiendo entregársele copia del mismo. CUARTO: En fecha 25 de noviembre del año 2016, el representante procesal de la empresa IBEROAMERICANA DE MARISCOS, S.A. DE C.V., abogado José Tomás Guillén W., presentó escrito de pronunciamiento sobre el contenido del recurso de casación interpuesto y formalizado por la contraparte, resolviendo la Corte de Apelaciones de Choluteca y Valle, remitir las presentes diligencias a la Honorable Corte Suprema de Justicia en el término que manda la ley, para proseguir con el trámite correspondiente. QUINTO: Recibidas las actuaciones en éste Tribunal, los abogados José Tomás Guillén W. y José Ramón Osorio Murillo, ambos en sus condiciones ya indicadas, presentaron escritos de personamiento en fechas 15 de diciembre del año 2016 y 05 de enero del año 2017; por lo que una vez visto el informe rendido por la Secretaría de esta Corte Suprema de Justicia, este Tribunal, mediante proveído de fecha 24 de febrero del año 2017, los tuvo por personados dentro del plazo concedido. SEXTO: El abogado José Ramón Osorio Murillo, plantea recurso de casación contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de Choluteca y Valle de la siguiente manera: (Sic.) “SE MOTIVA RECURSO DE CASACION PRIMERO: Primer causal del recurso: precepto jurídico autorizante artículo 719, inciso 1) letra b); el cual literalmente preceptúa lo siguiente: Artículo 719.- CAUSALES DEL RECURSO. 1. Se podrá impugnar la aplicación e interpretación de las normas procesales que regulan: b) Los actos y garantías procesales cuando su infracción suponga la nulidad o produjera indefensión. Este precepto jurídico autorizante Honorable Corte Suprema de Justicia lo explico así: En aplicación al artículo 3 del Código Procesal Civil, es un derecho nuestro que el proceso se desarrolle por los trámites previstos derechos estos, que son franqueados por la Constitución de la República y las leyes ordinarias bajo las condiciones de igualdad entre los intervinientes en un proceso- El precepto jurídico autorizante a nuestro criterio tiene dos presupuestos que garantizan por parte de ustedes Honorable Corte, que todo proceso civil se desarrolle en base a las disposiciones del Código y la Constitución de la República, pues el artículo 7 de la norma procesal supra indicada, establece que las formalidades previstas en el son imperativas y sus normas de carácter obligatorio tanto para el órgano jurisdiccional como para las partes.- En el presente caso Honorable Corte obra de los folios 583 al 587 vuelto que en fecha 6 de octubre del año 2011, se llevo a cabo la audiencia preliminar del presente proceso ordinario, ante el Juzgado de Letras de la sección judicial de Choluteca, registrada la demanda ante el órgano A-quo bajo expediente número 21-11, resultando que después del estudio de los defectos procesales y su exclusión por parte del Juez, se procedió a fijar el objeto del proceso el cual quedo de la siguiente manera…….” El Juzgado resuelve establecer si existía contrato de exclusividad entre dichas empresas, si existe compromiso de envío, si efectivamente el producto enviado a Estados Unidos en el mes de octubre presento necrosis al salir de IBERMAR, y la parte demandada que el producto al a salir de Honduras es responsabilidad DE MICAL SEFOOD......” Acto seguido Honorable Corte, por nuestra parte propusimos los medios de prueba denominados entre otros reconocimiento judicial, al considerar que este era un medio de prueba útil, procedente y pertinente, con lo que pretendíamos verificar lo siguiente: …” Si antes del envío del producto del camarón por parte de IBERMAR a la sociedad MICAL SEFODD INC, esta última aprobaba la lista de empaques (PACKING LIST;) Así mismo verificar si en esa lista de empaques se especifica que porcentaje de camarón es enviado entero y que porcentaje es enviado cola, verificar los listados de empaque de los envíos correspondientes a los años 2009, y 2010, y a quien eran enviados. Nótese Honorable Corte, que de la simple lectura del objeto del proceso fijado en audiencia preliminar, nuestro medio de prueba denominado judicial es proporcional a dicho objeto del Juicio y el cual el Juzgado resolvió admitiendo el mismo y motivando al final del folio 587 deI proceso ,en lo referente a este medio de prueba lo siguiente: “... En cuanto al reconocimiento judicial propuesto por la parte demandante el tribunal hará uso de lo dispuesto en el artículo 118 del Código Procesal Civil...”. Considero necesario señalar a ustedes, que IBEROAMERICANA DE MARISCOS SOCIEDAD ANONIMA fue constituida y está inscrita registralmente en la ciudad de Choluteca, pero sus instalaciones físicas están ubicadas en un lugar denominado la caucara próximo a San Lorenzo Valle, sin embargo la dueña de esas instalaciones físicas es decir su establecimiento mercantil, es la sociedad demandada IBERMAR y no debemos de olvidar el concepto de empresa que establece nuestro código de comercio en el artículo 644 en relación al 648 del mismo ordenamiento jurídico, donde resalta que la empresa es una unidad y se reputa un Bien Mueble; Así mismo Honorable Corte para fortalecer el desarrollo de este primer motivo de casación, considero prudente transcribir lo que establece el artículo 118 del Código procesal Civil el cual señala: Artículo 118.- LUGAR DE CELEBRACIÓN DE LOS ACTOS PROCESALES. 1. Las actuaciones procesales se realizarán en la sede del tribunal, salvo aquéllas que por su naturaleza se deban practicar en otro lugar. 2. Las actuaciones que deban realizarse fuera de la sede del órgano jurisdiccional competente se practicarán, cuando proceda, mediante auxilio judicial. 3. No obstante lo dispuesto en el numeral anterior, los juzgados o tribunales podrán constituirse en cualquier lugar del territorio de su circunscripción para la práctica de las actuaciones cuando fuere necesario o conveniente para una más justa resolución del pleito, especialmente para la práctica de la prueba que exija el cambio de lugar. De la simple lectura del artículo antes mencionado, resalto el tercer presupuesto donde de su simple lectura autoriza al impartidor de justicia, constituirse en cualquier lugar del territorio de su circunscripción para la práctica de sus actuaciones cuando fuere necesario o conveniente PARA UNA MAS JUSTA RESOLUCION DEL PLEITO, especialmente, para la práctica de la prueba que exija el cambio del lugar y la percepción del asunto.- Es decir Honorable Corte el Artículo 3 del Código procesal Civil señala, que los ciudadanos de la República tenemos el derecho a que los órganos jurisdiccionales dicten resoluciones de fondo justas y motivadas y en relación al principio de inmediación contenido en el artículo 16 del Código Procesal Civil, se establece que el Juez que dicte la sentencia ha de ser el que haya presenciado y dirigido la práctica de las pruebas, salvo las excepciones prevista, so pena de nulidad desde la citación para la audiencia probatoria o equivalente; Así mismo advierte el artículo en análisis ,que no se puede delegar o comisionar la práctica de un acto procesal oral bajo sanción de nulidad, salvo en casos excepcionales en los que resulte absolutamente necesario realizarlo por vía de auxilio judicial. Es decir, Honorable Corte el reconocimiento judicial a las instalaciones físicas de la empresa mercantil demandada, la tiene que llevar a cabo el Juez que está conociendo del asunto, por los argumentos Jurídicos anteriormente esgrimidos; Sin embargo ¿qué paso en el presente proceso Judicial? Lo cual contestamos así: En fecha 14 de noviembre del año 2011 presentes, todas las partes personadas en juicio- se evacuo el medio de prueba denominado reconocimiento judicial en las Instalaciones físicas de la demandada ,probándose con la evacuación de dicho medio de prueba, el objeto del proceso fijado en la audiencia preliminar y aportando en ese acto, la misma empresa demandada, una cantidad de documentación denominada PAKING LIST que dan fe, que desde el 6 de mayo del 2009, al envió del producto problema de fecha 12 de junio del año 2010, IBEROAMERICANA DE MARISCOS S.A. exportaba exclusivamente al mercado de los Estados Unidos de Norteamérica, a mi Representada MICAL SEAFODD INC y esto lo pueden apreciar ustedes de folios 598 al 690 de los autos del proceso, con lo cual el medio de prueba demostraba su utilidad, pertinencia y procedencia; Así mismo, es importante resaltar, que en materia mercantil cuando existe una relación de confianza como la que hubo entre las partes demandante y demandada se aplica el artículo 1 del Código de Comercio que literalmente preceptúa: Artículo º 1 Los comerciantes, los actos de comercio y las cosas mercantiles se regirán por las disposiciones de este Código y de las demás leyes mercantiles en su defecto, por los usos y costumbres mercantiles y a falta de éstos, por las normas del Código Civil. Los usos y costumbres especiales y locales prevalecerán sobre los generales. Y ESTE EN RELACIÓN al artículo 716 y 717 del mismo ordenamiento jurídico, por ello los usos y costumbres mercantiles una vez probada su existencia, tienen la misma valides de un contrato. Resulta Honorable Corte que después de todas las incidencias que se dieron en el desarrollo del presente proceso en fecha 9 de Abril del año 2015, el Juzgado de Letras Primero Departamental de Choluteca dicta sentencia y en la parte de la misma denominada antecedentes de hecho inciso sexto que obra a folio 813, el Juez A-quo sin motivación alguna y violentando el derecho de defensa contradicción, igualdad y debido proceso, anula el medio de prueba denominado reconocimiento judicial, y esta nulidad la realiza en la sentencia exponiendo literalmente lo siguiente ………” en cuanto al medio de prueba reconocimiento judicial evacuado a folios 598 al 599 de los autos, aun cuando las partes no alegaron su nulidad el mismo fue practicado fuera de la competencia territorial que me corresponde como Juez, por lo cual no se le concede valor alguno.... Honorable Corte Suprema de Justicia: Nuestro Código Procesal Civil establece la nulidad de los actos procesales y esta facultad es otorgada a las partes o al Tribunal, pero en el caso del tribunal el artículo 214 inciso 2 del Código Procesal Civil, garantiza a las partes el derecho a una audiencia para invocar en su defensa los argumentos que considere necesarios y hacer valer el principio de contradicción e igualdad de las partes, por ello el señor Juez al decretar la nulidad de un medio de prueba ya evacuado, violenta el debido proceso, pues dicha nulidad la materializa en la sentencia definitiva que pone fin al pleito, violentando el artículo 214, inciso 2 del Código Procesal Civil literalmente preceptúa Artículo 214.- MEDIOS PARA LOGRAR LA NULIDAD O ANULACIÓN DE UN ACTO PROCESAL. 2. Sin perjuicio de ello, el tribunal podrá, de oficio o a instancia de parte, antes de que hubiere recaído resolución que ponga final proceso, y siempre que no proceda la subsanación, declarar, previa audiencia de las partes, la nulidad de todas las actuaciones o dé alguna en particular. Y esta INFRACCION PROCESAL la explico así: Honorable Corte, la nulidad que realizo el señor Juez, en lo referente al medio de prueba oportunamente propuesto admitido, útil, procedente y pertinente, denominado reconocimiento judicial y que a nuestro criterio probaba el objeto del Juicio, violenta lo establecido en esta norma jurídica supra indicada, pues aunque es una potestad del Tribunal decretar la nulidad de un acto procesal de oficio tal poder tiene las siguientes limitantes. 1.- Decretar la nulidad antes que hubiera recaído resolución que ponga fin al proceso. En el presente caso el Juez decreta la nulidad de un acto procesal en la sentencia. 2.- El Tribunal de oficio podrá decretar la nulidad siempre que no proceda la subsanación. El señor Juez tuvo que haber retrotraído el proceso, a la etapa de la audiencia preliminar y decidir en ella, si el medio de prueba denominado reconocimiento judicial lo evacuaba el o pedía auxilio judicial, pero ustedes mismos pueden apreciar a folio 587 de los autos del proceso que el Juez al motivar la admisión del medio de prueba denominado reconocimiento judicial, determina que el Tribunal hará uso de lo dispuesto en el artículo 118 del Código Procesal Civil. 3.- El Tribunal podrá decretar de oficio la nulidad previa audiencia de las partes. En el presente caso el Tribunal no celebro ninguna audiencia previa para decretar la nulidad del acto procesal, concerniente a la evacuación de un medio de prueba denominado reconocimiento judicial, violentando con el ello el principio de defensa igualdad y contradicción que son de carácter imperativo en un proceso civil. Por lo antes expuesto Honorable Corte, de la Simple lectura de los folios que conforman el proceso es evidente la infracción procesal del artículo 214, inciso 2 del Código Procesal Civil. Y el Juez estaba obligado en caso de haber estimado esa nulidad, a reponer las actuaciones al estado inmediatamente anterior al defecto que la halla originado y se seguirá el procedimiento legalmente establecido. En otro orden de ideas, al interponer el Recurso de Apelación ante la Honorable Corte de Apelaciones de Choluteca registrado el mismo bajo el numero C-51-15, se denunció en la expresión de agravios esa violación al debido proceso por parte del Juez A-quo, y en fecha 23 de septiembre del año 2016, la Honorable Corte de apelaciones de Choluteca y Valle confirman el fallo y en la parte denominada fundamentación jurídica y motivación contiene doce incisos y curiosamente EN NINGUNO DE ELLOS, HACE RELACION A LO CONCERNIENTE A LA NULIDAD DE OFICIO DECRETADA EN SENTENCIA, POR EL JUEZ A-QUO, DEL MEDIO DE PRUEBA DENOMINADO RECONOCIMIENTO JUDICIAL Y SU EVACUACION, EN CLARA VIOLACION A LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 214 INCISO 2) DEL CODIGO PROCESAL CIVIL, PESE A PLANTEAR ENFATICAMENTE ESTE PUNTO, EN LA IMPETRACION DE AQUEL RECURSO, PUES LA CORTE ES GARANTE DEL DEBIDO PROCESO, motivo por el cual desarrollamos este Recurso de Casación utilizando como precepto jurídico autorizante, el artículo 719 inciso 1 inciso b) del Código Procesal Civil, los cuales literalmente señalan lo siguiente: Artículo 719.- CAUSALES DEL RECURSO. 1. Se podrá impugnar la aplicación e interpretación de las normas procesales que regulan: b) Los actos y garantías procesales cuando su infracción suponga la nulidad o produjera indefensión. SEGUNDO MOTIVO DE CASACION Precepto jurídico autorizante artículo 719 inciso c) Código Procesal Civil, Considero que la sentencia proferida por la Honorable Corte de Apelaciones y que nos motiva a impetrar el presente Recurso, no cumple con los alcances de una decisión que debe recaer en un Recurso de Apelación y esto lo explico así. En la audiencia preliminar del proceso se fijó el objeto del Juicio, acto seguido propuse mis medios de prueba los cuales considero útiles, procedentes y pertinentes entre ellos el medio de prueba reconocimiento judicial con los motivos establecidos tanto en los antecedentes de hecho como en el primero motivo del presente Recurso-el Juez A-quo al dictar sentencia en fecha 9 de abril del año 2015, contenidas en los folio del 807 al 814, declara de oficio la nulidad del medio de prueba ya admitido y evacuado en la sentencia tal como se desprende de la simple lectura de la parte de la misma denominado antecedentes hecho parte final del hecho sexto, violentando con ello lo establecido en el artículo 214 del C.P.C. medio de prueba este que de la simple lectura del acta de evacuación del mismo junto con los documentos que se aportaron, revierten fácilmente el resultado final del proceso el cual obra evacuado a folio 598 al 674 de los autos del proceso; Resulta Honorable Corte que al interponer en tiempo y forma nuestro Recurso de Apelación hicimos ver a la Honorable corte de apelación de aquella sección judicial, la precitada acción procesal infringida y que se ordenara la retroacción de las actuaciones, al estado inmediatamente anterior al efecto que la origino, no siendo advertido este extremo en el fallo que ahora impugnamos, pues su fundamentación jurídica y motivación del fallo hoy impugnado, mencionan todos y cada uno de los antecedentes de hecho de la sentencia proferida por A-quo, pero evitan pronunciarse sobre la nulidad de oficio que este realizo de aquel medio de prueba, violentando el debido proceso ampliamente expuesto en los antecedentes de hecho y en el primer motivo de casación, cuando lo correcto era que la Corte de Apelaciones comenzara el estudios de los autos apreciando si existía la infracción procesal denunciada en el Recuro, extremo que en ninguno de sus doce incisos de la parte de la sentencia denominado fundamentación jurídica y motivación, mencionan tal infracción procesal, pese reitero a haber sido denunciado en el desarrollo del Recurso de Apelación violentando, con ello los alcances que debe contener una decisión proferida por una Corte de Apelaciones producto de la impetración de un Recurso de Apelación, y así se lo ordena la Ley en cuatro presupuestos que a continuación transcribo artículo 715 Código procesal Civil- Artículo 715.- ALCANCE DE LA DECISIÓN DE LA APELACIÓN. 1. Si se apreciare la existencia de infracción procesal que origine la nulidad absoluta de las actuaciones o de parte de ellas, el Juzgado o tribunal lo declarará así, y ordenará la retroacción de las actuaciones al estado inmediatamente anterior al defecto que la originó. 2. Si se tratara de infracciones de otra clase anulará la resolución apelada y devolverá las actuaciones al estado que corresponda para que el órgano jurisdiccional de instancia vuelva a decidir sobre el fondo, salvo que en los autos constaran los elementos de juicio necesarios para decidir, en cuyo caso el tribunal de apelación resolverá directamente. 3. Si se apreciara alguna infracción en la fijación de los hechos declarados probados o en su valoración, pero no afectara a la existencia de elementos de juicio necesarios para decidir, el tribunal revocará la sentencia apelada y resolverá directamente. Si afectara a la existencia de elementos de juicio necesarios para decidir, anulará la resolución apelada y devolverá las actuaciones al estado que corresponda para que el órgano jurisdiccional de instancia vuelva a decidir sobre el fondo. 4. Si se apreciara alguna infracción en la aplicación o interpretación del derecho en la decisión de fondo, el tribunal revocará la sentencia apelada y dictará la que estime procedente. De los cuatro presupuestos contenidos en esta norma y al haber sido denunciado por nuestra parte la nulidad que efectuó el juez, referente a la admisión y evacuación del medio de prueba denominado Reconocimiento judicial, la Corte de Apelaciones en el contenido de su sentencia, tuvo que haberse pronunciado si existía tal infracción procesal o no, pero por el contrario la Corte de Apelaciones guardo Silencio en cuanto este punto, por lo que considero el presente motivo de casación debe. ser de recibo en aplicación al artículo 719 inciso 1 literal c) y este en relación al 720 inciso 2 del Código Procesal Civil, pues considero que se deberá revisar por esta Honorable Corte Suprema de Justicia la motivación fáctica de la sentencia impugnada, pues a nuestro criterio la motivación fáctica de dicha sentencia no goza de existencia, sugerencia, racionalidad y carácter lógico pues de haber observado esa infracción procesal en cuanto a la nulidad del medio de prueba reconocimiento judicial, su evacuación y los documentos que se obtuvieron en ese acto procesal, los mismos son determinantes para darle al fallo un sentido diferente, por lo que ese ente impartidor de justicia tenía que manifestarse, en cuanto a ese punto recurrido en apelación. TERCER MOTIVO PRECEPTO JURIDICO AUTORIZANTE Artículo 719 inciso 2 Honorable Corte Suprema de Justicia, en este punto quiero transcribir la suma de nuestra demanda que literalmente dice: “SE PROMUEVE MEDIANTE PROCEDIMIENTO ORDINARIO DEMANDA ORDINARIA PARA QUE UNA SOCIEDAD MERCANTIL SEA CONDENADA JUDICIALMENTE AL PAGO POR Indemnización DE DAÑOS Y PERJUICIOS CAUSADOS A OTRA SOCIEDAD MERCANTIL”, y esto lo relaciono con el objeto del juicio fijado en la audiencia preliminar mismo que quedo definido de la siguiente manera: “…es establecer si existía contrato de exclusividad entre dichas empresas, si existe compromiso de envío y sí efectivamente el producto enviado a EE UU en el mes de octubre presente necrosis al salir de IBERMAR y la parte demandada que el producto al salir de Honduras es responsabilidad de MICAL SEAFOOD, hechos fijados en el debate..”. Así mismo Honorable Corte, quiera traer a colación lo consignado en el artículo 1 del Código de Comercio que dice: “Los comerciantes, los actos de comercio y las cosas mercantiles se regirán por las disposiciones de este Código y de las demás leyes mercantiles en su defecto, por los usos y costumbres mercantiles y a falta de estos, por las normas del Código Civil. - Los usos y costumbres especiales y locales prevalecerán sobre los generales. Se es claro en este punto Honorable Corte que los usos y costumbres mercantiles hacen ley entre las partes, y de las pruebas aportadas se es claro y categórico como eran las reglas del juego entre las partes por un periodo de 5 años de relación comercial, por lo que el A-Quem no puede desconocer los mismos, ya que hace una interpretación, errónea de las normas de derecho empleadas, ya que hace suyo todos los hechos facticos y legales de la sentencia de primera instancia que fue recurrida en tiempo y forma, situación que trae grandes perjuicios a mi representada, al aplicar e interpretar normas de forma errada subsumiéndose así el presente motivo dé Casación en los presupuestos del artículo 719 numeral 2 del Código Procesal Civil que dice: “Igualmente, se podrá Impugnar la aplicación e interpretación de las normas de derecho empleadas para la solución de fondo del litigio.” Ya que además en su fundamentación jurídica señala el artículo 17 del Código Civil y no lo aplica debidamente al caso particular, ya que nuestros argumentos y fundamentación jurídica es sumamente clara que se enmarca perfectamente en el petitorio de la demanda, junto con la prueba aportada y no valorada en su oportunidad por él A quo en primer lugar, ni por él A Quem en segundo lugar al hacer suya la sentencia de primera instancia. Hay un elemento más, que quiero traer a colación, y es la desvalorización de la cuantificación del perito de los daños y perjuicios, y esto lo refuto con lo consignado en el artículo 884 que literalmente dice: “LIQUIDACIÓN DE DAÑOS Y PERJUICIOS. 1. La determinación en ejecución forzosa de la cantidad debida en concepto de daños o perjuicios o del equivalente en dinero de una obligación no numeraria, se realizará previa solicitud escrita. 2. A la solicitud se acompañará relación detallada de los distintos conceptos, con su respectivo importe, y con las justificaciones o informes que considere procedentes. De todo ello se entregara copia al obligado por un plazo de diez (10) días para que: a) Conteste aceptando expresamente la liquidación propuesta por el acreedor, en cuyo caso la aprobará el juez, y se continuará la ejecución conforme a lo dispuesto para las obligaciones de dinero. b No conteste en plazo o conteste sin concretar su oposición a la solicitud del acreedor. En estos casos se considerará que el obligado acepta tácitamente la liquidación y el juez procederá igual que en el literal anterior. a) Conteste presentando oposición motivada, de la que se le entregara copia al acreedor, sustanciándose el incidente por los trámites del proceso abreviado, que finalizará por medio de auto, en el que se fijará la cantidad que deba abonarse al solicitante.” Ya que el Juzgador en su sentencia perfectamente pudo aplicar este articulado, no señalado una cuantificación sino mandando a hacerlo mediante peritos calificados al efecto, siguiendo los parámetros de este articulo 884 del Código Procesal Civil, que es sumamente especifico en cuanto a este tópico, no habiendo una aplicación correcta de la norma establecida para tales casos. Así mismo dentro de la documentación aportada encontramos los siguientes: 1. Certificados de inspección de Lote de fecha 22-10-2010, L- 208504 del Departamento de Comercio de Estados Unidos. Folios 61-67. 2. Certificado de inspección de número 208502 de fecha 22-10-2010 Certificado de Inspección de Lote del Departamento de Comercio de Estados Unidos. Folios 68-74 3. Certificado de inspección de lote L- 208503, del Departamento de Comercio de Estados Unidos. Folios 75-81 Con lo anterior quedo debidamente acreditado, la calidad del producto enviado a mi representada y dicho medio probatorio tampoco fue valorado como tal, sino que de una forma antojadiza no se aplican las normas de derecho correspondientes, mismo que en relación con el reconocimiento judicial no da lugar a dudas de quien tiene el derecho en el presente caso, medio probatorio que fue anulado en la sentencia de primera instancia y que ya relacione en los anteriores motivos de la presente casación, los graves perjuicios que ocasionan a mi representada la indefensión causada por tal hecho. Concluyendo con un elemento más Honorable Corte, es el intercambio de correos electrónicos entre los gerentes de ambas empresas, donde se puede observar la voluntad e intenciones de los mismos. - “El consentimiento se convierte, no sin razón, en la piedra de toque del derecho de las obligaciones, en la clave de todo vínculo jurídico, y en torno al él van a desenvolverse con toda libertad las diversas manifestaciones más o menos relacionadas con la vida contractual.” - La voluntad este caso “sólo se toma jurídicamente en consideración, después de haber sido exteriorizada, después de haber obtenido una apariencia de realidad. Es pues, indispensable que haya surgido del fuero interno, que se haya vinculado a una palabra a un gesto a un signo cualquiera, todos estos signos exteriores gozan de la presunción de estar en perfecta concordancia con la voluntad interna.- Evidentemente que no hay una certidumbre de causa a efecto, pero hay, cuando menos, cierta probabilidad de que el proceso de manifestación de la voluntad externa sea la representación de la voluntad interna.”- Por lo anterior vemos que al ser tomado por el A Quem los argumentos del A Quo en todas y cada una de sus partes MENOS EN LA INFRACCION PROCESAL, AL GUARDAR SILENCIO, es perfectamente impugnable dicha sentencia al existir una mala aplicación e interpretación de las normas invocadas en los fallos, ya que los correos electrónicos no fueron rebatidos por la parte demandada, no dejando dudas en cuanto a la voluntad e intención de ambas partes, en cuanto al producto a importar y calidad del mismo.” SEPTIMO: Que el abogado José Tomás Guillén W., plantea pronunciamiento sobre la formalización del recurso de casación de la siguiente manera: (Sic.)“EN CUANTO AL PRIMER MOTIVO DEL RECURSO DE CASACION. Precepto autorizante Artículo 719 numeral uno, literal b).- Se podrá impugnar la aplicación e interpretación de las normas procesales que regulan: b) Los actos y garantías procesales cuando su infracción suponga la nulidad o produjera indefensión. 1.- Todo lo que el recurrente expresa en ese acápite es totalmente intrascendente; el Recurrente se limita únicamente a transcribir y comentar artículos del Código Procesal Civil; no ataca la sentencia recurrida, la cual es congruente con la sentencia de Primera Instancia que fue confirmada finalmente por esa Corte de Alzada; es decir que correspondía al actor la carga de probar la certeza de los hechos constitutivos de su demanda o de su reconvención, lo cual nunca demostró (Art.238.1 del CPC). Como pretende el Abogado Osorio Murillo obtener un fallo a su favor si en el transcurso del proceso no probó ni demostró nada de lo que alegó; al contrario sensu la parte demandada logró acreditar la carga de probar los hechos que, conforme a las normas que les sean aplicables, impidan, extingan o excluyan la eficacia jurídica de los hechos a que se refiere el numeral anterior (Artículo 238.2 del CPC). Si bien es cierto en la Audiencia Previa o Preliminar, se fijó el objeto del debate, y la prueba fue congruente con el mismo. El Representante Procesal demandante• Nunca pudo acreditar la pretendida exclusividad que alegó• Nunca existió ningún dictamen Pericial que pudiese probar el supuesto daño en el camarón exportado, el cual salió de Honduras en perfectas condiciones como lo certificó SENASA, pues de lo contrario no hubiese jamás hubiese ingresado en los Estados Unidos; y tres (3) meses después alegan descomposición en el producto• La supuesta Prueba Pericial que el recurrente aportó con su demanda fue una simple e informal hoja de papel, sin membrete alguno, mismo que identificó en la demanda como ANEXO 13: • Espurio documento de Daños y Perjuicios fue elaborado y firmado por un Contador y Perito Mercantil de nombre OSCAR ROLANDO GÓMEZ SIERRA, que no estaba al día en el pago de sus cotizaciones mensuales en el Colegio de PP.MM. y CC.PP.; sin lugar preciso donde se elaboró el supuesto documento, tomado en cuenta que la empresa MICAL SEAFOOD, tiene su asiento en Miami, USA, ni fecha; que el propio litigante demandante don RICARDO JORGE TORRES, Representante Legal de la empresa MICAL SEAFOOD INC, como Confesante manifestó en la Audiencia Probatoria que nunca conoció ni que tampoco le había proporcionado documentación alguna al Contador Gómez Sierra para que pudiera aseverar lo que dicho documento indica (Véase folio 133); aduciendo el señor Presidente de Mical SeaFood Inc., que no explica como dicho Contador obtuvo los datos para elaborar dicho informe contable. 2.- El recurrente insiste en alegar de manera desesperada en querer dar valor a un Medio de Prueba que no produjo efecto alguno en el proceso, me refiero al RECONOCIMIENTO JUDICIAL en la Planta Procesadora de IBERMAR. Si él estimaba que esa Diligencia que no fue tomada en cuenta por el juzgador le afectaba en sus intereses, debió interponer algún Recurso o bien hacer uso del derecho que le otorgaba el Artículo 240 del Código Procesal Civil, y sin embargo no lo hizo. Este extremo Señores Magistrados consta en la Primera Pieza de autos. Todo lo alegado por la parte demandada en su defensa fue debidamente acreditado con la prueba que se aportó al proceso. Por lo antes expuesto, este supuesto Primer Motivo de Casación no tiene valor jurídico alguno, se trata de un mero ALEGATO DE INSTANCIA; por lo tanto se RECHAZA de hecho y de Derecho. CON RESPECTO AL SEGUNDO MOTIVO DE CASACIÓN Precepto autorizante Artículo 719 numeral uno, literal c).- Se podrá impugnar la aplicación e interpretación de las normas procesales que regulan: c) La forma y contenido de la sentencia. El recurrente reitera lo mismo del primer motivo de casación al volver a referirse a una diligencia de RECONOCIMIENTO JUDICIAL, que NO FUE ANULADO DE OFICIO, más bien fue evacuado, pero que el juzgador no le concedió valor alguno en la sentencia de consiguiente no hay razón alguna para referirse en la sentencia tanto de Primera como de Segunda Instancia. El recurrente pretendía acreditar con dicho reconocimiento que IBERMAR, exportaba producto a MICAL SEAFOOD INC, de manera “EXCLUSIVA”; pero ésta forma de contratación NUNCA EXISTIÓ como así lo reconoció el propio Presidente del Consejo de Administración de Mical, SEA FOOD INC., don RICARDO JORGE TORRES, en la Audiencia de Declaración de Parte celebrada en su momento, al manifestar que NO EXISTÍA DOCUMENTO ALGUNO suscrito entre IBERMAR y MICAL SEAFOOD INC., que acreditase esa supuesta exclusividad. Véase a folio 743 de la sentencia de primera instancia, donde el señor RICARDO JORGE TORRES, declara que NO EXISTÍA UN CONTRATO DE EXCLUSIVIDAD FIRMADO. La parte recurrente no ha reparado en el Artículo 230 numerales 2 y 3, que se refiere a las FACULTADES PROBATORIAS DEL TRIBUNAL, por su importancia procesal se transcriben: .2- “El juez o tribunal actuará de esta manera para excluir pruebas que de otra forma serían impertinentes” 3.- “La parte a quien perjudique estas decisiones podrá impugnarlas específicamente mediante el recurso que quepa contra la sentencia, PREVIA PROTESTA” (Fin de la cita, las negritas y el subrayado son nuestras). Es así que la parte recurrente NUNCA hizo acto de PROTESTA contra el hecho que se llevó a cabo el RECONOCIMIENTO JUDICIAL fuera de la competencia territorial del tribunal; y es así que la Apelación Diferida 708 del Código Procesal Civil, no le pudo aplicar conforme el Artículo 712 del citado Código. Por lo antes expuesto, este supuesto Segundo Motivo de Casación no tiene valor jurídico alguno, se trata de un mero ALEGATO DE INSTANCIA: por lo tanto se RECHAZA de hecho y de Derecho. CON RESPECTO AL TERCER MOTIVO DE CASACION. Precepto autorizante Artículo 719 numeral 2.- Igualmente se podrá impugnar la aplicación e interpretación de las normas de derecho empleadas para la solución de fondo del litigio. Finalmente, esta parte no tiene comentario alguno respecto a los que el Abogado Osorio Murillo hace de su mal enunciado TERCER MOTIVO PRECEPTO JURÍDICO AUTORIZANTE. Reitero, la parte adversa no pudo desarrollar este Recurso con la precisión y fundamentación jurídica debida; ya que puede notarse que no tuvo el cuidado ni la formalidad de transcribir el precepto autorizante, sino que súbitamente transcribe literalmente la suma de la demanda interpuesta en la primera instancia. Todo lo que expresa en su mal planteado recurso no es más que una repetición estéril de los alegatos de instancia, que no son propios de un verdadero Recurso de Casación, por lo que debe ser Declarado SIN Lugar y ser condenado en costas por su impropiedad jurídica, falta de derecho y mala fe procesal, al abusar del derecho de acción; pues es evidente que el recurrente No ha cumplido con las exigencias y requisitos establecido en el Código Procesal Civil para un verdadero escrito de Interposición y Formalización, dada la falta de relación de las normas de derecho citadas como infringidas con las cuestiones debatidas y la pretensión de que se revise la interpretación y valoración de las pruebas, además de ser carente de fundamentos del Recurso, y tratarse como hemos dicho de un simple alegato de Instancia. Cuando el recurrente dice que se desvalorizó la CUANTIFICACIÓN del Perito, de los daños y perjuicios y que lo fundamenta en el Artículo 884 del Código Procesal Civil; olvida que se está refiriendo al LIBRO SEXTO, DE LA EJECUCIÓN FORZOSA, que no tiene nada que ver con el proceso ordinario que entabló; debiendo él haber presentado un DICTAMEN PRIVADO con su demanda o pretensión conforme el Artículo 317 del Código Procesal civil ya que de esa manera la parte demandada estaba en su derecho de aportar un DICTAMEN PRIVADO con la contestación. Esta claramente evidenciado que el recurrente en forma reiterativa falta el respeto a los honorables Magistrados, ya que presenta un Recurso de Casación con simples ALEGATOS DE INSTANCIA, sin tomar en cuenta que la Casación es un Recurso Extraordinario que excluye la revisión probatoria, mucho menos en el presente caso que el recurrente no hizo uso oportunamente de las vías procesales recursivas de la reposición y del acto de protesta. En cuanto la sentencia definitiva dictada en la primera instancia y confirmada en el tribunal de alzada, se puede apreciar sin ninguna duda que el juzgador valoró los distintos medios de prueba de manera precisa y razonada en la sentencia, atendiendo siempre a las reglas de la sana crítica, del conocimiento y criterio humano, así como de acuerdo a las normas que rigen el razonamiento lógico. En cuanto la sentencia de primera instancia el juzgador motivó la sentencia de manera precisa y razonada; atribuyendo un valor o significado a cada prueba de manera individual, determinando a que la parte demandante no probó la certeza de los hechos constitutivos de su demanda; por el contrario la parte demandada sí demostró en su totalidad la existencia de los hechos alegados. En el mismo orden de ideas en la sentencia dictada por el tribunal Ad-Quem, igualmente se pronunció confirmando la sentencia impugnada; aportando aspectos jurídicos de mucha relevancia en cuanto se reitera que nunca existió la exclusividad alegada por la parte demandante; que no se concibe que la empresa MICAL SEAFOOD INC., haya retirado un producto en mal estado, porque si lo hubiere estado la empresa demandante no hubiera retirado tal producto; y si lo hubiera recibido lo hubiera devuelto a Honduras; pero se probó en el juicio de que ese producto fue recibido por la parte actora y posteriormente vendido o comercializado; y en cuanto al camarón supuestamente en mal estado, se demostró en el juicio que el mismo había sido enviado en buenas condiciones ya que todo envío lo certifica SENASA y que está igualmente certificado por la Agencia Federal de Alimentos y Drogas de los Estados Unidos de América (FDA). Por lo antes expuesto, este supuesto Tercer Motivo de Casación no tiene valor jurídico alguno, se trata de un mero ALEGATO DE INSTANCIA; por lo tanto se RECHAZA de hecho y de Derecho.” II. FUNDAMENTOS DE DERECHO 1.- Es atribución de la Corte Suprema de Justicia conocer del recurso de casación[1], el mismo es un medio de impugnación de carácter extraordinario, cuyo conocimiento en materia Civil se atribuye a la Sala de lo Civil[2]; tiene claramente definidos dos fines expresos[3], el primero de ellos es su función nomofiláctica, entendida ésta como “la exacta observancia de la ley”, es decir la protección de las normas del ordenamiento jurídico, mediante la procura y promoción de la más adecuada aplicación e interpretación del derecho objetivo. El segundo fin es la unificación de la jurisprudencia nacional, misma que se explica en el sentido de que habiendo situaciones iguales debe pronunciarse decisiones iguales, siempre y cuando no concurran razones objetivas y razonables que justifiquen un trato desigual, en otras palabras, la evolución de la jurisprudencia. Por otra parte nuestra normativa procesal civil conmina a este alto tribunal a que aplique e intérprete las normas referidas al recurso de casación atendiendo a la finalidad de unificación de la jurisprudencia, esto como instrumento de garantía de la igualdad de todos ante la ley[4], y de la seguridad y certidumbre jurídicas.

2.- El recurso extraordinario de casación debe sujetarse en su formulación a determinados requisitos, para que pueda considerarse como tal y ser atendible por la Corte, ya que dicho recurso es esencialmente formalista, en consecuencia debe ceñirse a una rigurosa técnica casacional para que pueda ser analizado y prospere; requisitos consignados en los artículos 704 y 721 del Código Procesal Civil, mismos que devienen en su cumplimiento por parte del impetrante, para que la Corte pueda considerarlo. 3.- De lo expuesto por el recurrente abogado José Ramón Osorio Murillo, en el Primer Motivo, la Sala lo deja relacionado sucintamente, ello en virtud de que el mismo aparece citado literalmente en los antecedentes de hecho de este auto. Expone el impetrante que la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de Choluteca y Valle vulnera el artículo 214.2 del Código Procesal Civil, para ello invoca como precepto autorizante del motivo el artículo 719.1 letra b) que señala lo siguiente: “CAUSALES DEL RECURSO. 1. Se podrá impugnar la aplicación e interpretación de las normas procesales que regulan: b) Los actos y garantías procesales cuando su infracción suponga la nulidad o produjera indefensión.” En primer lugar el recurrente estima la explicación del precepto autorizante citado, para lo cual hace referencia del artículo 3 del Código Procesal Civil, y señala el derecho que le asiste, que el proceso se desarrolle por los trámites previstos, derecho que dice le franquea la Constitución de la República y las leyes ordinarias bajo las condiciones de igualdad entre los intervinientes en un proceso. Ahonda el impetrante respecto del precepto autorizante que ha invocado, y tiene a bien señalar que el mismo tiene dos presupuestos que garantizan que todo proceso civil se desarrolle en base a las disposiciones del Código y la Constitución de la República, tal y dimana del artículo 7 de la norma procesal civil, cuando establece que las formalidades previstas en el son imperativas y sus normas de carácter obligatorio tanto para el órgano jurisdiccional como para las partes. En segundo lugar el impetrante rememora la celebración de la audiencia preliminar llevada a cabo ante el a-quo en fecha 6 de octubre del año 2011, misma en la cual por parte del Juez, se procedió a fijar el objeto del proceso el cual quedo de la siguiente manera: “……El Juzgado resuelve establecer si existía contrato de exclusividad entre dichas empresas, si existe compromiso de envío, si efectivamente el producto enviado a Estados Unidos en el mes de octubre presento necrosis al salir de IBERMAR, y la parte demandada que el producto al salir de Honduras es responsabilidad de MICAL SEAFOOD......”. Señala el recurrente que entre otros, esa representación judicial propuso como medio de prueba el reconocimiento judicial, a fin de que se corroborase: “Si antes del envío del producto del camarón por parte de IBERMAR a la sociedad MICAL SEAFOOD INC, esta última aprobaba la lista de empaques (PACKING LIST;) Así mismo verificar si en esa lista de empaques se especifica que porcentaje de camarón es enviado entero y que porcentaje es enviado cola, verificar los listados de empaque de los envíos correspondientes a los años 2009, y 2010, y a quien eran enviados.”; medio de prueba que la primera instancia admitió; aduce que respecto de la empresa Iberoamericana De Mariscos S. A., la misma fue constituida y está inscrita registralmente en la ciudad de Choluteca, pero sus instalaciones físicas están ubicadas en un lugar denominado la Caucara próximo a San Lorenzo Valle, y que no se debe olvidar el concepto de empresa que establece el Código de Comercio en el artículo 644 en relación al 648 del mismo ordenamiento jurídico, donde resalta que la empresa es una unidad y se reputa un bien mueble; y que aunado a lo anterior respecto del lugar de la celebración de los actos procesales, resulta prudente transcribir lo que establece el artículo 118.3 del Código Procesal Civil el cual señala: “……3. No obstante lo dispuesto en el numeral anterior, los juzgados o tribunales podrán constituirse en cualquier lugar del territorio de su circunscripción para la práctica de las actuaciones cuando fuere necesario o conveniente para una más justa resolución del pleito, especialmente para la práctica de la prueba que exija el cambio de lugar. Articulo del cual se colige que el reconocimiento judicial lo tiene que llevar a cabo el Juez que está conociendo del asunto; en el caso de autos tal reconocimiento judicial se llevo a cabo el día 14 de noviembre del año 2011, en las Instalaciones físicas de la demandada, medio de prueba con el cual se probo los extremos alegados por esa representación procesal, con lo cual el medio de prueba demostraba su utilidad, pertinencia y procedencia. Señala que es importante resaltar, que en materia mercantil cuando existe una relación de confianza como la que hubo entre las partes demandante y demandada se aplica el artículo 1 del Código de Comercio que literalmente preceptúa: “1 Los comerciantes, los actos de comercio y las cosas mercantiles se regirán por las disposiciones de este Código y de las demás leyes mercantiles en su defecto, por los usos y costumbres mercantiles y a falta de éstos, por las normas del Código Civil. Los usos y costumbres especiales y locales prevalecerán sobre los generales.”; articulo este que se relaciona con lo dispuesto por los artículos 716 y 717 del mismo ordenamiento jurídico. Sigue manifestando que en fecha 9 de Abril del año 2015, el Juzgado de Letras Primero Departamental de Choluteca dicto sentencia y que en la parte de la misma denominada Antecedentes de Hecho inciso sexto, el Juez a-quo sin motivación alguna y violentando el derecho de defensa, contradicción, igualdad y debido proceso, anula el medio de prueba denominado reconocimiento judicial, nulidad esta para la cual la primera instancia ha argüido que: “…..en cuanto al medio de prueba reconocimiento judicial evacuado a folios 598 al 599 de los autos, aun cuando las partes no alegaron su nulidad el mismo fue practicado fuera de la competencia territorial que me corresponde como Juez, por lo cual no se le concede valor alguno....”; dice que nuestro Código Procesal Civil establece la nulidad de los actos procesales y esta facultad es otorgada a las partes o al Tribunal, pero en el caso del tribunal el artículo 214.2 del Código Procesal Civil, garantiza a las partes el derecho a una audiencia para invocar en su defensa los argumentos que considere necesarios y hacer valer el principio de contradicción e igualdad de las partes, por ello el señor Juez al decretar la nulidad de un medio de prueba ya evacuado, violenta el debido proceso, pues dicha nulidad la materializa en la sentencia definitiva que pone fin al pleito, violentando el referido artículo Procesal Civil, que literalmente preceptúa “MEDIOS PARA LOGRAR LA NULIDAD O ANULACIÓN DE UN ACTO PROCESAL….. 2. Sin perjuicio de ello, el tribunal podrá, de oficio o a instancia de parte, antes de que hubiere recaído resolución que ponga fin al proceso, y siempre que no proceda las ubsanación, declarar, previa audiencia de las partes, la nulidad de todas las actuaciones o dé alguna en particular.”; tal infracción procesal se explica en el sentido de que la nulidad que realizo el señor Juez, en lo referente al referido medio de prueba violenta lo establecido en la normativa procesal civil, pues si bien es cierto que es una potestad del Tribunal decretar la nulidad de un acto procesal de oficio, tal poder de nulidad tiene las siguientes limitantes: a) Decretar la nulidad antes que hubiera recaído resolución que ponga fin al proceso. En el presente caso el Juez decreta la nulidad de un acto procesal en la sentencia; b) El Tribunal de oficio podrá decretar la nulidad siempre que no proceda la subsanación. El señor Juez tuvo que haber retrotraído el proceso, a la etapa de la audiencia preliminar y decidir en ella, si el medio de prueba denominado reconocimiento judicial lo evacuaba el o pedía auxilio judicial, pero se corrobora a folio 587 de los autos del proceso que el Juez al motivar la admisión del medio de prueba denominado reconocimiento judicial, determina que el Tribunal hará uso de lo dispuesto en el artículo 118 del Código Procesal Civil; y c) El Tribunal podrá decretar de oficio la nulidad previa audiencia de las partes. En el presente caso el Tribunal no celebro ninguna audiencia previa para decretar la nulidad del acto procesal, concerniente a la evacuación del medio de prueba denominado reconocimiento judicial, violentando con ello el principio de defensa, igualdad y contradicción que son de carácter imperativo en un proceso civil. Que de lo anteriormente señalado es evidente la infracción procesal del artículo 214.2 del Código Procesal Civil, por lo que el Juez estaba obligado en caso de haber estimado esa nulidad, a reponer las actuaciones al estado inmediatamente anterior al defecto que la haya originado y se seguirá el procedimiento legalmente establecido. Que por otra parte, al interponer el Recurso de Apelación ante la Honorable Corte de Apelaciones de Choluteca, se denunció en la expresión de agravios, la referida violación al debido proceso por parte del Juez a-quo, por lo que el fallo proferido por el tribunal de alzada y mediante el cual se confirma el dictado por el a-quo, en su Fundamentación Jurídica y motivación contiene doce incisos y en ninguno de ellos hace relación de la nulidad de oficio decretada en su sentencia por el juez a-quo, del medio de prueba denominado reconocimiento judicial, con lo cual evidentemente se vulnera el artículo 214.2 del Código Procesal Civil. 3.1. Los argumentos del recurrente en este Primer Motivo no son de recibo por parte de la Sala; ello se estila así, porque el casacionista incurre en mala técnica casacional al momento de plantear este motivo, ello se establece por las siguientes razones: a) Falta de claridad del motivo, al pretender el recurrente explicar el precepto autorizante invocado, esto es el articulo 719.1 letra b) del Código Procesal Civil, para ello hace cita de los artículos 3 y 7 de la misma normativa procesal civil; al respecto la Sala deja establecido que las causales de interposición del recurso casación ya se dejan taxativamente establecidas en el artículo 719 de la citada norma, por lo que no cabe en vía de casación pretender explicar las mismas. Sobre tales causales del recurso es menester señalar que se deben invocar indefectiblemente cualquiera de ellas en el motivo planteado, lo cual conlleva únicamente el posibilitar la interposición del recurso; b) El recurrente en el motivo impetrado no solo hace amplia referencia, sino que también cuestiona la sentencia proferida por el juzgado a-quo al expresar: “….sin motivación alguna y violentando el derecho de defensa contradicción, igualdad y debido proceso, anula el medio de prueba denominado reconocimiento judicial,….”; al respecto es menester recordar que el Código Procesal Civil es por demás claro al determinar cuáles son las clases de recursos que permite el proceso civil y cuando es aplicable cada uno de ellos, tal como lo establece el artículo 691.1 del citado texto legal, amén de que solo son susceptibles de ser recurridas en casación las sentencias y los autos que pongan termino al pleito, haciendo imposible su continuación, dictados en apelación por las Cortes de apelaciones, tal y lo señalado por el artículo 717 de la misma normativa; de todo lo cual se colige que la Sala solo podrá revisar la sentencia o auto que bajo el precepto anteriormente citado, sea proferido por el iudex ad-quem, así que al hacerse el planteamiento del recurso de casación se deberá tener cuidado de no hacer referencia o cuestionamiento alguno contra el fallo dictado en primera instancia, ello porque tal y como se ha dejado señalado, el fallo de primera instancia no es susceptible del recurso extraordinario de Casación[5]; y c) Hace el recurrente una extensa relación del medio de prueba denominado reconocimiento judicial, mismo que se llevo a cabo el día 14 de noviembre del año 2011, en las Instalaciones físicas de la demandada, medio de prueba con el cual dice se probo los extremos alegados por esa representación procesal, siendo por lo tanto el mismo útil, pertinente y procedente, en ese sentido hace cuestionamiento sobre la decisión del Juez a-quo en la sentencia pronunciada el día 9 de Abril del año 2015, al anular el referido medio de prueba; sobre tal asunto esta Sala tiene a bien indicar al recurrente que incurre en error al pretender que se revise en vía casacional la valoración de tal medio de prueba apreciadas por el a-quo, ello debido a la exclusión de la revisión probatoria en casación, tal como lo dispone el artículo 720.1 del Código Procesal Civil que establece: “Por medio del recurso de casación no se podrá instar la revisión de los hechos ni la interpretación y valoración de las pruebas contenidas en las sentencias dictadas en la instancia.”. 4.- Aduce el recurrente abogado José Ramón Osorio Murillo, en el Segundo Motivo expuesto, mismo que se relaciona de forma sucinta, ello en virtud de que el mismo aparece citado literalmente en los antecedentes de hecho de este auto. Expone el impetrante que la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de Choluteca y Valle vulnera el artículo 214 del Código Procesal Civil, para ello invoca como precepto autorizante del motivo el artículo 719.1 letra c) que señala lo siguiente: “CAUSALES DEL RECURSO. 1. Se podrá impugnar la aplicación e interpretación de las normas procesales que regulan:… c) La forma y contenido de la sentencia.”, y este en relación con el artículo 720.2 del citado Código Procesal Civil. Estima como vulnerado el artículo 214 del Código Procesal Civil; en sustento de su tesis impugnatoria sostiene que la sentencia proferida por la Honorable Corte de Apelaciones, no cumple con los alcances de una decisión que debe recaer en un Recurso de Apelación y esto se explica por lo siguiente: a) En la audiencia preliminar del proceso quedo fijado el objeto del Juicio; b) Acto seguido esa representación procesal propuso sus medios de prueba, entre ellos el medio de prueba reconocimiento judicial; c) El Juez a-quo al dictar sentencia en fecha 9 de abril del año 2015, declara de oficio la nulidad del referido medio de prueba, mismo que había sido admitido y evacuado; extremo este que se corrobora en la parte de la misma denominado antecedentes de hecho, parte final del hecho sexto, violentando con ello lo establecido en el artículo 214 del Código Procesal Civil, d) Que una vez interpuesto el recurso de apelación por parte de esa representación judicial, al expresar agravios se le hizo ver tal situación a la Corte de Apelaciones, pidiéndosele que se ordenara la retroacción de las actuaciones al estado inmediatamente anterior al efecto que la origino; situación esta que el tribunal de alzada no considero en el fallo proferido, pues en su fundamentación jurídica y motivación mencionan todos y cada uno de los antecedentes de hecho de la sentencia proferida por el a-quo, pero no se pronuncian sobre la nulidad de oficio realizada por la primera instancia, violentando el debido proceso, siendo lo correcto se pronunciase si existía la infracción procesal denunciada en el recurso de apelación, con lo cual la referida Corte no cumple lo preceptuado por el artículo 715 del Código Procesal Civil, que literalmente señala lo siguiente: “ALCANCE DE LA DECISIÓN DE LA APELACIÓN. 1. Si se apreciare la existencia de infracción procesal que origine la nulidad absoluta de las actuaciones o de parte de ellas, el Juzgado o tribunal lo declarará así, y ordenará la retroacción de las actuaciones al estado inmediatamente anterior al defecto que la origino. 2. Si se tratara de infracciones de otra clase anulará la resolución apelada y devolverá las actuaciones al estado que corresponda para que el órgano jurisdiccional de instancia vuelva a decidir sobre el fondo, salvo que en los autos constaran los elementos de juicio necesarios para decidir, en cuyo caso el tribunal de apelación resolverá directamente 3. Si se apreciara alguna infracción en la fijación de los hechos declarados probados o en su valoración, pero no afectara a la existencia de elementos de juicio necesarios para decidir, el tribunal revocará la sentencia apelada y resolverá directamente. Si afectara a la existencia de elementos de juicio necesarios para decidir, anulará la resolución apelada y devolverá las actuaciones al estado que corresponda para que el órgano jurisdiccional de instancia vuelva a decidir sobre el fondo. 4. Si se apreciara alguna infracción en la aplicación o interpretación del derecho en la decisión de fondo, el tribunal revocará la sentencia apelada y dictará la que estime procedente.”; que de los cuatro presupuestos contenidos en esta norma, la Corte de Apelaciones en el contenido de su sentencia, tuvo que haberse pronunciado si existía tal infracción procesal o no, pero por el contrario guardo silencio en cuanto este punto, por lo que considero el presente motivo de casación debe ser de recibo por parte de la Sala de lo Civil; a fin de que se revise la motivación fáctica de la sentencia impugnada, pues la misma no goza de existencia, sugerencia, racionalidad y carácter lógico, puesto que la nulidad del medio de prueba reconocimiento judicial, su evacuación y los documentos que se obtuvieron en ese acto procesal, resulta determinante para darle al fallo un sentido diferente, por lo que el tribunal de segunda instancia tenía que manifestarse, en cuanto a ese punto recurrido en apelación. 4.1. De lo expuesto por el recurrente en el Segundo Motivo, la Sala encuentra que los argumentos esgrimidos no concitan su admisibilidad, ello porque se incurre nuevamente en errores de técnica casacional al momento de plantear el motivo, tales falencias tienen que ver básicamente con lo siguiente: a) Falta de separación y claridad por parte del recurrente al estimar que el Tribunal de Alzada en el fallo que profirió ha vulnerado el artículo 214 del Código Procesal Civil, y por otro lado aduce también que la referida Corte no cumple con lo preceptuado por el artículo 715 del citado código procesal; en ese sentido el recurrente debió de haber planteado en motivos separados tanto la vulneración del artículo 214 del Código Procesal Civil, como la falta de aplicación del artículo 715 del citado código; por tanto no debió de hacer cita en forma conjunta en un solo motivo de los dos artículos que estima vulnerados; b) Nuevamente cuestiona el fallo proferido en primera instancia cuando señala que: “….el Juez A-quo al dictar sentencia en fecha 9 de abril del año 2015, contenidas en los folio del 807 al 814, declara de oficio la nulidad del medio de prueba ya admitido y evacuado en la sentencia tal como se desprende de la simple lectura de la parte de la misma denominado antecedentes hecho parte final del hecho sexto, violentando con ello lo establecido en el artículo 214 del C.P.C. medio de prueba este que de la simple lectura del acta de evacuación del mismo junto con los documentos que se aportaron, revierten fácilmente el resultado final del proceso el cual obra evacuado a folio 598 al 674 de los autos del proceso;….”; de lo expuesto por el impetrante llama la atención nuestra, que si bien es cierto el mismo ha señalado que la sentencia que se impugna en esta vía de casación es la proferida por el tribunal de alzada; también lo es que hace cita y cuestiona la sentencia dictada en primera instancia; con lo cual en este motivo el recurrente nuevamente omite de manera absoluta toda la técnica y fundamentación casacional, mismos que son de rigurosa observancia y cumplimiento al tenor de lo que dispone el artículo 723.2 literal a), en relación al artículo 721.2, todos del Código Procesal Civil; y c) El impetrante no agotó todos los medios de defensa que la ley le franquea para una tutela efectiva de sus derechos ya que según lo que el mismo denuncia, dejó pasar el término sin hacer uso de la denuncia de una resolución defectuosa para su debida subsanación por la omisión manifiesta de pronunciamiento respecto a la nulidad del medio de prueba del cual ha hecho mención, tal como lo establece el artículo 205 numeral 2 del Código Procesal Civil. 5.- Plantea el impetrante el Tercer Motivo, teniendo como Precepto Autorizante el artículo 719.2 del Código Procesal Civil, que respecto de las causales del recurso señala: “Igualmente, se podrá Impugnar la aplicación e interpretación de las normas de derecho empleadas para la solución de fondo del litigio.” En sustento de sus razones expone que en el caso de autos la demanda interpuesta literalmente señala lo siguiente: “Se Promueve Mediante Procedimiento Ordinario Demanda Ordinaria Para Que Una Sociedad Mercantil Sea Condenada Judicialmente Al Pago Por Indemnización De Daños Y Perjuicios Causados A Otra Sociedad Mercantil”; que también ha quedado plenamente definido en la audiencia preliminar el objeto del juicio que quedo definido de la siguiente manera: “…es establecer si existía contrato de exclusividad entre dichas empresas, si existe compromiso de envío y sí efectivamente el producto enviado a EE UU en el mes de octubre presente necrosis al salir de IBERMAR y la parte demandada que el producto al salir de Honduras es responsabilidad de MICAL SEAFOOD, hechos fijados en el debate..”. Dice el impetrante que al tenor de lo preceptuado en el artículo 1 del Código de Comercio que establece: “Los comerciantes, los actos de comercio y las cosas mercantiles se regirán por las disposiciones de este Código y de las demás leyes mercantiles en su defecto, por los usos y costumbres mercantiles y a falta de estos, por las normas del Código Civil.- Los usos y costumbres especiales y locales prevalecerán sobre los generales.”; artículo este que resulta claro en cuanto que los usos y costumbres mercantiles hacen ley entre las partes, por lo que dadas las pruebas aportadas se establece de forma clara y categórica como eran las reglas del juego entre las partes por un periodo de cinco (5) años de relación comercial, razón por la cual el tribunal ad-quem no podía desconocer los mismos, ya que hace una interpretación errónea de las normas de derecho empleadas, al hacer suyos todos los hechos fácticos y legales de la sentencia de primera instancia, situación que trae grandes perjuicios a su representada, al aplicar e interpretar normas de forma errada, amén de lo anterior en su fundamentación jurídica señala el artículo 17 del Código Civil y no lo aplica debidamente al caso particular, ello porque los argumentos de esa representación se enmarcan en el petitorio de la demanda, junto con la prueba aportada y no valorada en su oportunidad por él a quo en primer lugar, ni por él ad-quem en segundo lugar al hacer suya la sentencia de primera instancia. Que se señala un elemento más, y es la desvalorización de la cuantificación del perito de los daños y perjuicios, que se refuta al tenor de lo preceptuado por el artículo 884 del Código Procesal Civil que dice: “LIQUIDACIÓN DE DAÑOS Y PERJUICIOS. 1. La determinación en ejecución forzosa de la cantidad debida en concepto de daños o perjuicios o del equivalente en dinero de una obligación no numeraria, se realizará previa solicitud escrita. 2. A la solicitud se acompañará relación detallada de los distintos conceptos, con su respectivo importe, y con las justificaciones o informes que considere procedentes. De todo ello se entregara copia al obligado por un plazo de diez (10) días para que: a) Conteste aceptando expresamente la liquidación propuesta por el acreedor, en cuyo caso la aprobará el juez, y se continuará la ejecución conforme a lo dispuesto para las obligaciones de dinero. b) No conteste en plazo o conteste sin concretar su oposición a la solicitud del acreedor. En estos casos se considerará que el obligado acepta tácitamente la liquidación y el juez procederá igual que en el literal anterior. c) Conteste presentando oposición motivada, de la que se le entregara copia al acreedor, sustanciándose el incidente por los trámites del proceso abreviado, que finalizará por medio de auto, en el que se fijará la cantidad que deba abonarse al solicitante.”; articulo este que el Juzgador en su sentencia perfectamente pudo aplicar, no señalado una cuantificación sino mandando a hacerlo mediante peritos calificados al efecto, siguiendo los parámetros de este articulo 884 del Código Procesal Civil, no se ha hecho una aplicación correcta de la norma establecida para tales casos. Que dentro de la documentación aportada se encuentra la siguiente: 1) Certificados de inspección de Lote de fecha 22-10-2010, L- 208504 del Departamento de Comercio de Estados Unidos, Folios 61-67. 2) Certificado de inspección de numero 208502 de fecha 22-10-2010 Certificado de Inspección de Lote del Departamento de Comercio de Estados Unidos, Folios 68-74. 3) Certificado de inspección de lote L- 208503, del Departamento de Comercio de Estados Unidos, Folios 75-81; que con tal documentación quedo debidamente acreditado, la calidad del producto enviado a su representada y dicho medio probatorio tampoco fue valorado como tal, sino que de una forma antojadiza no se aplican las normas de derecho correspondientes, mismo que en relación con el reconocimiento judicial no da lugar a dudas de quien tiene el derecho en el presente caso, por lo que al anularse la referida inspección judicial, con ello se le causa graves perjuicios a su representada que ocasionan que la misma se situé en indefensión. Finalmente aduce el recurrente que cabe señalar un elemento más que es el intercambio de correos electrónicos entre los gerentes de ambas empresas, mediante el cual se observa la voluntad e intenciones de los mismos, apunta el impetrante que: “El consentimiento se convierte, no sin razón, en la piedra de toque del derecho de las obligaciones, en la clave de todo vínculo jurídico, y en torno al él van a desenvolverse con toda libertad las diversas manifestaciones más o menos relacionadas con la vida contractual.” ; y respecto de la voluntad en este caso: “sólo se toma jurídicamente en consideración, después de haber sido exteriorizada, después de haber obtenido una apariencia de realidad. Es pues, indispensable que haya surgido del fuero interno, que se haya vinculado a una palabra a un gesto a un signo cualquiera, todos estos signos exteriores gozan de la presunción de estar en perfecta concordancia con la voluntad interna.- Evidentemente que no hay una certidumbre de causa a efecto, pero hay, cuando menos, cierta probabilidad de que el proceso de manifestación de la voluntad externa sea la representación de la voluntad interna.”; que de lo anteriormente apuntado se observa, que el tribunal ad- quem al ser suyos los argumentos del a-quo en todas y cada una de sus partes, menos en la infracción procesal, al guardar silencio, es perfectamente impugnable dicha sentencia al existir una mala aplicación e interpretación de las normas invocadas en los fallos, ello porque los correos electrónicos no fueron rebatidos por la parte demandada, con lo cual no quedan dudas en cuanto a la voluntad e intención de ambas partes, en cuanto al producto a importar y calidad del mismo. 5.1.- Llevado a cabo el estudio del Tercer Motivo planteado, el mismo no resulta de conocimiento para la Sala, ello porque en los términos en que se formula el mismo, denota una serie de falencias que evidencian una indebida técnica casacional, mismas que tienen que ver con lo siguiente: a) Falta a la necesaria separación y claridad con la que se debe dejar expuesto el motivo, ello porque el recurrente estima en forma conjunta y sin hacer la separación debida que se han infringido en el fallo proferido por el tribunal de alzada, por falta de aplicación los artículos 1 del Código de Comercio, 17 del Código Civil y 884 del Código Procesal Civil; respecto de lo cual es menester señalar que el casacionista devenía en la obligación de exponer en motivos separados la vulneración de cada una de las normas que cita, debiendo también precisar y justificar la incidencia de la infracción en el sentido de la resolución impugnada, al no hacerlo así, no ha observado lo señalado por el artículo 721.2 del Código Procesal Civil; b) Pretende el recurrente que bajo la tutela del precepto autorizante invocado como lo es el artículo 719.2 del Código Procesal Civil, normativa que prevé como causal de casación, “el impugnar la aplicación e interpretación de las normas de derecho empleadas para la solución del fondo del litigio.”; que la Sala se pronuncie sobre la posible vulneración del artículo 884 del Código Procesal Civil, que resulta ser una norma procesal, en ese sentido es necesario ilustrar que si su pretensión se encaminaba a impugnar la posible transgresión de una norma procesal, devenía entonces en invocar el precepto autorizante relacionado con las normas procedimentales, ya que no es factible en un mismo motivo invocar como normas infringidas de manera simultánea tanto normas procesales como sustantivas; y c) El recurrente al cuestionar la valoración que sobre los medios de prueba documentales, peritaje y correos electrónicos, se han hecho por parte del tribunal de alzada, y que confirma el fallo de primera instancia; confunde la viabilidad de la impugnación al citar como precepto autorizante el artículo 719.2 del Código Procesal Civil, al respecto se establece que si se pretende impugnar la motivación fáctica de la sentencia, a fin de revisar su existencia, suficiencia, racionalidad y carácter lógico, siempre que éste fuera determinante de un sentido diferente al fallo, indefectiblemente deberá hacer cita de la causal recursiva pertinente; y d) Por otro lado tenemos que respecto de los dos artículos de la norma sustantiva que el recurrente cita como infringidos, esto es los artículos 1 del Código de Comercio y 17 del Código Civil, los mismos al contener definiciones y disposiciones generales consecuentemente resultan inviolables para efectos de casación, características que revisten las normas citadas como infringidas en el motivo. 6.- En conclusión, la defectuosa presentación del recurso por parte del impetrante, en esta fase procedimental, hace procedente su inadmisión por concurrir en los tres motivos de casación expuestos la causal prevista en el artículo 723.2 literal a) del Código Procesal Civil. III.- PARTE DISPOSITIVA La Sala de lo Civil de la Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, pronunciándose con base a la motivación jurídica expuesta y aplicando lo dispuesto en los artículos 82, 90 párrafo primero, 303, párrafo primero, 304, 313 numeral 14); 316 párrafo primero de la Constitución de la República; 1 y 80.1 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 115, 118.1, 129, 169, 170, 190, 191, 193.2 literal b), 197, 199, 716, 717, 718, 719, 720.2, 721.2, 722, 723.2 literal a), 724 y 914 del Código Procesal Civil; profiere por unanimidad de votos el presente auto irrecurrible y resuelve: I. DECLARAR INADMISIBLE el recurso de casación en sus tres motivos, formalizado por el abogado José Ramón Osorio Murillo, en su condición de representante procesal de la sociedad mercantil denominada MICAL SEAFOOD INC, contra la sentencia definitiva dictada por la Honorable Corte de Apelaciones de Choluteca y Valle. II. FIRME la sentencia recurrida, dictada por la Honorable Corte de Apelaciones de Choluteca y Valle, en fecha 23 de septiembre del año 2016, en el expediente de apelación número 051-15 originada en los autos que conforman la primera pieza (Tomos I y II), que se registra bajo el número 021-11 del Juzgado de Letras Primero Departamental de Choluteca, departamento de Choluteca. III. CONDENA EN COSTAS al recurrente. Y MANDA: Que con la certificación de este auto se remitan las actuaciones a la Corte de Apelaciones de Choluteca y Valle, para los efectos legales consecuentes. Redacto el Magistrado WILFREDO MENDEZ ROMERO. NOTIFÍQUESE. FIRMAS Y SELLO. RINA AUXILIADORA ALVARADO MORENO. MAGISTRADA COORDINADORA. REYNALDO ANTONIO HERNANDEZ. MAGISTRADO. WILFREDO MENDEZ ROMERO. MAGISTRADO. FIRMA Y SELLO. BETTY JANETH PALMA O´CONNOR. RECEPTORA ADSCRITA”.

Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los seis días del mes de febrero del año dos mil diecinueve; Certificación del auto de fecha veintinueve de noviembre del año dos mil dieciocho, recaído en el Recurso de Casación registrado bajo el No. S.C. 04=2017.

BETTY JANETH PALMA O’CONNOR

RECEPTORA ADSCRITA

[1] Artículo 313.5 de la Constitución de la República

[2] Artículo 718 del Código Procesal Civil.

[3] Artículo 716 del Código Procesal Civil,

[4] Artículo 61 de la Constitución de la República.

[5] La amplia jurisprudencia de la Sala así lo ha dejado establecido. Véase entre otras, las resoluciones: CC-89- 2013 y CC- 123-2013.