Chilo Legal Biblioteca Consulta Legal
⚠️
Documento pendiente de verificación

Este texto aún no ha sido revisado por un curador; podría contener errores de transcripción.

Sentencia CC-03-17 — Registro 7837

Resumen

En segunda instancia se declaró con lugar el Recurso de apelación, en los siguientes términos: 1).- Declara sin lugar la demanda de Reivindicación de dominio. 2).- Absuelve a las demandadas de la acción deducida con respecto a la pretensión incoada por la sociedad mercantil.

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

… “RESPUESTA DE LA SALA DE LO CIVIL: Respecto a las exposiciones hechas por el Impetrante en el primer motivo de casación, encuentra esta Sala de lo Civil, lo siguiente: Existe una cita indiscriminada de preceptos legales señalados como infringidos y que se refieren a distintas situaciones jurídicas, los que para una correcta técnica casacional debió señalar en motivos separados e independientes, tal como lo dispone el artículo 721.2 del Código Procesal Civil, en lo referente a la interposición y formalización, es decir con la suficiente separación y claridad. El Censor señala infringidos los siguientes artículos 13 que se refiere al principio de valoración de la prueba, 206 sobre los requisitos internos de la sentencia en lo que se refiere a la claridad, precisión y exhaustividad, 207 sobre la motivación de la sentencia, 245 sobre valoración de las pruebas, 311 la forma en que se hará la valoración de las declaraciones de testigos, 479 sobre valoración de prueba, todos los anteriores del Código Procesal Civil, todos y cada uno de los anteriores se refiere a distintas situaciones. Pide la revisión de la motivación fáctica de la sentencia conforme al precepto autorizante del artículo 719.1 literal c) del Código Procesal Civil relacionado con el 720.2 del mismo cuerpo legal; no obstante, lo que hace es impugnar directamente cada uno de los medios de prueba aportados en juicio, para así cuestionar el valor probatorio que a ellos dio el Tribunal sentenciador. Finalmente, no precisa ni justifica la incidencia de la infracción en el sentido de la resolución impugnada. Es por los defectos antes señalados que procede declarar la inadmisión conforme a la causal contenida en el artículo 723.2 literal a) del Código Procesal Civil, en el cumplimiento de las exigencias y requisitos para el escrito de interposición y formalización.”

Legislación citada

Jerarquía: Reiterativa

...“RESPUESTA DE LA SALA DE LO CIVIL. La sala encuentra que el recurrente en el segundo motivo de casación comete errores en la técnica y fundamentación casacional, mismos que son de rigurosa observancia y cumplimiento al tenor de lo que dispone el artículo 723.2 literal a), en relación al artículo 721.2, del Código Procesal Civil, tal como ya se ha expresado en la presente resolución. Las razones de tal conclusión son las siguientes: a. En lo que respecta a la norma o normas infringidas la recurrencia no es clara, esto obedece a que por un lado señala como infringido el artículo 701.2 del Código Civil por indebida aplicación, dicha normativa legal se refiere en su contenido a la tradición de dominio del mandato o representación legal; y, luego señala en otro acápite que impugna la inaplicación del artículo 701.2 del Código Procesal Civil, norma procesal está que se refiere a generalidades del recurso de apelación sobre el efecto devolutivo en el ámbito del recurso. b. Resulta impropio el denunciar dos tipos de infracción diferentes entre sí en un solo motivo casacional. c. Señala como causal recursiva las normas de derecho empleadas para la solución del fondo del litigio, no obstante, del motivo antes indicado se desprende la invocación del artículo 701.2 del Código Procesal Civil, es decir una norma con carácter procesal y no que sea sustantiva y necesaria para la solución del fondo del litigio. Es por lo antes que procede la inadmisión a trámite del segundo motivo casacional.”

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACION

La Infrascrita Receptora Adscrita a la Sala de lo Civil de la Corte Suprema de Justicia, Certifica el Auto que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los doce días del mes de septiembre del año dos mil dieciocho, la Sala de lo Civil, integrada por los Magistrados: RINA AUXILIADORA ALVARADO, como Coordinadora y designada ponente, REYNALDO ANTONIO HERNÁNDEZ, Y WILFREDO MÉNDEZ ROMERO, en la fecha supra indicada dictan el siguiente AUTO: SON PARTES: La sociedad mercantil denominada BIENES RAICES, SOCIEDAD ANONIMA (BIERASA), representada en juicio por el abogado FERNAN NUÑEZ MONCADA como recurrente; siendo recurridas las señoras MARIA MARTHA VARELA VARELA y SANTOS ALICIA RAUDALES VARELA, representadas en juicio por la abogada LILY JANETT ENAMORADO CALDERON. OBJETO DEL PROCESO: “DEMANDA VIA PROCESO DECLARATIVO ORDINARIO DE REIVINDICACION DE DOMINIO”, promovida en fecha siete de febrero de dos mil catorce, ante el Juzgado de Letras de Civil del Departamento de Francisco Morazán, por el abogado FERNAN NUÑEZ MONCADA, actuando en su condición de representante procesal del señor ERICK RAFAEL LACAYO LOPEZ quien actúa en su condición de presidente del Consejo de Administración de la Sociedad Mercantil BIENES RAICES, SOCIEDAD ANONIMA (BIERASA), contra las señoras MARIA MARTHA VARELA VARELA y SANTOS ALICIA RAUDALES VARELA, ambas mayores de edad, hondureñas y con domicilio en el departamento de Francisco Morazán. I. ANTECEDENTES DE HECHO PRIMERO: Que en fecha veinte de marzo de dos mil quince, el Juzgado de Letras Civil del departamento de Francisco Morazán, dictó sentencia fallando de la siguiente manera: “FALLA: PRIMERO: DECLARANDO CON LUGAR la demanda ordinaria de reivindicación de dominio de un bien inmueble, presentada en fecha seis de febrero de dos mil catorce, por el abogado FERNAN NUÑEZ MONCADA mayor de edad, hondureño, y de este domicilio inscrito en el Colegio de Abogados de Honduras con carnet número 4808, actuando en su condición de apoderado legal del Señor ERICK RAFAEL LACAYO LOPEZ mayor de edad, hondureño, ejecutivo de negocios y de este domicilio con tarjeta de identidad No 0890-1982-00081, quien a la vez actúa en su condición de Presidente del Consejo de Administración de la Sociedad Mercantil BIENES RAICES, SOCIEDAD ANONlMA (BIERASA), contra las señoras MARIA MARTHA VARELA VARELA y SANTOS ALICIA RAUDALES VARELA ambas mayores de edad, hondureñas y de este domicilio.- CONDENA: A las señoras MARIA MARTHA VARELA VARELA y SANTOS ALICIA RAUDALES VARELA a restituir al Señor ERICK RAFAEL LACAYO LOPEZ quien a la vez actúa en su condición de Presidente del Consejo de Administración de la Sociedad Mercantil BIENES RAICES, SOCIEDAD ANONlMA (BIERASA), el inmueble objeto de esta demanda que formó parte del lugar denominado como Cuevitas conocido y situado como portillo de Santa Cruz o El Durazno, Jurisdicción del Distrito Central consistente en una fracción de terreno con una extensión superficial de 9,043 metros cuadrados con 68 centímetros de metro cuadrado equivalente a 12,970 varas cuadradas con 99 centésimas de varas cuadradas. Con los siguientes límites: AL NORTE: Con carretera pavimentada que conduce de Tegucigalpa a San Pedro Sula; AL SUR: Con propiedad del Señor Tiburcio Carías Castillo, camino del pedregal, de por medio. AL ESTE: Con propiedad de señor Tiburcio Carías Castillo, camino del pedregal, de por medio AL OESTE: Con propiedad del Ingeniero Julio Antonio Cárcamo Mendoza. El cual se encuentra inscrito bajo el asiento No 17 tomo 2647 en el Registro de la Propiedad Hipoteca y Anotaciones Preventivas de Francisco Morazán. - Y MANDA Que quede firme el presente fallo si en su contra no se interpone recurso alguno dentro del término legal.- Por el principio del vencimiento se imponen costas a la parte demandada.- La presente sentencia se dicta hasta esta fecha en virtud de haber abundancia de juicios en materia civil que requieren de una resolución motivada. NOTIFIQUESE. - Redacto la sentencia la Jueza KATY RAQUEL CASTILLO GOMEZ”. SEGUNDO: Que en fecha treinta y uno de agosto de dos mil dieciséis, la Corte Primera de Apelaciones de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán, en el juicio de mérito, dictó sentencia REVOCANDO la del A-quo, fallando de la siguiente manera: “FALLA: PRIMERO: Declarar con lugar el Recurso de apelación interpuesto por la abogada LILY JANET ENAMORADO CALDERON, en su condición de Apoderada Legal de las señora MARIA MARTHA VARELA VARELA y SANTOS ALICIA RAUDALES VARELA.- SEGUNDO: Revoca la sentencia pronunciada en fecha 20 de marzo de 2015 por el Juzgado de Letras Civil del departamento de Francisco Morazán.- TERCERO: En consecuencia este Tribunal emite la sentencia que estima procedente, en los siguientes términos: 1).- Declara sin lugar la demanda de Reivindicación de dominio promovida por el abogado FERNAN NUÑEZ MONCADA, en su condición de Apoderado Legal del señor ERICK RAFAEL LACAYO LOPEZ, Presidente del Consejo de Administración de la Sociedad Mercantil BIENES RAICES SOCIEDAD ANONIMA (BIERASA).- 2).- Absuelve a las señoras MARIA MARTHA VARELA VARELA y SANTOS ALICIA RAUDALES VARELA de la acción deducida con respecto a la pretensión incoada por la sociedad mercantil mencionada.- 3).- SIN COSTAS EN PRIMERA INSTANCIA.- Y MANDA: Que una vez firme la presente sentencia se envié al juzgado de su procedencia las piezas que contienen el proceso de cuantificación de sentencia, junto con la certificación de estilo para los efectos legales pertinentes.- NOTIFIQUESE.” TERCERO: El abogado FERNAN NUÑEZ MONCADA, actuando en su condición de representante procesal de la sociedad mercantil BIENES RAICES SOCIEDAD ANONIMA (BIERASA)”, en fecha catorce de noviembre de dos mil quince, presentó escrito de interposición y formalización del recurso de casación contra la sentencia de fecha treinta y uno de agosto de dos mil dieciséis, dictada por la Corte Primera de Apelaciones de lo Civil del departamento de Francisco Morazán, resolviendo el Ad-quem, mediante proveído de fecha quince de noviembre de dos mil dieciséis, tener por interpuesto y formalizado el recurso de casación por parte del Recurrente y acordó conceder a la parte contraria el plazo diez (10) días hábiles para que se pronunciara sobre el contenido del escrito, debiendo entregársele copia del mismo. CUARTO: La representante procesal de las señoras MARIA MARTHA VARELA VARELA y SANTOS ALICIA RAUDALES VARELA, abogada LILY JANETH ENAMORADO CALDERON, presentó escrito de pronunciamiento sobre el contenido del recurso de casación interpuesto y formalizado por la contraparte, resolviendo la Corte Primera de Apelaciones de lo Civil del departamento de Francisco Morazán, tener por pronunciada a la recurrida, ordenando remitir las presentes diligencias a la Honorable Corte Suprema de Justicia en el término que manda la ley, para proseguir con el trámite correspondiente. QUINTO: Recibidas las actuaciones en éste Tribunal, los abogados LILY JANETH ENAMORADO CALDERON y FERNAN NUÑEZ MONCADA, en sus condiciones ya indicadas, presentaron escritos de personamiento en fechas diez y once de enero de dos mil diecisiete, resolviendo este Tribunal mediante proveído de fecha catorce de febrero de dos mil diecisiete, tenerlos por personados dentro del plazo concedido SEXTO: Que la parte recurrente plantea su recurso de casación contra la sentencia dictada por la Corte Primera de Apelaciones de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán: “MOTIVOS DE CASACION POR INFRACCION PROCESAL PRIMER MOTIVO Norma de Derecho Infringida Se impugna la falta de aplicación del Artículos 13 .1 .2 y .3, 206, 207, 245 .1 y .2, 311, 479 .1 .2 y .3 del Código Procesal Civil, que afecta la forma y contenido de la sentencia de conformidad al Artículo 719 .1 literal c) del Código Procesal Civil, relacionado, con el Artículo 720 .2, a fin de solicitar el control de la motivación fáctica de la sentencia para revisar su existencia (Objetividad), suficiencia (Capacidad), racionalidad y carácter lógico (razón justa), por ser determinante de un sentido diferente del fallo. Criterio de la Infracción: El Artículo 720 .2 relacionado con el artículo 719 .1 literal c) del Código Procesal Civil, faculta atacar la base o motivación fáctica de la sentencia recurrida, no así la revisión de la prueba practicada, con el fin de valorar el razonamiento del órgano judicial de apelación, con respecto al razonamiento de las pruebas practicadas, así como el cumplimiento de las exigencias de claridad, precisión, exhaustividad y motivación que se integran como requisitos internos de la sentencia; pues si bien es cierto, el Juez tiene Libre Valoración, imprescindible para una adecuada solución del proceso, también es cierto que esta (valoración) no puede ser arbitraria, ni las conclusiones irracionales, ya que afectaría a la propia esencia de la sentencia como acto razonado, con sanción expresa de nulidad. El Juzgador Ad-Quem, en su Fundamento de Derecho QUINTO, dispone: “Que en estricto apego a ese tercer elemento no basta con que el demandante acredite la propiedad de un inmueble en general, es necesario puntualizar tanto su ubicación cartográfica exacta, sus límites con respecto a sus vecinos y acreditar que dicho bien inmueble es ocupado por el o los demandados.”; y el Fundamento de Derecho SEXTO, expresa en lo conducente, lo siguiente: “De lo anterior se puede deducir muy claramente que es completamente imposible determinar de forma clara y contundente, a la luz de los innumerables documentos presentados por ambas partes, quien es el propietario del bien inmueble en cuestión, a pesar de que poseemos información con respecto a la situación, cabida y linderos de cada terreno que cada parte aduce ser su propietario, de modo tal que el aspecto legal de cada uno de ellos no puede dudarse; sin embargo no podemos desentender, la precisión material del terreno y de donde resultaría la debida identificación requerida al efecto; situación que solamente se logra a través de la prueba más convincente y acertada para tal propósito, como es una experticia con intervención de Peritos, ejecutada mediante el recorrido y examen minuciosos de los linderos del referido lote de terreno de cada una de las partes y determinando a la luz de las bondades que nos ofrece la tecnología geo-referencial la perfecta ubicación material de tales linderos, y así determinar con un alto grado de precisión el sitio contenido en los documentos, sin referencia a otros datos más que a los proporcionados por la tecnología; y aprovechando dicha experticia, para una vez identificado plenamente el lugar de ubicación del terreno en discordia, hacer constar, si existieran, los actos de posesión o detentación que dentro del mismo están efectuando, o han efectuado las personas demandadas.- Sin embargo, una prueba de esta especie, que era de rigor, no se hizo, por un lado las partes han obviado tan importante haz probatorio, en especial la parte demandante, pero aún más sorprendente a este Tribunal como la A quo, a pesar de que la normativa procesal Civil le brinda la posibilidad de, ante la insuficiencia probatoria de las partes, acordar la práctica de oficio de determinadas pruebas complementarias a las propuestas por las partes, cuando considere que los medios aportados por las partes son insuficientes, de modo que le impidan una correcta formación de su convicción...” Del análisis de la sentencia que se recurre, se deduce que Juzgado Ad-Quem, sustenta el recurso de apelación, en los fundamentos de derecho antes transcrito; el cual a nuestro criterio, no fue realizada en base a los razonamientos de los hechos en concordancia con el ordenamiento jurídico que conllevan a una correcta apreciación y valoración de la prueba, es decir no fue una decisión razonado en términos de Derecho, a razón de lo siguiente: 1.- El Juzgado Ad-Quem, al no valorar objetivamente el medio de prueba documentos públicos, consistente en el Testimonio de la Escritura Pública Número 59, de fecha 5 de mayo de 1997, autorizado por el Notario ORLANDO E. CARCAMO TERCERO, con el que se demuestra nuestra titularidad de dueño o propietario de la fracción de terreno a reivindicar y su respectivo tracto sucesivo; y no valorar objetivamente y mucho menos hace referencia, del medio de prueba documentos públicos, consistente en el Informe emitido por el Departamento de Catastro Agrario y Agrimensura del Instituto Nacional Agrario, de fecha 12 de Septiembre de 2011, en el cual consta la ubicación material y exacta del predio y su medida con sus respectivas colindancias, y en el cual además se detallan algunas coordenadas geo-referenciadas de cada esquinero, acompañándose el respectivo Levantamiento Topográfico sustentado en Plano con su respectiva Hoja Cartográfica; no hizo un control de la motivación fáctica de la sentencia que se pretende casar, por ende, a través del presente recurso extraordinario se pretende la valoración de los medios de prueba antes expuestos, para que una vez verificadas las afirmaciones que se han hecho, se declare cuales han resultado probados, y de esta manera quede probado que el bien inmueble a reivindicar por parte de la sociedad mercantil Bienes y Raíces, Sociedad Anónima (BIERASA), está debidamente singularizado y establecida de manera específica su ubicación material; en consecuencia, es necesario una revisión de los razonamientos y la lógica jurídica que tiene y debe de prevalecer en las resoluciones y la cual no tiene la sentencia de apelación por ser ambigua, a fin de que haya una apreciación y valoración objetiva de las pruebas para fundar su convencimiento (Artículos 13, 245 y 479 .1 del Código Procesal Civil) pues lo que se trata es de excluir la arbitrariedad y la irracionalidad, además para que la sentencia, cumpla con las exigencias de claridad, precisión, exhaustividad y motivación conforme a los Artículos 206 y 207 del Código antes referido. Sin lugar a dudas la sentencia de apelación, no atendió al momento de valorar los medios de prueba las reglas de la sana critica, del conocimiento y criterio humano, así como las normas que rigen el razonamiento lógico; es decir, el Ad-Quem, no valoró de manera libre, conjunta y armónica los medios de prueba que como parte demandante nos hicimos valer; es decir, no discernió razonablemente, pues no relacionó los hechos que alegamos y demostramos, con las pruebas propuestas, admitidas y practicadas, para determinar un enlace preciso y directo. 2.- Es de advertir lo arbitrario que fue el Juzgado Ad-Quem, al valorar los medios de prueba de la parte demandada, pues no existe en el juicio, ningún documento sea este público o privado, que singularice propiedad alguna de las demandadas, pues lo que acompañan, además de una certificación de declaratoria de herencia ab-intestato, es una solicitud de Tradición de Dominio de unos Derechos de Propiedad que constan del Asiento Número 84 Tomo 216 del Libro Registro de la Propiedad, Hipotecas y Anotaciones Preventivas del Departamento de Francisco Morazán, y que es un inmueble donde a la fecha hay varios condueños o comuneros y que por lo tanto esta proindiviso, por lo tanto es totalmente imposible que comprueban su titularidad de dueñas, su ubicación material con sus límites y colindancias; a contrario sensu, del mismo Asiento, se desprende de manera singular, la fracción de terreno propiedad de la sociedad mercantil BIERASA y que se pretende reivindicar y cuyo tracto sucesivo está claramente estructurada en Plan de la Demanda.- En virtud de lo antes expuesto, es necesario también una revisión de los razonamientos y la lógica jurídica que tiene y debe de prevalecer en las sentencias y la cual no tiene la sentencia de apelación por ser ambigua, ya que las apreciaciones del Juzgador Ad-Quem, no son coherentes, pues omiten datos y en este caso inventan datos, estableciendo con ello aspectos facticos distintos a los que realmente existen en autos; en otras palabras falseó de manera arbitraria, al manifestar la existencia de “innumerables documentos presentados por ambas partes”, que hacen “imposible determinar de forma clara y contundente…quien es el propietario del bien inmueble en cuestión”, lo cual es una deducción absurda e ilógica por todo lo antes planteado. 3.- Toda la prueba documental a la que se ha hecho referencia anteriormente y hemos aportado por constar en el expediente de mérito, es un prueba legal o tasada, es decir viene determinado por la Ley, imponiéndose al juzgador un determinado criterio valorativo, aún en contra de su propia convicción, en este sentido, toda la prueba documental publica que presentamos en juicio como parte demandante y que no fue impugnada, hacen prueba, es decir se les atribuye valor probatorio legal y privilegiado como corresponde con la fe pública. 4.- Es menester señalar que el Ad-Quem, no hizo una valoración del medio del prueba testifical, la cual debe realizarse en consonancia y atendiendo las reglas de la sana critica, del conocimiento y criterio humano, así como las normas que rigen el razonamiento lógico; pues no reflexionó, meditó y analizó la prueba con el propósito de darle una valoración jurídica y de esta manera obtener una convicción judicial, en este caso sobre los manifestado por la partes, que al darle lectura a su declaraciones, queda comprado que las demandadas MARIA MARTHA VARELA VARELA y SANTOS ALICIA RAUDALES VARELA, están en posesión del inmueble que pretende reivindicar la sociedad mercantil BIERASA. El Ad-Quem, no ejecutó de forma correcta la actividad de la adecuada valoración de la prueba, pese a que la prueba que como parte demandante aportamos y practicamos, concurrían o concurren las tres condiciones indispensables: la primera, guarda relación con la incorporación de la prueba al juicio: esta ha de haber sido correctamente aportada, es decir, que la prueba objeto de valoración se realizó conforme a los criterios de haber sido lícitamente obtenida y procesalmente practicada con plenas garantías de audiencia, contradicción y defensa; la segunda, se refiere al Juez (y en este caso al tribunal): tuvieron que haber estado preparados culturalmente, es decir, preparados para valorar la prueba, a fin de analizarla, asimilarla y extraer todo su contenido, a fin de tener una sólida y completa formación jurídica y derivar su actuación de los principio de independencia e imparcialidad; y la tercera, se refiere a la situación en que el juez ha de encontrarse para realizarla: se refiere a la libertad apreciativa de la prueba, pero en nombre de esa libertad, el tribunal, no puede prescindir de las pruebas en cuanto a su contenido, su alcance y su naturaleza, condición que el tribunal, además de las anteriores, tampoco cumplió, dado que uno hizo una valoración efectiva y conjunta de la prueba. La valoración conjunta de la prueba, es una institución lógica, y lo cual omitió el Ad-Quem, al momento de dictar la sentencia de apelación que se recurre, dado que no fundó su sentencia en la valoración de todos los datos probatorios, careciendo de sentido fundarse en uno solo (como ocurrió), con exclusión u omisión de los demás datos probatorios o en su defecto falseando datos probatorios inexistentes como por ejemplo, lo que dice la Corte Primera de Apelaciones, en lo referente a lo imposible de determinar de forma clara y contunde a la luz de los innumerables documentos presentados por ambas partes, quien es el propietario en cuestión, Y ESTA PROBADO, que la parte demandada, no acredito jamás documento alguno que singularice su propiedad y por el contrario se refiere a un inmueble que está en comunidad, es decir, que hay varios condueños o comuneros. MOTIVOS DE CASACION POR INFRACCION DE LEY SEGUNDO MOTIVO Norma de Derecho Infringida: Se impugna la Aplicación del Artículo 701 .2 del Código Civil, por indebida; y que se empleó para la solución de fondo del Litigio. Criterio de la Infracción: Consta de manera inobjetable, que la Corte Primera de Apelaciones de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán, al emitir la Resolución de fecha 31 de Agosto de 2016, y que se impugna a través del presente Recurso; lo hace empleando DE MANERA EXPRESA como Fundamento de Derecho, el ARTICULO 701 .2 DEL CODIGO PROCESAL CIVIL, (Ver el Fundamento de Derecho TERCERO), para la solución de fondo de litigio; la cual es ajena a la solución del litigio que nos ocupa, ya que es una norma de derecho inaplicable en todo su contexto, dado que el tribunal de apelación, actúa como juez y parte, hay un conflicto de intereses, ya que no se sujetó a los concretos motivos de impugnación articulados por la parte apelante, es decir, solo puede decidir en relación con los pronunciamientos que hayan sido recurridos por las partes y estará vinculado por lo motivos alegados por el recurrente y, en su caso, por la cuestión de derecho a que se refiere la impugnación, respetando los limites antes expuestos, se podrá resolver el recurso invocando las norma y fundamentos jurídicos que se estime aplicable al caso, aunque no coincidan, o hayan sido invocados erróneamente por el recurrente en su escrito, lo cual fue totalmente adverso, ya que el tribunal Ad-Quem, en el fundamento de derecho antes mencionado, expresa que “los motivos establecidos como agravios por la apelante no muestran contundencia plena para atacar de forma convincente y de acuerdo al ordenamiento jurídico respectivo la resolución dictada por el a-quo”; por lo que resolvió la cuestión litigiosa, amparando y fundando su sentencia en hechos diversos de los que han sido alegados, es decir, alteró el petitorio y fundó su decisión en hechos diversos de los que fueron alegados por las partes, Al quedar precisada y justificada la impugnación de la norma de derecho supra aludida, y que empleo indebidamente el Juzgado Ad-Quem, en la Resolución que se impugna, para resolver el fondo del litigio; se hace con el fin primordial de salvaguardar y garantizar la recta aplicación del derecho material u objetivo al presente caso, en defensa de los derechos de mi Representada la sociedad mercantil Bienes y Raíces, Sociedad Anónima (BIERASA).” SEPTIMO: Que la abogada LILY JANETT ENAMORADO CALDERON, plantea su pronunciamiento sobre la formalización del recurso de casación de la siguiente manera: “ DE LOS MOTIVOS DE CASACION 1.- La parte recurrente no tiene ningún motivo, ni fundamento para interponer este Recurso de Casación, lo que determina en su Sentencia la Corte Primera de Apelaciones, fallo en que es procedente la acción se describe en forma Literal u De conformidad a lo establecido en el numeral 3) articulo 238 del Código Procesal Civil si al momento de dictarse sentencia el Tribunal considera dudosos los hechos relevantes para la decisión desestimará las pretensiones del autor.- En ese orden de ideas, al existir incertidumbre con respecto a si el terreno que aduce afirma el demandante es de su propiedad y que está ocupado por las demandadas". Indudablemente lógico sería hacer la respectiva solicitud de intervención de peritos y dictaminar en el lugar delos hechos dicha la propiedad legitima de mis representadas. 2.- Como le he planteado en la Contestación de la Demanda Civil y Contestación del Recurso de Apelación; no es dueño el demandante (recurrente) lo que anexo Literal "En la Resolución diecinueve de septiembre del dos mil dieciséis, que dicta dicho Juzgado resalta que la única dueña es la parte demandada y que lo ha comprobado, pero señor Juez, cuantos años para venir a demandar, el tiene el derecho desde el momento que se cree dueño tiene que buscar la manera de legalizar. SEGUNDO: El titulo de los abuelos de mis representadas es de mil ochocientos cincuenta y tres (1853) y ellas nacieron en ese lugar además de las declaraciones de herederas y Tradición de dominio de cada una, son documentos legales de derechos y no fueron tomados en cuenta. TERCERO: Si el Demandado fuera el dueño no les hubieran pagado a mis representadas por el terreno para la construcción de la ampliación de la carretera. CUARTO: Se ilustra con los hechos presentados en la demanda ( "1.- Los hechos primero y segundo de la Demanda vía Proceso Ordinario de Reivindicatoria de dominio no los aceptamos porque no tienen validez, nosotras desde que tenernos uso de razón, vivimos en la casa que se encuentra en la Aldea Santa Cruz, frente a la Posta de la Policía Nacional con la carretera al Norte de por medio, no tenemos que dejar nuestra casa porque una Empresa hasta ahora quiere hacerse dueña porque el lugar donde vivimos es Santa Cruz o Portillo de la Cruz Chiquita y fue la dirección que presentaron para emplazarnos para contestar esta Demanda. 2.- Los hechos tercero y cuarto son sin fundamento legal ya que el Terreno denominado Santa Cruz o Portillo de la Cruz Chiquita es por derechos de condueños bajo numero 61 folios 227 al 235 tomo 13 del Registro de la Propiedad y Reinscripción número 84 tomo 216 Libro de Registro de la Propiedad, Hipotecas y anotaciones Preventivas Terreno denominado Santa Cruz o Portillo de la Cruz Chiquita, terreno perteneciente a la Aldea santa Cruz, es de derechos y nuestros abuelos los señores PEDRO FERNANDO VARELA Y DOMINGO RAUDALES eran condueños en el mismo, realizan una inspección de campo con el Instituto Nacional Agrario (INA). Lo cual no tiene validez por ser un sitio privado Titulo de Santa Cruz o Portillo de la Cruz Chiquita. 3.-Ambas estamos declaradas Declarada Heredera MARIA MARTHA VARELA VARELA del abuelo PEDRO F. VARELA CONOCIDO TAMBIEN COMO PEDRO FERNANDO VARELA por derecho de representación de MARIA DOMINGA VARELA VARELA con Tradición de dominio inscrita bajo número 42 tomo 5336 Libro de Registro de la Propiedad, Hipotecas. y anotaciones Preventivas de este departamento de Francisco Morazán y SANTOS ALICIA RAUDALES VARELA del abuelo DOMINGO RAUDALES por derecho de representación de su difunto padre ANGEL ROSENDO RAUDALES con Tradición de dominio inscrita bajo número 34 tomo 5302 Libro de Registro de la Propiedad, Hipotecas y anotaciones Preventivas de este departamento de Francisco Morazán. Nos asiste el derecho por herencia y que siempre hemos vivido en ese terreno. 4.- El Apoderado Legal del señor ERICK RAFAEL LACAYO LOPEZ, en sus antecedentes se refiere a que la señora Margarita Martínez de Irías por partición extrajudicial es dueña de dicho terreno, por herencia de su padre Purificación Sosa García, 27 de mayo de 1937 y que ella vende;' en el titulo de Santa Cruz no aparece como condueño este señor Purificación Sosa Garcia, además ya vivían nuestros abuelos y padres en dicho terreno, los antecedentes que mencionan de una partición extrajudicial no se encuentran en el Instituto de la Propiedad, a) presentan información de numero 68 tomo 195 del Registro de la Propiedad; hijuela 39 letra e), al hacer el tracto los tomos pasan de numero 481 folios 508 tomo 57 se relaciona con el numero 359 folios 389-390 tomo 57 POSESION SITUADA EN EL LUGAR LLAMADO EL PORTILLO DEL DURAZNO DENOMINAOO SUSEMEL, relacionado con numero 170 folios 189-190 tomo 55 y este al número 161 folios 227-235 tomo 13 supuestamente las Cuevitas: pero al leer el antecedente es el Titulo de Santa Cruz o Portillo de la Cruz Chiquita y no aparece con que antecedente vendieron al señor Felipe Zuniga o coma lo adquirió, no se encuentra antecedente. 5.- Para mejor ilustración, según la Certificación del Infrascrito Secretario del Ministerio Público de fecha catorce de noviembre del dos mil once, del Dictamen de Catastro y Geografía, que los documentos aportados por con la Tradición de Dominio perteneciente al Título de Santa Cruz o Portillo de la Cruz Chiquita el terreno está dentro de los límites de dicho Titulo; y los documentos aportados por el señor ERICK RAFAEL LACAYO LOPEZ menciona que se encuentran en el terreno denominado terreno llamado Las Cuevitas situado en el lugar denominado “Portillo de Santa Cruz o el Durazno" mismo que no corresponde, a la ubicación del terreno que el titulo Santa Cruz o Portillo de Cruz Chiquita, Reinscripción numero 84 tomo 216 Libro de Registro de la Propiedad, Hipotecas y anotaciones Preventivas, en ninguna parte de la Demanda el Apoderado Legal del señor ERICK RAFAEL LACAYO LOPEZ menciona este hecho que Certifi.ca el Ministerio Público. 6.- El Demandante señor: ERICK RAFAEL LACAYO LOPEZ reconoció en el Ministerio Publico que éramos dueñas por mencionarnos que le vendiéramos el terreno, este hecho estuvo de testigo Fiscal de Instrucción del Departamento de Delitos Comunes en ese tiempo, Abogada Miriam Domínguez. "). QUINTO: Es claro y bien conocido que este terreno es en Santa Cruz o Portillo de la Cruz Chiquita, y el, nombre que el demandante expresa del Durazno no existe." DE LA VIOLACION JURIDICA SE ADUCE VICIO O ERROR QUE CAUSA LAS VIOLACIONES El Representante Legal del señor ERICK RAFAEL LACAYO LOPEZ ya que fue este el que violó todos los principios, Tratados, leyes, reglamentos y la Constitución de la Republica al querer valerse de tácticas evasiva y complementarias para obtener un predio que no le corresponde. 2.- Como puede pedir que sea a su favor atendiendo que el señor ERICK RAFAEL LACAYO LOPEZ reconoció en el Ministerio Publico que eran dueñas y que le vendieran el terreno, este hecho estuvo de testigo Fiscal de Instrucción del Departamento de Delitos Comunes en ese tiempo, Abogada Miriam Domínguez.")., mas quiere basarse en artículos, violados por el, mismo recurrente. 3.- El Representante aduce que en el análisis la Resolución de Apelación no atendió a valorar los medios de Prueba, AL CONTRARIO, por la duda razonable y para que se tenga un mejor criterio resuelve en esa forma dicha Sentencia; dictada Juez de Primera Instancia; prueba de que no es el lugar correcto que aducen con su prueba en la DEMANDA DE REIVINDICATORIA DE DOMINIO en contra de mis representadas.” II. FUNDAMENTOS DE DERECHO 1.- Del examen de las actuaciones seguidas en ambas instancias, resulta que la Corte Primera de Apelaciones de lo Civil de Francisco Morazán, con fecha quince de noviembre del dos mil dieciséis, tuvo por interpuesto y formalizado el recurso de casación presentado por el abogado FERNAN NUÑEZ MONCADA, representante del señor ERICK RAFAEL LACAYO LOPEZ; contra la sentencia dictada por la misma Corte de Apelaciones el día treinta y uno de agosto del dos mil dieciséis, en relación a la DEMANDA ORDINARIA DE REINVINDICACION DE DOMINIO promovida ante el Juzgado de Letras de lo Civil de Francisco Morazán, por el abogado FERNAN NUÑEZ MONCADA, actuando en su condición de representante procesal del señor ERICK RAFAEL LACAYO LOPEZ quien actúa en su condición de presidente del Consejo de Administración de la Sociedad Mercantil BIENES RAICES, SOCIEDAD ANONIMA (BIERASA), contra las señoras MARIA MARTHA VARELA VARELA y SANTOS ALICIA RAUDALES VARELA. 2. DEL PRIMER MOTIVO DE CASACION. Normas de derecho infringidas: Se impugna la falta de aplicación del Artículos 13 .1 .2 y .3, 206, 207, 245 .1 y .2, 311, 479 .1 .2 y .3 del Código Procesal Civil, que afecta la forma y contenido de la sentencia de conformidad al Artículo 719 .1 literal c) del Código Procesal Civil, relacionado, con el Artículo 720.2, a fin de solicitar el control de la motivación fáctica de la sentencia para revisar su existencia (Objetividad), suficiencia (Capacidad), racionalidad y carácter lógico (razón justa), por ser determinante de un sentido diferente del fallo. De manera sucinta el Recurrente señala un criterio de la infracción, de la siguiente manera: Comienza citando el contenido literal de los fundamentos de derecho de la sentencia del ad quem “QUINTO y SEXTO”; el QUINTO dispone: “Que en estricto apego a ese tercer elemento no basta con que el demandante acredite la propiedad de un inmueble en general, es necesario puntualizar tanto su ubicación cartográfica exacta, sus límites con respecto a sus vecinos y acreditar que dicho bien inmueble es ocupado por el o los demandados”; y el fundamento de derecho SEXTO, expresa en lo conducente, lo siguiente: “De lo anterior se puede deducir muy claramente que es completamente imposible determinar de forma clara y contundente, a la luz de los innumerables documentos presentados por ambas partes, quien es el propietario del bien inmueble en cuestión, a pesar de que poseemos información con respecto a la situación, cabida y linderos de cada terreno que cada parte aduce ser su propietario, de modo tal que el aspecto legal de cada uno de ellos no puede dudarse; sin embargo no podemos desentender, la precisión material del terreno y de donde resultaría la debida identificación requerida al efecto; situación que solamente se logra a través de la prueba más convincente y acertada para tal propósito, como es una experticia con intervención de Peritos, ejecutada mediante el recorrido y examen minuciosos de los linderos del referido lote de terreno de cada una de las partes y determinando a la luz de las bondades que nos ofrece la tecnología geo-referencial la perfecta ubicación material de tales linderos, y así determinar con un alto grado de precisión el sitio contenido en los documentos, sin referencia a otros datos más que a los proporcionados por la tecnología; y aprovechando dicha experticia, para una vez identificado plenamente el lugar de ubicación del terreno en discordia, hacer constar, si existieran, los actos de posesión o detentación que dentro del mismo están efectuando, o han efectuado las personas demandadas.- Sin embargo, una prueba de esta especie, que era de rigor, no se hizo, por un lado las partes han obviado tan importante haz probatorio, en especial la parte demandante, pero aún más sorprendente a este Tribunal como la A quo, a pesar de que la normativa procesal Civil le brinda la posibilidad de, ante la insuficiencia probatoria de las partes, acordar la práctica de oficio de determinadas pruebas complementarias a las propuestas por las partes, cuando considere que los medios aportados por las partes son insuficientes, de modo que le impidan una correcta formación de su convicción...” Del análisis de la sentencia que se recurre, se deduce que Juzgado Ad-Quem, sustenta el recurso de apelación, en los fundamentos de derecho antes transcrito; el cual, a su criterio, no fue realizada en base a los razonamientos de los hechos en concordancia con el ordenamiento jurídico que conllevan a una correcta apreciación y valoración de la prueba, es decir no fue una decisión razonado en términos de derecho, a razón de lo siguiente: 1.- El Juzgado Ad-Quem, al no valorar objetivamente el medio de prueba documentos públicos, consistente en el Testimonio de la Escritura Pública Número 59, de fecha 5 de mayo de 1997, autorizado por el Notario ORLANDO E. CARCAMO TERCERO, con el que se demuestra nuestra titularidad de dueño o propietario de la fracción de terreno a reivindicar y su respectivo tracto sucesivo; y no valorar objetivamente y mucho menos hace referencia, del medio de prueba documentos públicos, consistente en el Informe emitido por el Departamento de Catastro Agrario y Agrimensura del Instituto Nacional Agrario, de fecha 12 de Septiembre de 2011, en el cual consta la ubicación material y exacta del predio y su medida con sus respectivas colindancias, y en el cual además se detallan algunas coordenadas geo-referenciadas de cada esquinero, acompañándose el respectivo Levantamiento Topográfico sustentado en Plano con su respectiva Hoja Cartográfica; denuncia que la sentencia impugnada de que no hizo un control de la motivación fáctica de la sentencia que se pretende casar, por ende, a través del presente recurso extraordinario se pretende la valoración de los medios de prueba antes expuestos, para que una vez verificadas las afirmaciones que se han hecho, se declare cuales han resultado probados, y de esta manera quede probado que el bien inmueble a reivindicar por parte de la sociedad mercantil Bienes y Raíces, Sociedad Anónima (BIERASA), está debidamente singularizado y establecida de manera específica su ubicación material; en consecuencia, señala como necesaria una revisión de los razonamientos y la lógica jurídica que tiene y debe de prevalecer en las resoluciones y la cual no tiene la sentencia de apelación por ser ambigua, a fin de que haya una apreciación y valoración objetiva de las pruebas para fundar su convencimiento, pues lo que se trata es de excluir la arbitrariedad y la irracionalidad, además para que la sentencia, cumpla con las exigencias de claridad, precisión, exhaustividad y motivación conforme a los artículos 206 y 207 del Código antes referido. Dice que el Ad-Quem, “no valoró de manera libre, conjunta y armónica los medios de prueba que como parte demandante nos hicimos valer; es decir, no discernió razonablemente, pues no relacionó los hechos que alegamos y demostramos, con las pruebas propuestas, admitidas y practicadas, para determinar un enlace preciso y directo.” 2.- Expone que el Ad-Quem, fue arbitrario al valorar los medios de prueba de la parte demandada, pues no existe en el juicio, ningún documento sea este público o privado, que singularice propiedad alguna de las demandadas, pues lo que acompañan, además de una certificación de declaratoria de herencia ab-intestato, es una solicitud de Tradición de Dominio de unos Derechos de Propiedad que constan del Asiento Número 84 Tomo 216 del Libro Registro de la Propiedad, Hipotecas y Anotaciones Preventivas del Departamento de Francisco Morazán, y que es un inmueble donde a la fecha hay varios condueños o comuneros y que por lo tanto esta proindiviso, por lo tanto es totalmente imposible que comprueban su titularidad de dueñas, su ubicación material con sus límites y colindancias; a contrario sensu, del mismo asiento, se desprende de manera singular, la fracción de terreno propiedad de la sociedad mercantil BIERASA y que se pretende reivindicar y cuyo tracto sucesivo está claramente estructurada en la demanda.- En virtud de lo antes expuesto, es necesario también una revisión de los razonamientos y la lógica jurídica que tiene y debe de prevalecer en las sentencias y la cual no tiene la sentencia de apelación por ser ambigua, ya que las apreciaciones del Juzgador Ad-Quem, no son coherentes, pues omiten datos y en este caso inventan datos, estableciendo con ello aspectos facticos distintos a los que realmente existen en autos; en otras palabras falseó de manera arbitraria, al manifestar la existencia de “innumerables documentos presentados por ambas partes”, que hacen “imposible determinar de forma clara y contundente…quien es el propietario del bien inmueble en cuestión”, lo cual es una deducción absurda e ilógica por todo lo antes planteado. 3.- Toda la prueba documental a la que se ha hecho referencia anteriormente y que ha aportado por constar en el expediente de mérito, apunta ser una prueba legal o tasada, es decir viene determinado por la Ley, imponiéndose al juzgador un determinado criterio valorativo, aún en contra de su propia convicción, en este sentido, toda la prueba documental publica que presentó en juicio como parte demandante y que no fue impugnada, hacen prueba, es decir se les atribuye valor probatorio legal y privilegiado como corresponde con la fe pública. 4.- Es menester señalar que el Ad-Quem, no hizo una valoración del medio del prueba testifical, la cual debe realizarse en consonancia y atendiendo las reglas de la sana critica, del conocimiento y criterio humano, así como las normas que rigen el razonamiento lógico; pues no reflexionó, meditó y analizó la prueba con el propósito de darle una valoración jurídica y de esta manera obtener una convicción judicial, en este caso sobre los manifestado por la partes, que al darle lectura a su declaraciones, queda comprado que las demandadas MARIA MARTHA VARELA VARELA y SANTOS ALICIA RAUDALES VARELA, están en posesión del inmueble que pretende reivindicar la sociedad mercantil BIERASA. El Ad-Quem, no ejecutó de forma correcta la actividad de la adecuada valoración de la prueba, pese a que la prueba que como parte demandante aportó y practicó, concurrían o concurren las tres condiciones indispensables: Guarda relación con la incorporación de la prueba al juicio, se refiere al Juez (y en este caso al tribunal), y se relata a la situación en que el juez ha de encontrarse para realizarla. RESPUESTA DE LA SALA DE LO CIVIL: Respecto a las exposiciones hechas por el Impetrante en el primer motivo de casación, encuentra esta Sala de lo Civil, lo siguiente: Existe una cita indiscriminada de preceptos legales señalados como infringidos y que se refieren a distintas situaciones jurídicas, los que para una correcta técnica casacional debió señalar en motivos separados e independientes, tal como lo dispone el artículo 721.2 del Código Procesal Civil, en lo referente a la interposición y formalización, es decir con la suficiente separación y claridad. El Censor señala infringidos los siguientes artículos 13 que se refiere al principio de valoración de la prueba, 206 sobre los requisitos internos de la sentencia en lo que se refiere a la claridad, precisión y exhaustividad, 207 sobre la motivación de la sentencia, 245 sobre valoración de las pruebas, 311 la forma en que se hará la valoración de las declaraciones de testigos, 479 sobre valoración de prueba, todos los anteriores del Código Procesal Civil, todos y cada uno de los anteriores se refiere a distintas situaciones. Pide la revisión de la motivación fáctica de la sentencia conforme al precepto autorizante del artículo 719.1 literal c) del Código Procesal Civil relacionado con el 720.2 del mismo cuerpo legal; no obstante, lo que hace es impugnar directamente cada uno de los medios de prueba aportados en juicio, para así cuestionar el valor probatorio que a ellos dio el Tribunal sentenciador. Finalmente, no precisa ni justifica la incidencia de la infracción en el sentido de la resolución impugnada. Es por los defectos antes señalados que procede declarar la inadmisión conforme a la causal contenida en el artículo 723.2 literal a) del Código Procesal Civil, en el cumplimiento de las exigencias y requisitos para el escrito de interposición y formalización. 3. DEL SEGUNDO MOTIVO DE CASACION. Norma de Derecho Infringida: Se impugna la aplicación del artículo 701 .2 del Código Civil, por indebida aplicación; y que se empleó para la solución de fondo del Litigio. Criterio de la Infracción: Señala que la Corte Primera de Apelaciones de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán, al emitir la Resolución de fecha 31 de Agosto de 2016, lo hace empleando de manera expresa como fundamento de derecho, el articulo 701 .2 del Código Procesal Civil, (Ver el fundamento de derecho TERCERO), para la solución de fondo de litigio; la cual es ajena a la solución del litigio que nos ocupa, ya que es una norma de derecho inaplicable en todo su contexto, dado que el tribunal de apelación, actúa como juez y parte, hay un conflicto de intereses, ya que no se sujetó a los concretos motivos de impugnación articulados por la parte apelante, es decir, solo puede decidir en relación con los pronunciamientos que hayan sido recurridos por las partes y estará vinculado por lo motivos alegados por el recurrente y, en su caso, por la cuestión de derecho a que se refiere la impugnación, respetando los limites antes expuestos, se podrá resolver el recurso invocando las norma y fundamentos jurídicos que se estime aplicable al caso, aunque no coincidan, o hayan sido invocados erróneamente por el recurrente en su escrito, lo cual fue totalmente adverso, ya que el tribunal Ad-Quem, en el fundamento de derecho antes mencionado, expresa que “los motivos establecidos como agravios por la apelante no muestran contundencia plena para atacar de forma convincente y de acuerdo al ordenamiento jurídico respectivo la resolución dictada por el a-quo”; por lo que resolvió la cuestión litigiosa, amparando y fundando su sentencia en hechos diversos de los que han sido alegados, es decir, alteró el petitorio y fundó su decisión en hechos diversos de los que fueron alegados por las partes. RESPUESTA DE LA SALA DE LO CIVIL. La sala encuentra que el recurrente en el segundo motivo de casación comete errores en la técnica y fundamentación casacional, mismos que son de rigurosa observancia y cumplimiento al tenor de lo que dispone el artículo 723.2 literal a), en relación al artículo 721.2, del Código Procesal Civil, tal como ya se ha expresado en la presente resolución. Las razones de tal conclusión son las siguientes: a. En lo que respecta a la norma o normas infringidas la recurrencia no es clara, esto obedece a que por un lado señala como infringido el artículo 701.2 del Código Civil por indebida aplicación, dicha normativa legal se refiere en su contenido a la tradición de dominio del mandato o representación legal; y, luego señala en otro acápite que impugna la inaplicación del artículo 701.2 del Código Procesal Civil, norma procesal está que se refiere a generalidades del recurso de apelación sobre el efecto devolutivo en el ámbito del recurso. b. Resulta impropio el denunciar dos tipos de infracción diferentes entre sí en un solo motivo casacional. c. Señala como causal recursiva las normas de derecho empleadas para la solución del fondo del litigio, no obstante, del motivo antes indicado se desprende la invocación del artículo 701.2 del Código Procesal Civil, es decir una norma con carácter procesal y no que sea sustantiva y necesaria para la solución del fondo del litigio. Es por lo antes que procede la inadmisión a trámite del segundo motivo casacional. III PARTE DISPOSITIVA Por lo antes expuesto la Sala de lo Civil, pronunciándose por unanimidad de votos e impartiendo justicia en nombre de la Corte Suprema de Justicia y del Estado de Honduras, en base a los fundamentos de derecho citados y haciendo aplicación de los Artículos 303, 304, 313 numeral 5) y 316 de la Constitución de la República; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 115, 118 numeral 1), 129, 169, 170, 190, 191, 193 numeral 2, literal b), 197, 199, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723, 724 y 914 del Código Procesal Civil; profiere el presente AUTO IRRECURRIBLE y DECLARA: 1) La inadmisión del recurso de casación en sus dos motivos interpuesto por el abogado FERNAN NUÑEZ MONCADA, en su condición indicada. 2) Firme la sentencia recurrida, dictada por la Corte Primera de Apelaciones Civil de Francisco Morazán, de fecha treinta y uno de agosto del dos mil dieciséis, en el expediente de apelación número 0801-2014-01264-CPCO, originado en los autos que conforman la primera pieza que se registra bajo el número 0801-2014-01264-CPCO del Juzgado de Letras de lo Civil de Francisco Morazán. 3) Condenar en costas a la parte recurrente. Y MANDA: Remitir las presentes actuaciones, junto con la certificación de esta resolución al Tribunal de su procedencia, previa notificación de este auto a las partes personadas, por medio de sus apoderados legalmente constituidos en juicio. Redactó la Magistrada RINA AUXILIADORA ALVARADO MORENO. NOTIFIQUESE. FIRMAS Y SELLO. RINA AUXILIADORA ALVARADO MORENO. MAGISTRADA COORDINADORA. REYNALDO ANTONIO HERNANDEZ. MAGISTRADO. WILFREDO MENDEZ ROMERO. MAGISTRADO. FIRMA Y SELLO. BETTY JANETH PALMA O´CONNOR. RECEPTORA ADSCRITA”.

Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los ocho días del mes de octubre del año dos mil dieciocho; Certificación del auto de fecha doce de septiembre del año dos mil dieciocho, recaído en el Recurso de Casación registrado bajo el No. S.C.03=2017.

BETTY JANETH PALMA O’CONNOR

RECEPTORA ADSCRITA

1