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Sentencia CC-86-16 — Registro 8201

Resumen

En segunda instancia se desestima íntegramente la demanda ordinaria de nulidad de un título definitivo de propiedad, como la nulidad de su inscripción en el instituto de la propiedad y absuelve de toda responsabilidad civil al Instituto Nacional Agrario(INA).

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

… “En lo que respecta al único motivo de casación esta Sala de lo Civil encuentra los siguientes defectos técnicos que lo vuelven inadmisible, así: a) El Censor señala como norma infringida el artículo 200 del Código Procesal Civil en lo que se refiere al contenido formal de la sentencia a la luz del artículo 720 del mismo Código, es decir al referirse a los hechos probados de la sentencia recurrida pretende en casación su control, con lo cual confunde la viabilidad de la impugnación casacional en cuanto a la motivación fáctica de la sentencia para revisar su existencia, suficiencia, racionalidad y carácter lógico, siempre que éste fuera determinante de un sentido diferente al fallo, ya que arguye la infracción de los citados artículos del Código Procesal Civil, haciendo relación de medios de prueba que obran en el proceso y que según su estimación darían la razón a su representado, situación que no es de recibo en esta etapa casacional en que se encuentra; señalando las razones para considerar que al momento de juzgamiento se ha hecho omisión en la valoración de pruebas. Olvida el recurrente que conforme el artículo 720 numeral 1) del Código Procesal Civil, por medio del recurso de casación no se puede instar la revisión de los hechos ni la interpretación y valoración de las pruebas contenidas en las sentencias dictadas en la instancia. b) Además, impugna en el mismo motivo de casación los artículos 242 numeral 3) del Código Procesal Civil en lo que respecta al procedimiento probatorio en general, específicamente la práctica de la prueba, así como el 103 constitucional y los artículos 1 y 2 del Decreto 390-2013 de fecha 20 de enero del 2014, publicado el 7 de mayo del 2014, al plantearlos de forma conjunta en un solo motivo concita la falta de separación y claridad, necesarias en la correcta técnica recursiva en materia casacional. Todas y cada una de las situaciones antes señaladas vuelven inadmisible el motivo en estudio según lo dispone el artículo 723 numeral 2) inciso a) del Código Procesal Civil 5. Que por las razones expuestas, con fundamento en los artículos 704, 721 y 723 del Código Procesal Civil, procede en derecho dictar una resolución fundada en la no admisión a trámite del recurso de casación planteado en su motivo único.”

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACION

La Infrascrita Receptora Adscrita a la Sala de lo Civil de la Corte Suprema de Justicia, Certifica el Auto que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los siete días del mes de agosto del año dos mil diecisiete, la Sala de lo Civil, integrada por los Magistrados: WILFREDO MENDEZ ROMERO, como Coordinador, RINA AUXILIADORA ALVARADO MORENO y REYNALDO ANTONIO HERNÁNDEZ, en la fecha supra indicada dictan el siguiente AUTO: SON PARTES: Los señores SANTOS RUFINO AYESTAS VIERA y MARIANO UCLES UCLES, representados en juicio por el abogado CARLOS ENRIQUE ORTIZ OSORIO, en su condición de recurrentes; siendo recurridos el INSTITUTO NACIONAL AGRARIO (INA), representado en juicio por el abogado OSMAN EDUARDO GARCIA VEGA y la señora MAURICIA DUARTE, representada en juicio por la abogada YAUDIE COSSETTE SOTOMAYOR SOLIS. OBJETO DEL PROCESO: “DEMANDA VÍA PROCESO DECLARATIVO ORDINARIO PARA QUE SE DECRETE LA NULIDAD DE UN TITULO DEFINITIVO DE PROPIEDAD EN DOMINIO PLENO, POR HABER SIDO OTORGADO EL MISMO EN COMPLETA INOBSERVANCIA DE LA LEY, CONSECUENTEMENTE SE DECRETE LA NULIDAD DEL TITULO DEFINITIVO DE PROPIEDAD EN DOMINIO PLENO COMO DE SUS INSCRIPCIONES REGISTRALES”, promovida en fecha trece de diciembre del año dos mil trece, ante el Juzgado de Letras Seccional de Yuscarán, Departamento de El Paraíso, por los señores SANTOS RUFINO AYESTAS VIERA y MARIANO UCLES UCLES, ambos mayores de edad, hondureños, solteros, agricultores y con domicilio en el caserío Llano El Tigre, Municipio de Morocelí, Departamento de El Paraíso, representados en juicio por el abogado CARLOS ENRIQUE ORTIZ OSORIO, contra el INSTITUTO NACIONAL AGRARIO (INA), por medio de su Director Ejecutivo y representante legal de ese entonces, señor FELIX NECTALY MEDINA AGURCIA, mayor de edad, soltero, hondureño, Licenciado en Economía y con domicilio laboral en colonia Alameda de la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, Departamento de Francisco Morazán, y contra la EMPRESA ASOCIATIVA CAMPESINA DE PRODUCCIÓN UNIÓN FUERTE, por medio de su representante legal la señora MAURICIA DUARTE, mayor de edad, soltera, ama de casa, hondureña, con domicilio en el Proyecto de la Holandesa, caserío Llano El Tigre, Municipio de Morocelí, Departamento de El Paraíso.

I.- ANTECEDENTES DE HECHO PRIMERO: Con fecha veintinueve de septiembre del año dos mil quince, la Corte Tercera de Apelaciones con sede en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, conociendo por vía de apelación de la sentencia definitiva de fecha seis de abril del año dos mil quince, dictada por el Juzgado de Letras Seccional de Yuscarán, Departamento de El Paraíso, en el juicio de mérito, dictó sentencia CONFIRMANDO la del A-quo, misma que falló de la siguiente manera: “FALLA: PRIMERO: QUE DEBO ACORDAR y ACUERDO: Desestimar íntegramente la Demanda Ordinaria de Nulidad de un Título Definitivo de Propiedad, como la nulidad de su inscripción en el Instituto de la Propiedad de esta sección registral, formulada por el Abogado CARLOS ENRIQUE ORTIZ OSORIO, en su condición de Representante Procesal de los señores SANTOS RUFINO AYESTAS VIERA y MARIANO UCLES UCLES, en contra del Instituto Nacional Agrario (INA), por medio de su representante legal y Director Ejecutivo RAMÓN ANTONIO LARA BUEZO, representado procesalmente por el Abogado OSMAN EDUARDO GARCÍA VEGA, y la Empresa Asociativa Campesina de Producción “Unión Fuerte” a través de su representante legal MAURICIA DUARTE, debidamente representada por la Abogada YAUDIE COSSETTE SOTOMAYOR SOLIS. SEGUNDO: ABSUELVE DE TODA RESPONSABILIDAD CIVIL al Instituto Nacional Agrario (INA), a través de su representante legal y Director Ejecutivo RAMÓN ANTONIO LARA BUEZO, y la Empresa Asociativa Campesina de Producción “Unión Fuerte” a través de su representante legal MAURICIA DUARTE, de la acción civil promovida en su contra. TERCERO: Condena a los demandantes señores SANTOS RUFINO AYESTAS VIERA y MARIANO UCLES UCLES, a pagar las costas procesales causadas en esta instancia, por haberse rechazado todas sus pretensiones. CUARTO: Notifíquese la sentencia a las partes procesales, haciéndole saber que contra la misma cabe interponer Recurso de Apelación ante este mismo Juzgado en el plazo de diez (10) días contados desde el día siguiente a la notificación de esta sentencia de conformidad con lo dispuesto en los artículos: 707 y 709 del Código Procesal Civil. Hasta en esta fecha se dicta la presente sentencia, en virtud que la carga judicial es sumamente abundante en esta Judicatura.” SEGUNDO: El representante procesal de los señores SANTOS RUFINO AYESTAS VIERA y MARIANO UCLES UCLES, abogado CARLOS ENRIQUE ORTIZ OSORIO, presentó en fecha doce de febrero del año dos mil dieciséis, escrito de interposición y formalización del recurso de casación, contra la sentencia de fecha veintinueve de septiembre del año dos mil quince, dictada por la Corte Tercera de Apelaciones con sede en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, resolviendo el Ad-quem, mediante proveído de fecha doce de febrero del año dos mil dieciséis, tener por interpuesto y formalizado el recurso de casación por parte del Recurrente y acordó conceder a la parte contraria el plazo de diez (10) días hábiles para que se pronunciara sobre el contenido del escrito, debiendo entregársele copia del mismo. TERCERO: El representante procesal del INSTITUTO NACIONAL AGRARIO (INA), abogado OSMAN EDUARDO GARCÍA VEGA, presentó en fecha siete de marzo del año dos mil dieciséis, escrito de pronunciamiento sobre el contenido del recurso de casación interpuesto y formalizado por la contraparte, resolviendo la Corte Tercera de Apelaciones con sede en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, remitir las presentes diligencias a la Honorable Corte Suprema de Justicia en el término que manda la ley, para proseguir con el trámite correspondiente. CUARTO: La representante procesal de la EMPRESA ASOCIATIVA CAMPESINA DE PRODUCCIÓN UNIÓN FUERTE, abogada YAUDIE COSSETTE SOTOMAYOR SOLIS, presentó en fecha dieciséis de marzo del año dos mil dieciséis, escrito de pronunciamiento sobre el contenido del recurso de casación interpuesto y formalizado por la contraparte, resolviendo la Corte Tercera de Apelaciones con sede en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, remitir las presentes diligencias a la Honorable Corte Suprema de Justicia en el término que manda la ley, para proseguir con el trámite correspondiente. QUINTO: Recibidas las actuaciones en éste Tribunal, los abogados OSMAN EDUARDO GARCÍA VEGA, YAUDIE COSSETTE SOTOMAYOR SOLIS y CARLOS ENRIQUE ORTIZ OSORIO, en sus condiciones ya indicadas, presentaron escritos de personamiento en fechas treinta y treinta y uno de marzo y uno de abril del año dos mil dieciséis, y una vez visto el informe rendido por la Secretaría de esta Corte Suprema de Justicia, este Tribunal, mediante proveído de fecha veintisiete de abril del año dos mil dieciséis, los tuvo por personados dentro del plazo concedido. SEXTO: Que el abogado CARLOS ENRIQUE ORTIZ OSORIO, plantea su recurso de casación contra la sentencia dictada por la Corte Tercera de Apelaciones con sede en la ciudad de Tegucigalpa, Francisco Morazán, de la siguiente manera: “MOTIVO DE CASACIÓN. Se impugna la sentencia recurrida por infracción en la aplicación e interpretación de las normas procesales que regulan la forma y contenido de la sentencia: Artículo 200 del Código Procesal Civil. CONTENIDO FORMAL DE LAS SENTENCIAS. 1.- a)... b) — En los antecedentes de hechos se consignarán, con la claridad y la concisión posibles y en párrafos separados y numerados las pretensiones de las partes o interesados los hechos en que las funden que hayan alegado oportunamente y tengan relación con las cuestiones que deben de resolverse, LAS PRUEBAS QUE SE HUBIESEN PROPUESTO Y PRACTICADO Y LOS HECHOS PROBADOS, en su caso. El articulo 720 del Código Procesal Civil, en sus numerales 1) y 2) prescribe: “1) por medio del recurso de casación no se podrá instar la revisión de los hechos ni la interpretación y valoración de las pruebas contenidas en las sentencias dictadas en la instancia. 2) Sin embargo, y dentro del literal c) del numeral 1 del articulo anterior, se podrá solicitar en casación el control de la motivación fáctica de la sentencia para revisar su existencia, suficiencia, racionalidad y carácter lógico, y siempre que éste fuera determinantemente de un sentido diferente del fallo.” El Articulo 719 del Código Procesal Civil, inciso c) numeral 1) prescribe: “1) se podrá impugnar la aplicación e interpretación de las normas procesales que regulan: c) la forma y contenido de las sentencias.” Con la interposición de este Recurso, solicitamos el control de la motivación fáctica de la sentencia para demostrar la conclusión equivocada a que se llegó por parte del Tribunal de Segunda Instancia en la aplicación e interpretación de las normas que regulan la forma y contenido de las sentencias. El Código Procesal Civil, regula a través del artículo 200, en sus numerales 1) y 2) El contenido formal de las sentencias; estipulando 1. Las sentencias serán siempre motivadas y contendrán, en párrafos separados y numerados, los antecedentes de hecho y los fundamentos de derecho en los que se base la parte dispositiva o fallo. 2. En particular, la redacción de las sentencias se ajustará al siguiente contenido formal: a)….b) En los antecedentes de hecho se consignarán, con la claridad y la concisión posibles y en párrafos separados y numerados, las pretensiones de las partes o interesados, los hechos en que las funden que hayan sido alegados oportunamente y tengan relación con las cuestiones que deban de resolverse, las pruebas que se hubiesen propuesto y practicado y los hechos probados, en su caso. c) En los fundamentos de derecho se expresarán, en párrafos separados y numerados, los puntos de derecho fijados por las partes y de las cuestiones controvertidas, dando las razones y fundamentos legales del fallo que haya de dictarse, con expresión concreta de las normas jurídicas aplicables al caso. d) El fallo contendrá, numerados, los pronunciamientos correspondientes a las pretensiones de las partes, aunque la estimación o desestimación de todas o algunas de dichas pretensiones pudiera deducirse de los fundamentos jurídicos, así como……… La sentencia es un proceso lógico de pensamiento en donde la conclusión a que se llega es el resultado de análisis de los diversos elementos fácticos que se presentan en el juicio enmarcándolos en la norma jurídica aplicable al caso concreto, debiendo por tanto, haber una conexión lógica entre estos y esa conclusión, que del estudio de la sentencia en cuestión se manifiesta una situación ajena a la Ley. El Tribunal ad-quem declaró Sin Lugar dicho Recurso de Apelación, fallo este que se ampara en el hecho, por haberse observado en autos la ausencia de peritaje que tratándose de derechos constituidos en limites generales, establezca el área objeto del reclamo. No encontrándose delimitada el área del terreno, no se probó la identificación plena argumentada. Esto así, sin que previo a ello se haya hecho una minuciosa y exhaustiva revisión del andamiaje probatorio aportado al juicio lo que lo ha inducido a una desmedida equivocación, pues existen situaciones probatorias consistentes en: “INFORME DE AVALUOS DE MEJORAS UTILES Y NECESARIAS CONTRUCCIONES Y PLANTACIONES PERMANENTES”. Elaborado por el Ing. OMAR ANTONIO CARBAJAL S., como Agrónomo Valuador, en cuyo resumen se establece que el señor MARIANO UCLES UCLES, introdujo mejoras por LPS. 4,132.27, por el alambre de púas, con el cual tenía cercado dicho potrero, ORDENANDO EL INA SE LE PAGARA DICHO VALOR el cual mi representado nunca cobró. (ver folios 106 al 108 del Expediente Administrativo de Afectación No. 70089- Clave 120-21). Hecho este el cual demuestra que el Instituto Nacional Agrario “INA”, siempre tuvo conocimiento que dicha propiedad era de NATURALEZA PRIVADA. Acto este el cual, deja plenamente demostrado que el inmueble objeto de afectación por parte del “INA”, es el mismo, que es propiedad de mis representados los señores Santos Rufino Ayestas Viera y Mariano Ucles Ucles, cuya posesión data desde hace más de 114 años, y no como pretende hacer creer la parte demandada que son terrenos diferentes. Por lo tanto al haberse llevado acabo dicha afectación de tierra bajo el concepto de que dicha propiedad era de NATURALEZA RURAL EJIDAL Y NO PRIVADA, el mismo adolece de legitimidad y por lo tanto es completamente NULO.” Así consta en autos el Acta de Inspección practicada por el Juez de primera instancia al inmueble objeto del debate, en la que, el señor Juez A-Quo, se auxilió, de una Hoja Cartográfica debidamente Geo Referenciada de la ubicación del inmueble objeto del presente proceso presentada por la parte demandada. para establecer los limites del antecedente de dominio de mis representados, constatando personalmente que el inmueble titulado por el Instituto Nacional Agrario “INA”, a favor de La Empresa Asociativa Campesina de Producción Unión Fuerte, está ubicado dentro de los límites del antecedente de dominio de mis representados hecho este que así consta en el acta respectiva que para su efecto levantó la señora Secretaria del Juzgado (ver folio 610); también consta en autos la inspección realizada: 1.- A las instalaciones que ocupa el Registro de la Propiedad Inmueble y mercantil de esta ciudad de Yuscarán, Departamento de El Paraíso, donde constató lo siguiente: a) La legalidad de las inscripciones de todos los asientos regístrales antes citados; b) La realización de actos de riguroso dominio realizados por mi representado señor MARIANO UCLES UCLES, mediante ventas fraccionadas de su Asiento registral No. 01 del Tomo 22; Al archivo judicial del mismo tribunal precisamente: a) Al expediente Penal con Registro No. 10/2013, donde constató que dicho expediente corresponde a la acusación criminal promovida por la Fiscalia del Ministerio Público de esta ciudad, por denuncia formulada por la señora MAURICIA DUARTE, en su condición de Presidenta del Grupo Campesino “UNIÓN FUERTE” en contra de los señores MARIANO UCLES UCLES, SANTOS RUFINO AYESTAS VIERA y PEDRO JOSE UCLES, por delito de USURPACIÓN, todo con el fin de despojar de su propiedad a mis representados, misma la cual no trascendió decretándose a su favor sobreseimiento definitivo. b) Al Expediente Penal con Registro No. 37-2012, donde constató que dicho expediente corresponde a la acusación criminal promovida por la Fiscalía del Ministerio Público de esta ciudad, por denuncia formulada por la señora MAURICIA DUARTE, en su condición de Presidenta del Grupo Campesino “UNIÓN FUERTE” en contra de los señores ELMER OMAR BARAHONA CRUZ, PIEDAD LETICIA VALLADARES JOHANN LIZETH HERNANDEZ CASTELLANOS y ERIKA CAROLINA PAVON MERLO, por el delito de USURPACIÓN, donde corre agregado: El Informe del acta de desalojo realizado en fecha 14 de Junio del año 2013, por la Juez Ejecutora del Juzgado de Paz de lo penal Abogada NELLY JUDITH NOLASCO CARCAMO donde en unas de sus partes literalmente dice: Así mismo le informo que los señores que debían ser desalojados del inmueble no fueron encontrados en el lugar sin embargo procedimos a desalojar del inmueble siete (7) semovientes (tres bestias, más una cría, dos vacas y una cría) que según manifestación del grupo campesino eran propiedad de la familia Ucles. Acción esta de la cual, se valieron para sacar de su propiedad a mis representados los señores UCLES AYESTAS, y su ganado vacuno. Quedando así evidenciado es que al momento que se ejecuta este injusto desalojo en su contra, ellos estaban en posesión de dicho bien inmueble, medios de prueba que fueron debidamente propuestos y evacuados y que de haber sido considerados al momento del Juzgamiento, habrían de haber tenido un resultado favorable, en torno a este aspecto de nulidad que se pretende justificadamente. Cuando la sentencia omite los elementos fácticos que han debido ser tomados en consideración, es natural que dé cómo resultado una conclusión equivocada, es decir una sentencia con una motivación fáctica equivocada, si por otro se aprecia que la misma carece de la normativa que expresamente regula el Código Procesal Civil, en su artículo 200, con lo cual se confirma que su no inclusión en el fallo cuestionado evidencia la Infracción de las disposiciones legales relativas a la forma y contenido de las sentencias. Se impugna la Sentencia Recurrida por infracción en la aplicación e interpretación de las Reglas de la Sana Critica en la Valoración de la Prueba: Artículo 242 No 3 del Código Procesal Civil. Que establece: 1.-.... 2.-.... 3. No obstante lo dicho en el párrafo anterior, se llevará a cabo ante el Secretario la presentación de documentos, la aportación de otros medios o instrumentos probatorios, el reconocimiento de la autenticidad de un documento privado, la formación de cuerpos de escritura para el cotejo de letras y la mera ratificación de la autoría de dictamen pericial. El Juez o Tribunal habrá de examinar por si mismo la prueba documental, los informes y dictámenes escritos y cualesquiera otros medios o instrumentos que se aportaren para poder tenerlos en cuenta a la hora de formar su convicción. El artículo 719 del Código Procesal Civil, en sus numerales 1). 2). Prescribe: CAUSALES DEL RECURSO. 1. Se podrá impugnar la aplicación e interpretación de las normas procesales que regulan: a)... .b).... c) La forma y contenido de la sentencia. 2. Igualmente, se podrá impugnar la aplicación e interpretación de las normas de derecho empleadas para la solución de fondo del litigio. Con la interposición de este Recurso, solicitamos el control de la motivación fáctica de la Sentencia para demostrar la conclusión equivocada que se llegó por parte del Tribunal de Segunda Instancia en la aplicación e interpretación de las normas que regulan la forma y contenido de las Sentencias.- Ya que existe de parte del Instituto Nacional Agrario (INA) un reconocimiento expreso de que dicha propiedad es de naturaleza privada cuando ordena en su “INFORME DE AVALUOS DE MEJORAS UTILES Y NECESARIAS CONTRUCCIONES Y PLANTACIONES PERMANENTES”, que se le pague al señor MARIANO UCLES UCLES, por mejoras la cantidad de LPS. 4,132.27, por el alambre de púas, con el cual tenía cercado dicho potrero. Hecho este Señores Magistrados, que es irrefutable a lo que hemos venido manifestando en todo este proceso, además de otros medios de prueba que fueron aportados en el mismo. A nuestro criterio este único motivo de casación es suficiente para concluir que a la parte que represento le asiste la razón para solicitar que se case la sentencia recurrida procediendo en consecuencia dictar la que en derecho corresponda. INCIDENCIA DE LA INFRACCIÓN EN EL SENTIDO DE LA RESOLUCIÓN RECURRIDA.- La infracción censurada, esto es, el no haber sido valorada adecuadamente por la Honorable Corte Tercera de Apelaciones de Francisco Morazán, todos los medios de Prueba en que se ampara la Demanda de mérito, influyó determinantemente en el sentido de la Sentencia hoy recurrida, de tal manera que si las hubiesen analizado y valorado, tal y como devenían en la obligación de hacerlo, con base en las normas de valoración de la prueba, habrían arribado a la conclusión de que debían de acceder a declarar procedente la nulidad del título definitivo de propiedad en dominio pleno, por haber sido otorgado el mismo en completa inobservancia de la Ley, como de sus inscripciones registrales, ya que solo basta con apreciar los folios 25 al 38, 157, 158, 159, 610, 611, 612 y 614 del expediente de mérito y se darán cuenta que esta acción solicitada es completamente procedente y apegada a derecho. Además señores Magistrados no hay que olvidar que el mismo Estado es el garante a proteger la propiedad privada, así como lo manda nuestra Constitución de la República en su articulo 103 que literalmente dice: El Estado reconoce, fomenta y garantiza la existencia de la propiedad privada en su más amplio concepto de función social y sin más limitaciones que aquellas que por motivos de necesidad o de interés público establezca la Ley. Es tal el caso que para poner un alto a estos atropellos cometidos por parte de estas instituciones “El Instituto Nacional Agrario (INA)”, al derecho legítimo de propiedad al momento de emitir títulos de propiedad, el Soberano Congreso Nacional de la República, en fecha 20 de Enero del 2014, emitió el Decreto No. 390-2013, el cual fue publicado en el Diario Oficial la Gaceta, el día Miércoles 7 de Mayo del 2014, en donde sus artículos 1 y 2, de dicho decreto, les limita a los órganos jurisdiccionales como: El Instituto Nacional Agrario (INA), el Instituto de Conservación y Desarrollo Forestal, Áreas Protegidas y Vida Silvestre (ICF) y las Municipalidades poder emitir títulos de propiedad: Artículo 1.- Reformar los artículo 8... .37.- ….En el caso de los títulos emitidos por el Instituto Nacional Agrario (INA) el Instituto de Conservación y Desarrollo Forestal, Áreas Protegidas y Vida Silvestre (ICF) y las Municipalidades, no podrán ser inscritos si consta en los sistemas de información que regula el Instituto de la Propiedad que dichos títulos: 1) Comprenden total o parcialmente predios inscritos a favor de terceros; 2) Se encuentren en zonas urbanas en el caso de los títulos emitidos por el Instituto Nacional Agrario o dentro de zonas rurales en el caso de los títulos emitidos por las municipalidades sobre bienes ejidales; Artículo 2.- Los órganos jurisdiccionales el Instituto Nacional Agrario (INA) el Instituto de Conservación y Desarrollo Forestal, Áreas Protegidas y Vida Silvestre (ICF) y las Municipalidades….. aun cuando no se presentara oposición, si hay terceros en posesión del inmueble se denegara la solicitud y se informara todas las instituciones con capacidad de titulación en el país, según la naturaleza jurídica para que se abstengan de titular ese inmueble a favor del peticionario hasta que no se dirima la disputa por la posesión del inmueble. Por tal sentido se recurre en esta instancia en procura que se haga una correcta interpretación de la Ley, y por lo tanto una verdadera aplicación de justicia en el presente caso.” SEPTIMO: Que el abogado OSMAN EDUARDO GARCIA VEGA, plantea su pronunciamiento sobre la formalización del recurso de casación de la siguiente manera: “EL RECURSO ES CONFUSO Y ANTI TÉCNICO. a) No manifiesta cual es el “precepto autorizante”, sino que lo hace desordenada y turbiamente, se limitó a decir que “El artículo 720 del Código Procesal Civil, en sus numerales 1) y 2) prescribe “Por medio del recurso de casación...” y El artículo 719 deI Código Procesal Civil, inciso c) numeral 1) prescribe “Se podrá impugnar la aplicación e interpretación...”; en este caso debió, en forma clara y separada, expresarlo así: PRECEPTO AUTORIZANTE: este motivo está autorizado por el artículo 719.1.c del Código Procesal Civil en lo que dice: “La forma y contenido de la sentencia.” Y el artículo 720.2 del Código Procesal Civil en lo que dice: “Sin embargo, y dentro del literal c) del numeral 1 del artículo anterior, se podrá solicitar en casación el control de la motivación fáctica de la sentencia para revisar su existencia, suficiencia, racionalidad y carácter lógico, siempre que éste fuera determinante de un sentido diferente del fallo.” b) No precisa en acápite claro y separado cuales son las disposiciones legales violadas, se limitó a recitar lo que dicen los artículos 200 y 242 No.3 del Código Procesal Civil; en este caso debió, en forma clara y separada, expresar que la sentencia violaba tales disposiciones legales, expresarlo así: NORMAS LEGALES INFRINGIDAS: la sentencia quebranta los siguientes artículos del Código Procesal Civil: 200 en lo que dice: “1. Las sentencias serán...”; y el 242 No.3 en lo que dice: “No obstante lo dicho...” (Debiendo reproducir exactamente la fracción desquiciada) c) No singulariza las pruebas defectuosamente apreciadas y de qué tipo de error adolece.- No hace diferencia de la OMISION de APRECIACION de prueba con la ERRONEA APRECIACION probatoria, la cual no puede ser mal estimada y al mismo tiempo prescindir su valoración. d) Incurre en alegatos de instancia, olvidando que esta no es una “tercera instancia”. e) Expresa el PETITUM incorrectamente ya que pide que el Sumo Tribunal de Justicia dicte sentencia en el fondo, pero ataca el fallo por omisión y defectuosa motivación fáctica, sin señalar violación de ley sustantiva alguna, enredando la infracción directa con la infracción indirecta, mientras en la primera forma de transgredir la ley el quebrantamiento se produce desechando la prueba, en la segunda, es lo contrario, liando las falencias IN PROCEDENDO con los errores IN IUDICANDO; en este caso debió, pedir, amparado en articulo 727.4 del Código Procesal Civil, que se reenviara el expediente a la Corte sentenciadora para que dentro de 15 días emitiera una nueva sentencia.” OCTAVO: Que la abogada YAUDIE COSSETTE SOTOMAYOR SOLIS, plantea su pronunciamiento sobre la formalización del recurso de casación de la siguiente manera: “UNICO Que esta defensa de la parte demanda es del firme criterio que el recurso de casación interpuesto por el Abogado Carlos Enrique Ortiz Osorio en su condición de representante procesal de los demandantes presentó escrito el que titula se interpone recurso y formaliza recurso de casación, el que ha sido analizado por esta defensa y en el mismo escrito se observa que el motivo de la casación es impertinente, en virtud de que la sentencia dictada por la Honorable Corte Tercera de Apelaciones cumple con el contenido formal de las sentencias de conformidad a lo estatuido en el artículo 200 del Código Procesal Civil en relación al 206, 207, 208, 245, 479 del cuerpo de leyes que se viene relacionando, sin embargo esta parte se opone al escrito presentado de la manera siguiente: HECHO UNICO: Que la parte demandante alega que la sentencia recurrida y dictada por la Corte Tercera de Apelaciones de Francisco Morazán es improcedente, hecho que esta defensa rechaza de pleno derecho, en virtud de que el título que acredita la propiedad del inmueble en litigio se adjudicó a mi representado bajo los parámetros legalmente establecidos por la Ley tal como rola en el medio de prueba documental consistente en expediente administrativo de adjudicación de tierras que rola en el expediente de mérito y se acreditó en juicio que el inmueble objeto del debate se encuentra ubicado fuera de los limites y colindancias que alega el demandante en su pretensión, puesto que el titular del Registro de la Propiedad si notare faltas en las formas intrínsecas de las escrituras o incapacidad de los otorgantes lo hará constar especificándola al pie de las escrituras autorizando la razón con su firma y sello y las devolverá al interesado para que si quiere subsane la falta o haga uso del recurso que por ley le concede, lo que no aconteció en el momento oportuno con la inscripción e el registro púbico correspondiente, ya que esta se encuentra legalmente inscrita a favor de mandantes, razón por lo que esta parte demandante es de la firme convicción que el recurso de casación no tiene sentido alguno ya que la forma de la redacción de la sentencia proferida por el Tribunal de Alzada está conforme a lo que estatuye el nuevo Código Procesal Civil, por tal razón el motivo casación interpuesta por la parte contraria no tiene relación alguna con el caso concreto de la pretensión.” II. FUNDAMENTOS DE DERECHO 1.- Del examen de las actuaciones seguidas en ambas instancias, resulta que la Corte Tercera de Apelaciones del Departamento de Francisco Morazán, con fecha doce de febrero del dos mil dieciséis, tuvo por interpuesto y formalizado el recurso de casación presentado por el abogado CARLOS ENRIQUE ORTIZ OSORIO representante procesal de los señores SANTOS RUFINO AYESTAS VIERA y MARIANO UCLES UCLES, contra la sentencia dictada por la misma Corte de Apelaciones el día veintinueve de septiembre del dos mil quince, en la demanda ordinaria de nulidad de dominio pleno, promovida ante el Juzgado de Letras Seccional de Yuscarán, Departamento de El Paraíso, por los señores SANTOS RUFINO AYESTAS VIERA y MARIANO UCLES UCLES, contra el INSTITUTO NACIONAL AGRARIO (INA) y contra la EMPRESA ASOCIATIVA CAMPESINA DE PRODUCCION UNION FUERTE; recurso de casación éste que se formalizó en un motivo único. 2. El recurso de casación tiene claramente definidos dos fines expresos al tenor de lo preceptuado por el artículo 716 del Código Procesal Civil, el primero de ellos es su función nomofiláctica, entendida ésta como “la exacta observancia de la ley”, es decir la protección de las normas del ordenamiento jurídico, mediante la procura y promoción de la más adecuada aplicación e interpretación del derecho objetivo; el segundo fin es la unificación de la jurisprudencia nacional, misma que se explica en el sentido de que habiendo situaciones iguales deben pronunciarse decisiones iguales, siempre y cuando no concurran razones objetivas y razonables que justifiquen un trato desigual, en otras palabras, la evolución de la jurisprudencia. Por su parte el numeral dos del artículo precitado, conmina a este alto tribunal a que aplique e interprete las normas referidas al recurso de casación atendiendo a la finalidad de unificación de la jurisprudencia, esto como instrumento de garantía de la igualdad de todos ante la ley, y de la seguridad y certidumbre jurídicas. 3. El recurso extraordinario de casación debe sujetarse en su formulación a determinados requisitos, para que pueda considerarse como tal y ser atendible por la Corte, ya que dicho recurso es esencialmente formalista, en consecuencia debe ceñirse a una técnica rigurosa para que pueda ser analizado y prospere; requisitos consignados en los artículos 704 y 721 del Código Procesal Civil, mismos que devienen en su cumplimiento por parte del impetrante, para que la Corte pueda considerarlo. 4. DEL MOTIVO DE CASACION FORMALIZADO POR EL ABOGADO CARLOS ENRIQUE ORTIZ, así: “Se impugna la sentencia recurrida por infracción en la aplicación e interpretación de las normas procesales que regulan la forma y contenido de la sentencia: Artículo 200 del Código Procesal Civil. CONTENIDO FORMAL DE LAS SENTENCIAS. 1.- a)... b) - En los antecedentes de hechos se consignarán, con la claridad y la concisión posibles y en párrafos separados y numerados las pretensiones de las partes o interesados los hechos en que las funden que hayan alegado oportunamente y tengan relación con las cuestiones que deben de resolverse, LAS PRUEBAS QUE SE HUBIESEN PROPUESTO Y PRACTICADO Y LOS HECHOS PROBADOS, en su caso. El articulo 720 del Código Procesal Civil, en sus numerales 1) y 2) prescribe: …. El Articulo 719 del Código Procesal Civil, inciso c) numeral 1) prescribe: … Con la interposición de este Recurso, solicitamos el control de la motivación fáctica de la sentencia para demostrar la conclusión equivocada a que se llegó por parte del Tribunal de Segunda Instancia en la aplicación e interpretación de las normas que regulan la forma y contenido de las sentencias. El Código Procesal Civil, regula a través del artículo 200, en sus numerales 1) y 2) el contenido formal de las sentencias; estipulando: … La sentencia es un proceso lógico de pensamiento en donde la conclusión a que se llega es el resultado de análisis de los diversos elementos fácticos que se presentan en el juicio enmarcándolos en la norma jurídica aplicable al caso concreto, debiendo por tanto, haber una conexión lógica entre estos y esa conclusión, que del estudio de la sentencia en cuestión se manifiesta una situación ajena a la Ley. El Tribunal ad-quem declaró Sin Lugar dicho Recurso de Apelación, fallo este que se ampara en el hecho, por haberse observado en autos la ausencia de peritaje que tratándose de derechos constituidos en limites generales, establezca el área objeto del reclamo. No encontrándose delimitada el área del terreno, no se probó la identificación plena argumentada. Esto así, sin que previo a ello se haya hecho una minuciosa y exhaustiva revisión del andamiaje probatorio aportado al juicio lo que lo ha inducido a una desmedida equivocación, pues existen situaciones probatorias consistentes en: “INFORME DE AVALUOS DE MEJORAS UTILES Y NECESARIAS CONTRUCCIONES Y PLANTACIONES PERMANENTES”. Elaborado por el Ing. OMAR ANTONIO CARBAJAL S., como Agrónomo Valuador, en cuyo resumen se establece que el señor MARIANO UCLES UCLES, introdujo mejoras por LPS. 4,132.27, por el alambre de púas, con el cual tenía cercado dicho potrero, ORDENANDO EL INA SE LE PAGARA DICHO VALOR el cual mi representado nunca cobró. (ver folios 106 al 108 del Expediente Administrativo de Afectación No. 70089- Clave 120-21). Hecho este el cual demuestra que el Instituto Nacional Agrario “INA”, siempre tuvo conocimiento que dicha propiedad era de NATURALEZA PRIVADA. Acto este el cual, deja plenamente demostrado que el inmueble objeto de afectación por parte del “INA”, es el mismo, que es propiedad de mis representados los señores Santos Rufino Ayestas Viera y Mariano Ucles Ucles, cuya posesión data desde hace más de 114 años, y no como pretende hacer creer la parte demandada que son terrenos diferentes. Por lo tanto al haberse llevado a cabo dicha afectación de tierra bajo el concepto de que dicha propiedad era de NATURALEZA RURAL EJIDAL Y NO PRIVADA, el mismo adolece de legitimidad y por lo tanto es completamente NULO.” Así consta en autos el Acta de Inspección practicada por el Juez de primera instancia al inmueble objeto del debate, en la que, el señor Juez A-Quo, se auxilió, de una Hoja Cartográfica debidamente Geo Referenciada de la ubicación del inmueble objeto del presente proceso presentada por la parte demandada para establecer los límites del antecedente de dominio de mis representados, constatando personalmente que el inmueble titulado por el Instituto Nacional Agrario “INA”, a favor de La Empresa Asociativa Campesina de Producción Unión Fuerte, está ubicado dentro de los límites del antecedente de dominio de mis representados hecho este que así consta en el acta respectiva que para su efecto levantó la señora Secretaria del Juzgado (ver folio 610); también consta en autos la inspección realizada: 1.- A las instalaciones que ocupa el Registro de la Propiedad Inmueble y mercantil de esta ciudad de Yuscarán, Departamento de El Paraíso, donde constató lo siguiente: a) La legalidad de las inscripciones de todos los asientos registrales antes citados; b) La realización de actos de riguroso dominio realizados por mi representado señor MARIANO UCLES UCLES, mediante ventas fraccionadas de su Asiento registral No. 01 del Tomo 22; Al archivo judicial del mismo tribunal precisamente: a) Al expediente Penal con Registro No. 10/2013, donde constató que dicho expediente corresponde a la acusación criminal promovida por la Fiscalía del Ministerio Público de esta ciudad, por denuncia formulada por la señora MAURICIA DUARTE, en su condición de Presidenta del Grupo Campesino “UNIÓN FUERTE” en contra de los señores MARIANO UCLES UCLES, SANTOS RUFINO AYESTAS VIERA y PEDRO JOSE UCLES, por delito de USURPACIÓN, todo con el fin de despojar de su propiedad a mis representados, misma la cual no trascendió decretándose a su favor sobreseimiento definitivo. b) Al Expediente Penal con Registro No. 37-2012, donde constató que dicho expediente corresponde a la acusación criminal promovida por la Fiscalía del Ministerio Público de esta ciudad, por denuncia formulada por la señora MAURICIA DUARTE, en su condición de Presidenta del Grupo Campesino “UNIÓN FUERTE” en contra de los señores ELMER OMAR BARAHONA CRUZ, PIEDAD LETICIA VALLADARES JOHANN LIZETH HERNANDEZ CASTELLANOS y ERIKA CAROLINA PAVON MERLO, por el delito de USURPACIÓN, donde corre agregado: El Informe del acta de desalojo realizado en fecha 14 de Junio del año 2013, por la Juez Ejecutora del Juzgado de Paz de lo penal Abogada NELLY JUDITH NOLASCO CARCAMO donde en unas de sus partes literalmente dice: Así mismo le informo que los señores que debían ser desalojados del inmueble no fueron encontrados en el lugar sin embargo procedimos a desalojar del inmueble siete (7) semovientes (tres bestias, más una cría, dos vacas y una cría) que según manifestación del grupo campesino eran propiedad de la familia ucles. Acción esta de la cual, se valieron para sacar de su propiedad a mis representados los señores UCLES AYESTAS, y su ganado vacuno. Quedando así evidenciado es que al momento que se ejecuta este injusto desalojo en su contra, ellos estaban en posesión de dicho bien inmueble, medios de prueba que fueron debidamente propuestos y evacuados y que de haber sido considerados al momento del Juzgamiento, habrían de haber tenido un resultado favorable, en torno a este aspecto de nulidad que se pretende justificadamente. Cuando la sentencia omite los elementos fácticos que han debido ser tomados en consideración, es natural que dé cómo resultado una conclusión equivocada, es decir una sentencia con una motivación fáctica equivocada, si por otro se aprecia que la misma carece de la normativa que expresamente regula el Código Procesal Civil, en su artículo 200, con lo cual se confirma que su no inclusión en el fallo cuestionado evidencia la infracción de las disposiciones legales relativas a la forma y contenido de las sentencias. Se impugna la Sentencia Recurrida por infracción en la aplicación e interpretación de las Reglas de la Sana Critica en la Valoración de la Prueba: Artículo 242 No. 3 del Código Procesal Civil. Que establece: 1.-.... 2.-.... 3. No obstante lo dicho en el párrafo anterior, se llevará a cabo ante el Secretario la presentación de documentos, la aportación de otros medios o instrumentos probatorios, el reconocimiento de la autenticidad de un documento privado, la formación de cuerpos de escritura para el cotejo de letras y la mera ratificación de la autoría de dictamen pericial. El Juez o Tribunal habrá de examinar por si mismo la prueba documental, los informes y dictámenes escritos y cualesquiera otros medios o instrumentos que se aportaren para poder tenerlos en cuenta a la hora de formar su convicción. El artículo 719 del Código Procesal Civil, en sus numerales 1). 2). Prescribe: CAUSALES DEL RECURSO. 1. Se podrá impugnar la aplicación e interpretación de las normas procesales que regulan: a)... .b).... c) La forma y contenido de la sentencia. 2. Igualmente, se podrá impugnar la aplicación e interpretación de las normas de derecho empleadas para la solución de fondo del litigio. Con la interposición de este Recurso, solicitamos el control de la motivación fáctica de la Sentencia para demostrar la conclusión equivocada que se llegó por parte del Tribunal de Segunda Instancia en la aplicación e interpretación de las normas que regulan la forma y contenido de las Sentencias.- Ya que existe de parte del Instituto Nacional Agrario (INA) un reconocimiento expreso de que dicha propiedad es de naturaleza privada cuando ordena en su “INFORME DE AVALUOS DE MEJORAS UTILES Y NECESARIAS CONTRUCCIONES Y PLANTACIONES PERMANENTES”, que se le pague al señor MARIANO UCLES UCLES, por mejoras la cantidad de LPS. 4,132.27, por el alambre de púas, con el cual tenía cercado dicho potrero. Hecho este señores magistrados, que es irrefutable a lo que hemos venido manifestando en todo este proceso, además de otros medios de prueba que fueron aportados en el mismo. A nuestro criterio este único motivo de casación es suficiente para concluir que a la parte que represento le asiste la razón para solicitar que se case la sentencia recurrida procediendo en consecuencia dictar la que en derecho corresponda. INCIDENCIA DE LA INFRACCIÓN EN EL SENTIDO DE LA RESOLUCIÓN RECURRIDA.- La infracción censurada, esto es, el no haber sido valorada adecuadamente por la Honorable Corte Tercera de Apelaciones de Francisco Morazán, todos los medios de Prueba en que se ampara la Demanda de mérito, influyó determinantemente en el sentido de la Sentencia hoy recurrida, de tal manera que si las hubiesen analizado y valorado, tal y como devenían en la obligación de hacerlo, con base en las normas de valoración de la prueba, habrían arribado a la conclusión de que debían de acceder a declarar procedente la nulidad del título definitivo de propiedad en dominio pleno, por haber sido otorgado el mismo en completa inobservancia de la Ley, como de sus inscripciones registrales, ya que solo basta con apreciar los folios 25 al 38, 157, 158, 159, 610, 611, 612 y 614 del expediente de mérito y se darán cuenta que esta acción solicitada es completamente procedente y apegada a derecho. Además señores Magistrados no hay que olvidar que el mismo Estado es el garante a proteger la propiedad privada, así como lo manda nuestra constitución de la República en su artículo 103 que literalmente dice: …Es tal el caso que para poner un alto a estos atropellos cometidos por parte de estas instituciones “El Instituto Nacional Agrario (INA)”, al derecho legítimo de propiedad al momento de emitir títulos de propiedad, el Soberano Congreso Nacional de la República, en fecha 20 de Enero del 2014, emitió el Decreto No. 390-2013, el cual fue publicado en el Diario Oficial La Gaceta, el día Miércoles 7 de Mayo del 2014, en donde sus artículo 1 y 2 de dicho decreto, les limita a los órganos jurisdiccionales como: … Artículo 2.- …. Por tal sentido se recurre en esta instancia en procura que se haga una correcta interpretación de la Ley, y por lo tanto una verdadera aplicación de justicia en el presente caso.” En lo que respecta al único motivo de casación esta Sala de lo Civil encuentra los siguientes defectos técnicos que lo vuelven inadmisible, así: a) El Censor señala como norma infringida el artículo 200 del Código Procesal Civil en lo que se refiere al contenido formal de la sentencia a la luz del artículo 720 del mismo Código, es decir al referirse a los hechos probados de la sentencia recurrida pretende en casación su control, con lo cual confunde la viabilidad de la impugnación casacional en cuanto a la motivación fáctica de la sentencia para revisar su existencia, suficiencia, racionalidad y carácter lógico, siempre que éste fuera determinante de un sentido diferente al fallo, ya que arguye la infracción de los citados artículos del Código Procesal Civil, haciendo relación de medios de prueba que obran en el proceso y que según su estimación darían la razón a su representado, situación que no es de recibo en esta etapa casacional en que se encuentra; señalando las razones para considerar que al momento de juzgamiento se ha hecho omisión en la valoración de pruebas. Olvida el recurrente que conforme el artículo 720 numeral 1) del Código Procesal Civil, por medio del recurso de casación no se puede instar la revisión de los hechos ni la interpretación y valoración de las pruebas contenidas en las sentencias dictadas en la instancia. b) Además, impugna en el mismo motivo de casación los artículos 242 numeral 3) del Código Procesal Civil en lo que respecta al procedimiento probatorio en general, específicamente la práctica de la prueba, así como el 103 constitucional y los artículos 1 y 2 del Decreto 390-2013 de fecha 20 de enero del 2014, publicado el 7 de mayo del 2014, al plantearlos de forma conjunta en un solo motivo concita la falta de separación y claridad, necesarias en la correcta técnica recursiva en materia casacional. Todas y cada una de las situaciones antes señaladas vuelven inadmisible el motivo en estudio según lo dispone el artículo 723 numeral 2) inciso a) del Código Procesal Civil 5. Que por las razones expuestas, con fundamento en los artículos 704, 721 y 723 del Código Procesal Civil, procede en derecho dictar una resolución fundada en la no admisión a trámite del recurso de casación planteado en su motivo único. III. PARTE DISPOSITIVA Por lo antes expuesto la Sala de lo Civil, pronunciándose por unanimidad de votos e impartiendo justicia en nombre de la Corte Suprema de Justicia y del Estado de Honduras, en base a los fundamentos de derecho citados y haciendo aplicación de los artículos 303, 304, 313 numeral 5) y 316 de la Constitución de la República; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 115, 118 numeral 1), 129, 169, 170, 190, 191, 193 numeral 2, literal b), 197, 199, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723, 724 y 914 del Código Procesal Civil; profiere el presente AUTO IRRECURRIBLE y DECLARA: 1) La inadmisión del recurso de casación en su único motivo interpuesto por el abogado CARLOS ENRIQUE ORTIZ, en su condición indicada. 2) Firme la sentencia recurrida, dictada por la Corte Tercera de Apelaciones con sede en Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, de fecha veintinueve de septiembre del dos mil quince, en el expediente de Apelación número 46-15, originado en los autos que conforman la primera pieza que se registra bajo el número 0701-2015-00082 del Juzgado de Letras Seccional de Yuscarán, Departamento de El Paraíso. 3) Condenar en costas a la parte recurrente. Y MANDA: Remitir las presentes actuaciones, junto con la certificación de esta resolución al Tribunal de su procedencia, previa notificación de este auto a las partes personadas, por medio de sus apoderados legalmente constituidos en juicio. Redactó la Magistrada RINA AUXILIADORA ALVARADO MORENO. NOTIFIQUESE. FIRMAS Y SELLO. WILFREDO MENDEZ ROMERO. MAGISTRADO COORDINADOR. RINA AUXILIADORA ALVARADO MORENO. MAGISTRADA. REYNALDO ANTONIO HERNANDEZ. MAGISTRADO. FIRMA Y SELLO. BETTY JANETH PALMA O´CONNOR. RECEPTORA ADSCRITA”.

Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintinueve días del mes de agosto de dos mil diecisiete; Certificación del auto de fecha siete de agosto del dos mil diecisiete, recaído en Recurso de Casación registrado bajo el No. S.C. 86=2016.

BETTY JANETH PALMA O’CONNOR

RECEPTORA ADSCRITA

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