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Sentencia CC-76-16 — Registro 8200

Resumen

En segunda instancia se revoca la sentencia de mérito, se declara con lugar la demanda contentiva de las pretensiones de pago del valor asegurado, se decrete pago de indemnización por daños y perjuicios sufridos a consecuencia de un incumplimiento de una obligación y varias negligencias y se solicita la resolución de la relación jurídica y como consecuencia de tal resolución se condena a dicha sociedad mercantil devolver a la demandante las cantidades que por concepto de financiamiento para compra de vehículo le ha pagado a dicha sociedad, aplicándole a dichas cantidades los intereses mercantiles que corresponden, desde la fecha en que la demandante hizo efectivo el pago de la prima mencionada, hasta la total devolución de las cantidades correspondiente por la parte demandada y al pago de la cantidad de ciento cincuenta mil lempiras exactos (l. 150,000.00), en concepto de daño moral ocasionado a la demandante.

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

“Respuesta de la Sala de lo Civil. En su explicación del motivo el recurrente comete el error de citar tanto normas de forma como de contenido de la sentencia, sin la debida separación y claridad pues unas normas tienen que ver con la forma en que se estructura la sentencia y otras con los requisitos internos de la misma y si bien anuncia como causal el artículo 719 numeral primero letra c) en relación con el artículo 720 numeral dos del Código Procesal Civil, esta causal de impugnación se refiere únicamente al control de la motivación fáctica de la sentencia para revisar su existencia, suficiencia, racionalidad y carácter lógico, que son aspectos diferentes que requieren ser debidamente acotados al momento del abordaje y expuestos con suficiente separación y claridad, lo que no ha sido observado por el censor, en consecuencia, concurre la causal de inadmisión prevista en el artículo 723. 2 a) del Código Procesal Civil.”

Legislación citada

Jerarquía: Reiterativa

… “Respuesta de la Sala de lo Civil. Este motivo de casación carece de total claridad que no posibilita su entendimiento para el acceso al examen casacional en tanto que la causal por la que pretende el examen el recurrente, es la que se refiere a la infracción de normas procesales que regulan la forma y el contenido de la sentencia, normas contenidas en los artículos 200, 206, 207 y 208 del Código Procesal Civil que no han sido citadas como infringidas en este motivo, dando lugar a la causal de inadmisión prevista en el artículo 723. 2 a) del Código Procesal Civil.”

Legislación citada

Jerarquía: Reiterativa

… “Respuesta de la Sala de lo Civil. El recurrente impugna por aplicación errónea (aplicación indebida) de los artículos 1386 en relación con los artículos 1540 y 1385 del Código Civil y el artículo 750 del Código de Comercio, preceptos que tratándose de normas de carácter general, no son susceptibles de ser examinadas en casación porque con ello se da lugar a la indeterminación y falta de claridad del motivo con la consecuente indefensión para la parte contraria, sin embargo, es preciso aclarar que si es posible la cita de normas generales en relación con preceptos homogéneos con la norma general pero más específicos, pero esto no ha sido verificado por el censor (véase resoluciones en expedientes 123-2014, 248-2014 y 142-2015) y si bien ha pretendido introducir en la impugnación los artículos 1919 y 1932 del Código Civil, estos no han sido considerados en la sentencia impugnada, por lo tanto no cabe señalarlos como aplicados erróneamente (aplicación indebida), en consecuencia concurre la causal de inadmisión prevista por el artículo 723 2 a) del Código Procesal Civil. 7. Finalmente esta Sala de lo civil desea recordar al impetrante que en la interposición y formulación del recurso de casación se deberá observar lo siguiente: a) Se expondrán en motivos y apartados separados cada una de las vulneraciones o infracciones que se denuncien como cometidas en la sentencia recurrida, sin que resulte admisible la enumeración global o indiscriminada de preceptos, ni en el planteamiento de cuestiones diversos en cada apartado que puedan generar confusión e imposibilidad de conocer con exactitud la concreta infracción de su alcance para poder juzgar sobre ello. Ello implica la necesidad de una exposición separada de cada una de las infracciones integrantes del motivo. Este requisito es inherente a la calidad y precisión en la formulación del recurso. b) Se deberá indicar en cada apartado, con toda claridad, el precepto concreto de la norma que se considere infringido. c) No es procedente fundar el recurso en un conjunto heterogéneo e indiscriminado de normas. (No es tarea de la Sala sustituir a los recurrentes en su labor de precisar tanto la norma infringida como el porqué lo ha sido. d) Evitar citar como infringidos los preceptos haciendo uso de expresiones como: “y demás aplicables”, “y siguientes” o “concordantes”, sin indicar cuáles son. e) No puede citarse como infringida toda una ley, sino que deben citarse artículos determinados y aún párrafos concretos. f) Deberá razonarse con la extensión que se estimen necesaria la pertenencia y la fundamentación del motivo, explicando en qué consistió la infracción y de qué modo afectó a la decisión de la cuestión o cuestiones objeto del proceso. No se estimará la procedencia si el recurrente se limita a transcribir, sin más, el texto de cada precepto, sin razonar por tanto, debidamente el por qué la sentencia recurrida los ha infringido. g) El recurrente tiene que partir de que asume los hechos declarados probados en la sentencia recurrida, sin que pueda hacer cuestión de ellos. Con mayor razón si se tiene en cuenta que todo lo relativo a la carga o valoración de la prueba no puede aducirse por el recurso de casación conforme lo dispone el artículo 720.1 del Código Procesal Civil, sino únicamente por el motivo de infracción procesal, contenido en el artículo 719.1 literal c) del Código Procesal Civil en relación con el artículo 720.2 del mismo Código. h) No pueden plantearse cuestiones nuevas, aunque la Sala si podrá atender a las cuestiones de orden público (aportación extemporánea de hechos).”

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACION

La Infrascrita Receptora Adscrita a la Sala de lo Civil de la Corte Suprema de Justicia, Certifica el Auto que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los dos días del mes de agosto del año dos mil diecisiete, la Sala de lo Civil, integrada por los Magistrados: WILFREDO MÉNDEZ ROMERO, como Coordinador, RINA AUXILIADORA ALVARADO MORENO y REYNALDO ANTONIO HERNÁNDEZ, designado ponente para el conocimiento y redacción de la resolución del presente recurso de casación, en la fecha supra indicada dictan el siguiente AUTO: SON PARTES: La sociedad mercantil denominada FINANCIERA CREDI Q., S.A. Honduras y la sociedad mercantil denominada HSBC Seguros Honduras S.A., representadas en juicio por el abogado SAUL ARMANDO REYES SAÁ como recurrente; siendo recurrida la abogada GEORGINA SIERRA CARVAJAL, actuando en causa propia. OBJETO DEL PROCESO: “DEMANDA VIA DEL PROCESO ORDINARIO. SE SOLICITA: SE DECRETE EL PAGO DEL VALOR ASEGURADO.- QUE SE DECRETE EL PAGO DE INDENIZACION POR DAÑOS Y PERJUICIOS SUFRIDOS A CONSECUENCIA DE UN INCUMPLIMIENTO DE UNA OBLIGACION Y VARIAS NEGLIGENCIAS”, promovida en fecha quince de junio del dos mil doce, ante el Juzgado de Letras de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán, por la abogada GEORGINA SIERRA CARVAJAL, actuando en causa propia, contra la sociedad mercantil financiera CREDI Q., S.A. Honduras, a través de su Gerente General el señor DAVID DI BONO, mayor de edad, casado, de nacionalidad estadounidense y con domicilio en Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, y contra la sociedad mercantil denominada HSBC Seguros Honduras S.A., a través de su Presidente el señor MARCELO PEDEMONTE, quien es mayor de edad, mayor de edad, casado y con domicilio en Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central. I. ANTECEDENTES DE HECHO PRIMERO: Con fecha treinta de octubre de dos mil quince, la Corte Primera de Apelaciones de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán, conociendo por vía de apelación de la sentencia definitiva de fecha veinticinco de noviembre de dos mil catorce, dictada por el Juzgado de Letras Civil del Departamento de Francisco Morazán, en el juicio de merito, dictó sentencia mediante la cual “FALLA: PRIMERO: Declarar con lugar el Recurso de Apelación interpuesto por la abogada GEORGINA SIERRA CARVAJAL, en contra de la sentencia de fecha 25 de noviembre de 2014 pronunciada por el Juzgado de Letras Civil del departamento de Francisco Morazán. SEGUNDO: Revoca la sentencia de mérito.- TERCERO: Se declara con lugar la demanda promovida por la señora GEORGINA SIERRA CARVAJAL, contentiva de las pretensiones de pago del valor asegurado, se decrete pago de indemnización por daños y perjuicios sufridos a consecuencia de un incumplimiento de una obligación y varias negligencias y se solicita la resolución de la relación jurídica; en contra de las sociedades mercantiles HSBC SEGUROS HONDURAS S. A y FINANCIERA GRUPO Q. S. A. CUARTO: a) Este Tribunal determina resolver el contrato de mutuo con intereses que suscribió la demandante con la sociedad mercantil FINANCIERA GRUPO Q. S. A .; y como consecuencia de tal resolución se condena a dicha sociedad mercantil devolver a la demandante las cantidades que por concepto de financiamiento para compra de vehiculo le ha pagado a dicha sociedad (DOSCIENTOS CUARENTA MIL LEMPIRAS L.240,000.00), incluyendo las cantidades que por concepto de seguros se le fijó, así como la cantidad que por concepto de prima le ha satisfecho (CIENTO VEINTE MIL LEMPIRAS L.120,000.00); aplicándole a dichas cantidades los intereses mercantiles que corresponden, desde la fecha en que la demandante hizo efectivo el pago de la prima mencionada, hasta la total devolución de las cantidades correspondiente por la parte demandada (Financiera GRUPO Q. SA. ; b) Condena a la sociedad mercantil HSBC SEGUROS HONDURAS S.A. al pago de la cantidad de CIENTO CINCUENTA MIL LEMPIRAS EXACTOS (L. 150,000.00), en concepto de DAÑO MORAL ocasionado a la demandante.- c) Pagar a la demandante los daños y perjuicios que se le han ocasionado consistente en la cantidad de CIENTO CINCO MIL LEMPIRAS EXACTOS (L.105,000.00) que corresponden al tiempo en que estuvo en reparación el vehiculo y que la demandante tuvo que arrendar un vehiculo.-d) Y como contraprestación de la demandante le corresponde a la señora GEORGINA SIERRA CARVAJAL la obligación de hacer el respectivo traspaso a favor de la sociedad mercantil FINANCIERA GRUPO Q. S.A. del vebiculo marca Mitsubishi Nativa, Tipo camioneta, color Blanco/Beige, cilindraje 2835 cc, placa PBP 1653, SERIE JMY0NK9704J000667, MOTOR 4M40GL1021, año 2004, el cual fue objeto del financiamiento por medio del contrato de mutuo que por esta sentencia se ha resuelto.- Se condena en costas en primera instancia a los demandados.- Y MANDA: Que una vez firme la presente sentencia se devuelva al Juzgado de su procedencia los antecedentes respectivos, junto con la certificación de estilo para los efectos de ley correspondiente.- NOTIFIQUESE.” SEGUNDO: El abogado SAUL ARMANDO REYES SAÁ en su condición de representante procesal de la sociedad FINANCIERA CREDI Q., S.A., en fecha cuatro de febrero de dos mil dieciséis, presentó escrito de interposición y formalización del recurso de casación contra la sentencia de fecha treinta de octubre de dos mil quince, dictada por la Corte Primera de Apelaciones de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán, resolviendo el Ad-quem, mediante proveído de fecha ocho de febrero de dos mil dieciséis, tener por interpuesto y formalizado en tiempo y forma el recurso de casación por parte del recurrente y acordó conceder a la parte contraria el plazo de diez días hábiles para que se pronunciara sobre el contenido del escrito, debiendo entregársele copia del mismo. TERCERO: La abogada GEORGINA SIERRA CARVAJAL, quien actúa causa propia, presentó en fecha veintiséis de febrero de dos mil dieciséis, escrito de pronunciamiento sobre el contenido del recurso de casación interpuesto y formalizado por la contraparte, resolviendo la Corte Primera de Apelaciones de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán, remitir las presentes diligencias a la Honorable Corte Suprema de Justicia en el plazo que manda la ley para proseguir con el trámite correspondiente. CUARTO: Recibidas las actuaciones en éste Tribunal, los abogados SAUL ARMANDO REYES SÁA y GEORGINA SIERRA CARVAJAL en su condición ya indicadas, presentaron escrito de personamiento, ambos en fecha ocho de marzo del dos mil dieciséis, resolviendo este Tribunal mediante proveído de fecha once de abril de dos mil dieciséis tenerlos por personados dentro del plazo concedido. QUINTO: Que la parte recurrente plantea su recurso de casación contra la sentencia dictada por la Corte Primera de Apelaciones de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán de la siguiente manera: “MOTIVOS DE CASACION POR INFRACCION PROCESAL PRIMER MOTIVO. Infracción por falta de aplicación en el concepto referente al contenido formal de las sentencias, Artículo 200 numeral 1 y numeral 2 literal b), del Código Procesal Civil en relación con los artículos 90 de la Constitución de la República; 3, 7, 21, 197, 206, 207, 208 del referido Código Procesal Civil. El artículo 200 del Código Procesal Civil manda en su numeral 1.- Que las sentencias serán siempre motivadas y contendrán, en párrafos separados y numerados, los antecedentes de hecho y los fundamentos de derecho en los que se basa la parte dispositiva o fallo, en relación con el Artículo 207 del mismo Código Procesal Civil, referente a que en la motivación se deben de expresar los razonamientos fácticos y jurídicos que conduzcan a la apreciación y valoración de las pruebas, así como a la aplicación e interpretación del derecho de manera que la motivación incida en los distintos elementos fácticos y jurídicos del pelito, considerados individualmente y en conjunto, ajustándose siempre a las reglas de la lógica y de la razón. EXPLICACION DEL MOTIVO. Las infracciones de estas normas procesales que regulan la forma y el contenido de sentencia, se dan en la misma sentencia, o sea, son vicios internos que se producen al estructurar la misma, es decir, en su elaboración, incurriendo en las infracciones que invalidan la sentencia, al no tomar en cuenta las normas procesales y orgánicas que la regulan, como ser, la falta de hechos probados. De la simple lectura del fallo impugnado se deduce que la sentencia recurrida infringe el Artículo 200 numeral.1, en relación con el Artículo 207 del ya citado Código Procesal Civil al carecer: 1) De la motivación que mandan estas disposiciones, al no existir en la sentencia impugnada la adecuada motivación, fundamento o explicación de lo hecho o resuelto, razonamientos fácticos y jurídicos que conduzcan a la valoración de las pruebas que se hubieren propuesto y los hechos probados, la es así como a la aplicación e interpretación del derecho, sin tales requerimientos no puede existir el fallo. Lo anterior se menciona en virtud que: a) Porque una sentencia carente de la debida motivación y fundamentación no llega a cubrirse de mínima virtualidad, en el espejo del Debido Proceso, que dispone el Artículo 90 de la Constitución y 3 del Código Procesal Civil, disposiciones que también se han infringido en dicho fallo de una manera directa con el principio del Estado Democrático de Derecho; b) Dicha motivación debe también de estar dirigida a lograr el convencimiento de las partes en el proceso, respecto de la corrección y justicia de la decisión y en tal sentido debe de demostrar el esfuerzo del tribunal para lograr una aplicación del derecho libre de arbitrariedad, c) Por último la falta de motivación priva a la parte afectada del ejercicio efectivo de los recursos jurisdiccionales, pues solo en base a la motivación se puede controlar por el Tribunal Superior la correcta aplicación del derecho a través del Recurso de Casación, por esa razón es que en las sentencias no deben de faltar los motivos, las justificaciones, los argumentos razonados, objetivos, serios y completos vinculados en todo a lo que necesariamente es conducente y decisivo para alcanzar, mediante el raciocinio jurídico, el juicio que justificó el sentido y alcance de la decisión, esto sin lugar a dudas afecta la forma y contenido de la sentencia, por lo que considero procedente solicitar el control de la motivación fáctica y contenido de la sentencia con el objeto de que se revise su falta de suficiencia, racionalidad y carácter lógico, por ser determinante de un sentido diferente al fallo. El mismo Artículo 200 del Código Procesal Civil, además de lo dispuesto en su numeral 1, respecto a la motivación, cuyo concepto y alcance lo dispone el Artículo 207 del mismo Cuerpo Legal, ya que el fallo impugnado es insuficiente, porque no es contentivo de los razonamientos fácticos y jurídicos, sobre dichos presupuestos jurídicos, en conclusión existe insuficiencia en la banal motivación de la sentencia, porque no incide en los distintos elementos fácticos y jurídicos del pleito, considerados individualmente y en su conjunto, como lo exige el Artículo 207.2 del Código Procesal Civil de ajustarse siempre a las reglas de la lógica y de la razón, se trata de vicios de razonamiento y hasta de justificación. Como fácilmente se puede apreciar la sentencia recurrida no llena la exigencia que integra la motivación, o sea no se ha aplicado a cabalidad esa relación de los preceptos citados como infringidos; esa declaración es necesaria para conjurar las resabidas prácticas que causaban y siguen causando indefensión a la partes y, adicionalmente, dificultan extraordinariamente el control de los tribunales supriores sobre la declaración fáctica efectuada en la instancia: Tal omisión exterioriza inequívocamente que la sentencia impugnada adolece de la suficiente motivación, por ende no cumple con lo preceptuado en el Articulo 207.2, pues la expresión de los razonamientos fácticos, y la carencia de declaración de hechos probados difícilmente se pueden apreciar en una sentencia con semejante omisión, lo mismo que la conducción hacia la apreciación y valoración apropiada de las pruebas. Honorables Magistrados en la Sentencia hoy recurrida no existen razonamiento facticos y jurídicos que conduzcan a la apreciación de la prueba pertinente propuesta y evacuada oportunamente en primera instancia. La motivación es parte de la expresión del razonamiento fáctico que, junto con los razonamientos jurídicos deben de conducir a la apreciación de las pruebas, así como a la aplicación e interpretación del Derecho. En fin, la insuficiente motivación incide en los distintos elementos fácticos y jurídicos del pleito, y no se aprecia en la sentencia impugnada la estimación o consideración de ambos elementos tanto individualmente como en su conjunto, con ajustes a las reglas de la lógica y de la razón; al no entenderlo así la Corte recurrida ha infringido esa relación de los conceptos procesales citados en el enunciado de este motivo. De esta manera, queda así precisada y justificada la incidencia de las infracciones en el sentido de que la resolución impugnada perjudica a mí representada. Asimismo Honorable Tribunal de conformidad con lo preceptuado en el Artículo 206 del Código Procesal Civil, en las sentencias deben de concurrir los tres requisitos siguientes: 1° que sean claras, precisas y exhaustivas; 2°.- Que el Tribunal sin apartarse de la causa de pedir acudiendo a fundamentos de hecho o de derecho distintos de los que las partes hayan querido hacer valer, resolverán conforme a las normas aplicables al caso, aunque no hayan sido acertadamente citadas o alegadas por los litigantes; 3°.- Cuando los puntos objeto de litigo hayan sido varios, el Tribunal hará con la debida separación el pronunciamiento correspondiente a cada uno de ellos. La sentencia es el acto y tramite más trascendental y decisivo del proceso. Cuando se hizo desde su iniciación, las justificaciones documentales que las partes, tanto la actora como la demandada, presentaron en el momento procesal oportuno para demostrar, aquella, su causa de pedir, y esta, su razón de oponerse a la petición de su contrario; los razonamientos y argumentaciones hechas en pro o en contra de cada una de las tesis sustentadas, que fue lo que llevo al juzgador de primera instancia al convencimiento de la realidad del derecho conculcado y de la necesidad de aquel de restablecerla, o de la inexistencia de tal conculcación, convencimiento que ha reflejado en la causa el juzgador de primera instancia, previo el estudio detenido, minucioso y comparativo de las alegaciones de los litigantes con el derecho objetivo y subjetivo, plasmado en la rígidas y tradicionales formas que la pausa procesal señala y que constituyen la sentencia termino y fin de la discusión de los que a su rectitud, conciencia, serenidad, ecuanimidad, ética y saber acudieron a fin de que en nombre del Estado que les dio poder y jurisdicción para ello apliquen estrictamente la ley, haciendo la justa declaración de derecho y dando cada uno lo que es suyo, pero en forma tal que no surjan de sus argumentaciones dudas ni oscuridades de la rectitud del juzgador sobre todo cuando existen reglas para absolver o condenar al demando, como el caso de autos que el actor prueba cumplidamente su intención, sin haber alegado y probado la demandada, excepción legitima que la enerve o destruya, principio que no fue tomado por los Magistrados que constituyen la Corte Primera de Apelaciones de lo Civil al no fallar según lo alegado y probado por las partes, aun cuando de propia ciencia sepan lo contrario. De este principio que dejamos sentado se deducen las reglas que deben observarse para absolver o condenar al demandado. Estas reglas pueden reducirse a dos. 1°) Siempre que el demandante no pruebe su acción, ha de ser el demandado absuelto de la demanda.- 2°) Cuando aquella prueba cumplidamente su acción en todo o en parte, este ha de ser condenado solamente en lo que resulte probado. Esta doctrina ha sido sancionada por la Honorable Corte Suprema de Justicia en multitud de sentencias.-De haberse observado lo que manda la ley sobre este particular, la Corte de Apelaciones estaba obligada a rechazar el recurso de apelación de la parte demandada, porque conforme a derecho y estaba vedada a admitir el recurso de apelación interpuesto. Estas infracciones se encuentran comprendidas en el Articulo 719 numeral 1 letra c) causales del recurso, del Código Procesal Civil, en la parte que dice:” la forma y contenido de la sentencia, en relación con el Articulo 720 numeral dos (2) del mismo Código, porque dentro de ese literal c), se puede solicitar en casación el control de la motivación fáctica de la sentencia para revisar, en este caso concreto, su suficiencia, racionalidad, carácter lógico, porque como se dejó dicho, es determinante en un sentido diferente el fallo como se evidencia en el fallo hoy recurrido en el que se revela las infracciones e irregularidades en la sentencia impugnada. SEGUNDO MOTIVO Infracción por aplicación errónea en el concepto referente a la condena en costas, Articulo 719 numeral 1, del Código Procesal Civil en relación con el artículo 90 de la Constitución de la República. El articulo 219, numerales 1 y 2, del Código Procesal Civil, mandan que el principio de la condena en costas es el VENCIMIENTO TOTAL, 1. En los procesos declarativos, las costas de la primera instancia se impondrán a la parte que haya visto rechazadas todas sus pretensiones.- 2. Si fuere parcial la estimación o desestimación de las pretensiones, cada parte abonará las costas causadas a su instancia y las comunes por mitad. EXPLICACION DEL MOTIVO. Las infracciones de esta norma procesal que regulan la forma y el contenido de la condena en costas en sentencia, cuyo principio que rige es el Vencimiento Total, al no tomar en cuenta este principio que manda la norma procesal, se viola el citado artículo. La Honorable Corte Primera de Apelaciones, en el fallo impugnado condena en costa de primera instancia así; Se condena en costa en primera instancia a los demandados. El Artículo 219.- EN PRIMERA INSTANCIA. PRINCIPIO DEL VENCIMIENTO. 1. En los procesos declarativos, las costas de la primera instancia se impondrán a la parte que haya visto rechazadas todas sus pretensiones. 2. Si fuere parcial la estimación o desestimación de las pretensiones, cada parte abonará las costas causadas a su instancia y las comunes por mitad. Costas, se denomina así a los gastos legales que hacen las partes y deben satisfacer en ocasión de un procedimiento judicial; las costas comprenden no solo los llamados gastos de justicia, o sea los derechos debidos al estado, fijado por las leyes, sino además los honorarios de los letrados y los derechos que debe o puede percibir el personal auxiliar, si así estuviera establecido. La condena en costas, es la condena accesoria que impone el juez a la parte totalmente vencida en un proceso o en una incidencia, de cancelar al vencedor los gastos que le ha causado el proceso, se impone a la parte totalmente vencida. Vencimiento, es una noción meramente procesal, vinculada estrechada a la suerte de la pretensión, que es el objeto del proceso, independientemente de la justicia o injusticia de la sentencia. Vencimiento Total, es aquella estimación de la totalidad de las pretensiones solicitadas por alguna de las partes, y la correlativa desestimación de la totalidad de las pretensiones de la parte contraria. La estimación total supone que a la parte contraria deberá abonar las costas de la parte que ha conseguido la estimación total, siempre y cuando así se haga constar expresamente en la Sentencia. Vencimiento Parcial; Es aquella estimación de parte de las pretensiones solicitadas por alguna de las partes, y la desestimación de otras. La estimación parcial supone que cada una de las partes abonen sus propias costas, pero que no tengan que abonar las de la parte contraria. En la sentencia impugnada, hay un vencimiento parcial, si analizamos: a) La Pretensión de la actora en su libelo de demanda, pues en su petitorio cuantifica la demanda en la cantidad de Lps.773,960.85, y los divide así: Lps.360,000.00 Daño Emergente; Lps.213,960.85 Perjuicios; y Lps.200,000.00 Daño Moral; b) En la condena, la Corte establece pagar la cantidad de Lps.615,000.00 y los divide así: para mi mandante las cantidades de Lps. 240,000.00 y Lps.120,000.00 en concepto de devolución y al codemandado sociedad mercantil HSBC SEGUROS HONDURAS, S.A. al pago de la cantidad de Lps. 150,000.00 en concepto de daño moral ocasionada a la demandante, y Lps.105,000.00 en concepto de daños y perjuicios.- Siendo evidente que la Corte no estimó totalmente el pago de los daños y perjuicios, ya que la actora pretendió Lps.213,960.85 y sólo le concedió Lps.105,000.00, tampoco estimó totalmente el daño Moral, la actora pretendía Lps.200,000.00 y solo le concedieron Lps. 150,000.00. A simple lectura del fallo, estamos frente a un vencimiento parcial por lo que la Corte tenía vedado condenar en costas, y al haber condenado a las mismas, vulnera o viola el Articulo219.- EN PRIMERA INSTANCIA. PRINCIPIO DEL VENCIMIENTO. 1. En los procesos declarativos, las costas de la primera instancia se impondrán a la parte que haya visto rechazadas todas sus pretensiones. 2. Si fuere parcial la estimación o desestimación de las pretensiones, cada parte abonará las costas causadas a su instancia y las comunes por mitad.- Infracción que se encuadra o está comprendida dentro del Artículo 719 numeral 1 letra c) causales del recurso, del Código Procesal Civil, como se evidencia en el fallo hoy recurrido. MOTIVOS DE CASACIÓN POR APLICACIÓN E INTERPRETACIÓN DE LAS NORMAS DE DERECHO EMPLEADAS PARA LA SOLUCIÓN DE FONDO DEL LITIGIO PRIMER MOTIVO Infracción por aplicación errónea en el concepto referente a la resolución de contratos, Artículo 1386 del Código Civil, en relación con los Artículos 1540, 1919, 1932 y 1385 deI Código Civil y Artículo 750 deI Código de Comercio. Por un lado, el Artículo 1540 del Código Civil distingue los contratos unilaterales y los bilaterales, siendo éstos últimos aquellos en donde las partes contratantes se obligan recíprocamente; asimismo, los Artículos 1919 y 1932 del Código Civil caracterizan a los contratos de préstamo como un contrato en donde una de las partes se obliga para con la otra que no contrae obligación alguna, es decir, como un contrato unilateral que no genera obligaciones recíprocas; y por otro lado, el Artículo 1386 del Código Civil reconoce implícita la facultad de resolver las obligaciones en aquellas que son recíprocas (y no unilaterales); asimismo, los ArtícuIos1385 del Código Civil y el Artículo 750 del Código de Comercio, salvo en los contratos de ejecución continuada o periódica, reconocen los efectos retroactivos de la resolución de contratos debiéndose restituirse las partes aquello que hubieren percibido. EXPLICACION DEL MOTIVO. Al aplicar el Artículo 1386 deI Código Civil para resolver un contrato de mutuo (préstamo) siendo éste de aquellos contratos que generan obligaciones unilaterales y no recíprocas incide en el sentido de la resolución impugnada aplicando consecuencias jurídicas previstas para contratos bilaterales con obligaciones recíprocas a un contrato unilateral. El Artículo 1540 deI Código Civil dispone que “El contrato es unilateral, cuando una de las partes se obliga para con la otra que no contrae obligación alguna; y bilateral, cuando las partes contratantes se obligación recíprocamente.” Conforme a lo anterior, es menester tener en cuenta este criterio clasificador de los contratos al momento de analizar los efectos legales que despliegan los mismos, siendo que, si analizamos al contrato en cuestión, al contrato de mutuo nos encontraremos frente a un contrato unilateral. En este sentido los Artículos 1919 y1932 del Código Civil establecen lo siguiente: Articulo 1919: “por el contrato de préstamo, una de las partes entrega a la otra, o alguna cosa no fungible para que use de ella por cierto tiempo y se la devuelva, en cuyo caso se llama comodato, o dinero u otra cosa fungible, con condición de volver otro tanto de la misma especie y calidad, en cuyo caso conserva simplemente el nombre de préstamo...” Artículo 1932: “El que recibe en préstamo dinero u otra cosa fungible, adquiere su propiedad, y está obligado a devolver al acreedor otro tanto dela misma especie y calidad.” Claramente el contrato de mutuo con intereses suscrito entre mi representada y la demandante el 7 de enero 2008 es un contrato unilateral que se perfecciona con la entrega del dinero dado en mutuo y a partir de dicho momento es el que recibe en préstamo dicho dinero queda obligado a devolver al acreedor otro tanto, es decir, no se general obligaciones recíprocas entre las partes del mismo. Por lo anteriormente expuesto, se aplica erróneamente el Artículo 1386 del Código Civil Infringiéndose de esta manera los Artículos antes citados, puesto que se aplica un principio que rige únicamente a los contratos con obligaciones recíprocas a un contrato unilateral. Esta infracción incide en el sentido de la resolución impugnada puesto que se declara “con lugar” la resolución del contrato de mutuo antes aludido cuando el mismo realmente es un contrato unilateral y por ende las partes no pueden restituirse recíprocamente las prestaciones cumplidas; trayendo esta aplicación errónea de la norma de derecho empleada para la solución del fondo del litigio efectos que no se ajustan al sentido propio de la finalidad de la figura de la resolución. Así, erróneamente (i) la resolución impugnada califica como obligaciones recíprocas entre las partes del contrato de mutuo que deben de restituirse (cuando realmente no lo son) por un lado, la venta del vehículo y por otro lado el pago del precio del mismo; obligando a mi representada devolver a la demandante (a) la prima pagada por la demandante (cuando realmente este valor jamás lo ha recibido mi representante puesto que consistió en un valor que pagó la demandante al vendedor del vehículo y por ende mi representada no puede restituir lo que jamás recibió, (b) las cantidades que por concepto de financiamiento para compra de vehículo le ha pagado la demandante a mi representada (L. 240,000.00), cuando realmente, y por tratarse de un contrato unilateral y real, este valor pertenece a mi representada (puesto que fue mi representada quien prestó dicho valor) de modo que no cabe restituirle dicha cantidad a la demandante; (c) las cantidades por concepto de seguro que se fijó, cuando las mismas constituyen la contraprestación de un contrato que mi representada no es parte y por lo tanto no puede restituir lo que no recibió; y por otro lado, como si mi representada hubiese sido la parte que vendió el vehiculo a la demandante, la resolución que se impugna obliga a restituir el mismo a mi representada. Como puede notar, la cuestión jurídica planteada en este motivo de casación consiste, por un lado, en la resolución de contrato con obligaciones reciprocas; y, por el otro lado, los contratos unilaterales (que son tienen obligaciones para una de las partes); existiendo una clara relación entre esta cuestión jurídica y las normas de derecho que hemos citado como que han sido infringidas por la resolución impugnada. Lo cierto es que el contrato de mutuo con intereses se perfecciono a partir del momento en que mi representada entregó la cantidad de dinero dado en mutuo, y a partir de allí, se genero solamente para la demandante la a obligación de devolver dicha cantidad (mas los intereses pactados). Es claro y muy evidente que la infracción de las normas de derecho detalladas en este motivo tiene como consecuencia que la Sentencia impugnada mande a restituir cuestiones que no proceden, y esto se deriva a que no existe en el contrato de mutuo con intereses obligaciones reciprocas susceptibles de que las partes se restituyan (como contraprestación e la otra) dado que se trata de un contrato unilateral”. II. FUNDAMENTOS DE DERECHO 1. Esta Sala de lo Civil, viene reiterando la Naturaleza y función del recurso de casación, así pues, el recurso de casación tiene una función nomofiláctica, en virtud de lo cual el artículo 716 del Código Procesal Civil dispone dos fines expresos, el primero de ellos, es la protección de las normas del ordenamiento jurídico, y esto se hace, procurando y promoviendo la más adecuada aplicación e interpretación del derecho objetivo. El segundo fin es la unificación de la jurisprudencia nacional. Por su parte el numeral dos del artículo precitado, conmina a este alto tribunal a que aplique e interprete las normas referidas al recurso de casación atendiendo a la finalidad de unificación de la jurisprudencia, esto como instrumento de garantía de la igualdad de todos ante la ley, y de la seguridad y certidumbre jurídicas. (Ver resoluciones de fechas 13-12-2013 ex 236-2012, 18-03-2014 ex 003-2013 y 06-05-2014 ex 135-2013) 2. De conformidad con el artículo 719 del Código Procesal Civil, se podrá impugnar la aplicación e interpretación de las normas procesales, así como la aplicación e interpretación de las normas de derecho empleadas para la solución de fondo del litigio, y de conformidad con el artículo 721 del mismo código, el recurso de casación se interpondrá por escrito ante la Corte de Apelaciones que hubiere dictado la sentencia dentro de los veinte días siguientes al de la notificación. En ese escrito se harán constar los motivos en que la casación se base, con expresión de las normas de derecho cuya infracción sustente cada motivo. Todo ello se deberá fundar con la suficiente separación y claridad, precisando y justificando la incidencia de la infracción en el sentido de la resolución impugnada, también se hará constar si el recurrente estima necesario la celebración de la audiencia. 3. Con los requisitos formales establecidos en el artículo 721 del Código Procesal Civil queda reconocido el denominado principio de “Debida técnica”, que constituyen los mínimos requerimientos que debe contener la demanda de casación a efectos de ser tenida como un verdadero juicio técnico de impugnación, valorativo y preciso. 4. DEL RECURSO DE CASACION INTERPUESTO POR EL ABOGADO SAUL ARMANDO REYES SAA EN SU PRIMER MOTIVO. El recurrente viene formalizando el primer motivo de su recurso de casación alegando la infracción por falta de aplicación de los artículos 200 numeral 1 y numeral 2 literal b), del Código Procesal Civil en relación con los artículos 3, 7, 21, 197, 206, 207 del mismo código y 90 de la Constitución de la República; señalando que su motivo de casación se encuentra comprendido en el artículo 719 numeral primero letra c) en relación con el artículo 720 numeral dos del Código Procesal Civil. En su explicación el recurrente alega que la infracción se da al no tomar en cuenta las normas procesales y orgánicas que regulan la sentencia, como ser la falta de hechos probados; alega el recurrente que una sentencia carente de la debida motivación y fundamentación no llega a cubrirse de mínima virtualidad en el espejo del debido proceso que dispone el artículo 90 constitucional y 3 del Código Procesal Civil: El recurrente cita los artículos 206 y 207 numeral dos del Código Procesal Civil como infringidos. Respuesta de la Sala de lo Civil. En su explicación del motivo el recurrente comete el error de citar tanto normas de forma como de contenido de la sentencia, sin la debida separación y claridad pues unas normas tienen que ver con la forma en que se estructura la sentencia y otras con los requisitos internos de la misma y si bien anuncia como causal el artículo 719 numeral primero letra c) en relación con el artículo 720 numeral dos del Código Procesal Civil, esta causal de impugnación se refiere únicamente al control de la motivación fáctica de la sentencia para revisar su existencia, suficiencia, racionalidad y carácter lógico, que son aspectos diferentes que requieren ser debidamente acotados al momento del abordaje y expuestos con suficiente separación y claridad, lo que no ha sido observado por el censor, en consecuencia, concurre la causal de inadmisión prevista en el artículo 723. 2 a) del Código Procesal Civil. 5. DEL RECURSO DE CASACION INTERPUESTO POR EL ABOGADO SAUL ARMANDO REYES SAA EN SU SEGUNDO MOTIVO. El recurrente viene formalizando recurso de casación por infracción por aplicación errónea en el concepto referente a la condena en costas. Señala que la infracción está comprendida en el artículo 719.1 letra c) del Código Procesal Civil. El recurrente cita íntegramente el artículo 219 numerales 1 y 2 del Código Procesal Civil y en su explicación arguye que las infracciones de esta norma procesal que regula la forma y contenido de la condena en costas en sentencia, cuyo principio de vencimiento total al no tomar en cuenta el mismo, se viola el citado artículo. Respuesta de la Sala de lo Civil. Este motivo de casación carece de total claridad que no posibilita su entendimiento para el acceso al examen casacional en tanto que la causal por la que pretende el examen el recurrente, es la que se refiere a la infracción de normas procesales que regulan la forma y el contenido de la sentencia, normas contenidas en los artículos 200, 206, 207 y 208 del Código Procesal Civil que no han sido citadas como infringidas en este motivo, dando lugar a la causal de inadmisión prevista en el artículo 723. 2 a) del Código Procesal Civil. 6. DEL RECURSO DE CASACION POR APLICACIÓN ERRÒNEA INTERPUESTO POR EL ABOGADO SAUL ARMANDO REYES SAA EN SU PRIMER MOTIVO POR APLICACIÓN DE LAS NORMAS DE DERECHO EMPLEADAS PARA LA SOLUCION DE FONDO DEL LITIGIO. El recurrente arguye la aplicación errónea de los artículos 1386 del Código Civil en relación con los artículos 1540, 1919, 1932 y 1385 del Código Civil y el 750 del Código de Comercio. En su explicación el recurrente alega que al aplicar el artículo 1386 del Código Civil para resolver un contrato de mutuo siendo éste de aquellos contratos que generan obligaciones unilaterales y no recíprocas incide en el sentido de la resolución impugnada aplicando consecuencias jurídicas previstas para contratos bilaterales con obligaciones recíprocas a un contrato unilateral. Respuesta de la Sala de lo Civil. El recurrente impugna por aplicación errónea (aplicación indebida) de los artículos 1386 en relación con los artículos 1540 y 1385 del Código Civil y el artículo 750 del Código de Comercio, preceptos que tratándose de normas de carácter general, no son susceptibles de ser examinadas en casación porque con ello se da lugar a la indeterminación y falta de claridad del motivo con la consecuente indefensión para la parte contraria, sin embargo, es preciso aclarar que si es posible la cita de normas generales en relación con preceptos homogéneos con la norma general pero más específicos, pero esto no ha sido verificado por el censor (véase resoluciones en expedientes 123-2014, 248-2014 y 142-2015) y si bien ha pretendido introducir en la impugnación los artículos 1919 y 1932 del Código Civil, estos no han sido considerados en la sentencia impugnada, por lo tanto no cabe señalarlos como aplicados erróneamente (aplicación indebida), en consecuencia concurre la causal de inadmisión prevista por el artículo 723 2 a) del Código Procesal Civil. 7. Finalmente esta Sala de lo civil desea recordar al impetrante que en la interposición y formulación del recurso de casación se deberá observar lo siguiente: a) Se expondrán en motivos y apartados separados cada una de las vulneraciones o infracciones que se denuncien como cometidas en la sentencia recurrida, sin que resulte admisible la enumeración global o indiscriminada de preceptos, ni en el planteamiento de cuestiones diversos en cada apartado que puedan generar confusión e imposibilidad de conocer con exactitud la concreta infracción de su alcance para poder juzgar sobre ello. Ello implica la necesidad de una exposición separada de cada una de las infracciones integrantes del motivo. Este requisito es inherente a la calidad y precisión en la formulación del recurso. b) Se deberá indicar en cada apartado, con toda claridad, el precepto concreto de la norma que se considere infringido. c) No es procedente fundar el recurso en un conjunto heterogéneo e indiscriminado de normas. (No es tarea de la Sala sustituir a los recurrentes en su labor de precisar tanto la norma infringida como el porqué lo ha sido. d) Evitar citar como infringidos los preceptos haciendo uso de expresiones como: “y demás aplicables”, “y siguientes” o “concordantes”, sin indicar cuáles son. e) No puede citarse como infringida toda una ley, sino que deben citarse artículos determinados y aún párrafos concretos. f) Deberá razonarse con la extensión que se estimen necesaria la pertenencia y la fundamentación del motivo, explicando en qué consistió la infracción y de qué modo afectó a la decisión de la cuestión o cuestiones objeto del proceso. No se estimará la procedencia si el recurrente se limita a transcribir, sin más, el texto de cada precepto, sin razonar por tanto, debidamente el por qué la sentencia recurrida los ha infringido. g) El recurrente tiene que partir de que asume los hechos declarados probados en la sentencia recurrida, sin que pueda hacer cuestión de ellos. Con mayor razón si se tiene en cuenta que todo lo relativo a la carga o valoración de la prueba no puede aducirse por el recurso de casación conforme lo dispone el artículo 720.1 del Código Procesal Civil, sino únicamente por el motivo de infracción procesal, contenido en el artículo 719.1 literal c) del Código Procesal Civil en relación con el artículo 720.2 del mismo Código. h) No pueden plantearse cuestiones nuevas, aunque la Sala si podrá atender a las cuestiones de orden público (aportación extemporánea de hechos).

III. PARTE DISPOSITIVA Por lo antes expuesto la Sala de lo Civil de la Corte Suprema de Justicia, pronunciándose por unanimidad de votos e impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, en base a los fundamentos de derecho citados y haciendo aplicación de los Artículos 82, 303, 304, 313 numeral 5) y 316 de la Constitución de la República; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 3, 7, 21, 115, 118 numeral 1), 129, 169, 170, 190, 191, 193 numeral 2), literal b), 197, 200 numeral 1) y numeral 2) literal b), 206, 207, 716, 717, 718, 719, 720.2, 721, 722, 723. 2 a), 724 del Código Procesal Civil; 1385, 1386, 1540, 1919, 1932 del Código Civil y 750 del Código de Comercio, profiere el presente AUTO IRRECURRIBLE y DECLARA: 1) La inadmisión del recurso de casación en sus tres motivos interpuesto y formalizado por el abogado SAUL ARMANDO REYES SAA en la condición con que actúa. 2) Firme la sentencia recurrida dictada en fecha treinta de octubre del año dos mil quince por la Corte Primera de Apelaciones de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán, en el expediente de apelación número 0801-2012-04094, originado en los autos que conforman la primera pieza que se registra bajo el número 0801-2012-04094 del Juzgado de Letras Civil del Departamento de Francisco Morazán. 3) Condenar en costas a la parte recurrente. Y MANDA: Remitir las presentes actuaciones, junto con la certificación de esta resolución al Tribunal de su procedencia, previa notificación de este auto a las partes personadas, por medio de sus apoderados legalmente constituidos en juicio. NOTIFIQUESE. FIRMAS Y SELLO. WILFREDO MENDEZ ROMERO. MAGISTRADO COORDINADOR. RINA AUXILIADORA ALVARADO MORENO. MAGISTRADA. REYNALDO ANTONIO HERNANDEZ. MAGISTRADO. FIRMA Y SELLO. BETTY JANETH PALMA O´CONNOR. RECEPTORA ADSCRITA”.

Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los quince días del mes de agosto de dos mil diecisiete; Certificación del auto de fecha dos de agosto del dos mil diecisiete, recaído en Recurso de Casación registrado bajo el No. S.C. 76=2016.

BETTY JANETH PALMA O’CONNOR

RECEPTORA ADSCRITA

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