Sentencia CC-56-15 — Registro 8190
Resumen
En segunda instancia se revocó la sentencia y se declaró con lugar el recurso de apelación interpuesto; revoca la sentencia en la demanda ordinaria de reivindicación de dominio de un bien inmueble e indemnización de daños y perjuicios y absuelve a la parte demandada de la acción dedudicida.
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
… “UNDECIMO. El tribunal que resuelva los recursos casación sólo podrá decidir en relación con los pronunciamientos que hayan sido recurridos por las partes, y estará vinculado por los motivos alegados por el recurrente y, en su caso, por la cuestión de derecho a que se refiera la impugnación. No obstante lo anterior, el órgano judicial deberá entrar a conocer y resolver los defectos procesales apreciables de oficio aunque no se hubieran denunciado por el recurrente, tal como se desprende del artículo 701.3 del Código Procesal Civil y se aplica en el presente proceso ya que no todas las pretensiones fueron de pronunciamiento por la Corte juzgadora.”
Legislación citada
- Código Procesal Civil, art. 701, Numeral 3 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACION
La Infrascrita Receptora Adscrita a la Sala de lo Civil de la Corte Suprema de Justicia, Certifica el Auto que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. En la ciudad de Tegucigalpa Municipio del Distrito Central, a los catorce días del mes septiembre de del año dos mil diecisiete, la Sala de lo Civil, integrada por los Magistrados: WILFREDO MENDEZ ROMERO como Coordinador, RINA AUXILIADORA ALVARADO MORENO y REYNALDO ANTONIO HERNÁNDEZ, en la fecha supra indicada dictan el siguiente AUTO: SON PARTES: La sociedad mercantil CORPORACION FINANCIERA OLANCHANA S.A. de C.V. (COFINOL) representada en juicio por el abogado WILFREDO ALFARO LÓPEZ, en su condición de recurrente; siendo recurridos los señores SANTOS DEMETRIO, MARINA DE JESUS, y MARIA CRISTINA todos de apellidos VALLADARES RAUDALES, representados en juicio por el abogado MARIO ALONZO LAITANO ESPINOZA. OBJETO DEL PROCESO: “DEMANDA ORDINARIA DE REIVINDICACION DE DOMINIO DE UN BIEN INMUEBLE E INDEMNIZACION DE DAÑOS Y PERJUICIOS”, promovida en fecha 26 de mayo del año 2010, ante el Juzgado de Letras de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán, por el abogado CRISTOBAL FLORES PALADA, en su condición de apoderado de la sociedad mercantil CORPORACION FINANCIERA OLANCHANA S.A. de C.V., (COFINOL) contra los señores SANTOS DEMETRIO, MARINA DE JESUS, y MARIA CRISTINA todos de apellidos VALLADARES RAUDALES, mayores de edad, casados, hondureños y de este domicilio. I. ANTECEDENTES DE HECHO PRIMERO: Con fecha 29 octubre del año 2014, la Corte Primera de Apelaciones de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán, conociendo por vía de apelación de la sentencia definitiva de fecha 08 de abril del año 2013, dictada por el Juzgado de Letras de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán, en el juicio de merito dictó sentencia REVOCANDO la del A-quo de la siguiente manera: “FALLO: PRIMERO: Se declara con lugar el recurso de Apelación interpuesto en contra de la sentencia de fecha 08 de abril de 2013.- SEGUNDO: Revoca la sentencia de fecha 08 de abril de 2013 pronunciada por el Juzgado de Letras Civil del Departamento de Francisco Morazán.- TERCERO: Absuelve a la parte demandada, señores SANTOS DEMETRIO VALLADARES RAUDALES, MARINA DE JESUS VALLADARES RAUDALES Y MARIA CRISTINA VALLADARES RAUDALES, de la acción deducida por el Abogado CRISTOBAL FLORES PALADA, en su condición de Apoderado Legal de la sociedad mercantil CORPORACION FINANCIERA OLANCHANA S.A. (COFINOL).- TERCERO: se confirma el pronunciamiento referente a las costas de primera instancia.- SIN COSTAS EN ESTA INSTANCIA.- Y MANDA: Que una vez firme la presente sentencia se remita la primera pieza al Juzgado de sus procedencia junto con la Certificación de estilo correspondiente.- NOTIFIQUESE.” SEGUNDO: El representante procesal de la sociedad mercantil CORPORACION FINANCIERA OLANCHANA S.A. de C.V., (COFINOL) abogado WILFREDO ALFARO LÓPEZ, en fecha 19 de enero del año 2015, presentó escrito de interposición y formalización del recurso de casación contra la sentencia de fecha 29 de octubre del año 2014, dictada por la Corte Primera de Apelaciones de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán, resolviendo el Ad-quem, mediante proveído de fecha 20 de enero del año 2015, tener por interpuesto y formalizado el recurso de casación por parte del Recurrente y acordó conceder a la parte contraría el plazo de diez (10) días hábiles para que se pronunciara sobre el contenido del escrito, debiendo entregársele copia del mismo. TERCERO: El representante procesal de los señores SANTOS DEMETRIO, MARINA DE JESUS y MARIA CRISTINA todos de apellidos VALLADARES RAUDALES, abogado MARIO ALONZO LAITANO ESPINOZA, presentó en fecha 11 de febrero del año 2015, escrito de pronunciamiento sobre el contenido del recurso de casación interpuesto y formalizado por la contraparte, resolviendo la Corte Primera de Apelaciones de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán, tener por hecho el pronunciamiento por parte del Recurrido, ordenando remitir las presentes diligencias a la Honorable Corte Suprema de Justicia en el término que manda la ley, para proseguir con el trámite correspondiente. CUARTO: Recibidas las actuaciones en éste Tribunal, el abogado MARIO ALONZO LAITANO ESPINOZA en su condición ya indicada, presento escrito de personamiento en fecha 03 de marzo del año 2015, resolviendo este Tribunal, mediante proveído de fecha 19 de marzo del año 2015, tener por personado al abogado MARIO ALONZO LAITANO ESPINOZA dentro del plazo concedido, declarando precluído el plazo a la parte recurrente. QUINTO: Que el recurrente plantea su recurso de casación contra la sentencia dictada por la Corte Primera de Apelaciones de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán, de la siguiente manera: “MOTIVOS DE CASACION PRIMER MOTIVO DE CASACION.- Precepto autorizante Artículo 613 párrafo primero relativas al dominio o propiedad de una cosa gozar y disponer de ella, sin más limitaciones que las establecidas por la Ley o por la voluntad, del propietario.- Lo anterior en relación con el artículo 717 ambos del Código Civil que establece:” La posesión es la tenencia de una cosa o el goce de un derecho por nosotros mismos con ánimo de dueño, o por otro en nuestro nombre.- El poseedor es reputado dueño, mientras otra persona no justifica”.- La doctrina legal determina: Que la posesión no es un derecho, sino un hecho; que de conformidad con la Teoría Clásica seguida por nuestro Código Civil la posesión consta de dos elemento: El Corpus y el Animus -Corpus: Es el elemento material, la tenencia o sea el hecho de tener la cosa en nuestro poder y la posibilidad de disponer de ella.- En otras palabras, es el poder físico o potestad de hecho sobre la cosa.- El Animus es el elemento intelectual.- En consecuencia para adquirir la posesión se necesita el Corpus y el Anímus. En lo concerniente a infracción de Ley por interpretación y aplicación inadecuada.- Norma Legal infringida artículo 719 deI Código Civil que establece: La posesión puede ser regular e irregular.- La posesión regular es la que procede de justo título y que haya sido adquirida de buena fe, mediante justo título traslaticio de dominio, siendo necesaria además la tradición sin vicios de nulidad.- Justo Título: En materia posesoria es todo hecho o acto jurídico que por su naturaleza y por su carácter debe ser verdadero y valido. ANALISIS DE LA PRETENCION Procesal Ordinaria de la Parte Actora se establece que el fundamento de esta, es la Reivindicación de la fracción de terreno del cual tienen la posesión del los demandados el cual se encuentra inscrito a favor de la Parte Actora bajo el numero 54 Tomo 1425 en el Registro de la Propiedad y Mercantil de Francisco Morazán, del cual fue turbada por las partes demandadas que sin ser dueños legítimos del inmueble que nació singularizado desde su origen a la vida del derecho en el lugar denominado Guayabillas ubicado en el Valle de Amarateca muy próximo a Tamara, han dispuesto de una fracción en forma irregular, conservando parte del mismo. En lo que respecta al (Tracto sucesivo) objeto del debate en el presente juicio no fue probado en el juicio por las partes demandadas, por constar en autos que estas solamente propusieron y evacuaron el denominado Medio de Prueba Numero Uno Documental; pero si confirman y aceptan en la Contestación de la Demanda: “Que el inmueble que ellos han ocupado lo han hecho…..” “ya que a su posesión se debe sumar”...De lo anterior expresado por el recurrente es aplicable el principio “A confesión de parte relevo de pruebas”. CONCEPTO DE LA INFRACCION.- Del Análisis de la pretensión procesal ordinaria se establece que el fundamento de esta, es la Reivindicación del resto del inmueble inscrito bajo numero 54 Tomo 1425 a favor de la Parte Actora; del cual tienen la posesión irregular los demandados excluyendo el uno por ciento (1%) que improcedentemente vendieron al señor Luís Alberto Ramírez en el lugar denominado Guayabillas quien será objeto de otra acción judicial y que amparados es un derecho en cuyo Testimonio del Instrumento Numero Seis inscrito bajo número 21 Tomo 2532 a favor de los demandados en el Registro de la Propiedad Inmueble y Mercantil de Francisco Morazán, carece de ubicación y limites generales en el Sitio de Amarateca y Cuevas, cuyo tracto sucesorio no fue probado en el presente juicio por las partes, demandadas.- De tal manera que la Sentencia de Segunda Instancia contra la cual se interpone este Recurso de Casación, violenta la estricta, obligatoria, correcta e imperativa de las normas legales aplicables al caso concreto, Fallo de los Honorables Magistrados de la Corte Primera de Apelaciones, que pone en una situación de indefensión de la Parte Actora, que siendo dueña del inmueble singularizado del cual fue turbado por los demandados, probo en el presente juicio con los Medios de Prueba documentales la posesión irregular, cuyos medios de prueba fueron totalmente desconocidos y no valorados en Segunda Instancia. SEGUNDO MOTIVO DE CASACION: Precepto autorizante Artículos 613, 697 en relación con los artículos 719, 725, 728 del Código Civil relativos al dominio, tradición y posesión del Inmueble, Código Procesal Civil en lo concerniente a la Infracción de ley por Interpretación inadecuada.- Norma Legal infringida artículos 868 y 871 del Código Civil que establecen: Artículo 868 La reivindicación o acción de dominio es la que tiene el dueño de una cosa singular, de que no está en posesión, para que el poseedor de ella sea condenado a restituírsela.- Artículo 871.- Se puede reivindicar una cuota determinada pro indiviso de una cosa, singular.- En el presente caso, el inmueble adquirido por la Parte actora en compra y venta en el lugar denominado Guayabillas comprendido en el Sitio de Amarateca muy próximo a Tamara inscrito bajo el numero 54 Tomo 1425 del precitado Registro que forma parte del, de mayor extensión que nació desde su origen a la vida del derecho singularizado desde el año 1933 (ver Medio de Prueba Inspección de la A quo en el Registro de la Propiedad) del cual se posesionaron los demandados y vendieron sin ser dueños, el uno por ciento 1% del equivalente del,19.35% de los Derechos que supuestamente tienen en el Sitio de Amarateca y Cuevas. De cuya cuota del inmueble del cual tienen la posesión las Partes demandadas con fundamento en el artículo 871 del Código Civil demanda la reivindicación. CONCEPTO DE LA INFRACCION.-Establecida, que el fundamento de esta acción es la reivindicación que establece el artículo 871 del Código Civil en cuanto de la cuota del inmueble ubicado en el lugar denominado Guayabillas comprendido en el Sitio de Amarateca muy próximo a Tamara inscrito como queda dicho, del cual tienen la posesión las partes demandadas, la cual conforme a la Ley, solamente puede hacerse mediante declaración judicial, facultades y competencia que solo puede hacerse en los Juzgados de Letras Civil de Francisco Morazán, quien en la Sentencia recurrida, la A- quo valora toda la Parte actora y las Partes Demandadas, la que valorada en su conjunto” Declara Con Lugar la Reivindicación de Dominio” concluyendo en el Considerando numero Quince de la Sentencia que la parte demandante acredito en autos los hechos en que se fundamenta su demanda en cuanto al derecho reivindicatorio que reclama; no así las partes demandadas, que no ha logrado justificar ser legitima propietaria del Lote de terreno que motiva la presente demanda, por falta de prueba que se ha relacionado, en virtud de que no fue suficiente para llegar al convencimiento de esta Juzgadora en cuanto a la existencia plena del derecho que dice tener.- No la Honorable Corte Primera de Apelaciones así que inadecuadamente en el Considerando Quinto valora la justificación de la Sentencia ante la ausencia de posesión indebida de los demandados, por no apreciar que la parte demandante haya acreditado que los demandados actualmente se encuentren en posesión del inmueble objeto de la acción reivindicatoria. TERCER MOTIVO DE CASACION.- Preceptos autorizantes Artículos 613, 874, que motiva la Acción Reivindicatoria de la Parte Actora en relación con los artículos 877 y 879 párrafo primero, del Código Civil que establecen: Artículo 877.- Que la acción de dominio tendrá lugar contra el que enajeno la cosa, para la restitución de lo que haya recibido por ella, siempre que por haberla enajenado se haya hecho imposible o difícil su persecución; y Si la enajeno a sabiendas de que era ajena, para la indemnización del perjuicio.- 879.- Contra el que poseía de mala fe, y por hecho o culpa suya ha dejado de poseer, podrá intentarse la acción de dominio, como si actualmente poseyese. En el presente caso la acción reivindicatoria está dirigida contra los actuales poseedores de la cuota del inmueble que establece el artículo 871 de dicho cuerpo legal sin perjuicio de la acción judicial que corresponda contra Luís Alberto Ramírez, quien sucesorio no fue probado en el presente juicio por las partes demandadas.- De tal manera que la Sentencia de Segunda Instancia contra la cual se interpone este Recurso de Casación, violenta la estricta, obligatoria, correcta e imperativa de las normas legales aplicables al caso concreto, Fallo de los Honorables Magistrados de la Corte Primera de Apelaciones, que pone en una situación de indefensión de la Parte Actora, que siendo dueña del inmueble singularizado del cual fue turbado por los demandados, probo en el presente juicio con los Medios de Prueba documentales la posesión irregular, cuyos medios de prueba fueron totalmente desconocidos y no valorados en Segunda Instancia. CUARTO MOTIVO DE CASACION.- Precepto autorizante artículo 879 en relación con el artículo 1215 del Código Civil, que establece.- El derecho de Petición de Herencia expira en veinte años.- Pero el heredero putativo, en el caso del párrafo final del artículo 721, podrá oponer a esta acción la prescripción de diez años contados como para la adquisición del dominio.- En el presente caso consta en autos que las Partes Demandadas manifiestan que el inmueble que ellos han ocupado, lo han hecho en un Título que data desde tiempos inmemoriales, ya que a su posesión se debe sumar la de su hermano Fernando Emilio Valladares Raudales (que les vendió), la de su madre Ángela Emilia Raudales Maradiaga, que le vendió a su hermano y se declaro heredera por Derecho de Representación de los Derechos que le correspondían a su difunto padre Juan Francisco Raudales, de los Derechos que le correspondían a su difunto abuelo Miguel Raudales Maradiaga, cuyo Título está inscrito en el Cuatrienio 1897-1900, fecha en la cual inicia el Tracto Sucesorio de mis representados.- Extremo este que no fue probado en el presente juicio. CONCEPTO DE LA INFRACCION.- Del análisis de la pretensión procesal ordinaria se establece que el fundamento de la Acción Reivindicatoria de la cuota del inmueble que está en poder de los demandados, cuya posesión irregular se fundamenta en un Título que se origina de la Declaratoria de Herencia de la señora Ángela Emilia Raudales Maradiaga que se declaro heredera por derecho de representación de los Derechos que le correspondían a su difunto padre Juan Francisco Raudales, de los Derechos que le correspondían a su difunto abuelo que falleció en fecha 20 de octubre de 1926 y la señora Ángela Emilia Raudales Maradiaga se declaro heredera en fecha 22 de febrero de 1990 cuando el derecho de petición ante el Juzgado había expirado.- En consecuencia conforme a lo establecido en el artículo 1215 del Código Civil, el título que dicen tener los demandados se presume que tiene vicios de nulidad por constar que dicha señora se declaro heredera después de sesenta y cuatro años cuando el derecho de petición había expirado.” II. FUNDAMENTOS DE DERECHO Esta Sala de lo Civil en aplicación de lo dispuesto en los artículos 303, 313 numerales 3 y 9 de la Constitución de la República; 1 del Código Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 115, 118 numeral 1, 129, 169, 170, 190, 191, 193 literal b), 197, 199, 200, 206, 207, 208, 215, 715, 716, 717, 718 y 721 del Código Procesal Civil; 18 y 19 del Código Modelo Iberoamericano de Ética Judicial, y en particular hace especial énfasis en lo siguiente:
PRIMERO: Es deber de todo órgano jurisdiccional, al momento de conocer un recurso devolutivo vigilar que se ha respetado irrestrictamente el cumplimiento de los elementos que conforman el proceso, entre ellos el de competencia, legitimación y postulación, estableciendo con ello un control que garantiza que las resoluciones dispositivas a las pretensiones sean acorde a derecho, esto quiere decir sin perjuicio a terceros ni al orden público. SEGUNDO: En la fase de estudio previo para determinar la procedencia de admisibilidad recursiva establecida en el numeral anterior, la Sala de lo Civil observa que el Ad Quem ha proferido sentencia en fecha 29 de octubre del año 2014, en la cual establece: “PRIMERO: Se declara con lugar el recurso de Apelación interpuesto en contra de la sentencia de fecha 08 de abril de 2013.- SEGUNDO: Revoca la sentencia de fecha 08 de abril de 2013, pronunciada por el Juzgado de Letras Civil del Departamento de Francisco Morazán.- TERCERO: Absuelve a la parte demandada, señores SANTOS DEMETRIO VALLADARES RAUDALES, MARINA DE JESUS VALLADARES RAUDALES Y MARIA CRISTINA VALLADARES RAUDALES, de la acción deducida por el Abogado CRISTOBAL FLORES PALADA, en su condición de Apoderado Legal de la sociedad mercantil CORPORACION FINANCIERA OLANCHANA S.A. (COFINOL)…” TERCERO: Que en el análisis de todo el proceso, esta Sala de lo Civil detecta que el proceso que nos ocupa fue promovido por la Corporación Financiera Olanchana (COFINOL, S.A.) en contra de los señores SANTOS DEMETRIO VALLADARES RAUDLES, MARINA DE JESUS VALLADARES RAUDALES y MARÍA CRISTINA VALLADARES RAUDALES, pretendiendo la reivindicación de dominio de un bien inmueble, sin embargo en la documentación que sustenta la pretensión y por la falta de ella en la contestación nos remiten únicamente al título traslaticio de dominio acompañado junto al plan de demanda, en el cual no aparece la persona del demandado SANTOS DEMETRIO VALLADARES RAUDALES, lo que significa que en las diferentes instancias se ha legitimado a dicho señor como condueño de un derecho del terreno en litigio sin que en ningún momento se haya acreditado su titularidad dominical sobre el mismo. Esta afirmación se sustenta en que el documento acompañado con el plan de la demanda e identificado como Instrumento número 43 de fecha 06 de octubre del año 2000, autorizado por la Notario Carmen Lattiffe Pinto de Urrutia y en donde solo comparecieron las señoras Marina de Jesús Valladares Raudales y María Cristina Valladares Raudales como “dueñas del diecinueve punto treinta y cinco por ciento (19.35%) del RESTO DE LOS DERECHOS que les pudieran dentro del Sitio de Amarateca y Cuevas, mismo que compraron al señor Fernando Emilio Valladares Raudales según instrumento número 6 de fecha 29 de abril de 1996…y que venden al señor Luís Alberto Valladares Raudales el equivalente al Uno por ciento (1%) del Diecinueve punto treinta y cinco por ciento (19.35%) de dichos derechos…”. NOTESE QUE EN NINGUN MOMENTO COMPARECE EL SEÑOR SANTOS DEMETRIO VALLADARES RAUDALES, como titular de derecho alguno, por ende no acreditada su legitimación. CUARTO: En una lacónica demanda en donde se acciona una pretensión de reivindicación en donde se demanda al señor SANTOS DEMETRIO VALLADARES RAUDALES por haber “construido un cerco de alambre de púa, tomándose aproximadamente 19.3 de la calle que esta frente al bien inmueble objeto de la presente demanda…” No esta acreditado en autos que el señor en referencia haya realizado acto alguno susceptible a la reivindicación de dominio, ya que según se desprende de la misma demanda lo que hubo fue un detrimento en contra de una calle pública, que por disposición legal es un bien nacional, no particular, tal como lo establece el artículo 617 del Código Civil, por tanto la acción incoada no procede contra dicho señor tanto por falta de legitimación como por jurisdicción. Cualquier resolución judicial que se profiera le reconocería al señor SANTOS DEMETRIO VALLADARES RAUDALES una titularidad dominical que no es objeto ni ha sido acreditado en el proceso. QUINTO: El artículo 868 del Código Civil define la reivindicación o acción de dominio como aquella que tiene el dueño de una cosa singular, de que no está en posesión, para que el poseedor de ella sea condenado a restituírsela. En el presente caso no se encuentran los presupuestos para considerar que la pretensión de reivindicación sea efectiva, ya que falta la singularidad (identificación) de la cosa litigiosa. SEXTO: Para una debida motivación del presente auto es menester definir la comunidad de bienes y sus alcances en una medida amplia para su mejor comprensión. Por tanto se define como aquella situación jurídica que se produce cuando la propiedad de una cosa o la titularidad de un derecho corresponde en conjunto y pro-indiviso a varias personas[1]. Por ende estamos ante un concepto que abarca una pluralidad de situaciones jurídicas que se conjugan entre si entre elementos subjetivos sobre cuales no necesariamente recae una cosa en sentido jurídico, sino también puede hacerlo sobre otra serie de derechos diferentes del de dominio puro. Es por tanto la copropiedad o condominio una variante de las reglas del dominio puro siendo la más común la comunidad. Independientemente de la naturaleza de la división de la cosa común, se han mantenido diversas posturas en cuanto a la naturaleza jurídica de la situación comunitaria que, a la postre, se remiten al concepto y a la naturaleza jurídica de lo que se conoce como cuota. Así para explicar la comunidad se ha acudido a una teoría, conocida fundamentalmente en tema de derechos subjetivos, como es la de la interinidad. En ella, y partiendo de la base de que existe una pluralidad de sujetos que se relacionan con una cosa, se llega a la conclusión de que no hay un verdadero derecho de propiedad, sino que éste, al estar condicionado por dicha pluralidad, origina una situación especial e interina que hace decaer el propio derecho. Se trata, en suma, de una situación en la que concurren diversidad de derechos y titularidades, lo cual hace menguar no sólo la tesis anterior, sino también aquellas que configuran la comunidad, bien como un único derecho de propiedad del que son titulares varias personas, bien como un conjunto de derechos igual al de personas o titulares que existan. Y es que, al haber una concurrencia de facultades y derechos diferentes sobre la misma cosa, se genera una situación particular en la que cada comunero tiene en su poder un derecho por igual a derecho de propiedad exclusivo, pero que en cuanto a su ejercicio se halla limitado por la existencia de derechos iguales al suyo que pertenecen a los demás comuneros. Entonces ¿Cómo se marca el límite derivado de la existencia de esos derechos? A través de la cuota que se convierte así en la medida de la concurrencia de los derechos, en el verdadero árbitro de la situación, en sentido figurado. SEPTIMO: Lo establecido en los numerales anteriores tiene plena concordancia con nuestra ley positiva, particularmente en la norma contemplada en el artículo 2214 del Código Civil. Por tanto no es posible que se ejerzan actos de estricto dominio o se procure que un órgano judicial profiera una resolución sobre una fracción de terreno que no se encuentra determinada ya que se desprende de otro de mayor extensión que en su totalidad se encuentra indiviso. No hay forma que el resto de los derechos dominicales de los comuneros sean excluidos o individualizados al conflicto jurídico si aún no ha cesado la comunidad de bienes, por tanto el derecho particular en conflicto no puede dirigirse en forma individualizada o aislada del resto de los derechos dominicales de todos los demás comuneros ya que no se ha acreditado en juicio la existencia de partición legal de bienes. OCTAVO: El artículo 1 del Código Procesal Civil es preciso al establecer que toda persona tiene derecho a peticionar ante los juzgados y tribunales la tutela efectiva de sus derechos e intereses legítimos. Por su parte el artículo 7 del Código en referencia establece que el proceso civil se desarrollará según las disposiciones de ese Código, de acuerdo a la Constitución de la República. Las formalidades previstas en él, son imperativas. Principios que no son ajenos a la ley adjetiva vigente al momento de presentarse la demanda de mérito, razón por lo cual NO se esta tutelado un derecho legitimo del demandado, en virtud de existir una diversidad de personas con propios derechos no delimitados sobre la cabida superficial que ocupa el terreno cuya reivindicación se solicita, ni tampoco se ha acreditado en autos que el demandado SANTOS DEMETRIO VALLADARES RAUDALES, sea titular de derecho en el inmueble indiviso. NOVENO: Concatenado a lo anterior nos encontramos con la Teoría del ejercicio abusivo del derecho, la cual gira alrededor del supuesto de que no hay derechos subjetivos ilimitados. No basta ejercitar lícitamente los derechos, es preciso que en ese ejercicio no se dañe el derecho ajeno. Nuestro Código Civil contiene disposiciones orientadas a limitar el derecho de propiedad, una de ellas es la partición judicial para determinar los limites de los derechos que de la misma se derivan. DECIMO: Considerando que no existe una partición legal del bien inmueble descrito en el Instrumento número 43 de fecha 06 de octubre del año 2000, autorizado por la Notario Carmen Lattiffe Pinto de Urrutia y en donde solo comparecieron las señoras Marina de Jesús Valladares Raudales y María Cristina Valladares Raudales como “dueñas del diecinueve punto treinta y cinco por ciento (19.35%) del RESTO DE LOS DERECHOS que les pudieran dentro del Sitio de Amarateca y Cuevas y del cual vendieron al señor Luís Alberto Valladares Raudales el equivalente al Uno por ciento (1%) del Diecinueve punto treinta y cinco por ciento (19.35%) de dichos derechos”, y que no se acreditó que el señor SANTOS DEMETRIO VALLADARES RAUDALES tuviera derecho dominical sobre el inmueble pro indiviso del cual se deriva el litigio y que según se argumenta únicamente ha cercado parte de una carretera externa al mismo, por tanto la parte pasiva del proceso carece de legitimación para el tipo acción incoada. UNDECIMO. El tribunal que resuelva los recursos casación sólo podrá decidir en relación con los pronunciamientos que hayan sido recurridos por las partes, y estará vinculado por los motivos alegados por el recurrente y, en su caso, por la cuestión de derecho a que se refiera la impugnación. No obstante lo anterior, el órgano judicial deberá entrar a conocer y resolver los defectos procesales apreciables de oficio aunque no se hubieran denunciado por el recurrente, tal como se desprende del artículo 701.3 del Código Procesal Civil y se aplica en el presente proceso ya que no todas las pretensiones fueron de pronunciamiento por la Corte juzgadora. III. PARTE DISPOSITIVA. Esta Sala de lo Civil de la Corte Suprema de Justicia, impartiendo Justicia en nombre del Estado de Honduras, POR UNANIMIDAD DE VOTOS emite AUTO IRRECURRIBLE y RESUELVE: 1. DECLARAR NULIDAD ABSOLUTA de la sentencia de fecha 29 de octubre del año 2014, dictada por la Corte Primera de Apelaciones de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán y todas las actuaciones posteriores a la misma, en la DEMANDA ORDINARIA DE REIVINDICACION DE UN INMUEBLE E INDEMIZACION DE DAÑOS Y PERJUICIOS, promovida por el Abogado CRISTOBAL FLORES PALADA, actuando en su condición de Apoderado Judicial de la sociedad CORPORACION FINANCIERA OLANCHANA, S.A. (COFINOL), contra los señores SANTOS DEMETRIO VALLADARES RAUDALES MARINA DE JESUS VALLADARES RAUDALES y MARÍA CRISTINA VALLADARES RAUDALES, cuyos antecedentes obran en autos. 2. Que la Honorable Corte Primera de Apelaciones de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán, proceda a volver a dictar sentencia considerando las observaciones anunciadas. Y MANDA: Que con la certificación de este AUTO se remitan las actuaciones a la Corte de su procedencia para los efectos consecuentes, previa notificación de este auto a las partes, por medio de sus apoderados legalmente constituidos en juicio.- Redacto el Magistrado Wilfredo Méndez Romero.- NOTIFÍQUESE.-” FIRMAS Y SELLO. WILFREDO MÉNDEZ ROMERO. MAGISTRADO COORDINADOR. RINA AUXILIADORA ALVARADO. MAGISTRADA. REYNALDO ANTONIO HERNÁNDEZ. MAGISTRADO. FIRMA Y SELLO. BETTY JANETH PALMA O´CONNOR. RECEPTORA ADSCRITA”.
Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los diez días del mes de octubre de dos mil diecisiete; Certificación del Auto de fecha catorce de septiembre de dos mil diecisiete, recaído en el Recurso de Casación registrado bajo el No. S.C.56-2015.
BETTY JANETH PALMA O’CONNOR
RECEPTORA ADSCRITA
[1] Monteolivos, Alejandro. Comentarios al Código Civil del Reino de España.. 1999