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Sentencia CC-52-16 — Registro 8189

Resumen

En primera instancia se declaró con lugar la excepción material de falta de legitimidad pasiva promovida por la parte demandada, respecto a los hechos tercero y cuarto identificados en el apartado “otros hechos concurrentes al anterior”, referente a expresiones calumniosas y difamatorias, falsas denuncias. Declara sin lugar, la excepción de prescripción y la de falta de acción para demandar, de igual forma invocadas por la demandada y sin lugar la demanda ordinaria de tutela de derechos fundamentales y de derechos honoríficos. Confirmada en segunda instancia.

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

… “Respuesta de la Sala de lo Civil respecto al primer motivo de casación: a). El Censor señala como causal recursiva el artículo 719 numeral 1) inciso b) del Código Procesal Civil, es decir los actos y garantías procesales cuando su infracción suponga nulidad o produjera indefensión; no obstante, de la lectura y estudio del motivo señalado encuentra este honorable Tribunal que el Recurrente insta la revisión de los hechos y la valoración de las pruebas contenidas en la instancia, es decir, impugna directamente el fallo proferido por el a-quo, lo que le está vedado por disposición del artículo 720 numeral 1) del Código Procesal Civil. b) Si el Impetrante pretendía solicitar en casación el control de la motivación fáctica de la sentencia, devenía obligado hacerlo por la causal de casación contenida en el artículo 719 numeral 1 inciso c) en relación con el 720 numeral 2) ambos del Código Procesal Civil, a efecto de poder revisar su existencia, suficiencia, racionalidad o carácter lógico, siempre que fuera determinante de un sentido diferente del fallo. Que por las razones señaladas es menester inadmitir el primer motivo de casación por incumplimiento de las exigencias y requisitos establecidos por el Código Procesal Civil para el escrito de interposición y formalización al pretender que se revise la interpretación y valoración de las pruebas. (artículo 723 numeral 2 inciso a) del Código Procesal Civil).”

Legislación citada

Jerarquía: Reiterativa

“Respuesta de la Sala: Respecto al segundo motivo de casación encuentra este Tribunal que el mismo no es de recibo ya que el Recurrente erróneamente señala como precepto autorizante el artículo 207 del Código Procesal Civil; es preciso aclarar que el “precepto autorizante”, no es más que las causales del recurso que deben tener sintonía o más bien afinidad con la norma infringida para determinar el quebranto de la ley en la parte dispositiva de la sentencia, con el objeto de determinar si la ley ha sido recta y debidamente aplicada o no, es decir dichas causales ya se encuentran previamente reconocidas por la ley, y se encuentran delimitadas en el artículo 719 del Código Procesal Civil que establece: “1. Se podrá impugnar la aplicación e interpretación de las normas procesales que regulan: a) La jurisdicción, competencia genérica, objetiva, funcional y la adecuación de procedimiento. b) Los actos y garantías procesales cuando su infracción suponga la nulidad o produjera indefensión. c) La forma y contenido de la sentencia. 2. Igualmente, se podrá impugnar la aplicación e interpretación de las normas de derecho empleadas para la solución de fondo del litigio”. Cada causal es propia para cada motivo, debiendo el casacionista determinar e individualizar claramente en cual sustenta su recurso en particular, y no utilizar otros artículos no autorizados por el Código Procesal Civil. Es decir, que el artículo 207 del Código Procesal Civil, pudo haber sido señalado por el Censor como norma considerada como infringida, pero no como causal recursiva en el recurso de mérito. Es por lo antes señalado y por disposición del artículo 723 numeral 2) inciso a) del Código Procesal Civil que procede declarar inadmisible el segundo motivo de casación.”

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACION

La Infrascrita Receptora Adscrita a la Sala de lo Civil de la Corte Suprema de Justicia, Certifica el Auto que literalmente dice: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los diecisiete días del mes de mayo del año dos mil diecisiete, la Sala de lo Civil, integrada por los Magistrados: WILFREDO MÉNDEZ ROMERO, como Coordinador, RINA AUXILIADORA ALVARADO, designada ponente para el conocimiento y redacción del presente recurso, y REYNALDO ANTONIO HERNÁNDEZ, en la fecha supra indicada dictan el siguiente AUTO: SON PARTES: El señor MASSIMO PARISI, representado en juicio por el abogado VICTOR ANTONIO FERNÁNDEZ GUZMÁN como recurrente; siendo recurrida la sociedad mercantil del Gas del Caribe, Sociedad Anónima de Capital Variable” (GAS DEL CARIBE S.A. de C.V.) representada en juicio por el abogado WALTER JAVIER MOLINA CASTRO. OBJETO DEL PROCESO: “SE PROMUEVE ACCION DECLARATIVA POR LA VÍA DEL PROCEDIMIENTO ORDINARIO PARA QUE SE DETERMINE EL INCUMPLIMIENTO DEL DEBER-OBLIGACION LEGAL-CONSTITUCIONAL DE RESPETAR LOS DERECHOS FUNDAMENTALES A LA DIGNIDAD HUMANA, EL HONOR Y LA INTEGRIDAD PSÍQUICA Y MORAL. AL CONTRARIO, SE EVIDENCIA QUE LA DEMANDADA DESARROLLÓ COMPORTAMIENTOS CONSCIENTES, DELIBERADOS Y SISTEMÁTICOS ORIENTADOS A VULNERAR LOS MENCIONADOS DERECHOS FUNDAMENTALES. INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS Y PERJUICIOS MORALES Y MATERIALES” promovida en fecha diez de octubre de dos mil doce, ante el Juzgado de Letras Seccional de Puerto Cortés, Departamento de Cortés, por el abogado VICTOR ANTONIO FERNÁNDEZ GUZMÁN, actuando en su condición de representante procesal del señor MASSIMO PARISI, mayor de edad, casado, empresario italiano, con domicilio en Omoa, Cortés, contra la sociedad GAS DEL CARIBE, S.A. DE C.V., por medio del Presidente del Consejo de Administración y representante legal señor ENRIQUE ZARAGOZA. I. ANTECEDENTES DE HECHO PRIMERO: Con fecha nueve de diciembre de dos mil quince, la Corte de Apelaciones Civil de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, conociendo por vía de apelación de la sentencia definitiva de fecha veintisiete de febrero de dos mil quince, dictada por el Juzgado de Letras Seccional de Puerto Cortés, Departamento de Cortés, en el juicio de mérito, dictó sentencia CONFIRMANDO la dictada por el A-quo, misma que falló de la siguiente manera: “ PARTE DISPOSITIVA: POR TANTO: Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación, la Juez, FALLA: PRIMERO: DECLARANDO CON LUGAR la excepción material de falta de legitimidad pasiva promovida por la parte demandada, respecto a los hechos tercero y cuarto identificados en el apartado “otros hechos concurrentes al anterior”, referente a expresiones calumniosas y difamatorias, falsas denuncias. SEGUNDO: DECLARA SIN LUGAR, la excepción de prescripción y la de falta de acción para demandar, de igual forma invocadas por la demandada. TERCERO: DECLARANDO SIN LUGAR la Demanda Ordinaria de Tutela de Derechos Fundamentales y de Derechos Honoríficos, incoada por el abogado VICTOR ANTONIO FERNANDEZ GUZMAN, como apoderado del señor MASSIMO PARISI, contra la sociedad mercantil GAS DEL CARIBE, S. A. DE C. V. CUARTO: CONDENA al demandante, al pago de las costas del presente juicio.” SEGUNDO: El representante procesal del señor MASSIMO PARISI, abogado VICTOR ANTONIO FERNÁNDEZ GUZMÁN, en fecha uno de febrero de dos mil dieciséis, presentó escrito de interposición y formalización del recurso de casación contra la sentencia de fecha nueve de diciembre de dos mil quince, dictada por la Corte de Apelaciones Civil de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, resolviendo el Ad-quem, mediante proveído de fecha dos de febrero de dos mil dieciséis, tener por interpuesto y formalizado el recurso de casación por parte del Recurrente y acordó conceder a la parte contraria el plazo de diez (10) días hábiles para que se pronunciara sobre el contenido del escrito, debiendo entregársele copia del mismo. TERCERO: El representante procesal de la sociedad mercantil GAS DE CARIBE S.A. de C.V., abogado WALTER JAVIER MOLINA CASTRO, presentó en fecha diecisiete de febrero de dos mil dieciséis, escrito de pronunciamiento sobre el contenido del recurso de casación interpuesto y formalizado por la contraparte, resolviendo la Corte de Apelaciones Civil de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, tener por pronunciado al recurrido, ordenando remitir las presentes diligencias a la Honorable Corte Suprema de Justicia en el término que manda la ley, para proseguir con el trámite correspondiente.

CUARTO: Recibidas las actuaciones en éste Tribunal, los abogados WALTER JAVIER MOLINA CASTRO y VICTOR ANTONIO FERNÁNDEZ GUZMÁN, ambos en su condición ya indicadas, presentaron escritos de personamiento en fecha veintitrés de febrero de dos mil dieciséis, resolviendo este Tribunal, mediante proveído de fecha once de abril de dos mil dieciséis, tenerlos por personados dentro del plazo concedido.

QUINTO: Que el abogado VICTOR ANTONIO FERNÁNDEZ GUZMÁN, plantea su recurso de casación contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones Civil de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, de la manera siguiente: “II. Motivos de Casación 11.1 Primer motivo de casación: Infracción de actos y garantías procesales que producen la nulidad de la sentencia recurrida y generan indefensión. Precepto Autorizante: El presente motivo de casación se encuentra autorizado en el artículo 719 numeral 1 inciso b, respecto los artículos 13 y 479 del Código Procesal Civil. Explicación del motivo: Mediante el accionar jurisdiccional divergente de los procedimientos establecidos legalmente se inadmitió prueba indubitada sobre el contexto y los efectos de la violación a derechos fundamentales; se valoró arbitraria, aislada y superficialmente las pruebas evacuadas y se dejó de valorar varias pruebas evacuadas. A. Inadmisión de Medios de Prueba que Servirían para Determinar el Contexto de la Violación de los Derechos Fundamentales y Honoríficos. En el proceso tramitado ante la Corte de Apelaciones de la Sección Judicial de San Pedro Sula mediante providencia del 23 de noviembre de 2015 se inadmitieron medios de prueba que fueron denegados indebidamente en el proceso probatorio de primera instancia, mismos que fueron solicitados se agregaran al proceso apelativo y se evacuaran por su valor decisivo para acreditar extremos de hecho y de derecho fundamentales para constatar el contexto y la motivación de la demanda de violación de derechos fundamentales y derechos honoríficos, los medios de prueba son los siguientes: - Constancia extendida por la licenciada Lourdes Bados Directora Ejecutiva de CANATURH, en la que se identifica al ciudadano Massimo Parisi como Presidente de CAMTUR/CANATUR ; - Publicación de diario La Prensa en la que se constata con texto e imagen, la visita - inspección de los directivos de la Cámara Nacional de Turismo de Honduras (CANATURH/ CAMTUR), entre ellos Massimo Parisi, al plantel de gas LPG de la parte demandada; - Carta enviada por el director para Honduras de la demandada, licenciado Magnamar Melgar, en fecha 07 de octubre de 2005, en la cual se identifica a Massimo Parisi como presidente de la Cámara de Turismo de Omoa, Cortés; - Carta enviada por el Coordinador General de la Secretaria de Asuntos Ambientales del CAFTA-DR, en fecha 13 de febrero de 2012, en ella se identifica a Massimo Parisi como representante de FUNDAMBIENTE; - Constancia extendida por la Secretaría de Gobernación y Justicia, en la cual se determina que la Fundación para la Salvaguardia del Medio Ambiente en el Democrático Desarrollo Socioeconómico y de las Instituciones (FUNDAMBIENTE), misma que se encuentra registrada bajo el número 200700024, desde el 06 de junio de 2007; - Acta de Asamblea Extraordinaria de FUNDAMBIENTE de fecha 23 de enero de 2011, en la que se constata la asistencia de Massimo Parisi como asambleísta y su elección como Presidente de dicha sociedad.- Comunicaciones dirigidas a Massimo Parisi por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y por la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente, en las cuales se les identifica por su pertenencia a la Gran Alianza por Omoa; - Convocatoria a Asamblea del Consejo Nacional de Pobladores de Honduras (CONAP) Interregional de Puerto Cortés, Omoa y Choloma, en ella se constatan que Massimo Parisi es miembro de la Junta de dicha organización; -Dictamen Técnico UTA-FEMA 203-2011, sobre el caso “Gas del Caribe” suscrito por técnicos de la Fiscalía Especial del Ambiente, del Ministerios Público, de fecha 30 de noviembre de 2011; - Informe sobre Gas del Caribe dirigido por la Subregional de Omoa del Instituto Hondureño de Antropología e Historia para la Gerencia General de dicho instituto, en fecha 29 de junio de 2005; - Informe sobre el caso “Gas del Caribe”, moción aprobada por unanimidad en el Congreso Nacional de la República, en fecha 28 de noviembre de 2006; - Informe de la Procuraduría General de la República sobre el caso “Gas del Caribe” de fecha 18 de diciembre de 2007; - Certificación del informe técnico N° 260-2006, sobre el caso “Planta de Almacenamiento de LPG Gas del Caribe”, emitido el 02 de mayo de 2006 por la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente; y, - Resolución de fecha 12 de marzo de 2007, emitida por la Secretaria de Recursos Naturales y Ambiente, sobre denuncia en contra de Gas del Caribe. Los anteriores medios de prueba iban destinados a determinar por un lado, las condiciones que ostentaba el señor Parisi al momento de ser realizados los actos constitutivos de violación de derechos fundamentales, además de ser un activista social, mi representado es un ambientalista defensor de derechos humanos en la comunidad de Omoa y, como tal, está expuesto a ataques directos e indirectos de parte de la empresa demandada, quien vio afectados sus intereses económicos por las legítimas labores realizadas por el señor Parisi. De igual forma, los dictámenes técnicos que se propusieron como pruebas sirven para evidenciar que efectivamente el actuar del señor Parisi como opositor al proyecto Gas del Caribe se sustenta en riesgos reales e inminentes contra la seguridad y el medio ambiente de los habitantes de Omoa, así lo ratifica la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgando medidas cautelares a ocho mil (8,000) habitantes de la zona, incluyendo a mi representado y su familia. Por otro lado, también se solicitó a la Corte de Apelaciones que se admitiera y se evacuara un medio de prueba que por causas no imputables a mi representado no fue evacuado en primera instancia, prueba consistente en el dictamen de trabajo social DTS 036-14 realizado por la licenciada Belkis Ninoska López Montes, perito oficial del Ministerio Publico, el cual tenía como objeto probatorio determinar cuáles habían sido los cambios de comportamientos de la familia Parisi Sharp hacia la comunidad y viceversa; mismo dictamen era pertinente y procedente pero no fue admitido por la Corte de Apelaciones Civil de San Pedro Sula. Toda esta situación planteada generó de forma directa indefensión a mi representado, ya que al denegar prueba verídica y vinculante con el objeto del proceso, se limitó el derecho de poder aportar más elementos de prueba que generarán el total convencimiento de la realización de los hechos constitutivos de violación a los derechos fundamentales y honoríficos por parte de la demandada. B. Valoración arbitraria, Aislada y Superficial de las Pruebas Evacuadas. Según Couture las reglas de la sana crítica, son reglas del correcto entendimiento humano, contingentes y variables con relación a la experiencia del tiempo y del lugar; pero estables y permanentes en cuanto a los principios lógicos en que debe apoyarse la sentencia”. Ésta Implica analizar en forma conjunta, sinceramente y sin prejuicios, los testimonios y toda la evidencia física, técnica y científica que sobre el tema debatido, sea vertida en el contradictorio. Cabe señalar que la sana crítica debe regirse por los principios del recto entendimiento humano, es decir las normas de la lógica, la psicología y la experiencia común. Es oportuno citar dichos principios de acuerdo a los términos y el alcance que les brinda la doctrina: La Ley de Tercero Excluido: Esta Ley se viola cuando los hechos que el Tribunal estima probados, no son congruentes con la prueba que se haya ejecutado en el juicio oral o debate, de tal manera que sería ilógica una sentencia donde se afirma que el demandado es condenado o absuelto, según el caso, cuando los elementos de prueba con que el Juzgador sustentó el fallo reflejan lo contrario de lo que determinó el decisor. Ley de la Razón Suficiente: Esta Ley generalmente se violenta cuando los indicios con que se pretende fundamentar un fallo no se encuentran debidamente probados, o cuando dichos indicios no tienen relación uno con el otro, es decir carecen de concordancia y por lo tanto no se puede establecer una conclusión lógica sea de condena o de absolución. La Psicología que es otra de las reglas de la Sana Crítica, esta es considerada como una ciencia empírica del pensamiento humano, que el Juez tiene el deber de aplicarla en la valoración de las pruebas, es decir que esta regla de la Sana Critica, no es más que aquellos razonamientos Psicológicos que el juzgador en ciertos casos debe emplear al momento de dictar su veredicto. En lo que respecta a la Experiencia Común, son aquellas nociones que corresponden al concepto de cultura común, aprensibles espontáneamente por el intelecto como verdades indiscutibles. Máximas de la experiencia: de acuerdo con Couture las máximas de la experiencia contribuyen tanto como los principios lógicos a la valoración de la prueba, porque el juez no es una máquina de razonar, sino, esencialmente, un hombre o mujer que toma conocimiento del mundo que le rodea y le conoce a través de sus procesos sensibles e intelectuales. La Corte de Apelaciones violentó el principio lógico del tercero excluido cuando realizó una valoración reducida de los medios de prueba evacuados, la falta de valoración conjunta de medios de prueba fehacientes como ser las certificaciones de las sentencias del expediente 0501-2009-05878 emitida por el Juzgado Penal de San Pedro Sula; certificación de sentencia emitida por la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia que resuelve el recurso de casación interpuesto por la demandada sobre el expediente en mención; copia debidamente autenticada del expediente administrativo de denuncia 91-07 proceso incoado por la demandada, así, como el reconocimiento judicial efectuado al expediente 0506-2009-09324 donde se constata querella interpuesta por mi representado en contra de los representantes de Gas del Caribe S.A. de C.V..Todas los procesos penales incoados en contra de mi representado forman parte de una estrategia para perjudicar mediáticamente la imagen de mi representado, porque nadie inicia acciones penales sin sustento (falsas) con el objeto de hacer justicia, es más, se denota el dolo con el que la ahora demandada actuó, recurriendo en casación en uno de los procesos, instancia recursiva que también confirmó la legitimidad de los actos de mi representado. Por otro lado, sobre los actos de hostigamiento público efectuados por los trabajadores de Gas del Caribe S.A. de C.V. frente a la residencia de mi representado, hecho que se desarrolló mediante el medio de prueba documental consistente en la publicación de Diario El Tiempo; se puede evidenciar que las personas que protestaron eran trabajadores de la empresa demandada, los mismos portaban indumentaria de trabajo (cascos) y dichas acciones se dieron en horarios laborales, lo que supone mínimamente que existió aquiescencia de la empresa para que los trabajadores ejecutaran dichas acciones en contra de la imagen y la dignidad de mi representado. La sentencia recurrida no dio ningún valor probatorio a dicha prueba. Respecto a los actos de difamación por medios radiales ejecutados por el señor Rodolfo Murillo Santos, se puede determinar que el propio señor Murillo Santos se presentó en dicha comparecencia como asesor de relaciones públicas de la empresa demandada, vinculo que vino a ser reafirmado por el escrito de nota enviado por Murillo Santos a José Magnamar Gerente de Gas del Caribe S.A. de C.V., en el cual le detalla un informe sobre una reunión que tenía pensado realizar mi representado e informa sobre la labor que realizó con amigos de la demanda. Otra vez se omite darle el verdadero valor probatorio a la prueba evacuada, apartándose del principio de la ley del tercero excluido y valorando arbitrariamente la prueba. En cuanto a las expresiones calumniosas vertidas en un campo de prensa escrita pagado por la demanda, en el que supuestamente se expresan los beneficios que Gas del Caribe S.A. de C.V. brinda al país, pero también se hace referencia a una campaña de desprestigio impulsada por empresas contrarias y se refieren a mi representado diciendo que él no tendría los recursos para mantener esto y menos con un restaurante cerrado, lo cual sugestivamente induce a pensar que el señor Parisi es financiado por las empresas contrarias a la demandada porque él no cuenta con la capacidad económica para mantener la campaña que solicita la reubicación de las esferas de almacenamiento de gas LPG propiedad de la demandada. Pero no se realizó tan sencilla valoración. La prueba evacuada no fue valorada armoniosamente, no existe ninguna referencia objetiva que indique que se valoró la prueba en su conjunto, el tribunal se limitó a realizar una valoración individual y aislada de la prueba, sin considerar un orden lógico que relacionará cronológica y secuencialmente las pruebas, unas respecto de las otras y así, hasta tener una idea general de lo que la universalidad de prueba evacuada dictaba. Esto significa que el elemento de prueba conserva su valor individual, pero que una vez reconocido el valor individual del elemento de prueba este debe ser apreciado en concordancia y convergencia con los demás elementos de prueba. El actuar del juzgador indica que se generó una incongruencia entre lo probado y lo resuelto, por valorar únicamente de forma individual la prueba evacuada, situación que generó nuevamente indefensión. C. Omisión Sobre la Valoración de Medios de Prueba Admitidos e Incorporados al Procedimiento Consta en el expediente de mérito que se admitieron y evacuaron los siguientes medios de prueba: 1. Dictamen del trabajador social Luis Chévez de la Rocha, que corresponde a estudio realizado sobre la opinión que tienen los liderazgos de Omoa sobre Massimo Parisi, vinculados a los ataques que sufrió por parte de la demandada; 2.Dictamen de la Licenciada en PSICOLOGIA Magdalena Turcios correspondiente a la evaluación practicada a los esposos Parisi, a través de la cual se establecen las secuelas dejadas por la violaciones de los derechos a la integridad psíquica y moral, la dignidad y el honor de mi representado; 3. Dictamen del Médico Psiquiatra Bismark Espinoza, correspondiente a la evaluación practicada a los esposos Parisi Sharp, con esta pericia se acredita la traumatología que produjeron las violaciones a derechos fundamentales por parte de la demandada; estos medios de prueba no forman parte de las pruebas valoradas en la sentencia recurrida y son pieza integral de la totalidad de la prueba porque explican los efectos psicológicos y psiquiátricos que produjeron las violaciones a los derechos fundamentales de la que mi representado y su familia fueron víctimas por parte de la demandada. Estas pruebas lograrían formar una idea real al juzgador sobre los alcances que tuvo la violación a derechos fundamentales, el omitir valorar dicha prueba limita de forma gravosa la capacidad de formar convicción por parte del juzgador de la realización de los hechos y evita que dicha prueba pueda ser valorada de forma armoniosa y conjunta con los demás medios probatorios. El arbitrario actuar judicial configura una violación a los más elementales principios del procedimiento, así como del debido proceso legal, generando plena indefensión a mi representado. El Código Procesal Civil establece en su artículo 335 numeral 1 sobre la valoración del dictamen pericial que “El juzgado o tribunal valorará los dictámenes periciales de manera precisa y razonada, atendiendo a las reglas de la sana crítica, del conocimiento y del criterio humano, así como de acuerdo a las normas que rigen el razonamiento lógico, tomando en consideración la razón de ciencia que hubieren dado, las circunstancias que en ellos concurran y, en su caso, las tachas formuladas y los resultados de la prueba que sobre éstas se hubiere practicado.” Y agrega, además, que en el caso de que el órgano jurisdiccional se aparte de las conclusiones de un dictamen deberá motivarlo expresamente en la sentencia. 11.2 Segundo motivo de casación: Inobservancia de los requisitos internos de la sentencia, en particular la motivación respecto del fallo. Precepto autorizante: El presente motivo de casación se encuentra autorizado en el artículo 207 del Código Procesal Civil. Explicación del motivo: Cuando hablamos de la formación interna de la sentencia estamos haciendo referencia al proceso lógico que debe seguir el órgano jurisdiccional desde que comienza a conocer de un asunto hasta llegar a la decisión de cuál debe ser el contenido de la sentencia. Calamandrei establece que la sentencia es un silogismo en el que la norma jurídica constituye la premisa mayor, y los hechos subsumibles en dicha norma, es la premisa menor. Las sentencias, por lo tanto, deben de estar conformadas internamente por tres elementos fundamentales la congruencia, la exhaustividad y la motivación. En el proceso de mérito existió carencia de motivación de la sentencia, lo que está demostrado con anterioridad por la errada valoración de la prueba. La motivación, es pues, la preparación lógica-jurídica de la argumentación que servirá de fundamento al fallo, elaborada según el razonamiento del juzgador tomando en cuenta todos los elementos probatorios contenidos en el expediente, por esta razón se dice que la motivación de la sentencia constituye una garantía contra la arbitrariedad del juzgador. Según Ferrajoli el principio de motivación, como valor fundamental, expresa y al mismo tiempo garantiza la naturaleza cognoscitiva y no potestativa del juicio, vinculándolo en derecho a la estricta legalidad y de hecho a la prueba de la hipótesis acusatoria. Es por la motivación como las decisiones judiciales resultan avaladas y, por tanto, legitimadas por aserciones, en cuanto tales verificables y refutables, aunque sea de manera aproximada; como la validez de la sentencia resulta condicionada por la verdad de sus argumentos; como, en fin, el poder jurisdiccional no es el poder inhumano ni puramente potestativo, sino que está fundado en el saber opinable y probable, y por ello precisamente refutable y controlable tanto por el imputado y por su defensa como por la sociedad. El Código Procesal Civil establece en el artículo 207 que: 1. Las sentencias se motivarán expresando los razonamientos fácticos y jurídicos que conducen a la apreciación y valoración de las pruebas, así como a la aplicación e interpretación del Derecho. 2. La motivación deberá incidir en los distintos elementos fácticos y jurídicos del pleito, considerados individualmente y en conjunto, ajustándose siempre a las reglas de la lógica y de la razón. La motivación requiere que sea expresa, por lo que no puede ser tácita o darse por sobre entendida, debe ser clara, expresándose en forma comprensible los argumentos aportados para justificar la decisión, debe ser completa debiendo abarcar todas las cuestiones que sirven de fundamento a la decisión, también debe de ser legítima por lo que debe tomar en consideración todas las pruebas incorporadas en el proceso, y por último, debe ser lógica este requisito implica que la motivación esté debidamente razonada conforme a las reglas del recto pensar. De lo anteriormente expuesto se puede acreditar que la Corte de Apelaciones dejó de valorar a la prueba haciendo uso inadecuado de la reglas de la sana crítica y limitándose a ratificar los hechos supuestamente probados en la sentencia recurrida en apelación, apreciando únicamente de forma individual la prueba, omitiendo determinada prueba evacuada y desechando en ese sentido su valor probatorio, por lo tanto, los fundamentos facticos en los que se basó la sentencia recurrida recaen en la arbitrariedad y la superficialidad de la motivación. La indagación de la suficiencia de la motivación implica criterios materiales que impidan aceptar como válidas meras apariencias de motivación, que por su significado puramente formalista frustren la real efectividad del derecho a la motivación, como es el caso de la sentencia recurrida. Es así que cuando el juzgador en la sentencia recurrida se abstiene de realizar un proceso intelectivo claro y completo que asegure a mi representado que el juzgador llegó a determinado convencimiento basado en los elementos facticos y jurídicos comprobables mediante el estudio del cuál ha sido el juicio lógico que, fundado en criterios jurídicos razonables, ha presidido la subsanación del hecho concreto en el precepto normativo, interpretando siempre en sentido mas favorable a la especial fuerza vinculante que caracteriza a los derechos fundamentales de las partes. En ese sentido, no existen criterios claros de motivación en la sentencia recurrida, lo cual plantea por si mismo un desconocimiento del derecho a la justicia y a la verdad.” SEXTO: Que el abogado WALTER JAVIER MOLINA CASTRO, plantea su pronunciamiento sobre la formalización del recurso de casación de la siguiente manera: “SOBRE LOS MOTIVOS DE CASACIÓN. 1) El Apoderado demandante expone como primer motivo de Casación la supuesta infracción de actos y garantías procesales que según su errado criterio producen la nulidad de la Sentencia recurrida y que han generado indefensión a los intereses de su representado, acusando infundadamente al fallo proferido por la Corte Sentenciadora de lesionar los procedimientos relativos a la Admisión y Valoración de la prueba; en función de ello resulta imperativo emitir pronunciamiento, mismo que expongo en los siguientes términos: A) SOBRE LA INADMISION DE PRUEBA QUE SERVIRÍA PARA DETERMINAR EL CONTEXTO DE LA VIOLACIÓN A DERECHOS FUNDAMENTALES Y HONORÍFICOS Durante la promoción y tramitación del proceso sometido al conocimiento de la Honorable Corte de Apelaciones de lo Civil de la ciudad de San Pedro Sula, Cortés, el apoderado demandante solicitó que fueran admitidos medios de prueba documentales que en primera instancia en función de su falta pertinencia y de utilidad fueron inadmitidos en estricta aplicación de las disposiciones procesales 234 numeral 1 y 236 numerales 2 y 3, luego el tribunal de Alzada compartiendo el ajustado criterio del A-Quo y además por no ajustarse a lo dispuesto en el artículo 712 del Código Procesal Civil la pretensión probatoria expuesta por el recurrente en segunda instancia, decretó mediante resolución motivada de fecha 23 de Noviembre del año 2015 la inadmisión de dichos medios de prueba; igual criterio observó el Tribunal de Alzada con respecto a una pretensión probatoria expuesta por la parte demandada bajo los mismos términos invocados por la parte actora. En el orden que nos ocupa es prudente establecer que el Tribunal de primera instancia, admitió al Ministerio Publico dentro de su propuesta probatoria, un estudio de Trabajo Social realizado por la Licenciada Belkis Ninoska López Montes, para estos efectos y dado que se trataba de una pericia, la Licenciada López Montes, fue juramentada por dicho tribunal, indicándosele los límites de su pericia y el plazo dentro del cual debía presentar sus resultados al mismo, sin embargo estos No se presentaron con la formalidad necesaria dentro del plazo que le fuera otorgado a la perito propuesta. El recurrente peticionó a la Corte de Apelaciones mediante una interpretación forzada del articulo 712 incisos c y d de la norma procesal, que la referida pericia fuera admitida y evacuada durante el trámite del recurso de Apelación promovido en contra de la sentencia definitiva de primera instancia, olvidando en tan ilegal propósito el Principio de Preclusión desarrollado por el articulo 18 en su numeral 2 del Código Procesal Civil, el cual representaba un obstáculo insalvable para sus infundadas peticiones. Como podrá apreciarse, las manifestaciones que acusan a la sentencia recurrida de generar indefensión al demandante por la No Admisión de medios de prueba, carecen de fundamento técnico y no pueden ser estimadas como un motivo que validez el improcedente recurso impetrado, sumado a ello, el acápite que nos ocupa al igual que los siguientes dos (2) y como expresión del primer motivo de Casación, denotan una inaceptable Falta de Claridad y Precisión, pues según la norma procesal 719 numeral 1 inciso b citada como precepto autorizante del extraordinario recurso promovido, desarrolla dos (2) supuestos orientados a impugnar la aplicación e interpretación de normas procesales que regulan por una parte Actos y garantías procesales cuando su infracción suponga la Nulidad o cuando produjera una efectiva Indefensión; se trata de dos supuestos claramente diferenciados y en función de los cuales deben invocarse y desarrollarse de manera independiente como motivos de Casación.-El recurrente denotando Falta de Técnica en la promoción del recurso de mérito, ha invocado ambos supuestos, pero al apreciar detenidamente el contenido de la explicación dada a dicho motivo, No hace referencia concreta a que actuaciones procesales del tribunal de Segunda Instancia constituyen razones para que se decrete la Nulidad del fallo proferido, tampoco cita las normas de derecho cuya infracción sustentan su pretensión anulatoria, lo cual constituye una razón jurídica insoslayable para desestimar el recurso planteado bajo esta modalidad. El recurrente ha omitido que las normas relativas al extraordinario Recurso de Casación, taxativamente exponen los motivos concretos (sistema numerus clausus) en los que se puede fundamentar el recurso y en atención a ello cada motivo debe invocarse con la debida precisión y claridad, extremo que denotando inocencia jurídica ha incumplido el recurrente al invocar de manera confusa dos supuestos de Casación, pero que al intentar explicar el motivo anunciado únicamente hace referencia a un presupuesto reglado por la norma procesal rectora. B) SOBRE LA SUPUESTA VALORACIÓN ARBITRARIA, AISLADA Y SUPERFICIAL DE LAS PRUEBAS EVACUADAS. El presente motivo censura el fallo dictado por la Corte Sentenciadora, acusándola de No valorar armoniosamente su oferta probatoria, a la vez hace referencia a relatos fácticos cuya posibilidad de ser revisados en esta instancia se encuentra limitada, invocando neciamente y de manera aislada algunos medios de prueba que fueran evacuados en las instancias previas y con los que fue incapaz de provocar la certeza positiva en los Juzgadores sobre la procedencia de la acción tramitada. El recurrente una vez más pone de manifiesto su falta de aplicación de las disposiciones procesales que regulan la promoción y tramitación del extraordinario recurso de Casación, prueba de ello es la inexcusable observancia del articulo 720 numeral 1 del Código Procesal Civil, mismo que constituye un límite infranqueable para que el Supremo Tribunal de Justicia pueda realizar nuevos enjuiciamientos de orden fáctico, pues no está permitido en la tramitación del recurso de Casación que mediante la denuncia de Infracción de Precepto probatorio se puedan apreciar nuevamente las pruebas para extraer de dicha apreciación hechos nuevos, de tal suerte que la pretensión del recurrente orientada a que en sede casacional se analicen y valoren las pruebas practicadas en las instancias previas resulta reñida con la naturaleza del recurso promovido y con las normas rectoras del mismo. El recurso impetrado en este orden resulta además Inadmisible de conformidad a la disposición procesal 723 numeral 2 inciso a y b, en los que por una parte se sanciona con la Inadmisibilidad a aquel Recurso de Casación interpuesto con la pretensión de que revise la interpretación y valoración de las pruebas, como erróneamente lo dispone el motivo alegado, y por otro, vuelve igualmente Inadmisibles este tipo de recursos cuando se han desestimado otros sustancialmente iguales; sobre esto último es prudente mencionar que la parte demandante ha invocado con el mérito del ordinario Recurso de Apelación los mismos conceptos que ahora expone como motivo de Casación y los cuales ajustadamente ha desestimado la Corte Sentenciadora, el motivo alegado por el censor es sustancialmente el mismo que fuera desestimado por el A-Quo, lo cual implica sin más trámite que se inadmita el mismo bajo la modalidad expuesta. C) SOBRE LA SUPUESTA OMISIÓN EN LA VALORACIÓN DE MEDIOS DE PRUEBA ADMITIDOS E INCORPORADOS AL PROCEDIMIENTO. Como expresión de la fatídica orientación dada por el recurrente al extraordinario recurso que nos somete, con marcada y absurda insistencia pretende instar en sede casacional la revisión de los hechos motivadores de la demanda promovida, así como la interpretación y valoración de las pruebas contenidas en las sentencias dictadas en las instancias previas, pretensión que tiene como obstáculo insalvable el articulo 720 numeral 1 deI Código Procesal Civil. La violación de normas relativas a la valoración probatoria denunciadas por el censor, impregnan carácter Inadmisible al Recurso interpuesto, habida cuenta de que toda pretensión orientada a revisar durante la tramitación del recurso de mérito la interpretación y valoración de las pruebas evacuadas en instancia, se encuentra limitada y vuelve inadmisible el recurso promovido; de igual manera el motivo alegado por el recurrente es sustancialmente el mismo que fuera desestimado en la instancia previa, por lo tanto la posibilidad de admitir a trámite el extraordinario recurso de casación se encuentra limitada de pleno derecho si se hace estricta aplicación de lo dispuesto por el articulo 723 numeral 2 inciso a y b de la norma procesal. II) SOBRE LA SUPUESTA INOBSERVANCIA DE LOS REQUISITOS INTERNOS DE LA SENTENCIA, EN PARTICULAR LA MOTIVACIÓN RESPECTO DEL FALLO. La parte demandante expone como segundo motivo de casación la supuesta carencia de motivación de la Sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de la ciudad de San Pedro Sula, Cortes, deficiencia que a criterio del censor reside en la equivoca valoración de la prueba, acusando a dicho tribunal de haber dictado un fallo arbitrario y superficial. Las manifestaciones de la parte demandante carecen de sustento puesto que la sentencia dictada por la Corte Sentenciadora expone de manera coherente los razonamientos fácticos y jurídicos que le condujeron a una apreciación y correcta valoración del material probatorio, exponiendo además una adecuada aplicación e interpretación de las normas de derecho aplicables en el presente caso; dicha resolución en todo momento se ajusta a las reglas de la lógica y de la razón, es clara, precisa, exhaustiva y congruente con la demanda y con las pretensiones oportunamente deducidas por las partes, cubre de manera sobrada las exigencias formales y materiales que demanda una resolución judicial, observando en todo momento los requerimientos técnicos exigidos por las disposiciones procesales 206, 207 y 208. El motivo de Casación que acusa a la sentencia recurrida de adolecer de una correcta motivación pone de manifiesto un precipitado esfuerzo por desvalorar su ausencia de derecho, pretendiendo nuevamente que en sede casacional se analicen y valoren subjetivamente las pruebas evacuadas en la instancia previa, pretensión que de conformidad a criterios técnicos desarrollados por los artículos 720 numeral 1 y 723 numeral 2 inciso a y b del Código Procesal Civil, aplicables al extraordinario recurso que nos ocupa resulta improcedente y a la vez atribuyen carácter inadmisible al discreto recurso promovido bajo esta modalidad.” II. FUNDAMENTOS DE DERECHO 1. Del examen de las actuaciones seguidas en ambas instancias, resulta que la Corte de Apelaciones de lo Civil de San Pedro Sula, Cortés, con fecha dos de febrero del dos mil dieciséis, tuvo por interpuesto y formalizado el recurso de casación presentado por el Abogado VICTOR ANTONIO FERNANDEZ GUZMAN, representante procesal del señor MASSIMO PARISI, contra la sentencia dictada por la misma Corte de Apelaciones Civil de San Pedro Sula, Cortés, el día nueve de diciembre del dos mil quince, en la demanda ordinaria sobre derechos honoríficos, indemnización por daños y perjuicios morales y materiales; recurso de casación éste que se formalizó en dos motivos: El primero: Por aplicación e interpretación de las normas procesales que regula los actos y garantías procesales cuando su infracción suponga nulidad o produjera indefensión, motivo éste mediante el cual invoca el artículo 719.1.b) del Código Procesal Civil. El segundo motivo: “Por Inobservancia de los requisitos internos de la sentencia, en particular la motivación respecto del fallo. 2. DEL PRIMER MOTIVO DE CASACION: “Primer motivo de casación: Infracción de actos y garantías procesales que producen la nulidad de la sentencia recurrida y generan indefensión. Precepto Autorizante: El presente motivo de casación se encuentra autorizado en el artículo 719 numeral 1 inciso b, respecto los artículos 13 y 479 del Código Procesal Civil. Explicación del motivo: Mediante el accionar jurisdiccional divergente de los procedimientos establecidos legalmente se inadmitió prueba indubitada sobre el contexto y los efectos de la violación a derechos fundamentales; se valoró arbitraria, aislada y superficialmente las pruebas evacuadas y se dejó de valorar varias pruebas evacuadas. A. Inadmisión de Medios de Prueba que Servirían para Determinar el Contexto de la Violación de los Derechos Fundamentales y Honoríficos. En el proceso tramitado ante la Corte de Apelaciones de la Sección Judicial de San Pedro Sula mediante providencia del 23 de noviembre de 2015 se inadmitieron medios de prueba que fueron denegados indebidamente en el proceso probatorio de primera instancia, mismos que fueron solicitados se agregarán al proceso apelativo y se evacuarán por su valor decisivo para acreditar extremos de hecho y de derecho fundamentales para constatar el contexto y la motivación de la demanda de violación de derechos fundamentales y derechos honoríficos, los medios de prueba son los siguientes: - Constancia extendida por la licenciada Lourdes Bados Directora Ejecutiva de CANATURH, en la que se identifica al ciudadano Massimo Parisi como Presidente de CAMTUR/CANATUR ; - Publicación de diario La Prensa en la que se constata con texto e imagen, la visita —inspección de los directivos de la Cámara Nacional de Turismo de Honduras (CANATURH/ CAMTUR), entre ellos Massimo Parisi, al plantel de gas LPG de la parte demandada; - Carta enviada por el director para Honduras de la demandada, licenciado Magnamar Melgar, en fecha 07 de octubre de 2005, en la cual se identifica a Massimo Parisi como Presidente de la Cámara de Turismo de Omoa, Cortés; - Carta enviada por el Coordinador General de la Secretaría de Asuntos Ambientales del CAFTA-DR, en fecha 13 de febrero de 2012, en ella se identifica a Massimo Parisi como representante de FUNDAMBIENTE; - Constancia extendida por la Secretaría de Gobernación y Justicia, en la cual se determina que la Fundación para la Salvaguardia del Medio Ambiente en el Democrático Desarrollo Socioeconómico y de las Instituciones (FUNDAMBIENTE), misma que se encuentra registrada bajo el número 200700024, desde el 06 de junio de 2007; - Acta de Asamblea Extraordinaria de FUNDAMBIENTE de fecha 23 de enero de 2011, en la que se constata la asistencia de Massimo Parisi como asambleísta y su elección como Presidente de dicha sociedad.- Comunicaciones dirigidas a Massimo Parisi por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y por la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente, en las cuales se les identifica por su pertenencia a la Gran Alianza por Omoa; - Convocatoria a Asamblea del Consejo Nacional de Pobladores de Honduras (CONAP) Interregional de Puerto Cortés, Omoa y Choloma, en ella se constatan que Massimo Parisi es miembro de la Junta de dicha organización; -Dictamen Técnico UTA-FEMA 203-2011, sobre el caso “Gas del Caribe” suscrito por técnicos de la Fiscalía Especial del Ambiente, del Ministerios Público, de fecha 30 de noviembre de 2011; - Informe sobre Gas del Caribe dirigido por la Subregional de Omoa del Instituto Hondureño de Antropología e Historia para la Gerencia General de dicho instituto, en fecha 29 de junio de 2005; - Informe sobre el caso “Gas del Caribe”, moción aprobada por unanimidad en el Congreso Nacional de la República, en fecha 28 de noviembre de 2006; - Informe de la Procuraduría General de la República sobre el caso “Gas del Caribe” de fecha 18 de diciembre de 2007; - Certificación del informe técnico N° 260-2006, sobre el caso “Planta de Almacenamiento de LPG Gas del Caribe”, emitido el 02 de mayo de 2006 por la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente; y, - Resolución de fecha 12 de marzo de 2007, emitida por la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente, sobre denuncia en contra de Gas del Caribe. Los anteriores medios de prueba iban destinados a determinar por un lado, las condiciones que ostentaba el señor Parisi al momento de ser realizados los actos constitutivos de violación de derechos fundamentales, además de ser un activista social, mi representado es un ambientalista defensor de derechos humanos en la comunidad de Omoa y, como tal, está expuesto a ataques directos e indirectos de parte de la empresa demandada, quien vio afectados sus intereses económicos por las legítimas labores realizadas por el señor Parisi. De igual forma, los dictámenes técnicos que se propusieron como pruebas sirven para evidenciar que efectivamente el actuar del señor Parisi como opositor al proyecto Gas del Caribe se sustenta en riesgos reales e inminentes contra la seguridad y el medio ambiente de los habitantes de Omoa, así lo ratifica la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgando medidas cautelares a ocho mil (8,000) habitantes de la zona, incluyendo a mi representado y su familia. Por otro lado, también se solicitó a la Corte de Apelaciones que se admitiera y se evacuara un medio de prueba que por causas no imputables a mi representado no fue evacuado en primera instancia, prueba consistente en el dictamen de trabajo social DTS 036-14 realizado por la licenciada Belkis Ninoska López Montes, perito oficial del Ministerio Publico, el cual tenía como objeto probatorio determinar cuáles habían sido los cambios de comportamientos de la familia Parisi Sharp hacia la comunidad y viceversa; mismo dictamen era pertinente y procedente pero no fue admitido por la Corte de Apelaciones Civil de San Pedro Sula. Toda esta situación planteada generó de forma directa indefensión a mi representado, ya que al denegar prueba verídica y vinculante con el objeto del proceso, se limitó el derecho de poder aportar más elementos de prueba que generaran el total convencimiento de la realización de los hechos constitutivos de violación a los derechos fundamentales y honoríficos por parte de la demandada. B. Valoración arbitraria, Aislada y Superficial de las Pruebas Evacuadas. Según Couture Las reglas de la sana crítica, son reglas del correcto entendimiento humano, contingentes y variables con relación a la experiencia del tiempo y del lugar; pero estables y permanentes en cuanto a los principios lógicos en que debe apoyarse la sentencia”. Ésta Implica analizar en forma conjunta, sinceramente y sin prejuicios, los testimonios y toda la evidencia física, técnica y científica que sobre el tema debatido, sea vertida en el contradictorio. Cabe señalar que la sana crítica debe regirse por los principios del recto entendimiento humano, es decir las normas de la lógica, la psicología y la experiencia común. Es oportuno citar dichos principios de acuerdo a los términos y el alcance que les brinda la doctrina: La Ley de Tercero Excluido: Esta Ley se viola cuando los hechos que el Tribunal estima probados, no son congruentes con la prueba que se haya ejecutado en el juicio oral o debate, de tal manera que sería ilógica una sentencia donde se afirma que el demandado es condenado o absuelto, según el caso, cuando los elementos de prueba con que el Juzgador sustentó el fallo reflejan lo contrario de lo que determinó el decisor. Ley de la Razón Suficiente: Esta Ley generalmente se violenta cuando los indicios con que se pretende fundamentar un fallo no se encuentran debidamente probados, o cuando dichos indicios no tienen relación uno con el otro, es decir carecen de concordancia y por lo tanto no se puede establecer una conclusión lógica sea de condena o de absolución. La Psicología que es otra de las reglas de la Sana Crítica, esta es considerada como una ciencia empírica del pensamiento humano, que el Juez tiene el deber de aplicarla en la valoración de las pruebas, es decir que esta regla de la Sana Critica, no es más que aquellos razonamientos Psicológicos que el juzgador en ciertos casos debe emplear al momento de dictar su veredicto. En lo que respecta a la Experiencia Común, son aquellas nociones que corresponden al concepto de cultura común, aprehensibles espontáneamente por el intelecto como verdades indiscutibles. Máximas de la experiencia: de acuerdo con Couture las máximas de la experiencia contribuyen tanto como los principios lógicos a la valoración de la prueba, porque el juez no es una máquina de razonar, sino, esencialmente, un hombre o mujer que toma conocimiento del mundo que le rodea y le conoce a través de sus procesos sensibles e intelectuales. La Corte de Apelaciones violentó el principio lógico del tercero excluido cuando realizó una valoración reducida de los medios de prueba evacuados, la falta de valoración conjunta de medios de prueba fehacientes como ser las certificaciones de las sentencias del expediente 0501-2009-05878 emitida por el Juzgado Penal de San Pedro Sula; certificación de sentencia emitida por la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia que resuelve el recurso de casación interpuesto por la demandada sobre el expediente en mención; copia debidamente autenticada del expediente administrativo de denuncia 91-07 proceso incoado por la demandada, así, como el reconocimiento judicial efectuado al expediente 0506-2009-09324 donde se constata querella interpuesta por mi representado en contra de los representantes de Gas del Caribe S.A. de C.V.. Todas los procesos penales incoados en contra de mi representado forman parte de una estrategia para perjudicar mediáticamente la imagen de mi representado, porque nadie inicia acciones penales sin sustento (falsas) con el objeto de hacer justicia, es más, se denota el dolo con el que la ahora demandada actuó, recurriendo en casación en uno de los procesos, instancia recursiva que también confirmó la legitimidad de los actos de mi representado. Por otro lado, sobre los actos de hostigamiento público efectuados por los trabajadores de Gas del Caribe S.A. de C.V. frente a la residencia de mi representado, hecho que se desarrolló mediante el medio de prueba documental consistente en la publicación de Diario El Tiempo; se puede evidenciar que las personas que protestaron eran trabajadores de la empresa demandada, los mismos portaban indumentaria de trabajo (cascos) y dichas acciones se dieron en horarios laborales, lo que supone mínimamente que existió aquiescencia de la empresa para que los trabajadores ejecutaran dichas acciones en contra de la imagen y la dignidad de mi representado. La sentencia recurrida no dio ningún valor probatorio a dicha prueba. Respecto a los actos de difamación por medios radiales ejecutados por el señor Rodolfo Murillo Santos, se puede determinar que el propio señor Murillo Santos se presentó en dicha comparecencia como asesor de relaciones públicas de la empresa demandada, vinculo que vino a ser reafirmado por el escrito de nota enviado por Murillo Santos a José Magnamar gerente de Gas del Caribe S.A. de C.V., en el cual le detalla un informe sobre una reunión que tenía pensado realizar mi representado e informa sobre la labor que realizó con amigos de la demanda. Otra vez se omite darle el verdadero valor probatorio a la prueba evacuada, apartándose del principio de la ley del tercero excluido y valorando arbitrariamente la prueba. En cuanto a las expresiones calumniosas vertidas en un campo de prensa escrita pagado por la demanda, en el que supuestamente se expresan los beneficios que Gas del Caribe S.A. de C.V. brinda al país, pero también se hace referencia a una campaña de desprestigio impulsada por empresas contrarias y se refieren a mi representado diciendo que él no tendría los recursos para mantener esto y menos con un restaurante cerrado, lo cual sugestivamente induce a pensar que el señor Parisi es financiado por las empresas contrarias a la demandada porque él no cuenta con la capacidad económica para mantener la campaña que solicita la reubicación de las esferas de almacenamiento de gas LPG propiedad de la demandada. Pero no se realizó tan sencilla valoración. La prueba evacuada no fue valorada armoniosamente, no existe ninguna referencia objetiva que indique que se valoró la prueba en su conjunto, el tribunal se limitó a realizar una valoración individual y aislada de la prueba, sin considerar un orden lógico que relacionará cronológica y secuencialmente las pruebas, unas respecto de las otras y así, hasta tener una idea general de lo que la universalidad de prueba evacuada dictaba. Esto significa que el elemento de prueba conserva su valor individual, pero que una vez reconocido el valor individual del elemento de prueba este debe ser apreciado en concordancia y convergencia con los demás elementos de prueba. El actuar del juzgador indica que se generó una incongruencia entre lo probado y lo resuelto, por valorar únicamente de forma individual la prueba evacuada, situación que generó nuevamente indefensión. C. Omisión Sobre la Valoración de Medios de Prueba Admitidos e Incorporados al Procedimiento Consta en el expediente de mérito que se admitieron y evacuaron los siguientes medios de prueba: 1. Dictamen del trabajador social Luis Chévez de la Rocha, que corresponde a estudio realizado sobre la opinión que tienen los liderazgos de Omoa sobre Massimo Parisi, vinculados a los ataques que sufrió por parte de la demandada; 2.Dictamen de la Licenciada en PSICOLOGIA Magdalena Turcios correspondiente a la evaluación practicada a los esposos Parisi, a través de la cual se establecen las secuelas dejadas por las violaciones de los derechos a la integridad psíquica y moral, la dignidad y el honor de mi representado; 3. Dictamen del Médico Psiquiatra Bismark Espinoza, correspondiente a la evaluación practicada a los esposos Parisi Sharp, con esta pericia se acredita la traumatología que produjeron las violaciones a derechos fundamentales por parte de la demandada; estos medios de prueba no forman parte de las pruebas valoradas en la sentencia recurrida y son pieza integral de la totalidad de la prueba porque explican los efectos psicológicos y psiquiátricos que produjeron las violaciones a los derechos fundamentales de la que mi representado y su familia fueron víctimas por parte de la demandada. Estas pruebas lograrían formar una idea real al juzgador sobre los alcances que tuvo la violación a derechos fundamentales, el omitir valorar dicha prueba limita de forma gravosa la capacidad de formar convicción por parte del juzgador de la realización de los hechos y evita que dicha prueba pueda ser valorada de forma armoniosa y conjunta con los demás medios probatorios. El arbitrario actuar judicial configura una violación a los más elementales principios del procedimiento, así como del debido proceso legal, generando plena indefensión a mi representado. El Código Procesal Civil establece en su artículo 335 numeral 1 sobre la valoración del dictamen pericial que “El juzgado o tribunal valorará los dictámenes periciales de manera precisa y razonada, atendiendo a las reglas de la sana crítica, del conocimiento y del criterio humano, así como de acuerdo a las normas que rigen el razonamiento lógico, tomando en consideración la razón de ciencia que hubieren dado, las circunstancias que en ellos concurran y, en su caso, las tachas formuladas y los resultados de la prueba que sobre éstas se hubiere practicado.” Y agrega, además, que en el caso de que el órgano jurisdiccional se aparte de las conclusiones de un dictamen deberá motivarlo expresamente en la sentencia.” Respuesta de la Sala de lo Civil respecto al primer motivo de casación: a). El Censor señala como causal recursiva el artículo 719 numeral 1) inciso b) del Código Procesal Civil, es decir los actos y garantías procesales cuando su infracción suponga nulidad o produjera indefensión; no obstante, de la lectura y estudio del motivo señalado encuentra este honorable Tribunal que el Recurrente insta la revisión de los hechos y la valoración de las pruebas contenidas en la instancia, es decir, impugna directamente el fallo proferido por el a-quo, lo que le está vedado por disposición del artículo 720 numeral 1) del Código Procesal Civil. b) Si el Impetrante pretendía solicitar en casación el control de la motivación fáctica de la sentencia, devenía obligado hacerlo por la causal de casación contenida en el artículo 719 numeral 1 inciso c) en relación con el 720 numeral 2) ambos del Código Procesal Civil, a efecto de poder revisar su existencia, suficiencia, racionalidad o carácter lógico, siempre que fuera determinante de un sentido diferente del fallo. Que por las razones señaladas es menester inadmitir el primer motivo de casación por incumplimiento de las exigencias y requisitos establecidos por el Código Procesal Civil para el escrito de interposición y formalización al pretender que se revise la interpretación y valoración de las pruebas. (artículo 723 numeral 2 inciso a) del Código Procesal Civil). 3. DEL SEGUNDO MOTIVO DE CASACIÓN: “Segundo motivo de casación: Inobservancia de los requisitos internos de la sentencia, en particular la motivación respecto del fallo. Precepto autorizante: El presente motivo de casación se encuentra autorizado en el artículo 207 del Código Procesal Civil. Explicación del motivo: Cuando hablamos de la formación interna de la sentencia estamos haciendo referencia al proceso lógico que debe seguir el órgano jurisdiccional desde que comienza a conocer de un asunto hasta llegar a la decisión de cuál debe ser el contenido de la sentencia. Calamandrei establece que la sentencia es un silogismo en el que la norma jurídica constituye la premisa mayor, y los hechos subsumibles en dicha norma, es la premisa menor. Las sentencias, por lo tanto, deben de estar conformadas internamente por tres elementos fundamentales la congruencia, la exhaustividad y la motivación. En el proceso de mérito existió carencia de motivación de la sentencia, lo que está demostrado con anterioridad por la errada valoración de la prueba. La motivación, es pues, la preparación lógica-jurídica de la argumentación que servirá de fundamento al fallo, elaborada según el razonamiento del juzgador tomando en cuenta todos los elementos probatorios contenidos en el expediente, por esta razón se dice que la motivación de la sentencia constituye una garantía contra la arbitrariedad del juzgador. Según Ferrajoli el principio de motivación, como valor fundamental, expresa y al mismo tiempo garantiza la naturaleza cognoscitiva y no potestativa del juicio, vinculándolo en derecho a la estricta legalidad y de hecho a la prueba de la hipótesis acusatoria. Es por la motivación como las decisiones judiciales resultan avaladas y, por tanto, legitimadas por aserciones, en cuanto tales verificables y refutables, aunque sea de manera aproximada; como la validez de la sentencia resulta condicionada por la verdad de sus argumentos; como, en fin, el poder jurisdiccional no es el poder inhumano ni puramente potestativo, sino que está fundado en el saber opinable y probable, y por ello precisamente refutable y controlable tanto por el imputado y por su defensa como por la sociedad. El Código Procesal Civil establece en el artículo 207 que: 1. Las sentencias se motivarán expresando los razonamientos fácticos y jurídicos que conducen a la apreciación y valoración de las pruebas, así como a la aplicación e interpretación del Derecho. 2. La motivación deberá incidir en los distintos elementos fácticos y jurídicos del pleito, considerados individualmente y en conjunto, ajustándose siempre a las reglas de la lógica y de la razón. La motivación requiere que sea expresa, por lo que no puede ser tácita o darse por sobre entendida, debe ser clara, expresándose en forma comprensible los argumentos aportados para justificar la decisión, debe ser completa debiendo abarcar todas las cuestiones que sirven de fundamento a la decisión, también debe de ser legítima por lo que debe tomar en consideración todas las pruebas incorporadas en el proceso, y por último, debe ser lógica este requisito implica que la motivación esté debidamente razonada conforme a las reglas del recto pensar. De lo anteriormente expuesto se puede acreditar que la Corte de Apelaciones dejó de valorar a la prueba haciendo uso inadecuado de la reglas de la sana crítica y limitándose a ratificar los hechos supuestamente probados en la sentencia recurrida en apelación, apreciando únicamente de forma individual la prueba, omitiendo determinada prueba evacuada y desechando en ese sentido su valor probatorio, por lo tanto, los fundamentos fácticos en los que se basó la sentencia recurrida recaen en la arbitrariedad y la superficialidad de la motivación. La indagación de la suficiencia de la motivación implica criterios materiales que impidan aceptar como válidas meras apariencias de motivación, que por su significado puramente formalista frustren la real efectividad del derecho a la motivación, como es el caso de la sentencia recurrida. Es así que cuando el juzgador en la sentencia recurrida se abstiene de realizar un proceso intelectivo claro y completo que asegure a mi representado que el juzgador llegó a determinado convencimiento basado en los elementos fácticos y jurídicos comprobables mediante el estudio del cuál ha sido el juicio lógico que, fundado en criterios jurídicos razonables, ha presidido la subsanación del hecho concreto en el precepto normativo, interpretando siempre en sentido más favorable a la especial fuerza vinculante que caracteriza a los derechos fundamentales de las partes. En ese sentido, no existen criterios claros de motivación en la sentencia recurrida, lo cual plantea por sí mismo un desconocimiento del derecho a la justicia y a la verdad.” Respuesta de la Sala: Respecto al segundo motivo de casación encuentra este Tribunal que el mismo no es de recibo ya que el Recurrente erróneamente señala como precepto autorizante el artículo 207 del Código Procesal Civil; es preciso aclarar que el “precepto autorizante”, no es más que las causales del recurso que deben tener sintonía o más bien afinidad con la norma infringida para determinar el quebranto de la ley en la parte dispositiva de la sentencia, con el objeto de determinar si la ley ha sido recta y debidamente aplicada o no, es decir dichas causales ya se encuentran previamente reconocidas por la ley, y se encuentran delimitadas en el artículo 719 del Código Procesal Civil que establece: “1. Se podrá impugnar la aplicación e interpretación de las normas procesales que regulan: a) La jurisdicción, competencia genérica, objetiva, funcional y la adecuación de procedimiento. b) Los actos y garantías procesales cuando su infracción suponga la nulidad o produjera indefensión. c) La forma y contenido de la sentencia. 2. Igualmente, se podrá impugnar la aplicación e interpretación de las normas de derecho empleadas para la solución de fondo del litigio”. Cada causal es propia para cada motivo, debiendo el casacionista determinar e individualizar claramente en cual sustenta su recurso en particular, y no utilizar otros artículos no autorizados por el Código Procesal Civil. Es decir, que el artículo 207 del Código Procesal Civil, pudo haber sido señalado por el Censor como norma considerada como infringida, pero no como causal recursiva en el recurso de mérito. Es por lo antes señalado y por disposición del artículo 723 numeral 2) inciso a) del Código Procesal Civil que procede declarar inadmisible el segundo motivo de casación. III. PARTE DISPOSITIVA Por lo antes expuesto la Sala de lo Civil, pronunciándose por unanimidad de votos e impartiendo justicia en nombre de la Corte Suprema de Justicia y del Estado de Honduras, en base a los fundamentos de derecho citados y haciendo aplicación de los Artículos 303, 304, 313 numeral 5) y 316 de la Constitución de la República; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 115, 118 numeral 1), 129, 169, 170, 190, 191, 193 numeral 2, literal b), 197, 199, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723, 724 y 914 del Código Procesal Civil; profiere el presente AUTO IRRECURRIBLE y DECLARA: 1) La inadmisión del recurso de casación interpuesto por el abogado VICTOR ANTONIO FERNANDEZ GUZMAN, en su condición indicada. 2) Firme la sentencia recurrida, dictada por la Corte de Apelaciones de lo Civil de San Pedro Sula, Cortés, de fecha nueve de diciembre del dos mil quince, en el expediente de apelación número 229-2015 C.V., originado en los autos que conforman la primera pieza que se registra bajo el número 32-12 del Juzgado de Letras Seccional de Puerto Cortés, Departamento de Cortés. 3) Condenar en costas a la parte recurrente. Y MANDA: Remitir las presentes actuaciones, junto con la certificación de esta resolución al Tribunal de su procedencia, previa notificación de este auto a las partes personadas, por medio de sus apoderados legalmente constituidos en juicio. Redactó la Magistrada RINA AUXILIADORA ALVARADO MORENO. NOTIFIQUESE. FIRMAS Y SELLO. WILFREDO MÉNDEZ ROMERO. MAGISTRADO COORDINADOR. RINA AUXILIADORA ALVARADO. MAGISTRADA. REYNALDO ANTONIO HERNÁNDEZ. MAGISTRADO. FIRMA Y SELLO. BETTY JANETH PALMA O´CONNOR. RECEPTORA ADSCRITA”.

Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los doce días del mes de junio de dos mil diecisiete; Certificación del Auto de fecha diecisiete de mayo de dos mil diecisiete, recaído en el Recurso de Casación registrado bajo el No. S.C.52-2016.

BETTY JANETH PALMA O’CONNOR

RECEPTORA ADSCRITA

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