Sentencia CC-46-16 — Registro 8187
Resumen
En primera instancia se declaró sin lugar la demanda ordinaria de indemnización por daños y perjuicios y confirmada en segunda instancia.
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
… “Los argumentos del recurrente abogado Marco Antonio Amador Campos, en el motivo expuesto no son de recibo por parte de la Sala, y ello se estila así, porque se incurre en mala técnica casacional al momento de plantearlo, falencias que tienen que ver con lo siguiente: a) Falta de precepto autorizante del motivo, ello porque el recurrente no alcanza a exponer en cuál de los dos numerales del artículo 719 del Código Procesal Civil fundamenta el motivo[6]; sobre lo anterior es menester recordar que indefectiblemente si se pretende interponer recurso de casación, el motivo o motivos que se planteen deberán estar sustentados en el precepto autorizante o motivo de casación, mismos que en nuestra normativa procesal civil están taxativamente señalados en el citado artículo; no hacerlo así concita el mal planteamiento del motivo, al no observarse lo previsto en el artículo 721 del mismo código relativo a la obligación del recurrente de hacer constar los motivos en que basa su casación; b) Aunado a lo anterior resulta notorio que el motivo carece de separación, claridad y precisión, al estimar el recurrente que el Tribunal de Alzada en el fallo que profirió no ha hecho aplicación de los artículos 59, 60 y 82 de la Constitución de la República; 2236 y 2237 del Código Civil; 234, 242 numerales 1), 2), 3), 245 y 251 literal a) del Código Procesal Civil; en ese sentido la Sala ilustra que el recurrente debió de haber planteado en motivos separados la falta de aplicación de cada uno de los citados artículos; por otra parte se observa que hace cita de una manera indiscriminada de varios preceptos legales que se conoce como “cita acumulada de una sucesión de normas que rigen determinada materia”, y que doctrinalmente se deja establecido, en cuanto que: “…el casacionista no debe incurrir en el defecto de alegar como infringidas un conjunto indiscriminado de las normas que rigen determinada materia... una adecuada técnica casacional exige que en cada uno de los motivos de casación se precise la infracción legal que se considera cometida, debiendo por tanto evitarse la concentración en un solo motivo de todos o la mayor parte de los artículos, mediante una interpretación conjunta de normas con diferentes alcances…”[7] . El impetrante erra al hacer cita en un mismo motivo de varias normas jurídicas, de carácter adjetivo, sustantivo y constitucional, mismas que difieren en rango y protección recursiva, razón por la cual era deber del mismo haberlas planteado en forma separada cada una de ellas en motivos distintos, y cumplir con los requisitos establecidos en el artículo 704 del Código Procesal Civil, el cual establece que: “Sin perjuicio de las concretas exigencias, que puedan regularse, los escritos de interposición, de un recurso devolutivo deberán contener la fundamentación de lo pedido, con determinación en todo caso del perjuicio o agravio sufrido e identificación del vicio o error que lo causa…..”; en el presente motivo la falta de individualización de las normas consideradas como infringidas, convierten en imprecisa la recurrencia pretendida; asunto sobre el cual la Sala de lo Civil ya se ha pronunciado en reiteradas ocasiones.[8]; y c) Este alto tribunal al seguir el iter del motivo, observa que la pretensión del casacionista es establecer que el juzgador de segunda instancia no valoró el haz probatorio de manera precisa y razonada, ello porque señala que “no se practicaron ni se ordeno se practicaran pruebas como ser Confesión Judicial bajo Juramento indecisorio que ahora en nuestro Código Procesal Civil se denomina interrogatorio de las partes”, con lo cual entendemos que propone una valoración distinta a la que se encuentra en la sentencia, lo cual de conformidad a la técnica casacional violenta la intangibilidad de los hechos acreditados. Relacionado con lo anteriormente expuesto, el artículo 720.1 del Código Procesal Civil, se refiere a la exclusión de la revisión probatoria, y manda que por medio de la casación no se inste la revisión de los hechos ni la interpretación y valoración de las pruebas contenidas en la sentencia. Seguidamente el artículo 720.2 del mismo código, establece como excepción a esta regla general, la vía procesal que ofrece el artículo 719.1 literal c) del Código Procesal Civil, mediante el cual el recurrente en casación puede solicitar el control de la motivación fáctica de la sentencia, a efecto de revisar su existencia, suficiencia, racionalidad y carácter lógico, siempre que éste fuera determinante de un sentido diferente del fallo. 5. En vista de lo anterior se considera defectuosa la estructuración del Recurso de Casación que nos ocupa contemplada en las causales previstas en el artículo 723.2.a) del Código Procesal Civil que ad literam establece: “TRÁMITE DE ADMISIÓN. 1.-…2. Sólo podrá inadmitirlo por las siguientes causales: a) Incumplimiento de las exigencias y requisitos establecidos por este Código para el escrito de interposición y formalización,…”. En consecuencia, es procedente declarar su inadmisión.”
Legislación citada
- Código Procesal Civil, art. 723, Numerl 2.a) (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACION
La Infrascrita Receptora Adscrita a la Sala de lo Civil de la Corte Suprema de Justicia, Certifica el Auto que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los siete días del mes de agosto del año dos mil diecisiete. La Sala de lo Civil, integrada por los ilustres Magistrados: WILFREDO MÉNDEZ ROMERO como Coordinador, RINA AUXILIADORA ALVARADO y REYNALDO ANTONIO HERNÁNDEZ, designado ponente el primero para el conocimiento y redacción de la resolución en el presente recurso de casación, en la fecha supra indicada dictan el siguiente AUTO: SON PARTES: El señor HECTOR GUILLERMO ANDINO LUQUE, representado en juicio por el abogado MARCO ANTONIO AMADOR CAMPOS como recurrente; siendo recurrida la señora OLGA MARINA ÁVILA MARTÍNEZ representada en juicio por el abogado ROBERTO REINA VALLECILLO. OBJETO DEL PROCESO: DEMANDA ORDINARIA DE INDEMNIZACION POR DAÑOS Y PERJUICIOS, promovida en fecha 29 de abril de 2009, ante el Juzgado de Letras de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán, por el abogado MARCO ANTONIO AMADOR CAMPOS, actuando en su condición de representante procesal del señor HECTOR GUILLERMO ANDINO LUQUE, mayor de edad, soltero, hondureño, perito mercantil y contador público, ciudadano estadounidense con domicilio en Nueva York, Estados Unidos de Norteamérica, contra la señora OLGA MARINA AVILA MARTINEZ, mayor de edad, soltera y con domicilio en el Departamento de Francisco Morazán. I. ANTECEDENTES DE HECHO PRIMERO: Con fecha 30 de septiembre de 2015, la Corte Primera de Apelaciones de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán, conociendo por vía de apelación de la sentencia definitiva de fecha 08 de septiembre de 2014, dictada por el Juzgado de Letras Civil del Departamento de Francisco Morazán, en el juicio de mérito, dictó sentencia confirmando la dictada por el a-quo; la sentencia de primera instancia en su parte dispositiva señalaba lo siguiente: “FALLA: Declarando SIN LUGAR la Demanda Ordinaria de Indemnización por Daños y Perjuicios, promovida por el Abogado MARCO ANTONIO AMADOR CAMPOS en su condición de representante procesal del señor HECTOR GUILLERMO ANDINO LUQUE, contra la señora OLGA MARINA AVILA MARTINEZ, ambos de generales conocidas en el preámbulo de la presente sentencia; En consecuencia ABSUELVE a la demandada Señora OLGA MARINA AVILA MARTINEZ de la pretensión deducida en su contra. Declarando SIN LUGAR la excepción perentoria de falta de acción o derecho para demandar interpuesta por el apoderado legal de la parte demandada. En consecuencia ABSUELVE a la parte demandante de la pretensión deducida en dicha excepción.- Y MANDA: Que si dentro del término de Ley no se interpone recurso alguno, quede firme el presente fallo.- SIN COSTAS En virtud dé que ambas partes tuvieron motivos racionales suficientes para litigar.- NOTIFIQUESE”. SEGUNDO: En fecha 21 de enero de 2016, el representante procesal del señor Héctor Guillermo Andino Luque, abogado Marco Antonio Amador Campos, presentó escrito de interposición y formalización del recurso de casación contra la sentencia de fecha 30 de septiembre de 2015, dictada por la Corte Primera de Apelaciones de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán, resolviendo el ad-quem, mediante proveído de fecha 25 de enero de 2016, tener por interpuesto y formalizado el recurso de casación por parte del recurrente y acordó conceder a la parte contraria el plazo de diez (10) días hábiles para que se pronunciara sobre el contenido del escrito, debiendo entregársele copia del mismo. TERCERO: En fecha 08 de febrero de 2016, el representante procesal de la señora Olga Marina Ávila Martínez, abogado Roberto Reina Vallecillo, presentó escrito de pronunciamiento sobre el contenido del recurso de casación interpuesto y formalizado por la contraparte, resolviendo la Corte Primera de Apelaciones de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán, tener por pronunciado al recurrido, ordenando remitir las presentes diligencias a la Honorable Corte Suprema de Justicia en el término que manda la ley, para proseguir con el trámite correspondiente. CUARTO: Recibidas las actuaciones en éste Alto Tribunal, los abogados Marco Antonio Amador Campos y Roberto Reina Vallecillo ambos en su condición ya indicadas, presentaron escritos de personamiento en fechas 05 y 15 de febrero de 2016, resolviendo este Tribunal, mediante proveído de fecha 16 de marzo de 2016, tenerlos por personados dentro del plazo concedido. QUINTO: El abogado Marco Antonio Amador, plantea recurso de casación contra la sentencia dictada por la Corte Primera de Apelaciones de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán de la manera siguiente: (Sic.) “MOTIVOS 1.-violación de los articulas 59, 60. 82. de la Constitución de la República de honduras, por falta de aplicación, violación de los artículos 2236, 2237. del Código Civil por falta de aplicación A-El artículo 245 del Código Procesal Civil nos habla de la valoración de la prueba, el Tribunal A. QUEN violo este artículo por la no aplicación y produjo indefensión al mismo tiempo violo los derechos y garantías procesales de mi cliente. B.- el artículo 234 del Código Procesal Civil nos dice que la prueba recaerá sobre los hechos que guarden relación con la tutela Judicial que se pretenda obtener en el juicio, los usos y costumbres serán objeto igualmente de prueba. 2.- el artículo 242 .1.2.3 del Código Procesal Civil no se aplico al fallo y violo derechos y garantías Procesales y Produjo indefensión. C.- El artículo 60 de la Constitución de la República dice Todos los hombres nacen libres e iguales en derecho, en Honduras no hay clases privilegiadas, todos los Hondureños son iguales ante la ley. Es suficientemente explicable que todos estos artículos anteriormente señalados no se aplicaron en la sentencia recurrida, y con la falta de aplicación se violaron derechos y garantías Procesales, y produjeron indefensión en el proceso, no se practicaron ni se ordeno se practicaran pruebas como ser Confesión Judicial bajo Juramento indecisorio que ahora en nuestro Código Procesal Civil se denomina interrogatorio de las partes, conforme al artículo 2.51 inciso á), del Código Procesal Civil, no se aplico y produjo indefensión a mi representado.”. SEXTO: El abogado Roberto Reina Vallecillo, plantea su pronunciamiento sobre la formalización del recurso de casación de la siguiente manera: (Sic.) PRONUNCIAMIENTO SOBRE LOS PRESUNTOS MOTIVOS DE CASACIÓN Aduce de manera impertinente el impetrante que la Sentencia Ad Quem, violenta garantías de carácter Constitucional, sin percatarse que la presunta violación que alega de forma empírica recae sobre garantías Constitucionales, no procede el Recurso de Casación, seguidamente al ordinal Segundo del libelo presume el recurrente haber sido violentado su derecho a un debido proceso, sin sustentar ni definir el origen jurídico de la presunta causa de la referida violación, alegando de forma por demás empírica y sin sustento jurídico que la falta de evacuación de una prueba produjo indefensión a su patrocinado, es más que evidente que el demandante, ahora recurrente, desconoce las disposiciones establecidas en el Capítulo III, artículos 719, 721 del Código Procesal Civil, cuyas disposiciones han sido tantas veces inobservadas por el Demandante ahora recurrente en el presente Recurso de Casación.” II. FUNDAMENTOS DE DERECHO 1.- Es atribución de la Corte Suprema de Justicia conocer del recurso de casación[1], el mismo es un medio de impugnación de carácter extraordinario, cuyo conocimiento en materia Civil se atribuye a la Sala de lo Civil[2]; tiene claramente definidos dos fines expresos[3], el primero de ellos es su función nomofiláctica, entendida ésta como “la exacta observancia de la ley”, es decir la protección de las normas del ordenamiento jurídico, mediante la procura y promoción de la más adecuada aplicación e interpretación del derecho objetivo. El segundo fin es la unificación de la jurisprudencia nacional, misma que se explica en el sentido de que habiendo situaciones iguales debe pronunciarse decisiones iguales, siempre y cuando no concurran razones objetivas y razonables que justifiquen un trato desigual, en otras palabras, la evolución de la jurisprudencia. Por otra parte nuestra normativa procesal civil conmina a este alto tribunal a que aplique e intérprete las normas referidas al recurso de casación atendiendo a la finalidad de unificación de la jurisprudencia, esto como instrumento de garantía de la igualdad de todos ante la ley[4], y de la seguridad y certidumbre jurídicas.2.- El recurso extraordinario de casación debe sujetarse en su formulación a determinados requisitos, para que pueda considerarse como tal y ser atendible por la Corte, ya que dicho recurso es esencialmente formalista; al respecto cabe hacer referencia a las observaciones del jurista nacional A. Bermúdez cuando establece que: “En virtud del recurso de casación, sujeto a preceptos rígidos en su estructura y encerrados en moldes rigurosos, no entra a una nueva instancia en el juicio… por eso la exposición debe ser lo breve posible y estrictamente clara, de manera que de ella aparezca, sin contradicciones ni obscuridades de expresión o de concepto, la tesis jurídica que se sostenga en contraposición a la considerada en la parte resolutiva de la sentencia.”[5] Por demás queda claro que nuestro legislador, mediante Decreto 211-2006, contentivo al Código Procesal Civil, disminuyó la rigidez de carácter procesal al establecer normas y actos que coadyuvan al acceso a los Tribunales, más en ningún momento dicho decreto afecta el rigor técnico y preciso que de fondo debe observar dicha recurrencia. 3.- De la exposición que el recurrente hace en el motivo de casación, la Sala de lo Civil rescata en forma concisa los alegatos planteados, los cuales básicamente tienen que ver con que se impugna la sentencia pronunciada por la Corte Primera de Apelaciones de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán, arguyendo para ello que el fallo proferido viola por falta de aplicación los artículos 59, 60 y 82 de la Constitución de la República, los artículos 2236 y 2237 del Código Civil; artículos 234, 242 .1.2.3, 245 y 251 inciso a) del Código Procesal Civil. En explicación de su tesis impugnatoria señala el recurrente que la falta de aplicación de los citados artículos en el fallo proferido ha provocado la vulneración de derechos y garantías procesales, causando indefensión en el proceso, esto porque no se practicaron ni se ordeno se practicaran pruebas como ser confesión judicial bajo juramento indecisorio que ahora en nuestro Código Procesal Civil se denomina interrogatorio de las partes, y que por lo tanto al no aplicarse produjo indefensión a su representado. 4.- Los argumentos del recurrente abogado Marco Antonio Amador Campos, en el motivo expuesto no son de recibo por parte de la Sala, y ello se estila así, porque se incurre en mala técnica casacional al momento de plantearlo, falencias que tienen que ver con lo siguiente: a) Falta de precepto autorizante del motivo, ello porque el recurrente no alcanza a exponer en cuál de los dos numerales del artículo 719 del Código Procesal Civil fundamenta el motivo[6]; sobre lo anterior es menester recordar que indefectiblemente si se pretende interponer recurso de casación, el motivo o motivos que se planteen deberán estar sustentados en el precepto autorizante o motivo de casación, mismos que en nuestra normativa procesal civil están taxativamente señalados en el citado artículo; no hacerlo así concita el mal planteamiento del motivo, al no observarse lo previsto en el artículo 721 del mismo código relativo a la obligación del recurrente de hacer constar los motivos en que basa su casación; b) Aunado a lo anterior resulta notorio que el motivo carece de separación, claridad y precisión, al estimar el recurrente que el Tribunal de Alzada en el fallo que profirió no ha hecho aplicación de los artículos 59, 60 y 82 de la Constitución de la República; 2236 y 2237 del Código Civil; 234, 242 numerales 1), 2), 3), 245 y 251 literal a) del Código Procesal Civil; en ese sentido la Sala ilustra que el recurrente debió de haber planteado en motivos separados la falta de aplicación de cada uno de los citados artículos; por otra parte se observa que hace cita de una manera indiscriminada de varios preceptos legales que se conoce como “cita acumulada de una sucesión de normas que rigen determinada materia”, y que doctrinalmente se deja establecido, en cuanto que: “…el casacionista no debe incurrir en el defecto de alegar como infringidas un conjunto indiscriminado de las normas que rigen determinada materia... una adecuada técnica casacional exige que en cada uno de los motivos de casación se precise la infracción legal que se considera cometida, debiendo por tanto evitarse la concentración en un solo motivo de todos o la mayor parte de los artículos, mediante una interpretación conjunta de normas con diferentes alcances…”[7] . El impetrante erra al hacer cita en un mismo motivo de varias normas jurídicas, de carácter adjetivo, sustantivo y constitucional, mismas que difieren en rango y protección recursiva, razón por la cual era deber del mismo haberlas planteado en forma separada cada una de ellas en motivos distintos, y cumplir con los requisitos establecidos en el artículo 704 del Código Procesal Civil, el cual establece que: “Sin perjuicio de las concretas exigencias, que puedan regularse, los escritos de interposición, de un recurso devolutivo deberán contener la fundamentación de lo pedido, con determinación en todo caso del perjuicio o agravio sufrido e identificación del vicio o error que lo causa…..”; en el presente motivo la falta de individualización de las normas consideradas como infringidas, convierten en imprecisa la recurrencia pretendida; asunto sobre el cual la Sala de lo Civil ya se ha pronunciado en reiteradas ocasiones.[8]; y c) Este alto tribunal al seguir el iter del motivo, observa que la pretensión del casacionista es establecer que el juzgador de segunda instancia no valoró el haz probatorio de manera precisa y razonada, ello porque señala que “no se practicaron ni se ordeno se practicaran pruebas como ser Confesión Judicial bajo Juramento indecisorio que ahora en nuestro Código Procesal Civil se denomina interrogatorio de las partes”, con lo cual entendemos que propone una valoración distinta a la que se encuentra en la sentencia, lo cual de conformidad a la técnica casacional violenta la intangibilidad de los hechos acreditados. Relacionado con lo anteriormente expuesto, el artículo 720.1 del Código Procesal Civil, se refiere a la exclusión de la revisión probatoria, y manda que por medio de la casación no se inste la revisión de los hechos ni la interpretación y valoración de las pruebas contenidas en la sentencia. Seguidamente el artículo 720.2 del mismo código, establece como excepción a esta regla general, la vía procesal que ofrece el artículo 719.1 literal c) del Código Procesal Civil, mediante el cual el recurrente en casación puede solicitar el control de la motivación fáctica de la sentencia, a efecto de revisar su existencia, suficiencia, racionalidad y carácter lógico, siempre que éste fuera determinante de un sentido diferente del fallo. 5. En vista de lo anterior se considera defectuosa la estructuración del Recurso de Casación que nos ocupa contemplada en las causales previstas en el artículo 723.2.a) del Código Procesal Civil que ad literam establece: “TRÁMITE DE ADMISIÓN. 1.-…2. Sólo podrá inadmitirlo por las siguientes causales: a) Incumplimiento de las exigencias y requisitos establecidos por este Código para el escrito de interposición y formalización,…”. En consecuencia, es procedente declarar su inadmisión. III. PARTE DISPOSITIVA Por lo antes expuesto la Sala de lo Civil de la Corte Suprema de Justicia, pronunciándose por unanimidad de votos e impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, en base a los fundamentos de derecho citados y haciendo aplicación de los artículos 61, 80, 82, 90 párrafo primero, 303, 304, 313 numeral 5) y 316 de la Constitución de la República; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 700, 718, 719.2, 723.2 literal a), 724 del Código Procesal Civil; profiere el presente auto irrecurrible y declara: I.- LA INADMISIÓN en su único motivo del recurso de casación, formalizado por el abogado Marco Antonio Amador Campos, en su condición de representante procesal del señor Héctor Guillermo Andino Luque, contra la sentencia dictada en fecha 30 de septiembre del año 2015, por la Corte Primera de Apelaciones de lo Civil del departamento de Francisco Morazán, en relación con la Demanda Ordinaria de Indemnización por Daños y Perjuicios. II.- FIRME la sentencia recurrida, dictada por la Corte Primera de Apelaciones de lo Civil del departamento de Francisco Morazán, en fecha 30 de septiembre del año 2015, en el expediente número 02260-9, originada en los autos que conforman la primera pieza que se registra bajo el número 0801-2009-02260-CO del Juzgado de Letras Civil del departamento de Francisco Morazán. III.- CON COSTAS. Y MANDA: Remitir las presentes actuaciones, junto con la certificación de esta resolución al tribunal de su procedencia, previa notificación de este auto a las partes, por medio de sus apoderados legalmente constituidos en juicio.- Redactó el Magistrado Wilfredo Méndez Romero.-NOTIFIQUESE.- FIRMAS Y SELLO. WILFREDO MÉNDEZ ROMERO. MAGISTRADO COORDINADOR. RINA AUXILIADORA ALVARADO. MAGISTRADA. REYNALDO ANTONIO HERNÁNDEZ. MAGISTRADO. FIRMA Y SELLO. BETTY JANETH PALMA O´CONNOR. RECEPTORA ADSCRITA”.
Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los dieciocho días del mes de agosto de dos mil diecisiete; Certificación del Auto de fecha siete de agosto de dos mil diecisiete, recaído en el Recurso de Casación registrado bajo el No. S.C.46-2016.
BETTY JANETH PALMA O’CONNOR
RECEPTORA ADSCRITA
[1]1 Artículo 313.5 de la Constitución de la República
[2] Artículo 718 del Código Procesal Civil.
[3] Artículo 716 del Código Procesal Civil,
[4] Artículo 61 de la Constitución de la República.
[5] Bermúdez M., Antonio. El Recurso de Casación en Materia Civil. Pág. 64. Primera Edición
[6] Ver al respecto entre otras las resoluciones de la Sala números CC-51-2012, CC-87-2013, CC-146-2012 y CC-212-2013.
[7]7 Salas Carceller, Antonio. Práctica Procesal de los Recursos de Casación, Edit. Thompson Reuters ARAZANDI. Pag. 64 y ss.
[8] Resoluciones 192-2012 de fecha 13-2013 de fecha 3 de junio del año 2014; 215-2014 de fecha 25 de agosto 2015.