Sentencia CC-367-15 — Registro 8197
Resumen
En segunda instancia se revocó la sentencia definitiva, declarando con lugar la demanda para que se declare el incumplimiento de una obligación mercantil y condena al pago de cantidades adeudadas en concepto de comisión, importes de gastos y desembolsos con el interés comercial.
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
...“Respuesta de la Sala de lo Civil. Este Tribunal de Justicia, estima que cuando se solicita en casación el control de la motivación fáctica de la sentencia, ha de ser como lo establece la norma, esto es, para revisar su existencia, suficiencia, racionalidad y carácter lógico, de ahí que resulte indispensable una debida separación y claridad al momento de exponer el motivo no solo para señalar la norma infringida sino para especificar si lo que se cuestiona es la existencia de motivación, o si existiendo esta es insuficiente, si hay racionalidad en la misma o si esta es lógica, en ese orden de ideas el motivo ha sido planteado no observando la debida separación y claridad que permita entender el sentido de la infracción, así tenemos que la censora viene alegando falta de aplicación de un artículo que tiene dos numerales que regulan aspectos distintos el primero se refiere a que las sentencias se motivarán expresando los razonamientos fácticos y acá nos detenemos para reflexionar que si se invoca falta de aplicación de este precepto es porque falta la expresión de ese razonamiento fáctico, que conduce a la apreciación y valoración de las pruebas, así como a la aplicación e interpretación del derecho, es decir, nos centramos en el razonamiento fáctico porque el motivo consiste en solicitar el control de la motivación fáctica nada más y en este punto no hay claridad para el primer alegato del inciso a) puesto que la censora expone que hay razonamiento fáctico pero que este no es lógico, lo que no es congruente con el precepto citado como infringido que no se refiere a la lógica. En lo que respecta al inciso b) del alegato, si bien la censora arguye que el razonamiento no responde a la lógica, en este punto no especifica que numeral impugna con este argumento y aún tratándose del numeral 2 y en virtud de tratarse de una invocación por falta de aplicación falta conocer por parte de la casacionista acerca de cuales reglas de la lógica han sido infringidas para entender el sentido de la infracción; y finalmente en relación al argumento del inciso c), también es falto de claridad pues la censora ha confundido el contenido formal de las sentencia con los requisitos internos de la misma, pues en el contenido formal basta el simple pronunciamiento, a diferencia de la motivación como tal, en donde se explica el porque del pronunciamiento, de ahí que la sentencia como un todo en una parte contiene la motivación fáctica y en otra la parte dispositiva, en todo caso es igualmente notoria la omisión de la censora acerca de las reglas de la lógica que no han sido observadas, por lo tanto, la recurrente en este motivo de casación incurre en inobservancia de los requisitos y exigencias establecidos por el Código Procesal Civil para la interposición y formalización del recurso de casación, faltando totalmente a la claridad que posibilite el entendimiento del recurso dando lugar a la concurrencia de la causal de inadmisibilidad prevista en el artículo 723. 2 a) del Código Procesal Civil.”
Legislación citada
- Código Procesal Civil, art. 723, Numeral 2 a) (Jerarquía Ordinaria)
Jerarquía: Reiterativa
… “Respuesta de la Sala de lo Civil. Este Tribunal de Justicia, estima que este motivo es falto de claridad para posibilitar su admisibilidad en tanto que la censora apunta que el artículo 208 regula la forma y contenido de la sentencia, en tanto que ambas tienen preceptos regulatorios distintos, por otra parte, señala dos numerales de ese artículo que contienen supuestos distintos que no han sido abordados totalmente por la censora y cuya exposición para efectos de claridad ameritaba la debida separación, mas aún no hay explicación acerca de la relación entre ambos numerales, además de que la casacionista cuestiona la valoración probatoria al afirmar que la indemnización nunca fue debidamente probada, lo que no es posible mediante el recurso de casación conforme lo dispone el artículo 720 numeral 1 del Código Procesal civil, sin perjuicio del numeral segundo de ese mismo artículo que no ha sido invocado por la censora, por tal razón es procedente la causal de inadmisibilidad prevista en el artículo 723. 2 a) del Código Procesal Civil.”
Legislación citada
- Código Procesal Civil, art. 723, Numeral 2 a) (Jerarquía Ordinaria)
Jerarquía: Reiterativa
… “Respuesta de la Sala de lo Civil. Este Tribunal de casación encuentra que el argumento de la censora no guarda relación con las normas invocadas como infringidas que contienen supuestos distintos y que no han sido debidamente abordados por la recurrente, en virtud que mediante el recurso de casación no se pueden cuestionar los hechos y valoración probatoria. Además de que la recurrente no ha planteado el motivo con la debida separación y claridad, en virtud de considerar infringido dos normas que tienen diferente alcance jurídico, por lo tanto es inadmisible este motivo de casación conforme el artículo 723. 2 a) del Código Procesal Civil.”
Legislación citada
- Código Procesal Civil, art. 723, Numeral 2 a) (Jerarquía Ordinaria)
Jerarquía: Reiterativa
… “Respuesta de la Sala de lo Civil. Este Tribunal de casación encuentra que este motivo de casación es inadmisible por las razones siguientes: a) La recurrente no desarrolla en que consiste la falta de aplicación de los artículos que supone infringidos y antes bien se da a la tarea de citar aquellos que fueron aplicados por el Juzgador y que no han sido señalados como infringidos en este motivo. b) Las normas citadas como infringidas son normas de carácter general que como lo ha dicho esta Sala en forma reiterada, no son susceptibles de ser examinadas en casación porque con ello se da lugar a la indeterminación y falta de claridad del motivo con la consecuente indefensión para la parte contraria, sin embargo, es preciso aclarar que si es posible la cita de normas generales en relacionan con preceptos homogéneos con la norma general pero más específicos, lo que no ha verificado la impetrante. c) La recurrente pretende introducir la revisión probatoria mediante el recurso de casación, lo que no está permitido conforme lo dispone el artículo 720.1 del Código Procesal Civil. Además de que la recurrente no ha planteado el motivo con la debida separación y claridad, en virtud de considerar infringido dos normas que tienen diferente alcance jurídico. En consecuencia, es inadmisible este motivo de casación conforme el artículo 723. 2 a) del Código Procesal Civil.”
Legislación citada
- Código Procesal Civil, art. 720, Numeral 1 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACION
La Infrascrita Receptora Adscrita a la Sala de lo Civil de la Corte Suprema de Justicia, Certifica el Auto que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los catorce días del mes de septiembre del año dos mil diecisiete, la Sala de lo Civil, integrada por los Magistrados: WILFREDO MÉNDEZ ROMERO, como Coordinador, RINA AUXILIADORA ALVARADO y REYNALDO ANTONIO HERNÁNDEZ, designado ponente para el conocimiento y redacción de la resolución del presente recurso de casación, en la fecha supra indicada dictan el siguiente AUTO: SON PARTES: La señora RINA DEL SOCORRO ZELAYA ESTRADA, también conocida como RINA ZELAYA ESTRADA, representada en juicio por la abogada RUBI IDALIA CHINCHILLA ERAZO como recurrente; siendo recurrida la señora JACQUELINE ASSAF ABU ALLIS, representada en juicio por el abogado LUIS ALFONSO DERAS ESCOBAR. OBJETO DEL PROCESO: “DEMANDA POR LA VIA DEL PROCESO DECLARATIVO ORDINARIO PARA QUE SE DECLARE EL INCUMPLIMIENTO DE UNA OBLIGACION MERCANTIL”, promovida en fecha diez de septiembre de dos mil catorce, ante el Juzgado de Letras Civil de la Sección Judicial de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, por el abogado LUIS ALFONSO DERAS ESCOBAR, en su condición de representante procesal de la señora JACQUELINE ASSAF ABU ALLIS, mayor de edad, casada, hondureña, Ejecutiva de Negocios y con domicilio en el departamento de Cortés, quien actúa en su condición personal y como Gerente Propietaria de la empresa mercantil denominada “REPRESENTACIONES Y ASESORIAS LEGALES”, contra la señora RINA DEL SOCORRO ZELAYA ESTRADA conocida también como RINA ZELAYA ESTRADA, quien es mayor de edad, soltera, Licenciada en Pedagogía, hondureña y con residencia en los Estados Unidos de América. I. ANTECEDENTES DE HECHO PRIMERO: Con fecha veintiocho de septiembre del dos mil quince, la Corte de Apelaciones Civil de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, conociendo por vía de apelación de la sentencia definitiva de fecha veinte de mayo del dos mil quince, dictada por el Juzgado de Letras Civil de la Sección Judicial de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, en el juicio de merito, dictó sentencia mediante la cual falló: “RESUELVE: PRIMERO: DECLARAR CON LUGAR el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia dictada por el Juzgado de Letras Civil de la Sección Judicial de San Pedro Sula de fecha veinte de mayo de dos mil quince; SEGUNDO: REVOCAR la sentencia definitiva de fecha veinte de mayo de dos mil quince venida en apelación y dictar directamente la misma en base a las consideraciones y fundamentación expuesta en la motivación fáctica y jurídica de este Fallo, debiendo leerse la parte resolutiva así: 1) Declarando Sin Lugar las excepciones materiales de Falta de Derecho o acción para demandar y de Prescripción interpuestas por el Apoderado legal de la parte demandada; 2) Declarando Con Lugar la Demanda para que se declare el incumplimiento de una obligación mercantil y condena al pago de cantidades adeudadas en concepto de comisión, importes de gastos y desembolsos con el interés comercial, promovida por el Abogado LUIS ALFONSO DERAS ESCOBAR en su condición de apoderado legal de la señora JACQUELINE ASSAF ABU ALLIS, quien actúa en su condición personal y como Gerente Propietaria del establecimiento mercantil denominado REPRESENTACIONES Y ASESORIAS LEGALES, en contra de la señora RINA DEL SOCORRO ZELAYA ESTRADA, conocida también como RINA ZELAYA ESTRADA; 3) CONDENAR a la señora RINA DEL SOCORRO ZELAYA ESTRADA, conocida también como RINA ZELAYA ESTRADA, a pagarle a la parte demandante el monto de CIENTO TREINTA Y CINCO MIL QUINIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, en concepto de comisión, mas el interés legal y las costas del presente juicio. TERCERO: SIN COSTAS en Segunda Instancia. Y MANDA: Que se notifique esta sentencia a las partes y oportunamente con la certificación de estilo se devuelvan los autos de la primera pieza al juzgado de su procedencia, para los efectos legales consiguientes. NOTIFIQUESE.-”. SEGUNDO: La abogada RUBI IDALIA CHINCHILLA ERAZO en su condición de representante procesal de la señora RINA DEL SOCORRO ZELAYA ESTRADA, también conocida como RINA ZELAYA ESTRADA, en fecha dos de noviembre de dos mil quince, presentó escrito de interposición y formalización del recurso de casación contra la sentencia de fecha veintiocho de septiembre de dos mil quince, dictada por la Corte de Apelaciones Civil de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, resolviendo el Ad-quem, mediante proveído de fecha seis de noviembre del dos mil quince, tener por interpuesto y formalizado en tiempo el recurso de casación por parte de la Recurrente y acordó conceder a la parte contraria el plazo de diez (10) días hábiles para que se pronunciara sobre el contenido del escrito, debiendo entregársele copia del mismo. TERCERO: El representante procesal de la señora JACQUELINE ASSAF ABU ALLIS, abogado LUIS ALFONSO DERAS ESCOBAR, presentó en fecha veinticinco de noviembre del dos mil quince, escrito de pronunciamiento sobre el contenido del recurso de casación interpuesto y formalizado por la contraparte, resolviendo la Corte de Apelaciones Civil de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, remitir las presentes diligencias a la Honorable Corte Suprema de Justicia en el término que manda la ley, para proseguir con el trámite correspondiente. CUARTO: Recibidas las actuaciones en éste Tribunal, los abogados LUIS ALFONSO DERAS ESCOBAR, RUBI IDALIA CHINCHILLA ERAZO y DAVID MOLINA PINEDA en su condición ya indicadas, presentaron escritos de personamiento en fechas cuatro y siete de diciembre del dos mil quince, resolviendo este Tribunal, mediante proveído de fecha dieciséis de febrero de dos mil dieciséis, tenerlos por personados dentro del plazo concedido. QUINTO: Que la parte recurrente plantea su recurso de casación contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones Civil de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, de la siguiente manera: “MOTIVOS DE CASACION. PRIMER MOTIVO. INFRACCION DE NORMA PROCESAL. Se impugna la falta de aplicación del artículo 207 numerales 1 y 2 del Código Procesal Civil, que regula los requisitos internos de la sentencia, o sea su forma y contenido, en cuanto a la motivación fáctica. Con este motivo se demuestra que la motivación fáctica de la sentencia impugnada es claramente insuficiente, carece de racionalidad y de lógica lo cual llevó al tribunal de alzada a emitir un fallo con un sentido diferente. PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo de casación se encuentra comprendido en los artículos 719.1 inciso c) y 720 numeral 2) del Código Procesal Civil. CONCEPTO DE LA INFRACCION. El ARTÍCULO 207. MOTIVACION, prescribe: “1. Las sentencias se motivarán expresando los razonamientos fácticos y jurídicos que conducen a la apreciación y valoración de las pruebas, así como a la aplicación e interpretación del Derecho. 2. La motivación deberá incidir en los distintos elementos fácticos y jurídicos del pleito, considerados individualmente y en conjunto, ajustándose siempre a las reglas de la lógica y de la razón “. En el presente caso se ha producido una falta de aplicación del artículo 207 numerales 1 y 2 del Código Procesal Civil, que regula los requisitos internos, su forma y contenido, en cuanto a la motivación fáctica de la sentencia, porque como lo expongo a continuación, los razonamientos de la misma en cuanto a la estimación de la indemnización, su fundamento factico es ilógico y arbitrario y que da un sentido diferente del fallo que debió dictarse. Esta motivación defectuosa se evidencia de la manera siguiente: 1. INEXISTENCIA DE CONTRATO DE COMISION MERCANTIL. En el numeral Tercero de la sentencia el Tribunal de Alzada expresa: “Si bien es cierto ella (demandante) no estuvo presente en el cierre de la negociación, también lo es, que la venta se llevo a cabo por todas las actividades realizadas por la señora Asaff Abu Allis y que fueran encargadas por la comitente señor Zelaya Estrada. Si no fuera así, no hubiera mandado con ella a los compradores el sobre sellado, con la oferta de la venta, no hubiere permitido que les enseñaran el inmueble que vendió y mucho menos hubiere aceptado que le presentara a las personas que estaban interesadas en comprar e hiciera el acercamiento que se dio para materializar la venta. Consta también del mismo interrogatorio de parte que la demandada tenia conocimiento que la comisión por venta de un terreno en la plaza del cinco por ciento.” El Ad-quem dice que en este caso operaron los usos y costumbres, sin precisar cuáles, no hubo prueba en ese sentido y tampoco hubo conformidad de parte de mi representada sobre tal o cual uso o costumbre, precisamente porque la Señora ZELAYA ESTRADA, nunca estableció a la demandante, como parte de la venta, nunca existió obligación alguna, de tal suerte que el razonamiento de la Corte recurrida, es totalmente ilógico, como ilegal y ante un razonamiento de tal índole, la conclusión es, también ilógica, es decir, da un sentido diferente del fallo que debería haber sido, que era de declarar sin lugar la demanda. El juzgador en su razonamiento ilógico e ilegal establece la existencia de un vínculo jurídico obligatorio entre mi representada y la demandante, en base a usos y costumbres mercantiles —no definidas ni especificadas ni probadas en la sentencia- dando a estos supuestos usos y costumbre un valor jurídico vinculante entre partes, como si fuese un contrato; o lo que es peor, las utiliza como norma generadora de responsabilidad. Razonamiento ilógico que induce al juzgador a establecer un nexo causal que genera la responsabilidad de mi representada, dando lugar con este razonamiento incorrecto a que se emitiera un fallo totalmente distinto al que tuvo que haberse emitido, razón por la cual el razonamiento del Juzgador en lo que se refiere a este numeral, es ilegal e ilógico, y nunca fue acreditado en autos, por lo que la responsabilidad para el pago de alguna comisión por parte de mi representada no existe. 2. ARBITRARIEDAD EN LA DETERMINACION DE UNA CONDUCTA DE RESPONSABILIDAD CIVIL. El Juzgador para establecer el pago de comisión SE FUNDAMENTA “...Consta también del mismo interrogatorio de parte que la demandada tenia conocimiento que la comisión por venta de un terreno en la plaza del cinco por ciento.” De la relación del numeral anterior, el razonamiento del tribunal de alzada, es que la demandada incurre en responsabilidad civil, por la cuestión de un uso mercantil, pero no señala como, ni define el juzgador como una persona que no es comerciante debe saber un uso mercantil, que nunca definió, o fueron constatadas, o forman parte de la verdad formal del expediente, siendo más bien un aporte del conocimiento privado de los juzgadores en contravención del artículo 11 numeral 3 del CPC. Queda así claramente establecido, que el Juzgador llega a la conclusión que la demandada incurrió en responsabilidad, sin que exista conducta culposa y negligente; es decir, no responde a la lógica que el sentenciador tuvo que seguir para llegar al fallo, pues parte de hechos inexistente en el juicio. El tribunal utiliza unas premisas equivocadas que lo indujeron a establecer una conclusión errada para determinar el fondo del juicio. 3. IRRACIONALIDAD DEL JUZGADOR FRENTE A LA AUSENCIA DE UNA RELACION JIIRIDICA CON LOS MONTOS DE LA CONDENA: La sentencia que se impetra lo constituye la dictada en segunda instancia por el Tribunal Ad Quem, que en su parte dispositiva expresa: “3) CONDENAR a la señora RINA DEL SOCORRO ZELYA ESTRADA, conocida también como RINA ZELAYA ESTRADA, a pagarle a la parte demandante el monto de CIENTO TREINTA Y CINCO MIL QUINIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, en concepto de comisión, mas el interés legal y las costas del presente juicio. “ (La cursiva es mía). La irracionalidad de la Corte de Apelaciones se fundamenta en que la misma arbitrariamente en la parte resolutiva la Corte recurrida no dijo nada de lo que expuso en la fundamentación jurídica, olvidando que lo que se ejecuta es esa parte resolutiva y no las motivaciones, creando una situación perjudicial para mi representada, en vista de que si tal situación no se especifica en la sentencia, no podría posteriormente cuando sea firme, por lo que el Ad Quem hace relación expresa a una condena sin sustento, en violación a los límites más elementales del raciocinio, quedando claramente evidenciado que las conclusiones que extrajo el tribunal ad-quem de las pruebas, fue efectuada en una forma ilegal, absurda, arbitraria, irracional e ilógica, llevando al Juzgador a conclusiones contrarias a la racionalidad, absurdas y que no corresponden a los más elementales criterios de la lógica, incurriendo en la infracción señalada y que se ve reflejada en la sentencia que hoy se recurre. Honorable Tribunal habiendo establecido con claridad y precisión la infracción cometida por el Ad- Quem al dictarse la sentencia corresponda en derecho admitir y estimar el presente motivo. SEGUNDO MOTIVO: Se impugna la falta de aplicación del artículo 208 del Código Procesal Civil que regula la forma y contenido de la sentencia y que provocó incongruencia entre la sentencia y la pretensión económica deducida por la parte demandante. PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo de casación se encuentra comprendido en el artículo 719.1 inciso c). EXPLICACION DEL MOTIVO: El artículo 208 del Código Procesal Civil prescribe: “1. Las sentencias deben ser congruentes con las demandas y con las demás pretensiones de las partes, deducidas oportunamente en el pleito, 2. En las sentencias se efectuarán las declaraciones que aquellas exijan,, condenando o absolviendo al demandado y decidiendo todos los puntos litigiosos que hayan sido objeto del debate.” La demandante plantea su petición en los siguientes términos; “…dictar sentencia mediante la cual se declare CON LUGAR la presente demanda, se declare y se reconozca el incumplimiento de la demanda, de una obligación mercantil, y se condene al pago de las cantidades adeudadas en concepto de comisión..” (La cursiva es mía). La sentencia de segunda instancia, en su parte resolutiva se dictó en los términos siguientes: “3) CONDENAR a la señora RINA DEL SOCORRO ZELYA ESTRADA, conocida también como RINA ZELAYA ESTRADA, a pagarle a la parte demandante el monto de CIENTO TREINTA Y CINCO MIL QUINIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, en concepto de comisión, mas el interés legal y las costas del presente juicio.” Al comparar la petición de la demanda con la sentencia de segunda instancia, se evidencia una incongruencia entre lo pedido y lo resuelto, puesto que la cantidad decretada en la sentencia del Ad-Quem es INEXISTENTE, por lo que la cuantía decretada como indemnización se vuelve absoluta, en contra de mi representada, ya que la misma no ha sido debidamente enmarcada en la petición y nunca fue debidamente probada, por lo que al condenar al pago de CIENTO TREINTA Y CINCO MIL QUINIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, la sentencia resulta incongruente por ser extra petita, contraviniendo lo prescrito en el artículo 208 del Código Procesal Civil por su inaplicación, y procede, por tanto, que se case la sentencia. MOTIVO DE CASACION POR INFRACCION DE NORMAS QUE RESUELVEN EL FONDO DEL LITIGIO. PRIMER MOTIVO: Se impugna la aplicación indebida de los artículos 822 y 823 del Código Comercio empleados para la solución de fondo del litigio, mismos que se describen a continuación: Articulo °822 Todo comisionista tiene derecho a ser remunerado por su trabajo. En caso de no existir estipulación previa, el monto de la remuneración se regulará por el uso de la plaza donde se realice la comisión. Articulo º823 El comitente está obligado a satisfacer al contado al comisionista mediante cuenta justificada, el importe de todos sus gastos y desembolsos, con el interés comercial desde el día en que los hubiere hecho. PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo de casación se encuentra comprendido en el artículo 719.2 del Código Procesal Civil. EXPLICACIÓN DEL MOTIVO: La demandante, nunca fue contratada de forma verbal o por escrito por mi representada, para que llevase a cabo servicio de intermediación por comisión para la venta de un inmueble. Honorable Tribunal, es el caso que mi representada nunca suscribió un contrato de publico o privado con la ahora demandante para la venta de un inmueble, y en el cual se acordara renumerársele a la demandante una comisión por la realización de tal tarea, por lo que al no existir un documento cierto, tampoco existe un vinculo o relación jurídica que obligue a mi representada a pagar a la demandante cantidades de dinero que en concepto de comisión reclama. Ante tal situación, el contenido de los artículos 822 y 823 del Código de Comercio, normas aplicadas por el Tribunal de Alzada para declarar con lugar la pretensión de la demandante, no son aplicables para resolver el fondo del presente asunto, ya que si no existe contrato de comisión suscrito entre las partes, no puede existir obligación alguna de renumerar a la parte demandante, ya que no existe una relación contractual que obligue a mi representada, ya que la demandante jamás fue contratada para que en nombre de mi representada, se dedicara a desempeñar, mandatos de realización de algún acto de comercio. Honorable Tribunal, claramente se expresa que es mediante el Contrato de Comisión, que el comisionista se dedica profesionalmente a desempeñar en nombre propio, pero por cuenta ajena, mandatos para la realización de actos de comercio, de donde se desprende que cuando se da la existencia de ese contrato es donde puede surgir derechos y obligaciones entre las partes; sin embargo, nunca se dio un contrato entre la demándate y demandada, por lo que al no haber concurrido las partes a la celebración del contrato de comisión no existe obligación de mi representada a pago alguno, por lo que no puede el Ad-quem admitir la pretensión de la demandante y condenar a mi representada al pago de cantidad en concepto de comisión, ya que no existe contrato de comisión alguno que faculte a la demandante a recibir cantidades de dinero derivada de dichos conceptos y para exigir que a la parte demandante se le tuviera como una comisionista. Honorable Tribunal, estos punto se le hicieron ver al Ad-Quem y a la propia demandante, En el caso sub judice, la misma demandante lo reconoce que no hay contrato de comisión, por lo que no ha existido alguna obligación de mi representada para con la misma. Mi representada ha invocado la aplicación de los artículos 1346 y 1575 ultimo párrafo del Código Civil; sin embargo, la Corte recurrida ha omitido la aplicación de dichos artículo con lo cual ha perjudicado a mi representada, pues les desconoce su derecho y en su lugar ha aplicado indebidamente los artículos 822 y 823 del Código de Comercio, con el que se le quiere hacer pagar una obligación inexistente y por demás absurda. El evidente error material “in iudicando” del juzgador se da al subsumir la situación fáctica del presente caso en el artículos 822 y 823 del Código de Comercio y no en los artículo 1346 y 1575 ultimo párrafo del Código Civil, normas aplicables al caso concreto. SEGUNDO MOTIVO: Se impugna la FALTA DE APLICACIÓN DE LOS artículos 1346 y 1575 ultimo párrafo del Código Civil del que NO fueron empleados para la solución de fondo del litigio. Artículo 1346. Las obligaciones nacen de la ley, de los contratos y casi contratos y de los actos y omisiones ilícitos en que intervengan cualquier género de culpa o negligencia. quo, condeno en base de esos artículos, afecta el patrimonio de mi representada, al condenar sin existencia de contrato por escrito, lo que la hace incurrir en la infracción de las normas señaladas en este motivo. SE SOLICITA SE DECRETE DE OFICIO NULIDAD DE ACTUACIONES MOTIVO DE NULIDAD: Las nulidades absolutas deben ser observadas por cualquier juzgador en cualquier instancia o recurso en forma oficiosa aun cuando no hayan sido alegadas por ninguna de las partes y máxime si la violación se produce en el momento de la sentencia (ver articulo 214.2 CPC). De conformidad con el artículo 212.4 del CPC “los actos procesales serán nulos cuando se prescindan de normas esenciales de procedimiento siempre que por esa causa se haya producido indefensión”. De conformidad con el artículo 245 del CPC “la valoración de los distintos medios de prueba deberá deducirse de manera clara y terminante de los fundamentos facticos y jurídicos de la sentencia, bajo sanción de nulidad de la resolución “. De conformidad con la Doctrina siguiendo al autor Montero Aroca, en su libro la Prueba en el Proceso Civil, la valoración de la prueba comprende 2 actividades mentales del juzgador que son: 1) la interpretación que consiste en fijar lo que el testigo dijo, lo que del documento se deduce y lo que el perito concluye; y, 2) la valoración consiste en determinar el valor concreto que debe atribuirse al medio de prueba apreciado en la aprobación de la certeza. De la simple lectura de esta sentencia se infiere la falta de apreciación y valoración de la prueba de mi reprensada, al grado que les Artículo 1575. Deberán constar en documento público: 1,…………..También deberán hacerse constar por escrito, aunque sea privado, los demás contratos en que la cuantía de las prestaciones de uno (1) o de los dos (2) contratantes excedan de doscientos (L.200.00) Lempiras. PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo de casación se encuentra comprendido en el artículo 719.2 del Código Procesal Civil. EXPLICACIÓN DEL MOTIVO: En base a los antecedentes ya precitados en el motivo anterior, no existe hechos que establezcan pleno conocimiento de que existía un contrato de comisión entre mi representada y la ahora demandante, generador de derecho y obligaciones, no existe contrato alguno que pueda determinar esa generación de derechos u obligaciones, la demandante creyó algo diferente, como ser que por una simple platica se creyó una expectativa de su parte. Pero el Tribunal Sentenciador acogió la tesis de la demandante y en aplicación de los artículos 822 y 823 del Código de Comercio declaró con lugar la demanda condenando a mi representada a pagar una cantidad de dinero en concepto de comisión, pero como se ha expresado antes, y así se pone de manifiesto nunca se ha demostrado la existencia de contrato de comisión alguno. Sin embargo, el Ad Quem ha considerado que lo hubo, con el agravante que al aplicar los artículo 822 y 823 del Código de Comercio le obliga a mi representada a responder de inexistente pago por comisión, y esto porque así se dispuso en la sentencia, cuando en vez de confirmar la dictada por el A-produce indefensión al no poder deducir de manera clara y terminante de los fundamentos fácticos y jurídicos de la misma cual fue la valoración de los distintos medios de prueba, situación que acarrea nulidad de la sentencia. Esto se ve observado desde el momento mismo que el Ad-quem, decide dictar una sentencia sin las existencias de pruebas útiles, determinantes y pertinentes que acrediten la existencia de un contrato de comisión entre la demandante y la demanda, lo que conllevo al Sentenciador a dictar una sentencia nula. CELEBRACION DE LA VISTA La suscrita, estima necesaria la celebración de la vista y oportunamente espera sea señalada.” II. FUNDAMENTOS DE DERECHO 1. Esta Sala de lo Civil, viene reiterando la Naturaleza y función del recurso de casación, así pues, el recurso de casación tiene una función nomofiláctica, en virtud de lo cual el artículo 716 del Código Procesal Civil dispone dos fines expresos, el primero de ellos, es la protección de las normas del ordenamiento jurídico, y esto se hace, procurando y promoviendo la más adecuada aplicación e interpretación del derecho objetivo. El segundo fin es la unificación de la jurisprudencia nacional. Por su parte el numeral dos del artículo precitado, conmina a este alto tribunal a que aplique e interprete las normas referidas al recurso de casación atendiendo a la finalidad de unificación de la jurisprudencia, esto como instrumento de garantía de la igualdad de todos ante la ley, y de la seguridad y certidumbre jurídicas. (Ver resoluciones de fechas 13-12-2013 exp. 236-2012, 18-03-2014 exp. 003-2013 y 06-05-2014 exp. 135-2013). 2. De conformidad con el artículo 719 del Código Procesal Civil, se podrá impugnar la aplicación e interpretación de las normas procesales, así como la aplicación e interpretación de las normas de derecho empleadas para la solución de fondo del litigio, y de conformidad con el artículo 721 del mismo código, el recurso de casación se interpondrá por escrito ante la Corte de Apelaciones que hubiere dictado la sentencia dentro de los veinte días siguientes al de la notificación. En ese escrito se harán constar los motivos en que la casación se base, con expresión de las normas de derecho cuya infracción sustente cada motivo. Todo ello se deberá fundar con la suficiente separación y claridad, precisando y justificando la incidencia de la infracción en el sentido de la resolución impugnada, también se hará constar si el recurrente estima necesario la celebración de la audiencia. 3. Con los requisitos formales establecidos en el artículo 721 del Código Procesal Civil queda reconocido el denominado principio de “Debida Técnica”, que constituyen los mínimos requerimientos que debe contener la demanda de casación a efectos de ser tenida como un verdadero juicio técnico de impugnación, valorativo y preciso. 4. DEL RECURSO DE CASACION INTERPUESTO POR LA ABOGADA RUBI IDALIA CHINCHILLA ERAZO EN SU PRIMER MOTIVO POR INFRACCION DE NORMA PROCESAL. La recurrente viene invocando como primer motivo de casación la falta de aplicación del artículo 207 numerales 1 y 2 del Código Procesal Civil, señalando como precepto autorizante los artículos 719.1 inciso c) y 720 numeral 2) del Código Procesal Civil. En su explicación la recurrente cita íntegramente el contenido de los numerales 1 y 2 del artículo 207 del Código Procesal Civil y al centrarse en la explicación de la infracción del primer numeral, luego de citar el razonamiento del juzgador arguye que: A) el razonamiento del juzgador es ilegal e ilógico y nunca fue acreditado en autos, por lo que la responsabilidad para el pago de alguna comisión por parte de su representada no existe. B) El juzgador llega a la conclusión que la demandada incurrió en responsabilidad, sin que exista conducta culposa y negligente; es decir, no responde a la lógica que el sentenciador tuvo que seguir para llegar al fallo, pues parte de hechos inexistentes en el juicio. C) La irracionalidad de la Corte de Apelaciones se fundamenta en que la misma arbitrariamente en la parte resolutiva la Corte recurrida no dijo nada de lo que expuso en la fundamentación jurídica, olvidando que lo que se ejecuta es esa parte resolutiva y no las motivaciones. Respuesta de la Sala de lo Civil. Este Tribunal de Justicia, estima que cuando se solicita en casación el control de la motivación fáctica de la sentencia, ha de ser como lo establece la norma, esto es, para revisar su existencia, suficiencia, racionalidad y carácter lógico, de ahí que resulte indispensable una debida separación y claridad al momento de exponer el motivo no solo para señalar la norma infringida sino para especificar si lo que se cuestiona es la existencia de motivación, o si existiendo esta es insuficiente, si hay racionalidad en la misma o si esta es lógica, en ese orden de ideas el motivo ha sido planteado no observando la debida separación y claridad que permita entender el sentido de la infracción, así tenemos que la censora viene alegando falta de aplicación de un artículo que tiene dos numerales que regulan aspectos distintos el primero se refiere a que las sentencias se motivarán expresando los razonamientos fácticos y acá nos detenemos para reflexionar que si se invoca falta de aplicación de este precepto es porque falta la expresión de ese razonamiento fáctico, que conduce a la apreciación y valoración de las pruebas, así como a la aplicación e interpretación del derecho, es decir, nos centramos en el razonamiento fáctico porque el motivo consiste en solicitar el control de la motivación fáctica nada mas y en este punto no hay claridad para el primer alegato del inciso a) puesto que la censora expone que hay razonamiento fáctico pero que este no es lógico, lo que no es congruente con el precepto citado como infringido que no se refiere a la lógica. En lo que respecta al inciso b) del alegato, si bien la censora arguye que el razonamiento no responde a la lógica, en este punto no especifica que numeral impugna con este argumento y aún tratándose del numeral 2 y en virtud de tratarse de una invocación por falta de aplicación falta conocer por parte de la casacionista acerca de cuales reglas de la lógica han sido infringidas para entender el sentido de la infracción; y finalmente en relación al argumento del inciso c), también es falto de claridad pues la censora ha confundido el contenido formal de las sentencia con los requisitos internos de la misma, pues en el contenido formal basta el simple pronunciamiento, a diferencia de la motivación como tal, en donde se explica el porque del pronunciamiento, de ahí que la sentencia como un todo en una parte contiene la motivación fáctica y en otra la parte dispositiva, en todo caso es igualmente notoria la omisión de la censora acerca de las reglas de la lógica que no han sido observadas, por lo tanto, la recurrente en este motivo de casación incurre en inobservancia de los requisitos y exigencias establecidos por el Código Procesal Civil para la interposición y formalización del recurso de casación, faltando totalmente a la claridad que posibilite el entendimiento del recurso dando lugar a la concurrencia de la causal de inadmisibilidad prevista en el artículo 723. 2 a) del Código Procesal Civil. 5. DEL RECURSO DE CASACION INTERPUESTO POR LA ABOGADA RUBI IDALIA CHINCHILLA ERAZO EN SU SEGUNDO MOTIVO POR INFRACCION DE NORMA PROCESAL. La recurrente viene invocando como segundo motivo de casación la falta de aplicación del artículo 208 numerales 1 y 2 del Código Procesal Civil, señalando como precepto autorizante los artículos 719.1 inciso c) del mismo Código. En su explicación la recurrente cita íntegramente el contenido de los dos numerales del artículo citado como infringido, luego afirma que al comparar la petición de la demanda con la sentencia de segunda instancia se evidencia una incongruencia entre lo pedido y lo resuelto, puesto que la cantidad decretada en la sentencia del adquem es inexistente, por lo que la cuantía decretada como indemnización se vuelve absoluta, en contra de su representada ya que la misma no ha sido enmarcada en la petición y nunca fue debidamente probada por lo que al condenar al pago de ciento treinta y cinco mil quinientos dólares, la sentencia resulta incongruente por ser extrapetita. Respuesta de la Sala de lo Civil. Este Tribunal de Justicia, estima que este motivo es falto de claridad para posibilitar su admisibilidad en tanto que la censora apunta que el artículo 208 regula la forma y contenido de la sentencia, en tanto que ambas tienen preceptos regulatorios distintos, por otra parte, señala dos numerales de ese artículo que contienen supuestos distintos que no han sido abordados totalmente por la censora y cuya exposición para efectos de claridad ameritaba la debida separación, mas aún no hay explicación acerca de la relación entre ambos numerales, además de que la casacionista cuestiona la valoración probatoria al afirmar que la indemnización nunca fue debidamente probada, lo que no es posible mediante el recurso de casación conforme lo dispone el artículo 720 numeral 1 del Código Procesal civil, sin perjuicio del numeral segundo de ese mismo artículo que no ha sido invocado por la censora, por tal razón es procedente la causal de inadmisibilidad prevista en el artículo 723. 2 a) del Código Procesal Civil. 6. DEL RECURSO DE CASACION INTERPUESTO POR LA ABOGADA RUBI IDALIA CHINCHILLA ERAZO EN SU PRIMER MOTIVO POR INFRACCION DE NORMA QUE RESUELVE EL FONDO DEL LITIGIO. La recurrente viene invocando como primer motivo de casación la aplicación indebida de los artículos 822 y 823 del Código de Comercio, señalando como precepto autorizante los artículos 719.2 del Código Procesal Civil. Explica la censora que la demandante nunca fue contratada de forma verbal o por escrito por su representada para que llevase a cabo servicio de intermediación por comisión para la venta de un inmueble, alega que si no existe contrato de comisión no puede existir obligación. Respuesta de la Sala de lo Civil. Este Tribunal de casación encuentra que el argumento de la censora no guarda relación con las normas invocadas como infringidas que contienen supuestos distintos y que no han sido debidamente abordados por la recurrente, en virtud que mediante el recurso de casación no se pueden cuestionar los hechos y valoración probatoria. Además de que la recurrente no ha planteado el motivo con la debida separación y claridad, en virtud de considerar infringido dos normas que tienen diferente alcance jurídico, por lo tanto es inadmisible este motivo de casación conforme el artículo 723. 2 a) del Código Procesal Civil. 7. DEL RECURSO DE CASACION INTERPUESTO POR LA ABOGADA RUBI IDALIA CHINCHILLA ERAZO EN SU SEGUNDO MOTIVO POR INFRACCION DE NORMA QUE RESUELVE EL FONDO DEL LITIGIO. La recurrente viene invocando como segundo motivo de casación la falta de aplicación de los artículos 1346 y 1575 último párrafo del Código Civil, señalando como precepto autorizante los artículos 719.2 del Código Procesal Civil. Explica la censora que no existen hechos que establezcan pleno conocimiento de que existía un contrato de comisión entre su representado y la ahora demandante, generador de derecho y obligaciones. El Tribunal sentenciador acogió la tesis de la demandante y en aplicación de los artículos 822 y 823 del Código de Comercio declaró con lugar la demanda condenando al demandado a pagar una cantidad de dinero en concepto de comisión, pero nunca se demostró la existencia de contrato de comisión alguno, sin embargo el adquem considera que si lo hubo. Respuesta de la Sala de lo Civil. Este Tribunal de casación encuentra que este motivo de casación es inadmisible por las razones siguientes: a) La recurrente no desarrolla en que consiste la falta de aplicación de los artículos que supone infringidos y antes bien se da a la tarea de citar aquellos que fueron aplicados por el Juzgador y que no han sido señalados como infringidos en este motivo. b) Las normas citadas como infringidas son normas de carácter general que como lo ha dicho esta Sala en forma reiterada, no son susceptibles de ser examinadas en casación porque con ello se da lugar a la indeterminación y falta de claridad del motivo con la consecuente indefensión para la parte contraria, sin embargo, es preciso aclarar que si es posible la cita de normas generales en relacionan con preceptos homogéneos con la norma general pero más específicos, lo que no ha verificado la impetrante[1]. c) La recurrente pretende introducir la revisión probatoria mediante el recurso de casación, lo que no está permitido conforme lo dispone el artículo 720.1 del Código Procesal Civil. Además de que la recurrente no ha planteado el motivo con la debida separación y claridad, en virtud de considerar infringido dos normas que tienen diferente alcance jurídico. En consecuencia, es inadmisible este motivo de casación conforme el artículo 723. 2 a) del Código Procesal Civil. SOBRE LA NULIDAD DE ACTUACIONES SOLICITADA. La recurrente ha interesado la nulidad de actuaciones basada en los artículos 212.4 y 245 del Código Procesal Civil, argumentando que de la simple lectura de la sentencia se infiere la falta de apreciación y valoración de la prueba de su representada al grado que le produce indefensión al no deducirse de manera clara y terminante de los fundamentos fácticos y jurídicos de la misma cual fue la valoración de los distintos medios de prueba, lo que acarrea nulidad de la sentencia. Respuesta de la Sala de lo Civil. Con respecto a esta pretensión de nulidad presentada por la recurrente, este Tribunal de Justicia ha venido manteniendo una posición en el sentido de que en nuestra legislación procesal vigente, no es procedente la pretensión de nulidad subsidiaria, en virtud de que el actual Código Procesal Civil ha previsto un acceso para la subsanación de los defectos procesales a través de las causales de casación establecidas, así por ejemplo, la nulidad pretendida por la casacionista prevé un cauce procesal para recurrir en casación, al disponer el Código Procesal Civil que se podrá impugnar la aplicación e interpretación de las normas procesales que regulan los actos y garantías procesales cuando su infracción suponga nulidad o produjera indefensión, de conformidad con el artículo 719.1 b) del citado instrumento legal, sin embargo, en virtud del control procesal de los órganos jurisdiccionales, podrá el Tribunal decretar nulidad de los actos procesales, cuando se prescinda de normas esenciales del procedimiento, siempre que, por esa causa, se haya producido indefensión, (artículo 212.4 del Código Procesal Civil), y si bien en ningún caso podrá el tribunal, con ocasión de un recurso, decretar de oficio una nulidad de actuaciones que no haya sido solicitada en dicho recurso, (artículo 214.3 del Código Procesal Civil), a contrario sensu se entiende que si ha sido solicitada, entonces es posible la nulidad de oficio por apreciación del Tribunal, en consecuencia no obstante que la censora no ha interesado la nulidad vía recurso de casación por quebrantamiento de forma, esta corte de casación, en virtud de la solicitud, examina de oficio el supuesto denunciado y confrontado el argumento con la sentencia recurrida se colige clara y terminantemente de los fundamentos fácticos y jurídicos esbozados en la sentencia, la valoración de los distintos medios de prueba, ahora bien, que el razonamiento empleado por el juzgador de instancia no sea acertado para la recurrente, ello no es subsanable ni revisable por la vía de la nulidad oficiosa pues para eso se ha previsto la revisión del control de la motivación fáctica en la forma prevista por el artículo 720.2 del mismo código, como una causal de casación y que precisamente constituye el primer motivo de casación por infracción de norma procesal impetrado en este libelo que por no observar la debida técnica casacional ha sido inadmitido, razón por la cual se declara sin lugar la pretensión de nulidad de la parte recurrente. III. PARTE DISPOSITIVA Por lo antes expuesto la Sala de lo Civil de la Corte Suprema de Justicia, pronunciándose por unanimidad de votos e impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, en base a los fundamentos de derecho citados y haciendo aplicación de los Artículos 82, 303, 304, 313 numeral 5) y 316 de la Constitución de la República; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 3, 7, 21, 115, 118 numeral 1), 129, 169, 170, 190, 191, 193 numeral 2, literal b), 716, 717, 718, 719, 720.2, 721, 722, 723.2 a), 724, del Código Procesal Civil; 822 y 823 del Código de Comercio; 1346 y 1575 párrafo último del Código Civil, profiere el presente AUTO IRRECURRIBLE y DECLARA: 1) La inadmisión del recurso de casación en sus cuatro motivos interpuesto y formalizado por la abogada RUBI IDALIA CHINCHILLA ERAZO en la condición con que actúa. 2) Sin lugar la Nulidad de Actuaciones solicitada. 3) Firme la sentencia recurrida dictada en fecha veintiocho de septiembre del año dos mil quince, por la Corte de Apelaciones de lo Civil de San Pedro Sula del Departamento de Cortés, en el expediente de Apelación número 168-15-C.V., originado en los autos que conforman la primera pieza que se registra bajo el número 0501-2014-04206-LCO del Juzgado de Letras Civil de la Sección Judicial de San Pedro Sula, Departamento de Cortes. 4) Condenar en costas a la parte recurrente. Y MANDA: Remitir las presentes actuaciones, junto con la certificación de esta resolución al Tribunal de su procedencia, previa notificación de este auto a las partes personadas, por medio de sus apoderados legalmente constituidos en juicio. NOTIFIQUESE.- FIRMAS Y SELLO. WILFREDO MÉNDEZ ROMERO. MAGISTRADO COORDINADOR. RINA AUXILIADORA ALVARADO MORENO. MAGISTRADA. REYNALDO ANTONIO HERNÁNDEZ. MAGISTRADO. FIRMA Y SELLO. BETTY JANETH PALMA O´CONNOR. RECEPTORA ADSCRITA”.
Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los seis días del mes de noviembre del año dos mil diecisiete; Certificación del Auto de fecha catorce de septiembre de dos mil diecisiete, recaído en el Recurso de Casación registrado bajo el No. S.C.367-2015.
BETTY JANETH PALMA O’CONNOR
RECEPTORA ADSCRITA
[1] véase resoluciones en expedientes 148-2012, 255-2012 y 123-2014