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Sentencia CC-366-15 — Registro 6749

Resumen

En primera instancia se declaro lugar la excepción perentoria de prescripción demanda ordinaria para obtener la indemnización de perjuicios y pago de los cánones por incumplimiento de un contrato rescindido unilateralmente por parte del arrendatario y confirmada en segunda instancia.

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

..."Del análisis de los argumentos del recurrente en el primer motivo de casación, la Sala observa que el abogado Adelmo Hernández Hernández, no ha seguido el rigor procesal en la interposición del motivo, esto es que el mismo incurre en una indebida técnica casacional que tiene que ver con lo siguiente: a) Falta a la suficiente separación y claridad con la que debe plantear el motivo; esto es que ha citado la vulneración por falta de aplicación de los artículos 2289 y 2297 del Código Civil en el fallo dictado por el tribunal de alzada, y por otra parte arguye también que en el fallo referido se ha hecho aplicación errónea del artículo 2295 del citado Código, al respecto es menester recordar que en un mismo motivo no se podrá hacer cita en forma conjunta de varios artículos que se estimen vulnerados, ya sea por una interpretación errónea, falta de aplicación o aplicación indebida por parte del tribunal de alzada, deberá entonces el recurrente plantearlos en forma separada y en motivos diferentes, cada uno de los artículos que estime se han infringido, amén de que se deberá precisar y justificar la incidencia de la alegada vulneración en el sentido de la resolución que se impugna; y b) El recurrente hace cuestionamiento de la sentencia proferida por el a-quo, cuando señala en el motivo que: “…..se circunscribe a confirmar el fallo del Juez a-quo, que fundamentó erróneamente su resolución de fondo en el artículo 2295 del Código Civil,….”; con lo cual olvida que sólo son recurrible en vía de casación las sentencias y los autos que le pongan termino al pleito en juicio ordinario dictados por las Cortes de Apelaciones, tal y lo preceptuado por el artículo 717 del Código Procesal Civil; razón por la cual está completamente vedado en esta vía recursiva el cuestionamiento de los fallos dictados por la primera instancia. Con todo lo anterior la Sala concluye que el recurrente en el primer motivo no cumplió con los requisitos de formalización del recurso, pues no logró exponer el mismo con la debida separación, claridad y precisión, ni justificó la incidencia de la infracción en el sentido de la resolución impugnada."

Legislación citada

Jerarquía: Reiterativa

“El segundo motivo de casación no resulta de recibo, ello porque básicamente el recurrente nuevamente cuestiona el fallo proferido por el tribunal de primera instancia, cuando señala: “……el Tribunal de alzada confirmo la sentencia del juzgado instructor, que había infringido la referida normativa y aplico en el presente caso lo dispuesto en el Código Civil y soslayo la normativa aplicable aun cuando devenía obligado de manera ineludible a lo establecido en el marco legal del Código de Comercio…….”.; al respecto es menester recordar que al tenor de lo dispuesto por el artículo 717 del Código Procesal Civil; solo se podrá recurrir en casación las sentencias y autos que pongan termino al pleito, haciendo imposible su continuación, dictados en apelación por las Cortes de Apelaciones en el proceso ordinario; en ese sentido la Sala deja establecido que no resulta viable en casación, que aun y cuando se venga impugnado la sentencia dictada por el Tribunal de Alzada, también se haga cuestionamientos del fallo proferido por la primera instancia, ello por estarle vedado al tenor de la normativa antes señalada. “

Legislación citada

Jerarquía: Reiterativa

…“La Sala luego de analizar el Tercer Motivo de casación interpuesto, estima que el mismo falta a la debida técnica casacional que indefectiblemente debe observarse al momento de interponer el motivo, ello se estila así puesto que el recurrente alega fundamentalmente que el fallo proferido en segunda instancia vulnera en perjuicio de su representado el contenido del artículo 200 numerales 1 y 2 literales c) y d) del Código Procesal Civil. Del análisis del motivo, la Sala observa que el recurrente incurre en falta de separación, claridad y precisión al plantear el mismo, ello porque el artículo que estima vulnerado está compuesto por dos numerales, y en especifico el numeral dos se compone a su vez de una serie de literales, razón por la cual el impetrante devenía en plantear en forma separada y en motivos distintos cada uno de los literales que dice se han vulnerado en la sentencia con el referido artículo; por otra parte el recurrente aduce que la ineludible observancia de tal normativa procesal en la sentencia que se dicte “…..no deberá apartarse de los hechos facticos del proceso planteados, las pruebas y la valoración de las mismas…”, con lo cual la Sala entiende que solicita el control de la motivación fáctica de la sentencia con el objeto de que se revise la falta de suficiencia, racionalidad y carácter lógico, por ser determinante de un sentido diferente del fallo; sin que para ello haya invocado el precepto que complementa la autorización de este último motivo (control de la motivación fáctica) vale decir el artículo 720.2 del Código Procesal Civil. 9.- En conclusión, la defectuosa presentación del recurso por parte del impetrante, en esta fase procedimental, hace procedente su inadmisión por concurrir en los tres motivos planteado, la causal prevista en el artículo 723.2. literal a) del Código Procesal Civil.”

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACION

La Infrascrita Receptora Adscrita a la Sala de lo Civil de la Corte Suprema de Justicia, Certifica el Auto que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los cuatro días del mes de abril del año dos mil dos mil diecisiete. La Sala de lo Civil, integrada por los ilustres Magistrados: WILFREDO MÉNDEZ ROMERO como Coordinador, RINA AUXILIADORA ALVARADO y REYNALDO ANTONIO HERNÁNDEZ, designado el primero como ponente para el conocimiento y redacción de la presente resolución en el recurso de casación impetrado, en la fecha supra indicada dictan el siguiente AUTO: SON PARTES: El señor DIONISIO SABILLON CENTENO, también conocido como DIONISIO SABILLON, representado en juicio por el abogado ADELMO HERNANDEZ HERNÁNDEZ, en su condición de recurrente; siendo recurrida la sociedad COMPAÑÍA AVICOLA DE CENTROAMERICA, S.A. DE C.V. (CADECA), representada en juicio por la abogada EVELYN MONTERROSA SIERRA. OBJETO DEL PROCESO: “DEMANDA ORDINARIA PARA OBTENER LA INDEMNIZACION DE PERJUICIOS Y PAGO DE LOS CANONES POR INCUMPLIMIENTO DE UN CONTRATO RESCINDIDO UNILATERALMENTE POR PARTE DEL ARRENDATARIO”, promovida en fecha veintitrés de febrero del año dos mil diez, ante el entonces Juzgado de Letras Primero de lo Civil de la Sección Judicial de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, por el abogado TEOFILO ZUNIGA SALGADO, actuando en su condición de representante procesal del señor DIONISIO SABILLON CENTENO, también conocido como DIONISIO SABILLON, contra la sociedad mercantil COMPAÑÍA AVICOLA DE CENTROAMERICA, S.A. DE C.V. (CADECA), por medio del presidente del Consejo de Administración, Sr, JACABO ALBERTO PAZ BODDEN. I. ANTECEDENTES DE HECHO PRIMERO: El día tres de septiembre del año dos mil quince, la Corte de Apelaciones Civil de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, conociendo por vía de apelación de la sentencia definitiva de fecha veintitrés de junio del año dos mil quince, dictada por el Juzgado de Letras Civil de la Sección Judicial de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, en el juicio de merito, dictó sentencia CONFIRMANDO la sentencia dictada por el a-quo, sentencia ésta que en su parte dispositiva falló de la siguiente manera: (Sic.) “FALLA: 1.- Declara Con lugar la excepción perentoria de Prescripción opuesta por la Abogada EVELYN MONTERROSA SIERRA en su condición de Apoderada Legal de la demandada Sociedad Mercantil COMPAÑÍA AGRICOLA DE CENTRO AMERICA S. A. DE C. V., en la demanda ordinaria para obtener la indemnización de perjuicios y pago de los cánones por incumplimiento de un contrato rescindido unilateralmente por parte del arrendatario, promovida por el Abogado TEOFILO ZUNIGA SALGADO en su condición de Apoderado legal del señor DIONISIO SABILLÓN CENTENO, también conocido como DIONISIO SABILLÓN. Contra la sociedad Mercantil denominada COMPAÑÍA AVÍCOLA DE CENTROAMERICA, S.A. DE C.V. (CADECA), con domicilio legal en la ciudad de Tegucigalpa M.D.C., departamento de Francisco Morazán, a través del presidente del Consejo de Administración señor JACOBO ALBERTO PAZ BODDEN. 2.) Se absuelve a la Sociedad Mercantil COMPAÑÍA AVÍCOLA DE CENTROAMÉRICA, S.A. DE C.V. (CADECA), del pago de la obligación de UN MILLÓN SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS LEMPIRAS del pagó de intereses y de las costas del juicio obligaciones reclamadas por el arrendamiento de un terreno y de siete (7) galpones para la cría y engorde de pollos. III.- Se exime al demandante del pagó de las costas del juicio por haber tenido motivos racionales para litigar.- IV: Esta sentencia admite recurso de Apelación el que debe promoverse dentro de los diez (10) días siguientes a la Notificación de la misma.- NOTIFIQUESE.” SEGUNDO: En fecha dieciséis de octubre del año dos mil quince, el representante procesal del señor Dionisio Sabillón Centeno, abogado Adelmo Hernández Hernández, presento escrito de interposición y formalización del recurso de casación, contra la sentencia de fecha tres de septiembre del año dos mil quince, dictada por la Corte de Apelaciones de lo Civil de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, resolviendo el ad-quem, mediante proveído de fecha diecinueve de octubre de ese mismo año, tener por interpuesto y formalizado el recurso de casación por parte del recurrente, y acordó conceder a la parte contraria el plazo de diez días hábiles para que se pronunciara sobre el contenido del escrito, debiendo entregársele copia del mismo. TERCERO: En fecha dos de noviembre del año dos mil quince, la representante procesal de la sociedad Compañía Avícola de Centroamérica, S.A. de C.V. (CADECA), abogada Evelyn Monterrosa Sierra, presento escrito de pronunciamiento sobre el contenido del recurso de casación interpuesto y formalizado por la contraparte, resolviendo la Corte de Apelaciones de lo Civil de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, remitir las presentes diligencias a este Alto Tribunal de Justicia en el término que manda la ley, para proseguir con el trámite correspondiente. CUARTO: Recibidas las actuaciones en éste Tribunal, los abogados Adelmo Hernández Hernández y Evelyn Monterrosa Sierra, en sus condiciones ya indicadas, presentaron escritos de personamiento en fechas diecisiete y dieciocho de noviembre del año dos mil quince, por lo que una vez visto el informe rendido por la Secretaría de esta Corte Suprema de Justicia, este Tribunal, mediante proveído de fecha siete de marzo del año dos mil dieciséis, los tuvo por personados dentro del plazo concedido. QUINTO: La parte recurrente plantea su recurso de casación contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de lo Civil de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, de la siguiente manera: (Sic.) “PRIMER MOTIVO DE CASACION: PRECEPTO AUTORIZANTE: Art. 719 numeral 2 del Código Procesal Civil, en la parte que prescribe: cuando “igualmente, se podrá impugnar la aplicación e interpretación de las normas de derecho empleadas para la solución de fondo del litigio”: Normas de derecho infringidas en la sentencia de fondo de fecha 3 de septiembre del año 2015, de los artículos 2289 y 2297 del código civil en lo que corresponde a la prescripción de las acciones. CONCEPTOS DE LA INFRACCIÓN: Art. 2289 del Código Civil preceptúa “las acciones prescriben por el mero lapso del tiempo fijado por la ley”. Esta disposición legal implica como presupuesto indispensable como para que proceda el ejercicio de la acción de prescripción, en relación con el artículo 2297 del mismo cuerpo legal que prescribe “el tiempo para la prescripción de toda clase de acciones, cuando no haya disposición especial que otra cosa determine, se contara desde el día en el que pudieron ejercitarse”. De los artículos precitados se interpreta que para interponer la acción de prescripción es necesario o condición sin la cual no se puede invocar la acción de prescripción, por cuanto debe definirse en la acción un lapso de tiempo fijado por la ley, cuyo tiempo podrá medirse partiendo del día en que debe iniciarse su medición tal como lo estipula la norma antes indicada, el tiempo para la prescripción de toda clase de acciones, cuando no haya disposición especial que otra cosa determine se contara desde el día en que pudieron ejercitarse, de lo que se interpreta que es indispensable fijar con precisión el día en que pudo ejercitar la acción procesal la parte actora, sin embargo, en el presente caso el señor Dionisio Sabillon Centeno interpuso la acción ordinaria, para obtener la indemnización de perjuicios y pago de cánones, por incumplimiento de un contrato de arrendamiento suscrito por él y la SOCIEDAD MERCANTIL compañía agrícola de Centro América, S.A. de C.V. (CADECA) de 7 galpones con un área de construcción de 5005 mts. condicionado, para la cría y engorde de aves (pollos), y en el referido contrato de arrendamiento se estipula en la clausula segunda y sus incisos, que la empresa arrendataria se obligaba a entregar las instalaciones (galpones, equipo avícola, maquinaria, sistemas eléctricos y de agua y otros materiales necesarios para el proceso de engorde de pollos), cuyo acuerda no cumplió la compañía arrendataria en los términos pactados y a la fecha se mantiene sin entregar las instalaciones. Por lo que no se puede determinar el día en el que pudieron ejercitarse las acciones judiciales de falta de pago de cánones y de perjuicios para cumplir con lo prescrito en la norma que debe de determinar la fecha en que debe de partir el lapso de la prescripción, en virtud de que los daños se siguen causando en las instalaciones del equipo y otros materiales ya destruidos y abandonados por la empresa arrendataria, sin entregar como se refiere el contrato y a la fecha de la evacuación de la prueba del proceso del juicio ordinario no probó tal situación de entrega. Por lo que el tiempo no puede computarse para ejercitar la acción judicial de perjuicio y pago de cánones por parte del arrendador, porque el contrato de arrendamiento constituye literalmente una serie de prestaciones intrínsecas y vinculantes entre las partes, y que aún siguen vigentes, porque el arrendador necesita que arrendatario entregue materialmente en la forma estipulada en el contrato de arrendamiento para que de inicio el derecho de la opción judicial que procede, de lo que se concluye en el caso particular no ha iniciado el tiempo que señala la ley para que corra la prescripción en perjuicio del demandante. Como lo apreció el juez sentenciador de primera instancia al aplicar la norma de prescripción del art. 2295 del Código Civil conculcando de esa manera el derecho del demandante al sustentar un fallo que declara con lugar la excepción perentoria de prescripción, interpuesta, por la parte demandada, y que se recurrió oportunamente expresando los agravios en lugar, tiempo y forma para hacer llegar al tribunal de ALZADA, para que enmendara la sentencia de fondo inferida por el juzgado instructor, producto de la recurrencia en el recurso de apelación ante dicho tribunal él mismo profirió sentencia de fecha 3 de septiembre del año 2015 y en su parte resolutiva determina PRIMERO: DECLARAR SIN LUGAR el recurso de apelación. SEGUNDO: CONFIRMANDO la sentencia definitiva de fecha 23 de junio del año 2015, dictada por el Juzgado de Letras Civil de la Sección Judicial de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, llegada en apelación. TERCERO: ABSUELVE al demandado del pagó de un Millón, Seiscientos Cincuenta y Ocho Mil, Ochocientos Treinta y Dos lempiras. Debo de señalar que la sentencia referida fue proferida sin ningún fundamento legal que soporte la confirmación aludida, violando, por falta de aplicación de los Art. 2289 y 2297 del código procesal civil. Al respecto de la PRESCRIPCION el tratadista Marcel Planiol, Georges Ripert. En la página 732 de las obligaciones, en el acápite 18,9.2 del volumento 8 de derecho civil opina: “PUNTO DE PARTIDA DE LA PRESCRIPCION ESTINTIVA, REGLA GENERAL. LA PRESCRIPCION EXTINTIVA COMIENZA A CORRER INMEDIATAMENTE QUE SE CONCEDA LA ACCION Y COMO DECIA PORTHIER”. “DESDE EL DIA EN QUE EL ACREEDOR HUBIERA DE DEMANDAR A SU DEUDOR ANTES NO PUEDE COMENZAR A CORRER, PORQUE EL TIEMPO PARA LA PRESCRIPCION DEBE SER EN UN TIEMPO UTIL, PARA EL EJERCICIO DE LA ACCION Y PORQUE NO PUEDE REPROCHARSE NADA AL ACREEDOR, POR NO HABER EJERCITADO LA ACCION, CUANDO NO PODIA HACERLO, DE OTRO MODO SERÁ PRIVADO DE SUS DERECHOS ANTES DE QUE PUDIESE EJERCITARLO, POR LO QUE SERÍA INJUSTO Y ABSURDO”. De lo anterior se interpreta sin esfuerzo alguno que en la presente acción no le ha prescrito el derecho de la acción judicial de perjuicios y falta de pago a la parte actora, por cuanto y en tanto el contrato de arrendamiento del inmueble o no lo había entregado a la fecha que se interpuso la presente acción en la que se solicita en el plan de la demanda las dos prestaciones: A) la indemnización de perjuicios inherentes al contrato por la NO entrega del bien inmueble B) falta de pago de cánones. Por lo que no puede haber fecha de partida para iniciar el computo del término de la prescripción como lo estipula el artículo citado del Código Civil y la sentencia recurrida que confirma la sentencia de primera instancia con la mala aplicación de la norma sustantiva violenta el concepto y presupuesto de los artículos precitados en este motivo de IMPUGNACION, por lo que se recurre al sumo Tribunal, a efecto de que se enmiende esta infracción de ley. INSIDENCIA DE INFRACCION EN EL SENTIDO DE LA RESOLUCION DEFINITIVA. El fallo recurrido de fecha 03 de septiembre del año 2015 que se solicita por esta vía su impugnación incide en la aplicación de la norma de la prescripción mediante la excepción perentoria fundada erróneamente por el Juez Instructor de primera instancia y confirmada sin ningún artículo legal y procesal del marco jurídico del país y el fallo en relación solo se circunscribe a confirmar el fallo del Juez A-QUO, que fundamentó erróneamente su resolución de fondo en el artículo 2295 del Código Civil, que preceptúa las acciones judiciales que deben exigirse para el pago de precio de los arriendos, sean estos de fincas rusticas o urbanas. Pero en el presente juicio no es controversia en el plan de la demanda el pago del precio de los arriendos del contrato, sino, el tema en controversia es el cumplimiento de las prestaciones de la parte arrendataria en el contenido del contrato de arrendamiento y no se refiere al precio sino que se refiere al pago de los cánones y la indemnización de perjuicios por la falta de entrega de las estructuras objeto del contrato de arrendamiento en la segunda clausula y sus incisos. Por lo que la norma aplicada incide en la resolución de manera errónea en el resultado de fondo de la sentencia por falta de aplicación de la norma correcta que guarde armonía con el plan de la demanda en el contenido de los hechos facticos controvertidos y la prueba llegaba al juicio demerito. Por tal situación se recurre al sumo tribunal con el propósito de que arregle conforme a derecho la infracción de la norma en el fallo recurrido. SEGUNDO MOTIVO DE CASACION Precepto autorizante artículo 719 numeral 2 del Código Procesal Civil. En la parte que prescribe: cuando refiere que” igualmente, se podrá impugnar la aplicación e interpretación de las normas de derecho empleadas para la resolución de fondo del litigio. “Normas de derecho infringidas en la sentencia de fondo de fecha 03 de septiembre del año 2015 de los artículos 5 del Código de Comercio, en relación, con el artículo 1685 del mismo cuerpo legal. CONCEPTO: De la infracción al artículo 5 del Código de Comercio” los actos que solo fueren mercantiles para una de las partes, se regirán por las disposiciones de este Código “. Así mismo el artículo 1685 “la prescripción comienza a correr desde el día en que el derecho pudo hacerse valer”. El presupuesto de esta norma refiere de manera práctica y elocuente que los actos o contratos en donde estén obligados a cumplir las disposiciones del Código de Comercio, aun cuando una de las partes sea persona natural y la otra persona jurídica a cumplir prestaciones reciprocas sea una empresa mercantil, tiene que seguir las regulaciones de este cuerpo de leyes, y no las disposiciones del Código Civil, como erróneamente interpreto el Juez A-QUO, y confirma el tribunal de ALZADA en el fallo recurrido violentando flagrantemente la norma a aplicar en el caso particular que fue sometido a su conocimiento, para que resolviera las controversias suscitadas entre las partes y planteadas en la presente acción judicial y la misma debió, ser resuelta, por los Órganos Jurisdiccionales de acuerdo con la normativa sustantiva prescrita en los dos artículos citados del Código de Comercio. Por cuanto la parte pasiva está constituida en una Persona Jurídica mercantil denominada Compañía Avícola de Centro América S.A DE C.V. (CADECA). No obstante a lo anterior el Tribunal de ALZADA confirmo la sentencia del juzgado instructor, que había infringido la referida normativa y aplico en el presente caso lo dispuesto en el Código Civil y soslayo la normativa aplicable aun cuando devenía obligado de manera ineludible a lo establecido en el marco legal del CODIGO DE COMERCIO como norma sustantiva, que es el marco legal en el que debe de estar sometida las EMPRESAS MERCANTILES en sus actos de comercio, por ser profesionales en el cumplimiento de obligaciones con las personas naturales. JUSTIFICACION DE LA INSIDENCIA DE LA INFRACCION DE LA NORMA EN EL SENTIDO DE LA RESOLUCION DE FONDO IMPUGNADA. La sentencia recurrida, tiene fuerte incidencia su resultado al aplicar normas erróneas de aplicación a situaciones civiles que deben aplicarse a Personas Naturales que se encuentren implicadas en prestaciones reciprocas y que por su controversia recurran a un Tribunal, para que este resuelva su controversia enmarcados en la normativa sustantiva del Código Civil, por cuanto el legislador a determinado que ese es el marco legal para sus diferencias, y no así, cuando una Persona Natural y una Persona Jurídica tengan controversia en sus actos o contratos que deben seguir sus arreglos judiciales con la norma prescrita en el Código de Comercio como lo que se tenía que aplicar en el presente caso, que la prescripción alegada por la parte demandada debió fundamentarla en el Código de Comercio que refiere el artículo 1685 de la siguiente manera “La prescripción comienza a correr desde el día en que el derecho pudo hacerse valer”. De lo que se concluye de manera simple y palmaria, que el arrendador no le había comenzado a correr el termino de la prescripción judicial, porque el día que a él le comenzaba a correr el termino es la fecha que el arrendatario debió entregar el inmueble objeto del arriendo y sus accesorios, situación que no había ocurrido en el momento que se interpuso la presente acción judicial, en consecuencia, el termino para demandar su derecho derivado del contrato en la vía judicial aun no había iniciado, por cuanto el contrato tenia vigencia de manera pasiva al no hacer la entrega material de lo que estaba obligado la parte arrendataria a cumplir sus prestación estipulada como Empresa Mercantil arrendataria, por cuanto, como Empresa Mercantil sus actos y contratos por ser continuos y permanentes son profesionales, sin embargo en el caso concreto su comportamiento no fue de persona jurídica por lo que no interrumpió el termino de la prescripción judicial como erróneamente interpreta el Tribunal de ALZADA la sentencia recurrida infringiendo la normativa aplicada por el Juez A-QUO por lo que se pidió en el recurso de apelación la impugnación al Tribunal de ALZADA de San Pedro Sula y mediante este recurso de casación al Supremo Tribunal. TERCER MOTIVO DE CASACION Precepto autorizante artículo 719 numeral 1 inciso C del Código Procesal Civil. En la parte que dispone la forma y contenido de la sentencia. EXPLICACION DEL MOTIVO CONCEPTO DE LA NORMA ADJETIVA: artículo 200 contenido formal de la sentencia del Código Procesal Civil “ las sentencias serán siempre motivadas y contendrán, en párrafos separados y numerados, los antecedentes de hecho y los fundamentos de derecho en los que se base la parte dispositiva o fallo: numeral 1……. Numeral 2 en particular, la redacción de las sentencias se ajustaran a los siguientes contenido formales: A) B) C) en los fundamentos de derecho se expresaran, en párrafos separados y numerados, los puntos de derecho fijados por las partes y de las cuestiones controvertidas dando las razones y fundamentos legales del fallo que haya de dictarse, con expresión concreta de las normas jurídicas aplicables al caso. D)… la cantidad objeto de la condena, sin que pueda reservarse su determinación para la ejecución de la sentencia sin prejuicio de lo dispuesto, para casos admisibles de condena con reservas de liquidación.” Es evidente que la norma adjetiva prescrita, en el Código Procesal Civil, es el marco referencial al cual deben de respetar los Juzgadores del estamento jurídico, al momento de redactar sus fallos, que ponen fin al proceso, que les ha llegado a su conocimiento. Por lo tanto la observancia de esta normativa es de carácter ineludible e imprescindible, por cuanto, en las sentencias de fondo deben de redactarse de acuerdo con esta solemnidad que exige el rigor de la ley, con el fin supremo que las disposiciones plasmadas en la sentencia no queden al libre criterio del Juzgador, por lo que es un imperativo legal no apartarse de los hechos facticos del proceso planteados, las pruebas y la valoración de las mismas, por lo que todos estos elementos procesales tienen que estar concatenados y plasmados en armonía, con todas las etapas procesales hasta concluir con la sentencia de fondo que pone fin a cada una de las controversias. Cuando el fallo no trae ordenados todos los elementos del proceso, no se cumple con el rigor procesal, e incide en la resolución final del proceso en perjuicio para una de las partes sometidas a la jurisdicción, perdiendo con ello el principio de equidad y de justicia, en consecuencia, la parte perjudicada, podrá recurrir a la impugnación del fallo, ante el Tribunal de ALZADA que corresponda, para enmendar el desarreglo procesal del órgano judicial inferior. De lo que se concluye de manera ordinal que la sentencia no está apegada al concepto y precepto del artículo 200 del Código Procesal Civil. En el presente fallo NO EXISTE NINGÚN FUNDAMENTO LEGAL NI JURÍDICO aun cuando el mismo debió sustentar su fundamentación jurídica y legal por imperativo jurídico de la norma adjetiva ya indicada. Es evidente que la sentencia recurrida que se pide su impugnación por no ser congruente con las disposiciones de derecho procesal en su forma y contenido de la misma, por lo que se recurre a esta instancia de casación con el objeto de encontrar los fines del recurso: A) protección de la norma del ordenamiento jurídico; B) adecuada aplicación e interpretación del derecho adjetivo; C) unificación de la jurisprudencia nacional como instrumento de garantía de la igualdad de todos ante la ley, seguridad y certidumbre jurídica del ordenamiento de justicia del país. II. FUNDAMENTOS DE DERECHO 1.- El recurso de casación tiene claramente definidos dos fines expresos al tenor de lo preceptuado por el artículo 716 del Código Procesal Civil, el primero de ellos es su función nomofiláctica, entendida ésta como “la exacta observancia de la ley”, es decir la protección de las normas del ordenamiento jurídico, mediante la procura y promoción de la más adecuada aplicación e interpretación del derecho objetivo. El segundo fin es la unificación de la jurisprudencia nacional, misma que se explica en el sentido de que habiendo situaciones iguales debe pronunciarse decisiones iguales, siempre y cuando no concurran razones objetivas y razonables que justifiquen un trato desigual, en otras palabras, la evolución de la jurisprudencia. Por su parte el numeral dos del artículo precitado, conmina a este alto tribunal a que aplique e intérprete las normas referidas al recurso de casación atendiendo a la finalidad de unificación de la jurisprudencia, esto como instrumento de garantía de la igualdad de todos ante la ley, y de la seguridad y certidumbre jurídicas. 2.- El recurso extraordinario de casación debe sujetarse en su formulación a determinados requisitos, para que pueda considerarse como tal y ser atendible por la Sala de lo Civil ya que dicho recurso es esencialmente formalista, en consecuencia debe ceñirse a una técnica rigurosa para que pueda ser analizado y prospere; requisitos consignados en los artículos 704 y 721 del Código Procesal Civil, mismos que devienen en su cumplimiento por parte del impetrante, para que la Corte pueda considerarlo. 3.- De lo expuesto por el abogado recurrente Adelmo Hernandez Hernández, en su condición de representante procesal del señor Dionisio Sabillón Centeno, también conocido como DINIOSIO SABILLON. Esta Sala deja relacionado sucintamente los alegatos planteados en cada uno de los tres motivos, ello en virtud de que los mismos aparecen citados literalmente en los antecedentes de hecho de este auto. El impetrante expone el Primer Motivo de casación contra la sentencia dictada en fecha tres de septiembre del año dos mil quince, por la Corte de Apelaciones de lo Civil de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, estimando que el referido fallo infringe los artículos 2289 y 2297 del Código Civil en lo que corresponde a la prescripción de las acciones. Invoca el recurrente como precepto autorizante el artículo 719.2 del Código Procesal Civil, en la parte que prescribe: “igualmente, se podrá impugnar la aplicación e interpretación de las normas de derecho empleadas para la solución de fondo del litigio”. En explicación de las infracciones, cita el impetrante en primer lugar el contenido de los referidos artículos del Código Civil, así: artículo 2289 “Las acciones prescriben por el mero lapso del tiempo fijado por la ley”; y artículo 2297 que prescribe “El tiempo para la prescripción de toda clase de acciones, cuando no haya disposición especial que otra cosa determine, se contara desde el día en el que pudieron ejercitarse”. A continuación señala que de tales artículos se colige que para interponer la acción de prescripción es necesario o condición, sin la cual no se puede invocar la acción de prescripción, definir en la acción un lapso de tiempo fijado por la ley, cuyo tiempo podrá medirse partiendo del día en que debe iniciarse su medición tal como lo estipula la norma, el tiempo para la prescripción de toda clase de acciones, cuando no haya disposición especial que otra cosa determine se contara desde el día en que pudieron ejercitarse, de lo que se interpreta que es indispensable fijar con precisión el día en que pudo ejercitar la acción procesal la parte actora; pero que en el caso de su representado el señor Dionisio Sabillon Centeno, ha interpuesto demanda en contra de la sociedad mercantil denominada Compañía Agrícola de Centro América, S.A. de C.V. (CADECA), a fin de que se le indemnice de perjuicios y el pago de cánones, por incumplimiento de un contrato de arrendamiento de siete (7) galpones con un área de construcción de 5005 metros, debidamente condicionados para la cría y engorde de aves (pollos), incumplimiento que se ha dado específicamente de la clausula segunda del referido contrato, en lo concerniente a la obligación de entregar las instalaciones (galpones, equipo avícola, maquinaria, sistemas eléctricos y de agua y otros materiales necesarios para el proceso de engorde de pollos), situación que no se ha dado, ya que la compañía arrendataria no cumplió el contrato en los términos pactados y a la fecha se mantiene sin entregar las instalaciones; razones por las que no puede computarse el tiempo para ejercitar la acción judicial de perjuicio y pago de cánones por parte del arrendador, ello porque el contrato de arrendamiento constituye literalmente una serie de prestaciones intrínsecas y vinculantes entre las partes, y que aún siguen vigentes, porque el arrendador necesita que el arrendatario entregue materialmente en la forma estipulada en el contrato de arrendamiento, para que pueda dar inicio el derecho de la opción judicial de prescripción, se concluye entonces que en el caso de merito no ha iniciado el tiempo que señala la ley para que corra la prescripción en perjuicio del demandante. Dice el recurrente que el juez sentenciador de primera instancia al aplicar la norma de prescripción del artículo 2295 del código civil, y con ello declarar con lugar la excepción perentoria de prescripción, interpuesta, por la parte demandada, ha conculcando el derecho de la parte demandante, razón por la cual se recurrió oportunamente la misma, pero que el Tribunal de Alzada al confirmar la dictada por el a-quo, lo ha hecho profiriendo una sentencia sin ningún fundamento legal que soporte la confirmación aludida y violando por falta de aplicación de los articulo 2289 y 2297 del Código Procesal Civil. Cita el impetrante lo que respecto de la prescripción señala el tratadista Marcel Planiol, cuando éste dice que: “punto de partida de la prescripción extintiva, regla general. La prescripción extintiva comienza a correr inmediatamente que se conceda la acción y como decía Porthier”. “desde el día en que el acreedor hubiera de demandar a su deudor antes no puede comenzar a correr, porque el tiempo para la prescripción debe ser en un tiempo útil, para el ejercicio de la acción y porque no puede reprocharse nada al acreedor, por no haber ejercitado la acción, cuando no podía hacerlo, de otro modo será privado de sus derechos antes de que pudiese ejercitarlo, por lo que sería injusto y absurdo”. Dice que de lo señalado por el referido tratadista se interpreta sin esfuerzo alguno que en la presente acción no ha prescrito el derecho de la acción judicial de perjuicios y falta de pago a la parte actora, por cuanto al tenor de lo estipulado en el contrato de arrendamiento del inmueble, el mismo no se había entregado a la fecha que se interpuso la demanda, por lo que no puede haber fecha de partida para iniciar el computo del término de la prescripción como lo estipula el citado artículo del Código Civil, y que en ese sentido la sentencia recurrida al confirmar la de primera instancia haciendo una mala aplicación de la norma sustantiva, violenta con ello el concepto y presupuesto de los artículos precitados. Que la incidencia de la infracción en el sentido de la resolución definitiva se suscita porque el fallo de la segunda instancia al confirmar la dictada erróneamente por el juez instructor de primera instancia, se hace sin ningún artículo legal y procesal del marco jurídico del país, y más bien se ha fundamentado erróneamente en el artículo 2295 del Código Civil, que preceptúa las acciones judiciales que deben exigirse para el pago de precio de los arriendos, sean estos de fincas rusticas o urbanas; pero en el presente juicio no es controversia en el plan de la demanda el pago del precio de los arriendos del contrato, sino que el tema en controversia es el cumplimiento de las prestaciones de la parte arrendataria en el contenido del contrato de arrendamiento y no se refiere al precio sino que se refiere al pago de los cánones y la indemnización de perjuicios por la falta de entrega de las estructuras objeto del contrato de arrendamiento; por lo que la aplicación de tal norma incide en la resolución de manera errónea en el resultado de fondo de la sentencia por falta de aplicación de la norma correcta que guarde armonía con el plan de la demanda en el contenido de los hechos facticos controvertidos y la prueba llevada al juicio de merito; razones suficientes para pedir a éste sumo tribunal que arregle conforme a derecho la infracción de la norma en el fallo recurrido. 4.- Del análisis de los argumentos del recurrente en el primer motivo de casación, la Sala observa que el abogado Adelmo Hernández Hernández, no ha seguido el rigor procesal en la interposición del motivo, esto es que el mismo incurre en una indebida técnica casacional que tiene que ver con lo siguiente: a) Falta a la suficiente separación y claridad con la que debe plantear el motivo; esto es que ha citado la vulneración por falta de aplicación de los artículos 2289 y 2297 del Código Civil en el fallo dictado por el tribunal de alzada, y por otra parte arguye también que en el fallo referido se ha hecho aplicación errónea del artículo 2295 del citado Código, al respecto es menester recordar que en un mismo motivo no se podrá hacer cita en forma conjunta de varios artículos que se estimen vulnerados, ya sea por una interpretación errónea, falta de aplicación o aplicación indebida por parte del tribunal de alzada, deberá entonces el recurrente plantearlos en forma separada y en motivos diferentes, cada uno de los artículos que estime se han infringido, amén de que se deberá precisar y justificar la incidencia de la alegada vulneración en el sentido de la resolución que se impugna; y b) El recurrente hace cuestionamiento de la sentencia proferida por el a-quo, cuando señala en el motivo que: “…..se circunscribe a confirmar el fallo del Juez a-quo, que fundamentó erróneamente su resolución de fondo en el artículo 2295 del Código Civil,….”; con lo cual olvida que sólo son recurrible en vía de casación las sentencias y los autos que le pongan termino al pleito en juicio ordinario dictados por las Cortes de Apelaciones, tal y lo preceptuado por el artículo 717 del Código Procesal Civil; razón por la cual está completamente vedado en esta vía recursiva el cuestionamiento de los fallos dictados por la primera instancia. Con todo lo anterior la Sala concluye que el recurrente en el primer motivo no cumplió con los requisitos de formalización del recurso, pues no logró exponer el mismo con la debida separación, claridad y precisión, ni justificó la incidencia de la infracción en el sentido de la resolución impugnada. 5.- Expone el recurrente el Segundo Motivo, que el fallo proferido por la segunda instancia vulnera en perjuicio de su representado el contenido del artículo 5 del Código de Comercio en relación con el artículo 1685 del mismo cuerpo legal. Invoca como precepto autorizante el artículo 719.2 del Código Procesal Civil, en la parte que prescribe: “igualmente, se podrá impugnar la aplicación e interpretación de las normas de derecho empleadas para la resolución de fondo del litigio”; cita el contenido del artículo 5 del Código de Comercio que dispone: “Los actos que solo fueren mercantiles para una de las partes, se regirán por las disposiciones de este Código”, y el artículo 1685 que estipula: “La prescripción comienza a correr desde el día en que el derecho pudo hacerse valer”. Explica que de la referida normativa se tiene de manera práctica y elocuente, que los actos o contratos en donde estén obligados a cumplir las disposiciones del código de comercio, aun cuando una de las partes sea persona natural y la otra persona jurídica, es cumplir las prestaciones reciprocas y si se trata de una empresa mercantil, tiene que seguirse las regulaciones del Código de Comercio, y no las disposiciones del Código Civil, como erróneamente interpreto el Juez a-quo, y que ha confirmado el tribunal de alzada, con lo cual se ha violentando flagrantemente la normativa citada, misma que no fue aplicada en el caso de autos, todo por cuanto la parte pasiva está constituida por la persona jurídica mercantil denominada Compañía Avícola de Centro América S.A DE C.V. (CADECA). No obstante todo lo anterior el Tribunal de alzada ha confirmado la sentencia de primera instancia, misma que había infringido la referida normativa y aplico en el presente caso lo dispuesto por el Código Civil y soslayo la normativa aplicable del Código de Comercio. En cuanto a la justificación de la incidencia de la infracción de la norma en el sentido de la resolución de fondo impugnada; señala que tal sentencia tiene fuerte incidencia al aplicar normas erróneas de aplicación a situaciones civiles que deben aplicarse a personas naturales que se encuentren implicadas en prestaciones reciprocas, y no así, cuando una persona natural y una persona jurídica tengan controversia en sus actos o contratos que deben seguir sus arreglos judiciales con la norma prescrita en el Código de Comercio, por lo que la prescripción alegada por la parte demandada debió fundamentarla en la señalado por el artículo 1685 del Código de Comercio; todo lo cual lleva a concluir que el caso de autos al arrendador no le había comenzado a correr el termino de la prescripción judicial, porque el día que a él le comenzaba a correr el termino es la fecha que el arrendatario debió entregar el inmueble objeto del arriendo y sus accesorios, situación que no había ocurrido en el momento que se interpuso la presente acción judicial. 6.- El segundo motivo de casación no resulta de recibo, ello porque básicamente el recurrente nuevamente cuestiona el fallo proferido por el tribunal de primera instancia, cuando señala: “……el Tribunal de alzada confirmo la sentencia del juzgado instructor, que había infringido la referida normativa y aplico en el presente caso lo dispuesto en el Código Civil y soslayo la normativa aplicable aun cuando devenía obligado de manera ineludible a lo establecido en el marco legal del Código de Comercio…….”.; al respecto es menester recordar que al tenor de lo dispuesto por el artículo 717 del Código Procesal Civil; solo se podrá recurrir en casación las sentencias y autos que pongan termino al pleito, haciendo imposible su continuación, dictados en apelación por las Cortes de Apelaciones en el proceso ordinario; en ese sentido la Sala deja establecido que no resulta viable en casación, que aun y cuando se venga impugnado la sentencia dictada por el Tribunal de Alzada, también se haga cuestionamientos del fallo proferido por la primera instancia, ello por estarle vedado al tenor de la normativa antes señalada. 7.- Expone el recurrente el Tercer Motivo, aduciendo que el fallo proferido por la segunda instancia vulnera en perjuicio de su representado el contenido del artículo 200 del Código Procesal Civil, respecto del contenido formal de la sentencia, y que señala: “1 Las sentencias serán siempre motivadas y contendrán, en párrafos separados y numerados, los antecedentes de hecho y los fundamentos de derecho en los que se base la parte dispositiva o fallo: numeral 2 “En particular, la redacción de las sentencias se ajustaran a los siguientes contenido formales: a) b) c) En los fundamentos de derecho se expresaran, en párrafos separados y numerados, los puntos de derecho fijados por las partes y de las cuestiones controvertidas dando las razones y fundamentos legales del fallo que haya de dictarse, con expresión concreta de las normas jurídicas aplicables al caso. d)…, la cantidad objeto de la condena, sin que pueda reservarse su determinación para la ejecución de la sentencia sin prejuicio de lo dispuesto, para casos admisibles de condena con reservas de liquidación.” Invoca como precepto autorizante el artículo 719.1 inciso c) del Código Procesal Civil, en la parte que dispone la forma y contenido de la sentencia. En explicación del motivo y de la vulneración de la referida norma adjetiva, aduce el impetrante que el Código Procesal Civil, es el marco referencial mismo que deberá ser respetado por los juzgadores del estamento jurídico, al momento de proferir sus fallos. Por lo tanto la observancia de tal normativa procesal es de carácter ineludible e imprescindible, por cuanto, en las sentencias de fondo deben de redactarse de acuerdo con esta solemnidad que exige el rigor de la ley, ello para evitar que las disposiciones plasmadas en la sentencia no queden al libre criterio del Juzgador, siendo por lo tanto un imperativo legal no apartarse de los hechos facticos del proceso planteados, las pruebas y la valoración de las mismas, ya que todos estos elementos procesales tienen que estar concatenados y plasmados en armonía en el fallo; pero cuando el fallo no trae ordenados todos los elementos del proceso, no se cumple con el rigor procesal, e incide en la resolución final en perjuicio para una de las partes sometidas a la jurisdicción, perdiendo con ello el principio de equidad y de justicia; que de lo que se concluye de manera ordinal que la sentencia no está apegada al concepto y precepto del artículo 200 del Código Procesal Civil. Que resulta evidente que la sentencia recurrida no es congruente con las disposiciones de derecho procesal en su forma y contenido, por lo que se recurre en casación con el objeto de encontrar los fines del recurso en orden: a) protección de la norma del ordenamiento jurídico; b) adecuada aplicación e interpretación del derecho adjetivo; y c) unificación de la jurisprudencia nacional como instrumento de garantía de la igualdad de todos ante la ley, seguridad y certidumbre jurídica del ordenamiento de justicia del país. 8.- La Sala luego de analizar el Tercer Motivo de casación interpuesto, estima que el mismo falta a la debida técnica casacional que indefectiblemente debe observarse al momento de interponer el motivo, ello se estila así puesto que el recurrente alega fundamentalmente que el fallo proferido en segunda instancia vulnera en perjuicio de su representado el contenido del artículo 200 numerales 1 y 2 literales c) y d) del Código Procesal Civil. Del análisis del motivo, la Sala observa que el recurrente incurre en falta de separación, claridad y precisión al plantear el mismo, ello porque el artículo que estima vulnerado está compuesto por dos numerales, y en especifico el numeral dos se compone a su vez de una serie de literales, razón por la cual el impetrante devenía en plantear en forma separada y en motivos distintos cada uno de los literales que dice se han vulnerado en la sentencia con el referido artículo; por otra parte el recurrente aduce que la ineludible observancia de tal normativa procesal en la sentencia que se dicte “…..no deberá apartarse de los hechos facticos del proceso planteados, las pruebas y la valoración de las mismas…”, con lo cual la Sala entiende que solicita el control de la motivación fáctica de la sentencia con el objeto de que se revise la falta de suficiencia, racionalidad y carácter lógico, por ser determinante de un sentido diferente del fallo; sin que para ello haya invocado el precepto que complementa la autorización de este último motivo (control de la motivación fáctica) vale decir el artículo 720.2 del Código Procesal Civil.

9.- En conclusión, la defectuosa presentación del recurso por parte del impetrante, en esta fase procedimental, hace procedente su inadmisión por concurrir en los tres motivos planteado, la causal prevista en el artículo 723.2. literal a) del Código Procesal Civil. III. PARTE DISPOSITIVA Por lo antes expuesto la Sala de lo Civil, pronunciándose por unanimidad de votos e impartiendo justicia en nombre de la Corte Suprema de Justicia y del Estado de Honduras, en base a los fundamentos de derecho citados y haciendo aplicación de los artículos 303, 304, 313 numeral 5) y 316 de la Constitución de la República; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 115, 118 numeral 1), 129, 169, 170, 190, 191, 193 numeral 2, literal b), 197, 199, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723.2 y 724 del Código Procesal Civil; profiere el presente auto irrecurrible y declara: I. LA INADMISIÓN del recurso de casación en sus tres motivos planteado por el abogado Adelmo Hernández Hernández, en su condición de representante procesal del señor Dionisio Sabillón Centeno, también conocido como Dionisio Sabillón; II. FIRME la sentencia recurrida, dictada por la Corte de Apelaciones Civil de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, en fecha tres de septiembre del año dos mil quince, en el expediente de apelación número 170-15-C.V., originada en los autos que conforman la primera pieza Nº 0501-2010-00137-LCO del Juzgado de Letras Civil de San Pedro Sula, Departamento de Cortés. III. CONDENAR EN COSTAS a la parte recurrente; Y MANDA: REMITIR las presentes actuaciones, junto con la certificación de esta resolución al Tribunal de su procedencia, previa notificación de este auto a las partes, por medio de sus apoderados legalmente constituidos en juicio.- Redacto el Magistrado WILFREDO MENDEZ ROMERO.- NOTIFIQUESE.- FIRMAS Y SELLO. WILFREDO MÉNDEZ ROMERO. MAGISTRADO COORDINADOR. RINA AUXILIADORA ALVARADO. MAGISTRADA. REYNALDO ANTONIO HERNÁNDEZ. MAGISTRADO. FIRMA Y SELLO. BETTY JANETH PALMA O´CONNOR. RECEPTORA ADSCRITA”.

Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los Diez días del mes de Mayo de Dos Mil Diecisiete; Certificación del Auto de fecha Cuatro de Abril de Dos Mil Diecisiete, recaído en el Recurso de Casación registrado bajo el No. 366=2015.

BETTY JANETH PALMA O’CONNOR

RECEPTORA ADSCRITA

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