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Sentencia CC-341-15 — Registro 8207

Resumen

En primera instancia se desestima la excepción de nulidad y confirmada en segunda instancia.

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

… “DECIMO: El recurrente en su libelo introduce una petición de nulidad subsidiaria apuntando básicamente que: “la corte recurrida ha dictado un fallo incongruente con defectos de forma que resalta de su simple lectura, pero además el mismo no se sustenta en ninguna disposición sustantiva, en la cual solo cita disposiciones de procedimiento, es decir no señala ningún fundamento jurídico de carácter sustantivo que fundamente el fallo… lo cual incluso es un obstáculo para el mismo recurso de casación, ya que no se puede atacar la aplicación de normas sustantivas que no han sido expuestas…” Con respecto a esta pretensión de nulidad subsidiaria, este Tribunal de Justicia reitera que en nuestra legislación procesal vigente, no es procedente la pretensión de nulidad subsidiaria, en virtud de que el actual Código Procesal Civil ha previsto un acceso para la subsanación de los defectos procesales a través de las causales de casación establecidas, sin embargo, en virtud del control procesal de los órganos jurisdiccionales, podrá el Tribunal decretar nulidad de los actos procesales, cuando se prescinda de normas esenciales del procedimiento, siempre que, por esa causa, se haya producido indefensión, (artículo 212.4 del Código Procesal Civil), y si bien en ningún caso podrá el tribunal, con ocasión de un recurso, decretar de oficio una nulidad de actuaciones que no haya sido solicitada en dicho recurso, (artículo 214.3 del Código Procesal Civil), a contrario sensu se entiende que si ha sido solicitada, entonces es posible la nulidad de oficio por apreciación del Tribunal. DECIMO PRIMERO: El artículo 215.5 del Código Procesal Civil, establece los supuestos de la nulidad de actuaciones, estableciendo en el numeral cinco que: “Si se estimara la nulidad, se repondrán las actuaciones al estado inmediatamente anterior al defecto que la haya originado y se seguirá el procedimiento legalmente establecido…”.”

215.5

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACION

La Infrascrita Receptora Adscrita a la Sala de lo Civil de la Corte Suprema de Justicia, Certifica el Auto que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los diez días del mes de agosto del año dos mil diecisiete, la Sala de lo Civil, integrada por los Magistrados: WILFREDO MENDEZ ROMERO, como Coordinador, RINA AUXILIADORA ALVARADO MORENO y REYNALDO ANTONIO HERNÁNDEZ, designado ponente para el conocimiento y redacción de la presente resolución AUTO: SON PARTES: La sociedad mercantil denominada ZEUS PUBLICIDAD, S.A. DE C.V., representada en juicio por el abogado MAX RICARDO SALGADO LAGOS, en su condición de recurrente; siendo recurrido el ESTADO DE HONDURAS, representado en juicio por el abogado CARLOS ROBERTO ALONZO MEDINA. OBJETO DEL PROCESO: “DEMANDA ORDINARIA DE PAGO. INDEMNIZACION DE DAÑOS Y PERJUICIOS, LUCRO CESANTE, GANANCIA ESPERADA, POR INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL”, promovida en fecha veinte de septiembre del año dos mil trece, ante el Juzgado de Letras Civil del Departamento de Francisco Morazán, por el abogado JOSÉ ANTONIO MEJÍA CORLETO, en su condición de representante procesal de la sociedad mercantil denominada ZEUS PUBLICIDAD, S.A. DE C.V., representada por el Presidente del Consejo de Administración, señor JOSÉ ROMEO IRÍAS HENRÍQUEZ mayor de edad, hondureño, publicista, con domicilio en la ciudad de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, contra el ESTADO DE HONDURAS, representado por la Procuraduría General de la República. I. ANTECEDENTES DE HECHO PRIMERO: Con fecha veintiuno de julio del año dos mil quince, la Corte Segunda de Apelaciones de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán, conociendo por vía de apelación de la sentencia definitiva de fecha veintisiete de febrero de dos mil quince, dictada por el Juzgado de Letras Civil del Departamento de Francisco Morazán, en el juicio de mérito, dictó sentencia CONFIRMANDO la del A-quo de la siguiente manera: “FALLA: PRIMERO: DESESTIMAR LA EXCEPCION DE NULIDAD, presentada por la parte demandada EL ESTADO DE HONDURAS representado legalmente por la Procuraduría General de la Republica por las razones expuestas en los fundamentos de derecho.- SEGUNDO: ESTIMAR LA EXCEPCION DE FALTA DE LEGITIMACION ACTIVA presentada por la parte demandada EL ESTADO DE HONDURAS representado legalmente por la Procuraduría General de la Republica por las razones expuestas en los fundamentos de derecho.- TERCERO: DESESTIMAR TOTALMENTE LA DEMANDA ORDINARIA DE PAGO INDEMNIZACION DE DAÑOS Y PERJUICIOS LUCRO CESANTE GANANCIA ESPERADA POR INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL, promovida por el Abogado JOSE ANTONIO MEJIA CORLETO en su condición de Apoderado legal de la Sociedad ZEUS PUBLICIDAD S.A. de CV. a través de su Presidente del Consejo de Administración el señor JOSE ROMEO IRlAS HENRIQUEZ, contra EL ESTADO DE HONDURAS representado legalmente por la Procuraduría General de la Republica representada en ese tiempo por la Abogada ETHEL SUYAPA DERAS ENAMORADO en consecuencia; ABSUELVE al ESTADO DE HONDURAS Representado legalmente por la Procuraduría General de la Republica de la acción deducida en su contra.- CUARTO: CON COSTAS para la parte demandante, por el principio de vencimiento.- QUINTO: Una vez notificada y firme que sea la presente sentencia se proceda de parte de la Secretaria del Juzgado a dar cumplimiento a lo ordenado en el artículo 202 del Código Procesal Civil.- Contra el presente fallo cabe recurso de apelación que deberá promoverse ante este Juzgado conforme a lo ordenado en el Código Procesal Civil artículo 709.- NOTIFIQUESE.” SEGUNDO: El representante procesal de la sociedad mercantil denominada ZEUS PUBLICIDAD, S.A. DE C.V., abogado MAX RICARDO SALGADO LAGOS, en fecha veinticuatro de septiembre del año dos mil quince, presentó escrito de interposición y formalización del recurso de casación contra la sentencia de fecha veintiuno de julio del año dos mil quince, dictada por la Corte Segunda de Apelaciones de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán, resolviendo el Ad-quem, mediante proveído de fecha veintinueve de septiembre del año dos mil quince, tener por interpuesto y formalizado el recurso de casación por parte del Recurrente y acordó conceder a la parte contraría el plazo de diez (10) días hábiles para que se pronunciara sobre el contenido del escrito, debiendo entregársele copia del mismo. TERCERO: El representante procesal sustituto del ESTADO DE HONDURAS, abogado CARLOS ROBERTO ALONZO MEDINA, presentó en fecha veintitrés de octubre del año dos mil quince, escrito de pronunciamiento sobre el contenido del recurso de casación interpuesto y formalizado por la contraparte, resolviendo la Corte Segunda de Apelaciones de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán, tenerlo por pronunciado, ordenando remitir las presentes diligencias a la Honorable Corte Suprema de Justicia en el plazo que manda la ley, para proseguir con el trámite correspondiente.

CUARTO: Recibidas las actuaciones en éste Tribunal, los abogados CARLOS ROBERTO ALONZO MEDINA y MAX RICARDO SALGADO LAGOS, ambos en sus condiciones ya indicadas, presentaron escritos de personamiento en fechas once y dieciséis de noviembre del año dos mil quince, resolviendo este Tribunal, mediante proveído de fecha catorce de enero del año dos mil dieciséis, tenerlos por personados dentro del plazo concedido. QUINTO: Que la parte recurrente plantea su recurso de casación contra la sentencia dictada por la Corte Segunda de Apelaciones de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán de la siguiente manera: “PRIMER MOTIVO DE CASACION SE IMPUGNA LA FORMA Y EL CONTENIDO DE LA SENTENCIA EMITIDA POR LA CORTE SEGUNDA DE APELACIONES DE LO CIVIL. PRECEPTO AUTORIZANTE: El presente motivo de casación se encuentra autorizado por el artículo 719.1.c del Código Procesal Civil que establece: ARTÍCULO 719.- CAUSALES DEL RECURSO. 1.- Se podrá impugnar la aplicación e interpretación de las normas procesales que regulan: a)…… b)…... c) La forma y contenido de la sentencia. 2.-... EXPLICACIÓN DEL MOTIVO: Comenzare con la norma regulatoria de las sentencia contenidas en el artículo 200, 206, 207, 208, del Código Procesal Civil, cuanto dice que las sentencias deben ser claras, precisas, exhaustivas, motivadas, congruentes. Aportaremos lo que en materia de Derecho Constitucional la Sala de lo Constitucional en algunos fallos se ha pronunciado sobre los anteriores presupuestos citados: [MOTIVACION] la Falta de motivación en la Sentencia del Ad-quem quebranta el Debido Proceso, cuando se constata la ausencia de motivación del Ad-quem, es decir, no se desprenden razones o argumentos que ilustren al Justiciable o reclamante sobre la decisión emitida. Asimismo La sala de lo Constitucional concluye y ha sido reiterativa sobre la imperiosa obligación de la motivación en las resoluciones judiciales, pues de otra manera, no hay forma de saber, entender y comprenderse los elementos racionales que un Tribunal invocó, como asidero o justificación, para la asunción de una decisión. Irregularidad reclamada por el Recurrente, que desde luego, vulnera la garantía del Debido Proceso invocada, toda vez, que uno de los derechos fundamentales comprendido dentro de la misma, es el que tienen las partes e inclusive el censor, en obsequio a una tutela judicial efectiva, a obtener una respuesta suficientemente motivada a sus pretensiones. Esta omisión, puesta aquí de relieve, puede tener incidencia, como lo reconoce numerosa jurisprudencia nacional y extranjera, en generar una denegación técnica de justicia causante de indefensión, en la medida que no se resuelve verdaderamente lo planteado en el proceso; falencia procesal que debe ser evitada en perjuicio de los justiciables, por lo cual resulta meritorio el otorgamiento de la presente Acción de Amparo. La tutela judicial efectiva se concreta en el derecho que tienen todas las personas al acceso a los órganos jurisdiccionales con arreglo a las normas de procedimiento legalmente establecidas y a obtener de ellos una respuesta motivada y de fondo, dotada de invariabilidad y a la ejecución de lo resuelto. [CONGRUENCIA]. Como referencia la Sentencia del Tribunal constitucional Español 101/1998 de 18 de mayo dice: 2. Es doctrina reiterada de este Tribunal que el derecho fundamental a la tutela judicial obliga a los Jueces y Tribunales a resolver las pretensiones de las partes de manera congruente con los términos en que se vengan planteadas de tal modo que el incumplimiento de dicha obligación constituye una lesión de aquel derecho fundamental. (STC 172/1997, fundamento jurídico 6, en la misma línea SSTC 14/1984, 142/2987, 69/1992, 91/1995 y 30/1998) Asimismo consideramos que la Sentencia hoy censurada es completamente incongruente y para sostener nuestro alegato seguimos y apoyamos un fragmento de la obra “La Incongruencia de la Sentencia” por Eladio Escusol Barra, Magistrado de Tribunal Supremo Español, de la editorial Colex. Capitulo III. EL VICIO DE INCONGRUENCIA DE LAS SENTENCIAS A LA LUZ DE LA JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL SUPREMO. Pag. 64 y 65. Expone: “Hemos dicho anteriormente que los principios dispositivos y congruencia, están íntimamente relacionados. Esa íntima relación nos facilita dar el concepto de congruencia y nos ayuda a establecer sus límites. La congruencia es un concepto jurídico procesal (v.gr. SSTS de 11 de Julio 1955, 23 junio de 1965, 10 de Abril1973, 16 de Julio 1992 y 4 de mayo 1993), que obliga al juzgador a decir, conforme a derecho, sobre todas las cuestiones planteadas en el proceso por las partes. Pero ello no comporta que el juzgador quede vinculado a cuantos alegatos sean formulados. El juzgador está vinculado por el principio de la congruencia, a los hechos alegados en cuanto que éstos sean el soporte o fundamento relevante de la pretensión deducida. Por ello, la sentencia del Tribunal Supremo, Sala Primera, de lo Civil, de fecha 29 de Abril 1977, dijo que el principio de congruencia que el artículo 359 de la ley de Enjuiciamiento Civil proclama, obliga que el fallo de la sentencia guarde sustancial acatamiento a lo solicitado y a los hechos en que la pretensión tenga su fundamento, sin que sea lícito al juzgador modificar éstos; y, completando el concepto de congruencia, la sentencia de dicha sala con fecha 14 de Noviembre de 1978, se expresó en el siguiente sentido: que el principio de congruencia entraña una relación de conformidad y concordancia entre las pretensiones que constituyen el objeto del proceso y la sentencia que le pone fin, pero que en manera alguna significa que el órgano judicial tenga que llevar a su juicio lógico todos los argumentos utilizados por los contendientes en apoyo de sus respectivas peticiones, sino que son éstas, estrictamente, las que delimitan el campo de la resolución. La congruencia, pues, es un requisito esencial de la sentencia, consistente en la adecuada relación que ha de existir entre la pretensión procesal y la parte dispositiva de la sentencia, de suerte que no cabe que el juzgador traspase los límites de la pretensión. La sentencia no puede conceder ni negar lo que nadie haya pedido (ne eat iudex ultra petita partium), porque incurriría en incongruencia positiva; la sentencia debe decidir todas las pretensiones procesales deducidas en el pleito (ne eat iudex citra petita partium), porque incurrirían en incongruencia negativa o también llamada de omisión; la sentencia no puede dar algo distinto de lo pedido (ne eat iudex extra petita partium), porque incurriría en incongruencia mixta.” El debido proceso constituye una ineludible carga que se le impone a los órganos del Estado tanto administrativos como jurisdiccionales, para que sus actuaciones se sometan a los principio rectores que garantizan a cada individuo sus derechos fundamentales; constituye entonces un límite al poder estatal a favor del individuo, quien podrá reclamar en todo momento que sean respetados todos sus derechos, para efectos de obtener respuesta dentro de un juicio justo. El debido proceso comprende entre otros el principio de legalidad, juez natural, acceso a los órganos jurisdiccionales, derecho de defensa, derecho a una resolución que resuelva sus pretensiones sin dilaciones injustificadas, el derecho a ser oído, y el derecho a resoluciones debidamente motivadas. En ese orden de ideas esta Sala de lo Constitucional estima que toda sentencia debe reunir los requisitos de fondo, de congruencia, y exhaustivídad a fin de garantizar los derechos constitucionales de petición, defensa y debido proceso. La congruencia se refiere a la obligación de dar respuesta a los extremos alegados por las partes en forma clara, precisa y concisa; en especial deberá ser una exposición coherente y lógica, de tal suerte que el criterio del Juzgador quede explicado y comprendido con facilidad. [LA EXHAUSTIVIDAD] se refiere a la obligación del juzgador de abordar todos y cada uno de los extremos sometidos a su conocimiento por las partes, en ese sentido el fallo deberá ser proferido de tal manera que no deje de dar respuesta a los extremos planteados, tal respuesta por parte del juzgador se hará en forma detallada de tal forma que no exista incertidumbre respecto de las razones que tuvo para decidir de esa forma y no de otra, en otras palabras lo que no puede suceder es que se omita en el fallo referirse a todas y cada de las cuestiones que fueron objeto del debate en el proceso, ya que de no hacerlo, indefectiblemente provocara la vulneración del derecho al debido proceso. Bajo las premisas anteriores los Tribunales de I y II Instancia de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo ha mantenido y apegado hasta el día de hoy sobre los casos en los que El Estado de Honduras no reconoce pagos sobre servicios realizados, ya sean estos derivados de un contrato o sin él, veamos El artículo 70 párrafo tercero de la Constitución de la República dispone lo siguiente:”……….. “Ningún servicio personal es exigible, ní deberá prestarse gratuitamente, sino en virtud de ley o de sentencia fundada en Ley. Esta norma constitucional precitada es defendida en materia contenciosa administrativa cuando el Estado se niega a pagar cantidades de dinero por obra que efectivamente se realizó y que se ha beneficiado como es la Publicidad en los medios, con el agravante que ha sido un hecho notorio, como ser la campaña de la cuarta urna la cual desemboco en una sucesión constitucional o golpe de estado. De tal forma que si el Estado de Honduras acudió a mi cliente Zeus Publicidad a los efectos de que realizara una serie de actos que implicara la contratación de medios de comunicación para difundir la campaña instalación de una cuarta urna, no debe ser mi cliente que vea en detrimento su patrimonio cuando efectivamente la publicidad ser realizo y hay evidencia documental en autos. Este tipo de casos pone al descubierto la debilidad en el Estado de Derecho en el cual vivimos. Si el Funcionario Público al solicitar la encomienda de un trabajo y esta se realiza, procediendo posteriormente a evitar pagar lo adeudado por alegaciones de que si hay o no contrato, ya es un tema interno de responsabilidad del Funcionario frente al Estado de Honduras y no es de justicia que se le prive a mi mandante soportar tal deuda. Tal como lo hemos relacionado la ausencia de los requisitos internos de la sentencia, trae como consecuencia la nulidad o anulabilidad de la misma. Los agravios presentados en el Recurso de Apelación contra la Sentencia Definitiva dictada por el A-quo, se denunciaron los elementos que consideramos se han violado en el Fallo de I Instancia, sin embargo fueron desestimados y por ello nos vemos en la obligación de interponer el Recurso Extraordinario de Casación. Señalamos que la norma de derecho violada es la contenida en el ARTÍCULO 70 PARRAFO TERCERO DE LA CONSTITUCION DE LA REPUBLICA, puesto que el Estado de Honduras es de justicia y derecho pagar a mi representada las cantidades adeudadas por concepto de publicidad contratada en los medios de comunicación. Las normas procesales en consecuencia violentadas es la contenida en los artículos: ARTÍCULO 200.- CONTENIDO FORMAL DE LAS SENTENCIAS. 1. Las sentencias serán siempre motivadas y contendrán, en párrafos separados y numerados, los antecedentes de hecho y los fundamentos de derecho en los que se base la parte dispositiva o fallo. 2. En particular, la redacción de las sentencias ajustará al siguiente contenido formal: a. ….. b. En los antecedentes de hecho se consignarán, con la claridad y la concisión posibles y en párrafos separados y numerados, las pretensiones de las partes o interesados, los hechos en que las funden que hayan sido alegados oportunamente y tengan relación con las cuestiones que deban de resolverse, las pruebas que se hubiesen propuesto y practicado y los hechos probados, en su caso. c. En los fundamentos de derecho se expresarán, en párrafos separados y numerados, los puntos de derecho fijados por las partes y de las cuestiones controvertidas, dando las razones y fundamentos legales del fallo que haya de dictarse, con expresión concreta de las normas jurídicas aplicables al caso. d. El fallo contendrá, numerados, los pronunciamientos correspondientes a las pretensiones de las partes, aunque la estimación o desestimación de todas o algunas de dichas pretensiones pudiera deducirse de los fundamentos jurídicos, así como el pronunciamiento sobre las costas. También determinará, en su caso, la cantidad objeto de la condena, sin que pueda, reservarse su determinación para la ejecución de la sentencia, sin perjuicio de lo dispuesto para casos admisibles de condenas con reserva de liquidación. 3.…. ARTÍCULO 206.- CLARIDAD, PRECISIÓN Y EXHAUSTIVIDAD. 1. Las sentencias deben ser claras, precisas y exhaustivas. 2. El tribunal, sin apartarse de la causa de pedir acudiendo a fundamentos de hecho o de derecho distintos de los que las partes hayan querido hacer valer, resolverá conforme a las normas aplicables al caso, aunque no hayan sido acertadamente citadas o alegadas por los litigantes. 3. Cuando los puntos objeto del litigio hayan sido varios, el tribunal hará con la debida separación el pronunciamiento correspondiente a cada uno de ellos. ARTÍCULO 207.- MOTIVACIÓN. 1.- Las sentencias se motivarán expresando los razonamientos fácticos y jurídicos que conducen a la apreciación y valoración de las pruebas, así como a la aplicación e interpretación del Derecho. 2.- La motivación deberá incidir en los distintos elementos fácticos y jurídicos del pleito, considerados individualmente y en conjunto, ajustándose siempre a las reglas de la lógica y de la razón. ARTÍCULO 208.- CONGRUENCIA. 1. Las sentencias deben ser congruentes con las demandas y con las demás pretensiones de las partes, deducidas oportunamente en el pleito. 2. En las sentencias se efectuarán las declaraciones que aquéllas exijan, condenando o absolviendo al demandado y decidiendo todos los puntos litigiosos que hayan sido objeto del debate. Por lo cual Honorables Magistrados no se han cumplido los presupuestos procesales de claridad, congruencia, exhaustividad en los hechos con los razonamientos facticos de la Sentencia y que llevaron al A-quo y Ad Quem a sostener que mi mandante no debía ser pagado por publicidad efectivamente realizada. Honorables Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, que el presente motivo casacional invocado permite atacar la Sentencia de II Instancia, puesto al violentar el contenido formal de la sentencia donde las mismas deber ser motivadas y contendrán, en párrafos separados y numerados, los antecedentes de hecho y los fundamentos de derecho en los que se base la parte dispositiva o fallo, además de exigir las mismas ser claras, precisas y exhaustivas. La Sentencia de Primera y Segunda Instancia, siguiendo la misma línea de argumentos conllevan ambas infracciones de carácter formal de acuerdo a lo establecido en los Artículos 200, 206 y 207 del CPC, además el contenido de la sentencia es completamente incongruente con la demanda y pretensiones, convergiendo ambas circunstancias. La sentencia además de los requisitos legales, debe ser emitida respetando y manteniendo en su conjunto, el principio del razonamiento y la lógica jurídica, la apreciación y valoración de la prueba de acuerdo a los hechos y pretensiones expuestos por las partes, aplicando el debido proceso y la norma jurídica correcta. De no concurrir todos estos elementos o alguno de ellos, trae como consecuencia la nulidad o anulabilidad de la sentencia. PRECISION Y JUSTIFICACION DE LA INCIDENCIA DE LA INFRACCION EN EL SENTIDO DE LA RESOLUCION IMPUGNADA. Que el Tribunal de Apelaciones, al revisar la Sentencia del A-quo, atendiendo los agravios presentados por está parte, analizando que la norma de derecho violentada como es el art. 70 de la Constitución de la República, en consonancia con el art. 200, 206, 207 y 208 del CPC. NULIDAD SUBSIDIARIA. Tal como se ha expuesto en los motivos que anteceden, la Corte recurrida ha dictado un fallo incongruente, con defectos de forma que resalta de su simple lectura, pero además el mismo no se sustenta en ninguna disposición sustantiva, tal como puede apreciarse de la parte dispositiva de dicho fallo, en la cual solo se citan disposiciones artículos de procedimiento, es decir no señala ningún fundamento jurídico de carácter sustantivo que fundamente dicho fallo y por ende poder presentar con más declarar, lo cual incluso es un obstáculo para el mismo Recurso de Casación, ya que no se puede atacar la aplicación de normas sustantivas que no han sido expuestas en la parte resolutiva del fallo, con lo cual se violenta el deber de citar las leyes en que se funden las sentencias, tal como lo determina el artículo 200, 206, 207 y 208 del Código Procesal Civil. “lura novita curia” Los jueces y Tribunales tienen el deber inexcusable de resolver en todo caso los asuntos de que conozcan, ateniéndose al sistema de fuentes establecido. Es por ello, que procede se anule el fallo recurrido, a efecto de que dicho Tribunal proceda de conformidad a derecho, ya que todo ello indica que dicho Tribunal infringió el artículo 200 del Código Procesal Civil, al no citar las leyes sustantivas en que funda su fallo, el artículo 206, 207 y 208 del mismo Código Procesal Civil, ya que dicha sentencia no resulta clara, precisa ni congruente con las cuestiones del debate y las pretensiones deducidas oportunamente en dichas diligencias.” II. FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO: Del estudio del recurso planteado por el recurrente, así como de la sentencia que se profirió en fecha veintiuno de julio del año dos mil quince, por la Corte Segunda de Apelaciones de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán, la Sala encuentra que no obstante que la sentencia que se impugna confirma la del a quo, no contiene la normativa aplicable al caso de autos, esto es que no se mencionan los artículos por los cuales ese tribunal haya llegado al convencimiento de que resultaba procedente confirmar el fallo proferido por el iudex a-quo, igual falencia se observa en la parte dispositiva del fallo, en la que el Tribunal de Alzada no hace cita de precepto legal alguno sustantivo que resuelva la cuestión controvertida; en ese sentido la Sala deja establecido que la disposición misma del fallo que se profiera, indefectiblemente pasa porque el Tribunal deberá hacer cita y razonar al caso concreto, los fundamentos jurídicos que estima resultan aplicables al caso en cuestión; no hacerlo así conlleva que el fallo sea nugatorio del derecho al debido proceso que le asiste a las partes y que consagra nuestra norma fundamental en su artículo 90 párrafo primero, lo cual también conduce a la vulneración del derecho de defensa que consagra el artículo 82 de la Constitución de la República, ello porque de cara a un eventual recurso de casación por la parte que se considere afectada por el fallo de segunda instancia, la misma no tendría la posibilidad de atacar el mismo en tal vía recursiva debido a la ausencia de normativa y sustento jurídico imperativo. SEGUNDO: Tal como lo establece el artículo 12.1 del Código Procesal Civil, la dirección del proceso está a cargo del Juez, quien ejerce tal potestad de conformidad con lo dispuesto en la Constitución de la República y el precitado Código. TERCERO: Todo Juez tiene inexcusable obligación, en garantía de la legitimidad de sus funciones y de los derechos de las partes, a la debida motivación en todas las resoluciones que dicten en cumplimiento de su función jurisdiccional, por tal razón, el Código Modelo Iberoamericano de Ética Judicial es contundente al establecer como obligación para el juzgador la motivación de las decisiones que profiera, orientadas al buen funcionamiento de un sistema de impugnaciones procesales, como la garantía de una resolución judicial justa, razón por la cual esta motivación debe expresar de manera ordenada y clara, razones jurídicamente válidas, que han sido aptas para justificar la resolución. (Artículos 20, 21, 24, 25 y 27 del Código Modelo Iberoamericano de Ética Judicial) CUARTO: Es oportuno recordar que por virtud del artículo 90 párrafo primero de la Constitución de la República, nadie puede ser juzgado sino por juez o Tribunal competente con las formalidades, derechos y garantías que la ley establece, y entre las garantías que tienen las partes se encuentra la de que su litigio sea resuelto en una sentencia debidamente motivada; sobre la motivación es preciso traer a colación el artículo 8.1 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos que establece el derecho de toda persona a ser oída con las debidas garantías, entre las cuales sin duda se deriva el derecho a la motivación, así lo ha interpretado la Corte Interamericana de Derechos Humanos al señalar la motivación como una de las “debidas garantías” a que se refiere esta norma. La Corte ha sostenido: “la argumentación de un fallo debe mostrar que han sido debidamente tomados en cuenta los alegatos de las partes y que el conjunto de pruebas ha sido analizado. Asimismo, la motivación demuestra a las partes que éstas han sido oídas y, en aquellos casos en que las decisiones son recurribles, les proporciona la posibilidad de criticar la resolución y lograr un nuevo examen de la cuestión ante las instancias superiores”[1]. Es por esto que las decisiones que adopten los órganos jurisdiccionales pueden afectar derechos humanos y que las sentencias deben estar debidamente fundamentadas, pues de lo contrario serían decisiones arbitrarias, ya que como se dijo anteriormente la “motivación demuestra a las partes que éstas han sido oídas”, que sus alegatos han sido tomados en cuenta y que el conjunto de pruebas ha sido analizado. QUINTO: El artículo 7 en sus numerales 1 y 2 del Código Procesal Civil, establece que: 1. “El Proceso Civil se desarrollará según las disposiciones de este Código, de acuerdo a la Constitución de la República. Las formalidades previstas en él, son imperativas”. 2. “Las normas contenidas en este código son obligatorias para el órgano jurisdiccional, las partes y terceros que intervengan en el proceso…”. SEXTO: El artículo 200.1 literal c) del Código Procesal Civil, establece en cuanto al contenido formal de la sentencia que: “En los fundamentos de derecho se expresarán, en párrafos separados y numerados, los puntos de derecho fijados por las partes y de las cuestiones controvertidas, dando las razones y fundamentos legales del fallo que haya de dictarse, con expresión concreta de las normas jurídicas aplicables al caso”. SEPTIMO: El artículo 206.2 del Código Procesal Civil, respecto de los requisitos de claridad, precisión y exhaustividad, señala que: “…, resolverá conforme a las normas aplicables al caso,…”. OCTAVO: El artículo 207.1 del Código Procesal Civil, establece que: “Las sentencias se motivaran expresando los razonamientos fácticos y jurídicos que conducen a la apreciación y valoración de las pruebas, así como la aplicación e interpretación del derecho”. NOVENO: El artículo 211 del Código Procesal Civil manda que el incumplimiento de los requisitos contemplados por las leyes con relación a los actos procesales dé lugar a la nulidad o anulabilidad de acuerdo con lo establecido en el citado Código. DECIMO: El recurrente en su libelo introduce una petición de nulidad subsidiaria apuntando básicamente que: “la corte recurrida ha dictado un fallo incongruente con defectos de forma que resalta de su simple lectura, pero además el mismo no se sustenta en ninguna disposición sustantiva, en la cual solo cita disposiciones de procedimiento, es decir no señala ningún fundamento jurídico de carácter sustantivo que fundamente el fallo… lo cual incluso es un obstáculo para el mismo recurso de casación, ya que no se puede atacar la aplicación de normas sustantivas que no han sido expuestas…” Con respecto a esta pretensión de nulidad subsidiaria, este Tribunal de Justicia reitera que en nuestra legislación procesal vigente, no es procedente la pretensión de nulidad subsidiaria, en virtud de que el actual Código Procesal Civil ha previsto un acceso para la subsanación de los defectos procesales a través de las causales de casación establecidas, sin embargo, en virtud del control procesal de los órganos jurisdiccionales, podrá el Tribunal decretar nulidad de los actos procesales, cuando se prescinda de normas esenciales del procedimiento, siempre que, por esa causa, se haya producido indefensión, (artículo 212.4 del Código Procesal Civil), y si bien en ningún caso podrá el tribunal, con ocasión de un recurso, decretar de oficio una nulidad de actuaciones que no haya sido solicitada en dicho recurso, (artículo 214.3 del Código Procesal Civil), a contrario sensu se entiende que si ha sido solicitada, entonces es posible la nulidad de oficio por apreciación del Tribunal. DECIMO PRIMERO: El artículo 215.5 del Código Procesal Civil, establece los supuestos de la nulidad de actuaciones, estableciendo en el numeral cinco que: “Si se estimara la nulidad, se repondrán las actuaciones al estado inmediatamente anterior al defecto que la haya originado y se seguirá el procedimiento legalmente establecido…”. DECIMO SEGUNDO: Por las razones expuestas es procedente declarar la nulidad de oficio de la sentencia dictada por la Corte Segunda de Apelaciones de lo Civil del departamento de Francisco Morazán, el veintiuno de junio del año dos mil quince, y de la cual se ha hecho mérito. DECIMO TERCERO: Considerando que ante la presente Resolución no procede recurso alguno de conformidad a lo que establece el artículo 724 numeral 1) del Código Procesal Civil y siendo que el procedimiento normado para las nulidades en instancia es mediante audiencia que se celebra siguiendo las particularidades del proceso abreviado y por ende susceptible a impugnación, por tal razón se omite ese procedimiento por impertinente en la sustanciación del Recurso Extraordinario de Casación. DECIMO CUARTO: La parte actora ha fundado jurídicamente su demanda en los artículos 1573, 1346, 1360, 1362, 1695 y 1696 del Código Civil en la que ampara su acción; por su parte el Estado ha invocado los artículos 27, 34, 38, 83 de la Ley de Contratación del Estado como normativa sustantiva en contraposición a la señalada por la demandante, no obstante en la resolución recurrida no se aborda explicación alguna sobre la aplicabilidad o no de tales preceptos sustantivos; señalado lo anterior, la Sala estima que en el presente caso la resolución proferida en segunda instancia ha provocado indefensión, en tanto que al omitir una motivación coherente que regule la situación jurídica controvertida, impide a las partes entender las razones que han servido al juzgador para llegar a su conclusión final y consecuentemente dificulta al recurrente elaborar adecuadamente su recurso de casación, tal y como lo señaló el impetrante; siendo menester para una debida administración de justicia, que la Honorable Corte Segunda de Apelaciones de lo Civil de Francisco Morazán, dicte un fallo con una clara y adecuada fundamentación fáctica y jurídica, que sustente su Parte Dispositiva, en consecuencia de lo anterior, es de estricta observancia que la sentencia en estudio, precise exhaustivamente el vínculo normativo que enlaza el acápite denominado “Motivación Fáctica y Jurídica” con el alcance de la resolución dictada, tal como lo dispone el artículo 200.2 del Código Procesal Civil y la debida observancia de los requisitos internos que debe tener toda sentencia. III. PARTE DISPOSITIVA Por lo antes expuesto la Sala de lo Civil, pronunciándose por unanimidad de votos e impartiendo justicia en nombre de la Corte Suprema de Justicia y del Estado de Honduras, en base a los fundamentos de derecho citados y haciendo aplicación de los artículos 8.1 de la Convención Interamericana de Derechos Humanos; 20, 21, 24, 25 y 27 del Código Modelo Iberoamericano de Ética Judicial; 82, 90 párrafo primero, 303, 304, 313 numeral 5) y 316 de la Constitución de la República; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 115.1, 129, 169, 170, 190, 191, 193. 2, literal b), 197, 199, 206, 211, 212.4 y 215.5 del Código Procesal Civil; profiere el presente AUTO IRRECURRIBLE mediante el cual resuelve: I. DECLARAR DE OFICIO LA NULIDAD ABSOLUTA de la sentencia dictada por la Corte Segunda de Apelaciones de lo Civil del departamento de Francisco Morazán, en fecha veintiuno de julio de dos mil quince. II. Que la Honorable Corte Segunda de Apelaciones de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán, proceda a volver a dictar sentencia bajo las observaciones enunciadas. Y MANDA: Certificar la presente resolución y remitir los antecedentes al Tribunal de su procedencia, para sus efectos legales consecuentes. SIN COSTAS. NOTIFÍQUESE. FIRMAS Y SELLO. WILFREDO MENDEZ ROMERO. MAGISTRADO COORDINADOR. RINA AUXILIADORA ALVARADO MORENO. MAGISTRADA. REYNALDO ANTONIO HERNANDEZ. MAGISTRADO. FIRMA Y SELLO. BETTY JANETH PALMA O´CONNOR. RECEPTORA ADSCRITA”.

Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintiún días del mes de agosto de dos mil diecisiete; Certificación del auto de fecha diez de agosto del dos mil diecisiete, recaído en Recurso de Casación registrado bajo el No. S.C. 341=2015.

BETTY JANETH PALMA O’CONNOR

RECEPTORA ADSCRITA

[1] Corte IDH. Caso Apitz Barbera y otros vs Venezuela. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 5 de Agosto de 2008. Serie C No. 182, párr. 78. Citado por Karla I Quintana Osuna y Silvia Serrano Guzmán en su obra La Convención Americana sobre Derechos Humanos. Reflexiones Generales. P. 67 y 68