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Sentencia CC-34-16 — Registro 6778

Resumen

En primera instancia se declaró sin lugar la excepción material de nulidad absoluta del negocio jurídico en que se funda la demanda, en la contestación de la demanda ordinaria de rendición de cuentas, pago de dividendos, liquidación de parte social, disolución de sociedad y sin lugar la demanda. Confirmada en segunda instancia.

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

… “SEGUNDO: Que del estudio del recurso planteado por el recurrente, así como de la sentencia que se profirió en fecha 10 de noviembre del año 2015, por parte de la Corte de Apelaciones Civil de San Pedro Sula, Departamento de Cortés; la Sala encuentra que, no obstante la sentencia que se impugna confirma la del a quo, no contiene la normativa aplicable al caso de autos, esto es no se mencionan los artículos por los cuales ese tribunal haya llegado al convencimiento de que resultaba procedente confirmar el fallo proferido por iudex a-quo, igual falencia se observa en la parte dispositiva del fallo, en la que el Tribunal de Alzada no hace cita de precepto legal alguno; en ese sentido la Sala deja establecido que la disposición misma del fallo que se profiera, indefectiblemente pasa porque el Tribunal deberá hacer cita y razonar al caso concreto, de los fundamentos jurídicos que estima resultan aplicables al caso en cuestión; no hacerlo así conlleva que el fallo sea nugatorio del derecho al debido proceso que le asiste a las partes y que consagra nuestra norma fundamental en su artículo 90 párrafo primero, ello porque de cara a un eventual recurso de casación por la parte que se considere afectada por el fallo de segunda instancia, la misma no tendría la posibilidad de atacar el fallo en tal vía recursiva debido a la ausencia de normativa y sustento jurídico imperativo. TERCERO: Tal como lo establece el artículo 12.1 del Código Procesal Civil, la dirección del proceso está a cargo del Juez, quien ejerce tal potestad de conformidad con lo dispuesto en la Constitución de la República y el precitado Código. CUARTO: Todo Juez tiene inexcusable obligación, en garantía de la legitimidad de sus funciones y de los derechos de las partes, a la debida motivación en todas las resoluciones que dicten en cumplimiento de su función jurisdiccional, por tal razón, el Código Modelo Iberoamericano de Ética Judicial es contundente al establecer como obligación para el juzgador la motivación de las decisiones que profiera, orientadas al buen funcionamiento de un sistema de impugnaciones procesales, como la garantía de una resolución judicial justa, razón por la cual esta motivación debe expresar de manera ordenada y clara, razones jurídicamente válidas, que han sido aptas para justificar la resolución. (Artículos 20, 21, 24, 25 y 27 del Código Modelo Iberoamericano de Ética Judicial) QUINTO: El deber de motivación es una de las debidas garantías incluidas en el artículo 8.1 de la Convención Interamericana de Derechos Humanos que procura salvaguardar el derecho a un debido proceso, que es una garantía vinculada con la correcta administración de justicia. Además, de ser la exteriorización de la justificación razonada que permite llegar a una conclusión, demostrando a las partes que éstas han sido oídas y, en aquellos casos en que las decisiones son recurribles, les proporciona la posibilidad de criticar la resolución y lograr un nuevo examen de la cuestión ante las instancias superiores. Es por esto que las decisiones que adopten los órganos pueden afectar derechos humanos y que las sentencias deben estar debidamente fundamentadas, pues de lo contrario serían decisiones arbitrarias, ya que como se dijo anteriormente la “motivación demuestra a las partes que éstas han sido oídas”, que sus alegatos han sido tomados en cuenta y que el conjunto de pruebas ha sido analizado. SEXTO: Que el artículo 7 en sus numerales 1 y 2 del Código Procesal Civil, establece que: 1. “El Proceso Civil se desarrollará según las disposiciones de este Código, de acuerdo a la Constitución de la República. Las formalidades previstas en él, son imperativas”. 2. “Las normas contenidas en este Código son obligatorias para el órgano jurisdiccional, las partes y terceros que intervengan en el proceso…”. SÉPTIMO: El artículo 200.1 literal c) del Código Procesal Civil, establece en cuanto al contenido formal de la sentencia que: “En los fundamentos de derecho se expresarán, en párrafos separados y numerados, los puntos de derecho fijados por las partes y de las cuestiones controvertidas, dando las razones y fundamentos legales del fallo que haya de dictarse, con expresión concreta de las normas jurídicas aplicables al caso”. OCTAVO: El artículo 206.2 del Código Procesal Civil, respecto de los requisitos de claridad, precisión y exhaustividad, señala que: “…, resolverá conforme a las normas aplicables al caso,…”. NOVENO: El artículo 207.1 del Código Procesal Civil, establece que: “Las sentencias se motivarán expresando los razonamientos fácticos y jurídicos que conducen a la apreciación y valoración de las pruebas, así como la aplicación e interpretación del derecho”. DECIMO: El artículo 211 del Código Procesal Civil manda que el incumplimiento de los requisitos contemplados por las leyes con relación a los actos procesales dé lugar a la nulidad o anulabilidad de acuerdo con lo establecido en el citado Código. DECIMO PRIMERO: En nuestra legislación procesal civil vigente no es procedente la pretensión de nulidad subsidiaria. Sin embargo, en virtud del control procesal de los órganos jurisdiccionales, podrá el Tribunal decretar nulidad de los actos procesales cuando se prescinda de normas esenciales del procedimiento, siempre que, por esa causa, se haya producido indefensión, (artículo 212.4 del Código Procesal Civil), y en ningún caso podrá el tribunal, con ocasión de un recurso, decretar de oficio una nulidad de actuaciones que no haya sido solicitada en dicho recurso, artículo 214.3 del Código Procesal Civil. DECIMO SEGUNDO: El artículo 215 del Código Procesal Civil, establece los supuestos de la nulidad de actuaciones, estableciendo en el numeral cinco que: “Si se estimara la nulidad, se repondrán las actuaciones al estado inmediatamente anterior al defecto que la haya originado y se seguirá el procedimiento legalmente establecido…”. DECIMO TERCERO: Por las razones expuestas es procedente declarar la nulidad de oficio de la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones Civil de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, el diez de noviembre del año dos mil quince, y de la cual se ha hecho mérito. DECIMO CUARTO: Considerando que ante la presente Resolución no procede recurso alguno de conformidad a lo que establece el artículo 724 numeral 1) del Código Procesal Civil; y siendo que el procedimiento normado para las nulidades en instancia es mediante audiencia que se celebra siguiendo las particularidades del proceso abreviado y por ende susceptible a impugnación, por tal razón se omite ese procedimiento por impertinente en la sustanciación del Recurso Extraordinario de Casación. DECIMO QUINTO: Señalado lo anterior, la Sala estima que en el presente caso, la resolución proferida en segunda instancia ha provocado indefensión, en tanto que al omitir la motivación jurídica y fáctica, impide a las partes entender las razones que han servido al juzgador para llegar a su conclusión final y consecuentemente dificulta al recurrente elaborar adecuadamente su recurso de casación, tal y como lo señaló el Impetrante; siendo menester para una debida administración de justicia, la Honorable Corte de Apelaciones Civil de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, dicte un fallo con una clara y adecuada fundamentación fáctica y jurídica, que sustente su Parte Dispositiva, en consecuencia de lo anterior, es de estricta observancia que la sentencia en estudio, precise exhaustivamente el vínculo normativo que enlaza el acápite denominado “Motivación Fáctica y Jurídica” con el alcance de la resolución dictada, tal como lo dispone el Artículo 200.2 del Código Procesal Civil y la debida observancia de los requisitos internos que debe tener toda sentencia. DECIMO SEXTO: Se hace un llamado de atención al Ad-quem en el sentido de que en lo sucesivo, cuando emitan un fallo lo hagan sujetándose a las consideraciones antes expuestas por esta Sala.”

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACION

La Infrascrita Receptora Adscrita a la Sala de lo Civil de la Corte Suprema de Justicia, Certifica, el Auto que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintiún días del mes de marzo del año dos mil diecisiete, la Sala de lo Civil, integrada por los Magistrados: WILFREDO MENDEZ ROMERO, como Coordinador, RINA AUXILIADORA ALVARADO MORENO, designada ponente para el conocimiento y redacción del presente recurso y REYNALDO ANTONIO HERNÁNDEZ, en la fecha supra indicada dictan el siguiente AUTO: SON PARTES: Los señores ANDRES BARAHONA y PLACIDO BARAHONA, representados en juicio por el abogado JAIME AGUILAR SMITH, en su condición de recurrente; siendo recurrida la sociedad ALMACENES DEL NORTE, S.A. DE C.V., representada en juicio por el abogado DAVID MOLINA PINEDA. OBJETO DEL PROCESO: “DEMANDA ORDINARIA PARA RENDIMIENTO DE CUENTAS, PAGO DE DIVIDENDOS, LIQUIDACION DE PARTE SOCIAL, DISOLUCION DE UNA SOCIEDAD.” promovida en fecha seis de mayo del año dos mil catorce, ante el Juzgado de Letras Seccional de Puerto Cortés, Departamento de Cortés, por el abogado JAIME AGUILAR SMITH, actuando en su condición de representante procesal de los señores ANDRES BARAHONA y PLACIDO BARAHONA, contra la sociedad ALMACENES DEL NORTE S.A. DE C.V., representada por el señor HUGO RIGOBERTO VILLAFRANCA BULNES, mayor de edad, casado, hondureño, Licenciado en Administración de Empresas y con domicilio en la ciudad de Puerto Cortés, Departamento de Cortés. I.- ANTECEDENTES DE HECHO PRIMERO: Con fecha diez de noviembre del año dos mil quince, la Corte de Apelaciones Civil de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, conociendo por vía de apelación de la sentencia definitiva de fecha dos de junio del año dos mil quince, dictada por el Juzgado de Letras Seccional de Puerto Cortés, Departamento de Cortés, en el juicio de mérito, dictó sentencia CONFIRMANDO la del A-quo, misma que falló de la siguiente manera: “FALLA: PRIMERO: DECLARANDO SIN LUGAR la EXCEPCIÓN MATERIAL DE NULIDAD ABSOLUTA DEL NEGOCIO JURÍDICO EN QUE SE FUNDA LA DEMANDA, opuesta por la demandada sociedad mercantil ALMACENES DEL NORTE S. A. DE C.V., en la contestación de la DEMANDA ORDINARIA DE RENDICIÓN DE CUENTAS, PAGO DE DIVIDENDOS, LIQUIDACIÓN DE PARTE SOCIAL, DISOLUCIÓN DE SOCIEDAD, promovida en su contra por el abogado JAIME AGUILAR SMITH en representación de los señores ANDRÉS BARAHONA y PLACIDO BARAHONA. SEGUNDO: DECLARANDO SIN LUGAR la DEMANDA ORDINARIA DE RENDICIÓN DE CUENTAS, PAGO DE DIVIDENDOS, LIQUIDACIÓN DE PARTE SOCIAL, DISOLUCIÓN DE SOCIEDAD, promovida por el abogado JAIME AGUILAR SMITH en representación de los señores ANDRÉS BARAHONA y PLACIDO BARAHONA, contra la sociedad mercantil ALMACENES DEL NORTE S.A. DE C.V. TERCERO: No procede el pronunciamiento sobre costas. Y MANDA: Notifíquese esta resolución a las partes con indicación de que contra misma cabe el recurso de apelación por escrito, en el plazo de diez (10) días a partir del acto de comunicación respectivo, de conformidad con los Artículos 690, 706.2, 707 y 709 del Código Procesal Civil. Que si dentro del término legal no se interpone recurso alguno en su contra quede firme el presente fallo. Así por esta mi sentencia lo fallo, mando y firmo.- NOTIFÍQUESE.” SEGUNDO: El representante procesal de los señores ANDRES BARAHONA y PLACIDO BARAHONA, abogado JAIME AGUILAR SMITH, presentó en fecha catorce de diciembre del año dos mil quince, escrito de interposición y formalización del recurso de casación, contra la sentencia de fecha diez de noviembre del año dos mil quince, dictada por la Corte de Apelaciones Civil de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, resolviendo el Ad-quem, mediante proveído de fecha ocho de enero del año dos mil dieciséis, tener por interpuesto y formalizado el recurso de casación por parte del Recurrente y acordó conceder a la parte contraria el plazo de diez días hábiles para que se pronunciara sobre el contenido del escrito, debiendo entregársele copia del mismo. TERCERO: El representante procesal de la sociedad mercantil ALMACENES DEL NORTE S.A. DE C.V., abogado DAVID MOLINA PINEDA, presentó en fecha veintisiete de enero del año dos mil dieciséis, escrito de pronunciamiento sobre el contenido del recurso de casación interpuesto y formalizado por la contraparte, resolviendo la Corte de Apelaciones Civil de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, remitir las presentes diligencias a la Honorable Corte Suprema de Justicia en el término que manda la ley, para proseguir con el trámite correspondiente. CUARTO: Recibidas las actuaciones en éste Tribunal, y habiéndose personado el abogado DAVID MOLINA PINEDA en su condición ya indicada, presentó escrito de personamiento en fecha dos de marzo del año dos mil dieciséis, y una vez visto el informe rendido por la Secretaría de esta Corte Suprema de Justicia, este Tribunal, mediante proveído de fecha quince de marzo del año dos mil dieciséis, resolvió tener por personado al abogado DAVID MOLINA PINEDA y precluído el plazo dejado de utilizar por el abogado JAIME AGUILAR SMITH. QUINTO: Que el abogado JAIME AGUILAR SMITH, plantea su recurso de casación contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones Civil de San Pedro Sula, Departamento de Cortés de la siguiente manera: “EXPRESION DE LOS MOTIVOS DE CASACION PRIMER MOTIVO: Ser la sentencia violatoria del artículo 15 del Código de Comercio por la forma y contenido de la sentencia. PRECEPTO AUTORIZANTE: Artículo 719 letra c) del Código Procesal Civil. CONCEPTO DE LA INFRACCION. El artículo 719. CAUSALES DEL RECURSO, establece: 1- SE PODRA IMPUGNAR LA APLICACIÓN E INTERPRETACION DE LAS NORMAS PROCESALES QUE REGULAN: c) La forma y contenido de la sentencia. La sentencia impugnada considera que la sociedad demandada ALMACENES DEL NORTE S. A. (ALDENOR), ya no contaba entre sus socios a la denominada A. VILLAFRANCA R. y COMPAÑÍA S. DE R. L., MENCIONANDO ACTAS INSCRITAS EN EL Registro de Comercio de Puerto Cortés MENCIONANDO ACTAS INSCRITAS EN EL Registro de Comercio del Registro de Puerto Cortés, sin considerar que la Sociedad A. VILLAFRANCA R. Y COMPAÑÍA, S. DE R. L. DE C. V., si estaba inscrita como socia de ALMACENES DEL NORTE S. A. DE C. V., y en ningún momento aparece inscrita su cancelación, más bien, al momento de vender en pública subasta las acciones de dicha sociedad en el Juzgado del Trabajo de Puerto Cortés, todavía estaba vigente su inscripción y no hubo ninguna oposición al respecto. La sentencia por su forma y contenido viola el artículo 15 del Código de Comercio, que literalmente dice: “OTORGADA LA ESCRITURA PUBLICA DE CONSTITUCION O LA DE REFORMA O ADICIONES, EL RESPECTIVO TESTIMONIO DEBERA INSCRIBIRSE EN EL REGISTRO PUBLICO DE COMERCIO. Repetimos, la Corte Sentenciadora en ningún momento menciona haber tenido a la vista el testimonio de la escritura de la reforma de la sociedad demandada o la inscripción de dicho testimonio en el Registro Público de Comercio. SEGUNDO MOTIVO: Ser la sentencia violatoria del artículo 20 del Código de Comercio por infracción de los actos y garantías procesales produciendo indefensión de la parte demandante. PRECEPTO AUTORIZANTE: Artículo 719 letra b) del Código Procesal Civil. CONCEPTO DE LA INFRACCION. El artículo 719. CAUSALES DEL RECURSO en su letra b) indica: LOS ACTOS Y GARANTIAS PROCESALES CUANDO SU INFRACCION SUPONGA LA NULIDAD O PRODUJERA INDEFENSION. Consta en autos que al realizarse el Reconocimiento Judicial, la demandada presentó un libro de actas donde aún socios muertos años atrás como Romeo Villafranca y Sady Villafranca aparecían en los mencionados documentos como socios, en cambio en el Registro de Comercio ya estaban inscritos sus herederos, lo cual demuestra que la sociedad presentó libros de comercio falsos con socios muertos. La presentación de documentos falsos no solo implica deslealtad procesal por la parte demandada sino que además deja en indefensión a la parte demandante al no poder presentar pruebas para demostrar la falsedad de los documentos. QUE DE OFICIO SE DECLARE LA NULIDAD ABSOLUTA DE LA SENTENCIA El artículo 200 del Código Procesal Civil, indica: CONTENIDO FORMAL DE LAS SENTENCIAS: 1.- Las sentencias serán siempre motivadas y contendrán, en párrafos separados y numerados, los antecedentes de hecho y los fundamentos de derecho en los que se base la parte dispositiva o fallo. 2.- En particular, la redacción de las sentencias se ajustarán al contenido formal siguiente: c) EN LOS FUNDAMENTOS DE DERECHO SE EXPRESARAN, EN PARRAFOS SEPARADOS Y NUMERADOS, LOS PUNTOS DE DERECHO FIJADOS POR LAS PARTES Y LAS CUESTIONES CONTROVERTIDAS, DANDO LAS RAZONES Y FUNDAMENTOS LEGALES DEL FALLO QUE HAYA DE DICTARSE, CON EXPRESION CONCRETA DE LAS NORMAS JURIDICAS APLICABLES AL CASO. En ninguna parte de la sentencia recurrida se encuentran las normas jurídicas en que se basa la misma, violándose los artículos ante mencionados y produciendo la nulidad del fallo en referencia. También deben aplicarse las disposiciones del Código Civil contenidas en los artículos 1586 numeral 1, 1589, que se refieren a la nulidad absoluta y su declaración de oficio. A la Honorable Corte de Apelaciones Civil respetuosamente pido: Tener por formalizada la demanda de casación, con original y copia simple; darle traslado a la parte contraria y luego proceder conforme a derecho.” SEXTO: Que el abogado DAVID MOLINA PINEDA, plantea su pronunciamiento sobre la formalización del recurso de casación de la siguiente manera: “UNO: A1 PRIMER MOTIVO de casación, me pronuncio de la manera siguiente: La resolución combatida no viola en manera alguna el Artículo 15 del Código de Comercio, ya que según las REFORMAS o ADICIONES inscritas en el Registro Público de Comercio de Puerto Cortés, Cortés, posteriores al registro de la Escritura de Constitución de la sociedad mercantil ALMACENES DEL NORTE, S.A. DE C.V. (ALDENOR), prueban de manera absoluta, que la sociedad mercantil A. VILLA FRANCA R. Y CIA. S. DE R.L. DE C. V., dejó de ser socio o accionista de ALMACENES DEL NORTE, S.A. DE C.V. (ALDENOR), desde el cinco de Enero de mil novecientos noventa y seis, extremo éste que se acredita con la CERTIFICACION del ACTA NUMERO NUEVE de la ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS de la sociedad mercantil ALDENOR, celebrada el cinco (5) de Enero de mil novecientos noventa y seis (1996), Protocolizada en instrumento Público autorizado por el fedatario correspondiente, e inscrita bajo el Número 10 del Tomo 11 de Libro de Registro de Comerciantes Sociales del Instituto de la Propiedad de esta ciudad, en la que fácilmente se puede ver que la sociedad A. VILLAFRANCA R. Y CIA. S. DE R.L. DE C. V. no aparece en el listado de socios presentes y representados, que tomaron acuerdos de carácter extraordinario para decidir por unanimidad aumentar el capital mínimo y máximo de dicha sociedad. Este extremo también ha quedado plenamente probado con la lectura del contenido del INSTRUMENTO NUMERO DOCE, de fecha veintitrés de Enero de mil novecientos noventa y seis, autorizado en la ciudad de San Pedro Sula, Cortés, por el Notario Carlos Villar Rosales, e inscrito bajo el Número 82 del Tomo 10 deI Libro de Registro de Comerciantes Sociales del Instituto de la Propiedad de esta ciudad, contentivo de la ejecución del acuerdo de aumento del capital de la sociedad mercantil ALDENOR, en el que no aparece la sociedad A. VILLAFRANCA R. Y CIA. S. DE R.L. DE C.V. suscribiendo ni pagando acciones nominativas producto del aumento de capital mínimo y máximo de dicha sociedad, según la cláusula SEGUNDO de dicho instrumento, y que quien si aparece como socia o accionista de cincuenta acciones, con valor de cinco mil lempiras, es la señora LUZ MARIA GARCIA DE VILLAFRANCA (ahora viuda de Villafranca), conformándose así los cinco accionistas o socios de la sociedad mercantil ALDENOR, lo que presume legalmente que dicha señora fue la que adquirió los títulos o acciones del accionista fundador A. VILLAFRANCA R. Y CIA. S. DE R.L. DE C. V., y que por ende, ésta sociedad mercantil dejó de ser socio de ALDENOR desde aquellas fechas. (5 de Enero de 1996 y 23 de Enero de 1996) en que se tomaron dichos acuerdos y se ejecutaron e inscribieron los mismos en el Registro Público de Comercio correspondiente para que surtieran efectos frente a terceros; en consecuencia, la forma y contenido de la sentencia recurrida no violan el Artículo 15 del Código de Comercio, ya que en ella si se encuentran mencionadas todas las REFORMAS O ADICIONES sufridas por ALDENOR, entre ellas, de que A. VILLAFRANCA R. Y CIA. S. DE R.L. DE C. V. dejó de ser socio de ALDENOR desde el 5 de enero de 1996, razón por la cual procede que el recurso de casación sea inadmitido por la Sala Civil de la Honorable Corte Suprema de Justicia. DOS: Al SEGUNDO MOTIMO de casación, me pronuncio de la manera siguiente: En los libros contables que fueron objeto de reconocimiento judicial a instancia de la parte demandante, se constató que ALDENOR cuenta con más de dos socios, hecho que fue corroborado con la prueba documental aportada en juicio por la parte demandada y con la prueba de reconocimiento judicial realizada en el Registro Mercantil de Comerciantes Sociales del Instituto de la Propiedad de Puerto Cortes, Cortes, también aportada por la parte demandada, con las que se demuestra que en la actualidad, uno de los socios fundadores de la sociedad mercantil ALDENOR actualmente se encuentra vivo y es el señor Hugo Rigoberto Villafranca Bulnes; y que el otro socio no fundador, la señora LUZ MARÍA GARCÍA DE VILLAFRANCA, adquirió la calidad de tal por la adquisición de todas las acciones de la empresa A. VILLAFRANCA R. Y CIA. S. DE R.L. DE C.V. y, que el resto de los socios adquirieron la calidad de tal por virtud de herencia ab intestato y testamentaria al heredar las acciones de sus padres- socios; en consecuencia, no es falsa la información que revelan los libros contables de ALDENOR, como equivocadamente lo quiere dar a entender el apelante, sino absolutamente cierta y verdadera.- Lo mismo sucede con los registros que se encuentran en la DEI respecto a ALDENOR, en los que por ley no se consignan en los reportes a todos los socios de ALDENOR, sino solo a sus representantes o administradores en el mes de enero de cada año al hacer la declaración del impuesto sobre la renta, pero como ALDENOR dejó de operar mercantilmente desde hace más de diez años, desde entonces dejó de reportar quiénes pasaron a ser sus representantes o administradores en el transcurso de todo ese tiempo (Artículo 37 del Código de Comercio).- En consecuencia, siendo que la información constatada en los libros contables de la sociedad ALDENOR y que los reportes dados a la DEI, son absolutamente verdaderos, procede sea inadmitida la casación de mérito por este motivo. TRES: Con relación a lo expresado por el recurrente para que se declare la nulidad absoluta de la sentencia combatida, manifiesto lo siguiente: La sentencia definitiva recurrida si se encuentra dictada con arreglo a derecho, ya que está perfectamente motivada y contiene la fundamentación fáctica y jurídica lógicamente razonada que llevaron al Ad-quem a la convicción de denegar el recurso de apelación interpuesto por el apelante; en consecuencia, como no se viola en su contenido el artículo procesal civil mencionado, procede declarar sin lugar dicha pretensión. Fundo el presente escrito en los Artículos 721.5, 722, 723.2, 724 y demás aplicables del Código Procesal Civil.”

II. FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO: En la fase de estudio, la Sala de lo Civil observa la parte dispositiva de la sentencia impetrada y que fuera proferida por la honorable Corte de Apelaciones Civil de San Pedro Sula, Cortés, en fecha diez de noviembre del año dos mil quince, la que en su parte conducente dice: “…PRIMERO: DECLARANDO SIN LUGAR, el recurso de apelación interpuesto por el abogado JAIME AGUILAR SMITH, en su condición de apoderado judicial de los señores ANDRES BARAHONA y PLACIDO BARAHONA, contra la sentencia definitiva de fecha dos de junio de dos mil quince (F171), dictada por el Juzgado de Letras Seccional de Puerto Cortés, Cortés, en la demanda ordinaria de rendición de cuentas, pago de dividendos, liquidación de parte social, disolución de sociedad y costas del juicio promovida contra la entidad ALMACENES DEL NORTE S.A. DE C.V. SEGUNDO: CONFIRMANDO la sentencia definitiva de fecha dos de junio de dos mil quince (F171), dictada por el Juzgado de Letras Seccional de Puerto Cortés, Cortés, agregada al expediente de mérito…” SEGUNDO: Que del estudio del recurso planteado por el recurrente, así como de la sentencia que se profirió en fecha 10 de noviembre del año 2015, por parte de la Corte de Apelaciones Civil de San Pedro Sula, Departamento de Cortés; la Sala encuentra que, no obstante la sentencia que se impugna confirma la del a quo, no contiene la normativa aplicable al caso de autos, esto es no se mencionan los artículos por los cuales ese tribunal haya llegado al convencimiento de que resultaba procedente confirmar el fallo proferido por iudex a-quo, igual falencia se observa en la parte dispositiva del fallo, en la que el Tribunal de Alzada no hace cita de precepto legal alguno; en ese sentido la Sala deja establecido que la disposición misma del fallo que se profiera, indefectiblemente pasa porque el Tribunal deberá hacer cita y razonar al caso concreto, de los fundamentos jurídicos que estima resultan aplicables al caso en cuestión; no hacerlo así conlleva que el fallo sea nugatorio del derecho al debido proceso que le asiste a las partes y que consagra nuestra norma fundamental en su artículo 90 párrafo primero, ello porque de cara a un eventual recurso de casación por la parte que se considere afectada por el fallo de segunda instancia, la misma no tendría la posibilidad de atacar el fallo en tal vía recursiva debido a la ausencia de normativa y sustento jurídico imperativo. TERCERO: Tal como lo establece el artículo 12.1 del Código Procesal Civil, la dirección del proceso está a cargo del Juez, quien ejerce tal potestad de conformidad con lo dispuesto en la Constitución de la República y el precitado Código. CUARTO: Todo Juez tiene inexcusable obligación, en garantía de la legitimidad de sus funciones y de los derechos de las partes, a la debida motivación en todas las resoluciones que dicten en cumplimiento de su función jurisdiccional, por tal razón, el Código Modelo Iberoamericano de Ética Judicial es contundente al establecer como obligación para el juzgador la motivación de las decisiones que profiera, orientadas al buen funcionamiento de un sistema de impugnaciones procesales, como la garantía de una resolución judicial justa, razón por la cual esta motivación debe expresar de manera ordenada y clara, razones jurídicamente válidas, que han sido aptas para justificar la resolución. (Artículos 20, 21, 24, 25 y 27 del Código Modelo Iberoamericano de Ética Judicial) QUINTO: El deber de motivación es una de las debidas garantías incluidas en el artículo 8.1 de la Convención Interamericana de Derechos Humanos que procura salvaguardar el derecho a un debido proceso, que es una garantía vinculada con la correcta administración de justicia. Además, de ser la exteriorización de la justificación razonada que permite llegar a una conclusión, demostrando a las partes que éstas han sido oídas y, en aquellos casos en que las decisiones son recurribles, les proporciona la posibilidad de criticar la resolución y lograr un nuevo examen de la cuestión ante las instancias superiores. Es por esto que las decisiones que adopten los órganos pueden afectar derechos humanos y que las sentencias deben estar debidamente fundamentadas, pues de lo contrario serían decisiones arbitrarias, ya que como se dijo anteriormente la “motivación demuestra a las partes que éstas han sido oídas”, que sus alegatos han sido tomados en cuenta y que el conjunto de pruebas ha sido analizado. SEXTO: Que el artículo 7 en sus numerales 1 y 2 del Código Procesal Civil, establece que: 1. “El Proceso Civil se desarrollará según las disposiciones de este Código, de acuerdo a la Constitución de la República. Las formalidades previstas en él, son imperativas”. 2. “Las normas contenidas en este Código son obligatorias para el órgano jurisdiccional, las partes y terceros que intervengan en el proceso…”. SÉPTIMO: El artículo 200.1 literal c) del Código Procesal Civil, establece en cuanto al contenido formal de la sentencia que: “En los fundamentos de derecho se expresarán, en párrafos separados y numerados, los puntos de derecho fijados por las partes y de las cuestiones controvertidas, dando las razones y fundamentos legales del fallo que haya de dictarse, con expresión concreta de las normas jurídicas aplicables al caso”. OCTAVO: El artículo 206.2 del Código Procesal Civil, respecto de los requisitos de claridad, precisión y exhaustividad, señala que: “…, resolverá conforme a las normas aplicables al caso,…”. NOVENO: El artículo 207.1 del Código Procesal Civil, establece que: “Las sentencias se motivarán expresando los razonamientos fácticos y jurídicos que conducen a la apreciación y valoración de las pruebas, así como la aplicación e interpretación del derecho”. DECIMO: El artículo 211 del Código Procesal Civil manda que el incumplimiento de los requisitos contemplados por las leyes con relación a los actos procesales dé lugar a la nulidad o anulabilidad de acuerdo con lo establecido en el citado Código. DECIMO PRIMERO: En nuestra legislación procesal civil vigente no es procedente la pretensión de nulidad subsidiaria. Sin embargo, en virtud del control procesal de los órganos jurisdiccionales, podrá el Tribunal decretar nulidad de los actos procesales cuando se prescinda de normas esenciales del procedimiento, siempre que, por esa causa, se haya producido indefensión, (artículo 212.4 del Código Procesal Civil), y en ningún caso podrá el tribunal, con ocasión de un recurso, decretar de oficio una nulidad de actuaciones que no haya sido solicitada en dicho recurso, artículo 214.3 del Código Procesal Civil. DECIMO SEGUNDO: El artículo 215 del Código Procesal Civil, establece los supuestos de la nulidad de actuaciones, estableciendo en el numeral cinco que: “Si se estimara la nulidad, se repondrán las actuaciones al estado inmediatamente anterior al defecto que la haya originado y se seguirá el procedimiento legalmente establecido…”. DECIMO TERCERO: Por las razones expuestas es procedente declarar la nulidad de oficio de la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones Civil de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, el diez de noviembre del año dos mil quince, y de la cual se ha hecho mérito. DECIMO CUARTO: Considerando que ante la presente Resolución no procede recurso alguno de conformidad a lo que establece el artículo 724 numeral 1) del Código Procesal Civil; y siendo que el procedimiento normado para las nulidades en instancia es mediante audiencia que se celebra siguiendo las particularidades del proceso abreviado y por ende susceptible a impugnación, por tal razón se omite ese procedimiento por impertinente en la sustanciación del Recurso Extraordinario de Casación. DECIMO QUINTO: Señalado lo anterior, la Sala estima que en el presente caso, la resolución proferida en segunda instancia ha provocado indefensión, en tanto que al omitir la motivación jurídica y fáctica, impide a las partes entender las razones que han servido al juzgador para llegar a su conclusión final y consecuentemente dificulta al recurrente elaborar adecuadamente su recurso de casación, tal y como lo señaló el Impetrante; siendo menester para una debida administración de justicia, la Honorable Corte de Apelaciones Civil de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, dicte un fallo con una clara y adecuada fundamentación fáctica y jurídica, que sustente su Parte Dispositiva, en consecuencia de lo anterior, es de estricta observancia que la sentencia en estudio, precise exhaustivamente el vínculo normativo que enlaza el acápite denominado “Motivación Fáctica y Jurídica” con el alcance de la resolución dictada, tal como lo dispone el Artículo 200.2 del Código Procesal Civil y la debida observancia de los requisitos internos que debe tener toda sentencia. DECIMO SEXTO: Se hace un llamado de atención al Ad-quem en el sentido de que en lo sucesivo, cuando emitan un fallo lo hagan sujetándose a las consideraciones antes expuestas por esta Sala. III. PARTE DISPOSITIVA Por lo antes expuesto la Sala de lo Civil, pronunciándose por unanimidad de votos e impartiendo justicia en nombre de la Corte Suprema de Justicia y del Estado de Honduras, en base a los fundamentos de derecho citados y haciendo aplicación de los artículos 8.1 de la Convención Interamericana de Derechos Humanos; 20, 21, 24, 25 y 27 del Código Modelo Iberoamericano de Ética Judicial; 82, 90 párrafo primero, 303, 304, 313 numeral 5) y 316 de la Constitución de la República; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 115.1, 129, 169, 170, 190, 191, 193. 2, literal b), 197, 199, 206, 211, 212.4 y 215.5 del Código Procesal Civil; profiere el presente AUTO IRRECURRIBLE mediante el cual resuelve: I. DECLARAR LA NULIDAD ABSOLUTA de la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones Civil de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, en fecha diez de noviembre del año dos mil quince. II. Que la Honorable Corte de Apelaciones Civil de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, proceda a dictar nueva sentencia bajo las observaciones enunciadas. Y MANDA: Certificar la presente resolución y remitir los antecedentes al Tribunal de su procedencia, para sus efectos legales consecuentes. Redactó la Magistrada RINA AUXILIADORA ALVARADO MORENO. NOTIFÍQUESE. FIRMAS Y SELLO. WILFREDO MÉNDEZ ROMERO. MAGISTRADO COORDINADOR. RINA AUXILIADORA ALVARADO. MAGISTRADA. REYNALDO ANTONIO HERNÁNDEZ. MAGISTRADO. FIRMA Y SELLO. BETTY JANETH PALMA O´CONNOR. RECEPTORA ADSCRITA”.

Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los Veintiún días del mes de Abril de Dos Mil Diecisiete; Certificación del Auto de fecha Veintiuno de Marzo de Dos Mil Diecisiete, recaído en el Recurso de Casación registrado bajo el No. 34=2016.

BETTY JANETH PALMA O’CONNOR

RECEPTORA ADSCRITA

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