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Sentencia CC-339-15 — Registro 8196

Resumen

En primera instancia se declaró sin lugar la demanda ordinaria de pago por incumplimiento de contrato tramitada por la vía del proceso declarativo ordinario y confirmado en segunda instancia.

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

...“Respuesta de la Sala de lo Civil. Este Tribunal de Justicia, estima que la recurrente en este motivo de casación incurre notoriamente en inobservancia de los requisitos y exigencias establecidos por el Código Procesal Civil para la interposición y formalización del recurso de casación, faltando totalmente a la claridad que posibilite el entendimiento del recurso, incurriendo en los errores siguientes: A) La recurrente viene invocando normas de carácter general que como lo ha dicho esta Sala en forma reiterada, no son susceptibles de ser examinadas en casación porque con ello se da lugar a la indeterminación y falta de claridad del motivo con la consecuente indefensión para la parte contraria, sin embargo, es preciso aclarar que si es posible la cita de normas generales en relacionan con preceptos homogéneos con la norma general pero más específicos, lo que no ha verificado el censor. B) Es contradictorio el alegato simultáneo en un mismo motivo de falta de aplicación e interpretación errónea de un mismo precepto, en tanto que ambos modos de quebrantar la norma son excluyentes entre si, pues si se alega falta de aplicación de una norma es porque la misma no ha sido observada en absoluto y consecuentemente no ha tenido interpretación alguna, la interpretación errónea en cambio supone que la norma ha sido aplicada por ser la que rige la cuestión objeto de debate pero se le ha dado un sentido o alcance que no tiene, por tanto no cabe hablar de falta de aplicación en este caso. C) Indebidamente la recurrente invoca simultáneamente en un mismo motivo la infracción de normas tanto sustantivas como adjetivas, faltando con ello a la claridad y debida separación. 5. Por las razones antes expuestas concurre la causal de inadmisibilidad prevista en el artículo 723. 2 a) del Código Procesal Civil.”

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACION

La Infrascrita Receptora Adscrita a la Sala de lo Civil de la Corte Suprema de Justicia, Certifica el Auto que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los catorce días del mes de septiembre del año dos mil diecisiete, la Sala de lo Civil, integrada por los Magistrados: WILFREDO MÉNDEZ ROMERO, como Coordinador, RINA AUXILIADORA ALVARADO Y REYNALDO ANTONIO HERNÁNDEZ, designado ponente para el conocimiento y redacción de la resolución del presente recurso de Casación, en la fecha supra indicada dictan el siguiente AUTO: SON PARTES: la señora AMY ELIZABETH NASSER MORALES representada en juicio por la abogada PAOLA MARICELA IRAHETA MORALES como recurrente; siendo recurrida la sociedad mercantil denominada AGRÓNOMOS, AMBIENTALISTAS Y CONSULTORES SOCIEDAD ANÓNIMA, conocida por sus siglas “AGRACONSA”, representada en juicio por el abogado ALLAN ROBERTO NUÑEZ RAMOS. OBJETO DEL PROCESO: “DEMANDA POR VIA DEL PROCESO ORDINARIO PARA EL PAGO DE CANTIDADES DE DINERO EN CONCEPTO DE INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES”, promovida en fecha dieciocho de septiembre de dos mil catorce, ante el Juzgado de Letras Civil de la Sección Judicial de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, por la abogada PAOLA MARICELA IRAHETA MORALES, actuando en su condición de representante procesal de la señora AMY ELIZABETH NASSER MORALES, contra la sociedad mercantil denominada AGRÓNOMOS, AMBIENTALISTAS Y CONSULTORES SOCIEDAD ANÓNIMA, conocida por sus siglas “AGRACONSA”, por medio de su representante legal, señor RENAN ARIAS CHICAS. I. ANTECEDENTES DE HECHO PRIMERO: Con fecha diez de agosto de dos mil quince, la Corte de Apelaciones Civil de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, conociendo por vía de apelación de la sentencia definitiva de fecha siete de abril del dos mil quince, dictada por el Juzgado de Letras Civil de la Sección Judicial de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, en el juicio de mérito, dictó sentencia CONFIRMANDO la dictada por el A-quo, misma que fallo de la siguiente manera: “Falla: 1) Declarar SIN LUGAR la demanda ordinaria de pago por incumplimiento de contrato tramitada por la vía del proceso declarativo ordinario y promovida por la abogada PAOLA IRAHETA MORALES en su condición de apoderada judicial de la señora AMY ELIZABETH NASSER MORALES contra la sociedad AGRONOMOS, AMBIENTALISTAS Y CONSULTORES SOCIEDAD ANONIMA (AGRACONSA) representada legalmente por el señor RENAN ARIAS CHICAS 2. SE ABSUELVE a la sociedad AGRONOMOS, AMBIENTALISTAS Y CONSULTORES SOCIEDAD ANONIMA (AGRACONSA) representada legalmente por el señor RENAN ARIAS CHICAS de pagar la cantidad de SESENTA Y DOS MIL QUINIENTOS LEMPIRAS (L 62,500.00); 3) CON COSTAS A LA PARTE DEMANDANTE.- Y MANDA: Que si dentro del término legal no se interpone recurso alguno contra el presente fallo, quede este firme. Esta Sentencia admite recurso de Apelación el que debe interponerse dentro de los diez días siguientes a la notificación ante este mismo Juzgado por escrito expresando los agravios que le causa la misma. NOTIFIQUESE.”. SEGUNDO: La abogada PAOLA MARICELA IRAHETA MORALES, en su condición de representante procesal de la señora AMY ELIZABETH NASSER MORALES, en fecha veintinueve de septiembre del dos mil quince, presentó escrito de interposición y formalización del recurso de casación contra la sentencia de fecha diez de agosto del dos mil quince, dictada por la Corte de Apelaciones Civil de San Pedro Sula, departamento de Cortés, resolviendo el Ad-quem, mediante proveído de fecha veintinueve de septiembre del dos mil quince, tener por interpuesto y formalizado el recurso de casación por parte de la Recurrente y acordó conceder a la parte contraria el plazo diez (10) días hábiles para que se pronunciara sobre el contenido del escrito, debiendo entregársele copia del mismo. TERCERO: Que mediante proveído de fecha seis de noviembre del dos mil quince, la Corte de Apelaciones Civil de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, tuvo por precluído y perdido irrevocablemente el termino de (10) días hábiles concedido al abogado ALLAN ROBERTO NUÑEZ, en su condición ya indicada, para que presentara escrito de pronunciamiento sobre el recurso interpuesto por la abogada PAOLA IRAHETA MORALES, asimismo ordeno remitir las presentes diligencias a la Honorable Corte Suprema de Justicia en el término que manda la ley, para proseguir con el trámite correspondiente. CUARTO: Recibidas las actuaciones en éste Tribunal, la abogada PAOLA MARICELA IRAHETA MORALES en su condición ya indicada, presentó escrito de personamiento en fecha dieciocho de noviembre del dos mil quince, resolviendo este Tribunal, mediante proveído de fecha veintidós de enero del dos mil dieciséis, tener por personada a la abogada PAOLA MARICELA IRAHETA MORALES, como recurrente y por precluído el plazo concedido al recurrido, abogado ALLAN ROBERTO NUÑEZ RAMOS. QUINTO: Que la parte recurrente plantea su recurso de casación contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones Civil de San Pedro Sula, departamento de Cortés, de la siguiente manera: “MOTIVOS Y NORMAS INFRINGIDAS. 1.- UNICO MOTIVO: Defecto en la aplicación de norma sustantiva contenidas en los artículos 1, 2.1, 3, 5, 422, 691 del Código de Comercio y 1346, 1347, 1348, 1375,1376, 1546, 1547, 1576, 1577, del Código Civil/Norma Habilitante (Articulo 719.2 CPC). Normas infringidas: Artículos 1. 2.1. 5. 422, 691 del Código de Comercio 1550, 1548, 1582, 1581 y 1583 del Código Civil. TRANSCRIPCIÓN DE NORMAS RELACIONADAS: Código Civil.- Artículo º1346.- Las obligaciones nacen de la ley, de los contratos y casi contratos y de los actos y omisiones ilícitos o en que intervengan cualquier género de culpa o negligencia. En relación al artículo 1 del Código de Comercio que dice “Los comerciantes, los actos de comercio y las cosas mercantiles se regirán por las disposiciones de este Código y de las demás leyes mercantiles en su defecto, por los usos y costumbres mercantiles y a falta de éstos, por las normas del Código Civil” Código Civil.- Artículo º1347.- Las obligaciones derivadas de la ley no se presumen. Sólo son exigibles las expresamente determinadas en este Código o en leyes especiales, y se regirán por los preceptos de la ley que las hubiere establecido; Y en lo que ésta no hubiere previsto, por las disposiciones del presente Libro. En relación al artículo 5 del Código de Comercio.- Los actos que solo fueren mercantiles para una de las partes se regirán por las disposiciones de este código. Código Civil.- Artículo º1348.- Las obligaciones que nacen de los contratos tienen fuerza de ley entre las partes contratantes, y deben cumplirse al tenor de los mismos. Artículo º1375.- Será exigible, desde luego, toda obligación cuyo cumplimiento no dependa de un suceso futuro o incierto, o de un suceso pasado, que los interesados ignoren. Artículo 1376.- En las obligaciones condicionales, la adquisición de los derechos, así como la resolución o pérdida de los ya adquiridos, dependerán del acontecimiento que constituya la condición. Artículo º1546.- Los contratos deben ejecutarse de buena fe, y por consiguiente obligan no solo a lo que en ellos se expresa, sino a todas las cosas que emanan precisamente de la naturaleza de la obligación, o que por la ley o la costumbre pertenecen a ella. Artículo º1547.- Los contratantes pueden establecer los pactos, cláusulas y condiciones que tengan por conveniente, siempre que no sean contrarios a las leyes, a la moral, ni al orden público. Artículo º1576.- Si los términos de un contrato son claros y no dejan duda sobre la intención de los contratantes, se estará al sentido literal de sus cláusulas. En relación al artículo 234.2 del Código Procesal Civil como norma adjetiva. Que dice: “Artículo 234.- HECHOS YDERECHO. 2. Los usos y costumbres serán objeto igualmente de prueba. La prueba de la costumbre no será necesaria si las partes estuviesen conformes en su existencia y contenido y sus normas no afectasen al orden público”.Artículo º1577.- Para juzgar la intención de los contratantes, deberá atenderse principalmente a los actos de estos, coetáneos y posteriores al contrato. En relación al artículo 1, 2, 3 y 5 del Código de Comercio. Artículo º1579.- Si alguna cláusula de los contratos admitiese diversos sentidos, deberá entenderse en el más adecuado para que produzca efecto. PRECISIÓN DE LA INFRACCIÓN: PRIMERO: Establece la sentencia recurrida, en el INCISO SEGUNDO: “…El contrato de servicios que corre agregado en autos…….. Si bien es cierto el contrato no conlleva firmas de las partes, también es cierto que no es un hecho de controversia en el juicio, no se puso entre dicho su existencia, tomándose la literalidad del mismo en referencia a la cláusula en la cual se basa el demandado sus alegaciones en cuanto a la entrega del documento, al tenor del artículo 1576 del Código Civil que establece, que si los términos de un contrato son claros y no dejan duda sobre la intención de los contratantes, se estarán al sentido literal de sus cláusulas de sus características, la cláusula cuarta del contrato. … … … … …. se entiende que dicha documentación no fue entregada en los términos establecidos ya que es evidente que la intención es la entrega física de los documentos. (Los subrayados y la negrillas son mías Honorable Tribunal). Con lo anterior la Corte de Apelaciones está absolviendo a la empresa demandada al pago que reclama por el contrato allegado a folios, si bien es cierto trae a colación el artículo 1576 relacionado con la cláusula cuarta del contrato en lo que al final de dicha cláusula indica: “A la entrega de los documentos pactados anteriormente” y más adelante expresa “se entiende que dicha documentación no fue entregada en los términos establecidos ya que es evidente que la intención es la entrega física de los documentos. Se escapa de mi compresión dicho argumento, cuando en el desarrollo de todo el juicio se explicó (tal y como obra a folios los medios probatorios), tanto en el libelo de la presentación de la demanda, en la audiencia probatoria, y en la expresión de agravios del recurso de apelación, cuál era el proceso de entrega y la forma de entrega de los informes por los cuales fue contratada mi representada. Y como bien indica la Corte de Apelaciones, ese contrato NO ES CLARO….. Tal contrato no fue ejecutado de buena fe por la sociedad demandada, falta de aplicación e interpretación errónea al caso concreto de la norma sustantiva consagrada en el artículo 1546 (Por la naturaleza de la obligación), en relación con el artículo 1, 3y 5, de código de Comercio, y este a su vez mal aplicado el derecho adjetivo consagrado en el artículo 234 literal 2 del Código Procesal Civil; Pues es por costumbre, en este tipo de CONTRATOS (INFORMES AMBIENTALES) que los mismos se mandan digitalizados, vía email. Ya que los clientes de la empresa demandada, NO SON LOS CLIENTES DE MI PATROCINADA. Y al momento que la empresa entrega esos informes, van con sus firmas y logos de AGRACONSA. Tal y como se trajo a colación en la audiencia probatoria y de su viva voz el represéntate legal de AGRACONSA indicó. De igual forma los ingenieros forestales no tienen sello profesional, y ellos únicamente se registran en el libro de registros de prestadores de servicios ambientales, que para tal efecto lleva la SERNA. Lo anterior es producto del razonamiento que hace el A-Quo, en el CONSIDERANDO TERCERO de la MOTIVACIÓN FÁCTICA Y JURÍDICA DE LA SENTENCIA. SEGUNDO.- En relación al segundo contrato, que fue pactado de forma verbal, tal y como se dejó por sentado en la audiencia probatoria, cuando expresa: “Con respecto a PALMASA, consta en autos prueba de la existencia de contrato de forma verbal, no son claros los términos del mismo, no podemos establecer la presunción que fue realizado en los mismo términos que el contrato de ACEYDESA, este refiere condiciones respecto al pago, el 15% a la firma del contrato, el 25% a la entrega del borrador de estudio, y el 60% a la entrega de los documentos.- Tampoco existe prueba que establezca precio por la realización del estudio de PALMASA. En todo caso no consta la entrega de documentación de manera física, intención que se entiende del contrato mismo.” (La negrilla y subrayado son míos). TERCERO.- El tribunal de alzada como se desprende de la motivación del fallo, incurre la falta de aplicación que produce un vicio en la sentencia, considerando que “El contrato verbal en referencia al proyecto de PALMASA es un contracto perfectamente válido aunque este fuese verbal, ya que los contratos verbales quedan perfeccionados, o sea, ya listos para cumplir sus efectos con el consentimiento oral de las partes. Es un acuerdo de voluntades legalmente válido pero que presenta problemas probatorios, en caso de conflicto, pues su único modo de demostración es por confesión de partes o por testigos. Es por esta razón que a pesar de que la ley no lo requiera como formalidad obligatoria, la mayoría de los contratos se realizan actualmente por escrito. Este es el caso de PALMASA, en el cual se acreditó, todo el correo electrónico que obran a folio de la primera pieza de autos; de igual manera quedó acreditado con las notas de fechas: 13 y 29 (folio 11) de enero de 2014 que obran a folio del 21 al 30 de la primera pieza de autos, y se siguió acreditando al folio 9 y 10 de la primera pieza de autos. Entonces el fallo recurrido desconoce el efecto erga omnes por aplicación general, en este caso al contrato verbal de PALMASA, que consiste precisamente en que son derecho oponibles a todo el mundo sin referencia a determinada persona. La Constitución de la República reconoce además la libertad contractual a sus ciudadanos, pero limitándola de tal forma que no sea contraria al interés social, ni lesiva a la moral, la salud o la seguridad pública (Art. 331 CH). Es evidente entonces como este principio constitucional, con las limitaciones que la misma constitución le impone, (inspirador del Derecho privado) tiene una función específica: asegurar unos criterios mínimos, que basados en la justicia, logren obtener la igualdad efectiva entre las partes y no puramente jurídica (Orozco & Navarrete, 2011). CUARTO.- El principio de buena fe, busca impedir las actuaciones abusivas de las partes, en este caso el de la empresa Agraconsa quien de forma unilateral estimó cuanto debe pagarle a mi representada, y con muy buena habilidad confundió al A-Quo en indicar que no cumplió con lo pactado de asistir a un lugar a realizar un E.I.A (Estudia de Evaluación de Impacto Ambiental) en el caso de PALMASA y no entregar informes escritos. E ilógicamente argumento ratificado por la Corte de Apelaciones indicando que existió insuficiencia probatoria. QUINTO.- Es menester señalar que debido a que el Código Civil hondureño data de 1906, las características del Estado de Derecho que inspiran al actual Derecho privado-es decir, las de la Constitución de 1982- no eran de aplicación en esa época. Es más, ni siquiera se había conformado el concepto de Estado social de Derecho, pues éste aparecerá después de la Constitución alemana de Weimar de 1919 (López, 2010). Corresponderá por tanto a esta época, y a este Código, el desarrollo jurídico del Estado liberal. El análisis de la evolución contractual debe iniciarse a partir del concepto mismo de contrato. El Artículo 1539 del Código civil (Cc) lo define como “... una convención en virtud de la cual una o más personas se obligan para con otra u otras o recíprocamente, a dar, hacer o no hacer alguna cosa”.Pueden ser objeto de contrato todas las cosas que no están fuera del comercio de los hombres, aun las futuras (Art. 1562 Cc). De acuerdo a esta definición, se está frente a un contrato de negociación meramente mercantil, fruto de la intervención de la voluntad de las partes, las que se encuentran en una posición de igualdad jurídica (Quesada, 2001). SEXTO.- Al A-Quo y al tribunal de apelación, se le reiteró el proceso de entrega de informes, por parte de mi patrocinada y la sociedad demandada, donde los informes eran enviados de forma digital, desglosando nuevamente el proceso de entrega: a. El Ingeniero contratado (En este caso mí representada), elabora el proyecto de diagnóstico ambiental de los clientes de Agraconsa, posterior a haber efectuado esta la visita in situo y de recibir las encuestas ya tabuladas por otros contratistas del ahora demandado. b. El proyecto finalizado es enviado vía e- mail por parte del ingeniero contratado para que Agraconsa utilice sus logos y sus formatos de forma. e. Luego el proyecto es entregado a los clientes de Agraconsa por ellos mismos. El Tribunal de Apelación, indica que existió insuficiencia de prueba aportada para demandar. Pero las pruebas se allegaron al proceso tal y como consta en folios. Caso contrario a la parte demandada, que no aportó prueba que justificara el no pago de lo reclamado. II.- NORMAS INFRINGIDAS. TERCERO.- Lo anterior motiva el presente recurso de casación para que se observe y aplique los siguientes artículos del Código Civil y del Código de Comercio: # 1581 Las palabras que pueden tener distintas acepciones serán entendidas en aquella que sea más conforme a la naturaleza y objeto del contrato. Este en relación al artículo 1 del Código de Comercio. # 1582 El uso o la costumbre del país se tendrán en cuenta para interpretar las ambigüedades de los contratos, supliendo en estos la omisión de cláusulas que de ordinario suelen establecerse. En relación a la norma adjetiva dispuesta el artículo 234.2 del Código Procesal Civil # 1583 La interpretación de las cláusulas oscuras de un contrato no deberá favorecer a la parte que hubiese ocasionado la oscuridad. Motiva lo anterior que esa Honorable Corte Suprema de Justicia CASE la sentencia y la revoque para que se aplique en forma debida las normas infringidas.” II. FUNDAMENTOS DE DERECHO 1. Esta Sala de lo Civil, viene reiterando la Naturaleza y función del recurso de casación, así pues, el recurso de casación tiene una función nomofiláctica, en virtud de lo cual el artículo 716 del Código Procesal Civil dispone dos fines expresos, el primero de ellos, es la protección de las normas del ordenamiento jurídico, y esto se hace, procurando y promoviendo la más adecuada aplicación e interpretación del derecho objetivo. El segundo fin es la unificación de la jurisprudencia nacional. Por su parte el numeral dos del artículo precitado, conmina a este alto tribunal a que aplique e interprete las normas referidas al recurso de casación atendiendo a la finalidad de unificación de la jurisprudencia, esto como instrumento de garantía de la igualdad de todos ante la ley, y de la seguridad y certidumbre jurídicas. (Ver resoluciones de fechas 13-12-2013 ex 236-2012, 18-03-2014 ex 003-2013 y 06-05-2014 ex 135-2013). 2. De conformidad con el artículo 719 del Código Procesal Civil, se podrá impugnar la aplicación e interpretación de las normas procesales, así como la aplicación e interpretación de las normas de derecho empleadas para la solución de fondo del litigio, y de conformidad con el artículo 721 del mismo código, el recurso de casación se interpondrá por escrito ante la Corte de Apelaciones que hubiere dictado la sentencia dentro de los veinte días siguientes al de la notificación. En ese escrito se harán constar los motivos en que la casación se base, con expresión de las normas de derecho cuya infracción sustente cada motivo. Todo ello se deberá fundar con la suficiente separación y claridad, precisando y justificando la incidencia de la infracción en el sentido de la resolución impugnada, también se hará constar si el recurrente estima necesario la celebración de la audiencia. 3. Con los requisitos formales establecidos en el artículo 721 del Código Procesal Civil queda reconocido el denominado principio de “Debida Técnica”, que constituyen los mínimos requerimientos que debe contener la demanda de casación a efectos de ser tenida como un verdadero juicio técnico de impugnación, valorativo y preciso. 4. DEL RECURSO DE CASACION INTERPUESTO POR LA ABOGADA PAOLA MARICELA IRAHETA MORALES EN SU UNICO MOTIVO. La recurrente viene invocando como único motivo de casación, defecto en la aplicación de norma sustantiva contenidas en los artículos 1, 2.1, 3, 5, 422. 691 del Código de Comercio y 1346, 1347, 1348, 1375, 1376, 1546, 1547, 1576, 1577 del Código Civil, señalando como norma habilitante el artículo 719.2 del Código Procesal Civil . En su pretendida explicación la recurrente cita íntegramente el contenido de todos esos artículos y por otra parte alega: “falta de aplicación e interpretación errónea al caso concreto de la norma sustantiva consagrada en el artículo 1546 (por la naturaleza de la obligación), en relación con el artículo 1, 3 y 5 del Código de Comercio y este a su vez mal aplicado el derecho adjetivo consagrado en el artículo 234 literal 2 del Código Procesal Civil”. Respuesta de la Sala de lo Civil. Este Tribunal de Justicia, estima que la recurrente en este motivo de casación incurre notoriamente en inobservancia de los requisitos y exigencias establecidos por el Código Procesal Civil para la interposición y formalización del recurso de casación, faltando totalmente a la claridad que posibilite el entendimiento del recurso, incurriendo en los errores siguientes: A) La recurrente viene invocando normas de carácter general que como lo ha dicho esta Sala en forma reiterada, no son susceptibles de ser examinadas en casación porque con ello se da lugar a la indeterminación y falta de claridad del motivo con la consecuente indefensión para la parte contraria, sin embargo, es preciso aclarar que si es posible la cita de normas generales en relacionan con preceptos homogéneos con la norma general pero más específicos, lo que no ha verificado el censor[1]. B) Es contradictorio el alegato simultáneo en un mismo motivo de falta de aplicación e interpretación errónea de un mismo precepto, en tanto que ambos modos de quebrantar la norma son excluyentes entre si, pues si se alega falta de aplicación de una norma es porque la misma no ha sido observada en absoluto y consecuentemente no ha tenido interpretación alguna, la interpretación errónea en cambio supone que la norma ha sido aplicada por ser la que rige la cuestión objeto de debate pero se le ha dado un sentido o alcance que no tiene, por tanto no cabe hablar de falta de aplicación en este caso. C) Indebidamente la recurrente invoca simultáneamente en un mismo motivo la infracción de normas tanto sustantivas como adjetivas, faltando con ello a la claridad y debida separación. 5. Por las razones antes expuestas concurre la causal de inadmisibilidad prevista en el artículo 723. 2 a) del Código Procesal Civil. III. PARTE DISPOSITIVA Por lo antes expuesto la Sala de lo Civil de la Corte Suprema de Justicia, pronunciándose por unanimidad de votos e impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, en base a los fundamentos de derecho citados y haciendo aplicación de los Artículos 82, 303, 304, 313 numeral 5) y 316 de la Constitución de la República; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 3, 7, 21, 115, 118 numeral 1), 129, 169, 170, 190, 191, 193 numeral 2, literal b), 716, 717, 718, 719, 720.2, 721, 722, 723.2 a), 724, del Código Procesal Civil; 1, 2.1, 3, 5, 422. 691 del Código de Comercio y 1346, 1347, 1348, 1375, 1376, 1546, 1547, 1576, 1577 del Código Civil, profiere el presente AUTO IRRECURRIBLE y DECLARA: 1) La inadmisión del recurso de casación en su ÚNICO MOTIVO interpuesto y formalizado por la abogada PAOLA MARICELA IRAHETA MORALES, en la condición con que actúa. 2) Firme la sentencia recurrida dictada en fecha diez de agosto del año dos mil quince, por la Corte de Apelaciones de lo Civil de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, en el expediente de Apelación número 141-15-C.V., originado en los autos que conforman la primera pieza que se registra bajo el número 0501-2014-04340-LCO del Juzgado de Letras Civil de la Sección Judicial de San Pedro Sula, Departamento de Cortés. 3) Condenar en costas a la parte recurrente. Y MANDA: Remitir los antecedentes junto con la certificación de esta resolución al Tribunal de su procedencia, previa notificación de este auto a las partes personadas, por medio de sus apoderados legalmente constituidos en juicio. NOTIFIQUESE.- FIRMAS Y SELLO. WILFREDO MÉNDEZ ROMERO. MAGISTRADO COORDINADOR. RINA AUXILIADORA ALVARADO MORENO. MAGISTRADA. REYNALDO ANTONIO HERNÁNDEZ. MAGISTRADO. FIRMA Y SELLO. BETTY JANETH PALMA O´CONNOR. RECEPTORA ADSCRITA”.

Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los nueve días del mes de octubre de dos mil diecisiete; Certificación del Auto de fecha catorce de septiembre de dos mil diecisiete, recaído en el Recurso de Casación registrado bajo el No. S.C.339-2015.

BETTY JANETH PALMA O’CONNOR

RECEPTORA ADSCRITA

[1] véase resoluciones en expedientes 148-2012, 255-2012 y 123-2014