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Sentencia CC-329-15 — Registro 6790

Resumen

En primera instancia se interpuso demanda de pago vía proceso ordinario y confirmada en segunda instancia.

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

… “El recurso extraordinario de casación debe sujetarse en su formulación a determinados requisitos, para que pueda considerarse como tal y ser atendible por la Corte, ya que dicho recurso es esencialmente formalista, en consecuencia únicamente podrá ser interpuesto contra las resoluciones expresamente previstas por la ley y por los motivos taxativamente establecidos en ella. 3.- De lo expuesto por el recurrente abogado Iván Alfredo Vigil Molina, en su condición de representante procesal de la sociedad mercantil denominada Inversiones Géminis S.A. de C.V., esta Sala deja relacionado sucintamente los alegatos planteados, ello en virtud de que los mismos aparecen citados literalmente en los antecedentes de hecho de este auto. El impetrante expone el único motivo de casación contra la sentencia dictada en fecha veinticinco de mayo del año dos mil quince, por la Corte Primera de Apelaciones de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán, estimando que el fallo referido infringe el artículo 208.1 del Código Procesal Civil que establece: “Las sentencias deben ser congruentes con las demandas y con las demás pretensiones de las partes, deducidas oportunamente en el pleito”. Invoca el recurrente como precepto autorizante el artículo 719.1 inciso c) del Código Procesal Civil en lo concerniente a: “La forma y el contenido de la sentencia”. Señala que la sentencia recurrida, dictada por la Corte Primera de Apelaciones se encuentra inficionada del vicio de incongruencia; ello porque comete incongruencia positiva al fundamentar su decisión en razones de hecho no alegadas por las partes en el proceso civil. Dice que los alegatos de las partes delimitan el problema judicial, por lo tanto los magistrados no pueden hacer uso de otros, pues ello acarrea un fallo incongruente, que contraviene el citado artículo 208.1 del Código Procesal Civil; que en el caso de autos la Corte recurrida, al confirmar la sentencia definitiva de primera instancia, ha razonado en el numeral TERCERO de los Fundamentos de Derecho lo siguiente: “ ...En consecuencia es preciso referir que la normativa mercantil es clara en este sentido, pues frente a las actuaciones irregulares de los administradores, faculta a los eventuales afectados para que puedan deducir responsabilidad en que hubieran incurrido, ya que contempla el tipo de responsabilidad y la forma de proceder ante tales situaciones.- En el presente caso sujeto a estudio por este Tribunal de Alzada no consta de forma fehaciente que Inversiones Géminis S.A. DE C.V. demandará a la señora Gina María González Domínguez en la condición que se le atribuye, después de seguir las diligencias y cumplir con los requisitos que exige la normativa mercantil.- En este sentido, nótese que no se acreditó que se haya celebrado asamblea general de accionistas, para que por su acuerdo, se pudiera exigir la responsabilidad a la administradora, ni tampoco que se haya designado persona alguna para que ejerza la acción correspondiente salvo lo dispuesto en ley (artículo 227 del Código de Comercio); en consecuencia, la demanda dirigida contra la señora Gina María González Domínguez, por los supuestos daños causados al patrimonio de la sociedad demandante, no fue interpuesta mediante la correspondiente acción social de responsabilidad, que hace referencia expresa el régimen mercantil, es decir, una demanda de responsabilidad civil para resarcir la indemnización de daños y perjuicios reuniendo los presupuestos jurídicos de la normativa mencionada (Véase los artículos 208, 210, 214, 215, 222, 224, 226 y 228 del Código de Comercio)”; pero la incongruencia de la sentencia se configura por el hecho de que la acción y la pretensión deducida no es solamente una acción de un hecho de administración de la compañía sino de un hecho personalísimo como lo es un enriquecimiento sin causa; ello porque según la expresión de agravios, la demandada, Gina María González Domínguez se presentó en la agencia principal del Banco Continental, tal y como consta en el informe pericial emitido por PKF Accountans & Business Advisers/ Tovar López & Asociados, haciendo uso de su firma, sin la segunda firma social y sin tener facultades para ello, transfirió sin ninguna causa ni motivo alguno de la cuenta bancaria de Inversiones Géminis S.A. de C.V. la cantidad de Doscientos Sesenta Mil Novecientos Cuarenta y Nueve Lempiras con Setenta y Seis Centavos (L. 260, 949.76) que estaban depositados en la cuenta bancaria de la sociedad, destinándolos a fines personales, sin soporte documental de entrada de beneficio directo a Inversiones Géminis S.A. de C.V.; es por ello que el referido fallo resulta incongruente al no corresponderse con la pretensión deducida ya que se reclamó no solo a una administradora, sino que también a una persona natural que se enriqueció sin causa por hechos ilícitos civiles y penales de naturaleza personalísima. Dice que por lo señalado es que la Corte de Apelaciones recurrida debió tomar una decisión, con arreglo a las pretensiones expresamente demandadas, y a las excepciones o defensas opuestas; pero que al no hacerlo así, la sentencia dictada es nula, ello acorde con lo establecido en el artículo 719.1 inciso c) del Código Procesal Civil, razón por la cual resulta procedente la infracción de forma denunciada, ya que el Tribunal de Alzada debió de haber aplicado el precepto contenido en el artículo 208 del Código Procesal Civil, y atenerse a lo alegado y probado en autos, y no sacar argumentos y requisitos de hecho fuera del debate judicial, todo lo cual tuvo una influencia decisiva en el dispositivo del fallo impugnado; amén de que nadie impuso a los magistrados las condiciones de la normativa mercantil y la parte demandada no alegó la ausencia de los presupuestos mercantiles o la falta de acuerdo social en la demanda civil. Que la incongruencia positiva surge cuando se exorbita el “thema decidendum”, y la sentencia va más allá de “solo lo alegado por las partes”, no ajustándose por lo tanto a la exigencia de exhaustividad, misma que se manifiesta en materia de apelación, cuando la alzada excede el límite de lo sometido a su consideración. Que respecto de la Incongruencia por tergiversación, la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia ha establecido de manera reiterada, en muchos fallos que también constituye vicio de incongruencia, cuando el magistrado se aparta de los hechos alegados, y se tergiversan los argumentos de hecho contenidos en la demanda o en la contestación, pues en tales casos, no resuelve la controversia tal y como fue planteada por las partes y, simultáneamente resuelve algo no pedido. En el caso de autos, la actora intentó una acción de cobro por enriquecimiento sin causa en virtud de un supuesto hecho ilícito cometido por la señora Gina María González Domínguez, y el ad-quem, al argumentar que lo procedente era solicitar la rendición de cuentas mediante la acción de responsabilidad solidaria de la administradora, resolvió una cuestión totalmente distinta a lo pretendido y que lo llevó a confirmar el fallo de primera instancia; y si bien es cierto, tal como señala la Corte recurrida, que cuando el administrador de una compañía o sociedad haya cometido alguna falta en el ejercicio de sus funciones, le corresponde a la asamblea siguiendo los parámetros de los artículos 208, 210, 214, 215, 222, 224, 225, 226 y 228 del Código de Comercio, demandar por el juicio de rendición de cuentas, que es la protección jurídica que tiene toda persona a la que le hayan administrado bienes o gestionado negocios en general, para que el administrador del mismo cumpla con su obligación de hacer una rendición de cuentas, a través de la presentación de los libros contables; pero que también no es menos cierto, que lo que pretende el accionante es restablecer, a través del proceso ordinario, dentro de una demanda de pago por “enriquecimiento sin causa”, reclamar a la persona natural la cantidad de dinero supuestamente extraída. Razones para estimar que yerra, el ad-quem, ya que la demanda pretende recuperar dinero por enriquecimiento sin causa, y no un juicio de rendición de cuentas. En consecuencia, y por cuanto resulta evidente la incongruencia del fallo emanado por la Corte recurrida, la Sala Civil debe declarar procedente el recurso y casar el fallo impugnado. 4.- Los planteamientos del recurrente en el único motivo de casación no resultan ser adecuados y por lo tanto no tienen recibimiento por parte de la Sala, ello se estila así, porque básicamente el mismo incurre en una inadecuada técnica de casación al plantear el motivo, así tenemos que estima la vulneración del artículo 208.1 del Código Procesal Civil, utilizando como causal autorizante el artículo 719.1 literal c) del mismo Código, en lo concerniente al contenido formal de la sentencia, y más concretamente sobre la congruencia que deben observar los fallos con las demandas y con las demás pretensiones de las partes, deducidas oportunamente en el pleito; arguyendo básicamente que el fallo proferido por la segunda instancia carece de exhaustividad y resulta incongruente por tergiversación; al respecto la Sala estima procedente señalar que en el presente caso el recurrente demuestra imprecisión al momento de presentar la recurrencia, pues no solicita el control de la motivación fáctica de la sentencia para revisar su existencia, suficiencia, racionalidad y carácter lógico, siempre que esta fuera determinante de un sentido diferente del fallo; para lo cual indefectiblemente además del precepto autorizante invocado, debió de hacer relación del mismo con el artículo 720.2 del Código Procesal Civil. 5.- En conclusión, la defectuosa presentación del recurso por parte del impetrante, ante esta jurisdicción, hace procedente su inadmisión por concurrir en el único motivo planteado, la causal prevista en el artículo 723.2. literal a) del Código Procesal Civil.”

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACION

La Infrascrita Receptora Adscrita a la Sala de lo Civil de la Corte Suprema de Justicia, Certifica, el Auto que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los ocho días del mes de marzo del año dos mil diecisiete. La Sala de lo Civil, integrada por los ilustres Magistrados: WILFREDO MENDEZ ROMERO como Coordinador, RINA AUXILIADORA ALVARADO MORENO y REYNALDO ANTONIO HERNÁNDEZ, el primero designado como ponente para el conocimiento y redacción de la resolución en el presente recurso de casación, en la fecha supra indicada dictan el siguiente AUTO: SON PARTES: La sociedad mercantil denominada “INVERSIONES GEMINIS S.A. de C.V.”, representada en juicio por el abogado IVÁN ALFREDO VIGIL MOLINA como recurrente; siendo recurrida la señora GINA MARIA GONZÁLEZ DOMÍNGUEZ, representada en juicio por el abogado MARCO ANTONIO CÁLIX MOLINA. OBJETO DEL PROCESO: “DEMANDA DE PAGO POR LA VIA DEL PROCESO ORDINARIO”, promovida en fecha veinticuatro de junio del año dos mil once, ante el Juzgado de Letras de lo Civil de la Sección Judicial de Francisco Morazán, por la abogada NADIA KARYZZA MENCIA VELASQUEZ, en su condición de representante procesal de la sociedad mercantil denominada “INVERSIONES GEMINIS S.A. de C.V.”, representada legalmente por el señor FRANCISCO ANTONIO HERNANDEZ PON, Ingeniero Eléctrico, mayor de edad, casado, hondureño y con domicilio en el Departamento de Francisco Morazán, contra la señora GINA MARIA GONZALES DOMINGUEZ, mayor de edad, soltera, Abogada y Notaria, hondureña y con domicilio en el Departamento de Francisco Morazán. I. ANTECEDENTES DE HECHO PRIMERO: Con fecha veinticinco de mayo del año dos mil quince, la Corte Primera de Apelaciones de lo Civil del departamento de Francisco Morazán, conociendo por vía de apelación de la sentencia definitiva de fecha dieciséis de diciembre del año dos mil trece, dictada por el Juzgado de Letras Civil del Departamento de Francisco Morazán, en el juicio de mérito, dictó sentencia CONFIRMANDO la dictada por el A-quo; fallo de la primera instancia que en su parte dispositiva señala lo siguiente: (Sic.) “FALLA; PRIMERO. Declarar SIN LUGAR LA DEMANDA DE PAGO vía Proceso Ordinario, interpuesta por la Abogada NADIA KARYZZA MENCIA VELASQUEZ, quien actúa en su condición de Apoderada Legal de INVERSIONES GEMINIS S.A. DE C.V., representada legalmente por el señor FRANCISCO ANTONIO HERNANDEZ PON, en contra de la señora GINA MARIA GONZALES DOMINGUEZ. MANDA: Que si dentro del término de ley no se interpone recurso alguno en su contra quede firme el presente fallo. Se resuelve hasta en esta fecha en virtud de la carga laboral que impera en este Tribunal y problemas técnicos en relación al audio y grabación de la audiencia preliminar. CON COSTAS en relación a lo establecido en el art. 219.- NOTIFIQUESE.” SEGUNDO: En fecha veintidós de julio del año dos mil quince, el abogado Iván Alfredo Vigil Molina, en su condición de representante procesal de la sociedad mercantil denominada INVERSIONES GÉMINIS S.A. de C.V., presento escrito de interposición y formalización del recurso de casación contra la sentencia de fecha veinticinco de mayo del año dos mil quince, dictada por la Corte Primera de Apelaciones de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán, resolviendo el ad-quem, mediante proveído de fecha veintiocho de septiembre de ese mismo año, tener por interpuesto y formalizado el recurso de casación por parte del recurrente y acordó conceder a la parte contraria el plazo diez días hábiles para que se pronunciara sobre el contenido del escrito, debiendo entregársele copia del mismo. TERCERO: En fecha veintidós de octubre del año dos mil quince, el representante procesal de la señora Gina María González Domínguez, el abogado Marco Antonio Cálix Molina, presento escrito de pronunciamiento sobre el contenido del recurso de casación interpuesto y formalizado por la contraparte, resolviendo la Corte Primera de Apelaciones de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán, tener por pronunciado al recurrido, ordenando remitir las presentes diligencias a la Honorable Corte Suprema de Justicia en el plazo que manda la ley, para proseguir con el trámite correspondiente. CUARTO: Recibidas las actuaciones en éste Alto Tribunal, y una vez formado el presente expediente bajo el numero S.C. 329-2015, los abogados Iván Alfredo Vigil Molina y Marco Antonio Cálix Molina, ambos en sus condiciones ya indicadas, presentaron escritos de personamiento en fechas nueve y diez de noviembre del año dos mil quince, resolviendo este Tribunal mediante proveído de fecha veinticinco de noviembre de ese mismo año, tenerlos por personados dentro del plazo concedido. QUINTO: La parte recurrente plantea recurso de casación contra la sentencia dictada por la Corte Primera de Apelaciones de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán, de la siguiente manera: (Sic.) “MOTIVO UNICO DEL RECURSO DE CASACION PRIMERO: La Casación se impetra de conformidad con el PRECEPTO AUTORIZANTE: Numeral 1. inciso c) de artículo 719 del Código Procesal Civil en lo concerniente a: ”la forma y el contenido de la sentencia”. DISPOSICION INFRINGIDA: numeral 1 Artículo 208 del Código Procesal Civil: “Las sentencias deben ser congruentes con las demandas y con las demás pretensiones de las partes, deducidas oportunamente en el pleito”. CONCEPTO DE LA INFRACCION Trascripción literal del Precepto Legal. El numeral 1 Artículo 208 del Código Procesal Civil que se cita como infringido dice: “1. Las sentencias deben ser congruentes con las demandas y con las demás pretensiones de las partes, deducidas oportunamente en el pleito”. DEMOSTRACION DEL ERROR DE DERECHO El fallo recurrido, dictado por la Corte Primera de Apelaciones se encuentra inficionada del vicio de incongruencia.- Se delata, mediante la formalización del Recurso, y con fundamento en el contenido que deben tener las sentencias que, el fallo de la Corte de Apelaciones, comete la incongruencia positiva porque fundamenta su decisión en razones de hecho no alegadas por las partes.- La decisión colegiada de los magistrados se materializa de forma incongruente, cuando al conceder la absolución de la parte demandada se fundamenta en alegatos no esgrimidos por las partes en proceso civil. Los alegatos de las partes delimitan el problema judicial, por lo tanto los magistrados no pueden hacer uso de otros, pues ello acarrea un fallo incongruente. En el numeral 1 del Artículo 208 del Código Procesal Civil: “Las sentencias deben congruentes con las demandas y con las demás pretensiones de las partes, deducidas oportunamente en el pleito.”Dicho ordinal consagra el principio de la Congruencia de las sentencias y según dicho principio los jueces solo deben decidir ajustados a los alegatos, defensas, medios de prueba, y pretensiones formuladas por las partes. En efecto, la Corte recurrida, confirma la sentencia definitiva de instancia primera, declarando Sin Lugar el Recurso de Apelación, argumentando según, el numeral TERCERO de los Fundamentos de Derecho lo siguiente: “...En consecuencia es preciso referir que la normativa mercantil es clara en este sentido, pues frente a las actuaciones irregulares de los administradores, faculta a los eventuales afectados para que puedan deducir responsabilidad en que hubieran incurrido, ya que contempla el tipo de responsabilidad y la forma de proceder ante tales situaciones.- En el presente caso sujeto a estudio por este Tribunal de Alzada no consta de forma fehaciente que Inversiones Géminis S.A. DE C.V. demandará a la señora Gina María González Domínguez en la condición que se le atribuye, después de seguir las diligencias y cumplir con los requisitos Que exige la normativa mercantil.- En este sentido, nótese que no se acreditó que se haya celebrado asamblea general de accionistas, para que por su acuerdo, se pudiera exigir la responsabilidad a la administradora, ni tampoco que se haya designado persona alguna para que ejerza la acción correspondiente salvo lo dispuesto en ley (artículo 227 del Código de Comercio); en consecuencia, la demanda dirigida contra la señora Gina María González Domínguez, por los supuestos daños causados al patrimonio de la sociedad demandante, no fue interpuesta mediante la correspondiente acción social de responsabilidad, que hace referencia expresa el régimen mercantil, es decir, una demanda de responsabilidad civil para resarcir la indemnización de daños y perjuicios reuniendo los presupuestos jurídicos de la normativa mencionada (Véase los artículos 208, 210, 214, 215, 222, 224, 226 y 228 del Código de Comercio)” pero, la INCONGRUENCIA, viene a configurarse por el hecho de que la acción y la pretensión deducida no es solamente una acción de un hecho de administración de la compañía sino de un hecho personalísimo como lo es un enriquecimiento sin causa. Según la expresión de agravios, la Demandada, Gina María González Domínguez se presentó en la agencia principal del Banco Continental como consta en el informe pericial emitido por PKF Accountans & Business Advisers/ Tovar López & Asociados y CON SU SOLA FIRMA SIN TENER FACULTADES PARA ELLO, SIN LA SEGUNDA FIRMA SOCIAL, transfirió sin ninguna causa ni motivo de la cuenta bancaria de Inversiones Géminis S.A. de C.V. la cantidad de Doscientos Sesenta Mil Novecientos Cuarenta y Nueve Lempiras con Setenta y Seis Centavos (L. 260, 949.76) que estaban depositados en la cuenta bancaria abierta por la sociedad mercantil destinándolos a fines personales sin soporte documental de entrada de beneficio directo a inversiones Géminis S.A. de C.V.; Justo aquí defino la incongruencia del fallo al no corresponderse con la pretensión deducida ya que, nótese, de lo arriba expuesto transcrito en la demanda se reclamó no solo a Una administradora, sino a una persona natural que se enriqueció sin causa por hechos ilícitos civiles y penales de naturaleza personalísima. La Corte de Apelaciones recurrida debió tomar una decisión, con arreglo a las pretensiones expresamente demandadas, y a las excepciones o defensas opuestas; y al no haberlo hecho, tal como se señaló precedentemente, la sentencia dictada es nula, según lo establecido en el artículo numeral 1 inciso c) de artículo 719 del Código Procesal Civil; ello hace procedente la infracción de forma denunciada, ya que el Tribunal de Alzada debió aplicar el precepto contenido en el artículo 208 del Código Procesal Civil, lo cual no hizo, al no atenerse a lo alegado y probado en autos, de que al sacar argumentos y requisitos de hecho fuera del debate judicial, y ello tuvo una influencia decisiva en el dispositivo del fallo impugnado. Todo porque nadie impuso a los magistrados las condiciones de la normativa mercantil y la parte demandada no alegó la ausencia de los presupuestos mercantiles o la falta de acuerdo social en la Demanda Civil. Los magistrados olvidaron la pretensión solicitada ab initio por la representación judicial de la parte demandante y la omisión de defensa de la parte demandada y la falta de invocación de presupuestos jurídicos mercantiles. En efecto, el vicio de incongruencia positiva surge cuando se exorbita el “thema decidendum”, cuando la sentencia va más allá de “solo lo alegado por las partes”, cuando no se ajusta a la exigencia de exhaustividad y, en materia de apelación, cuando la alzada excede el límite de lo sometido a su consideración. “Quiere la ley que la decisión no sólo sea manifiesta, definitiva e indubitable sino que guarde relación o consonancia con los términos en que fue planteada la pretensión del actor y con los términos en que fue propuesta la defensa del demandado”. La Incongruencia por Tergiversación Asimismo, la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia ha Establecido de manera reiterada, en muchos fallos que también Constituye el vicio de incongruencia, cuando el magistrado se aparta de los hechos alegados, y tergiversa los argumentos de hecho contenidos en la demanda o en la contestación, pues en tales casos, no resuelve la controversia tal y como fue planteada por las partes y, simultáneamente resuelve algo no pedido: el argumento desnaturalizado. “Los escritos de contestación a la demanda o de oposición a la ejecución, las denuncias y defensas ante el Ministerio Público alegados por la parte apelada, no constituyen en principio una prueba o inocencia, sino que contienen los alegatos de las partes. Por ello, cualquier distorsión o tergiversación de su contenido no constituye suposición falsa, sino el vicio de incongruencia, defecto de forma de la sentencia sólo denunciable con fundamento en el numeral 1 inciso C) del artículo 719 de Código Procesal Civil”. En el sub Judice, la actora intentó una acción de cobro por enriquecimiento sin causa en virtud de un supuesto hecho ilícito cometido por la ciudadana Gina Maria González Domínguez y el ad quem, argumentando que lo procedente era solicitar la rendición de cuentas mediante la acción de responsabilidad solidaria de la administradora, resolvió una cuestión totalmente distinta a lo pretendido que lo llevó a declarar sin lugar la demanda. Si bien en cierto, tal como señala la Corte recurrida, que cuando el administrador de una compañía o sociedad haya cometido alguna falta en el ejercicio de sus funciones, le corresponde a la asamblea siguiendo los parámetros de los artículos 208, 210, 214, 215, 222, 224, 225, 226 y 228 del Código de Comercio demandar por el juicio de rendición de cuentas, que es la protección jurídica que tiene toda persona a la que le hayan administrado bienes o gestionado negocios en general, para que el administrador del mismo cumpla con su obligación de hacer una rendición de cuentas, a través de la presentación de los libros contables, no es menos cierto, que lo que pretende el accionante. Es restablecer, a través del proceso ordinario, dentro de una demanda de Pago por “enriquecimiento sin causa”, reclamar a la persona natural la cantidad de dinero supuestamente extraída.- Todo porque yerra, el ad quem, al haber declarado Sin Lugar el Recurso de Apelación. La Demanda pretende recuperar dinero por “enriquecimiento sin causa” y no un juicio de “rendición de cuentas”. En consecuencia, y por cuanto resulta evidente la incongruencia del fallo emanado por la Corte recurrida, la Sala Civil debe declarar procedente el presente Recurso y Casar el Fallo impugnado.” II. FUNDAMENTOS DE DERECHO 1.- Es atribución de la Corte Suprema de Justicia conocer del recurso de casación[1], el mismo es un medio de impugnación de carácter extraordinario, cuyo conocimiento en materia Civil se atribuye a la Sala de lo Civil[2]; tiene claramente definidos dos fines expresos[3], el primero de ellos es su función nomofiláctica, entendida ésta como “la exacta observancia de la ley”, es decir la protección de las normas del ordenamiento jurídico, mediante la procura y promoción de la más adecuada aplicación e interpretación del derecho objetivo. El segundo fin es la unificación de la jurisprudencia nacional, misma que se explica en el sentido de que habiendo situaciones iguales debe pronunciarse decisiones iguales, siempre y cuando no concurran razones objetivas y razonables que justifiquen un trato desigual, en otras palabras, la evolución de la jurisprudencia. Por otra parte nuestra normativa procesal civil conmina a este Alto Tribunal a que aplique e interprete las normas referidas al recurso de casación atendiendo a la finalidad de unificación de la jurisprudencia, esto como instrumento de garantía de la igualdad de todos ante la ley[4], y de la seguridad y certidumbre jurídicas. 2.- El recurso extraordinario de casación debe sujetarse en su formulación a determinados requisitos, para que pueda considerarse como tal y ser atendible por la Corte, ya que dicho recurso es esencialmente formalista, en consecuencia únicamente podrá ser interpuesto contra las resoluciones expresamente previstas por la ley y por los motivos taxativamente establecidos en ella. 3.- De lo expuesto por el recurrente abogado Iván Alfredo Vigil Molina, en su condición de representante procesal de la sociedad mercantil denominada Inversiones Géminis S.A. de C.V., esta Sala deja relacionado sucintamente los alegatos planteados, ello en virtud de que los mismos aparecen citados literalmente en los antecedentes de hecho de este auto. El impetrante expone el único motivo de casación contra la sentencia dictada en fecha veinticinco de mayo del año dos mil quince, por la Corte Primera de Apelaciones de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán, estimando que el fallo referido infringe el artículo 208.1 del Código Procesal Civil que establece: “Las sentencias deben ser congruentes con las demandas y con las demás pretensiones de las partes, deducidas oportunamente en el pleito”. Invoca el recurrente como precepto autorizante el artículo 719.1 inciso c) del Código Procesal Civil en lo concerniente a: “La forma y el contenido de la sentencia”. Señala que la sentencia recurrida, dictada por la Corte Primera de Apelaciones se encuentra inficionada del vicio de incongruencia; ello porque comete incongruencia positiva al fundamentar su decisión en razones de hecho no alegadas por las partes en el proceso civil. Dice que los alegatos de las partes delimitan el problema judicial, por lo tanto los magistrados no pueden hacer uso de otros, pues ello acarrea un fallo incongruente, que contraviene el citado artículo 208.1 del Código Procesal Civil; que en el caso de autos la Corte recurrida, al confirmar la sentencia definitiva de primera instancia, ha razonado en el numeral TERCERO de los Fundamentos de Derecho lo siguiente: “ ...En consecuencia es preciso referir que la normativa mercantil es clara en este sentido, pues frente a las actuaciones irregulares de los administradores, faculta a los eventuales afectados para que puedan deducir responsabilidad en que hubieran incurrido, ya que contempla el tipo de responsabilidad y la forma de proceder ante tales situaciones.- En el presente caso sujeto a estudio por este Tribunal de Alzada no consta de forma fehaciente que Inversiones Géminis S.A. DE C.V. demandará a la señora Gina María González Domínguez en la condición que se le atribuye, después de seguir las diligencias y cumplir con los requisitos que exige la normativa mercantil.- En este sentido, nótese que no se acreditó que se haya celebrado asamblea general de accionistas, para que por su acuerdo, se pudiera exigir la responsabilidad a la administradora, ni tampoco que se haya designado persona alguna para que ejerza la acción correspondiente salvo lo dispuesto en ley (artículo 227 del Código de Comercio); en consecuencia, la demanda dirigida contra la señora Gina María González Domínguez, por los supuestos daños causados al patrimonio de la sociedad demandante, no fue interpuesta mediante la correspondiente acción social de responsabilidad, que hace referencia expresa el régimen mercantil, es decir, una demanda de responsabilidad civil para resarcir la indemnización de daños y perjuicios reuniendo los presupuestos jurídicos de la normativa mencionada (Véase los artículos 208, 210, 214, 215, 222, 224, 226 y 228 del Código de Comercio)”; pero la incongruencia de la sentencia se configura por el hecho de que la acción y la pretensión deducida no es solamente una acción de un hecho de administración de la compañía sino de un hecho personalísimo como lo es un enriquecimiento sin causa; ello porque según la expresión de agravios, la demandada, Gina María González Domínguez se presentó en la agencia principal del Banco Continental, tal y como consta en el informe pericial emitido por PKF Accountans & Business Advisers/ Tovar López & Asociados, haciendo uso de su firma, sin la segunda firma social y sin tener facultades para ello, transfirió sin ninguna causa ni motivo alguno de la cuenta bancaria de Inversiones Géminis S.A. de C.V. la cantidad de Doscientos Sesenta Mil Novecientos Cuarenta y Nueve Lempiras con Setenta y Seis Centavos (L. 260, 949.76) que estaban depositados en la cuenta bancaria de la sociedad, destinándolos a fines personales, sin soporte documental de entrada de beneficio directo a Inversiones Géminis S.A. de C.V.; es por ello que el referido fallo resulta incongruente al no corresponderse con la pretensión deducida ya que se reclamó no solo a una administradora, sino que también a una persona natural que se enriqueció sin causa por hechos ilícitos civiles y penales de naturaleza personalísima. Dice que por lo señalado es que la Corte de Apelaciones recurrida debió tomar una decisión, con arreglo a las pretensiones expresamente demandadas, y a las excepciones o defensas opuestas; pero que al no hacerlo así, la sentencia dictada es nula, ello acorde con lo establecido en el artículo 719.1 inciso c) del Código Procesal Civil, razón por la cual resulta procedente la infracción de forma denunciada, ya que el Tribunal de Alzada debió de haber aplicado el precepto contenido en el artículo 208 del Código Procesal Civil, y atenerse a lo alegado y probado en autos, y no sacar argumentos y requisitos de hecho fuera del debate judicial, todo lo cual tuvo una influencia decisiva en el dispositivo del fallo impugnado; amén de que nadie impuso a los magistrados las condiciones de la normativa mercantil y la parte demandada no alegó la ausencia de los presupuestos mercantiles o la falta de acuerdo social en la demanda civil. Que la incongruencia positiva surge cuando se exorbita el “thema decidendum”, y la sentencia va más allá de “solo lo alegado por las partes”, no ajustándose por lo tanto a la exigencia de exhaustividad, misma que se manifiesta en materia de apelación, cuando la alzada excede el límite de lo sometido a su consideración. Que respecto de la Incongruencia por tergiversación, la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia ha establecido de manera reiterada, en muchos fallos que también constituye vicio de incongruencia, cuando el magistrado se aparta de los hechos alegados, y se tergiversan los argumentos de hecho contenidos en la demanda o en la contestación, pues en tales casos, no resuelve la controversia tal y como fue planteada por las partes y, simultáneamente resuelve algo no pedido. En el caso de autos, la actora intentó una acción de cobro por enriquecimiento sin causa en virtud de un supuesto hecho ilícito cometido por la señora Gina María González Domínguez, y el ad-quem, al argumentar que lo procedente era solicitar la rendición de cuentas mediante la acción de responsabilidad solidaria de la administradora, resolvió una cuestión totalmente distinta a lo pretendido y que lo llevó a confirmar el fallo de primera instancia; y si bien es cierto, tal como señala la Corte recurrida, que cuando el administrador de una compañía o sociedad haya cometido alguna falta en el ejercicio de sus funciones, le corresponde a la asamblea siguiendo los parámetros de los artículos 208, 210, 214, 215, 222, 224, 225, 226 y 228 del Código de Comercio, demandar por el juicio de rendición de cuentas, que es la protección jurídica que tiene toda persona a la que le hayan administrado bienes o gestionado negocios en general, para que el administrador del mismo cumpla con su obligación de hacer una rendición de cuentas, a través de la presentación de los libros contables; pero que también no es menos cierto, que lo que pretende el accionante es restablecer, a través del proceso ordinario, dentro de una demanda de pago por “enriquecimiento sin causa”, reclamar a la persona natural la cantidad de dinero supuestamente extraída. Razones para estimar que yerra, el ad-quem, ya que la demanda pretende recuperar dinero por enriquecimiento sin causa, y no un juicio de rendición de cuentas. En consecuencia, y por cuanto resulta evidente la incongruencia del fallo emanado por la Corte recurrida, la Sala Civil debe declarar procedente el recurso y casar el fallo impugnado. 4.- Los planteamientos del recurrente en el único motivo de casación no resultan ser adecuados y por lo tanto no tienen recibimiento por parte de la Sala, ello se estila así, porque básicamente el mismo incurre en una inadecuada técnica de casación al plantear el motivo, así tenemos que estima la vulneración del artículo 208.1 del Código Procesal Civil, utilizando como causal autorizante el artículo 719.1 literal c) del mismo Código, en lo concerniente al contenido formal de la sentencia, y más concretamente sobre la congruencia que deben observar los fallos con las demandas y con las demás pretensiones de las partes, deducidas oportunamente en el pleito; arguyendo básicamente que el fallo proferido por la segunda instancia carece de exhaustividad y resulta incongruente por tergiversación; al respecto la Sala estima procedente señalar que en el presente caso el recurrente demuestra imprecisión al momento de presentar la recurrencia, pues no solicita el control de la motivación fáctica de la sentencia para revisar su existencia, suficiencia, racionalidad y carácter lógico, siempre que esta fuera determinante de un sentido diferente del fallo; para lo cual indefectiblemente además del precepto autorizante invocado, debió de hacer relación del mismo con el artículo 720.2 del Código Procesal Civil. 5.- En conclusión, la defectuosa presentación del recurso por parte del impetrante, ante esta jurisdicción, hace procedente su inadmisión por concurrir en el único motivo planteado, la causal prevista en el artículo 723.2. literal a) del Código Procesal Civil. III. PARTE DISPOSITIVA Por lo antes expuesto la Sala de lo Civil, pronunciándose por unanimidad de votos e impartiendo justicia en nombre de la Corte Suprema de Justicia y del Estado de Honduras, en base a los fundamentos de derecho citados y haciendo aplicación de los artículos 303, 304, 313 numeral 5) y 316 de la Constitución de la República; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 115, 118 numeral 1), 129, 169, 170, 190, 191, 193 numeral 2, literal b), 197, 199, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723.2 y 724 del Código Procesal Civil; profiere el presente auto irrecurrible y declara: I.- LA INADMISIÓN del recurso de casación en su único motivo planteado por el abogado IVÁN ALFREDO VIGIL MOLINA, en su condición de representante procesal de la sociedad mercantil denominada INVERSIONES GEMINIS S.A. de C.V., II.- FIRME la sentencia recurrida, dictada por la Corte Primera de Apelaciones de lo Civil de la ciudad de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, en fecha 25 de Mayo del año 2015, en el expediente de apelación número 0801-2011-02164-CPCO originada en los autos que conforman la primera pieza número 0801-2011-02164- CPCO, del Juzgado de Letras Civil del departamento de Francisco Morazán. III.- CONDENAR EN COSTAS a la parte recurrente. Y MANDA: REMITIR las presentes actuaciones, junto con la certificación de esta resolución al Tribunal de su procedencia, previa notificación de este auto a las partes, por medio de sus apoderados legalmente constituidos en juicio. Redacto el Magistrado WILFREDO MENDEZ ROMERO. NOTIFIQUESE. FIRMAS Y SELLO. WILFREDO MÉNDEZ ROMERO. MAGISTRADO COORDINADOR. RINA AUXILIADORA ALVARADO. MAGISTRADA. REYNALDO ANTONIO HERNÁNDEZ. MAGISTRADO. FIRMA Y SELLO. BETTY JANETH PALMA O´CONNOR. RECEPTORA ADSCRITA”.

Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los Treinta y un días del mes de Marzo de Dos Mil Diecisiete; Certificación del Auto de fecha ocho de Marzo de Dos Mil Diecisiete, recaído en el Recurso de Casación registrado bajo el No. 329=2015.

BETTY JANETH PALMA O’CONNOR

RECEPTORA ADSCRITA

[1] Artículo 313.5 de la Constitución de la República

[2] Artículo 718 del Código Procesal Civil.

[3] Artículo 716 del Código Procesal Civil,

[4] Artículo 61 de la Constitución de la República.