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Sentencia CC-315-15 — Registro 7053

Resumen

En primera instancia se declaró con lugar la demanda de nulidad absoluta de un instrumento público y de su inscripción en el instituto de la propiedad mediante el proceso ordinario.

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

...“DEL RECURSO DE CASACION INTERPUESTO POR EL ABOGADO CARLOS HUMBERTO MEDRANO IRIAS EN SU PRIMER MOTIVO POR INFRACCION POR VIOLACION INDIRECTA DE LEY SUSTANTIVA POR ERROR DE DERECHO EN LA PARECIACION DE LA PRUEBA.

El recurrente denuncia la infracción por violación indirecta de la ley sustantiva por error de derecho en la apreciación de la prueba en relación a los artículos 14 párrafos primero y segundo y el artículo 30 ambos del Código del Notariado, en relación con el artículo 280 numeral 1) del Código Procesal Civil, señalando como precepto autorizante el artículo 719.2 del Código Procesal Civil. Al pretender explicar su motivo, el impetrante alega que la Corte sentenciadora “incurrió en error de derecho al no apreciar los medios probatorios documentales admitidos a la parte demandada” “omisión del juzgador que al no otorgarle la fuerza probatoria de documento público a los documentos privados no tachados, lo hizo arribar a una determinación contraria al principio de la primacía de la realidad”. Respuesta de la Sala de lo Civil. El recurrente ha integrado a su escrito de interposición y formalización de casación, alegatos que pretenden introducir la valoración probatoria contenida en las sentencias de instancia, lo que no está permitido mediante el recurso de casación, conforme lo dispone el artículo 720.1 del Código Procesal Civil; además el recurrente no consigna en ninguna parte de su libelo si viene impugnando los preceptos por falta de aplicación, aplicación indebida o interpretación errónea. Por otra parte, es notoria la invocación del error de derecho como una causal no autorizada en la actual normativa procesal, pues esa causal era propia del ordenamiento procesal derogado cuando en el artículo 903 del Código de Procedimientos de 1906 se disponía: “Habrá lugar al recurso de casación por infracción de ley o de doctrina legal: 1o.- …2o.- …3o.- …4o.-… 5o.- …6o.- …7o.- Cuando en la apreciación de las pruebas haya habido error de derecho, o error de hecho, si este último resulta de documento o actos auténticos que demuestren la equivocación evidente del juzgador”, por lo que concurre la causal de inadmisibilidad prevista en el artículo 723 2. a) del Código Procesal Civil.”

Legislación citada

Jerarquía: Reiterativa

..“DEL RECURSO DE CASACION INTERPUESTO POR EL ABOGADO CARLOS HUMBERTO MEDRANO IRIAS EN SU SEGUNDO MOTIVO, POR INFRACCION DE LAS NORMAS PROCESALES QUE REGULAN LA FORMA Y CONTENIDO DE LA SENTENCIA. El recurrente cita como precepto autorizante el artículo 719.1 literal c) del Código Procesal Civil, pero no señala cual es la norma, o normas que supone infringidas. Al pretender explicar su motivo alega que la jurisprudencia ha insistido en el derecho a la motivación de las resoluciones que deberá contener la fundamentación jurídica, la congruencia entre lo pedido y lo resuelto y una suficiente justificación de la decisión adoptada. Alega que la incongruencia extra petita se presenta cuando el juez se pronuncia sobre un pedido o pretensión no propuesto por las partes, decidiendo sobre algo que no fue discutido en el proceso por las partes, apartándose del thema decidendum. Manifiesta que en ningún momento en el petitorio de la demanda se pide la anulación del acto jurídico que le dio origen ni se solicita la cancelación del asiento registral, limitándose a solicitar la anulación del instrumento público. Cierra su alegato expresando que es la conculcación de las normas procesales reguladoras de la sentencia y ello, en relación con el contenido formal de las sentencias, el principio de exhaustividad y el principio de congruencia demandados en el Código Procesal Civil. Respuesta de la Sala de lo Civil. Esta Sala aprecia que este motivo es totalmente falto de claridad, en tanto que a pesar de los alegatos, nunca citó la norma o normas que supone infringidas, no siendo tarea del Tribunal de casación oficiosamente desarrollar la norma que pueda coincidir con su alegato y en que forma esta ha sido infringida. El artículo 721.2 del Código Procesal Civil ya determina que en el escrito de casación deberá hacerse constar el motivo de casación, con expresión de las normas de derecho cuya infracción sustente cada motivo, con la suficiente separación y claridad; ese requisito no fue cumplido por el censor, dando lugar a la causal de inadmisión prevista en el artículo 723. 2. a) del Código Procesal Civil.”

Legislación citada

Jerarquía: Reiterativa

“DEL RECURSO DE CASACION INTERPUESTO POR EL ABOGADO CARLOS HUMBERTO MEDRANO IRIAS EN SU TERCER MOTIVO POR FALTA DE APLICACIÓN DE NORMA SUSTANTIVA. El recurrente viene alegando la falta de aplicación de los artículos 25 y 27 de la Ley de Propiedad contenida en el Decreto 82-2004, citando como precepto autorizante el artículo 719 número 2 del Código Procesal Civil. Al pretender explicar su motivo cita íntegramente el contenido de tales artículos para luego alegar que basado en el principio de legitimación registral se producen efectos procesales como lo es la relevación de la carga de la prueba que se establece a favor de quien afirma en un proceso cualquiera de los extremos a que se extiende la presunción de esa exactitud registral, pues ésta, como cualquier otra presunción produce el efecto dispensatorio de probar la realidad de lo alegado, con solo aportar la certificación correspondiente del contenido del registro, debiendo ser la otra parte la que demuestre la falsedad de lo alegado y concretamente la inexactitud registral. Respuesta de la Sala de lo Civil. Esta Sala aprecia que el recurrente, por medio de este motivo, pretende introducir la valoración de las pruebas contenidas en las sentencias de instancia, lo que no está permitido mediante el recurso de casación, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 720.1 del Código Procesal Civil, por otra parte, los artículos citados son normas registrales de carácter general, la primera referente al objeto y finalidad del registro y la segunda relativa a la obligación de inscribir los actos traslaticios de dominio en general, normas que como ha dicho reiteradamente esta Sala no son susceptibles de ser examinadas en casación porque con ello se da lugar a la indeterminación y falta de claridad del motivo con la consecuente indefensión para la parte contraria, sin embargo, es preciso aclarar que si es posible la cita de normas generales en relación con preceptos homogéneos con la norma general pero más específicos, lo que tampoco ha acontecido en el caso de autos; igualmente ha faltado en el recurso la justificación de la incidencia de la infracción en el sentido de la resolución impugnada, es decir, como la falta de aplicación de esos preceptos condicionó la decisión adoptada y como, de haberse observado, el resultado hubiese sido distinto. En consecuencia de lo anteriormente expuesto concurre la causal de inadmisión prevista en el artículo 723. 2. a) del Código Procesal Civil.”

Jerarquía: Reiterativa

“DEL RECURSO DE CASACION INTERPUESTO POR EL ABOGADO CARLOS HUMBERTO MEDRANO IRIAS EN SU PRIMER MOTIVO POR INFRACCION POR VIOLACION INDIRECTA DE LEY SUSTANTIVA POR ERROR DE DERECHO EN LA PARECIACION DE LA PRUEBA.

El recurrente denuncia la infracción por violación indirecta de la ley sustantiva por error de derecho en la apreciación de la prueba en relación a los artículos 14 párrafos primero y segundo y el artículo 30 ambos del Código del Notariado, en relación con el artículo 280 numeral 1) del Código Procesal Civil, señalando como precepto autorizante el artículo 719.2 del Código Procesal Civil. Al pretender explicar su motivo, el impetrante alega que la Corte sentenciadora “incurrió en error de derecho al no apreciar los medios probatorios documentales admitidos a la parte demandada” “omisión del juzgador que al no otorgarle la fuerza probatoria de documento público a los documentos privados no tachados, lo hizo arribar a una determinación contraria al principio de la primacía de la realidad”. Respuesta de la Sala de lo Civil. El recurrente ha integrado a su escrito de interposición y formalización de casación, alegatos que pretenden introducir la valoración probatoria contenida en las sentencias de instancia, lo que no está permitido mediante el recurso de casación, conforme lo dispone el artículo 720.1 del Código Procesal Civil; además el recurrente no consigna en ninguna parte de su libelo si viene impugnando los preceptos por falta de aplicación, aplicación indebida o interpretación errónea. Por otra parte, es notoria la invocación del error de derecho como una causal no autorizada en la actual normativa procesal, pues esa causal era propia del ordenamiento procesal derogado cuando en el artículo 903 del Código de Procedimientos de 1906 se disponía: “Habrá lugar al recurso de casación por infracción de ley o de doctrina legal: 1o.- …2o.- …3o.- …4o.-… 5o.- …6o.- …7o.- Cuando en la apreciación de las pruebas haya habido error de derecho, o error de hecho, si este último resulta de documento o actos auténticos que demuestren la equivocación evidente del juzgador”, por lo que concurre la causal de inadmisibilidad prevista en el artículo 723 2. a) del Código Procesal Civil.”

Legislación citada

Jerarquía: Reiterativa

“DEL RECURSO DE CASACION INTERPUESTO POR EL ABOGADO CARLOS HUMBERTO MEDRANO IRIAS EN SU SEGUNDO MOTIVO, POR INFRACCION DE LAS NORMAS PROCESALES QUE REGULAN LA FORMA Y CONTENIDO DE LA SENTENCIA. El recurrente cita como precepto autorizante el artículo 719.1 literal c) del Código Procesal Civil, pero no señala cual es la norma, o normas que supone infringidas. Al pretender explicar su motivo alega que la jurisprudencia ha insistido en el derecho a la motivación de las resoluciones que deberá contener la fundamentación jurídica, la congruencia entre lo pedido y lo resuelto y una suficiente justificación de la decisión adoptada. Alega que la incongruencia extra petita se presenta cuando el juez se pronuncia sobre un pedido o pretensión no propuesto por las partes, decidiendo sobre algo que no fue discutido en el proceso por las partes, apartándose del thema decidendum. Manifiesta que en ningún momento en el petitorio de la demanda se pide la anulación del acto jurídico que le dio origen ni se solicita la cancelación del asiento registral, limitándose a solicitar la anulación del instrumento público. Cierra su alegato expresando que es la conculcación de las normas procesales reguladoras de la sentencia y ello, en relación con el contenido formal de las sentencias, el principio de exhaustividad y el principio de congruencia demandados en el Código Procesal Civil. Respuesta de la Sala de lo Civil. Esta Sala aprecia que este motivo es totalmente falto de claridad, en tanto que a pesar de los alegatos, nunca citó la norma o normas que supone infringidas, no siendo tarea del Tribunal de casación oficiosamente desarrollar la norma que pueda coincidir con su alegato y en que forma esta ha sido infringida. El artículo 721.2 del Código Procesal Civil ya determina que en el escrito de casación deberá hacerse constar el motivo de casación, con expresión de las normas de derecho cuya infracción sustente cada motivo, con la suficiente separación y claridad; ese requisito no fue cumplido por el censor, dando lugar a la causal de inadmisión prevista en el artículo 723. 2. a) del Código Procesal Civil.”

Legislación citada

Jerarquía: Reiterativa

“DEL RECURSO DE CASACION INTERPUESTO POR EL ABOGADO CARLOS HUMBERTO MEDRANO IRIAS EN SU TERCER MOTIVO POR FALTA DE APLICACIÓN DE NORMA SUSTANTIVA. El recurrente viene alegando la falta de aplicación de los artículos 25 y 27 de la Ley de Propiedad contenida en el Decreto 82-2004, citando como precepto autorizante el artículo 719 número 2 del Código Procesal Civil. Al pretender explicar su motivo cita íntegramente el contenido de tales artículos para luego alegar que basado en el principio de legitimación registral se producen efectos procesales como lo es la relevación de la carga de la prueba que se establece a favor de quien afirma en un proceso cualquiera de los extremos a que se extiende la presunción de esa exactitud registral, pues ésta, como cualquier otra presunción produce el efecto dispensatorio de probar la realidad de lo alegado, con solo aportar la certificación correspondiente del contenido del registro, debiendo ser la otra parte la que demuestre la falsedad de lo alegado y concretamente la inexactitud registral. Respuesta de la Sala de lo Civil. Esta Sala aprecia que el recurrente, por medio de este motivo, pretende introducir la valoración de las pruebas contenidas en las sentencias de instancia, lo que no está permitido mediante el recurso de casación, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 720.1 del Código Procesal Civil, por otra parte, los artículos citados son normas registrales de carácter general, la primera referente al objeto y finalidad del registro y la segunda relativa a la obligación de inscribir los actos traslaticios de dominio en general, normas que como ha dicho reiteradamente esta Sala no son susceptibles de ser examinadas en casación porque con ello se da lugar a la indeterminación y falta de claridad del motivo con la consecuente indefensión para la parte contraria, sin embargo, es preciso aclarar que si es posible la cita de normas generales en relación con preceptos homogéneos con la norma general pero más específicos, lo que tampoco ha acontecido en el caso de autos; igualmente ha faltado en el recurso la justificación de la incidencia de la infracción en el sentido de la resolución impugnada, es decir, como la falta de aplicación de esos preceptos condicionó la decisión adoptada y como, de haberse observado, el resultado hubiese sido distinto. En consecuencia de lo anteriormente expuesto concurre la causal de inadmisión prevista en el artículo 723. 2. a) del Código Procesal Civil.”

Legislación citada

Jerarquía: Reiterativa

“DEL RECURSO DE CASACION INTERPUESTO POR EL ABOGADO CARLOS HUMBERTO MEDRANO IRIAS EN SU CUARTO MOTIVO POR FALTA DE APLICACIÓN DE NORMA SUSTANTIVA. El recurrente viene alegando la falta de aplicación del artículo 14 párrafos primero y segundo del Código del Notariado en relación con el artículo 30 del mismo código, citando como precepto autorizante el artículo 719 número 2 del Código Procesal Civil. Al pretender explicar su motivo cita íntegramente el contenido de tales artículos para luego exponer que “el instrumento público para ser tenido como tal debe reunir los requisitos de: a) ser autorizado por un notario, b) que el notario autorizante sea competente, y c) que el documento sea autorizado con las solemnidades legales, a esto agrega que, como valor probatorio, el instrumento público hace plena prueba tanto en juicio como fuera de él, la razón es que ha sido autorizado por un funcionario que está investido de fe pública, es decir, que el estado garantiza la veracidad de las afirmaciones del notario contenidas en el documento que ha autorizado dentro de los límites de su competencia con las formalidades legales por que dicho documento goza de las presunciones de legalidad y veracidad, en otras palabras, la impugnación para la nulidad cabe cuando el notario es incompetente o cuando se ha omitido alguna solemnidad legal y en el caso que nos ocupa se reclama la falta de autenticidad ya que el instrumento es tachado de inauténtico o falso por no haber sido otorgado supuestamente por las partes de donde se desprende que este extremo de impugnación va estrechamente vinculado al hecho de no haber sido autorizado por un notario competente, aspecto que en ningún momento fue demostrado en el debate.” Respuesta de la Sala de lo Civil. Esta Sala aprecia que el recurrente por medio de este motivo pretende introducir la valoración de las pruebas contenidas en las sentencias de instancia, lo que no está permitido mediante el recurso de casación, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 720.1 del Código Procesal Civil, por otra parte, hay falta de claridad en la exposición del motivo ya que pretende equiparar la falta de competencia del notario, a la falta de consentimiento de los otorgantes, aspecto que vicia el acto o contrato y que no guarda relación con el primer aspecto (falta de competencia del notario), en consecuencia no ha sido capaz de precisar y justificar la incidencia de la falta de aplicación en el sentido de la resolución que ha sido impugnada, en tanto no ha demostrado como esas normas pugnan con las empleadas por el juzgador, concurriendo así la causal de inadmisión establecida por el artículo 723. 2. a) del Código Procesal Civil.”

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Sentencia

CERTIFICACION

La Infrascrita Receptora Adscrita a la Sala de lo Civil de la Corte Suprema de Justicia, Certifica los Autos que literalmente dicen: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los diecisiete días del mes de mayo del año dos mil diecisiete, la Sala de lo Civil integrada por los Magistrados: WILFREDO MENDEZ ROMERO, como Coordinador, RINA AUXILIADORA ALVARADO MORENO y REYNALDO ANTONIO HERNÁNDEZ, designado ponente para el conocimiento y redacción de la resolución en el presente recurso de casación, en la fecha supra indicada dictan el siguiente AUTO: SON PARTES: La sociedad mercantil YODECO DE HONDURAS, S.A. DE C.V., representada en juicio por el abogado CARLOS HUMBERTO MEDRANO IRIAS, en su condición de recurrente; siendo recurridos los señores FRANCISCO ORLANDO, OSCAR ANTONIO ambos de apellidos CHACON FUENTES, y BALBINA ARGENTINA ALVAREZ FUENTES, representados en juicio por el abogado RUDIZ ELÍAS GÓMEZ MARTÍNEZ. OBJETO DEL PROCESO: “DEMANDA ORDINARIA DE NULIDAD ABSOLUTA DE UN INSTRUMENTO PUBLICO.- QUE CONTIENE UNA COMPRA-VENTA POR LA VÍA DEL PROCESO DECLARATIVO ASÍ MISMO.- QUE SE ANULE EN TODOS ACTOS DERIVADOS DE DICHO INSTRUMENTO COMO SER.- LA INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD.- Y LA CORRESPONDIENTE TRADICIÓN DE DOMINIO DE DICHO INMUEBLE”, promovida en fecha veintitrés de octubre del año dos mil catorce, ante el Juzgado Segundo de Letras Seccional de Juticalpa, Departamento de Olancho, por los señores FRANCISCO ORLANDO, OSCAR ANTONIO ambos de apellidos CHACON FUENTES, y BALBINA ARGENTINA ALVAREZ FUENTES, mayores de edad, labradores los primeros, y la señora ama de casa, hondureños y con domicilio en la comunidad de El Paso de la Hoya, los primeros y de la Aldea La Concepción la segunda, jurisdicción del Municipio de Guayape del Departamento de Olancho, contra la sociedad mercantil YODECO DE HONDURAS, S.A. DE C.V., representada por el abogado ALEJANDRO ARGUELLO LACAYO. I. ANTECEDENTES DE HECHO PRIMERO: Con fecha diez de agosto del año dos mil quince, la Corte Tercera de Apelaciones con sede en Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, conociendo por vía de apelación de la sentencia definitiva de fecha veinte de mayo del año dos mil quince, dictada por el Juzgado Segundo de Letras Seccional de Juticalpa, Departamento de Olancho, en el juicio de mérito, dictó sentencia CONFIRMANDO la del A-quo, misma que fallo de la siguiente manera: “FALLA: PRIMERO: DECLARANDO CON LUGAR LA DEMANDA DE NULIDAD ABSOLUTA DE UN INSTRUMENTO PUBLICO Y DE SU INSCRIPCION EN EL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD MEDIANTE EL PROCESO ORDINARIO promovida ante este juzgado POR EL ABOGADO ROMULO GARCIA ARGUETA EN SU CONDICION DE APODERADO LEGAL DE LOS DEMANDANTES SEÑORES FRANCISCO ORLANDO, OSCAR ANTONIO Y BALBINA ARGENTINA DE APELLIDOS CHACON FUENTES todos de generales ya expresada en el Preámbulo de este Fallo, contra la SOCIEDAD MERCANTIL YODECO DE HONDURAS S. A. de C.V , representada por su GERENTE GENERAL SEÑOR ALEJANDRO ARGUELLO LACAYO, también de generales ya expresadas en el Preámbulo de este Fallo: SEGUNDO DECRETA LA NULIDAD ABSOLUTA DEL TESTIMONIO DE ESCRITURA PUBLICA NUMERO 435 Y DE SU INSCRIPCION EN EL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD DE ESTE DEPARTAMENTO DE OLANCHO Y QUE CONSISTE EN EL CONTRATO DE COMRAVENTA DE UNOS DERECHOS DE TIERRA EN EL SITIO PRIVADO DE CAINGALA, JURISDICCION DEL MUNICIPIO DE GUAYAPE, DEPARTAMENTO DE OLANCHO, MISMO QUE SE ENCUENTRA INSCRITO EN EL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD DE ESTE DEPARTAMENTO DE OLANCHO BAJO EL NUMERO 37, TOMO 1214, OTORGADO POR LOS DEMANDANTES FRANCISCO ORLANDO, OSCAR ANTONIO Y BALBINA ARGENTINA DE APELLIDOS CHACON FUENTES A FAVOR DE LA SOCIEDAD MERCANTIL YODECO DE HONDURAS S.A. de C.V , En fecha Veintidós de Mayo del año Dos Mil Ocho ante los OFICIOS DEL NOTARIO PUBLICO RENE ADALBERTO PAZ ALFARO.- Y MANDA: Que Por medio de la Secretaria de este Juzgado se notifique en legal y debida forma el presente fallo a los Apoderados Legales de las partes, y si dentro del Termino Legal establecido no se interpone recurso alguno quede firme el mismo y se libre atento mandamiento con las inserciones del caso al señor Registrador del Instituto de la Propiedad de este Departamento de Olancho a fin que se sirva cancelar y dejar sin ningún valor ni efecto el asiento Numero 37 Tomo 1214 donde se encuentra Inscrito el testimonio de Escritura Publica ya citado Cuya nulidad ha decretado en este fallo por este Tribunal.- CON COSTAS.- NOTIFIQUESE.” SEGUNDO: El representante procesal de la sociedad mercantil YODECO DE HONDURAS, S.A. DE C.V., abogado CARLOS HUMBERTO MEDRANO IRIAS, en fecha veintitrés de septiembre del año dos mil quince, presentó escrito de interposición y formalización del recurso de casación contra la sentencia de fecha diez de agosto del año dos mil quince, dictada por la Corte Tercera de Apelaciones con sede en Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, resolviendo el Ad-quem, mediante proveído de fecha veinticuatro de septiembre del año dos mil quince, tener por interpuesto y formalizado el recurso de casación por parte del Recurrente y acordó conceder a la parte contraría el plazo de diez días hábiles para que se pronunciara sobre el contenido del escrito, debiendo entregársele copia del mismo. TERCERO: El representante procesal de los señores FRANCISCO ORLANDO, OSCAR ANTONIO ambos de apellidos CHACON FUENTES y BALBINA ARGENTINA ALVAREZ FUENTES, abogado ROMULO GARCIA ARGUETA, presentó en fecha quince de octubre del año dos mil quince, escrito de pronunciamiento sobre el contenido del recurso de casación interpuesto y formalizado por la contraparte, resolviendo la Corte Tercera de Apelaciones con sede en Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, tener por pronunciado al Recurrido, ordenando remitir las presentes diligencias a la Honorable Corte Suprema de Justicia en el plazo que manda la ley, para proseguir con el trámite correspondiente. CUARTO: Recibidas las actuaciones en éste Tribunal, los abogados ROMULO GARCIA ARGUETA y CARLOS HUMBERTO MEDRANO IRIAS, ambos en sus condiciones ya indicadas, presentaron escritos de personamiento en fechas veintitrés y veintisiete de octubre del año dos mil quince respectivamente, resolviendo este Tribunal, mediante proveído de fecha dieciocho de noviembre del año dos mil quince, tenerlos por personados dentro del plazo concedido. QUINTO: Que la parte recurrente plantea su recurso de casación contra la sentencia dictada por la Corte Tercera de Apelaciones con sede en Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, de la siguiente manera: “PRIMER MOTIVO INFRACCION POR VIOLACION INDIRECTA DE LEY SUSTANTIVA POR ERROR DE DERECHO EN LA APRECIACION DE LA PRUEBA PRECEPTO AUTORIZANTE Con el presente recurso se denuncia la infracción por violación indirecta de ley sustantiva por error de derecho en la apreciación de la prueba en relación a los artículos 14 párrafos primero y segundo y el artículo 30, ambos del Código del Notariado en relación con el articulo 280 numeral 1 del Código Procesal Civil... SE SINGULARIZA LA PRUEBA NO APRECIADA La prueba dejada de apreciar es la documental siguiente: 1) copia fotostática debidamente autenticada de la primera copia de la escritura pública No. 435 que contiene la compra venta autorizada por el Notario Adalberto Paz Alfaro, que obra a folios ciento-treinta al ciento treinta y cinco (130-135); 2) copia fotostática debidamente autenticada del Protocolo del Notario René Adalberto Paz de fecha 26 de mayo del año 2008, que contiene la compra venta autorizada entre Yodeco de Honduras S A. y los señores Francisco Orlando, Oscar Antonio y Balbina Argentina, todos de apellido Chacón Fuentes que obra a folios ciento veinticuatro al ciento veintinueve (124-129); 3) copia fotostática del finiquito extendido por los señores Francisco Orlando, Oscar Antonio y Balbina Argentina, todos de apellido Chacón Fuentes y que obra a folio número ciento treinta y siete (137); 4) copia fotostática del documento de compromiso de no entorpecer el aprovechamiento de los Planes de Manejo Operativo de Yodeco que obra a folio ciento treinta y seis (136); y, 5) copia fotostática autenticada de los cheques recibidos por el Abogado Rómulo García Argueta representante de los demandantes y que se acompañaron a la contestación de la demanda y que obran a folios ciento treinta nueve al ciento cincuenta y ocho (158) de la primera pieza de autos.- PRECEPTO AUTORIZANTE El motivo se articula a través del cauce casacional previsto en el artículo 719.2 del Código Procesal Civil: “Igualmente, se podrá impugnar la aplicación e interpretación de las normas de derecho empleadas para la solución de fondo del litigio.” REGLA PROCESAL VIOLADA La norma procesal que sirvió de medio para la violación de las sustantivas señaladas, están contenida en el artículo 280 numeral 1 del Código Procesal Civil. EXPLICACION DEL MOTIVO Ahora paso a explicar en que consistió la infracción y de que modo afectó a la decisión de la cuestión objeto del proceso, en la resolución que se impugna: La Corte Sentenciadora al emitir el fallo de fecha diez de agosto del año en curso (2015) en su parte dispositiva confirma la sentencia de Primera instancia con lo cual hizo suyos y válidos todos los fundamentos, argumentos e interpretaciones del A quo incurriendo en error de derecho al no apreciar los medios de probatorios documentales admitidos a la parte demandada y referidos a: 1) copia fotostática debidamente autenticada de la primera copia de la escritura publica No. 435 que contiene la compra venta autorizada por el Notario Adalberto Paz Alfaro, que obra a folios ciento treinta al ciento treinta y cinco (130-135); 2) copia fotostática debidamente autenticada del Protocolo del Notario René Adalberto Paz de fecha 26 de mayo del año 2008, que contiene la compra venta autorizada entre Yodeco de Honduras S A. y los señores Francisco Orlando, Oscar Antonio y Balbina Argentina, todos de apellido Chacón Fuentes que obra a folios ciento veinticuatro al ciento veintinueve (124-129); 3) copia fotostática del finiquito extendido por los señores Francisco Orlando, Oscar Antonio y Balbina Argentina, todos de apellido Chacón Fuentes y que obra a folio número ciento treinta y siete (137); 4) copia fotostática del documento de compromiso de no entorpecer el aprovechamiento de los Planes de Manejo Operativo de Yodeco que obra a folio ciento treinta y seis (136); y, 5) copia fotostática autenticada de los cheques recibidos por el Abogado Rómulo García Argueta representante de los demandantes y que se acompañaron a la contestación de la demanda y que obran a folios ciento treinta y nueve al ciento cincuenta y ocho (158) de la primera pieza de autos.- los medios de prueba que no fueron apreciados por la Corte Sentenciadora y por ende se ha incurrido en un error de derecho evidente y manifiesto en relación a las pruebas en su conjunto, lo que le hizo señalar un criterio incorrecto con lo debatido en juicio.- Los documentos privados hacen prueba en el proceso civil, en los términos previstos para los documentos públicos cuando no son impugnados par la parte a quien afecta conforme señala el artículo 280.1 del Código Procesal Civil y siendo que es obligación del Tribunal excluir, en todo caso la arbitrariedad y que debe de atender siempre las reglas de la sana crítica, del conocimiento y criterio humano de acuerdo a las normas que rigen el razonamiento lógico. La omisión, en tal sentido, al analizar todas las pruebas allegadas en tiempo debió apreciar los medios de prueba que se han singularizado lo que le hace incurrir en error de derecho por su falta de apreciación, lo cual incide en la violación de la norma material contenida en los artículos 14 y 30 del Código del Notariado ya señalados, negándose a otorgar los derechos dimanados de dichas disposiciones, omisión del juzgador de segundo grado que al no otorgarle la fuerza probatoria de documento publico a los documentos privados no tachados, lo hizo arribar a una determinación contraria al Principio de la primacía de la Realidad.- SEGUNDO MOTIVO INRACCION DE LAS NORMAS PROCESALES QUE REGULAN LA FORMAY CONTENIDO DE LA SENTENCIA. Con el presente recurso se denuncia la infracción de las normas procesales que regulan la forma y contenido de la sentencia. PRECEPTO AUTORIZANTE. El motivo se articula a través del cauce casacional previsto en el artículo 719.1 literal “c” del Código Procesal Civil. EXPLICACION DEL MOTIVO Ahora paso a explicar en que consistió la infracción y de que modo afectó a la decisión de la cuestión objeto del proceso, en la resolución que se impugna: Al momento de formular el plan de demanda, la parte actora en el Petitum de la misma, hace petición al señor Juez sobre nueve aspectos; siete de ellos de naturaleza procedimental y el expuesto bajo el acápite 7 pide que se dicte sentencia definitiva anulando el instrumento cuatrocientos treinta y cinco (435) antes mencionado por ser un instrumento que siempre se ha considerado que es falso y que el demandado ha utilizado para su beneficio personal chantajeando a mis clientes, alegando que en ese instrumento vendieron sus tierras a esa sociedad bajo el acápite 8 solicita la condena en costas. La sentencia detinitiva de fecha 10 de agosto del año en curso (2015) pronunciada por la Honorable Corte Tercera de Apelaciones de Tegucigalpa, específicamente en su parte dispositiva confirma la sentencia apelada con lo cual tomó como suyos y válidos todos los fundamentos, los argumentos y las interpretaciones contenidas en la misma. Lo anterior se manifiesta pues mediante estas dos sentencias existen en ambas errores de derecho pues al pronunciarse contemplaron tres aspectos como ser: a) La nulidad de la escritura pública; b) la nulidad del instrumento del público que la contiene; y, c) la orden de la cancelación del registro. Obviamente, no existe congruencia entre lo pedido por el sujeto actor y lo resuelto por dicha sentencia. La indicada vulneración fue oportunamente denunciada por medio de la alegación primera del recurso de apelación por esta Parte contra la citada sentencia de primera instancia, en el que se solicitaba su renovación por no tratarse de un defecto subsanable. No obstante, la sentencia ahora recurrida no revocó la citada resolución de primera instancia y con ello ha infringido las normas esenciales sobre la forma y contenido de la sentencia. Nuestro máximo órgano jurisdiccional en reiterada jurisprudencia ha insistido al derecho a la motivación de las resoluciones que deberán contener: a) la fundamentación jurídica, que no implica la sola mención de las normas a aplicar al caso sino la explicación y justificación del porque tal caso se encuentra o no, dentro de los supuestos que contemplan tales normas; b) la congruencia entre lo pedido y lo resuelto, que implica la manifestación de los argumentos que expresan la conformidad entre los pronunciamientos del fallo y las pretensiones formuladas por las partes; y, c) que por si misma exprese una suficiente justificación de la decisión adoptada. Dicho lo anterior, conviene acotar que la incongruencia extra petita se presenta en un proceso cuando el juez al emitir pronunciamiento se pronuncia sobre un pedido o pretensión no propuesto por las partes, es decir, decide sobre algo que no fue discutido en el proceso por las partes, en consecuencia se aparta del thema decidendum. Esta disfuncionalidad tiene como elemento central el exceso, esto es, que nos encontramos frente a un supuesto en el cual el pronunciamiento excede a lo pedido por las partes. En ningún momento en el Petitorio de la demanda se pide la anulación del acto jurídico que le dio origen ni se solicita la cancelación del asiento registral, limitándose a solicitar la anulación del instrumento publico. Dicho en otra forma, y tal como lo comenta en su proyecto de fortalecimiento del Poder Judicial de Honduras con la Cooperación Española: “La incongruencia extra petita constituye siempre un infracción del Principio Dispositivo y de Aportación de las partes que impide al órgano judicial, en el proceso civil, pronunciarse sobre aquellas pretensiones que no fueron ejecutadas por las partes, al ser estas las que, en su calidad de verdaderos domini litis, conforman el objeto del debate o thema decidendi y el alcance del pronunciamiento judicial, por lo que éste deberá adecuarse a lo que fue objeto del proceso, delimitando, a tales efectos, por los sujetos del mismo (partes), por lo pedido (petitum) y por los hechos y realidad histórica que le sirven como razón o causa de pedir (causa petendi). Artículo 10.1 y 2 del Código Procesal Civil).”Y si bien es cierto que el Juzgado se encuentra facultado a resolver la cuestión litigiosa con arreglo a derecho, aunque no haya sido invocado por las partes o lo haya sido erróneamente, pero no puede alterar el petitorio ni fundar su decisión en hechos diversos de los que han sido alegados por las partes. En ese orden de ideas, cabe destacar que el principio de congruencia, constituye un postulado de lógica formal que debe Imperar en todo orden de razonamiento, toda vez que al juez debe decidir según las pretensiones deducidas en el juicio y en armonía con la relación jurídica procesal establecida, sin alterar ni modificar los aspectos esenciales de la materia controvertida, en esto se sustenta la garantía constitucional de este fundamento que impide al juez fallar sobre puntos que no han sido objeto del litigio, tanto más si la litis fija los limites y los poderes del juez; por ende, en virtud de dicho principio, las resoluciones judiciales deben expedirse de acuerdo con el sentido y alcance de las peticiones formuladas por las partes. La vulneración denunciada por la vía del presente motivo, es la conculcación de las normas procesales reguladoras de la sentencia, y ello, en relación con el contenido formal de las sentencias, el Principio de Exhaustividad y el Principio de Congruencias demandados en el Código Procesal Civil. TERCER MOTIVO INFRACCIÓN POR LA FALTA DE APLICACIÓN DE NORMA SUSTANTIVA.- PRECEPTO AUTORIZANTE. Con el presente recurso se denuncia la infracción por la falta de aplicación de los artículos 25 y 27 de la Ley de Propiedad contenida en el Decreto No. 82-2OO4.- PRECEPTO AUTORIZANTE El motivo se articula a través del cause casacional previsto en el artículo 719 número 2 del Código Procesal Civil. EXPLICACION DEL MOTIVO. Ahora paso a explicar en que consistió la infracción y de que modo afectó a la decisión de la cuestión objeto del proceso, en la resolución que se impugna: Dice el articulo 25 de la mencionada ley: “El Registro tiene por objeto y finalidad garantizar a los usuarios y terceros que las inscripciones y servicios registrales se efectúen bajo los principios de organización, eficacia registral, legalidad, prioridad, rogación, obligatoriedad, publicidad, tracto sucesivo, especialidad, celeridad, universalidad y fe pública registral” y el articulo 27 del mismo cuerpo de ley indica: “Toda constitución, cancelación, gravamen, transmisión o transferencia de dominio de bienes inmuebles y demás derechos reales constituidos sobre los mismos deberá inscribirse. Mientras ésta no se verifica el acto o contrato únicamente produce obligaciones y derechos entre las partes, excepto en el caso de la hipoteca que siempre deberá registrarse para que sirva efectos.” Los asientos del registro constituyen un título de legitimación, es decir, un signo suficiente que acredita al titular registral, frente a todos, como titular de los derechos en la forma en que manifiesta el Registro. Esto es lo que se llama “PRINCIPIO DE LEGITIMACION REGISTRAL” que puede definirse como el Principio Hipotecario en cuya virtud los asientos del registro se presumen exactos, y, como consecuencia de ello, se considera legitimado al titular registral para actuar, tanto judicial como extrajudicialmente en la forma que el propio asiento determina. Basado en este Principio de Legitimación Registral se producen efectos procesales como lo es la relevación de la carga de la prueba que se establece a favor de quien afirma en un proceso cualquiera de los extremos a que se extiende la presunción de esa exactitud registral, pues ésta, como cualquier otra presunción produce el efecto dispensatorio de probar la realidad de lo alegado, con sólo aportar la certificación correspondiente del contenido del registro, debiendo ser la otra parte, la que demuestre, en sus caso la falsedad de lo alegado y concretamente la inexactitud registral. Como consecuencia de lo anterior, tanto la fe pública Registral como la Notarial, representan la verdad, y la confianza que la ciudadanía en general, brinda a las acciones de estos funcionarios, responsables de las instituciones registrales e investidos de competencia, en relación a los actos, hechos situaciones en las cuales intervienen. La fe pública Registral y Notarial., representa la verdad, y la confianza que la ciudadanía en general brinda a las acciones de estos funcionarios responsables de las instituciones registrales e investidos de competencia, en relación a los actos, hechos y situaciones en las cuales intervienen. En una aproximación a un concepto de Fe Pública vemos que: En primer lugar es importante destacar, que la fe pública es un acto de carácter publico, emitido por un funcionario investido de competencia, donde ratifica, certifica y legaliza, con certeza eficacia, sobre alguna circunstancia en particular. Representa la verdad, la confianza puesta en registradores, notarios y demás funcionarios relacionados, sobre los actos, hechos y situaciones que les competen e intervienen. Manifestación más relevante del “principio de presunción de exactitud del registro. En el instrumento de compra-venta debidamente inscrito a favor de mi Representada, cuya nulidad se pide, se entiende comprendido el postulado o principio de fe pública registral, que es la garantía que da el Estado de que los actos y contratos, inscritos en el registro público con las formalidades legales, son ciertos con presunción legal de veracidad y se imponen coactivamente a todos, tanto en juicio como fuera de él; principio relacionado con la facultad calificadora de los registradores aludida en el articulo 49 de la Ley del Registro de la Propiedad y, con base en él, según el artículo 37 de esta Ley, “ los títulos o instrumentos de dominio sobre bienes raíces o de los derechos reales constituidos en ellos que no hayan sido legalmente anotados o inscritos en el Registro de la Propiedad, no perjudicaran a tercero.” CUARTO MOTIVO INFRACCIÓN POR LA FALTA DE APLICACIÓN DE NORMA SUSTANTIVA.- PRECEPTO AUTORIZANTE Con el presente recurso se denuncia la infracción por falta de aplicación del artículo 14 párrafos primero y segundo del Código del Notariado en relación con el artículo 30 del mismo cuerpo legal. PRECEPTO AUTORIZANTE El motivo se articula a través del cauce casacional previsto en el artículo 719 número 2 del Código Procesal Civil. EXPLICACION DEL MOTIVO Ahora paso a explicar en que consistió la infracción y de que modo afectó a la decisión de la cuestión objeto del proceso, en la resolución que se impugna: El articulo 14 del Código del Notariado prescribe que: “Son instrumentos públicos las escrituras públicas, las actas, y en general, todo documento o diligencia en asuntos no contenciosos en que intervenga o autorice el Notario, bien sea el original o copia.” “El contenido de la escrituras públicas son las declaraciones de voluntad, los actos jurídicos que impliquen prestación de consentimiento y los contratos de toda clase.” Y el artículo 30 del mismo cuerpo de leyes señala: “Las copias de las escrituras matrices expedidas en la forma indicada en los artículos anteriores, se consideran instrumentos públicos y deben contener la cita del protocolo y número que en él tenga la escritura y se expedirán indicando lugar y fecha, deben ser selladas y firmadas por el Notario o en su defecto por el funcionario competente. De la definición en el artículo 14 ya mencionado, resulta que el instrumento público, para que sea tal, debe reunir ciertos requisitos: 1) Que sea autorizado por un Notario. Esta autorización implica que el Notario, en uso de las facultades que le confiere la ley, da te de haberse hecho las declaraciones contenidas en el documento, ya que es ministro contenidas en el documento, ya que es ministro de fe pública. La fuerza probatoria del instrumento público proviene de la fe pública, de la absoluta confianza que se tiene en la persona investida de funciones públicas para el otorgamiento de tales instrumentos, de que las personas que lo otorgan lo han hecho realmente y que el contenido del instrumento es la exposición fiel de lo que ellas han expresado a dicho funcionario. 2) Que el Notario que autoriza el documento sea competente, o sea que esa autorización caiga dentro de la esfera de las atribuciones que le da la ley, tanto por razón de la materia como por razón del territorio. 3) Que el documento sea autorizado con las solemnidades legales, es decir, con las formalidades que la ley exige, según la naturaleza del documento. Como valor probatorio, el instrumento público hace plena prueba tanto en juicio como fuera de él. La razón de ello es que ha sido autorizado por un funcionario que está investido de fe pública, es decir, que el Estado garantiza la veracidad de las afirmaciones del Notario contenidas en el documento que ha autorizado dentro de los limites de su competencia con las formalidades legales por lo que dicho documento goza de las presunciones de legalidad veracidad. La impugnación por la nulidad del instrumento público hecha por la parte demandante, es a todas luces improcedente, por las razones anteriormente expuestas. Dicho en otras palabras las impugnación para la nulidad cabe cuando el Notario es incompetente o cuando se ha omitido alguna solemnidad legal y en el caso que nos ocupa se reclama la falta de autenticidad ya que el instrumento publico es tachado de inauténtico o falso por no haber sido otorgado supuestamente por las partes de donde se desprende que este extremo de impugnación por nulidad va estrechamente vinculado al hecho de no haber sido autorizado por un Notario competente aspecto que en ningún momento fue demostrado en el centro del debate. Se ataca a la sentencia de sentado grado que hace suyas las apreciaciones del A quo porque la infracción que se ha cometido por la falta de aplicación que se le ha dado constituye una violación directa de la norma material o sustancial, con consecuencias jurídicas, es decir, que en este caso concreto hay una total falta de razonamiento del Tribunal Ad quem ya que al no haber observado esa disposición provoca como consecuencia un grave perjuicio o agravio a los intereses de mi Representada SE ESTIMA NECESARIA LA CELEBRACION DE LA AUDIENCIA Por considerar esta parte recurrente que es necesaria la celebración de la audiencia en el presente recurso, a esta Honorable Corte Suprema de Justicia se le formula tal solicitud, cumpliendo con el requisito que establece el artículo 721.3 del Código Procesal Civil. SE IDENTIFICA CON TOTAL PRECISIÓN EL PRONUNCIAMIENTO QUE SE IMPUGNA Se impugna el pronunciamiento contenido en la sentencia definitiva de fecha diez de agosto del año dos mil quince (2015) dictada por la Honorable Corte Tercera de Apelaciones.- Tegucigalpa, M.D.C., Departamento que dice:” PARTE DISPOSITIVA: POR TANTO: Esta Corte Tercera de Apelaciones de Francisco Morazán, en nombre de la República de Honduras, POR UNANIMIDAD DE VOTOS, siendo ponente la Magistrada Abogada CARMEN MARIAS ESTRADA VALLE DE GAEKEL,en aplicación de lo que establecen lo Artículos, 80,82m 90 párrafo primero, 303 y 304 Constitución de la República; 1°, 55 ordinal 1° y 137 Ley Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1°, 5° , 6°, 7°, 11, 17, 1586 ordinal 2º; 1589 Código Civil; 1, 2, 3, 14, 35, 36, Código del Notariado; 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12, 13, 14, 129, 245, 251, 424, 425, 433, 479, 705, 707, 709, 713 Código Procesal Civil; RESOLVEMOS: 1) DECLARAR SIN LUGAR EL RECURSO DE APELACION INTERPUESTO POR EL ABOGADO CARLOS HUMBERTO MEDRANO IRIAS; 2) CONFIRMAR SENTENCIA de fecha veinte de mayo del año dos mil quince, dictada por el Juzgado Seccional de Letras del Departamento de Olancho. Y MANDA: Que una vez firme la Resolución se devuelva la pieza de Autos en la Certificación de Estilo al Juzgado Correspondiente.- NOTIFIQUESE.” II. FUNDAMENTOS DE DERECHO 1. Esta Sala de lo Civil, viene reiterando la Naturaleza y función del recurso de casación, así pues, el recurso de casación tiene una función nomofiláctica, en virtud de lo cual el artículo 716 del Código Procesal Civil dispone dos fines expresos, el primero de ellos, es la protección de las normas del ordenamiento jurídico, y esto se hace, procurando y promoviendo la más adecuada aplicación e interpretación del derecho objetivo. El segundo fin es la unificación de la jurisprudencia nacional. Por su parte el numeral dos del artículo precitado, conmina a este alto tribunal a que aplique e interprete las normas referidas al recurso de casación atendiendo a la finalidad de unificación de la jurisprudencia, esto como instrumento de garantía de la igualdad de todos ante la ley, y de la seguridad y certidumbre jurídicas. (Ver resoluciones de fechas 13-12-2013 exp. 236-2012; 18-03-2014 exp. 003-2013; y, 06-05-2014 exp. 135-2013). 2. De conformidad con el artículo 719 del Código Procesal Civil, se podrá impugnar la aplicación e interpretación de las normas procesales, así como la aplicación e interpretación de las normas de derecho empleadas para la solución de fondo del litigio, y de conformidad con el artículo 721 del mismo Código, el recurso de casación se interpondrá por escrito ante la Corte de Apelaciones que hubiere dictado la sentencia dentro de los veinte días siguientes al de la notificación. En ese escrito se harán constar los motivos en que la casación se base, con expresión de las normas de derecho cuya infracción sustente cada motivo. Todo ello se deberá fundar con la suficiente separación y claridad, precisando y justificando la incidencia de la infracción en el sentido de la resolución impugnada, también se hará constar si el recurrente estima necesario la celebración de la audiencia. 3. Con los requisitos formales establecidos en el artículo 721 del Código Procesal Civil, queda reconocido el denominado principio de “Debida Técnica”, que constituyen los mínimos requerimientos que debe contener la demanda de casación a efectos de ser tenida como un verdadero juicio técnico de impugnación, valorativo y preciso. 4. DEL RECURSO DE CASACION INTERPUESTO POR EL ABOGADO CARLOS HUMBERTO MEDRANO IRIAS EN SU PRIMER MOTIVO POR INFRACCION POR VIOLACION INDIRECTA DE LEY SUSTANTIVA POR ERROR DE DERECHO EN LA PARECIACION DE LA PRUEBA.

El recurrente denuncia la infracción por violación indirecta de la ley sustantiva por error de derecho en la apreciación de la prueba en relación a los artículos 14 párrafos primero y segundo y el artículo 30 ambos del Código del Notariado, en relación con el artículo 280 numeral 1) del Código Procesal Civil, señalando como precepto autorizante el artículo 719.2 del Código Procesal Civil. Al pretender explicar su motivo, el impetrante alega que la Corte sentenciadora “incurrió en error de derecho al no apreciar los medios probatorios documentales admitidos a la parte demandada” “omisión del juzgador que al no otorgarle la fuerza probatoria de documento público a los documentos privados no tachados, lo hizo arribar a una determinación contraria al principio de la primacía de la realidad”. Respuesta de la Sala de lo Civil. El recurrente ha integrado a su escrito de interposición y formalización de casación, alegatos que pretenden introducir la valoración probatoria contenida en las sentencias de instancia, lo que no está permitido mediante el recurso de casación, conforme lo dispone el artículo 720.1 del Código Procesal Civil; además el recurrente no consigna en ninguna parte de su libelo si viene impugnando los preceptos por falta de aplicación, aplicación indebida o interpretación errónea. Por otra parte, es notoria la invocación del error de derecho como una causal no autorizada en la actual normativa procesal, pues esa causal era propia del ordenamiento procesal derogado cuando en el artículo 903 del Código de Procedimientos de 1906 se disponía: “Habrá lugar al recurso de casación por infracción de ley o de doctrina legal: 1o.- …2o.- …3o.- …4o.-… 5o.- …6o.- …7o.- Cuando en la apreciación de las pruebas haya habido error de derecho, o error de hecho, si este último resulta de documento o actos auténticos que demuestren la equivocación evidente del juzgador”, por lo que concurre la causal de inadmisibilidad prevista en el artículo 723 2. a) del Código Procesal Civil. 5. DEL RECURSO DE CASACION INTERPUESTO POR EL ABOGADO CARLOS HUMBERTO MEDRANO IRIAS EN SU SEGUNDO MOTIVO, POR INFRACCION DE LAS NORMAS PROCESALES QUE REGULAN LA FORMA Y CONTENIDO DE LA SENTENCIA. El recurrente cita como precepto autorizante el artículo 719.1 literal c) del Código Procesal Civil, pero no señala cual es la norma, o normas que supone infringidas. Al pretender explicar su motivo alega que la jurisprudencia ha insistido en el derecho a la motivación de las resoluciones que deberá contener la fundamentación jurídica, la congruencia entre lo pedido y lo resuelto y una suficiente justificación de la decisión adoptada. Alega que la incongruencia extra petita se presenta cuando el juez se pronuncia sobre un pedido o pretensión no propuesto por las partes, decidiendo sobre algo que no fue discutido en el proceso por las partes, apartándose del thema decidendum. Manifiesta que en ningún momento en el petitorio de la demanda se pide la anulación del acto jurídico que le dio origen ni se solicita la cancelación del asiento registral, limitándose a solicitar la anulación del instrumento público. Cierra su alegato expresando que es la conculcación de las normas procesales reguladoras de la sentencia y ello, en relación con el contenido formal de las sentencias, el principio de exhaustividad y el principio de congruencia demandados en el Código Procesal Civil. Respuesta de la Sala de lo Civil. Esta Sala aprecia que este motivo es totalmente falto de claridad, en tanto que a pesar de los alegatos, nunca citó la norma o normas que supone infringidas, no siendo tarea del Tribunal de casación oficiosamente desarrollar la norma que pueda coincidir con su alegato y en que forma esta ha sido infringida. El artículo 721.2 del Código Procesal Civil ya determina que en el escrito de casación deberá hacerse constar el motivo de casación, con expresión de las normas de derecho cuya infracción sustente cada motivo, con la suficiente separación y claridad; ese requisito no fue cumplido por el censor, dando lugar a la causal de inadmisión prevista en el artículo 723. 2. a) del Código Procesal Civil. 6. DEL RECURSO DE CASACION INTERPUESTO POR EL ABOGADO CARLOS HUMBERTO MEDRANO IRIAS EN SU TERCER MOTIVO POR FALTA DE APLICACIÓN DE NORMA SUSTANTIVA. El recurrente viene alegando la falta de aplicación de los artículos 25 y 27 de la Ley de Propiedad contenida en el Decreto 82-2004, citando como precepto autorizante el artículo 719 número 2 del Código Procesal Civil. Al pretender explicar su motivo cita íntegramente el contenido de tales artículos para luego alegar que basado en el principio de legitimación registral se producen efectos procesales como lo es la relevación de la carga de la prueba que se establece a favor de quien afirma en un proceso cualquiera de los extremos a que se extiende la presunción de esa exactitud registral, pues ésta, como cualquier otra presunción produce el efecto dispensatorio de probar la realidad de lo alegado, con solo aportar la certificación correspondiente del contenido del registro, debiendo ser la otra parte la que demuestre la falsedad de lo alegado y concretamente la inexactitud registral. Respuesta de la Sala de lo Civil. Esta Sala aprecia que el recurrente, por medio de este motivo, pretende introducir la valoración de las pruebas contenidas en las sentencias de instancia, lo que no está permitido mediante el recurso de casación, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 720.1 del Código Procesal Civil, por otra parte, los artículos citados son normas registrales de carácter general, la primera referente al objeto y finalidad del registro y la segunda relativa a la obligación de inscribir los actos traslaticios de dominio en general, normas que como ha dicho reiteradamente esta Sala no son susceptibles de ser examinadas en casación porque con ello se da lugar a la indeterminación y falta de claridad del motivo con la consecuente indefensión para la parte contraria, sin embargo, es preciso aclarar que si es posible la cita de normas generales en relación con preceptos homogéneos con la norma general pero más específicos, lo que tampoco ha acontecido en el caso de autos; igualmente ha faltado en el recurso la justificación de la incidencia de la infracción en el sentido de la resolución impugnada, es decir, como la falta de aplicación de esos preceptos condicionó la decisión adoptada y como, de haberse observado, el resultado hubiese sido distinto. En consecuencia de lo anteriormente expuesto concurre la causal de inadmisión prevista en el artículo 723. 2. a) del Código Procesal Civil. 7. DEL RECURSO DE CASACION INTERPUESTO POR EL ABOGADO CARLOS HUMBERTO MEDRANO IRIAS EN SU CUARTO MOTIVO POR FALTA DE APLICACIÓN DE NORMA SUSTANTIVA. El recurrente viene alegando la falta de aplicación del artículo 14 párrafos primero y segundo del Código del Notariado en relación con el artículo 30 del mismo código, citando como precepto autorizante el artículo 719 número 2 del Código Procesal Civil. Al pretender explicar su motivo cita íntegramente el contenido de tales artículos para luego exponer que “el instrumento público para ser tenido como tal debe reunir los requisitos de: a) ser autorizado por un notario, b) que el notario autorizante sea competente, y c) que el documento sea autorizado con las solemnidades legales, a esto agrega que, como valor probatorio, el instrumento público hace plena prueba tanto en juicio como fuera de él, la razón es que ha sido autorizado por un funcionario que está investido de fe pública, es decir, que el estado garantiza la veracidad de las afirmaciones del notario contenidas en el documento que ha autorizado dentro de los límites de su competencia con las formalidades legales por que dicho documento goza de las presunciones de legalidad y veracidad, en otras palabras, la impugnación para la nulidad cabe cuando el notario es incompetente o cuando se ha omitido alguna solemnidad legal y en el caso que nos ocupa se reclama la falta de autenticidad ya que el instrumento es tachado de inauténtico o falso por no haber sido otorgado supuestamente por las partes de donde se desprende que este extremo de impugnación va estrechamente vinculado al hecho de no haber sido autorizado por un notario competente, aspecto que en ningún momento fue demostrado en el debate.” Respuesta de la Sala de lo Civil. Esta Sala aprecia que el recurrente por medio de este motivo pretende introducir la valoración de las pruebas contenidas en las sentencias de instancia, lo que no está permitido mediante el recurso de casación, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 720.1 del Código Procesal Civil, por otra parte, hay falta de claridad en la exposición del motivo ya que pretende equiparar la falta de competencia del notario, a la falta de consentimiento de los otorgantes, aspecto que vicia el acto o contrato y que no guarda relación con el primer aspecto (falta de competencia del notario), en consecuencia no ha sido capaz de precisar y justificar la incidencia de la falta de aplicación en el sentido de la resolución que ha sido impugnada, en tanto no ha demostrado como esas normas pugnan con las empleadas por el juzgador, concurriendo así la causal de inadmisión establecida por el artículo 723. 2. a) del Código Procesal Civil. III. PARTE DISPOSITIVA Por lo antes expuesto la Sala de lo Civil de la Corte Suprema de Justicia, pronunciándose por unanimidad de votos e impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, en base a los fundamentos de derecho citados y haciendo aplicación de los artículos 82, 303, 304, 313 numeral 5) y 316 de la Constitución de la República; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 115, 118 numeral 1), 129, 169, 170, 190, 191, 193 numeral 2) literal b), 197, 716, 717, 718, 719, 721, 722, 723.2. a), 724, del Código Procesal Civil; profiere el presente AUTO IRRECURRIBLE y DECLARA: 1) La inadmisión del recurso de casación en sus cuatro motivos interpuesto y formalizado por el abogado CARLOS HUMBERTO MEDRANO IRIAS en la condición con que actúa. 2) Firme la sentencia recurrida dictada en fecha diez de agosto del año dos mil quince, por la Corte Tercera de Apelaciones con sede en Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, en el expediente de apelación número 34-2015 CPC, originado en los autos que conforman la primera pieza que se registra bajo el número 18-2014 del Juzgado Segundo de Letras Seccional de Juticalpa, Departamento de Olancho. 3) Condenar en costas a la parte recurrente. Y MANDA: Remitir las presentes actuaciones, junto con la certificación de esta resolución al Tribunal de su procedencia, previa notificación de este auto a las partes personadas, por medio de sus apoderados legalmente constituidos en juicio. NOTIFIQUESE. FIRMAS Y SELLO. WILFREDO MENDEZ ROMERO. MAGISTRADO COORDINADOR. RINA AUXILIADORA ALVARADO MORENO. MAGISTRADA. REYNALDO ANTONIO HERNANDEZ. MAGISTRADO. FIRMA Y SELLO. BETTY JANETH PALMA O´CONNOR. RECEPTORA ADSCRITA.” “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los un día mes de junio de dos mil diecisiete, la Sala de lo Civil dicta el siguiente: AUTO I. ANTECEDENTES PROCESALES PRIMERO: Que en fecha diecisiete de mayo de dos mil diecisiete, este Tribunal de Justicia dictó Auto Irrecurrible mediante el cual declaro la inadmisión del recurso de casación interpuesto por el abogado CARLOS HUMBERTO MEDRANO IRIAS en su condición de representante procesal de la sociedad YODECO DE HONDURAS, S.A. DE C.V. SEGUNDO: Que en el acápite de Son Partes del referido Auto Irrecurrible, se consignó como representante procesal de los señores FRANCISCO ORLANDO, OSCAR ANTONIO, ambos de apellidos CHACON FUENTES, y BALBINA ARGENTINA ALVAREZ FUENTES, al abogado RUDIZ ELÍAS GÓMEZ MARTÍNEZ. TERCERO: Que consta en el expediente, que en proveído de fecha trece de diciembre de dos mil dieciséis, se tuvo por personado al abogado RUDIZ ELÍAS GÓMEZ MARTÍNEZ, en su condición de representante procesal de los señores Sindy Karina Chacón Bejarano, Francisco Orlando Chacón Fuentes, Oscar Antonio Chacón Fuentes y Balbina Argentina Álvarez Fuentes, teniendo por delegando el poder con que actuaba en el abogado HENRY YOVANY RAMOS RUÍZ. II.

FUNDAMENTOS DE DERECHO 1. El Código Procesal Civil, en su artículo 203 indica que los juzgados y tribunales no podrán variar las resoluciones que pronuncien después de firmadas, pero sí aclarar algún concepto oscuro y rectificar cualquier error material de que adolezca. 1. Asimismo el artículo 204 numeral 3) del Código Procesal Civil, establece que los errores materiales manifiestos y los aritméticos en que incurran las resoluciones judiciales podrán ser rectificadas en cualquier momento; por lo anterior procede rectificar el Auto Irrecurrible de fecha diecisiete de mayo de dos mil diecisiete, en el único sentido de tener como representante procesal de la parte recurrida al abogado HENRY YOVANY RAMOS RUÍZ. III. PARTE DISPOSITIVA De conformidad a los fundamentos legales anteriormente expuestos esta Sala de lo Civil de la Corte Suprema de Justicia RESUELVE: I. RECTIFICAR de oficio el Auto Irrecurrible de fecha diecisiete de mayo de dos mil diecisiete, debiendo leerse el apartado de “SON PARTES” de la siguiente manera: SON PARTES: La sociedad mercantil YODECO DE HONDURAS, S.A. DE C.V., representada en juicio por el abogado CARLOS HUMBERTO MEDRANO IRÍAS, en su condición de recurrente; siendo recurridos los señores FRANCISCO ORLANDO, OSCAR ANTONIO, ambos de apellidos CHACON FUENTES, y BALBINA ARGENTINA ALVAREZ FUENTES, representados en juicio por el abogado HENRY YOVANY RAMOS RUÍZ. NOTIFIQUESE.”

Extendida a solicitud del abogado HENRY YOVANY RAMOS RUÍZ, actuando en su condición de representante procesal de los señores Sindy Karina Chacón Bejarano Francisco Orlando Chacón Fuentes, Oscar Antonio Chacón, Fuentes y Valvina Argentina Alvarez Fuentes, en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintiocho días del mes de junio de dos mil diecisiete; Certificación de los Autos de fecha diecisiete de mayo y uno de junio del dos mil diecisiete, recaídos en el Recurso de Casación registrado bajo el No. S.C. 315=2015.

BETTY JANETH PALMA O’CONNOR

RECEPTORA ADSCRITA

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