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Sentencia CC-311-15 — Registro 6788

Resumen

En segunda instancia se declaró con lugar parcialmente la demanda de reivindicación de dominio de un bien inmueble junto con sus derechos reales accesorios, mediante proceso ordinario y condenar al demandado a la restitución de los inmuebles.

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

..“Del análisis del fallo proferido por la Honorable Corte Tercera de Apelaciones con sede en Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, la Sala observa que respecto del contenido formal de la misma, esa alzada al estructurar tal fallo, pasa directamente de los Antecedentes de Hecho a los Fundamentos de Derecho, y ha omitido hacer pronunciamiento alguno sobre los Hechos Probados. Ahora bien, sobre tal asunto la Sala no ignora que la redacción o no de los "hechos probados" en la sentencia, ha concitado discusiones doctrinales, de las cuales nuestro país no ha estado exento; tal controversia se suscita en el caso nuestro porque el citado artículo 200.2 literal b) del Código Procesal Civil, deja señalado sobre la consignación de los mismos "en su caso"; lo cual provoca que en la mayoría de los fallos proferidos nuestros juzgadores no consignen los mismos. Tal expresión del referido artículo procesal civil, admite dos interpretaciones a saber; la primera de ellas, la más rigurosa con arreglo a la cual toda sentencia civil ha de incluir en sus antecedentes de hecho, un relato fáctico; y la segunda, más ajustada a la literalidad del precepto que restringiría su alcance, limitando la necesidad de consignar un relato de hechos probados a aquellos supuestos en los que, por la naturaleza de los hechos enjuiciados, es posible hacer un relato de los mismos desconectado de toda valoración probatoria y de toda consideración jurídica. De lo anteriormente señalado se concluye que la referida expresión "en su caso", no introduce una excepción a la exigencia de hechos probados, ello porque ni la inclusión de hechos probados puede depender de la libre decisión del juez, ni la norma quedar sin contenido. Aunado a lo anterior entiende la Sala que el consignar en la sentencia los hechos probados tiende a mejorar la forma y sintaxis de las resoluciones judiciales y de simplificar el lenguaje y expresiones; sin que con ello se pueda reducir el rigor que es exigible a una expresión técnica como es el derecho, lo que facilita la labor de los abogados que las recurren, ello como consecuencia de la necesidad del órgano jurisdiccional de explicar cómo se alcanza la convicción judicial. 17.- Siguiendo con estudio del fallo proferido por el Tribunal de Alzada, tenemos que en el numeral primero del acápite denominado Fundamento de Derecho, invoca y cita textualmente en sustento de su fallo revocatorio, el contenido de los artículos 706, 713 y 1575 del Código Civil, el primero de ellos referido a que: “Si la ley exige solemnidades especiales para la enajenación, no se transfiere el dominio sin ellas.”, el segundo que dice: “La tradición del dominio de los bienes raíces y de los derechos reales constituidos en ellos, se efectuara por medio de un instrumento publico”; y el tercero y último preceptúa que: “Deberán constar en documento público 1) Los actos y contratos que tengan por objeto la creación, transmisión, modificación o extinción sobre bienes inmuebles”. En aplicación de tales artículos el referido Tribunal de Alzada razona que en el caso de autos ante la presentación de un instrumento público como medio de prueba por parte de la demandante, con ello queda excluido el valor probatorio del contrato privado y añade que cuya nulidad no resulta ser necesaria. A continuación en el acápite segundo, señala que al tenor de lo dispuesto por el artículo 273 del Código Procesal Civil, referido a la fuerza probatoria de los documentos públicos; en el caso de autos al presentarse documentos públicos que confieren el dominio a la parte demandante sobre los dos inmuebles que reclama, resulta por tanto improcedente valorar el documento privado presentado por el demandado, ello porque el mismo carece de valor legal. 18.- Que señalado lo anterior la Sala observa que el fallo proferido por el ad-quem, al revocar parcialmente la sentencia dictada por el a-quo, consideró pertinente la aplicación al caso de autos de la norma contenida en los artículos 706, 713 y 1575 del Código Civil, y lo dispuesto por el artículo 273 del Código Procesal Civil, haciendo para ello un escueto razonamiento que lo ha llevado a dictar tal decisión; ahora bien, aun y cuando la decisión del ad-quem resulta favorable a las pretensiones de la parte demandante, no por ello se puede ignorar que el fallo referido ha guardado silencio y no ha razonado sobre las normas y preceptos que resultan aplicables o no para la estimación de la reivindicación de dominio de un bien inmueble tal y lo planteado en la demanda incoada; esto es la respuesta de ese órgano jurisdiccional resulta insuficiente en su motivación, razón para estimar que con la misma se afecta la tutela judicial efectiva que le asiste a la parte afectada con el fallo, ello porque le limita poder conocer de las razones que respecto a la reivindicación de dominio debió haber motivado el tribunal. 19.- En todo Estado de Derecho es preciso velar por el cumplimiento de los principios del Debido Proceso, de Igualdad y Legalidad Procesal que se encuentran contemplados en los artículos 1.2, 3, 5 y 7 del Código Procesal Civil, razón por la cual y ante la inobservancia de los mismos, en aras de garantizar el derecho de las partes, que son quienes deben tener la oportunidad de recurrir con sustentos apegados a preceptos y normas existentes, razón por la cual es menester que la Corte Sentenciadora proceda a proferir un fallo acorde a nuestro derecho adjetivo. 20.- Considerando que ante la presente resolución no procede recurso alguno de conformidad a lo que establecen los artículos 305 de la Constitución de la República, 214.2 con relación al 701.3 del Código Procesal Civil, y siendo que el procedimiento normado para la nulidad en instancia es mediante audiencia que se celebra siguiendo las particularidades del proceso abreviado de primera instancia lo cual no es perceptivo en esta jurisdicción, por tal razón se omite ese procedimiento por impertinente en la sustanciación del Recurso Extraordinario de Casación. 21.- Se hace un llamado de atención al ad-quem en el sentido de que en lo sucesivo, cuando emitan un fallo lo hagan sujetándose a las consideraciones antes expuestas por esta Sala.”

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACION

La Infrascrita Receptora Adscrita a la Sala de lo Civil de la Corte Suprema de Justicia, Certifica, el Auto que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. En la ciudad de Tegucigalpa Municipio del Distrito Central, a los veintisiete días del mes de abril del año dos mil diecisiete, la Sala de lo Civil, integrada por los ilustres Magistrados: WILFREDO MÉNDEZ ROMERO como Coordinador, RINA AUXILIADORA ALVARADO y REYNALDO ANTONIO HERNÁNDEZ, designado ponente el primero para el conocimiento y redacción de la resolución del presente recurso de casación en la fecha supra indicada dictan el siguiente AUTO: SON PARTES: El recurrente abogado JOSE ELISANDRO SALGADO, en su condición de representante procesal del señor NELSON SANCHEZ HERNANDEZ; siendo recurrida la señora CELEA BERTILA PALMA PALMA, también conocida como CELEA BERTILIA PALMA PALMA, representada en juicio por el abogado AMILCAR DANILO CRUZ. OBJETO DEL PROCESO: “DEMANDA DE REIVINDICACION DE DOMINIO DE UN BIEN INMUEBLE JUNTO CON SUS DERECHOS REALES ACCESORIOS, MEDIANTE PROCESO ORDINARIO.- INDEMNIZACION DE DAÑOS Y PERJUICIOS.- QUE SE DECLARE LA NULIDAD DE UN DOCUMENTO”, promovida en fecha uno de noviembre del año dos mil doce, ante el Juzgado de Letras Seccional de Yuscarán, Departamento de El Paraíso, por el abogado AMILCAR DANILO CRUZ, en su condición de representante procesal de la señora CELEA BERTILA PALMA PALMA, también conocida como CELEA BERTILIA PALMA PALMA, mayor de edad, soltera, ama de casa, hondureña, con domicilio en el municipio de Yauyupe, Departamento de El Paraíso, contra la señora GLORIA LICETH SANCHEZ, mayor de edad, casada, hondureña, ama de casa y con domicilio en el municipio de Yauyupe, Departamento de El Paraíso y contra el señor NELSON SANCHEZ HERNANDEZ. I. ANTECEDENTES DE HECHO PRIMERO: En fecha veinticinco de mayo del año dos mil quince, la Corte Tercera de Apelaciones con sede en la ciudad de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, conociendo por vía de apelación de la sentencia definitiva de fecha nueve de febrero del año dos mil quince, dictada por el Juzgado de Letras Seccional de Yucarán, Departamento de El Paraíso, en el juicio de merito, dictó sentencia REVOCADO la dictada por el a-quo; fallo del Tribunal ad-quem que en su parte resolutiva dispone lo siguiente: (Sic.) “FALLA: 1).- DECLARAR CON LUGAR PARCIALMENTE EL RECURSO DE APELACIÓN. 2).- REVOCAR LA SENTENCIA APELADA DE FECHA de fecha nueve de febrero del dos mil quince, dictada por el Juzgado de Letras Seccional de la Ciudad de Yuscarán Departamento de El Paraíso; EN SU PRONUNCIAMIENTO PRIMERO Numeral 1), así como LOS PRONUNCIAMIENTOS SEGUNDO Y TERCERO 3).- DECLARAR CON LUGAR PARCIALMENTE LA DEMANDA DE REIVINDICACION DE DOMINIO DE UN BIEN INMUEBLE JUNTO CON SUS DERECHOS REALES ACCESORIOS, MEDIANTE PROCESO ORDINARIO; PROMOVIDA POR la Señora CELEA BERTILA PALMA PALMA, también conocida como CELIA BERTILIA PALMA PALMA, en contra del Señor NELSON SANCHEZ HERNANDEZ. 4).- CONDENAR AL DEMANDADO A LA RESTITUCIÓN DE LOS INMUEBLES contenidos en los Asientos Número 50 del Tomo 22 y Número 72 del Tomo 23 ambos del INA donde aparecen los terrenos indicados por la parte demandante en los literales h) e i) registrados a nombre de los causantes y de los cuales la demandante fue declarada heredera. 5).- CONFIRMAR LOS PRONUNCIAMIENTOS PRIMERO Numerales 2) y 3) DE LA SENTENCIA RECURRIDA. MANDAMOS Que firme que sea la Sentencia con la Certificación de estilo se devuelva Juzgado de su procedencia.- NOTIFIQUESE.” SEGUNDO: En fecha dieciocho de septiembre del año dos mil quince, el abogado JOSE ELISANDRO SALGADO, actuando en su condición de representante procesal del señor NELSON SANCHEZ HERNANDEZ, presentó escrito de interposición y formalización del recurso de casación contra la sentencia de fecha veinticinco de mayo del año dos mil quince, dictada por la Corte Tercera de Apelaciones con sede en Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, resolviendo el ad-quem, mediante proveído de fecha veintiuno de septiembre de ese mismo año, tener por interpuesto y formalizado el recurso de casación por parte del recurrente y acordó conceder a la parte contraria el plazo de diez (10) días hábiles para que se pronunciara sobre el contenido del escrito, debiendo entregársele copia del mismo. TERCERO: En fecha doce de octubre del año dos mil quince, el representante procesal de la señora CELEA BERTILA PALMA PALMA, también conocida como CELEA BERTILIA PALMA PALMA, abogado AMILCAR DANILO CRUZ, presentó escrito de pronunciamiento sobre el contenido del recurso de casación interpuesto y formalizado por la contraparte, resolviendo el Tribunal ad-quem, tener por pronunciado al recurrido, ordenando remitir las diligencias a la Honorable Corte Suprema de Justicia en el término que manda la ley, para proseguir con el trámite correspondiente. CUARTO: Recibidas las actuaciones en éste Tribunal, los abogados AMILCAR DANILO CRUZ y JOSE ELISANDRO SALGADO, ambos en su condición ya indicadas, presentaron escritos de personamiento en fechas veinte y veintiuno de octubre del año dos mil quince, resolviendo este Tribunal, mediante proveído de fecha diecisiete de noviembre de ese mismo año, tenerlos por personados dentro del plazo concedido. QUINTO: La parte recurrente plantea su recurso de casación contra la sentencia dictada por la Corte Tercera de Apelaciones con sede en Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, de la siguiente manera: “MOTIVACION DEL RECURSO DE CASACION. PRIMERO: Resulta Honorable Corte, que en fecha primero de noviembre del año dos mil doce, la señora CELEA BERTILA PALMA PALMA, también conocida como CELEA BERTILIA PALMA PALMA, Demanda de Reivindicación de Dominio de un Bien Inmueble Junto con sus Derechos Reales Accesorios, Mediante Proceso Ordinario, Indemnización de Daños y perjuicios; Que se Declare la Nulidad de un Documento, manifestando la demandante, fue declarada Heredera Ab-Intestato de todos los bienes, derechos y acciones que a su muerte dejaran sus hermanos ERASMO ENRIQUE PALMA PALMA y OFELIA ANARDA PALMA PALMA; manifestado la demandada, que a la fecha del caso, la señora OFELIA ANARDA PALMA PALMA, vivía con su hija de crianza GLORIA LIZET SANCHEZ, anteriormente la Demandante interpuso juicio de Diligencias Preparatoria contra la señora GLORIA LICET SANCHEZ, ante el Juzgado de letras Seccional de la Ciudad de Yuscarán, Depto. de el Paraíso, mismo que no pudo probar en virtud de que la demandada en aquel entonces probo ante el Tribunal de primera Instancia con los Documentos privados que Ostenta en la cual señora OFEILIA ANARDA PALMA PALMA, en vida había celebrado Contratos en Documentos privados, debidamente Autenticados ante Notario, en la cual tuvo acceso a la referida documentación la parte de la señora CELEA BERTILA PALMA PALMA, tal como se consigna del expediente que se registro bajo el Numero 19-2012 de DILIGENCIAS PREPARATORIAS, en Audiencia Preliminar se declara la Falta de Personalidad en el Demandado, y la acción se dirige contra mi representado el señor NELSON SANCHEZ HERNANDEZ. SEGUNDO: En su misma Demanda el Representante Procesal el Abogado AMILCAR DANILO CRUZ, en su Petición Concreta Principal de la Demanda Incoada contra mi representado, dice que declarada Con Lugar la Demanda se Declare la Nulidad del Contrato Privado de Compra-venta del Inmueble Indicado bajo la Letra h, del hecho tercero, mediante el cual la señora OFELIA ANARDA PALMA PALMA, le vendió al señor NELSON SANCHEZ HERNANDEZ, que se restituya a la demandante los dos inmuebles indicados en las letras h e i, del hecho tercero de la Demanda; Inmueble h), 2.40 hectáreas, equivalentes a 3.44 manzanas, otorgadas por el Instituto Nacional Agrario (INA), a favor de la señora OFELIA ANARDA PALMA PALMA, y vendido después con documento Privado al señor NELSON SANCHEZ HERNANDEZ; i) 2.40 hectáreas, equivalentes a 3.44 manzanas, otorgadas por el Instituto Nacional Agrario (INA), a favor de el señor ERASMO ENRIQUE PALMA PALMA, y vendido después con documento Privado al señor NELSON SANCHEZ HERNANDEZ, de este inmueble no se mencionada nada, en virtud de que corresponde a la parte demandante probar, pero aclarando que no fue vendido a mi representado, tampoco se encuentra en posesión del mismo, corresponde al demandante probar este extremos. TERCERO: Que la Sentencia Recurrida ante la Honorable Corte Tercera de Apelaciones, de Francisco Morazán, dictada por el Juzgado de Letras Seccional, de la Ciudad de Yuscarán, Departamento de el Paraíso, en fecha nueve de febrero del año 2015, en la cual en su PARTE DISPOSITIVA: PRIMERO: Que debo acordar y Acuerdo: 1) Desestimar íntegramente la Demanda de Acción de reivindicación de Dominio formulada por el Abogado AMILCAR DANILIO CRUZ, en su condición de Representante Procesal de la Señora CELEA BERTILA PALMA PALMA, contra el señor NELSON SANCHEZ HERNANDEZ, 2) Desestimar la Indemnización de daños y perjuicios solicitados por el Abogado AMILCAR DANILIO CRUZ, en su condición de Representante Procesal de la Señora CELEA BERTILA PALMA PALMA, contra el señor NELSON SANCHEZ HERNANDEZ, 3) Desestimar la Nulidad del Contrato privado de Compraventa de un Inmueble objeto del proceso, solicitada por el Abogado Amílcar Danilo Cruz, en su condición antes Indicada; SEGUNDO. Absuelve de toda responsabilidad Civil al señor NELSON SANCHEZ HERNANDEZ, de la acción civil promovida en su contra.- TERCERO: Condena a la Demandante señora CELEA BERTILA PALMA PALMA, a pagar las Costas Procesales causadas en esta Instancia, por haberse rechazado todas sus pretensiones; Sentencia de primera Instancia que se encuentra apagada y ajustada al debido proceso, de acuerdo a la concentración, valoración, análisis de las todos los medios probatorios allegados al juicio. INFRACCIÓN DE LA LEY, VIOLACCION POR APLICACION INDEBIDA. PRECEPTO AUTORIZANTE MOTIVO UNICO: Este Motivo de asación de Infracción de Ley por Aplicación Indebida se encuentra Autorizado por el Artículo 719 Numeral 2 del Código Procesal Civil. EXPLICACION DE LA INFRACCION En el presente caso de Autos, estas normas están infringidas por Aplicación Indebida en su parte Dispositiva de la Sentencia Dictada en Segunda Instancia, por las Razones Siguientes: PRIMERO: Resulta Honorable Corte, que en virtud de la Sentencia Dictada en fecha 09 de febrero del año 2015, por el Juzgado de Letras Seccional, de la Ciudad de Yuscarán, Departamento de el Paraíso, en la cual desestima la Pretensión de las parte demandante, en la cual el Representante procesal de la parte Demandante, Interpone Recurso de Apelación contra dicha Sentencia, manifestando entre otros de sus agravios, Primero, No 1, Inciso a) falta de congruencia, al excluir la respectiva valoración de los hechos alegados oportunamente en la Audiencia Probatoria; Antecedente 9º. Donde el señor Juez Dice que la señora Anarda Ofelia Palma Palma, adquirió el terreno de 2.40 hectáreas, indicado en la h) del plan de la demanda Mediante Instrumento Publico extendido por el Instituto Nacional Agrario (INA), debidamente registrado en el Instituto de la propiedad de Yuscarán, la Tradición de dominio a favor de la demandante, este mismo Inmueble había sido vendido en vida por la causante señora Ofelia Anarda Palpa Palma, en documento Privado, la valoración que da el Juzgador a este documento es tiene lógica y valor probatorio, en virtud de que si bien es cierto que la demandante aparece con documentos Públicos, como la Declaratoria de herencia y las Tradiciones de Dominio realizadas por la misma, esto no implica que la demandante le asiste el derecho de recuperar lo vendido por sus causante, e lo que le Autorizan dichos documentos públicos, es tomar posesión de aquellos bienes que no fueron dispuestos en vida por los causantes, más bien a respetar su voluntad, y proceder a legalizar mediante Instrumentos Públicos, lo que en vida vendieron sus antecesores a las personas que Ostentan Documentos privados, como el caso de Autos, cuyo documento Privado de compra-venta Celebrado, para que estos a su vez tenga la efectividad de documentos públicos. Consta en la primera Pieza de Autos EL DOCUMENTO PRIVADO DE COMPRA VENTA celebrado entre la señora OFELIA ANARDA PALMA PALMA, y NELSON SNCHEZ HERANANDEZ, por la cantidad de QUINCE MIL LEMPIRAS (Lps. 15,000.00), en la cual claramente manifiesta la Vendedora que adquirió el Inmueble mediante Título Definitivo de propiedad en Dominio Pleno, Otorgado Por el Instituto Nacional Agrario (INA), según expediente Administrativo No. 14, 434, de fecha 10 de Julio de 1998, con una superficie de 2.40 hectáreas, cuyos colindantes y limites aparecen en dicho documento, de fecha 10 de Septiembre del año 2004, el que calza la firma de la señora OFELIA ANARDA PALMA PALMA, en su condición de Vendedora; NELSON SANCHEZ HERNANDEZ, en su condición de Comprador; ANGEL ANTONIO RUBIO SANCHEZ, en su condición de Testigo; HERMENEGILDO FLORES, en su condición de Testigo; CONCEPCION SIERRA PAVON, en su condición de Testigo; AQUILEO ORDOÑEZ RODRIGUEZ, en su condición de Testigo; el que fue Autenticado en su misma fecha por el señor MAXIMO HERNAN AVILA SIERRA, en su condición de Juez de Paz de lo Civil, del Municipio de Yauype, Depto. De el Paraíso, y NOTARIO PUBLICO POR MINISTERIO DE LA LEY, Y su Secretario de Actuaciones SACARIAS ISABEL DORMES BAQUEDANO, en el presente Caso de Motivo de la Casación de la Sentencia Impugnada dictada por la Corte Tercera de Apelaciones del Departamento de Francisco Morazán, no da ningún valor Probatorio, y su falta de Motivación de dicho Fallo, a pesar de que la ley reconoce valor suficiente a los documentos Privados: ART. 280.1 del Código Procesal Civil: FUERZA PROBATORIA DE LOS DOCUMENTOS PRIVADOS, Los Documentos privados harán prueba en el proceso civil, en los términos previstos para los documentos públicos, cuando no sean impugnados por la parte a quien perjudique, relacionado con el ART. 245: VALORACION DE LA PRUEBA: 1, La Valoración de la Prueba en el proceso civil por el Tribunal excluirá en todo caso la arbitrariedad, siendo motivada de manera precisa y razonada en la sentencia, atendiendo siempre a las reglas de la Sana critica, del conocimiento y criterio humano, así como de acuerdo a las normas que rigen el razonamiento lógico, salvo que este código u otra ley establezca una valoración legal de manera expresa e inequívoca. Como recalco si bien es cierto existen estos documentos públicos presentados por la demandante, no es menor cierto, que no haya tenido conocimiento de los documentos privados otorgados en vida por la causante, tal como se ha dejado establecido sobre el documento Privado señalado en este mismo numeral; el contrato de compra-venta en documento Privado tiene fuerza probatoria, El ART.1539: del Código Civil: establece Contrato es una convención en virtud de la cual una o más personas se obligan para otra u otras, recíprocamente, a dar, hacer o no hacer alguna cosa, además de ser un comprador de buena fe, además se cumplen los requisitos exigidos para estos contratos cuando el Art. 1552 del Código Civil Dice: No hay contrato si no cuando concurran los requisitos siguientes: 1º Consentimiento de las partes; 2º. Objeto o cuerpo cierto que sea materia del Contrato; 3º Causa de la Obligación que se establezca; en esa fecha los otorgantes del documento privado estaban en sano Juicio y consientes del acto a realizar, el objeto de venta sobre las 2.40 hectáreas, la compra venta en el documento se pacto por la cantidad de Lps.15, 000.00, la promesa bajo las clausulas que se estableció en el Contrato. SEGUNDO: Que la honorable Corte Tercera de Apelaciones en sus fundamentos de Derecho, en el Numeral segundo, manifiesta que según lo establecido en el Artículo 273 del código Procesal Civil, FUERZA PROBATORIA DE LOS DOCUMENTO PUBLICOS, 1) aun contra terceros, del hecho, acto o estado de cosas que documenten y que motivo su otorgamiento, del lugar y de la fecha de este y de la Identidad de los Fedatarios y demás personas, que en su caso intervengan en el. 2) También harán prueba contra los contratantes y sus causahabientes en cuanto a las declaraciones que en ellos hubiesen hecho los primeros, y en el caso de autos se presentaron documentos públicos que confieren dominio a la demandante sobre los dos inmuebles por ella reclamados, siendo improcedente valorar el Documento Privado presentado por el Demandado por carecer de Valor legal, sin embargo es improcedente la Nulidad del mismo, análisis realizado por la honorable corte en su fallo que disiento del mismo, en virtud de que el documento privado entre otros presentado como Prueba, es lesivo a lo que contienen los Artículos 280.1 del Código Procesal Civil: FUERZA PROBATORIA DE LOS DOCUMENTOS PRIVADOS, Los Documentos privados harán prueba en el proceso civil, en los términos previstos para los documentos públicos, cuando no sean impugnados por la parte a quien perjudique, relacionado con el ART. 245: VALORACION DE LA PRUEBA: 1, La Valoración de la Prueba en el proceso civil por el Tribunal excluirá en todo caso la arbitrariedad, siendo motivada de manera precisa y razonada en la sentencia, atendiendo siempre a las reglas de la Sana critica, del conocimiento y criterio humano, así como de acuerdo a las normas que rigen el razonamiento lógico, salvo que este código u otra ley establezca una valoración legal de manera expresa e inequívoca, haciendo una breve exposición donde queda la Seguridad Jurídica sobre los bienes de las Personas, cuando en estos Municipios acostumbrar hacer sus compras con documento privado, donde por lo general los otorgantes buscan dos o más testigos que den fe del contrato que realizan, como sucede en el caso de autos, y por ello la ley ya lo deja establecido sobre la valoración y como un medio probatoria que franquea la misma legislación Nacional. O es que acaso toda aquella persona que se declare heredero, podrá recuperar lo ya dispuesto en vida por su causante, de no reparar la Omisión en cuanto a la valoración de este Medio de Prueba lo que sobrevendría contra la demandante seria una acción de Daños y perjuicios en su contra, ya que hereda la Obligación de reparar el Daño, si es que lo hubo por parte de la Vendedora, quien estaba en la Libre decisión de Disponer sus bienes a quien ella quisiera.” II. FUNDAMENTOS DE DERECHO 1.- El artículo 8.1 de la Convección Americana Sobre Derechos Humanos, preceptúa: “Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter.”. Respecto de tal articulo la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en el caso Barbera y Otros Vrs. Venezuela[1], entre otras, ha afirmado que: “el deber de motivación es una de las debidas garantías” incluidas en el artículo 8.1 de la Convención Interamericana de Derechos Humanos para salvaguardar el derecho a un debido proceso; también ha dejado señalado que “el deber de motivar las resoluciones es una garantía vinculada con la correcta administración de justicia que protege el derecho de los ciudadanos a ser juzgados por las razones que el derecho suministra, y otorga credibilidad de las decisiones jurídicas en el marco de la sociedad democrática.” 2.- Los artículos 20, 24, 25 y 27 del Código Modelo Iberoamericano de Ética Judicial, dejan señalado respecto de la motivación lo siguiente: a) una decisión carente de motivación, es en principio arbitraria; b) que la motivación en materia de derecho no se limita a la invocación de normas aplicables, especialmente cuando se resuelven cuestiones de fondo; c) que la motivación debe extenderse a todas las alegaciones de las partes, y d) que la motivación deberá expresarse en un estilo claro y preciso, sin recurrir a tecnicismos. 3.- El artículo 7 numerales 1) y 2) del Código Procesal Civil, establece que: 1. “El Proceso civil se desarrollará según las disposiciones de este Código, de acuerdo a la Constitución de la República. Las formalidades previstas en él, son imperativas”. 2. “Las normas contenidas en este código son obligatorias para el órgano jurisdiccional, las partes y terceros que intervengan en el proceso, salvo que la ley ofrezca excepcionalmente otra posibilidad de actuación. El órgano jurisdiccional adecuará la exigencia de las normas al logro de los fines del proceso respetando las garantías legalmente previstas”. 4.- El artículo 12.1 del Código Procesal Civil, establece que la dirección del proceso está a cargo del Juez, quien ejerce tal potestad de conformidad con lo dispuesto en la Constitución de la República y el precitado Código. 5.- El artículo 200.1 literal c) del Código Procesal Civil, establece en cuanto al contenido formal de la sentencia que: “En los fundamentos de derecho se expresarán, en párrafos separados y numerados, los puntos de derecho fijados por las partes y de las cuestiones controvertidas, dando las razones y fundamentos legales del fallo que haya de dictarse, con expresión concreta de las normas jurídicas aplicables al caso”. 6.- El artículo 206 numerales 1) y 2) del Código Procesal Civil, señala que: “Las sentencias deben ser claras, precisas y exhaustivas.”; y “El tribunal, sin apartarse de la causa de pedir acudiendo a fundamentos de o de derechos distintos de los que las partes hayan querido hacer valer, resolverá conforme a las normas aplicables al caso, aunque no hayan sido acertadamente citadas o alegadas por los litigantes.” 7.- El artículo 207.1 del Código Procesal Civil, establece que: “Las sentencias se motivaran expresando los razonamientos facticos y jurídicos que conducen a la apreciación y valoración de las pruebas, así como la aplicación e interpretación del derecho”. 8.- El artículo 211 del Código Procesal Civil manda que el incumplimiento de los requisitos contemplados por las leyes con relación a los actos procesales dará lugar a la nulidad o anulabilidad de acuerdo con lo establecido en el citado Código. 9.- El artículo 212.4 del Código Procesal Civil establece que los actos procesales serán nulos: “Cuando se prescinda de normas esenciales del procedimiento, siempre que por esta causa, se haya producido indefensión.” 10.- El artículo 215. 5 del Código Procesal Civil, preceptúa los supuestos de la nulidad de actuaciones, señalando que: “Si se estimara la nulidad, se repondrán las actuaciones al estado inmediatamente anterior al defecto que la haya originado y se seguirá el procedimiento legalmente establecido. …”. 11.- El artículo 701.3 del Código Procesal Civil, en cuanto a las disposiciones comunes a la apelación y la casación manda que: “No obstante lo anterior, el órgano judicial deberá entrar a conocer y resolver los defectos procesales apreciables de oficio aunque no se hubieren denunciado por el recurrente.” 12.- Que la Sala de lo Civil deviene en citar la normativa antes referida, ello porque una vez realizado el estudio del recurso de casación impetrado por el abogado JOSE ELISANDRO SALGADO, la Sala indefectiblemente ha analizado también la sentencia dictada por el Tribunal de Alzada. En ese orden de ideas tenemos que la sentencia que se profirió en fecha veinticinco de mayo del año dos mil quince, por la Honorable Corte Tercera de Apelaciones con sede en Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, deja establecido en la Parte Dispositiva lo siguiente: (Sic.) “FALLA: 1).- DECLARAR CON LUGAR PARCIALMENTE EL RECURSO DE APELACIÓN. 2).- REVOCAR LA SENTENCIA APELADA de fecha nueve de febrero del dos mil quince, dictada por el Juzgado de Letras Seccional de la Ciudad de Yuscarán, Departamento de El Paraíso; EN SU PRONUNCIAMIENTO PRIMERO Numeral 1), así como LOS PRONUNCIAMIENTOS SEGUNDO Y TERCERO 3).- DECLARAR CON LUGAR PARCIALMENTE LA DEMANDA DE REIVINDICACION DE DOMINIO DE UN BIEN INMUEBLE JUNTO CON SUS DERECHOS REALES ACCESORIOS, MEDIANTE PROCESO ORDINARIO; PROMOVIDA POR la Señora CELEA BERTILA PALMA PALMA, también conocida como CELIA BERTILIA PALMA PALMA, en contra del Señor NELSON SANCHEZ HERNANDEZ. 4).- CONDENAR AL DEMANDADO A LA RESTITUCIÓN DE LOS INMUEBLES contenidos en los Asientos Número 50 del Tomo 22 y Número 72 del Tomo 23 ambos del INA donde aparecen los terrenos indicados por la parte demandante en los literales h) e i) registrados a nombre de los causantes y de los cuales la demandante fue declarada heredera. 5).-CONFIRMAR LOS PRONUNCIAMIENTOS PRIMERO Numerales 2) y 3) DE LA SENTENCIA RECURRIDA. MANDAMOS Que firme que sea la Sentencia con la Certificación de estilo se devuelva Juzgado de su procedencia.- NOTIFIQUESE.” 13.- El artículo 715.4 del Código Procesal Civil, señala el alcance de la decisión de la apelación en los casos que se apreciase alguna infracción en la aplicación o interpretación del derecho en la decisión de fondo, el tribunal ad-quem revocará la sentencia apelada y dictará la nueva sentencia que estime procedente, indefectiblemente para ello, en el fallo que se profiera se deberá respetar el contenido formal de la sentencia que se preceptúa en el artículo 200 del Código Procesal Civil; y en particular en el caso de autos, lo preceptuado en el numeral 2) incisos b) y c) del referido artículo, que establecen respectivamente en cuanto a la redacción de las sentencias que: “…y los hechos probados en su caso.”, así como en los fundamentos de derecho “….los puntos de derecho fijados por las partes y de las cuestiones controvertidas, dando las razones y fundamentos legales del fallo, con expresión concreta de las normas jurídicas aplicables al caso”. De igual manera es un requisito indispensable en las resoluciones judiciales, observar los requisitos internos que se consignan en nuestra normativa procesal civil en los artículos 206, 207 y 208 del Código Procesal Civil. 14.- Que en el caso de autos como contradictorio de partes se encuentran las posturas sustentadas, esto es: a) La parte demandante pretende que se declare mediante sentencia definitiva la nulidad del contrato privado de compra-venta de un inmueble de 2.40 hectáreas, así como que se condene al demandado a la restitución de los dos inmuebles descritos en los numerales h) e i) del hecho tercero de la demanda y que se condene a la indemnización de daños y perjuicios; y, b) La parte demandada, pide que se declare sin lugar la demanda de reivindicación del bien inmueble objeto del proceso, así como la planteada nulidad del documento privado de compra-venta y que de igual manera se declare sin lugar la indemnización de daños y perjuicios. 15.- La Constitución de la República establece en el artículo 82 que “El derecho de defensa es inviolable.”; derecho este que de forma indisoluble se ve inmerso en lo consagrado por el artículo 90 párrafo primero constitucional que señala: "Nadie puede ser juzgado sino por juez o tribunal competente con las formalidades, derechos y garantías que la ley establece". Normas constitucionales bajo las cuales entendemos se deja sentado constitucionalmente el derecho a la tutela judicial efectiva; tal tutela encuentra entre otras manifestaciones, el que la respuesta de los órganos judiciales a través de los fallos que profieran, tengan la debida motivación, misma que podemos resumir en cuanto que: “El deber de motivar las sentencias no es un derecho fundamental. Pero sin motivación de la resolución judicial puede vulnerarse el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva y consecuentemente producir indefensión”; en ese orden de ideas tenemos que la motivación de la sentencia constituye uno de los elementos fundamentales del Estado de Derecho al asegurar el sometimiento por parte de jueces y tribunales al principio de legalidad, que permite conocer las razones que fundamentan las decisiones, abre por lo tanto la posibilidad de un control ulterior sobre las mismas y posibilita la oportunidad de los recursos. No tiene otro fin que el conocimiento de las partes sobre las razones de hecho y de derecho que justifica una determinada decisión, como garantía de la exclusión de la arbitrariedad y como instrumento para posibilitar la impugnación de la sentencia ante los órganos competentes. De ahí que la suficiencia de motivación debe ser entendida en el sentido de que en las sentencias consten, de forma que puedan ser conocidos como tales, los fundamentos en que se basa la resolución judicial, esto es, al menos, los hechos probados de que se parte y la calificación jurídica que se les atribuye, dicho en términos más sencillos, motivar es "explicar la decisión judicial"; ello porque quien acude a los tribunales, solicitando tutela de su pretensión, no pide una resolución sin más, sino fundada en derecho, la sentencia no puede ser entonces un acto de pura liberalidad judicial, sino que debe responder a la garantía esencial que le asiste a las partes de que la solución dada al caso es consecuencia de una exégesis racional del ordenamiento y no el fruto de la arbitrariedad. La exigencia de motivación supone la de cierta inteligibilidad de la resolución, esto es que la misma debe ser comprensible, por lo que la carencia o insuficiencia de motivación torna la decisión en arbitraria. Se vulnera el derecho a una tutela judicial efectiva, cuando la sentencia proferida omite todo razonamiento respecto a alguna de las pretensiones, en relación a las mismas, no puede sostenerse que se ha dictado una resolución fundada en derecho. En fin la motivación ha de ser, por lo tanto, expresa; ya que la omisión de las razones por las que se adopta un determinado apartado del fallo supone la vulneración constitucional antes apuntada, esto es sin motivación se ocasiona indefensión. 16.- Del análisis del fallo proferido por la Honorable Corte Tercera de Apelaciones con sede en Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, la Sala observa que respecto del contenido formal de la misma, esa alzada al estructurar tal fallo, pasa directamente de los Antecedentes de Hecho a los Fundamentos de Derecho, y ha omitido hacer pronunciamiento alguno sobre los Hechos Probados. Ahora bien, sobre tal asunto la Sala no ignora que la redacción o no de los "hechos probados" en la sentencia, ha concitado discusiones doctrinales, de las cuales nuestro país no ha estado exento; tal controversia se suscita en el caso nuestro porque el citado artículo 200.2 literal b) del Código Procesal Civil, deja señalado sobre la consignación de los mismos "en su caso"; lo cual provoca que en la mayoría de los fallos proferidos nuestros juzgadores no consignen los mismos. Tal expresión del referido artículo procesal civil, admite dos interpretaciones a saber; la primera de ellas, la más rigurosa con arreglo a la cual toda sentencia civil ha de incluir en sus antecedentes de hecho, un relato fáctico; y la segunda, más ajustada a la literalidad del precepto que restringiría su alcance, limitando la necesidad de consignar un relato de hechos probados a aquellos supuestos en los que, por la naturaleza de los hechos enjuiciados, es posible hacer un relato de los mismos desconectado de toda valoración probatoria y de toda consideración jurídica. De lo anteriormente señalado se concluye que la referida expresión "en su caso", no introduce una excepción a la exigencia de hechos probados, ello porque ni la inclusión de hechos probados puede depender de la libre decisión del juez, ni la norma quedar sin contenido. Aunado a lo anterior entiende la Sala que el consignar en la sentencia los hechos probados tiende a mejorar la forma y sintaxis de las resoluciones judiciales y de simplificar el lenguaje y expresiones; sin que con ello se pueda reducir el rigor que es exigible a una expresión técnica como es el derecho, lo que facilita la labor de los abogados que las recurren, ello como consecuencia de la necesidad del órgano jurisdiccional de explicar cómo se alcanza la convicción judicial. 17.- Siguiendo con estudio del fallo proferido por el Tribunal de Alzada, tenemos que en el numeral primero del acápite denominado Fundamento de Derecho, invoca y cita textualmente en sustento de su fallo revocatorio, el contenido de los artículos 706, 713 y 1575 del Código Civil, el primero de ellos referido a que: “Si la ley exige solemnidades especiales para la enajenación, no se transfiere el dominio sin ellas.”, el segundo que dice: “La tradición del dominio de los bienes raíces y de los derechos reales constituidos en ellos, se efectuara por medio de un instrumento publico”; y el tercero y último preceptúa que: “Deberán constar en documento público 1) Los actos y contratos que tengan por objeto la creación, transmisión, modificación o extinción sobre bienes inmuebles”. En aplicación de tales artículos el referido Tribunal de Alzada razona que en el caso de autos ante la presentación de un instrumento público como medio de prueba por parte de la demandante, con ello queda excluido el valor probatorio del contrato privado y añade que cuya nulidad no resulta ser necesaria. A continuación en el acápite segundo, señala que al tenor de lo dispuesto por el artículo 273 del Código Procesal Civil, referido a la fuerza probatoria de los documentos públicos; en el caso de autos al presentarse documentos públicos que confieren el dominio a la parte demandante sobre los dos inmuebles que reclama, resulta por tanto improcedente valorar el documento privado presentado por el demandado, ello porque el mismo carece de valor legal. 18.- Que señalado lo anterior la Sala observa que el fallo proferido por el ad-quem, al revocar parcialmente la sentencia dictada por el a-quo, consideró pertinente la aplicación al caso de autos de la norma contenida en los artículos 706, 713 y 1575 del Código Civil, y lo dispuesto por el artículo 273 del Código Procesal Civil, haciendo para ello un escueto razonamiento que lo ha llevado a dictar tal decisión; ahora bien, aun y cuando la decisión del ad-quem resulta favorable a las pretensiones de la parte demandante, no por ello se puede ignorar que el fallo referido ha guardado silencio y no ha razonado sobre las normas y preceptos que resultan aplicables o no para la estimación de la reivindicación de dominio de un bien inmueble tal y lo planteado en la demanda incoada; esto es la respuesta de ese órgano jurisdiccional resulta insuficiente en su motivación, razón para estimar que con la misma se afecta la tutela judicial efectiva que le asiste a la parte afectada con el fallo, ello porque le limita poder conocer de las razones que respecto a la reivindicación de dominio debió haber motivado el tribunal. 19.- En todo Estado de Derecho es preciso velar por el cumplimiento de los principios del Debido Proceso, de Igualdad y Legalidad Procesal que se encuentran contemplados en los artículos 1.2, 3, 5 y 7 del Código Procesal Civil, razón por la cual y ante la inobservancia de los mismos, en aras de garantizar el derecho de las partes, que son quienes deben tener la oportunidad de recurrir con sustentos apegados a preceptos y normas existentes, razón por la cual es menester que la Corte Sentenciadora proceda a proferir un fallo acorde a nuestro derecho adjetivo. 20.- Considerando que ante la presente resolución no procede recurso alguno de conformidad a lo que establecen los artículos 305 de la Constitución de la República, 214.2 con relación al 701.3 del Código Procesal Civil, y siendo que el procedimiento normado para la nulidad en instancia es mediante audiencia que se celebra siguiendo las particularidades del proceso abreviado de primera instancia lo cual no es perceptivo en esta jurisdicción, por tal razón se omite ese procedimiento por impertinente en la sustanciación del Recurso Extraordinario de Casación. 21.- Se hace un llamado de atención al ad-quem en el sentido de que en lo sucesivo, cuando emitan un fallo lo hagan sujetándose a las consideraciones antes expuestas por esta Sala. II.PARTE DISPOSITIVA. Por lo antes expuesto la Sala de lo Civil de la Corte Suprema de Justicia, pronunciándose por unanimidad de votos e impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras; haciendo aplicación de los artículos 8.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos; 20, 24, 25 y 27 del Código Modelo Iberoamericano de Ética Judicial; 82, 90 párrafo primero, 303, 313 numerales 3) y 9), 305 de la Constitución de la República; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1.2), 3, 5, 7.1) y 2), 12.1 literal c), 200.2 literales b) y c), 206.1) y 2), 207.1, 208, 211, 212.4, 215.5, 701.3, 715.4 y 718 del Código Procesal Civil; profiere el presente AUTO IRRECURRIBLE mediante el cual resuelve: I. DECLARAR LA NULIDAD ABSOLUTA de la sentencia dictada en fecha veinticinco de mayo del año dos mil quince, por la Corte Tercera de Apelaciones con sede en la ciudad de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán. II. Que la Honorable la Corte Tercera de Apelaciones del Departamento de Francisco Morazán, proceda a volver a dictar sentencia bajo las observaciones enunciadas. Y MANDA: Certificar la presente resolución y remitir los antecedentes al Tribunal de su procedencia, para sus efectos legales consecuentes.- redacto el Magistrado WILFREDO MENDEZ ROMERO.- NOTIFÍQUESE.- FIRMAS Y SELLO. WILFREDO MÉNDEZ ROMERO. MAGISTRADO COORDINADOR. RINA AUXILIADORA ALVARADO. MAGISTRADA. REYNALDO ANTONIO HERNÁNDEZ. MAGISTRADO. FIRMA Y SELLO. BETTY JANETH PALMA O´CONNOR. RECEPTORA ADSCRITA”.

Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los Ocho días del mes de Mayo de Dos Mil Diecisiete; Certificación del Auto de fecha Veintisiete de Abril de Dos Mil Diecisiete, recaído en el Recurso de Casación registrado bajo el No. 311=2015.

BETTY JANETH PALMA O’CONNOR

RECEPTORA ADSCRITA

[1] Corte IDH. Caso Apitz Barbera y Otros (Corte Primera de lo Contencioso Administrativo) Vs. Venezuela. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia 5 de agosto de 2008.