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Sentencia CC-251-16 — Registro 8787

Resumen

En segunda instancia se declaró con lugar el recurso de apelación, se revocó la sentencia y declaró con lugar la demanda de indemnización de daños y perjuicios promovida condenando al demandado al pago de daños y perjuicios personales, pago de lucro cesante y daño emergente, más los intereses y costas, por la cantidad de un millón quinientos mil lempiras (l. 1,500.000.00).

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

… “III.- Observa la Sala que además el recurrente de manera errónea y bajo el precepto autorizante del artículo 719.1 literal c), del Código Procesal Civil, que está referido a la impugnación de la aplicación e interpretación de las normas procesales que regulan la forma y contenido de la sentencia; pretende que la Sala de lo Civil haga revisión sobre la probable vulneración de una norma sustantiva, como resulta ser el artículo 2236 del Código Civil, sobre tal cuestión es menester aclarar que si se trata de plantear en el motivo la posible violación de una norma sustantiva, el precepto autorizante que posibilita la entrada a estudio por parte de la Sala de tal infracción es el artículo 720 del Código Procesal Civil, amén de lo anterior se falta a la separación debida con la que se debe plantear el motivo, cuando en forma conjunta se plantea la violación de normas adjetivas y sustantivas; y IV.- Falta a la claridad debida el impetrante y torna el motivo confuso, cuando si bien dice que recurre en casación la sentencia proferida por la Corte Tercera de Apelaciones con sede en la ciudad de Tegucigalpa MDC., pero también en dos ocasiones en sus alegatos cuestiona el fallo proferido por el a-quo, con lo cual olvida que no se puede impugnar en casación las sentencias proferidas en primera instancia, ello por estarle vedado su conocimiento a la Sala de lo Civil, tal y lo dispuesto por el artículo 717 del Código Procesal Civil, que señala que solo se podrán recurrir en casación las sentencias y los autos que pongan termino al pleito, haciendo imposible su continuación, dictado en apelación por las Cortes de apelaciones; articulo del cual se coligen dos supuestos para que las resoluciones sean recurrible en vía de casación; en primer lugar que la sentencia o auto proferido ponga término al pleito, y en segundo lugar que tal sentencia o auto sea dictado en apelación por las Cortes de Apelaciones; lo señalado no deja dudas que el recurrente en casación no puede cuestionar lo fallado por la primera instancia. 5.- En conclusión la Sala de lo Civil toma la determinación desestimatoria en el único motivo alegado, ello por la defectuosa presentación del recurso por parte del impetrante en esta fase procedimental y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 1.1, 7.1, 719.2 y 723.2 inciso a) del Código Procesal Civil.”

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACION

La Infrascrita Receptora Adscrita a la Sala de lo Civil de la Corte Suprema de Justicia, Certifica el Auto que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los trece días del mes de diciembre del año dos mil diecisiete, la Sala de lo Civil, integrada por los ilustres Magistrados: WILFREDO MENDEZ ROMERO, como Coordinador, RINA AUXILIADORA ALVARADO MORENO y REYNALDO ANTONIO HERNÁNDEZ, el primero designado ponente para el conocimiento y redacción de la presente resolución en el recurso de casación impetrado, en la fecha supra indicada dictan el siguiente AUTO: SON PARTES: La empresa ORTIZ INDUSTRIAL S. de R.L. DE C.V., representada en juicio por el abogado Oscar Manuel Tejeda Torres, en su condición de recurrente; siendo recurrido el señor Emilio Antonio Garay Palma, representado en juicio por el abogado Carlos Alberto Núñez Flores. OBJETO DEL PROCESO: “DEMANDA ORDINARIA PARA LA INDEMNIZACION DE DAÑOS Y PERJUICIOS MATERIALES Y PERSONALES, PAGO POR EL LUCRO CESANTE, DAÑO EMERGENTE CAUSADO”, promovida en fecha 26 de octubre del año 2012, ante el Juzgado Primero de Letras Seccional de Danlí, Departamento de El Paraíso, por el señor EMILIO ANTONIO GARAY PALMA, mayor de edad, casado, hondureño, motorista y con domicilio en el barrio El Arenal del municipio de Danli, Departamento de El Paraíso, contra la EMPRESA ORTIZ INDUSTRIAL S. DE R.L. de C.V., por medio de su representante el señor CONSTANTINO ORTIZ COREA, mayor de edad, hondureño, comerciante, casado y con domicilio en la ciudad de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán. I.- ANTECEDENTES DE HECHO PRIMERO: Que en fecha 04 de agosto del año 2015, en el asunto de autos, el Juzgado Primero de Letras Seccional de Danlí, Departamento de El Paraíso, dictó sentencia definitiva, misma que en su parte dispositiva señala lo siguiente: (Sic.) “FALLA: I) DECLARNADO: SIN LUGAR la “Demanda Ordinaria para la Indemnización de Daños y Perjuicios materiales y personales, Pago por el lucro cesante, daño emergente causado; promovida por el Abogado CARLOS ALBERTO NUÑEZ FLORES, en su condición de representante procesal del señor EMILIO ANTONIO GARAY PALMA, contra la EMPRESA ORTIZ INDUSTRIAL S. DE R. L. de C. V., por medio de su representante el señor CONSTANTINO ORTIZ COREA.- 2) ABSOLVIENDO: A la Empresa Demandada ORTIZ INDUSTRIAL S. DE R. L de C. V., representada por el señor CONSTANTINO ORTIZ COREA, Al pago de la cantidad reclamada de UN MILLON QUINIENTOS MIL LEMPIRAS EXACTOS (1,500.000.00) ABSOLVIENDO también al Demandante al pago de Costas en esta instancia Y MANDA: Que el secretario del Despacho notifique a las partes y a sus abogados la presente Sentencia.” SEGUNDO: Con fecha 14 de enero del año 2016, la Corte Tercera de Apelaciones con sede en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, conociendo del recurso de apelación impetrado, dictó sentencia revocando la del a-quo misma que en su parte dispositiva consigna lo siguiente: (Sic.) “FALLA: 1.- DECLARAR CON LUGAR el Recurso de Apelación interpuesto por el Abogado CARLOS ALBERTO NUÑEZ FLORES, Representante Procesal del demandante. 2.- REVOCAR la sentencia definitiva dictada el 04 de agosto del 2015, por el Juzgado Primero de Letras Seccional de Danli, El Paraíso. 3.- DECLARAR CON LUGAR la demanda de indemnización de Daños y Perjuicios promovida por EMILIO ANTONIO GARAY PALMA contra la EMPRESA ORTIZ INDUSTRIALES S. de R.L. de C.V. 4.- CONDENAR al demandado al pago de daños y perjuicios personales, pago de lucro cesante y daño emergente, mas los intereses y costas, por la cantidad de UN MILLON QUINIENTOS MIL LEMPIRAS (L. 1,500.000.00). 5.- DECLARAR SIN LUGAR el Recurso de Apelación por Adhesión interpuesto por el Representante Procesal de la parte demandada, Abogado OSCAR MANUEL TEJEDA FLORES. Y MANDA: Que firme que sea la sentencia, con la certificación de estilo se devuelva al Juzgado de su procedencia.- NOTIFIQUESE.” TERCERO: El día 10 de octubre del año 2016, el representante procesal de la sociedad mercantil denominada ORTIZ INDUSTRIAL S. DE R. L. de C. V., abogado Oscar Manuel Tejeda Torres, presentó escrito de interposición y formalización del recurso de casación contra la sentencia de fecha 14 de enero del año 2016, dictada por la Corte Tercera de Apelaciones con sede en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Centra, resolviendo el ad-quem, mediante proveído de fecha 10 de octubre del año 2016, tener por interpuesto y formalizado el recurso de casación por parte del recurrente y acordó conceder a la parte contraria el plazo de diez (10) días hábiles para que se pronunciara sobre el contenido del escrito, debiendo entregársele copia del mismo. CUARTO: En fecha 24 de octubre del año 2016, el representante procesal del señor Emilio Antonio Garay Palma, abogado Carlos Alberto Núñez Flores, presentó escrito de pronunciamiento sobre el contenido del recurso de casación interpuesto y formalizado por la contraparte, resolviendo la Corte Tercera de Apelaciones con sede en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, remitir las presentes diligencias a esta Corte Suprema de Justicia en el término que manda la ley, a fin de proseguir con el trámite correspondiente. QUINTO: Recibidas las actuaciones en éste Alto Tribunal, y conformado que fue el expediente de la Sala bajo el número S.C. 251-2016; los abogados Oscar Manuel Tejeda Torres y Carlos Alberto Núñez Flores, ambos en sus condiciones ya indicadas, presentaron respectivamente escritos de personamiento en fechas 18 y 22 de noviembre del año 2016, por lo que una vez visto el informe rendido por la Secretaría de esta Corte Suprema de Justicia, este Tribunal, mediante proveído de fecha 31 de enero del año 2017, los tuvo por personados dentro del plazo concedido. SEXTO: El abogado Oscar Manuel Tejeda Torres, plantea su recurso de casación contra la sentencia dictada por la Corte Tercera de Apelaciones con sede en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, de la siguiente manera: (Sic.) “MOTIVO UNICO: Se impugna la interpretación errónea de los artículos 200.1 y 2 incisos b) y c) y 207 del Código Procesal Civil que regula la forma y contenido de la sentencia en cuanto a la motivación fáctica, en relación con los artículos 238 numerales 1 y 2 y 318 del Código Procesal Civil. PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo de casación se encuentra comprendido en los artículos 719.1 inciso c) y 720 No.2 del Código Procesal Civil. ANTECEDENTES Y EXPLICACION DEL MOTIVO UNICO 1.- La presente causa tiene su génesis por haber mi representada en el año 2010, presentado una denuncia en contra del señor EMILIO ANTOMO GARAY PALMA, por el supuesto delito de fraude en su contra ante la Dirección General de Investigación Criminal, de esta ciudad proceso en el cual hasta su culminación intervinieron todas los operadores de justicia en la sustanciación del proceso penal, quienes tuvieron la certeza de perseguir la comisión de un delito ya que después de la denuncia en sede policial, se dio inicio a un requerimiento investigativo este sugirió al Ministerio Público la sustanciación de un requerimiento fiscal bajo su criterio de objetividad consecuentemente en su proceso hasta la elevación de Juicio Oral y Público con un auto de prisión por el delito planteado por existir para el Juzgador el indicio racional de la comisión de un delito, el cual es de general conocimiento no causa estado por prevalecer ante todo el estado de inocencia del imputado y para este caso específico le fueron impuestas al demandante medidas diferentes a la detención judicial durante todo el proceso y fue hasta la valoración puntual de la prueba mediante la etapa formal del proceso precisamente en la sentencia donde se desestima la valoración de las pruebas que hasta ese momento sustento el proceso, concluyendo con la sentencia absolutoria a favor del demandado y que bajo el mismo criterio de objetividad que basa las funciones del ministerio público no fue recurrida.- Que ha quedado planamente probado mediante la prueba documental aportada al proceso que el señor EMILIO ANTONIO GARAY PALMA, le fueron impuestas medidas cautelares distintas a la detención judicial y que desde un inicio el demandante no peno ni sufrió detención alguna gozando de las garantías que otorga el proceso penal a su favor, así mismo que la causa se siguió en su domicilio particular y que dé inicio al final del proceso fue bien representado por la Defensa Publica, no conllevando con ello ningún gasto monetario en su defensa.- 2.- Que como bien se establece en los artículos 238 numerales 1 y 2 del Código Procesal Civil: Distribución. 1- Corresponde al actor y al demandado re conveniente la carga de probar la certeza de los hechos constitutivos de su demanda o su reconvención.- 2- Incumbe al demando y al actor re conveniente la carga de probar los hechos que conforme a las normas que le sean aplicables, impidan, extingan o que conforme a las normas que le sean aplicables, impidan, extingan o excluyan la eficacia jurídica de los hechos a que se refiere el numeral anterior. Con este conocimiento advertimos durante todo la sujeción del proceso la falta de aportación probatoria pertinente de la parte demandante como lo establece obligatoriamente la naturaleza de las obligaciones así como lo exige el artículo 425, numeral 5 del código Procesal Civil, Omitiendo presentar el correspondiente DICTAMEN PERICIAL PRIVADO, de acuerdo a los requisitos y forma que establecen los artículos 315,328 y 355 del Código Procesal Civil; el cual debería constar el Peritaje Actuarial en el cual estableciera los supuestos daños y perjuicios causados, así como la causa que los motivo, valoración de los mismos así como su fórmula de computo, cuantía de los mismos, el lucro cesante y daño emergente si existiere.- 3- Contrario a lo que doctrinalmente se establece en nuestra legislación sobre los términos y condiciones de la aportación del Dictamen Pericial Privado, la parte demandante presento como sustento de su petitorio un Informe Contable por parte del perito mercantil RAFAEL EURICO MERLO. Quien en su dictamen ofrecido se limité simplemente a un cálculo contable proveniente de una operación aritmética con el sentido de traer al presente el cálculo de prestaciones laborales, con lo cual se pretende determinar los salarios caídos o no devengados como sus daños y perjuicios acaecidos, como si provinieran o se tratara los mismo de una sentencia laboral ejecutoriada y por lo cual se refiere por analogía a situaciones subjetivas del parecer del demandante y su perito ya que como el mismo reza en su declaración al interrogatorio efectuado, se ha proporcionado con los datos que el mismo apoderado le proporciono, sin ningún rigor científico y el cual no puede ser objeto de prueba ni ser utilizado pretendiendo subsanar o traer a colación la condena de la indemnización de daños y perjuicios o compensación laboral a la cual cree tener derecho el demandante, ya que estos hechos deberían ser objeto o provenir de una situación jurídica especial pasada en efecto de cosa juzgada, la cual es competencia de otra materia diferente a la que conoció sobre los hechos de la demanda propuesta y una acción procesal distinta tanto para su sustanciación prueba tasación y condena por estar así establecido su proceso en la legislación laboral, por lo cuales los mismos resultan inciertos, como puntualmente lo establece las conclusiones del ESTUDIO TECNICO ACTUARIAL, DEL DICTAMEN PERICIAL DE DAÑOS Y PERJUICIOS RECLAMADOS POR EL SEÑOR EMILIO ANTONIO GARAY PALMA. EMITIDO POR EL CONSUTOR ACTUARIAL de la parte demandada ACTUARIO RENAN VASQUEZ GABRIE; ya que como lo establece el preámbulo de la sentencia revocada un perito mercantil y contador público no está en la capacidad de hacer un dictamen como el aportado, ya que el mismo se basa en utilizar como patrón de comparación los derechos laborales, sin tomar en cuenta otras normas científicas que le pudieran determinar fehacientemente un cálculo y proveniencia de los daños y perjuicios que la parte demandada le pudiere haber causado al demandante, que únicamente pudo haber sido establecido por un dictamen actuarial efectuado por un profesional competente. 4- Que tal como lo establece nuestra legislación procesal de acuerdo al Artículo 335, VALORACION DEL DICTAMEN PERICIAL numeral 1, El juzgado o tribunal valorara los dictámenes periciales de manera precisa y razonada, atendiendo a las reglas de la sana crítica, del conocimiento y del criterio humano, así como de acuerdo a las normas que rigen el razonamiento lógico, tomado en consideración la razón de ciencia que hubieren dado, las circunstancias que en ellos concurran y en su caso, las tachas formuladas y los resultados de la prueba que sobre estas su hubiere practicado.- Que está a la vista que el ad-quo no tomo en cuanta esta valoración del dictamen pericial propuesto ya que el dictamen aportado se limitó simplemente a un cálculo contable proveniente de una operación aritmética con el sentido de traer al presente el cálculo de prestaciones laborales, con lo cual se pretende determinar los salarios caídos o no devengados como sus daños y perjuicios acaecidos, como si provinieran o se tratara los mismo de una sentencia laboral ejecutoriada el cual se elaboró con los datos que el mismo apoderado le proporciono, sin ningún rigor científico ya que no es un perito mercantil y contador público el profesional que ostenta la capacidad de hacer un dictamen Actuarial en el cual se señale el valor y la existencia o no de los daños y perjuicios pretendidos, bajo las normas y rigor científico de las ciencias Actuariales. 5- Que la Teoría de las Obligaciones que emana de nuestro Código Civil establece específicamente las obligaciones que nacen de la culpa o negligencia incluyendo entre ellas la responsabilidad civil y el derecho a los daños y perjuicios como así reza el Artículo 2236 del Código Civil cuando establece, El que por acción u omisión causa daño a otro interviniendo culpa o negligencia está obligado a reparar el daño causado. Por ello el Juzgado AD QUO, debió establecer el típico legal que enmarca las acciones de mi representada dentro de su culpa o negligencia en relación a los hechos propuestos en la demanda de mérito, con el sentido de que los mismos sean indemnizados. Dado que para que ello exista es necesario de acuerdo al Artículo 1362 del Código Civil, que dichas acciones sean producto de la omisión de una diligencia que exige la naturaleza de la obligación, lo cual no se subsume en los hechos aportados al proceso ya que la acción proviene de un derecho legítimo de petición que conjugo a todos los operadores de justicia al presentar una simple denuncia policial en contra del Demandante, enmarcada dentro de todas las garantías derechos y celeridad que el proceso otorga. De igual forma el Artículo 1362. Establece. La culpa o Negligencia del deudor consiste en la omisión de aquella diligencia que exija la naturaleza de la obligación y corresponda a las circunstancias de las personas, del tiempo y del lugar. Puede ser lata, leve o levísima… Siendo necesario para poder computar en un valor nominal los supuestos daños y perjuicios la pericia de un dictamen actuarial científico efectuado por un profesional o perito competente ya que los mismos no pueden quedar al arbitrio del Juzgador y mucho menos del demandante. 6.- Así las cosas, infortunadamente la Corte Recurrida hizo caso omiso a las observaciones procesales oportunas efectuadas en nuestros agravios condenando a la sociedad mercantil ORTIZ INDUSTRIAL S de RL. De C.V. al pago de daños y perjuicios personales, pago de lucro cesante y daño emergente, más los intereses y costas, por la cantidad de UN MIILLON QUINIENTOS MIL LEMPIRAS (L.1500.000.00). Sin establecer su culpa o negligencia en relación a lo hechos propuestos en la demanda, en qué consisten y como se computan los daños que han de ser indemnizados, sin el sustento de un dictamen Actuarial en el cual se señale el valor y la existencia o no de dichos daños y perjuicios bajo las normas y rigor científico de las ciencias Actuariales que exige nuestra legislación procesal. El artículo 200.1 y 2, letras b) y c), CONTENIDO FORMAL DE LAS SENTENCIA, del Código Procesal Civil expresa: “1. Las sentencias serán siempre motivadas y contendrán, en párrafos separados y numerados, los antecedentes de hecho y los fundamentos de derecho en los que se base la parte dispositiva del fallo. 2. En particular, la redacción de las sentencias se ajustará al contenido formal siguiente: a)... b) En los antecedentes de hecho se consignarán, con la claridad y concisión posibles y en párrafos separados y numerados, las pretensiones de las partes o interesados, los hechos en que las funden que hayan sido alegados oportunamente y tengan relación con las cuestiones que deban de resolverse, las pruebas que se hubiesen propuesto y practicados y los hechos probados en su caso. c) En los fundamentos de derecho se expresarán, en párrafos separados y numerados, los puntos de derecho fijados por las partes y las cuestiones controvertidas, dando las razones y fundamentos legales del fallo que hayan de dictarse con expresión concreta de las normas jurídicas aplicables al caso.” Y el artículo 207 del Código Procesal Civil refiriéndose a la motivación expresa: “La sentencias se motivarán expresando los razonamientos fácticos y jurídicos que conducen a la apreciación valoración de las pruebas, así como a la aplicación e interpretación del Derecho. 2. La motivación deberá incidir en los distintos elementos fácticos y jurídicos del pleito, considerados individualmente y en conjunto, ajustándose siempre a las reglas de la lógica y de la razón.” El artículo 720 del Código Procesal Civil, EXCLUSION DE LA REVISION PROBATORIA EN CASACION, prescribe: “1. Por medio del recurso de casación no se podrá instar la revisión de los hechos ni la interpretación y valoración de las pruebas contenidas en las sentencias dictadas en la instancia. 2. Sin embargo, y dentro del literal c) del numeral 1 del artículo anterior, se podrá solicitar en casación el control de la motivación fáctica de la sentencia para revisar su existencia, suficiencia, racionalidad y carácter lógico, siempre que éste fuera determinante de un sentido diferente del fallo.” No obstante, el Juzgado AD- QUO en una interpretación errónea conforme el artículo 720 CPC antes citado, no se podrá instar la revisión de los hechos en casación, pero si se podrá solicitar el control de la motivación fáctica de la sentencia para revisar su existencia, suficiencia, racionalidad y carácter lógico, siempre que éste fuere determinante de un sentido diferente del fallo. Y en efecto, la motivación de la sentencia atiende a otros que no se encuentran en esos hechos probados. De ahí entonces, que la motivación de la sentencia recurrida y el razonamiento sustentado por la Corte de Tercera de Apelaciones es equivocado porque parte de una interpretación errónea de los artículos 2236, del Código Civil 238 numerales 1 y 2, y 318 del Código Procesal Civil que he citado, que vale aclarar, por ser parte del recurso de casación. Y si la sentencia se sustenta en una motivación que contiene presupuestos equivocados la conclusión es equivocada. La forma y contenido de una sentencia no se limita a estructurarla solamente con los requisitos que sobre ello prescribe el Código Procesal Civil, sino que tiene que cumplirse con el sentido lógico que corresponde a la legislación a aplicarse, esto es, que no basta con poner los antecedentes de hechos y los fundamentos de derecho que regulan el caso, sino que estos tienen que conforme haber sido expuestos y subsumirlos en la norma jurídica, formar el silogismo, la premisa mayor, la premisa menor y la conclusión. La intención del legislador es que entre los hechos declarados probados se le aplique la norma que los regule, que la motivación este de acuerdo con esa norma, de tal suerte que la conclusión corresponda al sentido lógico del hecho juzgado, pero en el caso de autos, las normas que regulan la forma y contenido de la sentencia, principalmente en lo que respecta a la motivación, ha resultado defectuosa porque no se ha ajustado a la intención y espíritu que resulta explícitamente de los términos de la Ley y ha interpretado, en consecuencia, en forma errónea los artículos 200.1 y 2 incisos b) y c) y 207 del Código Procesal Civil que regula la motivación de la sentencia, porque el Juzgado declaró probados hechos inciertos y no probados mediante la pericia especial, queda demostrado entonces que la motivación fáctica de la sentencia recurrida es defectuosa y ha sido determinante para darle un sentido diferente al fallo, en tal virtud es procedente la estimación de este motivo de casación.” SEPTIMO: El abogado Carlos Alberto Núñez Flores, plantea su pronunciamiento sobre la formalización del recurso de casación de la contraparte, de la siguiente manera: “AL UNICO MOTIVO DE CASACION: Se rechaza el motivo de casación invocado por el recurrente, pues no es preciso en cuanto al señalamiento del precepto autorizante.- Dicho motivo de casación resulta improcedente, en vista que los Honorables Magistrados de la Corte de Apelaciones en la sentencia, literalmente expresan “13.- que del presente caso se observa que la parte demandante presento demanda para la indemnización de daños y perjuicios por haber sido acusado criminalmente por la parte demandada siendo la Empresa Ortiz Industrial, S. de R. L. de C.V., del cual fue absuelto de dicho proceso presentando peritaje elaborado por un Perito privado, en el que se establece la cantidad que se le deberá pagar, mismo que fue objetado por un actuario contratado por la parte demandada, concluyendo este que el perito de la parte demandante calculo mal los daños y perjuicios, sin que el demandado propusiera otros medios de prueba que contradiga el contenido del dictamen”.- Así mismo en la fundamentación de derecho los magistrados establecen que: “1.- el artículo 238.1 del Código Procesal Civil establece: “CARGA DE LA PRUEBA DISTRIBUCION. 1. Corresponde al actor y al demandado reconveniente la carga de probar la certeza de los hechos constitutivos de su demanda o de su reconvención. 2. Incumbe al demandado y al actor reconvenido la carga de probar los hechos que conforme a las normas que les sean aplicables impidan, extingan o excluyan la eficacia jurídica de los hechos a que se refiere el numeral anterior. 3…4…5…”, en relación al artículo 318.1 del mismo cuerpo legal dispone: “en los procesos con contestación a la demanda por escrito, el demandado deberá aportar con ella su dictamen escrito y si no lo puede hacer en el termino del emplazamiento, deberá justificar la imposibilidad de obtenerlo dentro del plazo para contestar. 2...”, y en el caso de autos se encuentra acreditadas las pruebas que dieron origen a la presente demanda, presentando el dictamen privado por parte del demandante, no habiendo aportado el demandado su dictamen escrito 2.- el artículo 236 del Código Procesal Civil establece: “el que por acción u omisión causa daño a otro, interviniendo culpa o negligencia, está obligado a pagar el daño causado.” Estando acreditado en juicio la sentencia en la que fue absuelto el demandante por haber sido acusado por el demandado por el delito de OTROS FRAUDES CONTINUADO, quien durante el tiempo que duraron esas diligencias no pudo encontrar trabajo en otro lugar, siendo su defensa en esa causa penal, la Defensora Pública Marleny Lizeth Tercero”, Como consecuencia de lo anterior no cabe lo argumentado por la parte demandada, en este motivo de casación en cuanto a pretender con este recurso que los Magistrados cambien su interpretación de la norma al momento de su aplicación al caso concreto, provocando un mayor perjuicio que el ya causado pues los medios probatorios presentados por el demandante fueron contundentes para comprobar lo siguiente: se probó que hubo un daño, se probó quien lo causo y se presentó un valor a ese daño.- Por tanto de los razonamientos vertidos por la Honorable Corte Tercera de Apelaciones de esta sección judicial, en su respectiva sentencia, es tangible que no existe la supuesta violación a la ley que aduce el recurrente.” II. FUNDAMENTOS DE DERECHO 1.- Es atribución de la Corte Suprema de Justicia conocer del recurso de casación[1], el mismo es un medio de impugnación de carácter extraordinario, cuyo conocimiento en materia Civil es competencia de la Sala de lo Civil[2]; tiene claramente definidos dos fines expresos[3], el primero de ellos es su función nomofiláctica, entendida ésta como “la exacta observancia de la ley”, es decir la protección de las normas del ordenamiento jurídico, mediante la procura y promoción de la más adecuada aplicación e interpretación del derecho objetivo. El segundo fin es la unificación de la jurisprudencia nacional, misma que se explica en el sentido de que habiendo situaciones iguales debe pronunciarse decisiones iguales, siempre y cuando no concurran razones objetivas y razonables que justifiquen un trato desigual, en otras palabras, la evolución de la jurisprudencia. Por otra parte nuestra normativa procesal civil conmina a este alto tribunal a que aplique e intérprete las normas referidas al recurso de casación atendiendo a la finalidad de unificación de la jurisprudencia, esto como instrumento de garantía de la igualdad de todos ante la ley[4], y de la seguridad y certidumbre jurídicas. 2.- El recurso extraordinario de casación debe sujetarse en su formulación a determinados requisitos, para que pueda considerarse como tal y ser atendible por la Corte, ya que dicho recurso es esencialmente formalista, en consecuencia únicamente podrá ser interpuesto contra las resoluciones expresamente previstas por la ley y por los motivos taxativamente establecidos en ella. 3.- De lo expuesto por el recurrente abogado Oscar Manuel Tejeda Torres, en su condición de representante procesal de la sociedad mercantil denominada ORTIZ INDUSTRIAL S. de R. L de C. V., esta Sala deja relacionado sucintamente los alegatos planteados, ello en virtud de que los mismos aparecen citados literalmente en los antecedentes de hecho de este auto. El impetrante expone un Único Motivo de casación contra la sentencia dictada en fecha 14 de enero del año 2016, por la Corte Tercera de Apelaciones con sede en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, arguyendo básicamente que la misma vulnera por interpretación errónea los artículos 200.1 y 2 incisos b) y c) y 207 del Código Procesal Civil que regulan la forma y contenido de la sentencia en cuanto a la motivación fáctica, en relación con los artículos 238 numerales 1 y 2 y 318 del citado código, y que así mismo se vulnera el artículo 2236 del Código Civil. Invoca como precepto autorizante los artículos 719.1 inciso c) y 720.2 del Código Procesal Civil. En explicación del motivo, el impetrante señala que todo tiene su génesis en una denuncia presentada por su representada, en contra del señor Emilio Antonio Garay Palma, por el delito de fraude ante la Dirección General de Investigación Criminal, en el año 2010. Que una vez que se hubo incoado el proceso penal en el órgano judicial respectivo, la culminación del mismo tuvo como desenlace la sentencia absolutoria a favor del demandado; misma que bajo el criterio de objetividad en que basa sus funciones del Ministerio Público, no fue recurrida. Que en el proceso quedo plenamente probado mediante prueba documental que al señor Emilio Antonio Garay Palma, le fueron impuestas medidas cautelares distintas a la detención judicial y que desde un inicio del mismo el referido señor no peno ni sufrió detención alguna gozando de las garantías que otorga el proceso penal a su favor, así mismo que la causa se siguió en su domicilio particular y que de inicio al final del proceso fue bien representado por la Defensa Pública, no conllevando con ello ningún gasto monetario en su defensa. Que en el artículo 238.1 y 2 del Código Procesal Civil establece: “Distribución. 1- Corresponde al actor y al demandado re conveniente la carga de probar la certeza de los hechos constitutivos de su demanda o su reconvención.- 2- Incumbe al demando y al actor es conveniente la carga de probar los hechos que conforme a las normas que le sean aplicables, impidan, extingan o que conforme a las normas que le sean aplicables, impidan, extingan o excluyan la eficacia jurídica de los hechos a que se refiere el numeral anterior.”; razón por la cual, a lo largo del proceso se hizo ver por parte de esa representación la falta de aportación probatoria pertinente de la parte demandante como lo establece obligatoriamente la naturaleza de las obligaciones, así como lo exige el artículo 425.5 del Código Procesal Civil, ello porque se ha omitido presentar el correspondiente dictamen pericial privado, de acuerdo a los requisitos y forma que establecen los artículos 315, 328 y 355 del citado Código; en el cual debería constar el Peritaje Actuarial para establecer los supuestos daños y perjuicios causados, así como la causa que los motivo, valoración de los mismos así como su fórmula de computo, cuantía de los mismos, el lucro cesante y daño emergente si existiere. Que contrario a lo establecido en nuestra legislación sobre los términos y condiciones de la aportación del Dictamen Pericial Privado, la parte demandante presento como sustento de su petitorio un Informe Contable por parte del perito mercantil Rafael Eurico Merlo; mismo que se limita simplemente a un cálculo contable proveniente de una operación aritmética, y que más bien está referido a cálculo de prestaciones laborales, pretendiendo determinar salarios caídos o no devengados como daños y perjuicios, como si provinieran o se tratara los mismo de una sentencia laboral ejecutoriada, informe éste que se ha elaborado por el perito con datos que el mismo apoderado le proporciono, sin ningún rigor científico y el cual no puede ser objeto de prueba para dictar una condena por indemnización de daños y perjuicios o compensación laboral, ya que esta última es competencia de otra materia diferente a la que se conoció sobre los hechos de la demanda propuesta y es por tanto una acción procesal distinta, tanto para su sustanciación, prueba, tasación y condena por estar así establecido su proceso en la legislación laboral, por lo cual el mismo resulta incierto; tal y como se establece en las conclusiones del estudio técnico actuarial, emitido por el consultor actuarial de la parte demandada actuario Renán Vásquez Gabrie; ya que como lo establece el preámbulo de la sentencia revocada, un perito mercantil y contador público no está en la capacidad de hacer un dictamen como el aportado, ya que el mismo se basa en utilizar como patrón de comparación los derechos laborales, sin tomar en cuenta otras normas científicas que le pudieran determinar fehacientemente un cálculo y procedencia de los daños y perjuicios que la parte demandada le pudiere haber causado al demandante. Que tal como lo establece el artículo 335.1 del Código Procesal Civil, “El juzgado o tribunal valorara los dictámenes periciales de manera precisa y razonada, atendiendo a las reglas de la sana crítica, del conocimiento y del criterio humano, así como de acuerdo a las normas que rigen el razonamiento lógico, tomado en consideración la razón de ciencia que hubieren dado, las circunstancias que en ellos concurran y en su caso, las tachas formuladas y los resultados de la prueba que sobre estas su hubiere practicado.”; que a la vista está que el a-quo no tomo en cuanta esta valoración del dictamen pericial propuesto, ya que el dictamen aportado se limitó simplemente a un cálculo contable proveniente de una operación aritmética sobre prestaciones laborales, sin ningún rigor científico ya que no es un perito mercantil y contador público el profesional que ostenta la capacidad de hacer un dictamen Actuarial en el cual se señale el valor y la existencia o no de los daños y perjuicios pretendidos, bajo las normas y rigor científico de las ciencias actuariales. Que nuestro Código Civil en el artículo 2236 establece que las obligaciones nacen de la culpa o negligencia incluyendo entre ellas la responsabilidad civil y el derecho a los daños y perjuicios; por ello el juzgado a-quo, debió establecer el típico legal que enmarca las acciones de su representada dentro de la culpa o negligencia en relación a los hechos propuestos en la demanda de mérito, con el sentido de que los mismos sean indemnizados, y dado que para que ello exista, es necesario de acuerdo al artículo 1362 del Código Civil, que dichas acciones sean producto de la omisión de una diligencia que exige la naturaleza de la obligación, lo cual no se subsume en los hechos aportados al proceso ya que la acción proviene de un derecho legítimo de petición que conjugo a todos los operadores de justicia al presentar una simple denuncia policial en contra del demandante, enmarcada dentro de todas las garantías derechos y celeridad que el proceso otorga. Que de igual forma el artículo 1362 del Código Civil, establece la culpa o negligencia del deudor, y consiste en la omisión de aquella diligencia que exija la naturaleza de la obligación y corresponde a las circunstancias de las personas, del tiempo y del lugar, pudiendo ser lata, leve o levísima; siendo necesario para poder computar los supuestos daños y perjuicios en un valor nominal, la pericia de un dictamen actuarial científico efectuado por un profesional o perito competente ya que los mismos no pueden quedar al arbitrio del Juzgador y mucho menos del demandante. Finalmente el recurrente señala que la Corte recurrida infortunadamente ha hecho caso omiso a los agravios formuladas por esa representación procesal, y a condenando a su representada la sociedad mercantil ORTIZ INDUSTRIAL S de RL. De C.V. al pago de daños y perjuicios personales, pago de lucro cesante y daño emergente, más los intereses y costas, por la cantidad de Un Millón Quinientos Mil Lempiras (L.1,500.000.00). Sin que se haya establecido la culpa o negligencia en relación a lo hechos propuestos en la demanda, en qué consisten y como se computan los daños que han de ser indemnizados, todo ello sin el sustento de un dictamen Actuarial en el cual se señale el valor y la existencia o no de dichos daños y perjuicios; que en ese sentido el artículo 200.1 y 2, letras b) y c), del Código Procesal Civil expresa: “1. Las sentencias serán siempre motivadas y contendrán, en párrafos separados y numerados, los antecedentes de hecho y los fundamentos de derecho en los que se base la parte dispositiva del fallo. 2. En particular, la redacción de las sentencias se ajustará al contenido formal siguiente: a)... b) En los antecedentes de hecho se consignarán, con la claridad y concisión posibles y en párrafos separados y numerados, las pretensiones de las partes o interesados, los hechos en que las funden que hayan sido alegados oportunamente y tengan relación con las cuestiones que deban de resolverse, las pruebas que se hubiesen propuesto y practicados y los hechos probados en su caso. c) En los fundamentos de derecho se expresarán, en párrafos separados y numerados, los puntos de derecho fijados por las partes y las cuestiones controvertidas, dando las razones y fundamentos legales del fallo que hayan de dictarse con expresión concreta de las normas jurídicas aplicables al caso.”; el artículo 207 del Código Procesal Civil refiriéndose a la motivación expresa: “La sentencias se motivarán expresando los razonamientos fácticos y jurídicos que conducen a la apreciación valoración de las pruebas, así como a la aplicación e interpretación del Derecho. 2. La motivación deberá incidir en los distintos elementos fácticos y jurídicos del pleito, considerados individualmente y en conjunto, ajustándose siempre a las reglas de la lógica y de la razón.” y por su parte el artículo 720 del citado código prescribe: “1. Por medio del recurso de casación no se podrá instar la revisión de los hechos ni la interpretación y valoración de las pruebas contenidas en las sentencias dictadas en la instancia. 2. Sin embargo, y dentro del literal c) del numeral 1 del artículo anterior, se podrá solicitar en casación el control de la motivación fáctica de la sentencia para revisar su existencia, suficiencia, racionalidad y carácter lógico, siempre que éste fuera determinante de un sentido diferente del fallo.”; dice el impetrante que no obstante la citada normativa el Juzgado a-quo en una interpretación errónea del artículo 720 del Código Procesal Civil, ha motivado la sentencia atendiendo a otros motivos, que no se encuentran en esos hechos probados, de ahí entonces, que la motivación de la sentencia recurrida y el razonamiento sustentado por la Corte de Tercera de Apelaciones es equivocado porque parte de una interpretación errónea de los artículos 2236, del Código Civil, 238.1 y 2, y 318 del Código Procesal Civil, por lo que si la sentencia se sustenta en una motivación que contiene presupuestos equivocados la conclusión es equivocada, y la forma y contenido de una sentencia no se limita a estructurarla solamente con los requisitos que sobre ella prescribe el Código Procesal Civil, sino que tiene que cumplirse con el sentido lógico que corresponde a la legislación a aplicarse, esto es, que no basta con poner los antecedentes de hechos y los fundamentos de derecho que regulan el caso, sino que estos tienen que ser conforme a lo expuesto y subsumirlos en la norma jurídica, esto es formar el silogismo, la premisa mayor, la premisa menor y la conclusión. Que la intención del legislador ha sido que en cuanto a los hechos probados se aplique la norma que los regule, que la motivación este de acuerdo con esa norma, de tal suerte que la conclusión corresponda al sentido lógico del hecho juzgado; pero en el caso de autos, las normas que regulan la forma y contenido de la sentencia, principalmente en lo que respecta a la motivación, ha resultado defectuosa porque no se ha ajustado a la intención y espíritu que resulta explícitamente de los términos de la Ley y se ha interpretado en forma errónea los artículos 200.1 y 2 incisos b) y c) y 207 del Código Procesal, porque el Juzgado declaró probados hechos inciertos y no probados mediante la pericia especial, queda entonces demostrado que la motivación fáctica de la sentencia recurrida es defectuosa y ha sido determinante para darle un sentido diferente al fallo, en tal virtud es procedente la estimación del motivo de casación. 4.- De lo argüido por el recurrente en el Único Motivo expuesto, la Sala estima que dada la mala técnica casacional con la que se plantea, consecuentemente hace que no sea de recibo el mismo, así tenemos que él impetrante incurre en varias falencias, a saber: I.- Invoca como preceptos autorizantes del motivo dos artículos, estos son el 719.1 literal c) y el 720.2 del Código Procesal Civil; al respecto es necesario apuntar que tratándose de la interposición del recurso de casación, dado el carácter formalista del mismo, se hace necesario entonces por parte de quien lo interpone, hacer la invocación de cualquiera de los precepto autorizantes ya señalados en el artículo 719 del Código Procesal Civil, esto es, solo podrá invocar para cada motivo uno de los preceptuados en el citado artículo; ahora bien lo que no se puede hacer es invocar uno de tales supuestos e invocar también en forma conjunta, otro artículo como precepto autorizante distinto de los ya establecidos en el supra citado artículo. El recurrente invoca también como precepto autorizante el artículo 720.2 del Código Procesal Civil, cuando el mismo no tiene tal categoría, lo que sí resulta procedente, es que cuando se invoca como precepto autorizante el artículo 719.1 literal c) del Código Procesal Civil, esto es para impugnar la aplicación e interpretación de normas procesales sobre la forma y contenido de la sentencia, y se pretenda el control de la motivación fáctica de la sentencia a fin de revisar su existencia, suficiencia, racionalidad y carácter lógico, siempre que fuere determinante en un sentido diferente del fallo; se podrá hacer entonces relación del referido artículo 720.2 del Código Procesal Civil, haciendo invocación del artículo 719.1 literal c) del citado código, como precepto autorizante; no hacerlo así concita la carencia de claridad en el motivo expuesto y consecuentemente no se observa lo dispuesto por el artículo 721.2 del Código Procesal Civil. II.- Señala también bajo el pretendido precepto autorizante del artículo 719.1 literal c) del Código Procesal Civil, la vulneración de varios artículos por interpretación errónea, a saber: 200.1 y 2 literales b y c), 207, 238.1 y 2 y 318 del Código Procesal Civil, y el artículo 2236 del Código Civil; con lo cual el recurrente falta a la debida separación y claridad con la que devenía en plantear el motivo, al respecto es menester recordar que se vuelve imperativo para quien lo interponga, que además de invocar el precepto autorizante, hacer la debida separación, esto es que para cada artículo o incluso párrafo de un artículo que estime se ha vulnerado en el fallo de segunda instancia, plantear su probable vulneración en motivos separados y justificar para cada uno la incidencia de la infracción en un sentido diferente del fallo impugnado. Aunado a lo anterior la Sala ha dejado establecido que no se puede hacer cita de una manera indistinta de preceptos legales, en lo que se conoce doctrinalmente como “cita acumulada de una sucesión de normas que rigen determinada materia”, y que ha quedado establecido en el sentido de que: “…el casacionista no debe incurrir en el defecto de alegar como infringidas un conjunto indiscriminado de las normas que rigen determinada materia... una adecuada técnica casacional exige que en cada uno de los motivos de casación se precise la infracción legal que se considera cometida, debiendo por tanto evitarse la concentración en un solo motivo de todos o la mayor parte de los artículos, mediante una interpretación conjunta de normas con diferentes alcances…”[5] En este único motivo, se hace cita de varias normas jurídicas de carácter adjetivo y sustantivo, mismas que difieren en rango y protección recursiva, razón para estimar que el recurrente debió de haberlas planteado en forma separada cada una de ellas en motivos distintos, y cumplir con los requisitos establecidos en el artículo 704 del Código Procesal Civil, que establece: “Sin perjuicio de las concretas exigencias, que puedan regularse, los escritos de interposición, de un recurso devolutivo deberán contener la fundamentación de lo pedido, con determinación en todo caso del perjuicio o agravio sufrido e identificación del vicio o error que lo causa…..”; en el presente motivo la falta de individualización de las normas consideradas como infringidas, convierten en imprecisa la recurrencia pretendida; asunto sobre el cual la Sala de lo Civil ya se ha pronunciado en reiteradas ocasiones.[6]..III.- Observa la Sala que además el recurrente de manera errónea y bajo el precepto autorizante del artículo 719.1 literal c), del Código Procesal Civil, que está referido a la impugnación de la aplicación e interpretación de las normas procesales que regulan la forma y contenido de la sentencia; pretende que la Sala de lo Civil haga revisión sobre la probable vulneración de una norma sustantiva, como resulta ser el artículo 2236 del Código Civil, sobre tal cuestión es menester aclarar que si se trata de plantear en el motivo la posible violación de una norma sustantiva, el precepto autorizante que posibilita la entrada a estudio por parte de la Sala de tal infracción es el artículo 720 del Código Procesal Civil, amén de lo anterior se falta a la separación debida con la que se debe plantear el motivo, cuando en forma conjunta se plantea la violación de normas adjetivas y sustantivas; y IV.- Falta a la claridad debida el impetrante y torna el motivo confuso, cuando si bien dice que recurre en casación la sentencia proferida por la Corte Tercera de Apelaciones con sede en la ciudad de Tegucigalpa MDC., pero también en dos ocasiones en sus alegatos cuestiona el fallo proferido por el a-quo, con lo cual olvida que no se puede impugnar en casación las sentencias proferidas en primera instancia, ello por estarle vedado su conocimiento a la Sala de lo Civil, tal y lo dispuesto por el artículo 717 del Código Procesal Civil, que señala que solo se podrán recurrir en casación las sentencias y los autos que pongan termino al pleito, haciendo imposible su continuación, dictado en apelación por las Cortes de apelaciones; articulo del cual se coligen dos supuestos para que las resoluciones sean recurrible en vía de casación; en primer lugar que la sentencia o auto proferido ponga término al pleito, y en segundo lugar que tal sentencia o auto sea dictado en apelación por las Cortes de Apelaciones; lo señalado no deja dudas que el recurrente en casación no puede cuestionar lo fallado por la primera instancia. 5.- En conclusión la Sala de lo Civil toma la determinación desestimatoria en el único motivo alegado, ello por la defectuosa presentación del recurso por parte del impetrante en esta fase procedimental y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 1.1, 7.1, 719.2 y 723.2 inciso a) del Código Procesal Civil. III. PARTE DISPOSITIVA Por lo antes expuesto la Sala de lo Civil de la Corte Suprema de Justicia, pronunciándose por unanimidad de votos e impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, en base a los fundamentos de derecho citados y haciendo aplicación de los artículos 80, 82, 90 párrafo primero, 303, 304, 313 numeral 5) y 316 de la Constitución de la República; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 115, 118 numeral 1), 129, 169, 170, 190, 191, 193 numeral 2, literal b), 197, 199, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723 y 724 del Código Procesal Civil; profiere el presente auto irrecurrible y declara: I.- LA INADMISIÓN del recurso de casación en su único motivo, planteado por el abogado Oscar Manuel Tejeda Torres, en su condición de representante procesal de la sociedad mercantil denominada ORTIZ INDUSTRIAL S. DE R.L. de C. V., contra la sentencia dictada por la Corte Tercera de Apelaciones con sede en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central; en la Demanda Ordinara para la Indemnización de Daños y Perjuicios Materiales y Personales, Pago por el Lucro Cesante, Daño Emergente Causado, promovida en fecha 26 de octubre del año 2012, ante el Juzgado Primero de Letras Seccional de Danlí, departamento de El Paraíso, por el señor Emilio Antonio Garay Palma, contra la empresa Ortiz Industrial S. de R.L. de C.V., por medio de su representante el señor Constantino Ortiz Corea. II.- FIRME la sentencia recurrida, dictada por la Corte Tercera de Apelaciones con sede en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, el 14 de enero de 2016, en el expediente de apelación número 69-2015, originada en los autos que conforman la primera pieza que se registra bajo el número 0703-2012-00404 del Juzgado de Letras Primero Seccional de Danlí, departamento de El Paraíso. III.- CONDENAR EN COSTAS a la parte recurrente. Y MANDA: REMITIR las presentes actuaciones, junto con la certificación de esta resolución al Tribunal de su procedencia, previa notificación de este auto a las partes, por medio de sus apoderados legalmente constituidos en juicio. - Redacto el Magistrado Wilfredo Méndez Romero.- NOTIFIQUESE.- FIRMAS Y SELLO. WILFREDO MÉNDEZ ROMERO. MAGISTRADO COORDINADOR. RINA AUXILIADORA ALVARADO. MAGISTRADA. REYNALDO ANTONIO HERNÁNDEZ. MAGISTRADO. FIRMA Y SELLO. BETTY JANETH PALMA O´CONNOR. RECEPTORA ADSCRITA”.

Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los treinta y un días del mes de enero del año dos mil dieciocho; Certificación del Auto de fecha trece de diciembre de dos mil diecisiete, recaído en el Recurso de Casación registrado bajo el No. S.C. 251-2016.

BETTY JANETH PALMA O’CONNOR

RECEPTORA ADSCRITA

[1] Artículo 313.5 de la Constitución de la República

[2] Artículo 718 del Código Procesal Civil.

[3] Artículo 716 del Código Procesal Civil,

[4] Artículo 61 de la Constitución de la República.

[5]5 Salas Carceller, Antonio. Práctica Procesal de los Recursos de Casación, Edit. Thompson Reuters ARAZANDI. Pag. 64 y ss.

[6] Resoluciones 192-2012 de fecha 13-2013 de fecha 3 de junio del año 2014; 215-2014 de fecha 25 de agosto 2015.