Sentencia CC-248-15 — Registro 6706
Resumen
En primera instancia se declaró sin lugar la excepción perentoria de prescripción, opuesta por el apoderado legal de la parte demandada, declarando sin lugar la excepción de falta de acción y derecho para demandar; ambas opuestas por la parte demandada; tercero y sin lugar la demanda ordinaria para el pago de cantidades adeudadas por concepto de construcción de unas obras, así como el pago de daños y perjuicios, intereses y costas del juicio. Confirmada en segunda instancia.
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
…“Respuesta de la Sala de lo Civil. Al examinar este motivo de casación este Tribunal considera que la recurrente inobserva la debida técnica casacional por las razones siguientes: a) Por medio del recurso de casación no se podrá instar la revisión de los hechos ni la interpretación y valoración de las pruebas contenidas en las sentencias dictadas en la instancia; es el caso que la censora hace alegatos de instancia pretendiendo instar la revisión del juicio; b) Además, de que la norma impugnada por aplicación indebida (artículo 1372 del Código Civil), ostenta la calidad de ser sustantiva, pero de carácter general o conceptual, en consonancia al precepto autorizante señalado como lo es el artículo 719.2 del Código Procesal Civil, ya que define los conceptos de obligaciones civiles y obligaciones naturales; por consiguiente, la Recurrente al impugnar en casación la aplicación de las normas de derecho empleadas para la solución del fondo del litigio, debió impugnar la norma precisa que sirvió al juzgador para llegar a su decisión. c) Finalmente, la doctrina establece que existe aplicación indebida cuando se invocan normas jurídicas ajenas para la decisión del litigio con la cuestión debatida. Es decir, cuando la ley invocada por el sentenciador es ajena a la cuestión debatida en el pleito o es una ley insubsistente por derogación (El Recurso de Casación en Materia Civil. Bermúdez Antonio. P. 79 Imprenta Calderón 1940); por lo que revisadas ambas circunstancias ocurre que no es el caso de autos, ya que no se subsume dicha situación en ninguna de las antes enunciadas, para haber sido impugnada la norma antes señalada por aplicación indebida.”
Legislación citada
- Código Procesal Civil, art. 719, Numeral 2 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Procesal Civil, art. 723, Numeral 2 literal a) (Jerarquía Ordinaria)
Jerarquía: Reiterativa
..“Respuesta de la Sala de lo Civil: Al igual que en el anterior motivo, la Impetrante pretende instar la revisión del juicio y los medios de prueba de instancia, lo cual le está vedado por disposición del artículo 720 numeral 1) del Código Procesal Civil. Sin embargo, se podrá solicitar en casación el control de la motivación fáctica de la sentencia para revisar su existencia, suficiencia, racionalidad y carácter lógico, siempre que éste fuere determinante de un sentido diferente del fallo, dentro del literal c) del numeral 1 del artículo 719 del Código Procesal Civil; es decir, en el precepto autorizante señalado por la Impetrante no se podrá revisar la motivación fáctica precitada. Es de apuntar que el precepto autorizante citado (artículo 719. 2 del Código Procesal Civil) no es la causal aplicable con el contenido del concepto de la infracción invocada. Por lo que procede desestimar el segundo motivo de casación tal como lo preceptúa el artículo 723 numeral 2) inciso a) del Código Procesal Civil.”
Legislación citada
- Código Procesal Civil, art. 720, Numeral 1) (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACION
La Infrascrita Receptora Adscrita a la Sala de lo Civil de la Corte Suprema de Justicia, Certifica, el Auto que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los un día del mes de febrero del año dos mil diecisiete, la Sala de lo Civil, integrada por los Magistrados: REYNALDO ANTONIO HERNÁNDEZ, como Coordinador, WILFREDO MÉNDEZ ROMERO y RINA AUXILIADORA ALVARADO MORENO, designada ponente para el conocimiento y redacción de la resolución en el presente recurso de casación en la fecha supra indicada dictan el siguiente AUTO: SON PARTES: El señor HERACLITO MARIN DOLMO, representado en juicio por la abogada XIOMARA SUYAPA AGUILAR, en su condición de recurrente; siendo recurridos la CONSTRUCTORA MIRAFLORES, S. DE R. L., y el señor ROGELIO TRABANINO PINTO representados en juicio por el abogado MARCIO FRANCISCO MOYA BANEGAS. OBJETO DEL PROCESO: “DEMANDA ORDINARIA CON EL FIN DE QUE EN SENTENCIA DEFINITIVA SE CONDENE A LOS DEMANDADOS AL PAGO DE CANTIDAD DE LEMPIRAS QUE ADEUDAN POR CONCEPTO DE CONSTRUCCION DE UNAS OBRAS, ASÍ COMO EL PAGO DE DAÑOS Y PERJUICIO”, promovida en fecha tres de marzo del año dos mil cuatro, ante el entonces Juzgado de Letras Primero de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán, por el señor HERACLITO MARIN DOLMO, quien es mayor de edad, soltero, bachiller técnico en electricidad, hondureño y de este domicilio, contra el señor ROGELIO TRABANINO PINTO en su condición personal y como Gerente General y representante legal de la sociedad mercantil denominada “CONSTRUCTORA MIRAFLORES, S. DE R. L.” I. ANTECEDENTES DE HECHO PRIMERO: Con fecha veintiocho de abril del año dos mil quince, la Corte Primera de Apelaciones de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán, conociendo por vía de apelación de la sentencia definitiva de fecha diecinueve de noviembre del año dos mil trece, dictada por el Juzgado de Letras Civil del Departamento de Francisco Morazán, en el juicio de mérito, dictó sentencia CONFIRMANDO la sentencia dictada por el A-quo, misma que falló de la siguiente manera: “FALLA: PRIMERO: DECLARAR SIN LUGAR LA EXCEPCION PERENTORIA DE PRESCRIPCIÓN, opuesta por el Apoderado Legal de la Parte Demandada; SEGUNDO: DECLARAR SIN LUGAR LA EXCEPCION DE FALTA DE ACCIÓN Y DERECHO PARA DEMANDAR; ambas opuestas por el Abogado ANGEL SANTOS PORTILLO, en su condición de Apoderado Legal de la Sociedad Mercantil CONSTRUCTORA MIRAFLORES, S. de R.L., como Parte Demandada; TERCERO: DECLARAR SIN LUGAR la Demanda Ordinaria para el Pago de cantidades adeudadas por concepto de construcción de unas obras, así como el pago de daños y perjuicios, intereses y costas del juicio, promovida por el Señor HERÁCLITO MARIN DOLMO, en su condición personal, contra la Sociedad Mercantil denominada CONSTRUCTORA MIRAFLORES, S. DE R.L., a través de su Representante Legal el Señor ROGELIO TRABANINO PINTO, para el pago de DOSCIENTOS SIETE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO LEMPIRAS (L.207,234.00) y contra el Señor ROGELIO TRABANINO PINTO en su condición personal, para el pago de DOCE MIL LEMPIRAS (L.12,000.00), para hacer un total de DOSCIENTOS DIECINUEVE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO LEMPIRAS (L.219,234.00), más intereses, daños y perjuicios y costas del juicio; todos de generales conocidas en el preámbulo de este fallo, por no haber probado la parte actora los extremos alegados en su demanda; CUARTO: ABSUELVE a la Sociedad Mercantil CONSTRUCTORA MIRAFLORES, S. de R. L. y al Señor ROGELIO TRABANINO PINTO, como parte demandada de la acción deducida en su contra; Y MANDA, Que si dentro del término legal no se interpone recurso alguno, quede firme el presente fallo.- CON COSTAS, en virtud de que la parte actora no tuvo motivos racionales para litigar.- NOTIFIQUESE.” SEGUNDO: La representante procesal del señor HERACLITO MARIN DOLMO, abogada XIOMARA SUYAPA AGUILAR presentó en fecha dos de julio del año dos mil quince, escrito de interposición y formalización del recurso de casación, contra la sentencia de fecha veintiocho de abril del año dos mil quince, dictada por la Corte Primera de Apelaciones de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán, resolviendo el Ad-quem, mediante proveído de fecha veintitrés de julio del año dos mil quince, tener por interpuesto y formalizado el recurso de casación por parte del Recurrente, y acordó conceder a la parte contraria el plazo de diez (10) días hábiles para que se pronunciara sobre el contenido del escrito, debiendo entregársele copia del mismo. TERCERO: El representante procesal de la sociedad CONSTRUCTORA MIRAFLORES, S. DE R. L., y del señor ROGELIO TRABANINO PINTO, abogado MARCIO FRANCISCO MOYA BANEGAS, presentó en fecha diecisiete de agosto del año dos mil quince, escrito de pronunciamiento sobre el contenido del recurso de casación interpuesto y formalizado por la contraparte, resolviendo la Corte Primera de Apelaciones de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán, remitir las presentes diligencias a la Honorable Corte Suprema de Justicia en el término que manda la ley, para proseguir con el trámite correspondiente. CUARTO: Recibidas las actuaciones en éste Tribunal, los Abogados MARCIO FRANCISCO MOYA BANEGAS y XIOMARA SUYAPA AGUILAR, ambos en sus condiciones ya indicadas, presentaron escritos de personamiento en fechas treinta y uno de agosto y tres de septiembre del año dos mil quince respectivamente, resolviendo este Tribunal, mediante proveído de fecha treinta de septiembre del año dos mil quince, tenerlos por personados dentro del plazo concedido. QUINTO: Que la abogada XIOMARA SUYAPA AGUILAR, plantea su recurso de casación contra la sentencia dictada por la Corte Primera de Apelaciones de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán, de la siguiente manera: respecto. “MOTIVOS DEL RECURSO Bajo la relación fáctica y jurídica del caso sub júdice que se ha dejado relacionada, paso exponer los motivos en que baso el presente recurso: PRIMERO: SE IMPUGNA LA APLICACIÓN E INTERPRETACION DE LAS NORMAS DE DERECHO EMPLEADAS PARA LA SOLUCION DE FONDO DEL LITIGIO. Precepto autorizante: Artículo 719.2 del Código Procesal Civil que dice: “CAUSALES DEL RECURSO: Igualmente se podrá impugnar la aplicación de fondo del litigio”. EXPRESION DE LAS NORMAS DE DERECHO CUYA INFRACCION SUSTENTA ESTE MOTIVO. La parte recurrente estima que el fallo censurado, cae en infracción por aplicación indebida del Artículo 1372 del Código Civil en relación con el Artículo 1763 del mismo cuerpo legal. El Artículo 1372 del Código Civil que se considera aplicado indebidamente, literalmente dispone: Las obligaciones: son civiles o meramente naturales. Civiles son aquellas que dan derecho para exigir su cumplimiento. Naturales las que no confieren derecho para exigir su cumplimiento; pero que, cumplidas, autorizan para retener lo que se ha dado o pagado en razón de ellas. Tales son: 1o.- Las contraídas por personas que, teniendo suficiente juicio y discernimiento, son, sin embargo, incapaces de obligarse, según las leyes, como los menores adultos no habilitados de edad. 2o.- Las obligaciones civiles extinguidas por la prescripción. 3º.- Las que proceden de actos a que faltan las solemnidades que la ley exige para que produzcan efectos civiles; como la de pagar un legado impuesto por un testamento que no se ha otorgado en la forma debida. 4º.- Las que no han sido reconocidas en juicio por falta de prueba. Para que no pueda pedirse la restitución en virtud de estas cuatro clases de obligaciones, es necesario que el pago se haya hecho. Y el artículo 1763 del mismo cuerpo legal, que confirma la infracción, expresamente declara: “Si no se ha fijado preció, se presumirá que las partes han convenido en lo que ordinariamente se paga por la misma especie de obra, y a falta de éste en el que se estimare equitativo el juicio de peritos”. CONCEPTO DE LA INFRACCION: El artículo 1372 del Código Civil, establece los motivos por los cuales puede entenderse que una obligación civil, se ha convertido en una obligación meramente natural, pero al relacionarla con el número 1763, se ve claramente que ninguno de los motivos expuestos en la norma primeramente mencionada, se acomoda al marco jurídico previsto, al grado de enervar los efectos de la obligación civil. Esto es así, porque si bien el artículo 1372 mencionado, en su número 3º establece que las obligaciones que “proceden de actos a que faltan las solemnidades que la ley exige para que produzcan efectos civiles; como la de pagar un legado impuesto por un testamento que no se ha otorgado en la forma debida”, se convierten meramente naturales, no es menos cierto que esa norma se ve modificada por lo dispuesto en el artículo 1763, que señala otro efecto distinto, cuando claramente dispone que en el caso de la confección de obra, el precio de la misma puede determinarse inclusive por medio de peritos, es decir que la falta de esta solemnidad por la falta de un documento escrito, no la vuelve nula, ni mucho menos la invalida, volviéndola ineficaz, y mucho menos cuando en el mismo fallo que censuro se ha consignado como hecho probado, la existencia del contrato de confección de obra, de que derivan los valores que se reclaman en juicio. Para demostrar este extremo, reproduzco los pasajes pertinentes de la sentencia que estoy censurando, en la forma siguiente: “4) Siendo acertado los razonamientos de la Juez de primera instancia, al establecer que si bien es cierto se puede determinar que se hicieron trabajos de electricidad en el proyecto de construcción del mercado del municipio de San Lorenzo, y que estaban a cargo del demandante, tal como se desprende de la abundante prueba documental que obra en el expediente, y que surgió de la Inspección practicada en el expediente del Juzgado de Letras del Trabajo de este departamento, en el cual la parte demandada (Constructora Miraflores) había sido demandada por el demandante (HERACLITO MARÍN DOLMO), para el pago por incumplimiento de contrato laboral, y en el que en esa instancia la parte demandada alegó en su defensa que aquél no era un trabajador sino un contratista independiente que había realizado labores de electricidad bajo su cuenta y responsabilidad; sin embargo, a pesar de dicha aceptación expresa en la instancia laboral de haberse realizado los trabajos denunciados por el demandante como contratista independiente, y por ello, la pretensión viable de conocerse en esta instancia de carácter Civil, indudablemente es imposible determinar, con el material probatorio hecho llegar al proceso, que la suma del acuerdo verbal haya sido por las cantidades relacionadas por el demandante en su escrito de demanda, y más difícil aún determinar que la cantidad adeudada, o saldo debido, por falta de dispendio sea el reclamado como obligación pendiente de pago por lo que, es meritorio confirmar la sentencia que se estudia en recurso de apelación”. De lo anteriormente enunciado, puede verse que la parte que represento no está controvirtiendo los hechos declarados probados por el ad-quem, sino que al contrario, los acepta como tal hecho probado, pero queda establecido así que es injusto y se rompe el equilibrio de toda relación contractual, cuando por la indeterminación de los saldos a cobrarse, se absuelva a la parte demandada, y más aun que en base a la falta de solemnidad escrita, aun cuando judicialmente se reconoce, se pretenda que tal obligación se ha vuelto natural por la aplicación indebida del artículo 1372 precitado, que no es aplicable al caso de autos, sobretodo en la forma que lo hizo el Tribunal censurado, sin relacionarlo con el artículo 1763, ambas disposiciones del Código Civil, pues esta última disposición establece, la forma en que se determinará el precio en un contrato de confección de obra como el presente, cuando este falta en la relación contractual que priva entre las partes litigantes. Resulta entonces, que el artículo 1372 expresado, no es aplicable y sin embargo se aplicó por el ad-quem, lo cual incidió en forma directa en el resultado del fallo, pues distinto hubiese sido este, si no se hubiera aplicado tal disposición, y relacionándola con el artículo 1763 del mismo cuerpo legal, se hubiese establecido la condena a la parte demandada, sujetando la liquidación del precio a la fase de ejecución de la sentencia, siendo evidente que así, y solo así se guardaría el valor justicia, que en las actuales condiciones está en precario, contraviniendo inclusive, disposiciones de carácter primario, según las cuales igual trabajo, requiere igual remuneración. Puede verse entonces que la sentencia queda desquiciada, se ha resquebrajado por su base, y debe ser sustituida por la que en derecho corresponde, hago notar que la aplicación de la norma infringida, por aplicación indebida, está citada, precisamente por el ad-quem en la parte dispositiva del fallo. SEGUNDO: SE IMPUGNA LA APLICACIÓN E INTERPRETACION DE LAS NORMAS DE DERECHO EMPLEADAS PARA LA SOLUCION DE FONDO DEL LITIGIO. Precepto autorizante: Artículo 719.2, del Código Procesal Civil que dice: “CAUSALES DEL RECURSO: Igualmente se podrá impugnar la aplicación de las normas de derecho empleadas para solución de fondo del litigio” EXPRESION DE LAS NORMAS DE DERECHO CUYA lNFRACClON, POR FALTA DE APLICACIÓN, SUSTENTA ESTE MOTIVO. La parte recurrente estima que el fallo censurado, cae en violación por falta de aplicación del Artículo 1763 del Código Civil, que literalmente establece “Si no se ha fijado precio, se presumirá que las partes han convenido en lo que ordinariamente se paga por la misma especie de obra, y a falta de éste en el que se estimare equitativo el juicio de peritos”. CONCEPTO DE LA INFRACCION Leyendo íntegramente el texto de la sentencia que se cuestiona, puede verse que en ninguno de sus apartados, se hace la más mínima alusión a las normas de la disposición señalada, tal como si ésta no existiera en el Código Civil, o como si no fuera aplicable al caso concreto, y ni siquiera se menciona como aplicable y por lo tanto aplicada en la parte dispositiva del fallo. Lo anterior es una violación grave, por cuanto el artículo mencionado, es precisamente el que establece y ordena la forma en que, privativamente debe acreditarse el precio de una obra, cuando este no aparece consignado en ningún documento, y es visto que por solo este hecho, el mismo tribunal censurado, bajo el pretexto de que no hay forma de determinar el precio, abraza el artículo 1372 del mismo Código Civil, y lo aplica en su lugar. No es posible que se deje al contratista de una obra, sin el pago de su trabajo, que se ha declarado judicialmente existente, por el solo hecho de no aparecer acreditado y determinado su precio, puesto que ya la ley da las maneras o formas de acreditarlo, inclusive en la acción que se incoe para ejecutar el fallo que se dicte. La disposición legal mencionada está comprendida en el capítulo IX intitulado “DE LOS CONTRATOS PARA LA CONFECCIÓN DE UNA OBRA MATERIAL”, o sea que sus disposiciones son especiales para este tipo de situaciones, donde indudablemente el Legislador, conociendo la malicia de los contratantes de obras, que por su posición de ventaja en la negociación, tratan de imponer a los contratistas, condiciones inicuas, inclusive obligarlos a trabajar sin contrato, aceptando las condiciones que sean, con el fin de obtener un trabajo, consignó en el cuerpo legal del Código Civil, las reglas necesarias para que no se rompiera el equilibrio jurídico de las partes, pero ahora resulta, que dejándose de aplicar dicha norma, se deja en el desamparo al contratista reclamante, no obstante estar declarada la existencia del contrato, así como la ejecución efectiva de la obra, resultando así como consecuencia que la norma que considero violada, no fue aplicada, no obstante que era evidente que es aplicable al caso que nos ocupa, y que de haberse aplicado, habría tenido como consecuencia que la demanda fuera declarada con lugar, estableciendo la condena, al pago de los saldos adeudados, defiriendo en todo caso, su liquidación, a la fase de ejecución. DETERMINACION DEL PERJUICIO O AGRAVIO SUFRIDO. De lo expuesto anteriormente, queda claramente determinado que el error en que ha incurrido el Tribunal ad-quem ha causado grave perjuicio a la parte demandante, puesto que, al confirmar la sentencia de primera instancia y consecuentemente declarar sin lugar la demanda a sabiendas de que existen pruebas suficientes de la existencia del contrato que se reclama, así como de la ejecución de la obra, por lo menos debió mandar que para mejor proveer se emitiera un dictamen pericial, para determinar el precio de la obra, o en todo caso mandar a liquidar el saldo pendiente en la fase de ejecución del fallo, pero lejos de ello lo que hizo fue condenar en costas, de donde es visto que no solo no recibirá lo que legítimamente reclama, sino que además debe pagar las costas en que incurrió su contendor, a contrapelo de la prueba existente.” SEXTO: Que el abogado MARCIO FRANCISCO MOYA BANEGAS, plantea su pronunciamiento sobre el recurso de casación interpuesto por la parte recurrente contra la sentencia dictada por la Corte Primera de Apelaciones de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán de la siguiente manera: “MOTIVOS DE CASACION: PRECEPTO QUE SUPUESTAMENTE AUTORIZA: 719.2. (Código Procesal Civil) Igualmente, se podrá impugnar la aplicación e interpretación de las normas de derecho empleadas para la solución de fondo del litigio. Vuelve la honorable togada recurrente a tratar de confundir a sus excelencias, al desconocer partes fundamentales del Recurso de Casación y que como bien dice Toro Peña: “EXCLUSIÓN DE LA REVISIÓN PROBATORIA EN CASACIÓN. 1. Por medio del recurso de casación no se podrá instar la revisión de los hechos ni la interpretación y valoración de las pruebas contenidas en las sentencias dictadas en la instancia. 2. Sin embargo, y dentro del literal c) del numeral 1 del Artículo anterior, se podrá solicitar en casación el control de la motivación fáctica de la sentencia para revisar su existencia, suficiencia, racionalidad y carácter lógico, siempre que éste fuera determinante de un sentido diferente del fallo. En el apartado primero pone de manifiesto el hecho de que no puede ser objeto de recurso de casación los hechos; ni la interpretación y valoración de las pruebas. En el apartado segundo pone de manifiesto un hecho concreto, como es el control de motivación fáctica de la sentencia (art 200 CPC), si bien el legislador establece que el hecho sea determinante para que afecte en un sentido diferente del fallo. En la Doctrina se considera que en este recurso de carácter extraordinario, no es posible plantear cuestiones nuevas, ni estimar un motivo cuando la solución es la misma que el fallo recaído” Pretende la honorable abogada Aguilar que vuecencias retrotraigan TODO el expediente a esta instancia y que desconozcan las largas horas de estudio y debate de un Juzgado de Letras de lo Civil de Francisco Morazán y de una Honorable Corte Primera de Apelaciones de lo Civil de Francisco Morazán y que se constituyan en tribunal a quo o a quem, desconociendo los parámetros en que debe de movilizarse jurídicamente cada instancia al final de esta parte de su Recurso la abogada Aguilar manifiesta que su representado “No está controvirtiendo los hechos declarados probados, por la Corte de Apelaciones pero queda establecido así que es injusto y se rompe todo equilibrio de una relación contractual cuando por la INDETERMINACIÓN DE LOS SALDOS A COBRARSE (no sabemos que quiere decir con esto) se absuelve a la parte demandada. Solamente queremos significar que ellos fueron requeridos en su momento procesal oportuno para que presentaran las pruebas pertinentes, no solo en primera instancia, ya que ellos pidieron y la Corte de Apelaciones así lo hizo, que se enviaran hasta notas a la Embajada de España para que aportara una “supuesta” prueba que “desenredaría” y le abriría los ojos a la Corte de Apelaciones, prueba que era completamente impertinente, pues lo que se dilucidaba era una relación contractual y no las especificaciones, calidad o tiempo de ejecución de obra. La parte recurrente, creemos, y creemos también que así lo vieron las dos instancias anteriores, No presentó las pruebas que en su momento se le pidieron para fundamentar una demanda y por ello es QUE SE LE CONDENA A COSTAS DE JUICIO; precisamente POR NO TENER MOTIVOS SUFICIENTES PARA LITIGAR INTERPRETACIÓN DE LOS ARTÍCULOS. Consideramos sano el criterio utilizado por el honorable Juzgado de Letras de lo Civil y la honorable Corte Primera de Apelaciones al descartar los criterios que en su demanda quiso imponer nuestra contraparte, al invocar artículos del Código Procesal Civil únicamente exponiendo los mismos, pero sin aplicarlos al caso concreto en controversia y tratar de confundir con dos figuras que son completamente antagónicas, como ser la subcontratación de un cuerpo de trabajadores o de un contratista específico para un trabajo específico y la contratación de un trabajador para realizar labores a las cuales, lógicamente, tiene acceso por su capacidad, pero que no solamente a ESE TRABAJO en específico se va a dedicar ya que la construcción de una obra no solamente comprende el estar colocando y conectando cables de electricidad, sino también conlleva obras de albañilería, carpintería y otras ramas para crear los accesos y cerrar los mismos, obras que se realizan en conjunto, con las direcciones en cada etapa de personas versadas en cada una de las materias, bajo la supervisión de un ingeniero o un maestro de obras versado en la obra en general y esto fue lo que apreciaron los togados de primera y segunda instancia al emitir sus profesionales fallos. SEGUNDO CONCEPTO DE LA INFRACCION. En el segundo concepto de la Infracción, repite la parte recurrente los mismos fundamentos y alegatos del primer concepto, por lo que consideramos que no es atinente para nosotros y por Economía procesal, no vamos a referirnos al mismo.” II. FUNDAMENTOS DE DERECHO 1.- Del examen de las actuaciones seguidas en ambas instancias, resulta que la Corte Primera de Apelaciones de lo Civil de Francisco Morazán, con fecha veintitrés de julio del dos mil quince, tuvo por interpuesto y formalizado en tiempo el recurso de casación presentado por la abogada XIOMARA SUYAPA AGUILAR, representante procesal del señor HERACLITO MARIN DOLMO, contra la sentencia dictada por la misma Corte Primera de Apelaciones de lo Civil de Francisco Morazán, el día veintiocho de abril del dos mil quince, en la demanda ordinaria con el fin de que en sentencia definitiva se condene a los demandados al pago de cantidad de lempiras que adeudan por concepto de construcción de unas obras, así como el pago de daños y perjuicio, promovida ante el entonces Juzgado de Letras Primero de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán, por el señor HERACLITO MARIN DOLMO contra el señor ROGELIO TRABANINO PINTO en su condición personal y como Gerente General y representante legal de la sociedad mercantil denominada “CONSTRUCTORA MIRAFLORES, S. DE R. L.; recurso de casación éste que se formalizó en dos motivos: En ambos motivos se impugna la aplicación e interpretación de las normas de derecho empleadas para la solución del fondo del litigio con fundamento en el artículo 719 numeral 2) del Código Procesal Civil. 2.- DEL PRIMER MOTIVO DE CASACION: “SE IMPUGNA LA APLICACIÓN E INTERPRETACION DE LAS NORMAS DE DERECHO EMPLEADAS PARA LA SOLUCION DE FONDO DEL LITIGIO. Precepto autorizante: Artículo 719.2, del Código Procesal Civil que dice: “CAUSALES DEL RECURSO: Igualmente se podrá impugnar la aplicación de las normas de derecho empleadas para solución de fondo del litigio”. EXPRESION DE LAS NORMAS DE DERECHO CUYA INFRACCION SUSTENTA ESTE MOTIVO. La parte recurrente estima que el fallo censurado, cae en infracción por aplicación indebida del Artículo 1372 del Código Civil en relación con el Artículo 1763 del mismo cuerpo legal… CONCEPTO DE LA INFRACCION. El artículo 1372 del Código Civil, establece los motivos por los cuales puede entenderse que una obligación civil, se ha convertido en una obligación meramente natural, pero al relacionarla con el número 1763, se ve claramente que ninguno de los motivos expuestos en la norma primeramente mencionada, se acomoda al marco jurídico previsto, al grado de enervar los efectos de la obligación civil… De lo anteriormente enunciado, puede verse que la parte que represento no está controvirtiendo los hecho declarados probados por el ad-quem, sino que al contrario, los acepta como tal hecho probado, pero queda establecido así que es injusto y se rompe el equilibrio de toda relación contractual, cuando por la indeterminación de los saldos a cobrarse, se absuelva a la parte demandada, y más aún que se basa a la falta de solemnidad escrita, aun cuando judicialmente se reconoce, que pretenda que tal obligación se ha vuelto natural por la aplicación indebida del artículo 1372 precitado, que no es aplicable al caso de autos, sobretodo en la forma que lo hizo el Tribunal censurado, sin relacionarlo con el artículo 1763, ambas disposiciones del Código Civil, pues esta última disposición establece, la forma en que se determinará el precio en un contrato de confección de obra como el presente cuando este falta en la relación contractual que priva entre las partes litigantes. Resulta entonces que el artículo 1372 expresado, no es aplicable y sin embargo se aplicó por el ad-quem, lo cual incidió en forma directa en el resultado del fallo, pues distinto hubiese sido este, si no se hubiera aplicado tal disposición, y relacionándola con el artículo 1763 del mismo cuerpo legal, se hubiese establecido la condena a la parte demandada, sujetando la liquidación del precio a la fase de ejecución de la sentencia, siendo evidente que así, y solo así se guardaría el valor justicia, que en las actuales condiciones está en precario, contraviniendo inclusive, disposiciones de carácter primario, según las cuales igual trabajo, requiere igual remuneración. Puede verse entonces que la sentencia queda desquiciada, se ha resquebrajado por su base, y debe ser sustituida por la que en derecho corresponde, hago notar que la aplicación de la norma infringida, por aplicación indebida, está citada, precisamente por el ad-quem en la parte dispositiva del fallo.” Respuesta de la Sala de lo Civil. Al examinar este motivo de casación este Tribunal considera que la recurrente inobserva la debida técnica casacional por las razones siguientes: a) Por medio del recurso de casación no se podrá instar la revisión de los hechos ni la interpretación y valoración de las pruebas contenidas en las sentencias dictadas en la instancia; es el caso que la censora hace alegatos de instancia pretendiendo instar la revisión del juicio; b) Además, de que la norma impugnada por aplicación indebida (artículo 1372 del Código Civil), ostenta la calidad de ser sustantiva, pero de carácter general o conceptual, en consonancia al precepto autorizante señalado como lo es el artículo 719.2 del Código Procesal Civil, ya que define los conceptos de obligaciones civiles y obligaciones naturales; por consiguiente, la Recurrente al impugnar en casación la aplicación de las normas de derecho empleadas para la solución del fondo del litigio, debió impugnar la norma precisa que sirvió al juzgador para llegar a su decisión. c) Finalmente, la doctrina establece que existe aplicación indebida cuando se invocan normas jurídicas ajenas para la decisión del litigio con la cuestión debatida. Es decir, cuando la ley invocada por el sentenciador es ajena a la cuestión debatida en el pleito o es una ley insubsistente por derogación (El Recurso de Casación en Materia Civil. Bermúdez Antonio. P. 79 Imprenta Calderón 1940); por lo que revisadas ambas circunstancias ocurre que no es el caso de autos, ya que no se subsume dicha situación en ninguna de las antes enunciadas, para haber sido impugnada la norma antes señalada por aplicación indebida. 3.- DEL SEGUNDO MOTIVO DE CASACION: “SE IMPUGNA LA APLICACIÓN E INTERPRETACION DE LAS NORMAS DE DERECHO EMPLEADAS PARA LA SOLUCION DE FONDO DEL LITIGIO. Precepto autorizante: Artículo 719.2, del Código Procesal Civil que dice: “CAUSALES DEL RECURSO: Igualmente se podrá impugnar la aplicación de las normas de derecho empleadas para solución de fondo del litigio”. EXPRESION DE LAS NORMAS DE DERECHO CUYA INFRACClON, POR FALTA DE APLICACIÓN, SUSTENTA ESTE MOTIVO. La parte recurrente estima que el fallo censurado, cae en violación por falta de aplicación del Artículo 1763 del Código Civil, que literalmente establece: “Si no se ha fijado precio, se presumirá que las partes han convenido en lo que ordinariamente se paga por la misma especie de obra, y a falta de éste en el que se estimare equitativo el juicio de peritos”. CONCEPTO DE LA INFRACCION: Leyendo íntegramente el texto de la sentencia que se cuestiona, puede verse que en ninguno, de sus apartados, se hace la más mínima alusión a las normas de la disposición señalada, tal como si ésta no existiera en el Código Civil, o como sí no fuera aplicable al caso concreto, y ni siquiera se menciona como aplicable y por lo tanto aplicada en la parte dispositiva del fallo. Lo anterior es una violación grave, por cuanto el artículo mencionado, es precisamente el que estable y ordena la forma en que, privativamente debe acreditarse el precio de una obra, cuando este no aparece consignado en ningún documento, y es visto que por solo este hecho, el mismo tribunal censurado, bajo el pretexto de que no hay forma de determinar el precio, abraza el artículo 1372 del mismo Código Civil, y lo aplica en su lugar. No es posible que se deje al contratista de una obra, sin el pago de su trabajo, que se ha declarado judicialmente existente, por el solo hecho de no aparecer acreditado y determinado su precio, puesto que ya la ley da las maneras o formas de acreditarlo, inclusive en la acción que se incoe para ejecutar el fallo que se dicte. La disposición legal mencionada está comprendida en el capítulo IX intitulado “DE LOS CONTRATOS PARA LA CONFECCIÓN DE UNA OBRA MATERIAL”, o sea que sus disposiciones son especiales para este tipo de situaciones, donde indudablemente el Legislador, conociendo la malicia de los contratantes de obras, que por su posición de ventaja en la negociación, tratan de imponer a los contratistas, condiciones inicuas, inclusive obligarlos a trabajar sin contrato, aceptando las condiciones que sean, con el fin de obtener un trabajo, consignó en el cuerpo legal del Código Civil, las reglas necesarias para que no se rompiera el equilibrio jurídico de las partes, pero ahora resulta, que dejándose de aplicar dicha norma, se deja en el desamparo al contratista reclamante, no obstante estar declarada la existencia del contrato, así como la ejecución efectiva de la obra, resultando así como consecuencia que la norma que considero violada, no fue aplicada, no obstante que era evidente que es aplicable al caso que nos ocupa, y que de haberse aplicado, habría tenido como consecuencia que la demanda fuera declarada con lugar, estableciendo la condena, al pago de los saldos adeudados, defiriendo en todo caso, su liquidación, a la fase de ejecución. DETERMINACION DEL PERJUICIO O AGRAVIO SUFRIDO. De lo expuesto anteriormente, queda claramente determinado que el error en que ha incurrido el Tribunal ad-quem ha causado grave perjuicio a la parte demandante, puesto que, al confirmar la sentencia de primera instancia y consecuentemente declarar sin lugar la demanda a sabiendas de que existen pruebas suficientes de la existencia del contrato que se reclama, así como de la ejecución de la obra, por lo menos debió mandar que para mejor proveer se emitiera un dictamen pericial, para determinar el precio de la obra, o en todo caso mandar a liquidar el saldo pendiente en la fase de ejecución del fallo, pero lejos de ello lo que hizo fue condenar en costas, de donde es visto que no solo no recibirá lo que legítimamente reclama, sino que además debe pagar las costas en que incurrió su contendor, a contrapelo de la prueba existente.” Respuesta de la Sala de lo Civil: Al igual que en el anterior motivo, la Impetrante pretende instar la revisión del juicio y los medios de prueba de instancia, lo cual le está vedado por disposición del artículo 720 numeral 1) del Código Procesal Civil. Sin embargo, se podrá solicitar en casación el control de la motivación fáctica de la sentencia para revisar su existencia, suficiencia, racionalidad y carácter lógico, siempre que éste fuere determinante de un sentido diferente del fallo, dentro del literal c) del numeral 1 del artículo 719 del Código Procesal Civil; es decir, en el precepto autorizante señalado por la Impetrante no se podrá revisar la motivación fáctica precitada. Es de apuntar que el precepto autorizante citado (artículo 719. 2 del Código Procesal Civil) no es la causal aplicable con el contenido del concepto de la infracción invocada. Por lo que procede desestimar el segundo motivo de casación tal como lo preceptúa el artículo 723 numeral 2) inciso a) del Código Procesal Civil. 4.- Que por las razones expuestas, con fundamento en los artículos 704, 721 y 723 del Código Procesal Civil procede en derecho dictar una resolución fundada en la no admisión a trámite del recurso de casación planteado en sus dos motivos, siendo procedente declarar firme la sentencia de que se ha hecho mérito, condenar en costas a la parte recurrente y devolver los antecedentes, junto con la certificación de la presente resolución al Tribunal de su procedencia. III. PARTE DISPOSITIVA Por lo antes expuesto la Sala de lo Civil, pronunciándose por unanimidad de votos e impartiendo justicia en nombre de la Corte Suprema de Justicia y del Estado de Honduras, en base a los fundamentos de derecho citados y haciendo aplicación de los Artículos 303, 304, 313 numeral 5) y 316 de la Constitución de la República; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 115, 118 numeral 1), 129, 169, 170, 190, 191, 193 numeral 2, literal b), 197, 199, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723, 724 y 914 del Código Procesal Civil; profiere el presente AUTO IRRECURRIBLE y DECLARA: 1) La inadmisión del recurso de casación en sus dos motivos interpuesto por la Abogada XIOMARA SUYAPA AGUILAR, en su condición indicada. 2) Firme la sentencia recurrida, dictada por la Corte Primera de Apelaciones de lo Civil de Tegucigalpa, Francisco Morazán, de fecha veintiocho de abril del dos mil quince, en el expediente de apelación número 0801-2007-05378, originado en los autos que conforman la primera pieza que se registra bajo el número 0801-2007-05378 del Juzgado de Letras de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán. 3) Condenar en costas a la parte recurrente. Y MANDA: Remitir las presentes actuaciones, junto con la certificación de esta resolución al Tribunal de su procedencia, previa notificación de este auto a las partes personadas, por medio de sus apoderados legalmente constituidos en juicio. Redactó la Magistrada RINA AUXILIADORA ALVARADO MORENO. NOTIFIQUESE. FIRMAS Y SELLO. REYNALDO ANTONIO HERNANDEZ. MAGISTRADO COORDINADOR. WILFREDO MENDEZ ROMERO. MAGISTRADO. RINA AUXILIADORA ALVARADO MORENO. MAGISTRADA. FIRMA Y SELLO. BETTY JANETH PALMA O´CONNOR. RECEPTORA ADSCRITA”.
Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los Veinte días del mes de Febrero de Dos Mil Diecisiete; Certificación del Auto de fecha Uno de Febrero de Dos Mil Diecisiete, recaído en el Recurso de Casación registrado bajo el No. 248=2015.
BETTY JANETH PALMA O’CONNOR
RECEPTORA ADSCRITA
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