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Sentencia CC-240-15 — Registro 6783

Resumen

En segunda instancia se revoco la sentencia definitiva declarando con lugar la demanda de divorcio y en consecuencia, disuelto el vínculo matrimonial, declarar sin lugar la comunidad de bienes de la sociedad conyugal y su posterior liquidación; se condena al demandado a proveer una pensión alimenticia y otorgar el menaje del hogar conyugal a la señora.

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

… “Del examen de las presentes actuaciones, resulta que la Corte de Apelaciones Civil de la Sección Judicial de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, tuvo por interpuesto y formalizado el recurso de casación por parte del abogado CESAR AUGUSTO PAVON PERLA, en representación procesal de la señora EDA FRANCISCA GOMEZ AMAYA, contra la sentencia dictada por ese mismo tribunal de alzada, en fecha 29 de enero del 2015, en demanda de divorcio y disolución del régimen económico bajo el procedimiento del juicio abreviado no dispositivo. 2.- Como resultado de dicho estudio es evidente que el caso sub examine no cumple los requisitos que el artículo 717 del Código Procesal Civil exige para ser objeto de casación. En este sentido basta señalar que el tipo de demanda bajo estudio se siguió bajo un procedimiento abreviado no dispositivo, cuya pretensión principal era la disolución de un vínculo matrimonial. Al lograr dicha disolución se crean y extinguen derechos y obligaciones que se derivan del mismo. Entre ellos se encuentra comprendido el régimen económico en sus distintas regulaciones. Por lo tanto la pretensión principal de divorcio es únicamente susceptible al recurso extraordinario de casación (artículo 654 CPC). El recurso extraordinario no es procedente para determinar la situación legal del régimen económico o el régimen regulador por ser pretensiones accesorias derivadas de la resolución estimatoria. 3.- Para aclarar el numeral anterior se reconoce que el matrimonio es una institución tutelada por el Estado bajo normas supremas (artículo 111 de la Constitución de la República) y que se disuelve mediante un proceso de divorcio (artículo 113 de la Constitución de la República). El Código de Familia, como norma sustantiva, en su artículo 64 establece: “El régimen económico del matrimonio se podrá regular por el sistema de comunidad de bienes, sociedad ganancial, separación de bienes, sin excluir en ninguno de ellos la formación del patrimonio familiar”. El Código Procesal Civil como norma adjetiva establece en su artículo 668: “La liquidación de cualquier régimen económico matrimonial que, por capitulaciones matrimoniales o por disposición legal, determine la existencia de una masa común de bienes y derechos sujeta a determinadas cargas y obligaciones, se llevará a cabo, en defecto de acuerdo entre los cónyuges, por los trámites del proceso abreviado con las particularidades fijadas en la presente sección y demás normas que resulten aplicables”. El artículo 669 del mismo cuerpo legal establece: “Será competente para conocer del procedimiento de liquidación el Juzgado de Letras que esté conociendo o haya conocido del proceso de nulidad, separación o divorcio o aquel ante el que se sigan o se hayan seguido las actuaciones sobre disolución del régimen económico matrimonial por alguna de las causas previstas en la legislación civil”, por lo tanto resulta ésta la vía apropiada para resolver lo que se ha peticionado en el escrito interpuesto y que pretende sea conocido como un recurso de casación. 4.- En virtud de lo cual la honorable la Corte de Apelaciones Civil de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, en estricta observancia a lo establecido por el artículo 717 del Código Procesal debió denegar in limine la interposición del presente recurso de casación. 5.- Al respecto el Código Procesal Civil señala en el artículo 721, que sólo dará trámite a los recursos que reúnan los dos requisitos siguientes: a) los formalizados en el plazo fijado por la ley; y b) los que se dirijan en contra de resoluciones que sean recurribles, refiriéndose obviamente en casación, o sea los que se encuentran de conformidad al artículo 717 mencionado, es decir, que de dicho precepto legal se entiende la facultad que tiene el ad quem para denegar la interposición del recurso de casación. 6.- De igual forma la facultad procesal de las Cortes de Apelaciones para rechazar de entrada, todo recurso de casación que no reúna los requisitos de procedibilidad mencionados en el numeral anterior, se obtiene de lo preceptuado por el artículo 730 del Código Procesal Civil, el cual se refiere claramente a: “la denegatoria del recurso de casación” dictada previamente por el tribunal de apelaciones respectivo y que da derecho al posterior reexamen de dicha decisión a través del medio de impugnación de queja. 7.- En virtud de todo lo anteriormente expuesto, procedía que el ad quem en ejercicio de la facultad que la ley le concede, denegada la interposición en puertas del presente recurso, pues dicha facultad constituye también una obligación que la ley le impone para ser un tamiz o primer control a fin de evitar la entrada indiscriminada de recursos de casación sin requisitos de procedibilidad. 8.- Finalmente, no habiendo dado cumplimiento el ad quem a su obligación, procede la Sala de lo Civil ante la incuestionable falta de requisitos y exigencias establecidos en el artículo 717 citado, declarar inadmisible in limine el presente recurso de casación, es decir sin entrar al análisis de los motivos que lo conforman, ello con fundamento en el literal (a) del artículo 723.1 del Código Procesal Civil; en consecuencia se declara firme de iure la sentencia recurrida, tal como lo manda el artículo 724.2 del Código Procesal Civil. 9.- Se hace la observación que en lo sucesivo, cuando el tribunal de apelaciones realice el tamiz para determinar la procedencia del recurso de casación y estimare que no es procedente por no concurrir los presupuestos de ley, deberá emplear la fórmula, “tener por no interpuesto el recurso de casación” o “denegar la interposición del recurso de casación”, en apego a lo dispuesto en los artículos 730 y 731 del Código Procesal Civil, en virtud de que la admisibilidad o inadmisibilidad está reservada para el Tribunal de Casación conforme lo disponen los artículos 723 y 724 del citado Código. Las Cortes de Apelaciones deberán en estos casos señalar que no procede el recurso de casación, evitando hacer incurrir en error a las partes, en apego a lo dispuesto en el artículo 730 del Código Procesal Civil.”

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACION

La Infrascrita Receptora Adscrita a la Sala de lo Civil de la Corte Suprema de Justicia, Certifica, el Auto que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los ocho días del mes de marzo del año dos mil diecisiete. La Sala de lo Civil, integrada por los ilustres Magistrados: WILFREDO MENDEZ ROMERO como Coordinador, RINA AUXILIADORA ALVARADO MORENO y REYNALDO ANTONIO HERNÁNDEZ, el primero designado como ponente para el conocimiento y redacción de la resolución en el presente recurso de casación, en la fecha supra indicada dictan el siguiente AUTO: SON PARTES: La señora EDA FRANCISCA GOMEZ AMAYA, representada en juicio por el abogado CESAR AUGUSTO PAVÓN PERLA como recurrente; siendo recurrido el señor ROLANDO LUQUE MERAZ, representado en juicio por la abogada ISABEL ESCOBAR FLORES. OBJETO DEL PROCESO: “DEMANDA DE DIVORCIO Y DISOLUCION DE REGIMEN ECONOMICO”, promovida en fecha uno de noviembre del año dos mil once, ante el Juzgado de Letras de Familia de la Sección Judicial de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, por el abogado JERRY ALEXANDER ERAZO SANCHEZ, actuando en su condición de representante procesal de la señora EDA FRANCISCA GOMEZ AMAYA, mayor de edad, ama de casa, casada, hondureña, con domicilio en la ciudad de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, contra el señor ROLANDO LUQUE MERAZ, mayor de edad, casado, comerciante, hondureño, con domicilio en la ciudad de San Pedro Sula, Departamento de Cortés. I. ANTECEDENTES DE HECHO PRIMERO: Con fecha veintinueve de enero del año dos mil quince, la Corte de Apelaciones Civil de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, conociendo por vía de apelación de la sentencia definitiva de fecha veintiséis de marzo del año dos mil doce, dictada por el Juzgado de Letras de Familia del Departamento de Cortés, en el juicio de merito, dictó sentencia REVOCANDO la dictada por el A-quo de la siguiente manera: “RESUELVE: 1) DECLARAR CON LUGAR el recurso de apelación interpuesto por la Apoderada Judicial de la señora EDA FRANCISCA GOMEZ AMAYA.- 2) REVOCAR la Sentencia Definitiva de fecha Dieciséis de Marzo de Dos Mil Doce, dictada por el Juzgado de Letras de Familia del Departamento de Cortés, en la Demanda de Divorcio promovida por la señora EDA FRANCISCA GOMEZ AMAYA en contra del señor ROLANDO LUQUE MERAZ, dictando la misma en base a la motivación planteada en los párrafos anteriores, debiéndose leer la parte resolutiva del Fallo así: a) Declarar Con lugar la Demanda de Divorcio promovido por la señora EDA FRANCISCA GOMEZ AMAYA en contra del señor ROLANDO LUQUE MERAZ, y en consecuencia, disuelto el vínculo matrimonial que une a éstos; b) Declarar Sin Lugar la Comunidad de Bienes de la Sociedad Conyugal y su posterior liquidación; c) Se condena al señor Rolando Luque Meraz a proveer una pensión alimenticia de SEIS MIL LEMPIRAS mensuales a favor de la señora Eda Francisca Gómez Amaya; d) Se abstiene el Juzgador de pronunciarse sobre la patria potestad, guarda y custodia y régimen de comunicación y visitas, en virtud que el hijo concebido dentro de la unión matrimonial se encuentra en la mayor edad; e) Otorgar el Menaje del hogar conyugal a la señora EDA FRANCISCA GOMEZ AMAYA; f) Se ordena que la Secretaria del Despacho inserte el original del Fallo en el Libro de Sentencias y prevenga a colocar en las presentes diligencias la certificación literal que manda la Ley, así como que despache el respectivo mandamiento al Registro Nacional de las Personas del Municipio de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, para que efectúe las Anotaciones e Inscripciones que previene la Ley y se extienda certificación literal del presente Fallo a cada una de las partes concurrentes al Proceso .- 3) SIN COSTAS. Y MANDA: Que se notifique esta sentencia a las partes y oportunamente con la certificación de estilo se devuelvan los autos de la primera pieza al Juzgado de su procedencia, para los efectos legales consiguientes. NOTIFÍQUESE.” SEGUNDO: El abogado CESAR AUGUSTO PAVON PERLA en su condición de representante procesal de la señora EDA FRANCISCA GOMEZ AMAYA, en fecha seis de marzo del año dos mil quince, presentó escrito de interposición y formalización del recurso de casación contra la sentencia de fecha veintinueve de enero del año dos mil quince, dictada por la Corte de Apelaciones Civil de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, resolviendo el Ad-quem, mediante proveído de fecha nueve de marzo del año dos mil quince, tener por interpuesto y formalizado el recurso de casación por parte del Recurrente y acordó conceder a la parte contraría el plazo de diez (10) días hábiles para que se pronunciara sobre el contenido del escrito, debiendo entregársele copia del mismo. TERCERO: En fecha siete de abril del año dos mil quince, la Corte de Apelaciones Civil de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, precluyó el plazo concedido y dejado de utilizar por la recurrida, abogada ISABEL ESCOBAR FLORES, y ordeno remitir las diligencias a la Honorable Corte Suprema de Justicia en el termino que manda la ley, concediendo el plazo de cinco días hábiles a las partes para su personamiento ante este tribunal. CUARTO: Recibidas las actuaciones en éste Tribunal, el abogado CESAR AUGUSTO PAVÓN PERLA en su condición ya indicada, presentó escrito de personamiento en fecha veintisiete de abril del año dos mil quince, resolviendo este Tribunal, mediante proveído de fecha dos de septiembre del año dos mil quince, tener por personado al abogado CESAR AUGUSTO PAVÓN PERLA, como recurrente y por precluído el plazo concedido a la recurrida, abogada ISABEL ESCOBAR FLORES. QUINTO: Que la parte recurrente plantea su recurso de casación contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones Civil de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, de la siguiente manera: “II. Exposición del Motivo II. a. Motivo en que la casación se basa. Hacemos constar y expresamos que el motivo en que la casación se basa, es el siguiente: Infracción en la aplicación de las normas de derecho empleadas para la solución de fondo del litigio regulado específicamente el motivo en el numeral 2 del artículo 719 del Código Procesal Civil, que nos dice:“…..Artículo 719.- CAUSALES DEL RECURSO. 1. . . . a)....b)….c)…2. Igualmente, se podrá impugnar la aplicación e interpretación de las normas de derecho empleadas para la solución de fondo del litigio...” II. b. Normas de derecho cuya infracción sustentan el motivo. Hacemos constar y expresamos que las normas de derecho cuya infracción sustentan el presente motivo de casación, son: Señalarnos que la norma de derecho aplicada indebidamente es la contenida en el artículo 68 del Código de Familia, que nos dice: “……….ART. 68.- Si no hubiere capitulaciones matrimoniales cada cónyuge queda dueño y dispone libremente de los bienes que tenia al contraer matrimonio y de los que adquiera a cualquier titulo……”.Y que las normas de derecho que se dejaron de aplicar son las contenidas en los artículos 45 y 55 numeral 2 ambos del Código de Familia, las mismas en correspondencia y armonía, que nos dicen, respectivamente:“…ART.45.- La existencia de la unión de hecho entre un hombre y una mujer, con capacidad para contraerla y que reúna los requisitos de singularidad y estabilidad, surtirá todos los efectos del matrimonio realizado legalmente, cuando fuere reconocida por autoridad competente...” “....ART.55.- La unión de hecho inscrita por el registrador civil produce los efectos siguientes: 1…….. 2. Si no hubiere escritura de separación de bienes, los adquiridos durante la unión de hecho se reputan bienes de ambos, salvo prueba en contrario que demuestre que el bien fue adquirido por uno solo de ellos a titulo gratuito, o con el valor o por permuta de otro bien de su exclusiva propiedad....” II. c. Precisión y justificación de la incidencia de la infracción en el sentido de la resolución impugnada. Hacemos constar y expresamos que precisamos y justificamos la incidencia de la infracción en el sentido de la resolución impugnada, de la manera siguiente: II.c.1. Como es del conocimiento de la Sala de lo Civil de la Corte Suprema de Justicia la aplicación indebida de una norma de derecho material se da cuando se aplica al caso una norma que no lo regula, dejando se observarse la norma verdaderamente aplicable, la cual es violada lógicamente por inaplicación. Es decir, se aplica una norma impertinente en vez de la que jurídicamente corresponde, en otro sentido cuando se soslaya la aplicación de una disposición imprescindible para la resolución del conflicto. Sobre el particular debe tenerse presente que el error se comete al momento de realizar la elección de la norma y su consiguiente aplicación. II.c.2. Ha quedado establecido por el Tribunal “ad-quem” específicamente en las letras c), d), e) y f), todas del numeral PRIMERO de la MOTIVACION FACTICA Y JURIDICA de la sentencia aquí y ahora impugnada, lo siguiente: “…c) La A quo centró la contienda del presente juicio en determinar por un lado, si existen o no los requisitos y elementos legales para la procedencia de la comunidad de bienes de la sociedad conyugal y su posterior liquidación....” ”….d) El demandado adquirió varios bienes inmuebles en el periodo comprendido del mes de octubre de 1972 al 1 de noviembre de 2011 (fecha que contrajo matrimonio y fecha de inicio de este juicio), de los cuales unos son propiedad suya actualmente y otros no;...” “....e) En fecha 7 de abril de 2011 el Juzgado de Violencia Domestica dictó Sentencia Definitiva declarando con lugar la denuncia de violencia domestica promovida por la señora Gómez Amaya en contra del señor Luque Meraz, declarándolo agresor a él por haber cometido actos de violencia física, patrimonial y/o económica, sexual y psicológica contra la denunciante...” ”….f) La Jueza de Violencia Doméstica al dictar su Fallo, estimó acreditado, que los bienes inmuebles que se encontraban registrados a nombre del denunciado Luque Meraz fueron adquiridos durante la vida conyugal, y por tanto, constituían un patrimonio y debían ser repartidos en forma equitativa por el Juzgado de Familia, quien es el competente para pronunciarse sobre dicha partición;....” II.c.3. Encontramos que entre las consecuencias jurídicas de un matrimonio de una pareja civil - en la cual dos personas deciden expresa y deliberadamente comprometerse - el elemento determinante es la existencia de un compromiso público, que con lleva un conjunto de derechos y de obligaciones de orden contractual, el matrimonio se constituye sobre la base de igualdad de derechos y deberes de ambos conyugues, siendo ineludible deber del Estado, el de garantizar la igualdad jurídica de los conyugues durante el matrimonio y en su disolución todo conforme la Ley de Familia vigente la cual sus disposiciones son de orden público. II.c.4. La sentencia de fecha 29 de enero del presente año 2015 dictada por la Corte de Apelaciones Civil de San Pedro Sula, departamento de Cortés, es aquí y ahora impugnada puesto que específicamente en el numeral 2) letra b) de la Parte Resolutiva de la misma se resolvió declarar sin lugar la comunidad de bienes de la sociedad conyugal y su posterior liquidación. El vicio materia de casación que nos ocupa, se configura puesto que el Tribunal “ad-quem” aplicó indebidamente la norma de derecho contenida en el artículo 68 del Código de Familia que no rige el caso concreto dejando de aplicar las normas de derecho contenidas en los artículos 45 y 55 numeral 2 ambos del Código de Familia, las mismas en correspondencia y armonía y adecuadas para la solución de fondo del litigio con arreglo a derecho, pero al aplicarse indebidamente la norma de derecho contenida en el citado artículo 68 del Código de Familia y dejarse de aplicar las normas de derecho contenidas en los citados artículos 45 y 55 numeral 2 ambos del Código de Familia esto ha sido determinante para que se resuelva de manera desfavorable por parte del Tribunal “ad-quem” la pretensión acumulada a la principal de la parte actora de declaración de Comunidad de Bienes de la Sociedad Conyugal y su disolución negándosele la tutela judicial efectiva de su derecho, decisión judicial esta que contraviene las normas de derecho que se dejaron de aplicar antes citadas. II.c.5. Partiendo del punto en que la contienda del presente juicio quedo centrada en determinar si existen o no los requisitos y elementos legales para la procedencia de la comunidad de bienes de la sociedad conyugal y su posterior liquidación. La norma de derecho contenida en el artículo 68 del Código de Familia, fué aplicada indebidamente por el Tribunal “a-quem” puesto que la misma no es aplicable al caso concreto para determinar si existen o no los requisitos y elementos legales para la procedencia de la comunidad de bienes de la sociedad conyugal y su posterior liquidación pues en la sentencia de violencia domestica dictada en fecha siete de abril del año dos mil once, contra el señor Rolando Luque Meraz quedo considerado que los bienes inmuebles que se encontraban registrados a nombre Luque Meraz fueron adquiridos durante la vida conyugal, y por tanto, constituían un patrimonio y debían ser repartidos en forma equitativa por el Juzgado de Familia, competente para pronunciarse sobre dicha partición, por tanto, en este caso concreto no es exigible presentar escritura de capitulaciones matrimoniales para determinar comunidad de bienes de la sociedad conyugal cuando la situación jurídica de los bienes adquiridos dentro del matrimonio entre la señora Francisca Gómez Amaya y el señor Rolando Luque Meraz cambio pasando a ser la de reputarse bienes comunes o de ambos, en otro giro existen bienes comunes entre los contendientes por haber sido considerado en la sentencia judicial firme con carácter de cosa juzgada antes aludida que dichos bienes constituían un patrimonio y debían de ser repartidos en forma equitativa. II.c.6. Haciendo alusión a las normas de derechos que se dejaron de aplicar por parte del Tribunal “ad-quem” que se encuentran contenidas en los artículos 45 y 55 numeral 2 ambos del Código de Familia las mismas en concordancia y armonía, son las aplicables al caso concreto que determinan la procedencia de comunidad de bienes de la sociedad conyugal ya que de las mismas se extraen los requisitos y elementos legales para su procedencia siendo esto determinante para que se resuelva de manera favorable por éste Alto Tribunal de Justicia la pretensión acumulada a la principal de la parte actora de declaración de Comunidad de Bienes de la Sociedad Conyugal y su disolución concediéndole la tutela judicial efectiva de su derecho. En primer orden, del contenido del artículo 45 del Código de Familia se extrae que la unión de hecho surte todos los efectos del matrimonio realizado legalmente, en otro giro, existe analogía por Ley entre una pareja casada y una pareja en unión de hecho declarada. Siguiendo el hilo de ideas y en segundo orden, del contenido del numeral 2 del artículo 55 del Código de Familia se extrae que la unión de hecho inscrita por el registrador civil produce el efecto de que si no hubiere escritura de separación de bienes, los adquiridos durante la unión de hecho se reputan bienes de ambos, en consecuencia, si la unión de hecho surte todos los efectos del matrimonio realizado legalmente entonces todos los efectos de la unión de hecho también lo son del matrimonio realizado legalmente y al no existir en este proceso escritura de separación de bienes entre los conyugues, por tanto, queda así determinado que estas normas de derecho contenidas en los artículos 45 y 55 numeral 2 ambos del Código de Familia son las aplicables a éste caso concreto para resolver el fondo del litigio con arreglo a derecho en atención al principio jurídico iura novit curia. II. c.7. Todo lo expuesto nos conduce a concluir que el Tribunal “ad quem” incurrió en infracción de las normas aplicables a la resolución de fondo esto al aplicar indebidamente la norma de derecho contenida en el artículo 68 del Código de Familia dejando de aplicar las normas de derecho contenidas en los artículos 45 y 55 numeral 2 ambos del Código de Familia, por lo tanto, es procedente que esta Sala de lo Civil de la Corte Suprema de Justicia estime el recurso de casación, casando la resolución recurrida y resolviendo conforme a derecho se aprecie la infracción de las normas aplicables a la resolución de fondo procediéndose a dictar nueva sentencia, resolviendo el litigio de acuerdo a lo dispuesto sobre la decisión del recurso de casación en el numeral 5 del artículo 727 del Código Procesal Civil. III. Celebración de la audiencia Alto Tribunal de Justicia, hacemos constar y expresamos que estimamos necesario la celebración de la audiencia. IV. Se identifica con total precisión el pronunciamiento que se impugna Alto Tribunal de Justicia hacemos constar y expresamos que impugnamos con total precisión el pronunciamiento contenido en la sentencia de fecha 29 de enero del presente año 2015 que fuera dictada por la Corte de Apelaciones Civil de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, específicamente el del numeral 2) letras b) de la Parte Resolutiva en el que el referido Tribunal “ad quem”, falló, así: ”…….PARTE RESOLUTIV, En consecuencia ESTA CORTE DE APELACIONES DE LO CIVIL DE SAN PEDRO SULA.- Por unanimidad votos, RESUELVE: 1)……..2)…………..; b) declarar Sin Lugar la Comunidad de Bienes de la Sociedad Conyugal y su posterior liquidación; c) ………..d)…………..; e)……………..; f)…………- 3)…………” V. En cuanto a la decisión del recurso de casación Alto Tribunal de Justicia- Sala de lo Civil de la Corte Suprema de Justicia, a Vos Pido: 1. Que admitáis este recurso de casación. 2. Que señaléis fecha, día y hora para la celebración la audiencia y en caso de no proceder la audiencia fijéis directamente día para la votación y fallo.3. Que seguidos los trámites respectivos dictéis sentencia dentro del plazo de ley siguiente al de la finalización de la audiencia o al de la votación y fallo, estimando el recurso de casación de mérito, casando la resolución recurrida y resolváis conforme a derecho apreciando la infracción de las normas aplicables a la resolución de fondo por aplicación indebida de la norma de derecho contenida en el articulo 68 del Código de Familia dejando de aplicarse las normas de derecho contenidas en los artículos 45 y 55 numeral 2 ambos del Código de Familia procediéndose a dictar nueva sentencia, resolviendo el litigio de acuerdo a lo dispuesto sobre la decisión del recurso de casación en el numeral 5 del artículo 727 del Código Procesal Civil.” III. FUNDAMENTOS DE DERECHO 1.- Del examen de las presentes actuaciones, resulta que la Corte de Apelaciones Civil de la Sección Judicial de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, tuvo por interpuesto y formalizado el recurso de casación por parte del abogado CESAR AUGUSTO PAVON PERLA, en representación procesal de la señora EDA FRANCISCA GOMEZ AMAYA, contra la sentencia dictada por ese mismo tribunal de alzada, en fecha 29 de enero del 2015, en demanda de divorcio y disolución del régimen económico bajo el procedimiento del juicio abreviado no dispositivo. 2.- Como resultado de dicho estudio es evidente que el caso sub examine no cumple los requisitos que el artículo 717 del Código Procesal Civil exige para ser objeto de casación. En este sentido basta señalar que el tipo de demanda bajo estudio se siguió bajo un procedimiento abreviado no dispositivo, cuya pretensión principal era la disolución de un vínculo matrimonial. Al lograr dicha disolución se crean y extinguen derechos y obligaciones que se derivan del mismo. Entre ellos se encuentra comprendido el régimen económico en sus distintas regulaciones. Por lo tanto la pretensión principal de divorcio es únicamente susceptible al recurso extraordinario de casación (artículo 654 CPC). El recurso extraordinario no es procedente para determinar la situación legal del régimen económico o el régimen regulador por ser pretensiones accesorias derivadas de la resolución estimatoria. 3.- Para aclarar el numeral anterior se reconoce que el matrimonio es una institución tutelada por el Estado bajo normas supremas (artículo 111 de la Constitución de la República) y que se disuelve mediante un proceso de divorcio (artículo 113 de la Constitución de la República). El Código de Familia, como norma sustantiva, en su artículo 64 establece: “El régimen económico del matrimonio se podrá regular por el sistema de comunidad de bienes, sociedad ganancial, separación de bienes, sin excluir en ninguno de ellos la formación del patrimonio familiar”. El Código Procesal Civil como norma adjetiva establece en su artículo 668: “La liquidación de cualquier régimen económico matrimonial que, por capitulaciones matrimoniales o por disposición legal, determine la existencia de una masa común de bienes y derechos sujeta a determinadas cargas y obligaciones, se llevará a cabo, en defecto de acuerdo entre los cónyuges, por los trámites del proceso abreviado con las particularidades fijadas en la presente sección y demás normas que resulten aplicables”. El artículo 669 del mismo cuerpo legal establece: “Será competente para conocer del procedimiento de liquidación el Juzgado de Letras que esté conociendo o haya conocido del proceso de nulidad, separación o divorcio o aquel ante el que se sigan o se hayan seguido las actuaciones sobre disolución del régimen económico matrimonial por alguna de las causas previstas en la legislación civil”, por lo tanto resulta ésta la vía apropiada para resolver lo que se ha peticionado en el escrito interpuesto y que pretende sea conocido como un recurso de casación. 4.- En virtud de lo cual la honorable la Corte de Apelaciones Civil de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, en estricta observancia a lo establecido por el artículo 717 del Código Procesal debió denegar in limine la interposición del presente recurso de casación. 5.- Al respecto el Código Procesal Civil señala en el artículo 721, que sólo dará trámite a los recursos que reúnan los dos requisitos siguientes: a) los formalizados en el plazo fijado por la ley; y b) los que se dirijan en contra de resoluciones que sean recurribles, refiriéndose obviamente en casación, o sea los que se encuentran de conformidad al artículo 717 mencionado, es decir, que de dicho precepto legal se entiende la facultad que tiene el ad quem para denegar la interposición del recurso de casación. 6.- De igual forma la facultad procesal de las Cortes de Apelaciones para rechazar de entrada, todo recurso de casación que no reúna los requisitos de procedibilidad mencionados en el numeral anterior, se obtiene de lo preceptuado por el artículo 730 del Código Procesal Civil, el cual se refiere claramente a: “la denegatoria del recurso de casación” dictada previamente por el tribunal de apelaciones respectivo y que da derecho al posterior reexamen de dicha decisión a través del medio de impugnación de queja. 7.- En virtud de todo lo anteriormente expuesto, procedía que el ad quem en ejercicio de la facultad que la ley le concede, denegada la interposición en puertas del presente recurso, pues dicha facultad constituye también una obligación que la ley le impone para ser un tamiz o primer control a fin de evitar la entrada indiscriminada de recursos de casación sin requisitos de procedibilidad. 8.- Finalmente, no habiendo dado cumplimiento el ad quem a su obligación, procede la Sala de lo Civil ante la incuestionable falta de requisitos y exigencias establecidos en el artículo 717 citado, declarar inadmisible in limine el presente recurso de casación, es decir sin entrar al análisis de los motivos que lo conforman, ello con fundamento en el literal (a) del artículo 723.1 del Código Procesal Civil; en consecuencia se declara firme de iure la sentencia recurrida, tal como lo manda el artículo 724.2 del Código Procesal Civil. 9.- Se hace la observación que en lo sucesivo, cuando el tribunal de apelaciones realice el tamiz para determinar la procedencia del recurso de casación y estimare que no es procedente por no concurrir los presupuestos de ley, deberá emplear la fórmula, “tener por no interpuesto el recurso de casación” o “denegar la interposición del recurso de casación”, en apego a lo dispuesto en los artículos 730 y 731 del Código Procesal Civil, en virtud de que la admisibilidad o inadmisibilidad está reservada para el Tribunal de Casación conforme lo disponen los artículos 723 y 724 del citado Código. Las Cortes de Apelaciones deberán en estos casos señalar que no procede el recurso de casación, evitando hacer incurrir en error a las partes, en apego a lo dispuesto en el artículo 730 del Código Procesal Civil. III. PARTE DISPOSITIVA Por lo antes expuesto la Sala de lo Civil, pronunciándose por unanimidad de votos e impartiendo justicia en nombre de la Corte Suprema de Justicia y del Estado de Honduras, en base a los fundamentos de derecho citados y haciendo aplicación de los artículos 303, 304, 313 numeral 5) y 316 de la Constitución de la República; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales 717, 718, 721, 723, 724 y 932 reformado por Decreto 168-2009 del Código Procesal Civil; profiere el presente AUTO IRRECURRIBLE y DECLARA: 1) La inadmisión in limine del recurso de casación, formalizado por el abogado CESAR AUGUSTO PAVON PERLA, en representación procesal de la señora EDA FRANCISCA GOMEZ AMAYA. 2) DECLARA firme la sentencia recurrida, dictada el 29 de enero del 2015 por la Corte de Apelaciones Civil de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, en el expediente de apelación número 141-12-CV originada en los autos que conforman la primera pieza que se registra bajo el número 0501-2011-01923 LFD del Juzgado de Letras de Familia de San Pedro Sula, Departamento de Cortés. Y MANDA: Remitir las presentes actuaciones, junto con la certificación de este auto al tribunal de su procedencia, previa notificación de este auto a las partes, por medio de sus apoderados legalmente constituidos en juicio. 4) SIN COSTAS.- Redactó el Magistrado WILFREDO MENDEZ ROMERO.- NOTIFIQUESE.- FIRMAS Y SELLO. WILFREDO MENDEZ ROMERO. MAGISTRADO COORDINADOR. RINA AUXILIADORA ALVARADO MORENO. MAGISTRADA. REYNALDO ANTONIO HERNANDEZ. MAGISTRADO. FIRMA Y SELLO. BETTY JANETH PALMA O´CONNOR. RECEPTORA ADSCRITA”.

Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los Treinta y un días del mes de Marzo de Dos Mil Diecisiete; Certificación del Auto de fecha ocho de Marzo de Dos Mil Diecisiete, recaído en el Recurso de Casación registrado bajo el No. 240=2015.

BETTY JANETH PALMA O’CONNOR

RECEPTORA ADSCRITA

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