Sentencia CC-223-15 — Registro 8206
Resumen
En primera instancia se declaró con lugar la demanda ordinaria de pago por las mejoras construidas en un inmueble y sin lugar la indemnización de daños y perjuicios por no haberse acreditado éstos plenamente en juicio.
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
… “I. FUNDAMENTOS DE DERECHO 1. Esta Sala de lo Civil, viene reiterando la naturaleza y función del recurso de casación, así pues, el recurso de casación tiene una función nomofiláctica, en virtud de lo cual el artículo 716 del Código Procesal Civil dispone dos fines expresos, el primero de ellos, es la protección de las normas del ordenamiento jurídico, y esto se hace, procurando y promoviendo la más adecuada aplicación e interpretación del derecho objetivo. El segundo fin es la unificación de la jurisprudencia nacional. Por su parte el numeral dos del artículo precitado, conmina a este alto tribunal a que aplique e interprete las normas referidas al recurso de casación atendiendo a la finalidad de unificación de la jurisprudencia, esto como instrumento de garantía de la igualdad de todos ante la ley, y de la seguridad y certidumbre jurídicas. (Ver resoluciones de fechas 13-12-2013 exp. 236-2012; 18-03-2014 exp. 003-2013; y 06-05-2014 exp. 135-2013). 2. De conformidad con el artículo 719 del Código Procesal Civil, se podrá impugnar la aplicación e interpretación de las normas procesales, así como la aplicación e interpretación de las normas de derecho empleadas para la solución de fondo del litigio, y de conformidad con el artículo 721 del mismo código, el recurso de casación se interpondrá por escrito ante la Corte de Apelaciones que hubiere dictado la sentencia dentro de los veinte días siguientes al de la notificación. En ese escrito se harán constar los motivos en que la casación se base, con expresión de las normas de derecho cuya infracción sustente cada motivo. Todo ello se deberá fundar con la suficiente separación y claridad, precisando y justificando la incidencia de la infracción en el sentido de la resolución impugnada, también se hará constar si el recurrente estima necesario la celebración de la audiencia. 3. Con los requisitos formales establecidos en el artículo 721 del Código Procesal Civil queda reconocido el denominado principio de “Debida Técnica”, que constituyen los mínimos requerimientos que debe contener la demanda de casación a efectos de ser tenida como un verdadero juicio técnico de impugnación, valorativo y preciso.”
Legislación citada
- Código Procesal Civil, art. 721 (Jerarquía Ordinaria)
Jerarquía: Reiterativa
… “I. FUNDAMENTOS DE DERECHO 1. Esta Sala de lo Civil, viene reiterando la naturaleza y función del recurso de casación, así pues, el recurso de casación tiene una función nomofiláctica, en virtud de lo cual el artículo 716 del Código Procesal Civil dispone dos fines expresos, el primero de ellos, es la protección de las normas del ordenamiento jurídico, y esto se hace, procurando y promoviendo la más adecuada aplicación e interpretación del derecho objetivo. El segundo fin es la unificación de la jurisprudencia nacional. Por su parte el numeral dos del artículo precitado, conmina a este alto tribunal a que aplique e interprete las normas referidas al recurso de casación atendiendo a la finalidad de unificación de la jurisprudencia, esto como instrumento de garantía de la igualdad de todos ante la ley, y de la seguridad y certidumbre jurídicas. (Ver resoluciones de fechas 13-12-2013 exp. 236-2012; 18-03-2014 exp. 003-2013; y 06-05-2014 exp. 135-2013). 2. De conformidad con el artículo 719 del Código Procesal Civil, se podrá impugnar la aplicación e interpretación de las normas procesales, así como la aplicación e interpretación de las normas de derecho empleadas para la solución de fondo del litigio, y de conformidad con el artículo 721 del mismo código, el recurso de casación se interpondrá por escrito ante la Corte de Apelaciones que hubiere dictado la sentencia dentro de los veinte días siguientes al de la notificación. En ese escrito se harán constar los motivos en que la casación se base, con expresión de las normas de derecho cuya infracción sustente cada motivo. Todo ello se deberá fundar con la suficiente separación y claridad, precisando y justificando la incidencia de la infracción en el sentido de la resolución impugnada, también se hará constar si el recurrente estima necesario la celebración de la audiencia. 3. Con los requisitos formales establecidos en el artículo 721 del Código Procesal Civil queda reconocido el denominado principio de “Debida Técnica”, que constituyen los mínimos requerimientos que debe contener la demanda de casación a efectos de ser tenida como un verdadero juicio técnico de impugnación, valorativo y preciso.”
Legislación citada
- Código Procesal Civil, art. 721, Numeral 2 (Jerarquía Ordinaria)
Jerarquía: Reiterativa
...“Respuesta de la Sala de lo Civil. El recurrente viene impugnando la sentencia por aplicación indebida de un precepto arguyendo que la norma no regula la situación controvertida, al respecto esta Sala aprecia que el recurrente ha equivocado el modo de impugnación en virtud de que el juicio versa precisamente sobre el pago de mejoras realizadas en terreno de otro, situación fáctica que regula en distintos supuestos el artículo 659 del Código Civil; en opinión de este Tribunal si el censor estima que ese precepto no le atribuye al demandante el derecho para accionar, lo que está haciendo es cuestionar el sentido o alcance de tal precepto, en cuyo caso la vía de acceso sería a través de la interpretación errónea de la norma no de una aplicación indebida en tanto que la interpretación errónea “consiste en aplicar la ley con un sentido distinto del que verdaderamente tiene. La sentencia citó la ley debidamente, pero no le dio su significación precisa, aumentó o restringió sus efectos y consecuencias, o alteró su propia naturaleza” en cambio la aplicación indebida sugiere la concurrencia de una norma ajena totalmente a la cuestión debatida, lo que no acontece en el caso de marras, por otra parte el impetrante si bien manifiesta que esta infracción se relaciona con los artículos 262 del Código de Procedimientos de 1906, 3 del Código Procesal Civil y el 90 constitucional, no ha sido capaz de explicar en que consiste esa relación, restándole con ello claridad al motivo, además de cometer el yerro de incorporar la impugnación de una norma de índole procesal en una causal de naturaleza material o sustantiva, dando lugar nuevamente a la causal de inadmisibilidad prevista en el artículo 723. 2. a) del Código Procesal Civil.”
Legislación citada
- Código Procesal Civil, art. 723, Numeral 2. a) (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACION
La Infrascrita Receptora Adscrita a la Sala de lo Civil de la Corte Suprema de Justicia, Certifica el Auto que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los diecisiete días del mes de mayo de dos mil diecisiete, la Sala de lo Civil integrada por los Magistrados: WILFREDO MENDEZ ROMERO como Coordinador, RINA AUXILIADORA ALVARADO MORENO y REYNALDO ANTONIO HERNÁNDEZ, designado ponente para el conocimiento y redacción de la resolución del presente Recurso de Casación, en la fecha supra indicada dictan el siguiente AUTO: SON PARTES: La señora ALBA CRISTINA ANDINO, también conocida como ALBA CRISTINA ANDINO DE ALCANTARA representada en juicio por el abogado WALTER ANTONIO AGUILAR MONCADA como recurrente; siendo recurrido el señor ARMANDO GODOY ANDINO, representado en juicio por el abogado OTTO GRIFFIN CARIAS. OBJETO DEL PROCESO: “DEMANDA ORDINARIA DE PAGO POR LAS MEJORAS CONSTRUIDAS EN UN INMUEBLE”, promovida en fecha diez de febrero del año dos mil diez, ante el Juzgado de Letras Civil del Departamento de Francisco Morazán, por los abogados RAMON OVIDIO NAVARRO DUARTE y OTTO GRIFFIN CARIAS, mayores de edad, casados, con domicilio en Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, en su condición de representantes procesales del señor ARMANDO GODOY ANDINO, mayor de edad, soltero, Ingeniero Eléctrico, hondureño y de este domicilio, contra la señora ALBA CRISTINA ANDINO DE ALCANTARA, mayor de edad, casada, Perito Mercantil y Contador Público, hondureña y de este domicilio. ANTECEDENTES DE HECHO PRIMERO: Con fecha quince de mayo del año dos mil quince, la Corte Primera de Apelaciones de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán, conociendo por vía de apelación de la sentencia definitiva de fecha seis de mayo del año dos mil catorce, dictada por el Juzgado de Letras Civil del Departamento de Francisco Morazán, en el juicio de merito, dictó sentencia CONFIRMANDO la dictada por el A-quo misma que falló de la siguiente manera: “FALLA: 1) Declarando CON LUGAR la Demanda Ordinaria de Pago por las Mejoras Construidas en un inmueble, promovida por los Abogados RAMON OVIDIO NAVARRO DUARTE y OTTO GRIFFIN CARIAS en su condición de apoderados legales del señor ARMANDO GODOY ANDINO, contra la señora ALBA CRISTINA ANIDNO DE ALCATARA todos de generales ya conocidas en el preámbulo de la presente Sentencia y SIN LUGAR la indemnización de daños y perjuicios por no haberse acreditado éstos plenamente en juicio.- En consecuencia CONDENA a la Demandada señora ALBA CRISTINA ANDINO DE ALCANTARA a pagar al señor ARMANDO GODOY ANDINO la cantidad de SEIS MILLONES SEISCIENTOS VEINTIUN MIL QUINIENTOS DOCE LEMPIRAS CON SETENTA Y SEIS CENTAVOS (L 6,621,512.76) en concepto de construcción y mejoras realizadas al inmueble ubicado en las Mesas Km 37-5 Municipio de San Antonio de Oriente departamento de Francisco Morazán carretera a Danlí.- Y MANDA: Que si dentro del término de Ley no se interpone recurso alguno contra este fallo, quede firme el mismo. SIN COSTAS en virtud de que ambas partes tuvieron motivos suficientes para litigar.- NOTIFIQUESE.-” SEGUNDO: El abogado WALTER ANTONIO AGUILAR MONCADA, en su condición de representante procesal de la señora ALBA CRISTINA ANDINO también conocida como ALBA CRISTINA ANDINO DE ALCANTARA, en fecha veintiséis de junio del año dos mil quince, presentó escrito de interposición y formalización del recurso de casación contra la sentencia de fecha quince de mayo del año dos mil quince, dictada por la Corte Primera de Apelaciones de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán, resolviendo el Ad-quem, mediante proveído de fecha uno de julio del año dos mil quince, tener por interpuesto y formalizado el recurso de casación por parte del Recurrente y acordó conceder a la parte contraria el plazo de diez días hábiles para que se pronunciara sobre el contenido del escrito, debiendo entregársele copia del mismo. TERCERO: El representante procesal del señor ARMANDO GODOY ANDINO, abogado OTTO GRIFFIN CARIAS, presentó en fecha treinta y uno de julio del año dos mil quince, escrito de pronunciamiento sobre el contenido del recurso de casación interpuesto y formalizado por la contraparte, resolviendo la Corte Primera de Apelaciones de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán, remitir las presentes diligencias a la Honorable Corte Suprema de Justicia en el plazo que manda la ley para proseguir con el trámite correspondiente. CUARTO: Recibidas las actuaciones en éste Tribunal, los abogados WALTER ANTONIO AGUILAR MONCADA y OTTO ENRIQUE GRIFFIN CARIAS, ambos en su condición ya indicadas, presentaron escritos de personamiento en fechas once y doce de agosto del año dos mil quince, resolviendo este Tribunal, mediante proveído de fecha uno de septiembre del año dos mil quince, tenerlos por personados dentro del plazo concedido.
QUINTO: Que la parte recurrente plantea su recurso de casación contra la sentencia dictada por la Corte Primera de Apelaciones de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán, de la siguiente manera: “PRIMER MOTIVO PRECEPTO AUTORIZANTE: Artículo 719, No. 1, literal b) del Código Procesal Civil, en lo concerniente a la infracción de garantías procesales que suponen nulidad. DISPOSICIONES INFRINGIDAS: Interpretación errónea del Artículo 3- del Código Procesal Civil en relación con los artículos 262.-, del Código de Procedimientos Civiles, vigente a la fecha de la presentación de la demanda y 90.- párrafo primero de la Constitución de la República. BREVE RELACION DE LOS ANTECEDENTES 1°- CON FECHA 25 DE ENERO DEL AÑO 2010, el Abogados Ovidio Navarro Duarte y el Licenciado Otto Griffin Carias, actuando como apoderados del señor Armando Godoy Andino, promovieron demanda ordinaria en el Juzgado de Letras Civil del departamento de Francisco Morazán contra la señora Alba Cristina Andino para el pago de la cantidad de SIETE MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL CIENTO ONCE LEMPIRAS CON CINCUENTA Y SEIS CENTAVOS DE LEMPIRA (L. 7,639,111.56), más daños y perjuicios, intereses legales y costas del juicio, la que se ha tramitado regulada por el Código de Procedimientos Civiles de 1906, con excepción de los recursos en cumplimiento de lo preceptuado en el artículo 913.-, del Código Procesal Civil. 2°.- La demandada, señora Alba Cristina Andino, también conocida como Alba Cristina Andino de Alcántara, contesto la demanda EL 13 DE MAYO DEL AÑO 2010, refutando sustancialmente todas las pretensiones de la parte demandante. 3- La parte actora no acompañó al escrito de su demanda ningún documento público o privado en que fundamenta sus pretensiones, ni señaló donde se encontraban ni en poder de que persona estaban POR NO TENERLOS EL A SU DISPOSICIÓN, Nl PRESENTO ningún documento antes de la contestación de la demanda. 4°.-La parte actora presentó varios documentos privados en el primer periodo probatorio abierto y declarado en curso en auto fechado EL 14 DE MAYO DEL 2010. 5° El Juzgado de Letras Civil del departamento de Francisco Morazán, dictó sentencia definitiva el 6 de mayo de 2014, sustentada EN LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR LA PARTE ACTORA E INCORPORADA A LOS AUTOS EN EL PRIMER PERIODO PROBATORIO, declarando con lugar la demanda en cuanto al pago por las mejoras construidas en un inmueble y sin lugar en cuanto al reclamo de daños y perjuicios. 6°.- El “POR TANTO”, y la parte dispositiva de la sentencia dictada en Primera Instancia, en fecha 6 de mayo de 2014, literalmente dice: “POR TANTO: Este Juzgado de Letras Civil del Departamento de Francisco Morazán, en nombre de la República de Honduras y en aplicación de los artículos 62, 70, 80, 303 y 304 de la Constitución de la República; 1, 40, No. 1, 137 y 143 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 5, 6, 11, 17, 1346, 1347, 1350, 1360, 1364, 1365, 1372 y 2236 del Código Civil, 183, 184, 187, 188, 189, 190, 191, 192, :300, 309, :320, 338, 352, 356, 410, 413, 414 y 415 del Código de Procedimientos Civiles; FALLA: 1) Declarando CON LUGAR la demanda ordinaria de pago por las mejoras construidas en un inmueble, promovida por los Abogados RAMON OVIDIO NAVARRO DUARTE y OTTO GRIFFIN CARIAS en su condición de apoderados legales del señor ARMANDO GODOY ANDINO, contra la señora ALBA CRISTINA ANDINO DE ALCANTARA todos de generales ya conocidas en el preámbulo de la presente Sentencia y SIN LUGAR la indemnización de daños y perjuicios por no haberse acreditado éstos plenamente en juicio.- En consecuencia CONDENA a la Demandada señora ALBA CRISTINA ANDINO DE ALCANTARA a pagar al señor ARMANDO GODOY ANDINO la cantidad de SEIS MILLONES SEISCIENTOS VEINTIUN MIL QUINIENTOS DOCE LEMPIRAS CON SETENTA Y SEIS CENTAVOS DE LEMPIRA (L. 6.621,512.76) en concepto de construcción y mejoras realizadas al inmueble ubicado en las mesas Km 37-5 Municipio de San Antonio de Oriente departamento de Francisco Morazán carretera a Danli.- Y MANDA: Que si dentro del término de Ley no se interpone recurso alguno contra este fallo, quede firme el mismo. SIN COSTAS en virtud de que ambas partes tuvieron motivos suficientes para litigar.- NOTIFIQUESE.-” 7°- Interpuesto el recurso de apelación por la parte demandada, la parte actora se adhirió a la apelación y, la Honorable Corte Primera de Apelaciones de lo Civil de este departamento de Francisco Morazán con sede en Tegucigalpa, D.C., dictó sentencia definitiva el 15 de mayo del año 2015, por la que, corrigiendo la fundamentación jurídica del fallo dictado en Primera Instancia lo confirmó, sin costas. 8° La “PARTE DISPOSITIVA” de la sentencia dictada por la Corte Primera de Apelaciones de lo Civil de este departamento de Francisco Morazán, en fecha 15 de mayo de 2015, literalmente dice: “PARTE DISPOSITIVA” POR TANTO: Esta Corte Primera de Apelaciones de lo Civil de este Departamento de Francisco Morazán, en nombre del Estado de Honduras, por UNANIMIDAD DE VOTOS, siendo Ponente la Magistrada Vásquez Ordoñez, FALLA: 1) Declarando sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada ALBA CRISTINA ANDINO. 2) Declarando sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante ARMANDO GODOY ANDINO.- 3) Confirmando la sentencia recurrida dictada el 6 de mayo de 2014, por el Juzgado de Letras Civil del Departamento de Francisco Morazán, en la demanda ordinaria promovida por los Abogados RAMON OVIDIO NAVARRO DUARTE y OTTO GRIFFIN CARIAS en su condición de apoderados legales del señor ARMANDO GODOY ANDINO, contra la señora ALBA CRISTINA ANDINO DE ALCANTARA, corrigiendo la motivación jurídica del fallo, a fin de darle la adecuada fundamentación.- 4) Sin costas en esta instancia- Y MANDA: Que firme que sea esta sentencia, con la certificación de estilo se devuelva al Juzgado de su procedencia Debiendo la Juez A quo, al recibo del expediente dar cumplimiento a lo establecido en el Artículo 6.2 del código Procesal Civil, en relación al incumplimiento del Secretario en el plazo establecido en la Ley, para la remisión de los antecedentes a este Tribunal- NOTIFIQUESE.-”. 9º.- Esa sentencia dictada por la Honorable Corte Primera de Apelaciones de lo Civil de este departamento de Francisco Morazán, se fundamenta en los siguientes artículos: 1, 2, 3, 4, 6, 6.2, 11, 13, 15, 16, 23, 28, 29, 31,2, 33, 34.1, 195, 200, 206, 207, 208, 219, 219.2, 221, 245,700, 705, 705.1, 707,709, 711, 713, 728.2 y 913, de) Código Procesal Civil: 1, 55.2 y 139 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales: 80, 82 90, 303 y 304, de la Constitución de la República: 613, 650, 659, párrafos primero y segundo, 713,1522,1526,1527,1575.1, del Código Civil; 192,336 y 407, del Código de Procedimiento (Civiles); 1,7,8,10 y 22 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 14 y 26, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; II, XVIII, XXIV, XVIII y XXXIII, de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; 8, 24 y 25, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos TEXTO DEL PRECEPTO PROCESAL INFRINGIDO POR SU INTERPRETACION ERRONEA. “Las partes tienen derecho a que el proceso SE DESARROLLE POR LOS TRÁMITES PREVISTOS LEGALMENTE, A QUE SE RESPETEN LOS DERECHOS PROCESALES establecidos en la Constitución de la República y en las leyes ordinarias en condiciones de igualdad y sin dilaciones, y a que se dicte por órgano jurisdiccional competente, independiente e imparcial, UNA RESOLUCIÓN DE FONDO JUSTA y motivada.”.- Artículo 3- del código Procesal Civil.- Las mayúsculas y resaltados son nuestros. TEXTO DE LAS DISPOSICIONES LEGALES CITADAS EN RELACION_CON EL_PRECEPTO PROCESAL INFRINGIDO POR SU INTERPRETACION_ERRONEA.1°.-“EL ACTOR DEBE ACOMPAÑAR CON LA DEMANDA LOS INSTRUMENTOS EN QUE LA FUNDE. Si no los tuviere a su disposición, designará el lugar en que se encuentran o la persona en cuyo poder obran. CONTESTADA LA DEMANDA, NO SE ADMITIRÁN AL ACTOR OTROS INSTRUMENTOS QUE LOS MENCIONADOS EN EL PÁRRAFO PRECEDENTE, los relativos a hechos nuevos y aquellos cuyo paradero jure no haber conocido antes. Puede el juez rechazar de oficio la demanda que no se conforme a lo dispuesto en este y el precedente articulo, expresando en el decreto el defecto de que adolece.”.- Articulo 262.- del Código de Procedimiento Civiles, Las mayúsculas y resaltados son nuestros. 2º.- “NADlE PUEDE SER JUZGADO sino por juez o tribunal competente con las FORMALIDADES, DERECHOS Y GARANTIAS QUE LA LEY ESTABLECE.”.- Articulo 90, párrafo primero de la Constitución de la Republica.- Las mayúsculas y resaltados son nuestro. EXPLICACION DE LA INFRACCION POR INTERPRETACJON ERRONEA DEL ARTICULO 3.- DEL CODIGO PROCESAL CIVIL 1°.El artículo 3.-, del Código Procesal Civil concede a las partes los siguientes derechos: I.- A que el proceso se desarrolle por los TRAMITES PREVISTOS LEGALMENTE. II- A QUE SE RESPETEN LOS DERECHOS PROCESALES establecidos en la Constitución de la Republica y en las leyes ordinarias en CONDICIONES DE IGUALDAD y sin dilaciones. III.- A que se dicte por órgano jurisdiccional competente, independiente e imparcial, una RESOLUCIÓN DE FONDO JUSTA y motivada. 2° El artículo 262-, del Código de Procedimientos Civiles, vigente al tiempo de la presentación de la demanda ordena: I.- Que el actor DEBE ACOMAPAÑAR CON LA DEMANDA LOS INSTRUMENTOS EN QUE LA FUNDE. II.- Que si no los tiene a su disposición. Designare el lugar en que se encuentran o la persona en cuyo poder obran. III.- CONTESTADA LA DEMANDA, NO SE ADMITIRAN AL ACTOR OTROS INSTRUMENTOS QUE LOS MENCIONADOS EN EL PÁRRAFO PROCEDENTE, LOS RELATIVOS A HECHOS NUEVOS Y AQUELLOS CUYO PARADERO JURE NO HABER CONOCIDO ANTES. 3°.- La sentencia definitiva dictada por el Tribunal de Alzada y objeto del presente recurso, declara con lugar la demanda y condena a la demandada A PAGAR al demandante la cantidad de SEIS MLLONES SEISCIENTOS VEINTIUN MIL QUINIENTOS DOCE LEMPIRAS CON SETENTA Y SEIS CENTAVOS DE LEMPIRA (L 6,621,512.76), CON SUSTENTACIÓN EN DOCUMENTOS PRIVADOS INCORPORADOS AL PROCESO EN EL PRIMER PERIODO PROBATORIO. 4º.- De lo anterior resulta que la sentencia definitiva dictada por la Honorable Corte Primera de Apelaciones de lo Civil del departamento de Francisco Morazán el 15 de mayo del año 2015, ha interpretado erróneamente el articulo 3.-, del Código Procesal Civil en el sentido de QUE LO CITA COMO FUNDAMENTO JURÍDICO DE LA SENTENCIA DEFINITIVA OBJETO DEL PRESENTE RECURSO, PERO DISTORSIONANDO SU CONTENIDO, PORQUE FACTICAMENTE ESA SENTENCIA SE FUNDAMENTA EN UNOS DOCUMENTOS PROBATORIOS INCORPORADOS ILICITAMENTE AL PROCESO. Infracción cometida en relación con los artículos 262.-, del Código de Procedimientos Civiles, que establece los momentos procesales oportunos para la presentación de la prueba documental SO PENA DE NO ADMITIRLOS CON POSTERIORIDAD; y, 90.-,párrafo primero de la Constitución de la República, que prohíbe juzgar a persona alguna SIN las formalidades, derechos y garantías que la ley establece, todo lo cual causa grave agravio o perjuicio a la demandada porque perderá su casa de habitación ya que careciendo de los recursos económicos para pagar la cantidad a que se le condena, le será embargada y subastada, a consecuencia de una sentencia condenatoria injusta y no arreglada a derecho. SEGUNDO MOTIVO PRECEPTO AUTORIZANTE: Artículo 719, No. 2, del código Procesal Civil. DISPOCICIONES INFRINGIDAS: Aplicación indebida del articulo 659.-, párrafo segundo, del Código Civil, en relación con los artículos 262.-, del Código de Procedimientos Civiles, vigente a la fecha de la presentación de la demanda; 3.- del Código Procesal Civil; y, 90.- párrafo primero de la Constitución de la Republica. TEXTO DEL PRECEPTO LEGAL INFRINGIDO POR APLICACIÓN INDEBIDA “Si se ha edificado, plantado o sembrado a ciencia y paciencia del dueño del terreno, será este obligado, PARA RECOBRARLO, a pagar el valor del edificio, plantación o sementera.”.- Articulo 659..- párrafo segundo del Código Civil.- Las mayúsculas y resaltados son nuestros. TEXTO DE LOS PRECEPTOS LEGALES RELACIONADOS CON EL PRECEPTO LEGAL INDEBIDAMENTE APLICADO 1 °.-”EL ACTOR DEBE ACOMPAÑAR CON LA DEMANDA LOS INSTRUMENTOS EN QUE LA FUNDE. SI NO LOS TUVIERE A SU DISPOSICIÓN, designará. el lugar en que se encuentran o la persona en cuyo poder obran. CONTESTADA LA DEMANDA, NO SE ADMITIRÁN AL ACTOR OTROS INSTRUMENTOS QUE LOS MENCIONADOS EN EL PÁRRAFO PRECEDENTE, los relativos a hechos nuevos y aquellos cuyo paradero jure no haber conocido antes. Puede el Juez rechazar de oficio la demanda que no se conforme a lo dispuesto en éste y el precedente articulo, expresando en el decreto el defecto de que adolece.”.- Articulo 262.- del Código de Procedimiento Civiles.- Las mayúsculas y resaltados son nuestros. 2.-“Las partes tienen derecho a que el proceso SE DESARROLLE POR LOS TRÁMITES PREVISTOS LEGALMENTE, A QUE SE RESPETEN LOS DERECHOS PROCESALES establecidos en la Constitución de la República y en las leyes ordinarias en condiciones de igualdad y sin dilaciones, y a que se dicte por órgano jurisdiccional competente, independiente e imparcial, UNA RESOLUCIÓN DE FONDO JUSTA y motivada.”.- Articulo 3.- del código Procesal Civil. Las mayúsculas y resaltados son nuestros. 3°- “NADIE PUEDE SER JUZGADO sino por juez o tribunal competente con las FORMALIDADES, DERECHOS Y GARANTÍAS que la ley establece.”.- Artículo 90, párrafo primero de la Constitución de la Republica.- Las mayúsculas y resaltados son nuestros. EXPLICACION DE LA APLICACIÓN INDEBIDA 1°.-El señor Armando Godoy Andino, por medio de sus apoderados judiciales promovió demanda ordinaria el 25 de enero de 2010, en el Juzgado de Letras Civil de este departamento de Francisco Morazán, contra la señora Alba Cristina Andino para que sea condenada a pagarle la cantidad de SIETE MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL CIENTO ONCE LEMPIRAS CON CINCUENTA Y SEIS CENTAVOS DE LEMPIRA (L. 7,639,111.56), por las mejoras construidas en un inmueble, más daños y perjuicios. Se expresa en los hechos de la demanda que el señor ARMANDO Godoy Andino comenzó a construir su casa de habitación en un terreno del que tenia la plena. Convicción de que era de su propiedad, porque le proporcionó el dinero a la señora Alba Cristina Andino para que se lo comprara para él y que fue después de cinco años que se enteró de que la demandada lo había comprado para ella según consta en la escritura pública No. 250, autorizada el 22 de agosto de 1998, por el Notario Jesús Adolfo Cantarero e inscrito bajo asiento No. 65, tomo 3427, del Libro Registro de Propiedad, Hipotecas y Anotaciones Preventivas de este departamento de Francisco Morazán, porque llego a su poder una fotocopia de ese instrumento público. 2°- La señora Alba Cristina Andino, también conocida como Alba Cristina Andino de Alcántara, contestó la demanda el 13 de mayo del 2010, expresando que ella es la legitima dueña del terreno y también de lo en él edificado y que no le debe nada al demandante, quien sólo intervino como el profesional de la Ingeniería encargado de la construcción y que en la misma el no invirtió ningún dinero. 3- Para acreditar las pretensiones de su demanda la parte actora presentó una serie de documentos privados en el primer periodo probatorio declarado abierto y en curso en AUTO DE FECHA 14 DE MAYO DEL 2010. 4°.- El Tribunal de Primera Instancia dicto sentencia definitiva el 6 de mayo del 2014, por la cual condena a la parte demandada a pagarle al demandante la cantidad de SEIS MILLONES SEISCIENTOS VEINTIUN MIL QUINIENTOS DOCE LEMPIRAS CON SETENTA Y SEIS CENTAVOS DE LEMPIRA (L. 6,621,512.76) en concepto de construcción y mejoras realizadas en el terreno propiedad de la demandada. 5°.-, El Tribunal de Alzada dictó sentencia definitiva el 15 de mayo del 2015, por la cual confirma el fallo de Primera Instancia, corrigiendo su fundamentación jurídica. 6°.- La sentencia definitiva dictada por el Tribunal de Alzada, se fundamenta fácticamente en los documentos privados presentados e incorporados al juicio en el curso del primer periodo probatorio; y, jurídicamente en el articulo 659.-, párrafo segundo, de nuestro Código Civil cuyo texto dice: “Si se ha edificado, plantado o sembrado a ciencia y paciencia del dueño del terreno, será este obligado, PARA RECOBRARLO, a pagar el valor del edificio, plantación o sementera.”.- Articulo 659..-, párrafo segundo del Código Civil.- Las mayúsculas y resaltados son nuestros. 7°.- Ese precepto legal SOLO establece un derecho a favor de la persona en cuyo terreno otra persona ha edificado plantado o sembrado a ciencia y paciencia de la propietaria que es el de recuperar su terreno SI QUIERE HACERLO, desde luego que pagando el valor de lo edificado plantado o sembrado. 8°.- En el caso concreto que nos ocupa la demandada no ha ejercido ninguna acción para recuperar su terreno, ni tiene porque hacerlo, YA QUE ESTA EN POSESION tanto de su terreno como de lo en él mismo edificado. 9º.-De lo anterior resulta que la sentencia definitiva condenatoria dictada por la Honorable Corte Primera de Apelaciones de lo Civil de este departamento de Francisco Morazán, el 15 de mayo de 2015, APLICA INDEBIDAMENTE el articulo 659.- párrafo segundo de nuestro Código Civil, en el sentido de que ESE PRECEPTO LEGAL NO ES EL IDÓNEO PARA RESOLVER EN EL FONDO EL CONFLICTO DE DERECHO DEBATIDO EN EL LITIGIO, PORQUE NO LE ATRIBUYE AL DEMANDANTE NINGÚN DERECHO PARA INICIAR ACCIONES ANTE LOS TRIBUNALES DE JUSTICIA, aplicación indebida relacionada con los artículos 262.-, del Código de Procedimientos Civiles, vigente al tiempo de presentación de la demanda; 3.-, del Código Procesal Civil; y, 90.- párrafo primero de la Constitución de la República que IMPONEN LA OBSERVANCIA DEL DEBIDO PROCESO, todo lo cual causa grave agravio o perjuicio a la demandada porque perderá su casa de habitación ya que careciendo de los recursos económicos para pagar la cantidad a que se le condena, le será embargada y subastada, a consecuencia de una sentencia condenatoria injusta y no arreglada a derecho.” I. FUNDAMENTOS DE DERECHO 1. Esta Sala de lo Civil, viene reiterando la naturaleza y función del recurso de casación, así pues, el recurso de casación tiene una función nomofiláctica, en virtud de lo cual el artículo 716 del Código Procesal Civil dispone dos fines expresos, el primero de ellos, es la protección de las normas del ordenamiento jurídico, y esto se hace, procurando y promoviendo la más adecuada aplicación e interpretación del derecho objetivo. El segundo fin es la unificación de la jurisprudencia nacional. Por su parte el numeral dos del artículo precitado, conmina a este alto tribunal a que aplique e interprete las normas referidas al recurso de casación atendiendo a la finalidad de unificación de la jurisprudencia, esto como instrumento de garantía de la igualdad de todos ante la ley, y de la seguridad y certidumbre jurídicas. (Ver resoluciones de fechas 13-12-2013 exp. 236-2012; 18-03-2014 exp. 003-2013; y 06-05-2014 exp. 135-2013). 2. De conformidad con el artículo 719 del Código Procesal Civil, se podrá impugnar la aplicación e interpretación de las normas procesales, así como la aplicación e interpretación de las normas de derecho empleadas para la solución de fondo del litigio, y de conformidad con el artículo 721 del mismo código, el recurso de casación se interpondrá por escrito ante la Corte de Apelaciones que hubiere dictado la sentencia dentro de los veinte días siguientes al de la notificación. En ese escrito se harán constar los motivos en que la casación se base, con expresión de las normas de derecho cuya infracción sustente cada motivo. Todo ello se deberá fundar con la suficiente separación y claridad, precisando y justificando la incidencia de la infracción en el sentido de la resolución impugnada, también se hará constar si el recurrente estima necesario la celebración de la audiencia. 3. Con los requisitos formales establecidos en el artículo 721 del Código Procesal Civil queda reconocido el denominado principio de “Debida Técnica”, que constituyen los mínimos requerimientos que debe contener la demanda de casación a efectos de ser tenida como un verdadero juicio técnico de impugnación, valorativo y preciso. 4. DEL RECURSO DE CASACION INTERPUESTO POR EL ABOGADO WALTER ANTONIO AGUILAR MONCADA EN SU PRIMER MOTIVO. El recurrente fundamenta su motivo en el artículo 719 numeral 1) literal b) del Código Procesal Civil, por infracción de normas procesales que suponen nulidad, señalando como normas infringidas por interpretación errónea el artículo 3 del Código Procesal Civil, en relación con los artículos 262 del Código de Procedimientos Civiles y 90 párrafo primero de la Constitución de la República. Al pretender explicar su motivo, el impetrante alega que “la Corte de Apelaciones ha interpretado erróneamente el artículo 3 del Código Procesal Civil en el sentido de que lo cita como fundamento de la sentencia definitiva pero distorsionando su contenido, porque tácitamente esa sentencia se fundamenta en unos documentos probatorios incorporados ilícitamente al proceso, infracción cometida en relación con los artículos 262 del Código de Procedimientos Civiles, que establece los momentos procesales oportunos para la presentación de la prueba documental, so pena de no admitirlos con posterioridad y 90 párrafo primero de la Constitución de la República, que prohíbe juzgar a persona alguna sin las formalidades, derechos y garantías que la ley establece”. Respuesta de la Sala de lo Civil. El recurrente señala la interpretación errónea del artículo 3 del Código Procesal Civil que contiene un principio procesal de carácter general, desarrollado en tres aspectos, uno relativo al derecho de las partes a que el proceso se desarrolle por los trámites previstos legalmente, otro atinente al respeto de los derechos procesales establecidos en la Constitución de la República y en las leyes ordinarias en condiciones de igualdad y sin dilaciones; y un tercer aspecto referente a que se dicte por órgano jurisdiccional competente, independiente e imparcial, una resolución de fondo justa y motivada. Al examinar la resolución recurrida en los numerales tercero y cuarto de la sentencia, el Tribunal de apelaciones cita íntegramente el artículo 3 del Código Procesal Civil para luego interpretar que la sentencia debe ser apegada a la razón y a la justicia y motivada, expresando con la debida claridad los razonamientos fácticos y jurídicos que conducen a la apreciación y valoración de las pruebas, así como a la interpretación del derecho, luego agrega que las sentencias deben ser claras pues no pueden apartarse de lo que las mismas partes han pedido; precisas, es decir motivando los razonamientos fácticos y jurídicos que conducen a la apreciación y valoración de las pruebas, así como la aplicación e interpretación del derecho, congruentes con las demanda y demás pretensiones deducidas oportunamente en el pleito por las partes. Al confrontar esta explicación del Tribunal de apelaciones con los argumentos del impetrante no se observa una explicación clara acerca de en que consiste la interpretación errónea de ese principio, pues si bien el recurrente lo relaciona con el artículo 262 del Código de Procedimientos de 1906, no aporta una vinculación entre ambos preceptos que precisen en que radica la interpretación errónea, primero porque el Tribunal de segunda instancia únicamente se ha dado a la tarea de interpretar en su sentencia el contenido del artículo 3 del Código Procesal Civil y el recurrente no ha sido capaz de indicar claramente porque esa interpretación ofrecida por el Tribunal es errónea, en segundo lugar, porque la Corte de Apelaciones no se ha ocupado en su resolución de explicar el contenido, sentido y alcance del artículo 262 del Código de Procedimientos de 1906 por lo que no podemos hablar de interpretación errónea de un artículo del cual no se ocupó el órgano jurisdiccional recurrido, por consiguiente no existe claridad suficiente en la exposición de este motivo, dando lugar a la causal de inadmisibilidad prevista en el artículo 723. 2. a) del Código Procesal Civil. 5. DEL RECURSO DE CASACION INTERPUESTO POR EL ABOGADO WALTER ANTONIO AGUILAR MONCADA EN SU SEGUNDO MOTIVO POR APLICACIÓN INDEBIDA DEL ARTÌCULO 659 PÀRRAFO SEGUNDO DEL CODIGO CIVIL EN RELACION CON LOS ARTICULOS 262 DEL CODIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES, 3 DEL CÓDIGO PROCESAL CIVIL Y 90 PÁRRAFO PRIMERO DE LA CONSTITUCION DE LA REPUBLICA. El recurrente señala como precepto autorizante el artículo 719.2 del Código Procesal Civil, expresando que las disposiciones infringidas por aplicación indebida son los artículos 659 párrafo segundo del Código Civil en relación con los artículos 262 del Código de Procedimientos de 1906, 3 del Código Procesal Civil y 90 párrafo primero de la Constitución de la República. Al pretender explicar su motivo alega el recurrente que este precepto legal solo establece un derecho a favor de la persona en cuyo terreno otra persona ha edificado, plantado o sembrado a ciencia y paciencia de la propietaria, que es el de recuperar su terreno si quiere hacerlo, desde luego pagando el valor de lo edificado, plantado o sembrado, agregando que en el caso de autos la demandada no ha ejercitado ninguna acción para recuperar su terreno, ni tiene que hacerlo, ya que está en posesión tanto de su terreno como de lo edificado, alegando además que ese precepto legal no es idóneo para resolver el asunto debatido porque no le atribuye al demandante el derecho para iniciar acciones ante los tribunales de justicia, relacionando este artículo con el 262 del Código de Procedimientos de 1906, el artículo 3 del Código Procesal Civil y el 90 párrafo primero constitucional. Respuesta de la Sala de lo Civil. El recurrente viene impugnando la sentencia por aplicación indebida de un precepto arguyendo que la norma no regula la situación controvertida, al respecto esta Sala aprecia que el recurrente ha equivocado el modo de impugnación en virtud de que el juicio versa precisamente sobre el pago de mejoras realizadas en terreno de otro, situación fáctica que regula en distintos supuestos el artículo 659 del Código Civil; en opinión de este Tribunal si el censor estima que ese precepto no le atribuye al demandante el derecho para accionar, lo que está haciendo es cuestionar el sentido o alcance de tal precepto, en cuyo caso la vía de acceso sería a través de la interpretación errónea de la norma no de una aplicación indebida en tanto que la interpretación errónea “consiste en aplicar la ley con un sentido distinto del que verdaderamente tiene. La sentencia citó la ley debidamente, pero no le dio su significación precisa, aumentó o restringió sus efectos y consecuencias, o alteró su propia naturaleza” en cambio la aplicación indebida sugiere la concurrencia de una norma ajena totalmente a la cuestión debatida, lo que no acontece en el caso de marras, por otra parte el impetrante si bien manifiesta que esta infracción se relaciona con los artículos 262 del Código de Procedimientos de 1906, 3 del Código Procesal Civil y el 90 constitucional, no ha sido capaz de explicar en que consiste esa relación, restándole con ello claridad al motivo, además de cometer el yerro de incorporar la impugnación de una norma de índole procesal en una causal de naturaleza material o sustantiva, dando lugar nuevamente a la causal de inadmisibilidad prevista en el artículo 723. 2. a) del Código Procesal Civil. I. PARTE DISPOSITIVA Por lo antes expuesto la Sala de lo Civil de la Corte Suprema de Justicia, pronunciándose por unanimidad de votos e impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, en base a los fundamentos de derecho citados y haciendo aplicación de los artículos 82, 303, 304, 313 numeral 5) y 316 de la Constitución de la República; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 115, 118 numeral 1), 129, 169, 170, 190, 191, 193 numeral 2, literal b), 197, 716, 717, 718, 719, 721, 722, 723. 2. a), 724, del Código Procesal Civil; profiere el presente AUTO IRRECURRIBLE y DECLARA: 1) La inadmisión del recurso de casación en sus dos motivos interpuesto y formalizado por el abogado WALTER ANTONIO AGUILAR MONCADA en la condición con que actúa. 2) Firme la sentencia recurrida dictada en fecha quince de mayo del año dos mil quince, por la Corte Primera de Apelaciones de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán, en el expediente de apelación número 0801-2010-00810-CO, originado en los autos que conforman la primera pieza que se registra bajo el número 0801-2010-00810-CO del Juzgado de Letras Civil del Departamento de Francisco Morazán. 3) Condenar en costas a la parte recurrente. Y MANDA: Remitir las presentes actuaciones, junto con la certificación de esta resolución al Tribunal de su procedencia, previa notificación de este auto a las partes personadas, por medio de sus apoderados legalmente constituidos en juicio. NOTIFIQUESE. FIRMAS Y SELLO. WILFREDO MENDEZ ROMERO. MAGISTRADO COORDINADOR. RINA AUXILIADORA ALVARADO MORENO. MAGISTRADA. REYNALDO ANTONIO HERNANDEZ. MAGISTRADO. FIRMA Y SELLO. BETTY JANETH PALMA O´CONNOR. RECEPTORA ADSCRITA”.
Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los quince días del mes de junio de dos mil diecisiete; Certificación del auto de fecha diecisiete de mayo del dos mil diecisiete, recaído en Recurso de Casación registrado bajo el No. S.C. 223=2015.
BETTY JANETH PALMA O’CONNOR
RECEPTORA ADSCRITA
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