Chilo Legal Biblioteca Consulta Legal
⚠️
Documento pendiente de verificación

Este texto aún no ha sido revisado por un curador; podría contener errores de transcripción.

Sentencia CC-202-15 — Registro 6782

Resumen

En primera instancia se desestimo la demanda de pago de honorarios profesionales y confirmados en segunda instancia.

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

… “MOTIVACION Y FUNDAMENTOS DE DERECHO 1.- El recurso de casación tiene claramente definidos dos fines expresos al tenor de lo preceptuado por el artículo 716 del Código Procesal Civil, el primero de ellos es su función nomofiláctica, entendida ésta como “la exacta observancia de la ley”, es decir la protección de las normas del ordenamiento jurídico, mediante la procura y promoción de la más adecuada aplicación e interpretación del derecho objetivo. El segundo fin es la unificación de la jurisprudencia nacional, misma que se explica en el sentido de que habiendo situaciones iguales debe pronunciarse decisiones iguales, siempre y cuando no concurran razones objetivas y razonables que justifiquen un trato desigual, en otras palabras, la evolución de la jurisprudencia. Por su parte el numeral dos del artículo precitado, conmina a este alto tribunal a que aplique e intérprete las normas referidas al recurso de casación atendiendo a la finalidad de unificación de la jurisprudencia, esto como instrumento de garantía de la igualdad de todos ante la ley, y de la seguridad y certidumbre jurídicas. 2.- El recurso extraordinario de casación es esencialmente formalista, por lo que indefectiblemente en su formulación debe sujetarse a determinados requisitos, para que pueda considerarse como tal y ser atendible por la Corte, requisitos consignados en los artículos 704 y 721 del Código Procesal Civil, requisitos que devienen en su cumplimiento por parte del impetrante, para que la Corte pueda considerarlo. 3.- Señalado lo anterior la Sala estima necesario recordar que nuestra legislación adjetiva, establece las demandas que se conocerán y decidirán por su materia a través de las disposiciones pertinentes al proceso ordinario, NO encontrando entre tales la deducida por el abogado JUAN RAFAEL MORALES TORRES. Esto es que la Demanda interpuesta mediante Proceso Declarativo Ordinario tendiente a obtener el Pago de Honorarios Profesionales Pactados y que se derivan de un contrato de servicios profesionales, y el pago de intereses legales; no se encuentra contemplada para las materias del proceso ordinario contempladas en el artículo 399 del Código Procesal Civil; ahora bien para dilucidar tales reclamos de honorarios se prevé su regulación de manera taxativa en el artículo 89 de la normativa procesal civil, por lo tanto tal pretensión de pago de honorarios profesionales del abogado JUAN RAFAEL MORALES TORRES, debe conocerse mediante su procedimiento legal, y no a liberalidad de las partes, ello en observancia del artículo 11 del Código Civil y del principio de legalidad, tal como lo establece el artículo 7.1 del citado Código Procesal Civil. Con lo anteriormente expresado queda evidenciado que la pretensión para el reconocimiento de pago de honorarios profesionales no se encuentra comprendido dentro de los considerados procesos ordinarios, razón por la cual no es susceptible a tutela jurídica efectiva haciendo uso de la vía del Recurso Extraordinario de Casación. 4.- Las normas sobre la clase de proceso por el que habrá de sustanciarse una pretensión tiene carácter imperativo y podrán ser apreciadas de oficio por el juez, tal y lo señalado por el artículo 403.1 del Código Procesal Civil. Por lo tanto es obligación tanto para el a quo como para el ad quem tutelar las reglas del debido proceso, debiendo adecuar cada pretensión conforme a su procedimiento. 5.- Analizado el presente proceso, se hace evidente que se ha dado una mala dirección procesal por parte de ambas instancias en la pretensión de honorarios profesionales que nos ocupa (artículos 12.1 y 2 Código Procesal Civil). Sin embargo el error jurisdiccional no ha lesionado los derechos de las partes ya que se encuentra acreditado que los derechos fundamentales de petición y defensa, al igual que rectores del proceso, incluyendo los de contradicción, dispositivo, oralidad, inmediación y doble instancia no se han visto vulnerados, por lo que en beneficio de ellas es procedente buscar la economía procesal para evitar causar perjuicio en cuanto a la temporalidad en la respuesta de justicia. 6.- El Código Procesal Civil es preciso al ordenar en el artículo 717: “RESOLUCIONES RECURRIBLES. Sólo serán recurribles en casación las sentencias y los autos que pongan término al pleito, haciendo imposible su continuación, dictados en apelación por las Cortes de Apelaciones en el proceso ordinario así como las sentencias que expresamente establezca este Código.” las excepciones establecidas son para el Divorcio, la Incapacidad y la Tutela Sumaria, por lo tanto para la pretensión de cobro de Honorarios Profesionales solo son susceptibles los recursos ordinarios. 7.- No habiendo dado cumplimiento el ad quem a su obligación de hacer valer el Principio de Aplicación de la Norma Procesal, substanciando siempre las actuaciones con arreglo a las normas procesales vigentes; ello porque el Tribunal de Alzada ha errado al darle trámite al Recurso de Casación como si se tratara de un juicio ordinario; procede por tanto que la Sala de lo Civil ante la incuestionable falta de requisitos y exigencias establecidos en el artículo 717 citado, declare inadmisible in limine el presente recurso de casación, es decir sin entrar al análisis de los motivos que lo conforman, ello con fundamento en el artículo 723.2 literal b) del Código Procesal Civil.

8.- La Sala de lo Civil le hace un llamado de atención a la Corte de Apelaciones Civil de San Pedro Sula, Departamento Cortés, para que en lo sucesivo sea más diligente en el estudio de las causas sometidas a su conocimiento.”

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACION

La Infrascrita Receptora Adscrita a la Sala de lo Civil de la Corte Suprema de Justicia, Certifica, el Auto que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los quince días del mes de marzo del año dos mil diecisiete. La Sala de lo Civil, integrada por los ilustres Magistrados: WILFREDO MÉNDEZ ROMERO como Coordinador, RINA AUXILIADORA ALVARADO y REYNALDO ANTONIO HERNÁNDEZ, designado ponente el primero para el conocimiento y redacción de la resolución en el presente recurso de casación, en la fecha supra indicada dictan el siguiente AUTO: SON PARTES: El señor JUAN RAFAEL MORALES TORRES, representado en juicio por la abogada MIRNA JESSIE FRENCH BROCATO, como recurrente; siendo recurrido el señor JOSE ANTONIO BONILLA HIREZI, representado en juicio por el abogado SAUL MUÑOZ ORELLANA. OBJETO DEL PROCESO: “DEMANDA EN PROCESO DECLARATIVO ORDINARIO TENDIENTE A OBTENER EL PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES PACTADOS Y DERIVADOS DE UN CONTRATO PRIVADO DE PRESTACION DE SERVICIOS SUSCRITO Y PAGO DE INTERESES LEGALES”, promovida en fecha doce de diciembre del año dos mil trece, ante el Juzgado de Letras Civil de la Sección Judicial de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, por el abogado JUAN RAFAEL MORALES TORRES, actuando en condición propia, quien es mayor de edad, hondureño, casado, con domicilio en la ciudad de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, contra el señor JOSE ANTONIO BONILLA HIREZI, mayor de edad, casado, Ingeniero Industrial, hondureño y con domicilio en la ciudad de San Pedro Sula, Departamento de Cortés. I. ANTECEDENTES DE HECHO PRIMERO: Con fecha doce de diciembre del año dos mil trece, ante el Juzgado de Letras Civil de la Sección Judicial de la ciudad de San Pedro Sula Departamento de Cortés, el Abogado JUAN RAFAEL MORALES TORRES, actuando en causa propia, interpuso demanda ordinaria para el pago de honorarios profesionales pactados y derivados de un contrato suscrito y pago de intereses legales. SEGUNDO: Siguiendo el procedimiento establecido para las demandas ordinarias, en fecha tres de junio del año dos mil catorce, el Juzgado de Letras Civil de la Sección Judicial de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, dictó sentencia definitiva misma que en su parte dispositiva señala lo siguiente: ““FALLA: 1) DESESTIMAR LA DEMANDA DE PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES promovida por el Abogado JUAN RAFAEL MORALES TORRES, contra el Señor JOSE ANTONIO BONILLA HIREZI, en la que el primero pretendía el pago de UN MILLON VEINTICINCO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO LEMPIRAS CON TREINTA CENTAVOS (L.1,025,488.30) 2). ABSOLVER AL DEMANDADO Señor JOSE ANTONIO BONILLA HIREZI 3) CON COSTAS. 4) RECURSO: a esta sentencia le cabe el recurso de apelación dentro de los diez días siguientes al de la notificación. NOTIFIQUESE.” TERCERO: En fecha veintidós de julio del año dos mil catorce, la abogada MIRNA JESSIE FRENCH BROCATO, en su condición de representante procesal del señor JUAN RAFAEL MORALES TORRES, presentó ante el a-quo escrito de interposición de recurso de apelación contra la sentencia definitiva dictada por éste; recurso que mediante auto de fecha diecinueve de septiembre de dos mil catorce, fue admitido a trámite, ordenándose dar traslado al abogado SAUL MUÑOZ ORELLANA, para que en el termino de diez días (10) contestara agravios. CUARTO: En fecha doce de enero del año dos mil quince, la Honorable Corte de Apelaciones Civil de la ciudad de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, conociendo del recurso de apelación interpuesto; dicto sentencia, misma que en su parte resolutiva señala los siguiente: “1) DECLARAR SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto contra el fallo dictado por el juzgado de letras de lo Civil de esta sección judicial, en fecha tres de junio del dos mil catorce.- 2) CONFIRMANDO la resolución apelada.- 3) CON COSTAS .- Y MANDA: Que se notifique esta sentencia a las partes y oportunamente con la certificación de estilo se devuelvan los autos de la primera pieza al juzgado de su procedencia, para los efectos legales consiguientes redacto Magistrado Ponente abogada Linda Patricia Reyes.- NOTIFIQUESE.-“ QUINTO: En fecha veinticuatro de marzo del año dos mil quince, la abogada MIRNA JESSIE FRENCH BROCATO, en su condición de representante procesal del señor JUAN RAFAEL MORALES TORRES, presentó escrito de interposición y formalización del recurso de casación contra la sentencia de fecha doce de enero del año dos mil quince, dictada por la Corte de Apelaciones Civil de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, resolviendo el Ad-quem, mediante proveído de fecha veintiséis de marzo de ese mismo año, tener por interpuesto y formalizado el recurso de casación por parte de la Recurrente y acordó conceder a la parte contraria el plazo de diez (10) días hábiles para que se pronunciara sobre el contenido del escrito, debiendo entregársele copia del mismo. SEXTO: En fecha ocho de junio del año dos mil quince, el abogado SAUL MUÑOZ ORELLANA, actuando en su condición de representante procesal del señor JOSE ANTONIO BONILLA HIREZI, presentó escrito de pronunciamiento sobre el contenido del recurso de casación interpuesto y formalizado por la contraparte, resolviendo la Corte de Apelaciones de lo Civil de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, remitir las presentes diligencias a la Honorable Corte Suprema de Justicia en el término que manda la ley, para proseguir con el trámite correspondiente. SEPTIMO: Recibidas las actuaciones en éste Alto Tribunal, la abogada MIRNA JESSIE FRENCH BROCATO, en su condición ya indicada, presentó escrito de personamiento en fecha diecinueve de junio del año dos mil quince, resolviendo este tribunal mediante proveído de fecha uno de septiembre del año dos mil quince, tenerla por personada como recurrente y por precluído el plazo concedido al recurrido, abogado SAUL MUÑOZ ORELLANA para personarse en el Recurso de Casación. OCTAVO: La parte recurrente plantea su recurso de casación contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones Civil de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, de la siguiente manera: “PRIMER MOTIVO La violación por falta de aplicación de la norma procesal que regulan los actos y garantías procesales cuando su infracción suponga la Nulidad o Produjera Indefensión; causal comprendida en el Artículo 719 (setecientos diecinueve) letra “b)” del Código Procesal Civil. La Violación del Artículo 708 numeral 4 del Código Procesal Civil. El concepto de la infracción lo explico de la siguiente manera: La ley impone al Tribunal de Segunda Instancia su obligación de resolver las apelaciones diferidas en la propia sentencia que concluya el recurso. La Violación por omisión de la norma contenida en el Artículo 708 numeral 4 del Código Procesal Civil es un acto procesal infringido en la Sentencia de fecha DOCE DE ENERO DEL AÑO DOS MIL QUINCE, resulta en la violación del precepto señalado. La norma procesal citada como violado, es claramente aplicable al sub judice, habida cuenta que el fallo impugnado se infiere a la falta total de cumplimiento de este deber por parte del Tribunal de Segunda Instancia al no proceder a resolver en la propia sentencia que concluye el Recurso de Apelación Diferida interpuesto en tiempo y forma por la Abogada MIRNA JESSIE FRENCH BROCATO en su condición de apoderado legal del señor JUAN RAFAEL MORALES TORRES, contra el Auto Definitivo de fecha ocho de Abril del dos mil catorce, dictado en la pieza separada formada y que junto con la pieza principal ambas constan remitidas en un mismo acto y recibidas al mismo tiempo por el Secretario del Tribunal de Segunda Instancia para su juzgamiento en segunda instancia; prescindiendo la Ad Quem del cumplimiento procesal, dictando Sentencia exclusivamente sobre el Recurso de Apelación interpuesto contra la Sentencia Definitiva de fecha TRES DE JUNIO DEL AÑO DOS MIL CATORCE, interpuesto en tiempo y forma por la Abogada MIRNA JESSIE FRENCH BROCATO en su condición de apoderado legal del señor JUAN RAFAEL MORALES TORRES.- Con lo cual se aprecia la existencia de infracción de normas que rigen los actos y garantías del procedimiento. La Violación del Artículo 201 numeral 1 del Código Procesal Civil. El concepto de la infracción lo explico de la siguiente manera: La ley impone al Tribunal de Segunda Instancia la Garantía Procesal de que las sentencias serán dictadas dentro del plazo que la ley establezca. La Violación por omisión de la norma contenida en el Artículo 201 numeral 1 del Código Procesal Civil es una garantía procesal infringida en la Sentencia de fecha DOCE DE ENERO DEL AÑO DOS MIL QUINCE y lo cual resulta en la violación del precepto señalado. La norma procesal citada como violada, es claramente aplicable al sub judice, habida cuenta que en el fallo impugnado se infiere a la falta total de cumplimiento de esta Garantía Procesal al no proceder la Corte de Apelaciones Civil de la Sección Judicial de San Pedro Sula, Departamento de Cortés a dictar resolución dentro del plazo legal que señala el Artículo 713 del Código Procesal Civil del Recurso de Apelación Diferida interpuesto en tiempo y forma por la Abogada MIRNA JESSIE FRENCH BROCATO en su condición de apoderado legal del señor JUAN RAFAEL MORALES TORRES, contra el Auto Definitivo de fecha ocho de abril del dos mil catorce, dictado en la pieza separada formada y que junto con la pieza principal ambas constan remitidas en un mismo acto y recibidas al mismo tiempo por el Secretario del Tribunal de Segunda Instancia para su juzgamiento en segunda instancia; por cuanto en la propia sentencia que concluye el Recurso de Apelación de fecha DOCE DE ENERO DEL AÑO DOS MIL QUINCE, no consta fallo alguno sobre dicho recurso legal.- Con lo cual se aprecia la existencia de infracción de normas que rigen los actos y garantías del procedimiento. La Violación del Artículo 3 del Código Procesal Civil. El concepto de la infracción lo explico de la siguiente manera: La ley impone al Tribunal de Segunda Instancia la Garantía Procesal de que las partes tienen derecho a que el proceso se desarrolle por los trámites previstos legalmente, a que se respeten los derechos procesales establecidos en la Constitución de la República y en las leyes ordinarias en condiciones de igualdad y sin dilaciones, y a que se dicte por órgano jurisdiccional competente, independiente e imparcial, una resolución de fondo justa y motivada. La Violación por omisión de la norma contenida en el Artículo 3 del Código Procesal Civil es una garantía procesal infringida en la Sentencia de fecha DOCE DE ENERO DEL ANO DOS MIL QUINCE y lo cual resulta en la violación del precepto señalado. La norma procesal citada como violada, es claramente aplicable al sub judice, habida cuenta que en el fallo impugnado se infiere a la falta total de cumplimiento de esta Garantía Procesal al no desarrollar la Corte de Apelaciones Civil de la Sección Judicial de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, por los trámites previstos legalmente en los Artículos 201 numeral 1; y 708 numeral 4 ambos del Código Procesal Civil en la Sentencia de fecha DOCE DE ENERO DEL ANO DOS MIL QUINCE, el Recurso de Apelación Diferida interpuesto en tiempo y forma por la abogada MIRNA ESSIE FRENCH BROCATO en su condición de apoderado legal del señor JUAN RAFAEL MORALES TORRES, contra el Auto Definitivo de fecha ocho de abril del dos mil catorce, dictado en la pieza separada formada y que junto con la pieza principal ambas constan remitidas en un mismo acto y recibidas al mismo tiempo por el Secretario del Tribunal de Segunda Instancia para su juzgamiento en segunda instancia.- La Corte de Apelaciones Civil de la Sección Judicial de San Pedro Sula, Departamento de Cortés en la Sentencia Definitiva de fecha DOCE DE ENERO DEL AÑO DOS MIL QUINCE, no respeta los derechos procesales establecidos en el Artículo 304 (reformado) de la Constitución de la República al NO APLICAR LA LEY AL CASO CONCRETO y NO JUZGAR dicho Recurso de Apelación Diferida. Así mismo dicho Tribunal de Segunda Instancia no respeta los derechos procesales establecidos en el Artículo 305 (reformado) de la Constitución de la República ya que al haberle sido solicitada su intervención en forma legal y en asunto de su competencia, los magistrados han dejado de juzgar bajo el pretexto de silencio tal y como se aprecia en la Sentencia Definitiva de fecha DOCE DE ENERO DEL AÑO DOS MIL QUINCE.- Así mismo La Corte de Apelaciones Civil de la Sección Judicial de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, en la Sentencia Definitiva de fecha DOCE DE ENERO DEL AÑO DOS MIL QUINCE, dilató dictar resolución judicial del Recurso de Apelación Diferida interpuesto en tiempo y forma por la Abogada MIRNA JESSIE FRENCH BROCATO en su condición de apoderado legal del señor JUAN RAFAEL MORALES TORRES, contra el Auto Definitivo de fecha ocho de abril del dos mil catorce, conllevando a que no se ha dictado en tiempo y forma por dicho órgano jurisdiccional competente, una resolución de fondo justa y motivada que resuelva dicha Apelación Diferida.- Con lo cual se aprecia la existencia de Infracción de normas que rigen los actos y garantías del procedimiento. La violación del Artículo 4 del Código Procesal Civil. El concepto de la infracción lo explico de la siguiente manera: La ley impone al Tribunal de Segunda Instancia la Garantía Procesal de que Todas las partes, considerando la dualidad de posiciones, tienen derecho a ser oídas por el órgano jurisdiccional antes de adoptar cualquier decisión que afecte directa o indirectamente a la resolución que ponga fin al proceso que deba dictarse, bien en la instancia, bien en los recursos, en cualquier proceso ordinario, así como para la adopción de medidas cautelares. La norma procesal citada como violada, es claramente aplicable al sub judice, habida cuenta que en el fallo impugnado se infiere a la falta total de cumplimiento de esta Garantía Procesal al no haber sido oída por el órgano jurisdiccional (CORTE DE APELACIONES CIVIL DE LA SECCIÓN JUDICIAL DE SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO DE CORTES), en tiempo y forma la parte Apelante en lo referente a su Recurso de Apelación Diferida interpuesto en tiempo y forma por la Abogada MIRNA JESSIE FRENCH BROCATO en su condición de apoderado legal del señor JUAN RAFAEL MORALES TORRES, contra el Auto Definitivo de fecha ocho de Abril del dos mil catorce, antes de adoptar la resolución de fecha DOCE DE ENERO DEL AÑO DOS MIL QUINCE, que puso fin al proceso. Lo cual al adoptarse la resolución de fecha DOCE DE ENERO DEL AÑO DOS MIL QUINCE, sin que previamente el Tribunal de Segunda Instancia haya dictado resolución del Recurso de Apelación Diferida, conlleva a la clara restricción de la Garantía Constitucional de Legalidad al Debido Proceso en perjuicio de la administración de Justicia que consigna el Artículo 90 párrafo primero de la Constitución de la República de Honduras “Nadie puede ser juzgado sino por juez o tribunal competente con las formalidades, derechos y garantías que la Ley establece”. Con lo cual se aprecia la existencia de infracción de normas que rigen los actos y garantías del procedimiento. La violación del Artículo 2 del Código Procesal Civil. El concepto de la infracción lo explico de la siguiente manera: La ley impone al Tribunal de Segunda Instancia la Garantía Procesal de que las partes pueden interponer ante los órganos jurisdiccionales pretensiones de la adopción de medidas cautelares que está prevista por la Ley y que en el caso que nos ocupa al tenor del Artículo 708 numeral 1 del Código Procesal Civil que ordena “Cuando se interponga recurso de apelación contra autos en los casos que expresamente señale este Código, se diferirá la expresión de agravios y su tramite al momento en que se impugne la sentencia definitiva de primera instancia”.- Siendo por ello obligación ineludible del Tribunal Superior al tenor del Artículo 708 numeral 4 del Código Procesal Civil, resolver dicha Apelación diferida interpuesta en tiempo y forma por la Abogada MIRNA JESSIE FRENCH BROCATO en su condición de apoderado legal del señor JUAN RAFAEL MORALES TORRES, contra el Auto Definitivo de fecha ocho de abril del dos mil catorce, en la propia sentencia que concluya el recurso; y al habérsele remitido a la Corte de Apelaciones Civil de la Sección Judicial de San Pedro Sula, Departamento de Cortés los autos que contienen la Expresión de Agravios alegada en tiempo y forma por la parte Demandante y Apelante, sin haber procedido a resolver dicho Recurso de Apelación Diferida en la propia sentencia definitiva de fecha DOCE DE ENERO DEL ANO DOS MIL QUINCE, dictada por el Tribunal de Segunda Instancia con la cual concluye el recurso;. Por tanto la norma procesal citada es violada y es claramente aplicable al sub judice, habida cuenta que la Garantía Procesal de interponer ante los órganos jurisdiccionales pretensiones de la adopción de la medida cautelar de Prohibición General de Disponer NO ES RESUELTA en la Sentencia Definitiva, Y LO CUAL CONLLEVA A UNA TOTAL INDEFENSION de la parte Apelante representada por la Abogada MIRNA JESSJE FRENCH BROCATO en su condición de apoderado legal del señor JUAN RAFAEL MORALES TORRES dicha Apelación Diferida interpuesta en tiempo y forma contra el Auto Definitivo de fecha ocho de abril del dos mil catorce y cuya sentencia Definitiva de fecha DOCE DE ENERO DEL AÑO DOS MIL QUINCE, dictada por el Tribunal de Segunda Instancia contraviene la Garantía Constitucional de DEFENSA que contempla el Artículo 80 de la Constitución de la República: “Toda persona o asociación de personas tiene derecho de presentar peticiones a las autoridades ya sea por motivos de interés particular o general y de obtener pronta respuesta en el plazo legal”. Con lo cual se aprecia la existencia de infracción de normas que rigen los actos y garantías del procedimiento. II.- DE LA IMPUGNACION DE LA APLICACIÓN E INTERPRETACION DE LAS NORMAS PROCESALES QUE REGULAN LA FORMA Y CONTENIDO DE LA SENTENCIA. SEGUNDO MOTIVO DE CASACION. La violación por falta de aplicación de la norma procesal que regula la forma y contenido de la Sentencia; causal comprendida en el Artículo 719 numeral 1 letra “c)” del Código Procesal Civil. Violación del Artículo 206 numeral 1 del Código Procesal Civil. El concepto de la infracción lo explico de la siguiente manera: La ley impone al Juzgador los requisitos que deberá contener la Sentencia: CLARIDAD, PRECISION Y EXHAUSTIVIDAD, la Violación por omisión de las normas contenidas en el Artículo 206 numeral 1 del Código Procesal Civil de los requisitos internos de la Sentencia resulta en la violación del precepto señalado. El Artículo citado como violado es claramente aplicable al sub judice, habida cuenta que del fallo impugnado de fecha DOCE DE ENERO DEL AÑO DOS MIL QUINCE, se infiere la falta total de los requisitos internos aplicables a la sentencia, prescindiendo la Ad Quem del cumplimiento procesal, cuando al Considerando PRIMERO de la MOTIVACION FACTICA Y JURIDICA entra en severa contradicción con lo debatido en el juicio, al establecer sin la claridad y precisión requerida ordenada en la disposición legal invocada como violada, que “El caso que nos ocupa, el contrato de prestación de servicios celebrado entre el señor José Antonio Bonilla Hirezi y Juan Rafael Morales Torres, dispone la interposición de Tercería de Dominio y demás actuaciones a efecto de hacer prevalecer el dominio sobre el bien inmueble, que fue adjudicado mediante remate judicial a favor de los señores Alma Hirezi García de Bonilla y el señor José María Bonilla Caballero.-” Luego se expone en el fallo “En autos no consta la interposición de Tercería de Dominio, como se establece en el contrato, si consta la realización de algunas actividades judiciales llevadas a cabo por el demandante....” Y al NO ESTABLECER con claridad y precisión en dicho fallo cuales son estas “actividades judiciales llevadas a cabo por el demandante” que aduce el fallo, conlleva a una clara infracción de dicha norma reguladora de la sentencia infringida. Así mismo, en dicho considerando se expone “pero también constan recibos de pago de honorarios que si bien no son por la cantidad reclamada, se podrían tomar como pago por las actividades judiciales realizadas, como así lo establece el juez en la sentencia” con lo cual queda demostrada otra clara infracción de las normas reguladoras de la sentencia por cuanto NO SE ESTABLECE con claridad y precisión identificar a que recibos de pago de honorarios se refiere el Juzgador en dicha sentencia y siendo que dichos “Recibos de pago de honorarios” no son un punto litigioso, acarrea más bien que del fallo existe una matiz de contradicción a los puntos objeto del litigio consistente en OBTENER EL PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES PACTADOS Y DERIVADOS DE UN CONTRATO PRIVADO DE PRESTACION DE SERVICIOS SUSCRITO Y PAGO DE INTERESES LEGALES y el punto inexistente que aduce el Tribunal de Segunda instancia y que se contrae a los “recibos de pago de honorarios que si bien no son por la cantidad reclamada, se podrían tomar como pago por las actividades judiciales realizadas, como así lo establece el juez en la sentencia”.- Por lo que la Ad Quem no establece de manera fáctica ni jurídica en la sentencia impugnada, el principio de contradicción que provee el Artículo 4 del Código Procesal Civil entre lo pactado por las partes y lo deducido en el juicio, resultando en la violación del precepto señalado al sustentarse el fallo en el criterio que “así lo establece el juez en la sentencia”. Con lo cual se aprecia la existencia de infracción de normas que rigen la forma y contenido de la sentencia. La violación del Artículo 207 numeral 1 del Código Procesal Civil. El concepto de la infracción lo explico de la siguiente manera: La Sentencia carece de motivación que exprese los razonamientos facticos y jurídicos que conduzcan a la apreciación de la prueba como ser el contrato de prestación de servicios celebrado entre el señor José Antonio Bonilla Hirezi y Juan Rafael Morales Torres con los demás medios de prueba documental Público y Documental Privado como demás actuaciones a efecto de hacer prevalecer el dominio sobre el bien inmueble, que fue adjudicado mediante remate judicial a favor de los señores Alma Hirezí García de Bonilla y el señor José María Bonilla Caballero; así mismo la sentencia objeto del presente recurso de Casación NO CONDUCE a la aplicación e interpretación del Derecho, omitiendo la Ad- Quem la aplicación del Artículo 1573 del Código Civil, que establece que los contratos serán obligatorios, cualesquiera que sea la forma en que se hayan celebrado, siempre que en ellos concurran las condiciones esenciales para su validez y así mismo en dicho fallo no se procede a la aplicación del Artículo 89 numerales 1 y 6 del Código Procesal Civil, que respectivamente ordenan: 1. Los profesionales del derecho podrán reclamar de sus clientes el pago de los honorarios que hubieren devengado por la representación procesal asumida, presentando minuta detallada de los conceptos reclamados, la cual deberá ser calculada al convenio de honorarios respectivos y manifestando formalmente que esos honorarios le son debidos y no han sido satisfechos, especificando en diversos apartados los conceptos por los que se reclama, en su caso y 6. El pago de los honorarios gozaran de derecho especialísimo y preferente, salvo en el caso de alimentos. No entendemos la definición que la Ad Quem le atribuye a las formalidades del Contrato y tampoco entendemos la fundamentación jurídica y fáctica de la Sentencia que recoge las conclusiones de la Ad Quem, más bien nos atrevemos a especular que lo que ha ocurrido en el sub judice, es una simple ligereza y falta de análisis jurídico por la Ad Quem al valorar los presuntos hechos endilgados en la Sentencia, ha incurrido en error de IMPRECISION. Deduciéndose con las apreciaciones aquí argumentadas, que la Ad Quem, en la sentencia dictada incumple el sentido de PRECISION y CLARIDAD. La violación del artículo 206 ordinal 3 del Código Procesal Civil. El concepto de la infracción lo explico de la siguiente manera: Así mismo la sentencia recurrida, adolece del requisito de EXHAUSTIVIDAD, violando y damnificando la disposición esculpida en el Artículo 206, ordinal 3 del Código Procesal Civil, dicha disposición obliga al Juzgador, a hacer pronunciamiento de los puntos en litigio con la debida separación, cuando estos hayan sido varios. La Sentencia Ad Quem acusada mediante este Recurso, ha infringido la norma aplicable, en virtud que de las consideraciones vertidas en el fallo para dilucidar los puntos litigiosos, no solo carecen de Exhaustividad en su pronunciamiento, sino que omite pronunciarse sobre cada uno de ellos, y de forma por demás somera y superficial, se refiere únicamente al hecho en que “El caso que nos ocupa, el contrato de prestación de servicios celebrado entre el señor José Antonio Bonilla Hirezi y Juan Rafael Morales Torres, dispone la interposición de Tercería de Dominio y demás actuaciones a efecto de hacer prevalecer el dominio sobre el bien inmueble, que fue adjudicado mediante remate judicial a favor de los señores Alma Hirezi García de Bonilla y el señor José María Bonilla Caballero.- En autos no consta la interposición de Tercería de dominio, como se establece en el contrato, consta la realización de algunas actividades judiciales llevadas a cabo por el demandante...”, sin establecer en los fundamentos fácticos y jurídicos las razones que la hicieron llegar al convencimiento del Considerando CUARTO de la MOTIVACION FACTICA Y JURIDICA: “y no apreciando infracción en la paliación o interpretación del derecho en la decisión de fondo este tribuna procede a confirmar la sentencia vertida el juzgado de Letras Civil de esta sección judicial”. III.- DE LA IMPUGNACION DE LA APLICACIÓN E INTERPETACION DE LAS NORMAS DE DERECHO EMPLEADAS PARA LA SOLUCION DE FONDO DEL LITIGIO. PRIMER MOTIVO DE CASACION: La violación por falta de aplicación de la norma procesal que regula la aplicación e interpretación de las normas de derecho empleadas para la solución de fondo del litigio se encuentra comprendida en el Artículo 719 ordinal 2 del Código Procesal Civil. El concepto de la infracción lo explico de la siguiente manera: La violación del artículo 1573 del Código Civil: El precitado Artículo 1573 del Código Civil, establece que los contratos serán obligatorios, cualquiera que sea la forma en que se hayan celebrado, siempre que en ellos concurran las condiciones esenciales para su validez. La sentencia que hoy recurro, dice en su Considerando PRIMERO de la Motivación Fáctica Y Jurídica, que “el contrato de prestación de servicios celebrado entre el señor José Antonio Bonilla Hirezi y Juan Rafael Morales Torres, dispone la interposición de Tercería de Dominio y demás actuaciones a efecto de hacer prevalecer el dominio sobre el bien inmueble, que fue adjudicado mediante remate judicial a favor de los señores Alma Hirezi García de Bonilla y el señor José María Bonilla Caballero.- En autos no consta la interposición de Tercería de dominio, como se establece en el contrato, consta la realización de algunas actividades judiciales llevadas a cabo por el demandante...” matiz de contradicción al establecer que la obligación que se genera del contrato de prestación de servicios entre las partes no está pagada y que pese a estar cumplido de forma imperfecta lo pactado, pero cumplido al fin de hacer prevalecer el dominio sobre el bien inmueble, que fue adjudicado mediante remate judicial a favor de los señores Alma Hirezi García de Bonilla y el señor José María Bonilla Caballero; Apegados a la falta de aplicación e interpretación del Artículo 1573 del Código Civil, se desprende la violación de esta norma procesal al resolver el Tribunal de Segunda Instancia SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto contra el fallo dictado por el juzgado de letras de lo Civil de la Sección Judicial de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, en fecha TRES de JUNIO DEL AÑO DOS MIL CATORCE por cuanto el Considerando PRIMERO en cuanto a reconocer la eficacia de los contratos al tenor de la aplicación del Artículo 1573 del Código Civil, la aplica e interpreta incorrectamente en el Considerando CUARTO de la Motivación Fáctica y Jurídica. Por consiguiente conlleva a que dicha norma de derecho empleada cause su impugnación al señalarse en dicho considerando “CUARTO: Por los consideraciones antes dichas, y no apreciando infracción en la paliación o interpretación del derecho en la decisión de fondo este tribunal procede a confirmar la sentencia vertida el juzgado de Letras Civil de esta sección judicial.-” Por la forma en que la Ad Quem, ha tenido expuesto la MOTIVACION FÁCTICA Y JURÍDICA, le ha sido probado los hechos objeto del litigio a favor del recurrente y es a todas luces inexplicable la falta de aplicación e interpretación del Artículo 1573 del Código Civil, en dicho Fallo, en virtud que entre sus apreciaciones establece de forma por demás contradictoria que la obligación de pago que se genera del contrato original de Prestación de Servicios que por estar vigente es de obligatorio cumplimiento y por tanto debe serle pagado al Abogado Juan Rafael Morales Torres por el demandado por constar reconocido por el Tribunal de Segunda Instancia en la Sentencia Definitiva que nos ocupa, la realización de algunas actividades judiciales llevadas a cabo por el demandante, cumpliendo pro ello con la obligación pactada de hacer prevalecer el dominio sobre el bien inmueble, que fue adjudicado mediante remate judicial a favor de los señores Alma Hirezi García de Bonilla y el señor José María Bonilla Caballero; razonamiento que nos lleva a la conclusión que la Sentencia Ad Quem, se aleja del sentido de aplicación e interpretación del derecho objetivo por lo que es procedente su impugnación por medio del Recurso de Casación que en este acto interpongo, mismo que deberá aplicarse e interpretarse en la forma más favorable a la finalidad de unificación de la jurisprudencia, como instrumento de garantía de la igualdad de todos ante la ley, y de la seguridad y certidumbre jurídicas.” II. MOTIVACION Y FUNDAMENTOS DE DERECHO 1.- El recurso de casación tiene claramente definidos dos fines expresos al tenor de lo preceptuado por el artículo 716 del Código Procesal Civil, el primero de ellos es su función nomofiláctica, entendida ésta como “la exacta observancia de la ley”, es decir la protección de las normas del ordenamiento jurídico, mediante la procura y promoción de la más adecuada aplicación e interpretación del derecho objetivo. El segundo fin es la unificación de la jurisprudencia nacional, misma que se explica en el sentido de que habiendo situaciones iguales debe pronunciarse decisiones iguales, siempre y cuando no concurran razones objetivas y razonables que justifiquen un trato desigual, en otras palabras, la evolución de la jurisprudencia. Por su parte el numeral dos del artículo precitado, conmina a este alto tribunal a que aplique e intérprete las normas referidas al recurso de casación atendiendo a la finalidad de unificación de la jurisprudencia, esto como instrumento de garantía de la igualdad de todos ante la ley, y de la seguridad y certidumbre jurídicas. 2.- El recurso extraordinario de casación es esencialmente formalista, por lo que indefectiblemente en su formulación debe sujetarse a determinados requisitos, para que pueda considerarse como tal y ser atendible por la Corte, requisitos consignados en los artículos 704 y 721 del Código Procesal Civil, requisitos que devienen en su cumplimiento por parte del impetrante, para que la Corte pueda considerarlo. 3.- Señalado lo anterior la Sala estima necesario recordar que nuestra legislación adjetiva, establece las demandas que se conocerán y decidirán por su materia a través de las disposiciones pertinentes al proceso ordinario, NO encontrando entre tales la deducida por el abogado JUAN RAFAEL MORALES TORRES. Esto es que la Demanda interpuesta mediante Proceso Declarativo Ordinario tendiente a obtener el Pago de Honorarios Profesionales Pactados y que se derivan de un contrato de servicios profesionales, y el pago de intereses legales; no se encuentra contemplada para las materias del proceso ordinario contempladas en el artículo 399 del Código Procesal Civil; ahora bien para dilucidar tales reclamos de honorarios se prevé su regulación de manera taxativa en el artículo 89 de la normativa procesal civil, por lo tanto tal pretensión de pago de honorarios profesionales del abogado JUAN RAFAEL MORALES TORRES, debe conocerse mediante su procedimiento legal, y no a liberalidad de las partes, ello en observancia del artículo 11 del Código Civil y del principio de legalidad, tal como lo establece el artículo 7.1 del citado Código Procesal Civil. Con lo anteriormente expresado queda evidenciado que la pretensión para el reconocimiento de pago de honorarios profesionales no se encuentra comprendido dentro de los considerados procesos ordinarios, razón por la cual no es susceptible a tutela jurídica efectiva haciendo uso de la vía del Recurso Extraordinario de Casación. 4.- Las normas sobre la clase de proceso por el que habrá de sustanciarse una pretensión tiene carácter imperativo y podrán ser apreciadas de oficio por el juez, tal y lo señalado por el artículo 403.1 del Código Procesal Civil. Por lo tanto es obligación tanto para el a quo como para el ad quem tutelar las reglas del debido proceso, debiendo adecuar cada pretensión conforme a su procedimiento. 5.- Analizado el presente proceso, se hace evidente que se ha dado una mala dirección procesal por parte de ambas instancias en la pretensión de honorarios profesionales que nos ocupa (artículos 12.1 y 2 Código Procesal Civil). Sin embargo el error jurisdiccional no ha lesionado los derechos de las partes ya que se encuentra acreditado que los derechos fundamentales de petición y defensa, al igual que rectores del proceso, incluyendo los de contradicción, dispositivo, oralidad, inmediación y doble instancia no se han visto vulnerados, por lo que en beneficio de ellas es procedente buscar la economía procesal para evitar causar perjuicio en cuanto a la temporalidad en la respuesta de justicia. 6.- El Código Procesal Civil es preciso al ordenar en el artículo 717: “RESOLUCIONES RECURRIBLES. Sólo serán recurribles en casación las sentencias y los autos que pongan término al pleito, haciendo imposible su continuación, dictados en apelación por las Cortes de Apelaciones en el proceso ordinario así como las sentencias que expresamente establezca este Código.” las excepciones establecidas son para el Divorcio, la Incapacidad y la Tutela Sumaria, por lo tanto para la pretensión de cobro de Honorarios Profesionales solo son susceptibles los recursos ordinarios. 7.- No habiendo dado cumplimiento el ad quem a su obligación de hacer valer el Principio de Aplicación de la Norma Procesal, substanciando siempre las actuaciones con arreglo a las normas procesales vigentes; ello porque el Tribunal de Alzada ha errado al darle trámite al Recurso de Casación como si se tratara de un juicio ordinario; procede por tanto que la Sala de lo Civil ante la incuestionable falta de requisitos y exigencias establecidos en el artículo 717 citado, declare inadmisible in limine el presente recurso de casación, es decir sin entrar al análisis de los motivos que lo conforman, ello con fundamento en el artículo 723.2 literal b) del Código Procesal Civil.

8.- La Sala de lo Civil le hace un llamado de atención a la Corte de Apelaciones Civil de San Pedro Sula, Departamento Cortés, para que en lo sucesivo sea más diligente en el estudio de las causas sometidas a su conocimiento. III. PARTE DISPOSITIVA Por lo antes expuesto la Sala de lo Civil, pronunciándose por unanimidad de votos e impartiendo justicia en nombre de la Corte Suprema de Justicia y del Estado de Honduras, en base a los fundamentos de derecho citados y haciendo aplicación de los artículos 303, 304, 313 numeral 5) y 316 de la Constitución de la República; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 717, 718, 721, 723, 724 y 932 reformado por Decreto 168-2009 del Código Procesal Civil; profiere el presente AUTO IRRECURRIBLE y DECLARA: I. LA INADMISIÓN in limine del recurso de casación formalizado por la abogada MIRNA JESSIE FRENCH BROCATO, en su condición de representante procesal del señor JUAN RAFAEL MORALES TORRES. II. FIRME la sentencia recurrida, dictada por la Corte de Apelaciones Civil de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, en fecha 12 de enero del año 2015, en el expediente de apelación número 242-14-CV originado en los autos que conforman la primera pieza que se registra bajo el número 0501-2013-004453 del Juzgado de Letras Civil de la Seccional Judicial de San Pedro Sula, Departamento de Cortés. III. SIN COSTAS. Y MANDA: REMITIR las presentes actuaciones, junto con la certificación de esta resolución al Tribunal de su procedencia, previa notificación de este auto a las partes, por medio de sus apoderados legalmente constituidos en juicio.- Redacto el Magistrado WILFREDO MENDEZ ROMERO.- NOTIFIQUESE. WILFREDO MÉNDEZ ROMERO. MAGISTRADO COORDINADOR. RINA AUXILIADORA ALVARADO. MAGISTRADA. REYNALDO ANTONIO HERNÁNDEZ. MAGISTRADO. FIRMA Y SELLO. BETTY JANETH PALMA O´CONNOR. RECEPTORA ADSCRITA”.

Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los Treinta y un días del mes de Marzo de Dos Mil Diecisiete; Certificación del Auto de fecha quince de Marzo de Dos Mil Diecisiete, recaído en el Recurso de Casación registrado bajo el No. 202=2015.

BETTY JANETH PALMA O’CONNOR

RECEPTORA ADSCRITA

17