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Sentencia CC-160-16 — Registro 7572

Resumen

En segunda instancia se revoca la sentencia, declarando sin lugar la demanda de proceso ordinario de pago y lanzamiento promovida, sin perjuicio de la acción legal correspondiente.

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

… “DEL RECURSO DE CASACION INTERPUESTO POR EL ABOGADO IVAN ANTONIO FLORES HERCULES EN SU PRIMER MOTIVO. El recurrente presenta en su primer motivo impugnación por aplicación indebida del artículo 1384.4 del Código Civil, señalando como precepto autorizante el artículo 719.2 del Código Procesal Civil. En su explicación alega que el artículo que cita como infringido no tiene relación con el objeto del contrato de arrendamiento con promesa de venta. Alega que en los contratos con prestaciones recíprocas, cuando una de las partes contratantes falta al cumplimiento de su prestación, la otra puede a su elección solicitar el cumplimiento o la resolución del contrato, y, en cada caso, exigir además el resarcimiento de los daños y abono de intereses en ambos casos (artículo 1386 del Código Civil). Respuesta de la Sala. Esta Sala de lo Civil aprecia que este motivo comete el yerro de pretender introducir al examen casacional normas jurídicas de carácter general, en este caso preceptos relativos a las diversas especies de obligaciones, y estas “son normas de carácter general que como lo ha dicho esta Sala en forma reiterada, no son susceptibles de ser examinadas en casación porque con ello se da lugar a la indeterminación y falta de claridad del motivo con la consecuente indefensión para la parte contraria, sin embargo, es preciso aclarar que si es posible la cita de normas generales en relación con preceptos homogéneos con la norma general pero más específicos, lo que no ha verificado el censor”[1]; dando lugar a la causal de inadmisibilidad prevista en el artículo 723. 2. a) del Código Procesal Civil.”

Legislación citada

Jerarquía: Reiterativa

… “5. DEL RECURSO DE CASACION INTERPUESTO POR EL ABOGADO IVAN ANTONIO FLORES HERCULES EN SU SEGUNDO MOTIVO. El impetrante impugna la incorrecta interpretación del artículo 1386 del Código Civil, señalando como precepto autorizante el artículo 719. 2 del Código Procesal Civil. En su explicación el recurrente alega que la aplicación e interpretación del artículo 1386 del Código Civil no es del todo correcta y se queda corta en vista de que por un lado si se reconoce que el contrato de arrendamiento con promesa de venta fue resuelto, pero no así a que entre exigir el cumplimiento o la resolución de la obligación también se debe al perjudicado el derecho al resarcimiento de daños y abono de intereses en ambos casos, que fue justo lo que se demandó en primera instancia como consecuencia de dicho incumplimiento. Respuesta de la Sala. Esta Sala de lo Civil aprecia que este motivo comete el yerro nuevamente de pretender introducir al examen casacional normas jurídicas de carácter general, que como hemos dicho antes, no son susceptibles de ser examinadas en casación dando lugar a la causal de inadmisibilidad prevista en el artículo 723. 2. a) del Código Procesal Civil.”

Legislación citada

Jerarquía: Reiterativa

… “6. DEL RECURSO DE CASACION INTERPUESTO POR EL ABOGADO IVAN ANTONIO FLORES HERCULES EN SU TERCER MOTIVO POR FALTA DE APLICACIÓN. El impetrante impugna la violación por falta de aplicación de los artículos 1346, 1348 y 1539 del Código Civil y 714 y 715 del Código de Comercio, señalando como precepto autorizante el artículo 719. 2 del Código Procesal Civil. En su explicación el recurrente luego de citar íntegramente los artículos citados como infringidos manifiesta que lo que demandó originalmente no es más que el pago de lo adeudado (no el cumplimiento de la obligación), así como el lanzamiento del inmueble en virtud del efecto resarcitorio y que en el caso de la resolución del contrato, el deudor que ha faltado al cumplimiento de su prestación o por cuya culpa la prestación deviene en imposible, debe resarcir los daños irrogados al acreedor, pues el principio es que todo aquel que causa daño a otro está en la obligación de indemnizar y lo que se demanda es el pago de la deuda y lanzamiento y no el cumplimiento de la obligación. Respuesta de la Sala. Esta Sala de lo Civil aprecia que nuevamente el recurrente en este motivo pretende introducir al examen casacional normas jurídicas de carácter general, que como hemos dicho antes, no son susceptibles de ser examinadas en casación dando lugar a la causal de inadmisiblidad prevista en el artículo 723. 2. a) del Código Procesal Civil.”

Legislación citada

Jerarquía: Reiterativa

… “ 7. DEL RECURSO DE CASACION INTERPUESTO POR EL ABOGADO IVAN ANTONIO FLORES HERCULES EN SU CUARTO MOTIVO. El impetrante impugna la violación por falta de aplicación del artículo 8 numeral 1) de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, señalando como precepto autorizante el artículo 719. 1. b) del Código Procesal Civil. En su explicación el recurrente cita íntegramente el artículo 16 de la Constitución de la República y 8. 1 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos y argumenta que su representado al demandar pretende la aplicación de la ley y la justicia adecuadamente y que de forma correcta resolvió el juzgado de primera instancia. Respuesta de la Sala de lo Civil. El recurrente viene citando como infringido por falta de aplicación el artículo 8.1 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, cuya infracción no puede ser abordada en la forma pretendida por el recurrente en tanto que el precepto autorizante limita el acceso casacional únicamente para impugnar la aplicación e interpretación de las normas procesales que regulan los actos y garantías procesales; cuando el Código Procesal Civil habla de normas procesales que regulan actos y garantías procesales, se refiere a las normas del propio Código Procesal Civil, tal y como ya lo ha expresado este tribunal de casación cuando expone que: “con ello está circunscribiendo el ámbito de la impugnación a las normas procesales atinentes a actos y garantías procesales cuya infracción suponga nulidad o indefensión; hablamos de supuestos de falta de emplazamiento, denegación de algún medio de prueba admisible, admisión de prueba ilícita entre otros, de modo que se trata en todo caso de normas estrictamente procesales”, en consecuencia concurre la causal de inadmisión prevista en el artículo 723.2. a) del Código Procesal Civil.”

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACION

La Infrascrita Receptora Adscrita a la Sala de lo Civil de la Corte Suprema de Justicia, Certifica el Auto que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los treinta días del mes de octubre del año dos mil diecisiete, la Sala de lo Civil, integrada por los Magistrados: WILFREDO MENDEZ ROMERO, como Coordinador, RINA AUXILIADORA ALVARADO MORENO y REYNALDO ANTONIO HERNÁNDEZ, designado ponente para el conocimiento y redacción de la resolución del presente recurso de Casación, en la fecha supra indicada dictan el siguiente AUTO: SON PARTES: La sociedad mercantil BANCO ATLÁNTIDA S.A., representada en juicio por el abogado IVAN ANTONIO FLORES HERCULES, en su condición de recurrente; siendo recurridos los señores MIRIAM JUDITH VALLADARES PAGOAGA y JOSE NAPOLEON MORAZAN LANZA, representados en juicio por el abogado MARVIN OSWALDO FERRERA ALVARENGA. OBJETO DEL PROCESO: “SE PROMUEVE DEMANDA ORDINARIA DE PAGO”, promovida en fecha veintisiete de septiembre del año dos mil doce, ante el Juzgado de Letras Civil del Departamento de Francisco Morazán, por el abogado ANGEL IRÍAS RODEZNO en su condición de representante procesal de la sociedad mercantil BANCO ATLÁNTIDA S.A., contra los señores MIRIAM JUDITH VALLADARES PAGOAGA, Licenciada en Administración de Empresas y JOSE NAPOLEON MORAZAN LANZA, Licenciado en Biología, ambos mayores de edad, casados, hondureños y con domicilio en Altos del Trapiche, de la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central. I. ANTECEDENTES DE HECHO PRIMERO: Con fecha dieciséis de enero del año dos mil catorce, el Juzgado de Letras Civil del Departamento de Francisco Morazán, en el juicio de mérito, dictó sentencia, misma que falló de la siguiente manera: “FALLA: 1) Declarar CON LUGAR la Demanda Ordinaria de Pago, derivada del incumplimiento del Contrato de Arrendamiento con Promesa de Venta, promovida por el Abogado ANGEL IRlAS RODEZNO, actuando en su condición de Representante Procesal de la Sociedad Mercantil denominada BANCO ATLANTIDA S.A., contra los señores MIRIAM JUDITH VALLADARES PAGOAGA y JOSE NAPOLEON MORAZAN LANZA.- 2) CONDENAR a los señores MIRIAM JUDITH VALLADARES PAGOAGA y JOSE NAPOLEON MORAZAN LANZA, a pagar a la Sociedad Mercantil denominada BANCO ATLÁNTIDA S.A., la cantidad de SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL CINCUENTA Y DOS LEMPIRAS CON SESENTA Y CINCO CENTAVOS (L.655,052.65), desglosado de la siguiente manera: Capital: QUINIENTOS OCHENTA Y DOS MIL SETECIENTOS SESENTA LEMPIRAS CON SETENTA Y CUATRO CENTAVOS (L.582,760.74), e Intereses: SETENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y UN LEMPIRAS CON NOVENTA Y UN CENTAVOS (L.72,291.91), todo calculado al cuatro (4) de septiembre del año dos mil doce, más los intereses que se sigan generando.- 3) SE ORDENA a los señores MIRIAM JUDITH VALLADARES PAGOAGA y JOSE NAPOLEON MORAZAN LANZA, a que devuelvan el bien inmueble objeto de la presente demanda, ya que previamente a emitir esta sentencia se declaró en fecha diecinueve de junio del año dos mil doce (2012) por resuelto de pleno derecho el contrato de arrendamiento con promesa de venta, celebrado en fecha veintiocho de septiembre del año dos mil uno (2001); caso contrario procédase con el lanzamiento correspondiente siguiendo el procedimiento establecido, pudiendo solicitarse en tal caso la colaboración de la Policía Nacional, todo lo anterior acatando las estipulaciones consignadas en el contrato relacionado.- 3) Con costas a la parte demandada.- Y MANDA: Que este fallo quede firme, si dentro del término de ley no se interpone recurso alguno.- Se resuelve hasta la fecha por el exceso de trabajo que impera en este Despacho de Justicia.- NOTIFÍQUESE.” SEGUNDO: Con fecha ocho de marzo del año dos mil dieciséis, la Corte Primera de Apelaciones de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán, conociendo por vía de apelación de la sentencia definitiva de fecha dieciséis de enero del año dos mil catorce, dictada por el Juzgado de Letras Civil del Departamento de Francisco Morazán, en el juicio de mérito, dictó sentencia REVOCANDO la del A-quo, misma que falló de la siguiente manera: “FALLA: PRIMERO: Con lugar el recurso de apelación interpuesto por el Abogado MARVIN OSWALDO FERRERA ALVARENGA, en su condición de representante procesal de los señores MIRIAM JUDITH VALLADARES PAGOAGA y JOSÉ NAPOLEON MORAZÁN LANZA, en la demanda ordinaria de pago y lanzamiento promovida contra sus representados por el Abogado ÁNGEL IRÍAS RODEZNO, representante procesal de BANCO ATLÁNTIDA S. A.- SEGUNDO: Revoca la sentencia proferida por el Juzgado de Letras Civil del Departamento de Francisco Morazán, el 16 de enero de 2014.- TERCERO: Declarando sin lugar la demanda de proceso ordinario de pago y lanzamiento promovida por el Abogado ÁNGEL IRÍAS RODEZNO, representante procesal de BANCO ATLÁNTIDA S.A. contra los señores MIRIAM JUDITH VALLADARES PAGOAGA y JOSÉ NAPOLEON MORAZÁN LANZA, sin perjuicio de la acción legal correspondiente.- CUARTO: Absuelve a los demandados MIRIAM JUDITH VALLADARES PAGOAGA y JOSÉ NAPOLEON MORAZÁN LANZA, de esta acción deducida en su contra.- QUINTO: Con costas al demandante en primera instancia.- SEXTO: Sin costas en esta instancia.- Y MANDA: Que una vez notificadas las partes de esta resolución, si no se interpone recurso alguno, se devuelva la primera pieza al Juzgado de su procedencia, con certificación de la presente Sentencia para su ejecución NOTlFlQUESE.” TERCERO: El representante procesal de la sociedad mercantil BANCO ATLÁNTIDA S.A., abogado IVÁN ANTONIO FLORES HÉRCULES, presentó en fecha uno de junio del año dos mil dieciséis, escrito de interposición y formalización del recurso de casación contra la sentencia de fecha ocho de marzo del año dos mil dieciséis, dictada por la Corte Primera de Apelaciones de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán, resolviendo el Ad-quem, mediante proveído de fecha uno de junio del año dos mil dieciséis, tener por interpuesto y formalizado el recurso de casación por parte del Recurrente y acordó conceder a la parte contraria el plazo de diez días hábiles para que se pronunciara sobre el contenido del escrito, debiendo entregársele copia del mismo. CUARTO: El representante procesal de los señores MIRIAM JUDITH VALLADARES PAGOAGA y JOSE NAPOLEON MORAZAN LANZA, abogado MARVIN OSWALDO FERRERA ALVARENGA, presentó en fecha veinte de junio del año dos mil dieciséis, escrito de pronunciamiento sobre el contenido del recurso de casación interpuesto y formalizado por la contraparte, resolviendo la Corte Primera de Apelaciones de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán, remitir las presentes diligencias a la Honorable Corte Suprema de Justicia en el término que manda la ley, para proseguir con el trámite correspondiente. QUINTO: Recibidas las actuaciones en éste Tribunal, los abogados MARVIN OSWALDO FERRERA ALVARENGA e IVÁN ANTONIO FLORES HÉRCULES, ambos en sus condiciones ya indicadas, presentaron escritos de personamiento en fechas treinta de junio y diecinueve de julio del año dos mil dieciséis, y una vez visto el informe rendido por la Secretaría de este Tribunal, mediante proveído de fecha treinta de agosto del año dos mil dieciséis, se les tuvo por personados dentro del plazo concedido. SEXTO: Que el abogado IVÁN ANTONIO FLORES HÉRCULES, plantea su recurso de casación contra la sentencia dictada por la Corte Primera de Apelaciones de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán de la siguiente manera: “MOTIVOS DE CASACIÓN. PRIMER MOTIVO DE CASACIÓN: Se impugna la aplicación indebida del artículo 1384.4 del Código Civil, utilizado en el hecho cuarto de los fundamentos de derecho de la sentencia recurrida, por no tener dicho precepto legal relación alguna con el objeto del contrato de arrendamiento con promesa de venta (el inmueble arrendado). PRECEPTO AUTORIZANTE: El presente motivo de casación se encuentra autorizado por el artículo 719.2 del Código Procesal Civil, que establece: “Igualmente, se podrá impugnar la aplicación e interpretación de las normas de derecho empleadas para la solución de fondo del litigio”. EXPLICACIÓN DEL MOTIVO: La aplicación del artículo 1384.4 del Código Civil, utilizado en el hecho cuarto de los fundamentos de derecho de la sentencia recurrida, no tiene relación alguna con el objeto del contrato de arrendamiento con promesa de venta (el inmueble arrendado), ya que la cosa objeto de dicho contrato (el inmueble) no se ha deteriorado, es más, desconocemos sinceramente de dónde este Honorable Tribunal dedujo dicha situación, ya que a lo largo del juicio, ninguna de las partes hizo alusión alguna al deterioro de la cosa, y por lo tanto, no es el caso. Cabe recordar que la resolución del contrato en referencia se debió estrictamente al incumplimiento de las obligaciones de los señores MIRIAM JUDITH VALLADARES PAGOAGA y JOSÉ NAPOLEON MORAZÁN LANZA, es decir, por causas posteriores a la celebración del contrato, con lo cual se dio una causal sobreviviente a la celebración del mismo. En este mismo orden de ideas, en los contratos con prestaciones recíprocas, cuando una de las partes contratantes falta al cumplimiento de su prestación, la otra puede a su elección solicitar el cumplimiento o la resolución del contrato, y, en cada caso, exigir además el resarcimiento de los daños y abono de intereses en ambos casos (artículo 1386 del Código Civil), aunado en el presente caso, el lanzamiento, ya que fue lo pactado por ambas partes en el contrato suscrito en caso de incumplimiento del promitente comprador/deudor. Precisión y justificación de la incidencia de la infracción en el sentido de la sentencia impugnada en casación: En aplicación de los artículos 721.2 y 704, ambos del Código Procesal Civil, se precisa y justifica la incidencia de la infracción señalada en el presente motivo de casación, así como el error que causa agravio a mi representada en la sentencia impugnada, así: Al aplicar indebidamente el artículo 1384.4 del Código Civil, se está creando confusión en cuanto al estado físico del inmueble objeto del contrato de arrendamiento con promesa de venta, ya que dicha norma hace referencia directamente al deterioro de la cosa en una obligación de dar, situación que no es real, en vista de que a lo largo del juicio de mérito en ningún momento se hizo alusión al estado físico del referido inmueble. SEGUNDO MOTIVO DE CASACIÓN: Se impugna la incorrecta interpretación del artículo 1386 del Código Civil, utilizado en el hecho cuarto de los fundamentos de derecho de la sentencia recurrida. PRECEPTO AUTORIZANTE: El presente motivo de casación se encuentra autorizado por el artículo 719.2 del Código Procesal Civil, que establece: “Igualmente, se podrá impugnar la aplicación e interpretación de las normas de derecho empleadas para la solución de fondo del litigio” EXPLICACIÓN DEL MOTIVO: La aplicación e interpretación dado al artículo 1386 del Código Civil, utilizado en el hecho cuarto de los fundamentos de derecho de la sentencia recurrida, no es del todo correcta y se queda corta, en vista de que por un lado si se reconoce que el contrato de arrendamiento con promesa de venta (no con opción a compra, ya que son dos cosas distintas) fue resuelto, pero no así a que entre exigir el cumplimiento o la resolución de la obligación (en el caso de mérito la resolución del contrato) también se debe al perjudicado (en este caso BANCO ATLÁNTIDA, S.A.) el derecho al resarcimiento de daños y abono de intereses en ambos casos, que fue justo lo que se demandó en primera instancia como consecuencia de dicho incumplimiento y a lo que el acreedor (BANCO ATLÁNTIDA, S.A.) tenía derecho, aunado al lanzamiento, ya que fue lo pactado por ambas partes en el referido contrato, como penalidades por el incumplimiento de la parte deudora. En cuanto a los requisitos y efectos de la resolución del contrato por incumplimiento tenemos: REQUISITOS 1. La existencia de un contrato con prestaciones recíprocas válido. El contrato inválido es nulo o anulable, no es resoluble. 2. Que una de las partes contratantes falte al cumplimiento de su prestación, total o parcialmente. 3. Que el incumplimiento parcial sea importante que de haber sabido el acreedor que la prestación no se cumpliría en su integridad no habría celebrado el contrato. 4. Que el incumplimiento no se deba a caso fortuito, fuerza mayor, hecho de un tercero o del propio acreedor. En estos casos la resolución no es por incumplimiento sino por aplicación de la teoría del riesgo. 5. Que la parte que pretende la resolución no sea incumplidora. 6. Que se invoque judicial o extrajudicialmente. EFECTOS 1. Disuelve el contrato, quedando las partes desligadas de sus obligaciones. 2. Opera retroactivamente, las partes deben devolverse recíprocamente lo que hubieran recibido como consecuencia del contrato, salvo disposición legal o convencional en contrario o que la naturaleza del contrato no lo permita. 3. La resolución no perjudica los derechos de terceros adquiridos de buena fe. 4. Una vez notificada la demanda de resolución, el demandado queda impedido de cumplir su prestación con el fin de paralizar la resolución. Finalmente, cuando en el contrato con prestaciones recíprocas una de las partes falta al cumplimiento de su prestación, total o parcialmente, la otra, si todavía tiene interés en la prestación no ejecutada, puede solicitar el cumplimiento, o sea que el deudor ejecute su prestación, o, si ya no tiene interés en dicha prestación, pude demandar la resolución del contrato, y en uno u otro caso, puede además exigir que se le indemnice los daños, tal como ocurre en el caso de mérito, en el cual se exige a la parte deudora que cumpla con la penalización establecida en el mismo contrato en caso de incumplimiento (no que cumpla con las obligaciones pactadas en el referido contrato, en vista de este haber sido resuelto, por lo tanto invalidas las prestaciones de las partes). De lo anterior podemos deducir las siguientes reglas aplicables en caso de que una de las partes contratantes falte al cumplimiento de su prestación: 1. Que el contrato sea de prestaciones recíprocas; 2. Que una de las partes contratantes falte al cumplimiento de su obligación, en cuyo caso, la otra puede solicitar judicialmente el cumplimiento o la resolución del contrato; 3. Si se demanda judicialmente el cumplimiento, puede sucesivamente solicitar la resolución; pero si demanda la resolución, ya no puede sucesivamente demandar el cumplimiento; 4. Sea que se demande el cumplimiento o la resolución, el actor puede acumular a su demanda la acción de indemnización de daños; 5. A partir de la notificación con la demanda de resolución, la parte demandada no puede cumplir su prestación con el fin de impedir la resolución; 6. Para demandar la resolución es necesario que el incumplimiento sea grave; 7. El presupuesto de la resolución es el incumplimiento, prescindiendo de la culpa. La diferencia entre incumplimiento culpable y no culpable sólo tiene relevancia para determinar la obligación de indemnizar los daños, en el sentido que si el deudor es culpable resarcirá los daños, en caso contrario solamente restituirá la prestación. Como se aprecia, cuando una de las partes contratantes no ejecuta su prestación o prestaciones, la otra está facultada legalmente para exigir el cumplimiento o demandar la resolución del contrato. Sea que el acreedor opte por una u otra alternativa, puede acumular a su demanda (opcional para el acreedor hacerlo en este momento o posteriormente) la indemnización de los daños que se le ha causado con el incumplimiento. Con la resolución del contrato por vía judicial, es más que evidente que la prestación del demandado no se cumplió dentro del plazo señalado, y por ende el contrato se resolvió de pleno derecho, quedando a cargo del deudor la indemnización de daños, que fue justamente la que se demandó, en virtud de la penalización establecida en el mismo contrato. Para pedir dicha indemnización consistente en el pago de la deuda total, así como en el lanzamiento del inmueble, obviamente primero se debía pedir la resolución del contrato, y ya sea en este mismo acto (en caso de tratarse de una resolución vía judicial) o posterior a ésta, pedir la indemnización causada por parte del demandado. Lo que opera de pleno derecho es solamente la resolución del contrato, pero si el deudor no indemniza los daños causados a su acreedor o no restituye la prestación ya ejecutada en su favor, la sentencia judicial será siempre necesaria. Precisión y justificación de la incidencia de la infracción en el sentido de la sentencia impugnada en casación: En aplicación de los artículos 721.2 y 704, ambos del Código Procesal Civil, se precisa y justifica la incidencia de la infracción señalada en el presente motivo de casación, así como el error que causa agravio a mi representada en la sentencia impugnada, así: Al aplicar indebidamente el artículo 1386 del Código Civil, solamente se reconoce a resolución del contrato (como una de las opciones del acreedor en caso de incumplimiento del deudor), no así a la indemnización de daños y perjuicios a la que tiene derecho el acreedor, en este caso, en virtud de la penalización establecida en el referido contrato en caso de incumplimiento por mora. TERCER MOTIVO DE CASACIÓN: Se impugna la violación por falta de aplicación de los artículos 1346, 1348 y 1539 del Código Civil y 714 y 715 del Código de Comercio, referentes a la libertad de contratación de las partes, así como que las obligaciones adquiridas deben cumplirse de buena fe al tenor de los mismos. PRECEPTO AUTORIZANTE: El presente motivo de casación se encuentra autorizado por el artículo 719.2 del Código Procesal Civil, que establece: “Igualmente, se podrá impugnar la aplicación e Interpretación de las normas de derecho empleadas para la solución de fondo del litigio”. Como bien sabemos, los contratos son ley entre las partes y deben cumplirse de buena fe al tenor de los mismos, al amparo de lo establecido en los artículos 1348 del Código Civil: “Las obligaciones que nacen de los contratos tienen fuerza de ley entre las partes contratantes, y deben cumplirse al tenor de los mismos”; 1346: “Las obligaciones nacen de la ley, de los contratos y casi contratos y de los actos y omisiones ilícitos o en que intervengan cualquier género de culpa o negligencia”; 1539: “Contrato es una convención en virtud de la cual una o más personas se obligan para con otra u otras, o recíprocamente, a dar, hacer o no hacer alguna cosa”; y los artículos 714 del Código de Comercio que establece que: “Las partes pueden determinar libremente el contenido de los contratos en los límites legalmente impuestos. También pueden celebrar contratos que no correspondan a los tipos que este Código fija, siempre que persigan intereses dignos de tutela jurídica”, y, 715: “Los contratos mercantiles que no estén especialmente reglamentados en este Código, se regirán por las reglas generales y por las estipulaciones de las partes, y en lo que fueren omisas, por las disposiciones del contrato con el que tengan más analogía de los reglamentados en este ordenamiento o en el Código Civil”; Lo que se demandó originalmente ante el Juzgado de Letras Civil de Francisco Morazán no es más que el pago de lo adeudado (no el cumplimiento de la obligación), así como el lanzamiento del inmueble, en virtud del efecto resarcitorio, y que en el caso de la resolución del contrato, el deudor que ha faltado al cumplimiento de su prestación o por cuya culpa la prestación deviene en imposible, debe resarcir los daños irrogados al acreedor, ya que el contratante que causa daño al otro está obligado a indemnizarlo, pues el principio es que todo aquel que causa daño a otro está en la obligación de indemnizar, y lo que se demandaba era, es y seguirá siendo el pago de la totalidad de la deuda y lanzamiento (como penalidad establecida en el mismo contrato en caso de incumplimiento por haber caído los deudores en mora) y no el cumplimiento de la obligación, ya que de ser así, si sería improcedente pedir el cumplimiento de la obligación y todavía el lanzamiento, algo que es totalmente incompatible, ya que si se cumple con la obligación, no hay razón de ser de pedir el lanzamiento. Precisión y justificación de la incidencia de la infracción en el sentido de la sentencia impugnada en casación: En aplicación de los artículos 721.2 y 704, ambos del Código Procesal Civil, se precisa y justifica la incidencia de la infracción señalada en el presente motivo de casación, así como el error que causa agravio a mi representada en la sentencia impugnada, así: Al no aplicar los artículos 1346, 1348 y 1539 del Código Civil y 714 y 715 del Código de Comercio, referentes a la libertad de contratación de las partes, así como que las obligaciones adquiridas deben cumplirse de buena fe al tenor de los mismos, se está violentando la seguridad jurídica a la que tiene derecho toda persona, en este caso a BANCO ATLÁNTIDA, S.A., que de buena fe contrata con otra, para cumplir con su giro comercial. CUARTO MOTIVO DE CASACIÓN: Se impugna la violación por falta de aplicación del artículo 8 numeral 1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. PRECEPTO AUTORIZANTE: El presente motivo de casación se encuentra autorizado por el artículo 719.1.b. del Código Procesal Civil, que establece: “1. Se podrá impugnar la aplicación e interpretación de las normas procesales que regulan: b) Los actos y garantías procesales cuando su infracción suponga la nulidad o produjera indefensión”. EXPLICACIÓN DEL MOTIVO: La Constitución de la República, en su artículo 16 prescribe: “Los tratados internacionales celebrados por Honduras con otros Estados, una vez que entran en vigor, forman parte del derecho interno” Resulta que el Estado de Honduras es parte signataria de la Convención Americana sobre Derecho Humanos, la cual, establece: “Artículo 8. Garantías Judiciales. 1. Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial; establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter.” BANCO ATLÁNTIDA, S.A, al incoar la acción judicial ante el Juzgado de Letras Civil de Francisco Morazán, pretende la aplicación de la ley y la justicia adecuadamente, y que de forma correcta resolvió dicho Juzgado, al analizar todo el contexto, tanto el contrato de arrendamiento con promesa de compra que reiteramos es ley entre ambas partes, así como la normativa legal aplicable, para finalmente reconocer a favor de mi representada, el derecho que tenía a que se pagara la totalidad de la deuda más los intereses ocasionados, así como a la entrega del inmueble (lanzamiento), en virtud de ser esta la penalización derivada del incumplimiento de los señores MIRIAM JUDITH VALLADARES PAGOAGA y JOSÉ NAPOLEON MORAZÁN LANZA, penalización que como hemos manifestado anteriormente se estableció en el referido contrato. Precisión y justificación de la incidencia de la infracción en el sentido de la sentencia impugnada en casación: En aplicación de los artículos 721.2 y 704, ambos del Código Procesal Civil, se precisa y justifica la incidencia de la infracción señalada en el presente motivo de casación, así como el error que causa agravio a mi representada en la sentencia impugnada, así: La Convención Americana sobre Derechos Humanos regula las Garantías Judiciales y la Protección Judicial que cada Estado signatario se compromete a respetar a sus habitantes, sin embargo, al presentar una demanda ante un Juzgado de la República para que éste como órgano competente proceda a determinar sus derechos, y que al final no se le reconozcan, aplicando e interpretando incorrectamente la norma jurídica, se está contrariando el acceso a la impartición de la justicia, que debe ser la máxima premisa del Poder Judicial. PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA CELEBRACIÓN DE LA AUDIENCIA.- acatamiento a lo dispuesto en el artículo 721.3 del Código Procesal Civil, esta representación se pronuncia en el sentido de que sí es necesaria la celebración de la audiencia para una mejor resolución del presente recurso de casación. IDENTIFICACIÓN DEL PRONUNCIAMIENTO QUE SE IMPUGNA.- En aplicación del artículo 704 del Código Procesal Civil se identifica con precisión que el acto impugnado es la sentencia dictada por esta Corte Primera de Apelaciones de lo civil en fecha ocho (08) de marzo de dos mil dieciséis (2016), mediante la cual se resolvió: “PRIMERO: Con lugar el recurso de apelación interpuesto por el Abogado MARVIN OSWALDO FERRERA ALVARENGA, en su condición de representante procesal de los señores MIRIAM JUDITH VALLADARES PAGOAGA y JOSÉ NAPOLEON MORAZÁN LANZA, en la demanda ordinaria de pago y lanzamiento promovida contra sus representados por el Abogado ÁNGEL IRÍAS RODEZNO, representante procesal de BANCO ATLÁNTIDA S.A. - SEGUNDO: Revoca la sentencia proferida por el Juzgado de Letras Civil del Departamento de Francisco Morazán, el 16 de enero de 2014 - TERCERO: Declarando sin lugar la demanda de proceso ordinario de pago y lanzamiento promovida por el Abogado ÁNGEL IRÍAS RODEZNO, representante procesal de BANCO ATLÁNTIDA S.A. contra los señores MIRIAM JUDITH VALLADARES PAGOAGA y JOSÉ NAPOLEON MORAZÁN LANZA, sin perjuicio de la acción legal correspondiente.- CUARTO: Absuelve a los demandados MIRIAM JUDITH VALLADARES PAGOAGA y JOSÉ NAPOLEON MORAZÁN LANZA, de esta acción deducida en su contra. - QUINTO: Con costas al demandante en primera instancia. - SEXTO: Sin costas en esta instancia. - ...” SEPTIMO: Que el abogado MARVIN OSWALDO FERRERA ALVARENGA, plantea su pronunciamiento sobre la formalización del recurso de casación de la siguiente manera: “EXPOSICION DE MOTIVOS DE LA PARTE RECURRENTE. PRIMER MOTIVO: La parte recurrente acusa la sentencia de segunda instancia por aplicación indebida conforme al artículo 1348.4 del Código Civil, por no tener dicho precepto legal relación alguna con el objeto del contrato de arrendamiento con promesa de venta. La parte recurrente con este primer motivo solamente quiere sorprender la sapiencia y Majestad de la Corte Suprema, señalando el artículo 1384.4 del Código Civil, acusando que el mismo no tiene relación con el objeto del contrato, cuando es más que evidente y claro que lo manifestado en el señalado hecho por la Corte Primera de Apelaciones de este departamento, se refiere a los contratos válidos, a la eficacia de las obligaciones y a la previa resolución del contrato por la parte actora de este recurso y en este mismo además el A-Quem, señala que conforme al articulo 748 del Código de Comercio al cual no se le dio cumplimiento como señala el aludido precepto, que dice: El que incumple podrá ser requerido por la contraparte para que cumpla su obligación por un plazo conveniente, no inferior a quince días, a no ser que la naturaleza del contrato, los usos o el pacto permitan un plazo menor…” manifiesto Honorable Corte, que no se cumplió esta letra en mis representados, al no ser requeridos, al no ser emplazados para el cumplimiento del contrato, que quizá era mucho más fácil para mis representados ponerse al día con el pago parcial, que a cumplir el contrato en forma total, y quizá para BANCO ATLANTIDA lo que resulte de la resolución del contrato no tenga importancia pero para mis representados si, porque son ahorros de toda su vida, pero como para el Banco esto no tiene importancia decidió resolver en forma unilateral el supradicho contrato en perjuicio mis mandantes, de todo esto mis representados se informan hasta el momento del emplazamiento y citación para que contestaran la demanda incoada en el Juzgado Civil de este departamento. En el párrafo segundo de este mismo precepto legal dice: “Este precepto (refiriéndose al párrafo primero) no se aplicara cuando el incumplimiento de una parte sea de poca importancia teniendo en cuenta el interés de la otra” Dando a entender que no será necesario requerir al que incumple, ni darle plazo alguno, cuando para el que incumple no tenga importancia la resolución del contrato, me pregunto y pregunto ¿No tiene importancia para mis representados el hecho de quedarse sin vivienda y no tener donde vivir ellos y sus hijos y perder todo lo que han pagado y lo invertido en la vivienda? Esto lo manifiesto pues han pagado, han dado los ahorros de toda su vida y que no diga la parte recurrente que no saben ni se dan cuenta de las mejoras. Honorable Corte, para una familia de pocos recurso económicos esto es terrible que los despojen de su vivienda e irrecuperables las pérdidas. POR TANTO ESTE MOTIVO NO CUMPLE NI ESTA COMPRENDIDO ENTRE LOS MOTIVOS SUSTANCIALES PARA HACER CASAR AL RECURSO. SEGUNDO MOTIVO: En este motivo la parte recurrente acusa la sentencia recurrida por la incorrecta interpretación del articulo 1386 del Código Civil, utilizado en el hecho cuarto de los fundamentos de derecho. La Corte Primera de Apelaciones de esta Sección Judicial interpreta en la forma correcta el contrato, la formulación de la demanda, las pruebas, la contestación de la demanda, la ley y va más allá mediante la oficiosidad y busca que todos estos elementos casen y los acerca a lo más próximo que todo funcionario judicial debe de anhelar que ES LA JUSTICIA, por lo que manifestó en su sentencia, que la sentencia del a-quo fue desmedida otorgando todo lo pedido por la parte actora, quien condeno a los demandados al cumplimiento de la obligación mas el pago de intereses y a la devolución de la vivienda, cuando el articulo antes aludido e claro y fácil de entender que dice que el perjudicado podrá escoger entre exigir el cumplimiento del contrato o la resolución de la obligación y en este caso la parte recurrente al momento de formular su demanda escogieron, EXIGIR TODO, COMO SER EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Y LA RESOLUCION DE LA OBLIGACION, con lo que adquirían el valor total de la vivienda y el pago e intereses a favor del Banco y la devolución de la misma vivienda también a favor del Banco, hecho que en la sentencia del Ad-Quem consideraron desmedida en perjuicio de mis representados. POR TANTO ESTE MOTIVO NO CUMPLE NI ESTA COMPRENDIDO ENTRE LOS MOTIVOS SUSTANCIALES PARA HACER CASAR AL RECURSO. TERCER MOTIVO: En este motivo la parte recurrente acusa la sentencia recurrida de ser violatoria por la falta de aplicación de los artículos 1346, 1348 y 1539 del Código Civil y 714 y 715 del Código de Comercio, referente a la libertad de contratación de las partes. En el titulo I de las obligaciones del capitulo I de la disposiciones generales del Código Civil, en su articulo 1346, la parte recurrente establece que el A-Quem viola con la sentencia recurrida las pretensiones de su representada, manifestación totalmente falsa y equivoca, porque si bien el articulo antes aludido dice “Que las obligaciones nacen de la ley …” es correcto, por lo mismo tanto se hizo la ley como una barrera, como un limite hasta donde los particulares o signatarios del contrato social podemos llegar con nuestras acciones y si traspasamos esos limites ya sea en forma ingenua o abusiva, esta los para y nos señala que estamos equivocados y es el caso con esta sentencia están señalando que Banco Atlántida sobrepaso la ley con ese contrato abusivo, como abusiva es la sentencia del a-quo que lo aceptó y dio la razón. También la parte recurrente señala la no aplicación del articulo 1348 del mismo cuerpo legal, el que dice: “Las obligaciones que nacen de los contratos tienen fuerza de ley entre los contratantes y deben de cumplirse al, tenor de los mismos.” También es correcto, pero en este caso Banco Atlántida, suponiendo que tiene derecho a lo que está solicitando, saltó la barrera que la misma ley le establece corno limite, violando lo establecido en el articulo 1386 párrafo segundo que establece, el perjudicado en forma alternativa debe elegir entre exigir el cumplimiento de la obligación o la resolución del contrato” y este exigió las dos alternativas, limite que la ley le prohíbe y es el caso que la Honorable Corte de Apelaciones le puso un stop a la Sociedad Mercantil denominada BANCO ATLANTIDA para que no, en forma errónea o ingenua se aproveche del particular. La parte recurrente también señala el articulo 1539 del mismo cuerpo legal, que en su letra dice “CONTRATO es una convención en virtud de la cual una o más personas se obligan para con otra u otras, o recíprocamente, a dar, hacer o no hacer alguna cosa”.- Pero todas las obligaciones contractuales públicas o privadas deben de enmarcarse o sujetarse dentro de la ley, que es el caso Nadie está obligado a cumplir leyes o contratos ilícitos que traspasen la voluntad del legislador o violen la ley. El recurrente también señala que el Ad-Quem ha violado el articulo 714 del Código de Comercio, que en su letra dice “Las partes pueden determinar libremente el contenido de los contratos en los limites legalmente impuestos” precepto legal que aclara y no deja duda de todo lo establecido por el suscrito en todo el batallar en esta contestación, la persona jurídica llamada como le llamemos no puede en los contratos celebrados con los particular traspasar los limites impuestos por la ley, de lo contrario son nulos o no eficaces como es el caso que nos ocupa. POR TANTO ESTE MOTIVO NO CUMPLE NI ESTA COMPRENDIDO ENTRE LOS MOTIVOS SUSTANCIALES PARA HACER CASAR AL RECURSO. CUARTO MOTIVO: En este motivo la parte recurrente acusa la sentencia recurrida de ser violatoria por la falta de aplicación del artículo 8 numeral 1 de la Convención Americana de derechos Humanos. Manifiesta el recurrente en el presente motivo de casación, que se encuentra autorizado por el artículo 719.1. b del Código Procesal Civil, que establece “se podrá impugnar la aplicación e interpretación de las normas procesales que los regulan: b) Los actos y garantías procesales cuando su infracción suponga la nulidad o produjera indefensión.” En el segundo párrafo del motivo cuarto de casación que hace referencia al artículo 8 de las garantías sociales, pienso o siento que lo hace como advirtiendo, señalando en forma intimidatoria al Tribunal que dictó la resolución que revocó la sentencia del A-Quo, igual que hizo con el suscrito en la secuela del juicio. Honorables Señores Magistrados, ya tratando lo que deberás nos debe de ocupar y lo que debemos de discutir que es esta contestación manifiesto es cierto todos tenemos derecho a pedir a querer, pero pedir o querer siempre lo posible lo que no esta prohibido por las leyes para los hombres, porque digo esto, porque la representada del actor de este recurso formuló una demanda en primera instancia, primeramente sin tener capacidad para pedir lo demandada y en segundo lugar la forma como planteó la demanda que lo hizo en forma defectuosa no apegada a la ley, tal como he venido discutiendo en todo desarrollo de esta contestación, por lo que digo y siempre lo he dicho a los colegas uno debe de pedir, pero saber pedir porque no siempre todo lo que pedimos se nos puede complacer o dar. - Y a ser oídos si siempre, como fuimos oídos en primera instancia y estamos siendo oídos en segunda y como vamos a ser oídos en la Corte Suprema de Justicia, pero Igualmente el recurrente señala que el Ad-Quem ha violado el articulo 715 del Código de Comercio- Precisamente este el precepto legal en que baso la resolución el Juzgado de Letras de Inquilinato de este departamento, quien al estudiar el CONTRATO DE ARRENDAMIENTO CON PROMESA DE VENTA presentado por BANCO ATLANTIDA lo detectó que se refería a un CONTRATO DE COMPRAVENTA APLAZADA o AL CREDITO como popularmente le llamamos, razón por cual se declaró incompetente para conocer dicha demanda de desahucio y lo remitió a la jurisdicción civil como consecuencia que es un contrato no reglamentado en el Código de Comercio este por tratarse la demandante de una empresa mercantil. El recurrente en el ultimo párrafo del tercer motivo dice “Al no aplicar los artículos 1346, 1348 y 1539 del Código de Civil, 714 y 715 del Código de Comercio, referentes a la libertad de contratación de las partes, así como que las obligaciones adquiridas deben cumplirse de buena fe al tenor de los mismo, se está violentando le SEGURIDAD JURIDICA a la que tiene derecho toda persona, en este caso B ANCO ATLANTIDA, S.A, que de buena fe contrata con otra, para cumplir con su giro principal. Muchas veces el problema no es la persona jurídica, puesto que esta no tiene voluntad propia pero sus representantes legales y sus asesores, quienes si entienden y comprenden de acuerdo a su capacidad técnica, profesional e intelectual y ellos cuando contratan en nombre de esta que no tiene voluntad propia, deben ser cuidadosos en cuando firman y aceptan un contrato de su representada; que sea legalmente valido, no esté prohibido por las leyes hondureñas, ni sea contrario a las buenas costumbres y que este cumpla todos los requisitos establecidos en la ley para que el mismo no sea nulo e implique su anulación o no sea eficaz al momento de pretenderlo hacer valer ante cualquier autoridad contra cualquier particular.- Y de la buena fe que habla el recurrente, la buena o mala fe es subjetiva nadie se culpa por si solo y quien lo culpa son sus acciones y peor cuando están vayan contra particulares. Esto no quiere decir que se nos va a otorgar todo lo que pedimos, tal como pareciera que quiere el recurrente. POR TANTO ESTE MOTIVO NO CUMPLE NI ESTA COMPRENDIDO ENTRE LOS MOTIVOS SUSTANCIALES PARA HACER CASAR AL RECURSO.” II. FUNDAMENTOS DE DERECHO 1. Esta Sala de lo Civil, viene reiterando la naturaleza y función del recurso de casación, así pues, el recurso de casación tiene una función nomofiláctica, en virtud de lo cual el artículo 716 del Código Procesal Civil dispone dos fines expresos, el primero de ellos, es la protección de las normas del ordenamiento jurídico, y esto se hace, procurando y promoviendo la más adecuada aplicación e interpretación del derecho objetivo. El segundo fin es la unificación de la jurisprudencia nacional. Por su parte el numeral dos del artículo precitado, conmina a este Alto Tribunal a que aplique e interprete las normas referidas al recurso de casación atendiendo a la finalidad de unificación de la jurisprudencia, esto como instrumento de garantía de la igualdad de todos ante la ley, y de la seguridad y certidumbre jurídicas. (Ver resoluciones de fechas 13-12-2013 ex 236-2012, 18-03-2014 ex 003-2013 y 06-05-2014 ex 135-2013). 2. De conformidad con el artículo 719 del Código Procesal Civil, se podrá impugnar la aplicación e interpretación de las normas procesales, así como la aplicación e interpretación de las normas de derecho empleadas para la solución de fondo del litigio, y de conformidad con el artículo 721 del mismo Código, el recurso de casación se interpondrá por escrito ante la Corte de Apelaciones que hubiere dictado la sentencia dentro de los veinte días siguientes al de la notificación. En ese escrito se harán constar los motivos en que la casación se base, con expresión de las normas de derecho cuya infracción sustente cada motivo. Todo ello se deberá fundar con la suficiente separación y claridad, precisando y justificando la incidencia de la infracción en el sentido de la resolución impugnada, también se hará constar si el recurrente estima necesario la celebración de la audiencia. 3. Con los requisitos formales establecidos en el artículo 721 del Código Procesal Civil queda reconocido el denominado principio de “Debida Técnica”, que constituye los mínimos requerimientos que debe contener la demanda de casación a efectos de ser tenida como un verdadero juicio técnico de impugnación, valorativo y preciso. 4. DEL RECURSO DE CASACION INTERPUESTO POR EL ABOGADO IVAN ANTONIO FLORES HERCULES EN SU PRIMER MOTIVO. El recurrente presenta en su primer motivo impugnación por aplicación indebida del artículo 1384.4 del Código Civil, señalando como precepto autorizante el artículo 719.2 del Código Procesal Civil. En su explicación alega que el artículo que cita como infringido no tiene relación con el objeto del contrato de arrendamiento con promesa de venta. Alega que en los contratos con prestaciones recíprocas, cuando una de las partes contratantes falta al cumplimiento de su prestación, la otra puede a su elección solicitar el cumplimiento o la resolución del contrato, y, en cada caso, exigir además el resarcimiento de los daños y abono de intereses en ambos casos (artículo 1386 del Código Civil). Respuesta de la Sala. Esta Sala de lo Civil aprecia que este motivo comete el yerro de pretender introducir al examen casacional normas jurídicas de carácter general, en este caso preceptos relativos a las diversas especies de obligaciones, y estas “son normas de carácter general que como lo ha dicho esta Sala en forma reiterada, no son susceptibles de ser examinadas en casación porque con ello se da lugar a la indeterminación y falta de claridad del motivo con la consecuente indefensión para la parte contraria, sin embargo, es preciso aclarar que si es posible la cita de normas generales en relación con preceptos homogéneos con la norma general pero más específicos, lo que no ha verificado el censor”[1]; dando lugar a la causal de inadmisiblidad prevista en el artículo 723. 2. a) del Código Procesal Civil. 5. DEL RECURSO DE CASACION INTERPUESTO POR EL ABOGADO IVAN ANTONIO FLORES HERCULES EN SU SEGUNDO MOTIVO. El impetrante impugna la incorrecta interpretación del artículo 1386 del Código Civil, señalando como precepto autorizante el artículo 719. 2 del Código Procesal Civil. En su explicación el recurrente alega que la aplicación e interpretación del artículo 1386 del Código Civil no es del todo correcta y se queda corta en vista de que por un lado si se reconoce que el contrato de arrendamiento con promesa de venta fue resuelto, pero no así a que entre exigir el cumplimiento o la resolución de la obligación también se debe al perjudicado el derecho al resarcimiento de daños y abono de intereses en ambos casos, que fue justo lo que se demandó en primera instancia como consecuencia de dicho incumplimiento. Respuesta de la Sala. Esta Sala de lo Civil aprecia que este motivo comete el yerro nuevamente de pretender introducir al examen casacional normas jurídicas de carácter general, que como hemos dicho antes, no son susceptibles de ser examinadas en casación dando lugar a la causal de inadmisiblidad prevista en el artículo 723. 2. a) del Código Procesal Civil. 6. DEL RECURSO DE CASACION INTERPUESTO POR EL ABOGADO IVAN ANTONIO FLORES HERCULES EN SU TERCER MOTIVO POR FALTA DE APLICACIÓN. El impetrante impugna la violación por falta de aplicación de los artículos 1346, 1348 y 1539 del Código Civil y 714 y 715 del Código de Comercio, señalando como precepto autorizante el artículo 719. 2 del Código Procesal Civil. En su explicación el recurrente luego de citar íntegramente los artículos citados como infringidos manifiesta que lo que demandó originalmente no es más que el pago de lo adeudado (no el cumplimiento de la obligación), así como el lanzamiento del inmueble en virtud del efecto resarcitorio y que en el caso de la resolución del contrato, el deudor que ha faltado al cumplimiento de su prestación o por cuya culpa la prestación deviene en imposible, debe resarcir los daños irrogados al acreedor, pues el principio es que todo aquel que causa daño a otro está en la obligación de indemnizar y lo que se demanda es el pago de la deuda y lanzamiento y no el cumplimiento de la obligación. Respuesta de la Sala. Esta Sala de lo Civil aprecia que nuevamente el recurrente en este motivo pretende introducir al examen casacional normas jurídicas de carácter general, que como hemos dicho antes, no son susceptibles de ser examinadas en casación dando lugar a la causal de inadmisiblidad prevista en el artículo 723. 2. a) del Código Procesal Civil. 7. DEL RECURSO DE CASACION INTERPUESTO POR EL ABOGADO IVAN ANTONIO FLORES HERCULES EN SU CUARTO MOTIVO. El impetrante impugna la violación por falta de aplicación del artículo 8 numeral 1) de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, señalando como precepto autorizante el artículo 719. 1. b) del Código Procesal Civil. En su explicación el recurrente cita íntegramente el artículo 16 de la Constitución de la República y 8. 1 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos y argumenta que su representado al demandar pretende la aplicación de la ley y la justicia adecuadamente y que de forma correcta resolvió el juzgado de primera instancia. Respuesta de la Sala de lo Civil. El recurrente viene citando como infringido por falta de aplicación el artículo 8.1 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, cuya infracción no puede ser abordada en la forma pretendida por el recurrente en tanto que el precepto autorizante limita el acceso casacional únicamente para impugnar la aplicación e interpretación de las normas procesales que regulan los actos y garantías procesales; cuando el Código Procesal Civil habla de normas procesales que regulan actos y garantías procesales, se refiere a las normas del propio Código Procesal Civil, tal y como ya lo ha expresado este tribunal de casación cuando expone que: “con ello está circunscribiendo el ámbito de la impugnación a las normas procesales atinentes a actos y garantías procesales cuya infracción suponga nulidad o indefensión; hablamos de supuestos de falta de emplazamiento, denegación de algún medio de prueba admisible, admisión de prueba ilícita entre otros, de modo que se trata en todo caso de normas estrictamente procesales”, en consecuencia concurre la causal de inadmisión prevista en el artículo 723.2. a) del Código Procesal Civil. III. PARTE DISPOSITIVA Por lo antes expuesto la Sala de lo Civil de la Corte Suprema de Justicia, pronunciándose por unanimidad de votos e impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, en base a los fundamentos de derecho citados y haciendo aplicación de los Artículos 82, 303, 304, 313 numeral 5) y 316 de la Constitución de la República; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 115, 118 numeral 1), 129, 169, 170, 190, 191, 193 numeral 2, literal b), 197, 716, 717, 718, 719, 721, 722, 723.2 a), 724, del Código Procesal Civil; profiere el presente AUTO IRRECURRIBLE y DECLARA: 1) La inadmisión del recurso de casación en sus cuatro motivos interpuesto y formalizado por el abogado IVAN ANTONIO FLORES HERCULES en la condición con que actúa. 2) Firme la sentencia recurrida dictada en fecha ocho de marzo de dos mil dieciséis por la Corte Primera de Apelaciones de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán, en el expediente de apelación número 0801-2012-06358, originado en los autos que conforman la primera pieza que se registra bajo el número 0801-2012-06358 CPCO del Juzgado de Letras Civil del Departamento de Francisco Morazán. 3) Condenar en costas a la parte recurrente. Y MANDA: Remitir las presentes actuaciones, junto con la certificación de esta resolución al Tribunal de su procedencia, previa notificación de este auto a las partes personadas, por medio de sus apoderados legalmente constituidos en juicio. NOTIFIQUESE. FIRMAS Y SELLO. WILFREDO MENDEZ ROMERO. MAGISTRADO COORDINADOR. RINA AUXILIADORA ALVARADO MORENO. MAGISTRADA. REYNALDO ANTONIO HERNANDEZ. MAGISTRADO. FIRMA Y SELLO. BETTY JANETH PALMA O´CONNOR. RECEPTORA ADSCRITA”. Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los trece días del mes de diciembre del año dos mil diecisiete; Certificación del auto de fecha treinta de octubre del año dos mil diecisiete, recaído en Recurso de Casación registrado bajo el No. S.C. 160=2016.

BETTY JANETH PALMA O’CONNOR

RECEPTORA ADSCRITA

[1] véase resoluciones en expedientes 148-2012, 255-2012 y 123-2014