Sentencia CC-157-15 — Registro 6701
Resumen
Demanda ordinaria para la restitución de cantidades de dinero, pago de intereses legales dejados de percibir e indemnización de daños y perjuicios declarada sin lugar y confirmada en segunda instancia.
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
...“No es de recibo para la Sala de lo Civil el Primer Motivo, ello porque en los términos en que se formula el mismo, encontramos que por parte del recurrente se incurre en una indebida técnica casacional, a saber: a) Carece de la separación y claridad que exige el artículo 721.2 del Código Procesal Civil, así tenemos que él impetrante expone que “se infringió los artículos 14 que regula el Principio de Doble Instancia y el artículo 913 ambos del Código Procesal Civil”, sin que el mismo haga la separación debida en cuanto a cada uno de los artículos, esto es al plantearlos de forma conjunta en un solo motivo concita la falta de separación y claridad necesarias en la correcta técnica recursiva en materia casacional; b) Por otra parte el impetrante al referirse a los hechos probados de la sentencia recurrida pretende en casación su control, con lo cual confunde la viabilidad de la impugnación casacional en cuanto a la motivación fáctica de la sentencia para revisar su existencia, suficiencia, racionalidad y carácter lógico, siempre que éste fuera determinante de un sentido diferente al fallo, en cuyo caso si tal era su pretensión debió fundamentar su motivo en el artículo 719.1, literal c), autorizado por el artículo 720.2 del Código Procesal Civil; c) Arguye el recurrente la infracción de los citados artículos del Código Procesal Civil, y para ello hace relación de medios de prueba que obran en el proceso y que según su estimación darían la razón a su representado; mismos que están referidos a que la señora demandada efectivamente era socia capitalista de su representado; que la propia demandada admitió haber recibido dinero de parte de su representado y la declaración de la testigo Jenny Vanessa Perdomo Guevara, y por la cual se estableció que las partes habían pactado hacer varios negocios en Honduras; razones para considerar que el Tribunal de Alzada ha hecho omisión en la valoración de pruebas. Olvida el recurrente que conforme el artículo 720.1 del Código Procesal Civil, por medio del recurso de casación no se puede instar la revisión de los hechos ni la interpretación y valoración de las pruebas contenidas en las sentencias dictadas en la instancia; y d) Finalmente el recurrente al manifestar en este primer motivo que pretende que la Sala de lo Civil dejé sin valor y efecto las sentencias definitivas tanto del a-quo como del ad-quem, olvida que al tenor de lo preceptuado por el artículo 717 del Código Procesal Civil solo serán recurribles en casación las sentencias y los autos que pongan termino al pleito, haciendo imposible su continuación, dictado en apelación por las Cortes de Apelaciones en el proceso ordinario.”
Legislación citada
- Código Procesal Civil, art. 719, Numeral 2 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Procesal Civil, art. 720, Numeral 1 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Procesal Civil, art. 723, Numeral 2 letra a) (Jerarquía Ordinaria)
Jerarquía: Reiterativa
...“La Sala no estima los argumentos del impetrante en el Segundo Motivo expuesto, ello se establece así, puesto que el mismo incurre en indebida técnica recursiva al momento de plantear el motivo, falencias que tienen que ver con lo siguiente: a) La Sala toma a bien que aun y cuando el impetrante se haya conducido por la vía que provee la causal referida a la infracción de normas que regulan los actos y garantías procesales cuando su infracción supone la nulidad o produce indefensión, sin embargo, no sigue al mismo en su motivo, cuando pretende de forma equivocada que sea estimado el argumento de que el fallo proferido en fecha 20 de noviembre del año 2014 por el iudex a-quo; causa agravios para su representado, ello porque el mismo ha vulnerado el derecho al debido proceso que preceptúa el artículo 90 de la Constitución de la República, al no observarse por parte de esa instancia cuestiones que tienen que ver con los hechos probados, la valoración de la prueba y los fundamentos legales; al respecto es menester recordar al impetrante que solo serán recurribles en casación las sentencias y los autos que pongan termino al pleito, haciendo imposible su continuación, dictados en apelación por las Cortes de Apelaciones tal y lo dispuesto por el artículo 717 del Código Procesal Civil; en ese sentido no cabe en vía de casación hacer impugnación de lo fallado en primera instancia, aun y cuando se alegue que el tribunal de alzada ha convalidado lo resuelto por la primera; aunado a lo anterior a la Sala de lo Civil le está vedado, al tenor de lo dispuesto en el artículo 720.1 del citado Código, hacer revisión de los hechos, la interpretación y valoración de las pruebas contenidas en la sentencia dictada por las Cortes de Apelaciones, que no es el caso de este motivo, puesto que el recurrente impugna en todo momento la sentencia del a-quo; y, b) cabe señalar que el recurrente también falta a la claridad y debida separación con la que debe exponer el motivo, ello porque invoca como norma infringida el artículo 187 en sus numerales 2° y 3° del Código de Procedimientos Civiles, en ese sentido una buena técnica de casación impone al recurrente que exponga de forma separada en motivos diferentes cada uno de los numerales del citado artículo, al no hacerlo así ha inobservado lo dispuesto por el artículo 721.2 del Código Procesal Civil.”
Legislación citada
- Código Procesal Civil, art. 721, Numeral 2 (Jerarquía Ordinaria)
Jerarquía: Reiterativa
...“De lo expuesto por el recurrente en el Quinto Motivo, la Sala no encuentra de recibo tal motivo, y ello se colige así, puesto que el mismo al estimar que se ha infringido por inobservancia del contenido de los artículos 16.1 y 133 numerales 1), 2), y 3) del Código Procesal Civil; concita con ello que el mismo no ha fundamentado el motivo con la suficiente separación y claridad, esto es, el impetrante devenía en la obligación de plantear en motivos separados la infracción del artículo 16.1 del Código Procesal Civil; y en el caso especifico del artículo 133 numerales 1), 2), y 3) del citado Código, plantear su vulneración en motivos separados por cada uno de los tres numerales que conforman el mismo; al no hacerlo así, y plantearse en forma conjunta por el casacionista, con ello el mismo no ha observado lo dispuesto en el artículo 721.2 del Código Procesal Civil. 13.”
Legislación citada
- Código Procesal Civil, art. 721, Numeral 2 (Jerarquía Ordinaria)
Jerarquía: Reiterativa
…“No tienen acogida para la Sala los razonamientos expuestos en el Sexto Motivo, ello se entiende así porque nuevamente el recurrente impugna principalmente el fallo dictado por el juzgado de primera instancia, señalando que el mismo no ha hecho una correcta valoración de una serie de medios probatorios que describe y que expresa que la parte demandante ha presentado en sustento de su pretensión, añade que tal situación de falta de valoración ha sido avalada por el Tribunal de Alzada. Con lo anterior y como ya se ha dejado expuesto ampliamente en el iter de este auto, el recurrente olvida que no son susceptibles de impugnación los fallos dictados por la primera instancia, tal y lo dispuesto por el artículo 717 del Código Procesal Civil, amén de lo anterior queda excluida la revisión probatoria en casación, al tenor de lo preceptuado por el artículo 720.1 del citado Código.”
Legislación citada
- Código Procesal Civil, art. 720, Numeral 1 (Jerarquía Ordinaria)
Jerarquía: Reiterativa
…"En respuesta a lo planteado por el recurrente en el Séptimo Motivo, la Sala no tiene más que agregar de lo que anteriormente se ha expresado en los motivos que preceden a éste; esto es que nuevamente se observa que el recurrente se vuelve reiterativo en impugnar un fallo que no ha debido de cuestionar en vía de casación, en otras palabras no es susceptible del recurso de casación el fallo dictado por el a-quo, puesto que al tenor de lo preceptuado por el artículo 717 del Código Procesal Civil, solo será recurrible en casación las sentencias y los autos que pongan termino al pleito, haciendo imposible su continuación, dictados en apelación por las Cortes de Apelaciones en el proceso ordinario; amen de lo anterior por medio del recurso de casación no se podrá instar la revisión de los hechos y la valoración de las pruebas contenidas en la sentencia dictada, tal y lo que manda el artículo 720.1 del citado Código procesal."
Legislación citada
- Código Procesal Civil, art. 720, Numeral 1 (Jerarquía Ordinaria)
Jerarquía: Reiterativa
..."En respuesta a lo planteado por el recurrente en el Séptimo Motivo, la Sala no tiene más que agregar de lo que anteriormente se ha expresado en los motivos que preceden a éste; esto es que nuevamente se observa que el recurrente se vuelve reiterativo en impugnar un fallo que no ha debido de cuestionar en vía de casación, en otras palabras no es susceptible del recurso de casación el fallo dictado por el a-quo, puesto que al tenor de lo preceptuado por el artículo 717 del Código Procesal Civil, solo será recurrible en casación las sentencias y los autos que pongan termino al pleito, haciendo imposible su continuación, dictados en apelación por las Cortes de Apelaciones en el proceso ordinario; amen de lo anterior por medio del recurso de casación no se podrá instar la revisión de los hechos y la valoración de las pruebas contenidas en la sentencia dictada, tal y lo que manda el artículo 720.1 del citado Código procesal."
Legislación citada
- Código Procesal Civil, art. 720, Numeral 1 (Jerarquía Ordinaria)
Jerarquía: Reiterativa
..."La Sala encuentra que el planteamiento por parte del recurrente en el Octavo Motivo no resulta admisible, ello porque el mismo incurre de nuevo en los mismos errores ya señalados en los motivos precedentes, básicamente plantea el motivo impugnando la sentencia proferida en fecha 20 de noviembre del año 2014, por el juzgado de primera instancia, y nuevamente vuelve a señalar que dicha instancia en el fallo proferido no ha hecho una correcta valoración de una serie de medios de prueba, en especifico cuestiona los razonamientos esgrimidos en los Considerandos 6 y 7 de dicho fallo. La Sala reitera nuevamente al recurrente lo ya expresado en los motivos anteriores y que tienen que ver con dos cuestiones fundamentales que obligatoriamente se deberán observar al momento de interponer un recurso de casación: a) No es viable en esta fase recursiva el impugnar lo fallado por el juzgado a-quo, tal lo deja establecido el ya supra citado artículo 717 del Código Procesal Civil; y, b) Tampoco mediante el recurso de casación se podrá instar la revisión de los hechos y la valoración de las pruebas contenidas en la sentencia dictada, tal y lo que manda el artículo 720.1 del Código Procesal Civil. "
Legislación citada
- Código Procesal Civil, art. 720, Numeral 1 (Jerarquía Ordinaria)
Jerarquía: Reiterativa
..“La Sala de lo Civil una vez analizado lo expuesto por el recurrente en el Noveno Motivo, encuentra que el recurrente erróneamente vuelve a cuestionar el fallo dictado en primera instancia, de nuevo vuelve a señalar una incorrecta valoración de los medios de prueba aportados por la parte demandante, incluso califica el fallo del a-quo de arbitrario; planteamiento que no resulta aceptable al tenor de lo ya señalado en el iter de este auto, y que la Sala tiene a bien señalar nuevamente: a) No es viable en esta fase recursiva el impugnar lo fallado por el juzgado a-quo, tal lo deja establecido el ya supra citado artículo 717 del Código Procesal Civil; y, b) Tampoco mediante el recurso de casación se podrá instar la revisión de los hechos y la valoración de las pruebas contenidas en la sentencia dictada, tal y lo que manda el artículo 720.1 del Código Procesal Civil.”
Legislación citada
- Código Procesal Civil, art. 720, Numeral 1 (Jerarquía Ordinaria)
Jerarquía: Reiterativa
..."Los argumentos expuestos por el recurrente en el Décimo Motivo, no son de recibo por parte de la Sala, ello debido a la mala técnica casacional con se expone el mismo, falencias que tienen que ver con lo siguiente: a) Falta de la suficiente separación y claridad, ello porque el recurrente no hace separación en motivos diferentes de cada uno de los tres artículos que estima vulnerados, con lo cual ha inobservado lo dispuesto en el artículo 721.2 del Código Procesal Civil; b) No es viable en esta fase recursiva el impugnar lo fallado por el juzgado a-quo, tal como lo deja establecido el artículo 717 del Código Procesal Civil; en el presente motivo claramente el recurrente impugna la sentencia que dictó el tribunal de primera instancia; y, c) Mediante el recurso de casación no se podrá instar la revisión de los hechos y la valoración de las pruebas contenidas en la sentencia dictada, tal y lo que manda el artículo 720.1 del Código Procesal Civil. "
Legislación citada
- Código Procesal Civil, art. 721, Numeral 2 (Jerarquía Ordinaria)
Jerarquía: Reiterativa
“La Sala de lo Civil encuentra que al igual que todos los motivos que preceden a éste, el Motivo Once, no resulta ser la excepción, por lo que el mismo tampoco encuentra acogida por parte nuestra, ello provocado porque el recurrente incurre nuevamente en los mismos errores ya señalados, a saber: a) La falta de suficiente separación y claridad con que se debe plantear el motivo; el recurrente pretende que un solo motivo la Sala haga pronunciamiento sobre la posible vulneración de los artículos 1301, 1306, 1308 y 1310 del Código Civil, con lo cual olvida que cada uno de los referidos artículos debió de haberlos invocado en forma separada, en motivos diferentes y no presentarlos de forma acumulada, tal y como lo ha hecho en el presente motivo, en ese sentido el recurrente ha inobservado lo dispuesto en el artículo 721.2 del Código Procesal Civil; b) Impugna la sentencia que dictó el tribunal de primera instancia, con lo cual el impetrante olvida que en Casación no es viable impugnar lo fallado por el juzgado a-quo, tal lo deja establecido el artículo 717 del Código Procesal Civil; y, c) Mediante el recurso de casación no se podrá instar la revisión de los hechos y la valoración de las pruebas contenidas en la sentencia dictada, tal y lo que manda el artículo 720.1 del Código Procesal Civil. 25.- La Sala de lo Civil concluye que la defectuosa presentación del recurso por parte del impetrante, en esta fase procedimental, hace procedente su inadmisión por concurrir la causal prevista en el artículo 723.2. literal a) del Código Procesal Civil.”
Legislación citada
- Código Procesal Civil, art. 720, Numerla 1 (Jerarquía Ordinaria)
Jerarquía: Reiterativa
…“Respecto de lo planteado por el impetrante en el Cuarto Motivo, la Sala encuentra que el mismo incurre nuevamente en mala técnica de casación al momento de plantear el motivo, ello se colige por lo siguiente: a) Falta a la suficiente separación y claridad, puesto que al estimar que se ha vulnerado por falta de aplicación el artículo 10 en sus numerales 1) y 2) del Código Procesal Civil, con ello falta a la necesaria separación, puesto que tal infracción debió de haberse planteado en motivos separados por cada uno de los dos numerales del referido artículo; y, b) Nuevamente el recurrente vuelve a cuestionar la sentencia dictada por el tribunal de primera instancia y más específicamente lo concerniente al Considerando seis (06) de la misma, reitera y cuestiona la valoración de los medios de prueba por parte del a-quo, haciendo énfasis en la declaración de la demandada, y por la cual, según éste, la misma habría reconocido que recibió cantidades de dinero del demandante; asunto sobre el cual la Sala una vez más deja sentado que no se puede hacer impugnación en vía de casación de las sentencias proferidas en primera instancia, ello por estarle vedado al tenor de lo preceptuado en el artículo 717 del Código Procesal Civil."
Legislación citada
- Código Procesal Civil, art. 720, Numeral 1 (Jerarquía Ordinaria)
Jerarquía: Reiterativa
…“No resulta de recibo lo expuesto por el recurrente en el Tercer Motivo, ello se establece así, dado los errores en que se incurre al momento de plantear el mismo y que básicamente tienen que ver con lo siguiente: a) Falta el impetrante a la necesaria separación y claridad con la que debe dejar expuesto el motivo, ello porque estima en forma conjunta y sin hacer la separación debida que se ha infringido los derechos de defensa y debido proceso que se consagran en los artículos 82 y 90 de la Constitución de la República, al respecto es menester señalar que el casacionista devenía en la obligación de exponer en motivos separados la vulneración de tales normas constitucionales, al no hacerlo así, no ha observado lo señalado por el artículo 721.2 del Código Procesal Civil; b) El recurrente hace cita indiscriminada de preceptos que estima vulnerados, así tenemos que además de las ya señaladas normas constitucionales estima también la transgresión de los artículos 1586 y subsiguientes del Código Civil; artículos 93, 94 y siguientes, 119, 125, 128, 129, 412 del Código de Procedimientos Civiles; tal cita que el recurrente hace de una manera indiscriminada de preceptos legales, se conoce como “cita acumulada de una sucesión de normas que rigen determinada materia”, y que doctrinalmente queda establecido en que: “…el casacionista no debe incurrir en el defecto de alegar como infringidas un conjunto indiscriminado de las normas que rigen determinada materia... una adecuada técnica casacional exige que en cada uno de los motivos de casación se precise la infracción legal que se considera cometida, debiendo por tanto evitarse la concentración en un solo motivo de todos o la mayor parte de los artículos, mediante una interpretación conjunta de normas con diferentes alcances…”. En este tercer motivo, el impetrante al hacer cita de varias normas jurídicas de carácter adjetivo, sustantivo y constitucional, mismas que difieren en rango y protección recursiva, razón por la cual era deber del mismo haberlas planteado en forma separada cada una de ellas en motivos distintos, y cumplir con los requisitos establecidos en el artículo 704 del Código Procesal Civil, el cual establece que: “Sin perjuicio de las concretas exigencias, que puedan regularse, los escritos de interposición, de un recurso devolutivo deberán contener la fundamentación de lo pedido, con determinación en todo caso del perjuicio o agravio sufrido e identificación del vicio o error que lo causa…..”; en el presente motivo la falta de individualización de las normas consideradas como infringidas, convierten en imprecisa la recurrencia pretendida; asunto sobre el cual la Sala de lo Civil ya se ha pronunciado en reiteradas ocasiones.[1]; c) Pretende el recurrente que bajo la tutela del precepto autorizante invocado como lo es el artículo 719.1. letra b) del Código Procesal Civil, la Sala se pronuncie sobre la posible vulneración del artículo 1586 y subsiguientes del Código Civil, en ese sentido es necesario ilustrar al recurrente que si su pretensión se encaminaba a impugnar la posible transgresión de una norma sustantiva, bien pudo haber invocado como precepto autorizante lo dispuesto por el artículo 719.2 del citado Código, esto es que se podrá impugnar en vía de casación le aplicación e interpretación de normas de derecho para la solución del fondo del litigio, amén de lo anterior sobre este mismo punto es menester señalar que el recurrente al estimar la vulneración del señalado artículo del Código Civil y subsiguientes, con ello falta a la precisión que devenía observar en esta fase recursiva, y hace que el motivo se vuelva confuso, al no poder establecerse con certeza a que artículos subsiguientes se refiere; y, d) Cuestiona el recurrente una serie de actuaciones procesales del tribunal de primera instancia, y más específicamente señala el Considerando dos del fallo proferido por el a-quo, y pide que la Sala de lo Civil decrete la nulidad de las sentencias recurridas, con lo cual el impetrante da como viable que en casación también se puedan impugnar las sentencias proferidas en primera instancia, situación que como ya se ha dejado señalado en los motivos que antecede, no es posible en casación, ello porque solo se podrá recurrir en esta vía las sentencias y los autos que pongan termino al pleito, haciendo imposible su continuación, dictados en apelación por las Cortes de Apelaciones tal y lo dispuesto por el artículo 717 del Código Procesal Civil.”
Legislación citada
- Código Procesal Civil, art. 721, Numeral 2 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACION
La Infrascrita Receptora Adscrita a la Sala de lo Civil de la Corte Suprema de Justicia, Certifica, el Auto que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. En la ciudad de Tegucigalpa Municipio del Distrito Central, a los veinticinco días del mes de abril del año dos mil diecisiete, la Sala de lo Civil integrada por los ilustres Magistrados: WILFREDO MÉNDEZ ROMERO como Coordinador, RINA AUXILIADORA ALVARADO y REYNALDO ANTONIO HERNÁNDEZ, designado ponente el primero para el conocimiento y redacción de la resolución en el presente recurso de casación, en la fecha supra indicada dictan el siguiente AUTO: SON PARTES: El señor CARLOS FRANCISCO NAVARRO, representado en juicio por el abogado FREDY OMAR MADRID como recurrente; siendo recurrida la señora IVIN ROSIBEL LEIVA RIVERA, representada en juicio por el abogado NELSON BAUDILIO LOPEZ LAZO. OBJETO DEL PROCESO: DEMANDA ORDINARIA PARA LA RESTITUCION DE CANTIDADES DE DINERO, PAGO DE INTERESES LEGALES DEJADOS DE PERCIBIR E INDEMNIZACION DE DAÑOS Y PERJUICIOS, promovida en fecha trece de junio del año dos mil ocho, ante el entonces Juzgado de Letras Tercero de lo Civil de la Sección Judicial de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, por el señor CARLOS FRANCISCO NAVARRO, mayor de edad, casado, comerciante, de nacionalidad norteamericana, con domicilio en San Francisco, California, Estados Unidos de Norteamérica, contra la señora IVIN ROSIBEL LEIVA RIVERA, mayor de edad, soltera, estilista, hondureña y con domicilio en San Pedro Sula, Departamento de Cortés. I. ANTECEDENTES DE HECHO PRIMERO: Con fecha nueve de marzo del año dos mil quince, la Corte de Apelaciones Civil de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, conociendo por vía de apelación de la sentencia definitiva de fecha veinte de noviembre del año dos mil catorce, dictada por el Juzgado de Letras Civil de la Sección Judicial de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, en el juicio de merito, dictó sentencia CONFIRMANDO la dictada por el a-quo. El fallo de primera instancia había resuelto de la siguiente manera: (Sic.) “PRIMERO: DECLARANDO SIN LUGAR la demanda ordinaria para que se condenando al pago o restitución de QUINIENTOS MIL DOLARES AMERICANOS ($.500,000.00) o su equivalente en moneda nacional mas el interés legal dejado de percibir, así como condena al pago de CIENTO OCHENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS DOLARES AMERICANOS CON SESENTA CENTAVOS ($. 185,652.60) o sea TRES MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS VEINTICINCO LEMPIRAS CON CINCUENTA CENTAVOS (L. 3,534,825.50), mas lo pagado mensualmente hasta la fecha de la sentencia en concepto de daños y perjuicios, presentada por el señor CARLOS FRANCISCO NAVARRO, contra la señora IVIN ROSIBEL LEIVA RIVERA, ambos de generales conocidas en el preámbulo de esta sentencia; SEGUNDO: CON COSTAS por no haber tenido motivos suficientes para litigar. MANDA: Que notificada que sea esta Sentencia, quede firme, si no se interpusiere en su contra y en el término legal el recurso correspondiente. NOTIFÍQUESE.-” SEGUNDO: En fecha dieciséis de abril del año dos mil quince, el abogado FREDY OMAR MADRID, en su condición de representante procesal del señor CARLOS FRANCISCO NAVARRO, presentó escrito de interposición y formalización del recurso de casación contra la sentencia de fecha nueve de marzo del año dos mil quince, dictada por la Corte de Apelaciones Civil de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, resolviendo el ad-quem, mediante proveído de fecha veintiún de abril del año dos mil quince, tener por interpuesto y formalizado el recurso de casación por parte del recurrente y acordó conceder a la parte contraria el plazo de diez (10) días hábiles para que se pronunciara sobre el contenido del escrito, debiendo entregársele copia del mismo. TERCERO: Que mediante proveído de fecha veinticinco de mayo del año dos mil quince, la Corte de Apelaciones Civil de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, tuvo por precluído y perdido irrevocablemente el plazo de (10) días hábiles concedido al abogado NELSON BAUDILIO LOPEZ, en su condición ya indicada, para que presentara escrito de pronunciamiento sobre el recurso interpuesto por el abogado FREDY OMAR MADRID, asimismo ordeno remitir las presentes diligencias a la honorable Corte Suprema de Justicia en el término que manda la ley, para proseguir con el trámite correspondiente. CUARTO: Recibidas las actuaciones en éste Alto Tribunal, el abogado FREDY OMAR MADRID, en su condición ya indicada, presentó escrito de personamiento en fecha cuatro de junio del año quince, resolviéndose mediante proveído de fecha dieciséis de junio de ese mismo año, tener por personado al abogado FREDY OMAR MADRID, como recurrente y por precluído el plazo concedido al recurrido, abogado NELSON BAUDILIO LÓPEZ LAZO, para personarse en el recurso de Casación. QUINTO: La parte recurrente plantea su recurso de casación contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones Civil de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, de la siguiente manera: (Sic.) “EXPOSICIÓN DE LOS MOTIVOS DE CASACION POR INFRACCION DE NORMAS PROCESALES PRIMER MOTIVO POR INFRACCION PROCESAL PRECEPTO AUTORIZANTE: Artículo 719 preámbulo numeral 1 letra b) del Código Procesal Civil; que ha previsto como causal de casación los supuestos de aplicación e interpretación de normas procesales que regulan los actos y garantías procesales, en lo concerniente a que el fallo con su infracción suponga la nulidad o produjera indefensión. DISPOSICIONES INFRINGIDAS: El Ad quem infringió el Artículo 14 que regula el Principio de Doble Instancia; y el artículo 913 del Código Procesal Civil, que establece que los juicios declarativos a partir de la sentencia del A-quo, se aplicara el nuevo Código Procesal Civil; ambos artículos en relación con el artículo 115 numeral 1 del mismo cuerpo legal. CONCEPTO DE LA INFRACCION: Trascripción de los Preceptos Legales. El artículo 14 establece: “ARTICULO 14.- PRINCIPIO DE DOBLE INSTANCIA. En ningún proceso habrá más de dos (2) instancias, sin perjuicio de los recursos extraordinarios en los casos previstos por la ley.”; así mismo el artículo 913 del Código de Procesal Civil que se cita como infringido dice: “ARTICULO 913.- JUICIOS EN PRIMERA INSTANCIA. Los juicios declarativos que se encontraren en primera instancia al entrar en vigencia éste Código, se continuarán tramitando hasta que recaiga sentencia o auto que le ponga fin a dicha instancia de conformidad a la legislación procesal civil anterior, y a partir de la fecha de esas resoluciones se aplicará el presente Código.”; en tanto el artículo 115 numeral 1 regula que: “ARTICULO 115.- ACTUACIONES JUDICIALES. 1. Los actos procesales que conforman el procedimiento civil deberán realizarse de acuerdo con las prescripciones de este Código, de la Ley Orgánica de Tribunales y de la Constitución de la República, siendo nulos o anulables en caso contrario.”.- INFRACCIÓN PROCESAL INFRINGIDA.- A.- La resolución del Ad quem, de fecha nueve de marzo del dos mil quince, se dictó irrespetando las formalidades, del artículo 14 del Código Procesal Civil.- Al tenor de dicha regulación, es preciso establecer que: el legislador estableció la posibilidad de interponer recursos contra las resoluciones judiciales de los Juzgados de Paz y los Juzgados de Letras, con el fin de obtener mayor posibilidad de que la sentencia sea justa y adecuada a Derecho, para el cumplimiento de todas las garantías, siempre que el recurrente la considera defectuosa; lógicamente es requisito necesario que exista perjuicio a aquella parte que le interponga. Así las cosas, el recurso de apelación que el Ad quem hizo merito, no fue un mero gusto del recurrente el hacer uso de dicho instrumento o instituto procesal de impugnación a la resolución judicial del A quo, sino para que, ellos hicieran valer los derechos y garantías que la ley establece para el señor Carlos navarro; se expresaron los agravios que causó el fallo careciendo de la técnica apropiada y del razonamiento, pero, del análisis de la motivación fáctica y jurídica, que el sentenciador en segunda instancia en su fallo, de la simple lectura y cotejamiento con la sentencia del A quo, es fácil determinar que los argumentos advertidos son exactamente idénticos, es decir no hubo un doble juzgamiento como lo indica el artículo 14 supra indicado; quedando los mismos errores que el A quo proyectó en sus considerandos, sin hacer una diferenciación, de que hechos da por probados o improbados. Por lo que a este hilo, se ha violado el principio de doble juzgamiento, si se interpone un recurso, lo menos que se espera, es que, se le resuelva con la debida motivación que profesionalmente caracteriza a los integrantes de las distintas alzadas, y no repitiendo exactamente lo acotado en la resolución impugnada; tal como se aprecia de la segunda sentencia impugnada, que únicamente en los capítulos QUINTO y SEXTO de la MOTIVACION FACTICA Y JURIDICA hace asomos leves, pero de forma, no de fondo, de una motivación válida, como para hacer interpretaciones distintas a las hechas por el A-quo, y que se harían valer en el recurso extraordinario de Casación directamente a la sentencia de la alzada. Pero en este caso concreto se presentando recurso extraordinario contra la resolución del A-quo, y no del Ad- quem, como debe ser.- B.- Al hilo de lo anterior, la resolución del Ad quem del nueve de marzo del dos mil quince, se dictó faltando a las formalidades, del artículo 913 del Código Procesal Civil, que establece que los juicios declarativos a partir de la sentencia del A quo, se aplicará el nuevo Código Procesal Civil.- Véase, que si se novó, el Código anterior, fue precisamente por su falencias, y justamente para que las mismas fueran enmendadas, de ahí que al hacer el Ad quem la convalidación, tanto de los vagos argumentos de motivación, como jurídicos empleados por él A quo, solamente con decir en el capítulo cuarto de la motivación fáctica y jurídica, que “el sentenciador aplico las reglas de ese entonces”, estáis dejaron de aplicar en todo su contexto el nuevo Código Procesal Civil, QUE SON LAS REGLAS DE “ESTE ENTONCES”; y que debió aplicar; y no permitir que quede indefenso mi mandante; habida cuenta, de dicha convalidación de lo resuelto por el A quo, en cuanto que: la carga de la prueba de ese entonces incumbía al reclamante y que esta no fue suficiente, porque no se había presentado prueba directa de una sociedad realizada entre las partes, que demostrara que las cantidades de dinero enviadas, fueron producto de una sociedad”.- Así las cosas, si LAS REGLAS DE ESTE ENTONCES, establecen que la forma como se debe hacer la valoración, y tampoco fueron valorados y apreciados por la alzada, los medios probatorios que prueban todo LO REFERENTE AL FONDO de QUE LA DEMANDADA ERA SOCIA CAPITALISTA DE MI REPRESENTADO; esto sin contar que: la demandada acepta que recibió el dinero de parte de don Carlos Navarro”, y que la TESTIGO JENY VANESSA PERDOMO GUEVARA, estableció en sus decires que en efecto las partes habían pactado hacer varios negocios en esta nación; entonces con dicha OMISION EN LA VALORACION DE PRUEBAS, Honorables Magistrados, el Ad quem, inobservó el artículo 913 que ordena, tramitar la presente causa bajo todos y cada uno de las instituciones procesales y materiales del nuevo CODIGO PROCESAL CIVIL; y de dicha inobservancia deja a la actora sin la tutela judicial efectiva, ya que los medios de prueba documental, testifical y medios técnicos de reproducción de imagen, fueron propuestos, y evacuados, para que fuesen valorados en la sentencia de merito, y que al no hacerlo el sentenciador, se recurrió en segunda instancia ante esta también respondió con un retundo NO.- Por todo lo antes expuesto y siendo que dichas sentencias impugnadas también son actos procesales que conforman el procedimiento civil y que las mismas debieron realizarse de acuerdo con las prescripciones del Código Procesal Civil, la Ley Orgánica de Tribunales y la Constitución de la República, por lo tanto, en fundamento del artículo 115 numeral 1 CPC, deben de decretarse su nulidad por ser contrarios a derecho; así mismo, siendo que dichos vicios in procedendo fueron realizados al momento de la redacción de la Sentencia del Ad-quem, no pudo ser antes reclamado el error del cual adolece dicho fallo, y se hace hasta ahora por qué no puede ser enmendado por nadie más que vosotros; por eso solicito a vos Honorable Sala de lo Civil, de la Corte Suprema de Justicia, hagáis de recibo el presente motivo de casación y dejéis sin valor y efecto las sentencias definitivas tanto del A quo como del Ad-quem, y en atención a aplicar la correcta justicia, se revoque la misma y se ordene reponer las actuaciones al momento y estado inmediatamente anterior a aquel en que se hubiese producido la falta. SEGUNDO MOTIVO POR INFRACCIÓN PROCESAL PRECEPTO AUTORIZANTE: Artículo 719 preámbulo numeral 1 letra b) del Código Procesal Civil; que establece que: se podrá impugnar la aplicación e interpretación de las normas procesales que regulan: a)…; b) Los actos y garantías procesales cuando su infracción suponga la nulidad o produjera indefensión. DISPOSICIONES INFRINGIDAS: Quebrantamiento de los artículos 187 numeral 2° y 3° del Código de Procedimientos Civiles, que establece el contenido que deben detener las sentencias; en relación con los artículos el Artículo 115 numeral 1 del Código Procesal Civil. CONCEPTO DE LA INFRACCIÓN: Transcripción de los Preceptos Legales. El artículo 187 del Código de Procedimientos Civiles, establece que: Artículo 187.- Las sentencias definitivas contendrán, con la claridad y concisión posibles: lo.-...; 20.- En los resultandos, las pretensiones de las partes y los hechos en que las funden, que hubieren sido alegados oportunamente, y que estén enlazados con las cuestiones que hayan de resolverse.3o.- En los considerandos, la apreciación de los puntos de derecho fijados por las partes, dando las razones y fundamentos legales que se estimen procedentes para el fallo que haya de dictarse....; en tanto el artículo 115 numeral 1 del Código Procesal Civil regula que: “ARTICULO 115.- ACTUACIONES JUDICIALES. 1. Los actos procesales que conforman el procedimiento civil deberán realiza de de acuerdo con las prescripciones de este Código, de la Ley Orgánica de Tribunales y de la Constitución de la República, siendo nulos o anulables en caso contrario.”.CONTRAVENSIÓN QUE ORIGINA NULIDAD ABSOLUTA.- Es ineludible, en toda resolución judicial, cumplir en primer lugar, con la normativa primaria que rige el Estado, fundamentalmente el cumplimiento al debido proceso, sin ventajas para una y otra parte; así lo es, mandado en el artículo 90 de la Constitución de la República, estar a lo contrario, implicaría infracciones legales.- Tal es el caso, que la sentencia del A quo, de fecha veinte de noviembre de año dos mil catorce, se dictó irrespetando las formalidades, derechos y garantías que la ley establece; causando agravios para mi representado, en virtud de haberse realizado un fallo careciendo de la técnica apropiada para tal efecto; y de tal suerte que el sentenciador, proyectó su razonamiento únicamente con considerandos, sin hacer una diferenciación, de que hechos estaba juzgando, o que hechos daba por probados o improbados; o peor aún, no estableció apartados de valoración de la prueba o mucho menos en que los fundamentos legales que utilizó; siendo imposible para esta parte actora, poder expresar agravios con la debida individualización jurídica, ante el Ad quem, realizándose una impugnación de forma inapropiada, pero, se le hizo saber también a la alzada que parte originó la nulidad absoluta de las actuaciones reprochadas, y que debía retrotraerse las actuaciones al estado inmediatamente anterior al defecto apuntado; por quebrantamiento de los artículo 187 numeral 2° y 3° del Código de Procedimientos Civiles; en cuanto a que las sentencias deben de ser claras, precisas y congruentes, y que entre otras cosas las sentencias definitivas deben de contener: además de su preámbulo, los “resultandos” donde se deben establecer las pretensiones de las partes y los hechos en que se funden, que hubieren sido alegados oportunamente, y que estén enlazados con las cuestiones que hayan de resolverse; así mismo en los “considerandos” se debe de apreciar los puntos de derecho fijados por las partes, dando razones y fundamentos legales que se estimen procedentes para el fallo que haya de dictarse.- Todo esto para que dé la sola lectura de la misma se pueda apreciar de que asunto se trato, cuáles eran sus antecedentes de hecho y de derecho, y como se enlazan los mismos para colegir o derivar de ellos, que y como se razona el juzgamiento. No obstante, con la sentencia impugnada, se ha violentado el debido proceso, al haber desarrollado un juzgamiento en nombre del estado de Honduras, sin aplicar las reglas mínimas para elaborar una sentencia definitiva.- Así las cosas, Honorables Magistrados casacionistas, siendo que las formalidades para dictar sentencia no fueron respetadas, y que dicho error fue arrastrado por la segunda instancia, no queda más que, denunciar ante vosotros dicha infracción, pues no procede la convalidación de tan grave acto nulo; y de ser así se estaría violentado los principios de: el debido proceso constitucional.- Fundamentado en el artículo 212 numeral 6 Código Procesal Civil, se solicita se decrete la NULIDAD ABSOLUTA de la Sentencia de fecha nueve de marzo del dos mil quince, recaída en el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia definitiva de fecha veinte de noviembre de año dos mil catorce, dictada por el Juez de Letras de lo Civil, identificándose el expediente de merito bajo el número 5985-2010, consecuentemente se retrotraiga dicho acto, al momento de citación para dictar la misma, para realizarse nuevamente el juzgamiento y con un nuevo juez.- Haciendo la indicación que, por ser este, un vicio in-procedendo efectuado al momento mismo de la redacción de la Sentencia, fue imposible reclamarlo antes. TERCER MOTIVO POR INFRACCIÓN PROCESAL PRECEPTO AUTORIZANTE: Artículo 719 preámbulo numeral 1 letra b) del Código Procesal Civil; que ha previsto como causal de casación los supuestos de aplicación e interpretación de normas procesales que regulan los actos y garantías procesales, en lo concerniente a que el fallo con su infracción suponga la nulidad o produjera indefensión. DISPOSICIONES INFRINGIDAS: El A quo y el Ad-quem, infringieron los artículos 80 y 90 de la Constitución de la República; 1586 y subsiguientes del Código Civil; artículos 93, 94, y siguientes, 119, 125, 128, 129, 412 del Código de Procedimientos Civiles; en relación con los artículos 7, 129 número 1, 135 número 1, 137 número 1 letra a) y demás aplicables del Código Procesal Civil. CONCEPTO DE LA INFRACCIÓN: Transcripción de los Preceptos Legales. El artículo 93 del Código de Procedimientos Civiles establece que: “Todas las providencias y sentencias se notificarán en el mismo día de su fecha, (...) a todos los que sean parte en el juicio....;El artículo 94 del Código de Procedimientos Civiles establece que: “Las notificaciones se practicarán por el Secretario o Receptor, (...) deberá hacerse expresión en la diligencia, lo mismo que del lugar, día y hora de la notificación.”; El artículo 95 del Código de Procedimientos Civiles establece que: “Artículo 95.- Las notificaciones se firmarán por el notificante y por la persona a quien se hicieren,...; El artículo 128 del Código de Procedimientos Civiles establece que: “Los términos judiciales no podrán suspenderse ni abrirse después de cumplidos,….”; El artículo 129 del Código de Procedimientos Civiles establece que: “Transcurridos que sean los términos judiciales, se tendrá por caducado de derecho y perdido irrevocablemente el trámite o recurso que hubiere dejado de utilizarse. Exceptuada la reclamación de nulidad no se admitirá escrito alguno que se oponga a esta disposición;(...)-”; El artículo 412 del Código de Procedimientos Civiles que establece que: “Luego que transcurra el término concedido para el escrito de conclusión, se recogerán los autos, con escrito o sin él, (...).”; Así también se deben aplicarlos siguientes artículos del Código Procesal Civil que regula que: “ARTICULO 7.- LEGALIDAD PROCESAL Y FORMAS. 1. El proceso civil se desarrollará según las disposiciones de este Código, de acuerdo a la Constitución de la República. Las formalidades previstas en él, son imperativas...”; “El ARTICULO 129.- FORMA DE LOS ACTOS PROCESALES. 1. Los actos procesales que realicen los órganos jurisdiccionales y las partes estarán sujetos al principio de legalidad formal....”; El “ARTÍCULO 135.- CLASES. El tribunal se comunicará con las partes, con los terceros y con las autoridades, mediante la utilización de los siguientes instrumentos: 1. Notificaciones, cuando tengan por objeto dar noticia de una resolución, diligencia o actuación. (...).”; EL ARTICULO 136.- NOTIFICACION DE RESOLUCIONES. 1 Las resoluciones judiciales se notificaran a todos los que sean parte en el proceso.” El “ARTÍCULO 137.- FORMA DE LA COMUNICACIÓN. 1. Los actos de comunicación se realizarán (...) a) A través del profesional del derecho, en funciones de representante procesal, tratándose de comunicaciones a quienes estén personados en el proceso con representación de aquél....”.NULIDAD ABSOLUTA DE ACTUACIONES: Resulta que, en total flagrancia a normativas procesales el Juez A-quo, realizó actuaciones procesales, causando agravios, y materializados en el considerando dos de su arbitraria sentencia, donde refiere que el apoderado de la demandada compareció en legal y debida forma a concluir.- Véase que se denuncio en momento procesal oportuno, senda nulidad para que fuese observada, inclusive de oficio; se anuncio al sentenciador, que ante la estrategia de renuncia del antiguo defensor para dilatar la causa, y a quien ya le había precluído el término para proseguir; y pretendiendo sorprender a la juez de ese entonces, el nuevo apoderado se apersonó (f. 694), y en su escrito inicial, solicito se le concediera traslado de los autos para formular conclusiones; extremo negado por dicha A quo (t. 697), por preclusión de termino. Así tiempo después, y a folio 618, obra Constancia, donde la secretaría del despacho hace constar, que a fecha dieciocho de julio del dos mil catorce, se realizo cambio temporal de Juez; momento que aviesamente fue utilizado por la parte demandada, para sorprender a la judicatura, con nueva solicitud abusiva del derecho, contenida a que se le otorgara traslado de los autos para formular conclusiones; por lo que la parte actora, se manifestó contrario a que el nuevo A-quo le otorgase el extemporáneo traslado, RESOLVIENDO EL JUZGADOR en fecha veintidós de julio del dos mil catorce, NO HA LUGAR a dicha petición, (f. 704), resolución que nunca, fue notificada, ni por cedula o por edictos a mi representado, quien jamás tuvo la oportunidad de impugnar por la vía de apelación a dicha resolución; limitándose el A quo a otorgar injusta y extemporáneamente traslado a la parte demandada, e inmediatamente, citar sin mas que, para oír sentencia. Dejando totalmente indefenso a la actora, en virtud del artículo 414 del Código de Procedimientos Civiles (véase folios subsiguientes al 704). Ante la obvia existencia de una alteración sustancial, violatoria de las formalidades legales preestablecidas en la Ley, tanto para: a).- Hacer saber a las partes de dichas resoluciones por medio de la Notificación, y su derecho a impugnar lo que no le conviene; b).- Así como para continuar con la tramitación de las diligencias, sin haber resuelto solicitud de cierre de periodo para conclusiones de fecha seis de junio del dos mil catorce; c).- Más el agravante de haber otorgado traslado extemporáneo de actuaciones, al tenor de petición “aviesa” de la parte demandada, que sorprendió al A-quo, por su novatez en la materia.- Se pidió, QUE SE DECRETASE DE OFICIO NULIDAD ABSOLUTA DE ACTUACIONES a partir de la resolución de fecha seis de junio del año dos mil catorce, o EN SU DEFECTO SE ABRIERA LA CAUSA INCIDENTAL, para hacer valer de nuestra parte opositora, EXTREMO NEGADO POR EL JUEZ A-quo por lo que no nos quedo más que hacer impugnar dicha violación ante el Ad-quem, por la vía de la nueva Apelación Diferida y que en nombre e interés de mi representado, y por faltar a todos los requisitos o formalidades de la Ley, se SOLICITO NUEVAMENTE DICHA NULIDAD ABSOLUTA DE ACTUACIONES, y nuevamente la Corte de Apelaciones, también NEGO DICHO DERECHO a mi representado.- Por lo que en fundamento de los artículos 80 y 90 de la Constitución de la República; 1586 y subsiguientes del Código Civil; artículos 93, 94, 95 y subsiguientes, artículos 119, 125, 128, 129, 412 y 413 del Código de Procedimientos Civiles; en relación con los artículos 7, 129 número 1, 135 número 1, 137 número 1 letra a) y demás aplicables del Código Procesal Civil vigente; y por la ausencia de requisitos indispensables para la tutela judicial efectiva, causando indefensión a mi representado, al tenor de lo ya indicado; y porque, nunca la parte actor va a convalidar, senda violación a las formalidades procesales existentes, en contra de los intereses de quien nos manda, como si lo hizo la demandada; por qué os pido encarecidamente que recibáis el presente motivo y se DECRETE LA NULIDAD ABSOLUTA DE ACTUACIONES a partir del Auto de fecha seis de junio del año dos mil catorce, anulando las sentencias recurridas y retrotraigas las actuaciones al momento y estado en que se cometió el yerro, en que se dejo totalmente indefenso a mi mandante. Aclarando que nunca tuvimos la oportunidad de reclamar este vicio in procedendo, y que como ya lo expresamos lo anunciamos forzadamente ante el Ad-quem, donde no encontramos eco, a pesar de haber sido motivo suficiente, para dar por recibida la impugnación. CUARTO MOTIVO POR INFRACCIÓN PROCESAL PRECEPTO AUTORIZANTE: Artículo 719 preámbulo numeral 1 letra b) del Código Procesal Civil; de los actos y garantías procesales, cuando su infracción suponga la nulidad o produjera indefensión. DISPOSICIONES INFRINGIDAS: Por inobservancia del artículo 10 numeral 1 y 2 del Código Procesal Civil. CONCEPTO DE LA INFRACCIÓN: Transcripción de los Preceptos Legales. En el artículo 10 numeral uno y dos, del Código Procesal Civil se establece que: “ARTICULO 10.- PRINCIPIO DISPOSITIVO. 1. Salvo en los procesos no dispositivos con las particularidades que esta ley prevé, la parte que haya ejercido su derecho de acción, determina con su pretensión el objeto del proceso; la parte que se oponga a la misma fija con su resistencia el objeto del debate. Lo mismo es aplicable en caso de reconvención. 2. La resolución del órgano jurisdiccional que ponga fin al proceso ha de ser congruente con la petición del actor y con lo opuesto por el demandado, teniendo en cuenta las normas aplicables y las pruebas evacuadas.”.Partiendo de que todas las actuaciones judiciales deberán estar dirigidas por el juez, garantizando que se mantendrán y aplicarán los principios de igualdad de partes en el proceso, respetando los derechos constitucionales y adecuando su conducta a la lealtad y buena fe procesal. Siendo que son de carácter imperativo, causo agravios la sentencia del A-quo y recurrida al Ad-quem, en cuanto a que el primero en su fallo específicamente en el considerando (6), estableció: que lo que fue objeto de contienda en el caso de autos era si las cantidades de dinero enviadas por el demandante a la demandada, fueron producto de una sociedad que habían constituido para realizar inversiones en Honduras.- Véase que con dicha resolución, el sentenciador le dio un giro de ciento ochenta grados a las pretensiones sobre el derecho material que mi mandante incoo en dicho tribunal; puesto que la acción deducida fue que en virtud de que el señor Don Carlos Navarro le había enviado sendas cantidades de dinero en dólares a la demandada, él pedía su devolución en aras de no haberse concretado su intención de negocios; de tal suerte que el objeto del proceso fue esa por tal razón ese debió ser el objeto del debate, es decir al cambiar la acción se violento el poder de las partes, respecto a la acción y al objeto del proceso. Afirmándose con más cimientos esta violación, en cuanto la demandada al realizar la confessio in jure, en la contestación de la demanda, de que si había recibido dicho dinero, el objeto del debate debió ser si se lo tenía que devolver o no, y no si había sido enviado por una sociedad o por actos maritales.- Puesto que fue suficientemente probado y aceptado por la demandada que dicho dinero le fue enviado por mi representado y recibido por ella, por eso la contienda civil fue que se restituyeran dichos valores, jamás fue mercantil, para que se formalizara la sociedad, como lo dejo claro con su fijación del objeto del debate el sentenciador, error que haciendo lo propio, reprochamos ante el Ad-quem, quien al igual que en lo demás hizo caso omiso por lo que ahora acudimos ante vos para que enmendéis lo erróneamente actuado y retrotraigas las actuaciones al momento procesal correcto, y se haga un nuevo juzgamiento, con las garantías del debido proceso. QUINTO MOTIVO POR INFRACCIÓN PROCESAL PRECEPTO AUTORIZANTE: Artículo 719 preámbulo numeral 1 letra b) del Código Procesal Civil; de los actos y garantías procesales, cuando su infracción suponga la nulidad o produjera indefensión. DISPOSICIONES INFRINGIDAS: Por inobservancia de los artículos 16 numeral 1 y 133 numerales 1, 2, y 3 del Código Procesal Civil. CONCEPTO DE LA INFRACCIÓN: Transcripción de los Preceptos Legales. En el artículo 16 numeral uno, se establece que: “ARTICULO 16.- INMEDIACION. 1. El juez que dicte la sentencia ha de ser, el que haya presenciado y dirigido la práctica de las pruebas, salvo las excepciones previstas, so pena de nulidad desde la citación para la audiencia probatoria o equivalente....”; Por su parte el artículo 133 numerales uno, dos y tres se ordena que: “ARTICULO 133.- INMEDIACION DE LOS ACTOS PROCESALES. 1. Los jueces y los magistrados miembros del tribunal que estén conociendo de un asunto presenciarán las declaraciones de las partes y de testigos, los careos, las exposiciones, explicaciones y respuestas que hayan de ofrecer los peritos y la crítica oral de su dictamen, así como cualquier otro acto de prueba que, conforme a lo dispuesto en este Código, deba llevarse a cabo contradictoria y públicamente. 2. Las audiencias que tengan por objeto oír a las partes antes de dictar una resolución se celebrarán siempre ante el juez o los magistrados integrantes del tribunal que conozca del asunto. 3. La infracción de lo dispuesto en los numerales anteriores determinará la nulidad de las correspondientes actuaciones.” INDICACIÓN DEL ERROR: La aplicación de las normas procesales de cualquier naturaleza, durante el iter procesal, nunca deben causar violación de los principios rectores del Proceso Civil, más aquellas que afectan la observancia de las normas legales que regulan la producción de los actos, y que aun de conformidad con la legislación civil anterior, se establecían como elementos regidores del proceso; y sí se realizaban con referencia a los actos adoptados sin la observancia de cualquiera de ellos, se penaba con la nulidad absoluta de las actuaciones, regresando las cosas hasta el momento del error, que se había cometido.- Dentro de estos principios está el de inmediación; que exige que el sentenciador tenga el mayor contacto personal con los elementos subjetivos y objetivos que conforman el proceso. Por ello, es esencial que el juez que debe pronunciar la sentencia haya asistido a la práctica de las pruebas de donde extrae su convencimiento, y haya entrado, por lo tanto, en relación directa con las partes, con los testigos, con los peritos y con los objetos del juicio, de forma que pueda apreciar las declaraciones de tales personas y las condiciones de los sitios y cosas litigiosas, fundándose en la impresión inmediata recibida de ellos y no en referencias ajenas. Así las cosas, la señora juez, que por todo el tiempo estaba instruyendo la causa, y que la conoció desde un inicio, evacuó con sus propios sentidos todos los medios de prueba que se propusieron y fueron admitidos; llevando un orden cronológico y correcto de las actuaciones a ella incoadas; sin embargo, en un lapsus tempore, el Abogado Luis Enrique Maljik Flores, conociendo momentáneamente de la causa, realizó un fugaz juzgamiento, que a todas luces fue violatorio de dichos principios rectores del proceso, con su espurio fallo; juzgando sin haber practicado la prueba ni tener conocimiento de todas las diligencias evacuadas; inadvirtiendo que es la inmediación en la práctica de los medios de prueba, que tienen que ser valorados, la forma única en que se alcanza la verdadera convicción por el Juez que dicte la sentencia, pues, éste solo puede convencerse de lo que ha visto y escuchado directamente.- Reproche que hacemos hasta ahora, por ser esta es una función exclusiva del Juez de primera instancia, y solo puede ser reclamado ante vosotros Honorables Magistrados casacionistas, como un motivo de casación, puesto que corresponde al tribunal Ad-quem, revisar únicamente la motivación y el razonamiento lógico del A-quo, señalando el error en la valoración de la prueba, sin poder considerar la credibilidad de un testimonio o declaración rendido ante otro juez, pues la percepción directa de la prueba la tiene él de primera instancia.- De tal suerte que impugnamos ante vosotros, para que recibáis también este motivo de casación por infracción al principio de inmediación, como precepto procesal, debiendo ordenar reponer las actuaciones al momento que se cite a las partes para evacuar los medios de prueba y se repita el juzgamiento con juez justo y ecuánime. SEXTO MOTIVO POR INFRACCIÓN PROCESAL PRECEPTO AUTORIZANTE: Artículo 719 numeral 1 letra b) del Código Procesal Civil; que dan como causal de casación, la infracción a los actos y garantías procesales, cuando su infracción suponga o produzca indefensión. DISPOSICIONES INFRINGIDAS: Infracción a los artículos 13.2, 273 numeral 1, relación con 271 numerales 2 del Código Procesal Civil. CONCEPTO DE LA INFRACCIÓN: Transcripción de los Preceptos Legales.- “ARTICULO 13.- VALORACION DE LA PRUEBA. 1... 2. La valoración legal de la prueba sólo es admisible en (...) y en la prueba documental,...”; “ARTICULO 273.- FUERZA PROBATORIA DE LOS DOCUMENTOS PUBLICOS. 1. Los documentos públicos hacen prueba, aun contra tercero, del hecho, acto o estado de cosas que documenten y que motivó su otorgamiento, del lugar y de la fecha de éste y de la identidad de los fedatarios y demás personas que, en su caso, intervengan en el”; “ARTICULO 271.- DOCUMENTOS PUBLICOS EXPEDIDOS POR AUTORIDADES. Son documentos públicos a efectos de prueba en el proceso: 1.... 2. Los otorgados ante o por notario público, según la ley de la materia.”.- DEMOSTRACIÓN DE LA ERRÓNEA VALORACIÓN DE LOS MEDIOS DE PRUEBA LEGAL.- La literal b), numeral 1, del artículo 719 del Código Procesal Civil, establece las infracciones referentes a la errónea valoración de las pruebas legales (documentos públicos y privados), como errores en los actos y garantías procesales, y que son causal de casación por infracción procesal, que produce indefensión. En ese orden de ideas, en la sentencia impugnada de fecha 20 de noviembre del año 2014, y confirmada por el Ad-quem el 9 de marzo del 2015; no fueron valorados los medios de prueba bajo los parámetros de los artículos 13.2, 273 numeral 1, relación con 271 numerales 2 del Código Procesal Civil, violentado la regla de la literal b) arriba referida; él A quo, en su Considerando (8), enlista los medios de prueba que no desecho, pero, que tampoco valoro, referente a documentos denominados públicos, que esta parte actora presento como ser a).- Escritura de Testimonio bajo promesa de ley, debidamente Apostillada, realizada al Notario Leonard Joseph Lacayo donde consigna su declaración testifical; b).- Documento notarizado y Apostillado del Notario Leonard Lacayo donde aclara, que dicha sociedad fue la formada por las partes en litigio; c).- Instrumento Público número 42 autorizado por el Abogado y Notario Ceferino Justiniano Lara, contenido a la inspección de Demanda Sumaria de Guarda y Custodia al Juzgado de Familia de esta Sección Judicial; d).- Acta Notarial otorgada por el mismo Notario Justiniano Lara, de fecha 18 de junio del 2009, contenida a declaración de la señora Elba Navarro esposa de mi representado, respecto a la sociedad formada por su esposo con la demandada, para invertir en Honduras.- Medios de prueba que el A quo, en su juicio de valor, no advirtió que los mismos son documentos públicos otorgados ante Notarios, cuya FUERZA PROBATORIA, hacen prueba, aun contra terceros, del hecho, acto o estado de cosas que documenten y que motivó su otorgamiento, inclusive del lugar y de la fecha que este se otorgó, tal como lo ordena el artículo 273 en su numeral 1, en relación del artículo 271 preámbulo y numeral 2; con el agregado de que estos documentos fueron allegados a estrados judiciales en original debidamente Apostillados y certificado, por cada autoridad competente.- Arbitrariamente él A quo, establece que si bien es cierto se presentaron estos documentos, sin embargo, no se ha aportado el documento constitutivo de la sociedad referida o al menos un contrato en donde se establecieran las distintas condiciones y obligaciones que generaría la inversión, únicamente documentos unilaterales creados por la parte a quien interesa, por lo que no pudo como juzgador tener por acreditado de manera alguna la existencia de dicha sociedad y las supuestas inversiones referidas.- O sea, según el sentenciador, mi representado no aportado el documento constitutivo de la sociedad referida o al menos un contrato en donde se establecieran las distintas condiciones y obligaciones que generaría la inversión, se sobre entiende que entonces, no le da crédito al elenco probatorio que al respecto se presentó, de los cuales se desprende con meridiana claridad y precisión, todos los extremos que el sentenciador profirió no dar por acreditado; violentando FUERZA PROBATORIA DE LOS DOCUMENTOS PUBLICOS y su valoración como pruebas legales, ya que dichos documentos públicos, fueron debidamente otorgados ante notarios debidamente autorizados de ambos países; y por lo tanto, deben de tenerse como, los documentos públicos que son, y que hacen prueba, aun contra tercero, del hecho, acto o estado de cosas que documenten y que motivó su otorgamiento, del lugar y de la fecha de éste y de la identidad de los fedatarios y demás personas que, en su caso, intervengan en el.- dicha fuerza no se supone, el valor de dichas prueba viene determinado en la Ley, imponiéndose al juzgador un determinado criterio valorativo de la prueba, aun en contra de su propia convicción. Ante dichos medios de prueba la utilización de máximas de experiencia viene impuesta por la Ley, y el Juez está vinculada por ellas, debiendo aplicarlas al caso concreto; puesto que se trata de reglas de inferencia “jurídica”, cuya obligatoriedad viene dada por el Derecho, con independencia de que sean o no empíricamente válidas, e históricamente respondía al criterio de limitar las facultades del Juez; con un criterio de valoración probatoria que tiende a ser limitado y que tiene su justificación en la seguridad jurídica. Pero, repito nunca fue suficiente para que el A quo, que fuesen documentos públicos con fuerza probatoria impuesta por la Ley, para formara su convicción de que tanto la demandada como la parte actora acudieron al bufete legal americano a establecer aspectos contractuales relacionados a la inversión que harían en Honduras, (f.9); que dicha SOCIEDAD PARTNERSHIP (f.587), que se probo con el Instrumento Público número cuarenta y dos (f,305) que la demandada era SOCIA CAPITALISTA de mi representado, por la cantidad de SETENTA MIL DOLARES ($70,000.00), y que mas elocuente, que el Acta Notarial (f.305), donde la señora esposa de mi mandante establece claramente como ella también participo en dicho pacto.- De tal suerte que con haber ignorado dichos medios con fuerza probatoria suficiente incluyendo contra terceros, el A-quo, violento la VALORACION LEGAL DE LA PRUEBA DOCUMENTAL DE INSTRUMENTOS PUBLICOS Y PRIVADOS, ya que estos no deben de ser valorados con libertad para utilizar las máximas de experiencia que crea conveniente, lo cual no supone sistema “discrecional o arbitral “, sino con la fuerza probatoria tasada, que manda la Ley; y además que NUNCA FUERON IMPUGNADOS dichos Instrumentos Públicos, por la parte a quien perjudicaban, y fueron introducidos al proceso con las reglas de los artículos 321 al 334 del Código de procedimientos Civiles, que rigió en dicha contienda.- Y siendo como ya apunte que el Ad-quem, no hizo lo propio; procede la estimación por vosotros de la presente causal de casación, enmendando el grave error cometido por la instancia, y la alzada y ordenéis la restitución de lo justamente pedido por mi representado. EXPOSICIÓN DE LOS MOTIVOS DE CASACIÓN POR INFRACCIÓN DE FORMA Y CONTENIDO DE LA SENTENCIA PRIMER MOTIVO POR QUEBRANTAMIENTO DE FORMA Y CONTENIDO PRECEPTO AUTORIZANTE: Artículo 719 preámbulo numeral 1 letra c) del Código Procesal Civil; que dan como causal de casación la infracción a normas procesales que regulan la forma y contenido de la sentencia. DISPOSICIONES INFRINGIDAS: Infracción del artículo 200 numeral 2 letra b) del Código Procesal Civil. CONCEPTO DE LA INFRACCIÓN: Transcripción de los Preceptos Legales: “ARTICULO 200.- CONTENIDO FORMAL DE LAS SENTENCIAS. 1.... 2. En particular, la redacción de las sentencias se ajustará al siguiente contenido formal: a).... b) En los antecedentes de hecho se consignarán,..., los hechos probados, en su caso.”.- Así mismo el artículo 187 numeral dos del Código de Procedimientos Civiles reza que: “Artículo 187.- Las sentencias definitivas contendrán, con la claridad y concisión posibles: lo... 2o. - En los resultandos, las pretensiones de las partes y los hechos en que las funden, que hubieren sido alegados oportunamente, y que estén enlazados con las cuestiones que hayan de resolverse.” En la parte final de la letra b) del numeral 2 del artículo 200 CPC, se aprecia que uno de los requisitos formales de la sentencia es precisamente que en los antecedentes de hecho de una sentencia, se deben de consignar en párrafos separados y numerados, con claridad y concisión, entre otros, “los hechos probados” de que se hizo merito en la causa; en el caso concreto, la sentencia de fecha veinte de noviembre del año dos mil catorce, del A quo, adolece de hechos probados, como tales; no pudiéndose observar los mismos ni en el contenido de ella, y siendo que dicho artículo establece dentro de sus formalidades de la sentencia el deber de incluir los hechos probados como institución procesal, al no incluirla hubo quebrantamiento de la forma en la sentencia del A quo, por violación a dicho artículo supra indicado, violación en relación con el contenido del artículo 187 numeral dos del Código de Procedimientos Civiles; habida cuenta de la actividad probatoria, y la aceptación de los hechos por la demandada, y los demás sucesos acaecidos en la tramitación del proceso, produjeron efectos jurídicos, suficientes como para que existiesen pronunciamientos como “hechos probados”; dejando el sentenciador de cumplir con la incorporación de dichos hechos probados, como requisito interno de la sentencia; por lo que se hace este reproche para que vosotros des ha lugar el mismo y enmendéis el error de que adolece la sentencia referida y que a su vez fue reclamado ante el Ad-quem, pero la respuesta fue contraria a nuestras pretensiones anulatorias y convalidándola, manteniendo dicho error que ahora impugnamos, que por haber sido cometido al momento de la redacción de la sentencia, fue imposible reclamarla antes. SEGUNDO MOTIVO POR QUEBRANTAMIENTO DE FORMA Y CONTENIDO PRECEPTO AUTORIZANTE: Artículo 719 preámbulo numeral 1 letra c) del Código Procesal Civil; que establece como causal de casación la infracción a normas procesales que regulan la forma y contenido de la sentencia. DISPOSICIONES INFRINGIDAS: Infracción a los requisitos del contenido formal de la sentencia del artículo 200 numeral 2 letra b) en relación con los artículos 13 numeral 1, 242 numeral 3 parte final, 245 y del Código Procesal Civil. CONCEPTO DE LA INFRACCIÓN: “ARTÍCULO 200.- CONTENIDO FORMAL DE LAS SENTENCIAS. 1. (...). 2. En particular, la redacción de las sentencias se ajustará al siguiente contenido formal: a).... b) En los antecedentes de hecho se consignarán, con la claridad y la concisión posibles y en párrafos separados y numerados, (...), las pruebas que se hubiesen propuesto y practicado...; el “ARTICULO 13.- VALORACIÓN DE LA PRUEBA. 1. El juez ha de valorar la prueba de manera, precisa y razonada en la sentencia, atendiendo siempre a las reglas de la sana crítica, del conocimiento, criterio humano y razonamiento lógico, salvo que este Código u otra ley establezca una valoración concreta del resultado probatorio obtenido.”.- Así mismo el “Artículo 242.- PRACTICA DE LA PRUEBA. 1.-…, 2.-…,3.-(…), El juez o tribunal habrá de examinar por sí mismo la prueba documental, los informes y dictámenes escritos y cualesquiera otros medios o instrumentos que se aportaren para poder tenerlos en cuenta a la hora de formar su convicción...“.- El “ARTICULO 245.- VALORACIÓN DE LA PRUEBA.- 1. La valoración de la prueba en el Proceso Civil por el tribunal excluirá en todo caso la arbitrariedad, siendo motivada de manera precisa y razonada en la sentencia, atendiendo siempre a las reglas de la sana crítica, del conocimiento y criterio humano, así como de acuerdo a las normas que rigen el razonamiento lógico, salvo que este Código u otra ley establezca una valoración legal de manera expresa e inequívoca.”...– INDICACIÓN DE LA INFRACCIÓN: Previamente es preciso establecer que la ausencia de los requisitos internos de la sentencia, ENTRE ELLOS LA VALORACION DE LOS MEDIOS DE PRUEBA, el no hacerlo trae como consecuencia la nulidad o anulabilidad de la misma; siendo imperativo que el sentenciador cumpla con los mismos, de no ser así, se abre el derecho al recurso de apelación, el cual fue debidamente interpuesto en la presente causa, y habiendo sido desestimado, me veo en la obligación de interponer recurso extraordinario de casación, que por falta de valoración de medios de prueba, del A quo dejo de arribar la convicción de la veracidad de los hechos denunciados por la actora. OMISIÓN EN LA VALORACIÓN DE PRUEBAS, Honorables Magistrados, en la sentencia recurrida, se inobservó la valoración de medios de prueba de importancia en la relación de los hechos denunciados, como ser prueba documental, testifical, medios técnicos de reproducción de imagen (álbum fotográfico), etc., ya que fueron propuestos, admitidos y evacuados, por la actora, y al no ser relacionados, en su sentencia por el A-quo, se violo la tutela judicial efectiva; tal y como puede apreciarse de la lectura de los considerandos seis (6) y siete (7) DONDE DE UN SOLO DESCARTA TODA LA PRUEBA al resolver que: sic. “para iniciar a hacer la valoración de la prueba, es necesario primero descartar aquella que no sirvió para acreditar (por parte de la demandante) o desvirtuar (por parte de la demandada) ninguno de los elementos de la contienda.”; y según él identifica en los considerandos cuarto y quinto, dichos medios descartados con los numerales del 1.4 al 1.15 y del 1.18 al 1.91.- Así las cosas, mi patrocinado con dichos medios probatorios acreditó que le encomendó a la demandada, desde el año dos mil seis, abrir al público el gimnasio “VIMUDIO’S FITNESS CENTER”, la “PULPERIA KARLA” y una sala de Belleza (f. 350 al 352 y 356 al 358); medios de prueba comprendidos en los descartados del 1.19 al 1.21.- De igual manera demostró que la maquinaria y todo el equipo para dicha aperturación fue enviada desde los Estados Unidos de América, según facturas de compras y envió (f.355 y 503 al 528) también descartados, numerales del 1.48 al 1.56.- Además probó que las maquinas de ejercicio, mobiliario, materiales y otros que fueron adquiridos en esta ciudad de San Pedro Sula, por El (f.529 al 563) descartados por estar detallados a numerales 1.56 al 1.89.- Acredito la compra de inmueble para la comercialización (f.26, 32 y 36), igualmente detallados a numerales 1.7 a 1.9.- Diferentes vehículos para la venta y que se detallan a numeral 1.5.- Y finalmente y no menos importante acreditó la categoría de socia y empleada de todos los negocios especialmente el gimnasio con sendos carnet de acreditación, tarjetas publicitarias, DIPLOMA DE CERTIFICACION DE LA CASA MATRIZ, y pago de gastos médicos; extremos que enlista el A quo a numerales 1.22 al 1.26.- Véase que todos y cada uno de estos medios de prueba fueron descartados injustamente por el sentenciador, dejando de valorar los mismo, por haber sido apreciados en su conjunto como que si ella acepto que en efecto los había recibido, no tenia caso perder tiempo en valorarlos; no obstante, nunca observó que los dichos medios de prueba individualmente, tenían una pretensión probatoria distinta a acreditar los envíos o la inversión de dinero, por compras de equipo y otros; así mismo, la existencia de diferentes negocios, y la categoría de empleada y socia que tenia la demandada, ya que hubo un mandato generado por un acto de confianza de los esposos Navarro para la gestión de uno o más negocios, y la probanza iba dirigida a acreditar dichos extremos, va que si ella recibió el importe económico, (No. 1.10 al 1.15 y 1.27 al 1.45) adquirió las licencias correspondientes, ( No. 1.19), equipo dichos negocios con maquinaria enviada de Estados Unidos (No. 1.48 al 1.56) y otra adquirida por el propietario en esta ciudad, (No. 1.56 al 1.89 ), si ella fue certificada por la empresa matriz de Estados Unidos, (No. 1.22 al 1.26) y finalmente aperturó al púbico dichos negocios, (No.1.19 al 1.21 ) como es posible que juez deje de advertir, que con ellos se acredita la causa de pedir y la pretensión de condena, el A quo, no quiso valorar que entre ellos hubieron actos de licito comercio ya que exteriorizaron por la sociedad al prestar servicios al público con pulpería Karla, sala de belleza, y el gimnasio “VIMUDIO’S FITNESS CENTER”, que se certificó a la demandada como una de sus empleados, que se utilizó el nombre americano de la empresas de mi representado en Estados Unidos.- De tal suerte que si ella acepto recibir el dinero, cumplir con estructurar los negocios en el rubro que le fue indicada, acepta recibir y adquirir la maquinaria necesaria, acepta trabajar para dichos negocios y atender al público en su nombre, acepta finalmente llevar las finanzas de tan grande capital; no entendemos como el sentenciador dejo de valorar todos y cada uno de estos extremos, que era la finalidad de la probanza, y que en dos palabras hace a un lado al resolver que las descartaría porque “no sirvió para acreditar o desvirtuar ninguno de los elementos de la contienda”; para finalmente resolver NO HA LUGAR la demanda por falta de documento que pruebe la existencia de la sociedad.- Si ni tan siquiera valoró las pruebas aportadas en legal y debida forma, por lo que procede revocar la sentencia y retrotraer la misma al momento procesal oportuno para un nuevo juzgamiento. TERCER MOTIVO POR QUEBRANTAMIENTO DE FORMA Y CONTENIDO PRECEPTO AUTORIZANTE: Artículo 719 preámbulo y numeral 1 letra c) del Código Procesal Civil; que establece como causal de casación la infracción a normas procesales que regulan la forma y contenido de la sentencia. DISPOSICIONES INFRINGIDAS: Infracción a los requisitos del contenido formal de la sentencia del artículo 200 numeral 2 letra b) en relación con los artículos 13 numeral 1, 245 numeral 1 parte media, 13.3 del Código Procesal Civil, en relación con el artículo 407 número 1 del Código de Procedimientos Civiles. CONCEPTO DE LA INFRACCIÓN: Transcripción de Preceptos Legales.- El “ARTICULO 200.- CONTENIDO FORMAL DE LAS SENTENCIAS. 1. (...). 2. En particular, la redacción de las sentencias se ajustará al siguiente contenido formal: a).... b)….. En los antecedentes de hecho se consignarán, con la claridad y la concisión posibles y en párrafos separados y numerados, (...), las pruebas que se hubiesen propuesto y practicado...; el “ARTICULO 13.- VALORACION DE LA PRUEBA. 1. El juez ha de valorar la prueba de manera, precisa y razonada en la sentencia, atendiendo siempre a las reglas de la sana crítica, del conocimiento, criterio humano y razonamiento lógico “; así mismo el “ARTICULO 245.- VALORACION DE LA PRUEBA 1. La valoración de la prueba en el proceso civil por el tribunal excluirá en todo caso la arbitrariedad, siendo motivada de manera precisa y razonada en la sentencia, atendiendo siempre a las reglas de la sana crítica, del conocimiento y criterio humano, así como de acuerdo a las normas que rigen el razonamiento lógico, (...). “ y finalmente el artículo 407 número uno del Código de Procedimientos Civiles que regulaba las reglas de la apreciación de testigos, en el proceso de ese entonces. VIOLACIÓN A LAS REGLAS DE LA SANA CRÍTICA por errónea valoración de los medios de prueba.- Si bien es cierto que las normas procesales que rigieron durante el proceso anterior, en la causa de que vosotros ahora hacéis merito; y donde la ley venía a determinar el valor de las pruebas, aún en contra de la propia convicción del juzgador, conocido como valoración tasada o legal; no es menos cierto que, para la valoración de los medios de prueba que a continuación me referiré, dicha ley dentro de la valoración de la fuerza probatoria de ciertos medios de prueba, también regia el criterio de la sana critica o valoración libre; donde el juez podía valor la prueba según su convicción psicológica-jurídica, de manera tal que, utilizase las máximas de experiencia según creía conveniente, pero, ante tal licencia en con su juzgamiento él A quo, generó un juicio arbitrario, sin razonamiento alguno. Al no valorase la prueba basada en la sana crítica, sin reflexión válida, y con arreglo a las máximas de la experiencia, del conocimiento y criterio humano, que siempre ha regido en nuestra legislación procesal, por tanto ha violentado la forma y contenido de la sentencia.- Al revisar como en su considerando (8) el sentenciador plasma su valoración e interpretación de la probanza de cargo, únicamente puesto que nunca hubo prueba en descargo, y con esto arribar a su “apreciación de la prueba”; nunca se aprecia que haya realizado aquellas operaciones mentales del partiendo de las fuentes-medios de prueba pueda llegar a establecer la certeza respecto de las afirmaciones de hechos probados o improbados; habida cuenta que se adolece de “hechos probados”.- Limitándose a desarrollar el listado de medios de únicamente valoro entre otros la declaración de la testigo sin tacha alguna, la señora: JENY VANESSA PERDOMO GUEVARA, (f.609) quien declaró que a ella le consta que el señor Navarro, es socio de la señora Leiva Rivera, en Honduras y producto de esa sociedad el demandante le envió a la demandada, desde los Estados Unidos, cantidades significativas de dinero; que también le consta que dicho dinero era para el establecimiento de negocios de: Gimnasio; Pulpería; Sala de Belleza; comprar, reparar, amueblar y vender casas y vehículos. Y que la señora Leiva Rivera, en efecto estableció dichos negocios, pero, a título personal, y no en nombre de los dos, como el señor Navarro le ordeno. Y que don Carlos Navarro siempre le ha reclamado a la demandada la devolución de los valores a ella enviados.- Declaración que si bien es cierto por sí sola no hace plena prueba, no es menos cierto que del elenco probatorio, también obran testimonios que en concordancia con el de la joven dicente, se puede colegir cómo la demandada defraudó en su patrimonio a mi representado y su señora esposa; así obra documento del testimonio bajo promesa de ley, realizado al Notario LEONARD JOSEPH LACAYO por otro Notario donde éste indica, que ante sus oficios la demandada y el demandante, comparecieron a otorgar escritura de constitución de sociedad, que tendría como propósito comprar propiedades, construir propiedades, abrir un gimnasio entre otros, y que fue el quien elaboro un documento y lo protocolizó en los Estados Unidos aclarando, que dicha sociedad fue de la denominada Partnership extremos claros congruentes y precisos, en su declaración bajo juramento, que fue agregada a los autos debidamente Apostillada con números 543381 y 812954, (f.9 y 587 al 594), el Instrumento Público número 42 autorizado por el Abogado y Notario Ceferino Justiniano Lara, contenido a la inspección de Demanda Sumaria de Guarda y Custodia donde la demandada había utilizado el documento que hizo alusión el notario norteamericano, pero, el A quo, solamente hace referencia a la presentación de un medio probatorio consistente en “constancia emitida por mi representado”, minimizando su fuerza probatoria, que enlazada con los anteriores, además, del Acta Notarial otorgada por el mismo notario hondureño de fecha 18 de junio del 2009, mediante la cual la testigo señora Elba Navarro, declara respecto a la sociedad formada por su esposo con la demandada, y que jamás le han regalado nada a ella, siendo su único objetivo invertir en Honduras.- Véase Honorables Magistrados del Tribunal Supremo, el A quo resolvió con argumentos meramente subjetivos carentes de valoración apegado a las reglas de la sana crítica como extremos como que la actora no logro acreditar la sociedad hondureña, DESMERITANDO EL TESTIMONIO DE LOS CUATRO (4) TESTIGOS QUE LA PARTE ACTORA ARRIMO A LA CONTIENDA; si él en su libre albedrío valoro solamente como testifical a la declaración de la joven JENY VANESSA PERDOMO GUEVARA, (f.609), y no determina que también el señor LEONARD JOSEPH LACAYO, que como Notario otorgante rindió testimonio bajo promesa de ley, además de la fe notarial del Abogado y Notario CEFERINO JUSTINIANO LARA, quien se constituyo ante judicatura de familia a constatar extremos ya apuntados según ACTA NAOTARIAL que al respecto otorgo, más el TESTIMONIO DE LA SENORA ELBA NAVARRO con declaración congruente y precisa con respecto a la de la joven Jeny Vanessa Perdomo Guevara, y que todos concluyen en que en efecto la demandada y mi representado acudieron al bufete legal norteamericano donde establecieron aspectos contractuales relacionados a la inversión que haría en Honduras como ser compra de bienes inmuebles, amueblarlos, compra de enseres y vehículos y la organización de un gimnasio.- No entendemos como el juzgador no pudo colegir bajo las reglas de la sana crítica, del entendimiento humano, de las máximas de la experiencia, otorgarle el valor a la prueba según su convicción psicológica-jurídica, de manera tal que arribase a que en efecto no se había aportado el documento constitutivo de la sociedad referida o al menos un contrato como él lo argumento en donde se establecieran las distintas condiciones y obligaciones que generaría la inversión, precisamente porque la demandada lo había utilizado en la Judicatura de familia en defensa de la Guarda y Custodia de su hijo, y no es cierto que únicamente se presentaron documentos unilaterales creados por la parte a quien interesa, como lo juzgó el A quo, se acredito tener por existida la inversión de más de quinientos mil dólares americanos, la existencia de los negocios como ser el Gimnasio y la Pulpería, la relación comercial con diferentes casas de licito comercio e innumerable prueba colateral, además de las cuatro personas que testificaron en la causa quienes fueron unísonas en referir lo que mi representado demandó desde un inicio que fue que la demandada recibió todas las cantidades de dinero que ahora se le reclaman para su devolución.- Pero, arbitrariamente él A quo, establece que mi representado no aportado el documento constitutivo de la sociedad referida o al menos un contrato en donde se establecieran las distintas condiciones y obligaciones que generaría la inversión, se sobre entiende que entonces, no le da crédito al elenco probatorio que al respecto se presentó, violentando las reglas de la sana crítica.- Por lo que procede la estimación del presente motivo de casación por quebrantamiento de la forma y contenido de la sentencia, debiendo enmendando el grave error cometido por la instancia, y ratificado por la alzada; y ordenéis la restitución de lo actuado justamente al momento y estado inmediatamente anterior en que se produjo la falta. EXPOSICIÓN DE LOS MOTIVOS DE CASACIÓN POR INFRACCIÓN NORMAS DE DERECHO SUSTANTIVOS Y DOCTRINA JURISPRUDENCIAL PRIMER MOTIVO POR INFRACCIÓN DE NORMA JURÍDICA MATERIAL PRECEPTO AUTORIZANTE: Artículo 719 preámbulo y numeral 2 del Código Procesal Civil; que autoriza la impugnación de la aplicación e interpretación de las normas de derecho empleadas para la solución de fondo del litigio. DISPOSICIONES INFRINGIDAS: Falta de aplicación de los artículos 17 y 18 y la indebida aplicación del artículo 308 todos del Código de Comercio CONCEPTO DE LA INFRACCIÓN: Transcripción de Preceptos Legales.- Disposiciones generales.- “Artículo 17.- Las sociedades no inscritas en el Registro Público de Comercio que se hubieren exteriorizado como tales frente a terceros, consten o no en escritura pública, tendrán no obstante personalidad jurídica. Las relaciones internas de estas sociedades se regirán por su contrato social y por las disposiciones de este Código. Los que realicen actos jurídicos como representantes o mandatarios de una sociedad irregular, responderán solidariamente del cumplimiento de los mismos frente a terceros. Cualquier interesado, incluso los socios no culpables de la irregularidad, podrán exigir daños y perjuicios a los culpables y a los que actuaren como representantes o mandatarios de la sociedad. Artículo 18.- Si la sociedad no se hubiere constituido ante Notario, cualquiera de los socios podrá demandar de los demás el otorgamiento de la escritura correspondiente.(...). Transcurridos cuatro meses del requerimiento sin que se haya comprobado la inscripción en el Registro, la sociedad se pondrá en liquidación….-” De las sociedades constituidas en el extranjero.- “ARTÍCULO 308.- Para que a sociedad constituida con arreglo a leyes extranjeras pueda educarse al ejercicio del comercio en la República, deberá: 1.- Comprobar que está legalmente constituida de acuerdo con la ley del país en que se hubiere organizado; II.- Comprobar, que conforme a dicha ley y a sus estatutos, puede acordar la creación de sucursales con los requisitos que este Código señale, y que ha sido válidamente adoptada la decisión relativa; III. - Tener permanentemente en la República, cuando menos un representante con amplías facultades para realizar todos los actos y negocios jurídicos que hayan de celebrarse y surtir efectos en territorio nacional; IV.- Constituir un patrimonio afecto a la actividad mercantil que haya de desarrollar en la República. Su reducción sólo podrá hacerse observando los requisitos para la reducción de capital y previa autorización de la Secretaría de Hacienda; V.- Comprobar que todos sus fines son lícitos conforme a las leyes nacionales y que, en general no es contraria al orden público; y, VI. - Protestar sumisión a las leyes, tribunales y autoridades de la República, en relación con los actos o negocios jurídicos que celebrare en el territorio hondureño o que hayan de surtir efectos en el mismo. Los requisitos anteriores deberán satisfacerse ante la Secretaría de Hacienda, la que, si lo estima conveniente para el interés general, podrá conceder autorización para que la sociedad ejerza el comercio en la República. En este caso señalará el término dentro del cual la sociedad deba iniciar sus operaciones y ordenará la inscripción de la misma en el Registro del Comercio del lugar en que la empresa establezca su oficina principal.” El Tribunal de la instancia, al emitir la resolución sobre el fondo del litigio lo hace en base a una norma completamente improcedente, inaplicable o en su caso, interpretada en forma indebida. El juzgador, basó su fundamentación jurídica en el artículo 308 del Código de Comercio, para negar el derecho que los esposos Navarro reclaman de la demandada; fundamentándose jurídicamente en que: “la supuesta sociedad de que reclama la actora, no tenia ni escritura de constitución ni tampoco la autorización para iniciar operaciones”.- Sin embargo, nuestro reproche es en primer lugar en cuanto que sí el A-quo decidió apreciar jurídicamente dicha demanda como si de un reclamo Mercantil fuese, entonces debió de apreciar en todo su contexto EL Código Comercio, y de ahí que los artículos 17 y 18, en cuanto son claros y contundentes en advertir la posibilidad de la existencia de una “sociedad de hecho”, con el siempre y cuando se hayan exteriorizado como tales frente a terceros; y/o que uno de los socios haga el reclamo de la constitución formal de dicha sociedad.- y en segundo lugar también reprochamos que el reclamo fue de naturaleza puramente civil, para que se les restituya los valores a ella enviados.- No obstante, consideramos que, al no aplicar los artículo 17 y 18 del Código de Comercio, el sentenciador también ha agraviado económicamente a mis mandantes, y aun y cuando en ese entonces les preexiste el derecho a pedir que se constituyese la sociedad, fue precisamente el incumplimiento del mandato de formar dicha sociedad, que dio partida para este Proceso Civil, así las cosas, si quedo plenamente acreditado que en efecto existieron los negocios del Gimnasio que se certificó a las instructoras, que abrió sus puertas a terceros, que se hicieron carnet de membrecía, que facturaban, que otorgaban diplomas, que se inscribieron muchos alumnos, y que existieron en el lícito comercio vecinal; así mismo, la Pulpería que compraba y vendía productos de abarrotería; además de los inmuebles para su compra-venta, por conocimiento de la ley y sensatez, el A quo, debió de entender que con solo ese hecho de exteriorizarse ante terceros, dichos negocios TENIAN PERSONERIA JURIDICA, pero al resolver NO HA LUGAR la demanda, se configura el vicio in judicando por falta de aplicación de los referidos artículos 17 y 18 del Código de Comercio; por lo que procede dictar una nueva sentencia para resolver el presente litigio. En cuanto a la Indebida Aplicación del artículo 308 del Código de Comercio, en la resolución del A-quo, en su considerando (9), donde concluye erróneamente que la actora baso su alegato en la supuesta constitución de una sociedad para invertir en el país; haciendo una relación jurídica del artículo 308 del Código de Comercio, que establece los requisitos y demás disposiciones para establecer una sociedad extranjera en nuestro país; y finaliza estableciendo que mi representado no presento la autorización que otorga el Poder Ejecutivo a las sociedades extranjeras para ejercer comercio en Honduras.- Al respecto consideramos arbitraria la aplicación del artículo 308, en tanto que, mi representado jamás fundamento sus hechos, pretensiones y demás cuestiones de su demanda, con alegatos como lo advierte el A-quo, en una “supuesta” constitución de una sociedad para invertir en el país; si no se baso en una efectiva, tangible, clara y precisa fundamentación y que al efecto acreditó, con el elenco probatorio, de que la demandada trasgredió la confianza que como su empleada en su gimnasio de aquella nación, se había ganado, al grado que le encomendó organizar negocios en este país, entre ellos el de un gimnasio, que es el rubro que toda su vida a explotado, generando un mandato en base a confianza, basado en la amistad, para la ejecución de un negocio cuyos beneficios iban a ser para ambos y las pérdidas para el primero; y al no cumplir la comisión de formalizar la sociedad en este país la demandada, falto al honor y a las relaciones internas comerciales entre ellos; nunca concreto dicha sociedad hondureña ni mucho menos retornó el capital a ella enviado y que acepta haber recibido.- Con respecto a los requisitos y demás disposiciones del artículo 308 del Código de Comercio, no calzan en la presente contienda considerando que mi representado jamás ha mencionado que el acudió ante la autoridad hondureña a tramitar dicha sociedad o que tratase de incorporar la realizada en aquella nación, por lo que sorprende tal consideración y aplicación legal del A quo, quien no entendió que precisamente, cansado de exigir dicha constitución de sociedad, fue que originó la presente demanda, que nunca fue ejerciendo la acción que el tiene de otorgamiento de la escritura correspondiente por la vía mercantil; pero el señor Carlos Navarro y su señora esposa no tienen ningún interés de continuar haciendo negocios con la demandada, solamente la restitución de sus valores en las cantidades defraudas y sus frutos. Por tal razón reprochamos que las norma jurídica aplicada por el A quo y convalidad por el Ad quem, trasgrede por su aplicación las normas de derecho empleadas para la solución del fondo del litigio, por lo que os ruego que des por recibido el presente motivo de casación y revoquéis la sentencia impugnada y emitas la nueva sentencia donde se le restituyan todos los derechos a mi representado. SEGUNDO MOTIVO POR INFRACCIÓN DE NORMA JURÍDICA MATERIAL PRECEPTO AUTORIZANTE: Artículo 719 preámbulo y numeral 2 del Código Procesal Civil; que autoriza la impugnación de la aplicación e interpretación de las normas de derecho empleadas para la solución de fondo del litigio. DISPOSICIONES INFRINGIDAS: Falta de aplicación de los artículos 1301, 1306, 1308 Y 1310 del Código Civil de Honduras. CONCEPTO DE LA INFRACCIÓN: Transcripción de Preceptos Legales.- “Artículo 1301.- La donación entre vivos no se presume, sino en los casos que expresamente hayan previsto las leyes.”; “artículo 1306.- No hay donación, si habiendo por una parte disminución de patrimonio, no hay por otra aumento; como cuando se da para un objeto que consume el importe de la cosa donada, y de que el donatario no reporta ninguna ventaja apreciable en dinero.”; párrafo primero del “artículo 1308.- No valdrá la donación entre vivos de cualquier especie de bienes raíces, si no es otorgada por escritura pública.”; “artículo 1310.- Las donaciones con causa onerosa, como para que una persona abrace una carrera o estado, o a título de dote, o por razón de matrimonio, se otorgarán por escritura pública, expresando la causa;(.. .)“.-EL VICIO IN-JUDICANDO DE QUE ADOLECE LA SENTENCIA DEL A QUQ POR INFRACCIONES DE NORMA SUSTANTIVA, tiene su génesis al momento de resolver SIN LUGAR LA DEMANDA, y aceptar como valido el argumento de la demandada de que: si bien había recibido todo los valores en metálico a ella enviados y los bártulos para los negocios, estos fueron “un regalo por una relación marital”.- Véase si el A quo, decidió resolver la presente demanda como si de la Materia de Familia se tratase, debió estar a lo dispuesto a lo regulado en el Código de Familia precisamente en el Capítulo Vll Título II en lo concerniente a la constitución del Patrimonio Familiar, no obstante, en los autos además de los dichos de la demandada no existe ningún medio de prueba que acredite que entre ellos existe una relación marital.- Así pues, el sentenciador dejo de observar los artículos antes referidos, del Código Civil, habida cuenta de la proporción de dichos bienes y su naturaleza.- considerando esta actora que si los argumentos de la demandada fuesen ciertos, tuvo que haber ella acreditado con las escrituras de donación tal institución jurídica; y al no haber acreditado lo mismo, el sentenciador debió, valorar los hechos y fundamentarse con respecto a la letra de aquellos artículos antes referidos de dicho cuerpo legal; difícilmente una persona regala quinientos mil dólares o sea cinco bienes inmuebles, tres vehículos, cuatro negocios (pulpería, sala de belleza, gimnasio, venta de carros), e infinidad de bienes muebles para acondicionar las viviendas, la sala de belleza, la pulpería y sobre todo el gimnasio; de tal suerte que dichos artículos ni aun para la vida marital como así lo aprecio el A quo, se pueden regalar solo de palabra, es preciso según lo rezan dichos artículos que exista la escritura pública y su registro correspondiente, puesto que la donación entre vivos no se presume, y aun existiendo escritura, el donante puede rescindir de dicho pacto, por ser el donatario poseedor de mala fe y debe restituir la cosa y sus frutos o por indignidad. Así las cosas, estamos seguros que la resolución del sentenciador y que fue avalada por la alzada, adolece del vicio de inaplicación de norma sustantiva, ante la falta de aplicación de los artículos 1301, 1306, 1308 Y 1310 del Código Civil de Honduras, que debieron ser apreciados tanto en sus contenidos como fuerza legal, para otorgar la razón a mi representado para que sea restituido en sus valores, que tanto esfuerzo y sacrificio le han costado, y que jamás le ha donado los mismos a la demandada; por lo que pedimos que recibáis este motivo de casación por la norma y revoquéis la sentencia por ahora impugnada y emitáis nuevo fallo, con la apreciación del derecho infringido que estamos reclamando. CONCLUSIÓN: Este sendero recursivo, se impetró en virtud que el A quo, resolvió inapropiadamente la demanda civil; como si, de un proceso Mercantil o peor aun de Familia se tratase; dejando totalmente desprotegido a quien reclamó la tutela judicial efectiva por la vía civil; siendo tan injusta dicha resolución, que aun en materia de Familia, habría una constitución automática de patrimonio familiar, y así proteger a quien demandó la protección del Estado, o en materia Mercantil de tener el derecho a pedir que se constituya la sociedad y salvaguardar los intereses de sus socios.- Lo cierto es que a causa de la distancia territorial, mi representado y su señora esposa, como comitentes, le dieron un mandato y le enviaron sendas cantidades de dinero a la demandada, para que concluyera negocios con terceros, por no poder hacerlo ellos por si mismos; pero ante la mala fe de la demandada, se le reclama la restitución de dichos valores que fueron sobradamente probados en autos, pero que se le niega la tutela judicial efectiva al negar sus pretensiones, dejándole totalmente en indefensión.- Por todo lo antes expuesto y siendo que los vicios que adolece dicho fallo injusto, no puede ser enmendado por nadie mas que Vosotros, es que solicito a vos Honorable Sala de lo Civil de la Corte Suprema de Justicia, dejéis sin valor y efecto la Sentencia definitiva en donde se declaró Sin Lugar DEMANDA y en atención a aplicar la correcta justicia, se revoque la misma y se estime la pretensión de mi representado, y se declare CON LUGAR la misma.”. II. FUNDAMENTOS DE DERECHO 1.- El recurso de casación tiene claramente definidos dos fines expresos al tenor de lo preceptuado por el artículo 716 del Código Procesal Civil, el primero de ellos es su función nomofiláctica, entendida ésta como “la exacta observancia de la ley”, es decir la protección de las normas del ordenamiento jurídico, mediante la procura y promoción de la más adecuada aplicación e interpretación del derecho objetivo; el segundo fin es la unificación de la jurisprudencia nacional, misma que se explica en el sentido de que habiendo situaciones iguales debe pronunciarse decisiones iguales, siempre y cuando no concurran razones objetivas y razonables que justifiquen un trato desigual, en otras palabras, la evolución de la jurisprudencia. Por su parte el numeral dos del artículo precitado, conmina a este alto tribunal a que aplique e intérprete las normas referidas al recurso de casación atendiendo a la finalidad de unificación de la jurisprudencia, esto como instrumento de garantía de la igualdad de todos ante la ley, y de la seguridad y certidumbre jurídicas. 2.- El recurso extraordinario de casación debe sujetarse en su formulación a determinados requisitos, para que pueda considerarse como tal y ser atendible por la Corte, ya que dicho recurso es esencialmente formalista, en consecuencia debe ceñirse a una técnica rigurosa para que pueda ser analizado y prospere; requisitos consignados en los artículos 704 y 721 del Código Procesal Civil, mismos que devienen en su cumplimiento por parte del impetrante, para que la Corte pueda considerarlo. 3.- De lo expuesto por el recurrente abogado FREDY OMAR MADRID, en el Primer Motivo por infracción de normas procesales, esta Sala deja relacionado sucintamente los alegatos planteados, ello en virtud de que en los mismos aparecen citados literalmente en los Antecedentes de Hecho de este auto. Expone el impetrante que la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones Civil de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, el día 09 de marzo del año 2015, infringió el artículo 14 que regula el principio de doble instancia y el artículo 913 del Código Procesal Civil, que establece que en los juicios declarativos a partir de la sentencia del a-quo, se aplicara el nuevo Código Procesal Civil; ambos artículos en relación con el artículo 115.1 del mismo cuerpo legal. Estima como precepto autorizante el artículo 719.1 letra b) del Código Procesal Civil; normativa esta que ha previsto como causal de casación los supuestos de aplicación e interpretación de normas procesales que regulan los actos y garantías procesales, en lo concerniente a que el fallo con su infracción suponga la nulidad o produjera indefensión. En sustento de su impugnación en el primer motivo, el recurrente en primer lugar ha citado literalmente lo dispuesto por los artículos que estima vulnerados; los artículos 14 y 913 en relación con el artículo 115.1, todos del Código Procesal Civil. En segundo lugar explica que tales vulneraciones por parte del Tribunal de Alzada se producen porque la resolución del mismo de fecha nueve de marzo del dos mil quince, se ha dictado irrespetando las formalidades que establece el artículo 14 del Código Procesal Civil; ello porque nuestro legislador estableció la posibilidad de interponer recursos contra las resoluciones judiciales de los Juzgados de Paz y los Juzgados de Letras, con el fin de obtener mayor posibilidad de que la sentencia sea justa y adecuada a Derecho, para el cumplimiento de todas las garantías, siempre que el recurrente la considera defectuosa; y que en ese sentido el recurso de apelación que en su momento se interpuso ante el ad-quem, no fue por el mero gusto de interponerlo, sino para hacer valer los derechos y garantías que la ley establece para el señor Carlos navarro; pero resulta que del análisis del fallo proferido se observa que la motivación fáctica y jurídica del sentenciador en segunda instancia, al hacer el cotejamiento con la sentencia proferida por el a-quo, se determina que los argumentos son exactamente idénticos, razón por la cual se estima que en el caso de autos no hubo un doble juzgamiento como lo indica el citado artículo 14 del Código Procesal Civil; y que tal situación queda evidenciada cuando el Tribunal de Alzada incurre en los mismos errores cometidos en su fallo por la primera instancia, esto es en cuanto que la alzada no hace una diferenciación de que hechos da por probados o improbados, situación por la que se considera que dicho fallo ha violado el principio de doble juzgamiento, y que si bien es cierto que el fallo proferido en segunda instancia y más específicamente en los capítulos Quinto y Sexto de la Motivación Fáctica y Jurídica hace asomos leves, pero los mismos son de forma y no de fondo, de una motivación válida, como para hacer interpretaciones distintas a las hechas por el a-quo. Dice el recurrente que el referido fallo también se dictó faltando a las formalidades del artículo 913 del Código Procesal Civil, ello en razón de que sí se novó, el Código anterior, fue precisamente por sus falencias y justamente para que las mismas fueran enmendadas, de ahí que al hacer el ad-quem la convalidación, tanto de los vagos argumentos de motivación, como jurídicos empleados por el a-quo, por lo que se dejo de aplicar en todo su contexto el nuevo Código Procesal Civil, y que en lo referente a la convalidación de lo resuelto por el a-quo, en cuanto que: “la carga de la prueba de ese entonces incumbía al reclamante y que esta no fue suficiente, porque no se había presentado prueba directa de una sociedad realizada entre las partes, que demostrara que las cantidades de dinero enviadas, fueron producto de una sociedad”. Criterio conforme al cual, si las reglas de este entonces, establecían la forma como debía hacerse la valoración de los medios de prueba, y tampoco conforme a las mismas fueron valorados y apreciados por la alzada, los medios probatorios que prueban todo lo referente al fondo de que la demandada era socia capitalista de su representado; ello sin contar que la demandada acepta que recibió el dinero de parte de Carlos Navarro, y que la testigo Jenny Vanessa Perdomo Guevara, estableció en sus declaración que las partes habían pactado hacer varios negocios en Honduras; razones para considerar que el Tribunal de Alzada ha hecho omisión en la valoración de pruebas, inobservado con ello el artículo 913 del nuevo Código Procesal Civil y consecuentemente ha dejado a su representado sin la tutela judicial efectiva, ya que los medios de prueba documental, testifical y medios técnicos de reproducción de imagen, fueron propuestos, y evacuados, para que fuesen valorados en la sentencia de merito, y que al no hacerlo el sentenciador de primera instancia, se recurrió en segunda instancia la que ha respondido con un retundo no. Por lo que dichas sentencias impugnadas también son actos procesales que conforman el procedimiento civil y que las mismas debieron realizarse de acuerdo con las prescripciones del Código Procesal Civil, la Ley Orgánica de Tribunales y la Constitución de la República; por lo tanto, con fundamento en el artículo 115.1 del citado código, deben de decretarse su nulidad por ser contrarias a derecho. Que siendo que los vicios in procedendo fueron realizados al momento de la redacción de la sentencia del ad-quem, no se pudo reclamar el error cometido, por lo que hasta ahora se denuncia. Que por todo lo señalado solicita de la Sala de lo Civil, de la Corte Suprema de Justicia, que tenga de recibo el presente motivo de casación y dejé sin valor y efecto las sentencias definitivas tanto del a-quo como del ad-quem, y en atención a aplicar la correcta justicia, se revoque la misma y se ordene reponer las actuaciones al momento y estado inmediatamente anterior a aquel en que se hubiese producido la falta. 4.- No es de recibo para la Sala de lo Civil el Primer Motivo, ello porque en los términos en que se formula el mismo, encontramos que por parte del recurrente se incurre en una indebida técnica casacional, a saber: a) Carece de la separación y claridad que exige el artículo 721.2 del Código Procesal Civil, así tenemos que él impetrante expone que “se infringió los artículos 14 que regula el Principio de Doble Instancia y el artículo 913 ambos del Código Procesal Civil”, sin que el mismo haga la separación debida en cuanto a cada uno de los artículos, esto es al plantearlos de forma conjunta en un solo motivo concita la falta de separación y claridad necesarias en la correcta técnica recursiva en materia casacional; b) Por otra parte el impetrante al referirse a los hechos probados de la sentencia recurrida pretende en casación su control, con lo cual confunde la viabilidad de la impugnación casacional en cuanto a la motivación fáctica de la sentencia para revisar su existencia, suficiencia, racionalidad y carácter lógico, siempre que éste fuera determinante de un sentido diferente al fallo, en cuyo caso si tal era su pretensión debió fundamentar su motivo en el artículo 719.1, literal c), autorizado por el artículo 720.2 del Código Procesal Civil; c) Arguye el recurrente la infracción de los citados artículos del Código Procesal Civil, y para ello hace relación de medios de prueba que obran en el proceso y que según su estimación darían la razón a su representado; mismos que están referidos a que la señora demandada efectivamente era socia capitalista de su representado; que la propia demandada admitió haber recibido dinero de parte de su representado y la declaración de la testigo Jenny Vanessa Perdomo Guevara, y por la cual se estableció que las partes habían pactado hacer varios negocios en Honduras; razones para considerar que el Tribunal de Alzada ha hecho omisión en la valoración de pruebas. Olvida el recurrente que conforme el artículo 720.1 del Código Procesal Civil, por medio del recurso de casación no se puede instar la revisión de los hechos ni la interpretación y valoración de las pruebas contenidas en las sentencias dictadas en la instancia; y d) Finalmente el recurrente al manifestar en este primer motivo que pretende que la Sala de lo Civil dejé sin valor y efecto las sentencias definitivas tanto del a-quo como del ad-quem, olvida que al tenor de lo preceptuado por el artículo 717 del Código Procesal Civil solo serán recurribles en casación las sentencias y los autos que pongan termino al pleito, haciendo imposible su continuación, dictado en apelación por las Cortes de Apelaciones en el proceso ordinario. 5.- Expone el impetrante el segundo motivo por infracción de normas procesales e invoca como precepto autorizante el artículo 719.1 letra b) del Código Procesal Civil, que señala: “Se podrá impugnar la aplicación e interpretación de las normas procesales que regulan: a)…; b) Los actos y garantías procesales cuando su infracción suponga la nulidad o produjera indefensión.” Estima que el fallo dictado por la segunda instancia ha quebrantado los artículos 187 numerales 2° y 3° del Código de Procedimientos Civiles, que establecen el contenido de las sentencias; en relación con el artículo 115.1 del Código Procesal Civil; artículos estos de los cuales el recurrente hace en primer lugar cita literal del contenido de los mismos, en segundo lugar el impetrante explica que resulta ineludible, en toda resolución judicial, cumplir en primer lugar, con la normativa primaria que rige el Estado, fundamentalmente el cumplimiento del debido proceso, que se encuentra preceptuado en el artículo 90 de la Constitución de la República, esto es que el cumplimiento fiel del mismo y que no haya ventajas para una u otra parte, consecuentemente lo contrario, implicaría infracciones legales. En ese sentido señala que en el caso de merito tal irrespeto de la norma constitucional, se suscita desde la sentencia pronunciada por la primera instancia en fecha veinte de noviembre de año dos mil catorce; causando evidentes agravios para su representado, ello porque el referido fallo carece de la técnica apropiada para tal efecto, ya que el juzgador ha proyectado sus razonamientos únicamente con considerandos, sin hacer una diferenciación, de que hechos estaba juzgando, o que hechos daba por probados o improbados; y siendo peor aún, es que el mismo no estableció apartados de valoración de la prueba o mucho menos los fundamentos legales que utilizó; razones más que suficientes para que esa representación procesal, pudiese expresar agravios con la debida individualización jurídica ante el ad-quem, ello dio como resultado una impugnación de forma inapropiada, pero aun así se le hizo saber también a la alzada que parte originó la nulidad absoluta de las actuaciones reprochadas, por lo que ese tribunal debía decretar la misma y que se debía retrotraerse las actuaciones al estado inmediatamente anterior al defecto apuntado; ello por el quebrantamiento del artículo 187 numerales 2° y 3° del Código de Procedimientos Civiles. Todo lo alegado con el fin de que de la simple lectura del fallo proferido se pueda apreciar de que asunto se trató, cuáles eran los antecedentes de hecho y de derecho, y como se enlazan los mismos para colegir o derivar de ellos y como se razona el juzgamiento. No obstante, lo señalado con la sentencia impugnada, se ha violentado el debido proceso, al haber desarrollado un juzgamiento en nombre del Estado de Honduras, sin aplicar las reglas mínimas para elaborar una sentencia definitiva. Que así las cosas, al no respetarse las formalidades para dictar una sentencia, y que dicho error fue arrastrado por la segunda instancia, no procede más que denunciar dicha infracción, ello porque la convalidación por parte del tribunal de Alzada de tan grave acto nulo de la primera instancia violenta el principio del debido proceso constitucional; por lo que fundamentándose en lo dispuesto por el articulo 212.6 Código Procesal Civil, se solicita se decrete la nulidad absoluta de la sentencia de fecha nueve de marzo del dos mil quince, consecuentemente se retrotraiga dicho acto, al momento de citación para dictar la misma, para realizarse nuevamente el juzgamiento y con un nuevo juez. Haciendo la indicación que, por ser este, un vicio in-procedendo efectuado al momento mismo de la redacción de la sentencia, fue imposible reclamarlo antes. 6.- La Sala no estima los argumentos del impetrante en el Segundo Motivo expuesto, ello se establece así, puesto que el mismo incurre en indebida técnica recursiva al momento de plantear el motivo, falencias que tienen que ver con lo siguiente: a) La Sala toma a bien que aun y cuando el impetrante se haya conducido por la vía que provee la causal referida a la infracción de normas que regulan los actos y garantías procesales cuando su infracción supone la nulidad o produce indefensión, sin embargo, no sigue al mismo en su motivo, cuando pretende de forma equivocada que sea estimado el argumento de que el fallo proferido en fecha 20 de noviembre del año 2014 por el iudex a-quo; causa agravios para su representado, ello porque el mismo ha vulnerado el derecho al debido proceso que preceptúa el artículo 90 de la Constitución de la República, al no observarse por parte de esa instancia cuestiones que tienen que ver con los hechos probados, la valoración de la prueba y los fundamentos legales; al respecto es menester recordar al impetrante que solo serán recurribles en casación las sentencias y los autos que pongan termino al pleito, haciendo imposible su continuación, dictados en apelación por las Cortes de Apelaciones tal y lo dispuesto por el artículo 717 del Código Procesal Civil; en ese sentido no cabe en vía de casación hacer impugnación de lo fallado en primera instancia, aun y cuando se alegue que el tribunal de alzada ha convalidado lo resuelto por la primera; aunado a lo anterior a la Sala de lo Civil le está vedado, al tenor de lo dispuesto en el artículo 720.1 del citado Código, hacer revisión de los hechos, la interpretación y valoración de las pruebas contenidas en la sentencia dictada por las Cortes de Apelaciones, que no es el caso de este motivo, puesto que el recurrente impugna en todo momento la sentencia del a-quo; y, b) cabe señalar que el recurrente también falta a la claridad y debida separación con la que debe exponer el motivo, ello porque invoca como norma infringida el artículo 187 en sus numerales 2° y 3° del Código de Procedimientos Civiles, en ese sentido una buena técnica de casación impone al recurrente que exponga de forma separada en motivos diferentes cada uno de los numerales del citado artículo, al no hacerlo así ha inobservado lo dispuesto por el artículo 721.2 del Código Procesal Civil. 7.- Expone el impetrante el Tercer Motivo por infracción de normas procesales e invoca como precepto autorizante el artículo 719.1. letra b) del Código Procesal Civil; que ha previsto como causal de casación los supuestos de aplicación e interpretación de normas procesales que regulan los actos y garantías procesales, en lo concerniente a que el fallo con su infracción suponga la nulidad o produjera indefensión. Estima como normas infringidas por parte del a-quo y el ad-quem, los artículos 80 y 90 de la Constitución de la República; 1586 y subsiguientes del Código Civil; artículos 93, 94, y siguientes, 119, 125, 128, 129, 412 del Código de Procedimientos Civiles; en relación con los artículos 7, 129.1, 135.1, 137.1 letra a) y demás aplicables del Código Procesal Civil. En sustento de su tesis impugnatoria, cita textualmente varios artículos, tales como el 93, 94, 95,128, 129 y 412 del Código de Procedimientos Civiles; del Código Procesal Civil, hace cita de los artículos 7,129,135,136 y 137. A continuación señala que en total flagrancia a normativas procesales el Juez a-quo, realizó actuaciones procesales, causando agravios, mismos que se ven materializados en el considerando dos (2) de su arbitraria sentencia, donde refiere que el apoderado de la demandada compareció en legal y debida forma a concluir; situación que se denuncio en su momento procesal oportuno, para que fuese observada, inclusive de oficio por parte del juzgador; ello ante la estrategia de renuncia del antiguo defensor para dilatar la causa, y a quien ya le había precluído el término para proseguir; el nuevo apoderado se apersonó pretendiendo sorprender a la juez de ese entonces, y en su escrito inicial, solicito se le concediera traslado de los autos para formular conclusiones; extremo negado por él a-quo (t. 697), por preclusión de termino. Que así mismo consta a folio 618 constancia, por medio de la cual la secretaría del despacho hace constar que a fecha dieciocho de julio del dos mil catorce, se realizo cambio temporal de Juez; momento que aviesamente fue utilizado por la parte demandada, para sorprender a la judicatura, con nueva solicitud para que se le otorgara traslado de los autos para formular conclusiones; situación ante la cual esa parte se manifestó contraria a que el nuevo juez a-quo otorgase el extemporáneo traslado, situación que fue dilucidado por el juzgador en fecha 22 de julio del 2014, declarando no ha lugar a dicha petición; resolución esta que nunca fue notificada a su representado, quien jamás tuvo la oportunidad de impugnar por la vía de apelación a dicha resolución; limitándose el a-quo a otorgar injusta y extemporáneamente traslado a la parte demandada, e inmediatamente, citar sin más que, para oír sentencia; con lo cual se dejo totalmente en indefensión a la parte actora, al tenor de lo preceptuado por el artículo 414 del Código de Procedimientos Civiles; razón por la cual se pidió, que se decretase de oficio nulidad absoluta de actuaciones a partir de la resolución de fecha 06 de junio del año 2014, o en su defecto se abriera la causa incidental, para hacer valer su parte opositora, extremo que fue negado por el juez a-quo por lo que tuvo que impugnarse ante el ad-quem, por la vía de la nueva apelación diferida solicitándose nuevamente la nulidad absoluta de actuaciones, y nuevamente la Corte de Apelaciones también negó tal derecho a su representado. Por todo lo señalado pide el recurrente que se reciba el presente motivo, y se decrete la nulidad absoluta de actuaciones a partir del auto de fecha seis de junio del año dos mil catorce, anulando las sentencias recurridas y se retrotraiga las actuaciones al momento y estado en que se cometió el yerro, en que se dejo totalmente indefenso a su mandante; y se aclara que por parte de esa representación se tuvo la oportunidad de reclamar este vicio in procedendo, y que fue anunciado forzadamente ante el ad-quem, donde no se encontró eco, a pesar de haber sido motivo suficiente, para dar por recibida la impugnación. 8.- No resulta de recibo lo expuesto por el recurrente en el Tercer Motivo, ello se establece así, dado los errores en que se incurre al momento de plantear el mismo y que básicamente tienen que ver con lo siguiente: a) Falta el impetrante a la necesaria separación y claridad con la que debe dejar expuesto el motivo, ello porque estima en forma conjunta y sin hacer la separación debida que se ha infringido los derechos de defensa y debido proceso que se consagran en los artículos 82 y 90 de la Constitución de la República, al respecto es menester señalar que el casacionista devenía en la obligación de exponer en motivos separados la vulneración de tales normas constitucionales, al no hacerlo así, no ha observado lo señalado por el artículo 721.2 del Código Procesal Civil; b) El recurrente hace cita indiscriminada de preceptos que estima vulnerados, así tenemos que además de las ya señaladas normas constitucionales estima también la transgresión de los artículos 1586 y subsiguientes del Código Civil; artículos 93, 94 y siguientes, 119, 125, 128, 129, 412 del Código de Procedimientos Civiles; tal cita que el recurrente hace de una manera indiscriminada de preceptos legales, se conoce como “cita acumulada de una sucesión de normas que rigen determinada materia”, y que doctrinalmente queda establecido en que: “…el casacionista no debe incurrir en el defecto de alegar como infringidas un conjunto indiscriminado de las normas que rigen determinada materia... una adecuada técnica casacional exige que en cada uno de los motivos de casación se precise la infracción legal que se considera cometida, debiendo por tanto evitarse la concentración en un solo motivo de todos o la mayor parte de los artículos, mediante una interpretación conjunta de normas con diferentes alcances…”[1]. En este tercer motivo, el impetrante al hacer cita de varias normas jurídicas de carácter adjetivo, sustantivo y constitucional, mismas que difieren en rango y protección recursiva, razón por la cual era deber del mismo haberlas planteado en forma separada cada una de ellas en motivos distintos, y cumplir con los requisitos establecidos en el artículo 704 del Código Procesal Civil, el cual establece que: “Sin perjuicio de las concretas exigencias, que puedan regularse, los escritos de interposición, de un recurso devolutivo deberán contener la fundamentación de lo pedido, con determinación en todo caso del perjuicio o agravio sufrido e identificación del vicio o error que lo causa…..”; en el presente motivo la falta de individualización de las normas consideradas como infringidas, convierten en imprecisa la recurrencia pretendida; asunto sobre el cual la Sala de lo Civil ya se ha pronunciado en reiteradas ocasiones.[2]; c) Pretende el recurrente que bajo la tutela del precepto autorizante invocado como lo es el artículo 719.1. letra b) del Código Procesal Civil, la Sala se pronuncie sobre la posible vulneración del artículo 1586 y subsiguientes del Código Civil, en ese sentido es necesario ilustrar al recurrente que si su pretensión se encaminaba a impugnar la posible transgresión de una norma sustantiva, bien pudo haber invocado como precepto autorizante lo dispuesto por el artículo 719.2 del citado Código, esto es que se podrá impugnar en vía de casación le aplicación e interpretación de normas de derecho para la solución del fondo del litigio, amén de lo anterior sobre este mismo punto es menester señalar que el recurrente al estimar la vulneración del señalado artículo del Código Civil y subsiguientes, con ello falta a la precisión que devenía observar en esta fase recursiva, y hace que el motivo se vuelva confuso, al no poder establecerse con certeza a que artículos subsiguientes se refiere; y, d) Cuestiona el recurrente una serie de actuaciones procesales del tribunal de primera instancia, y más específicamente señala el Considerando dos del fallo proferido por el a-quo, y pide que la Sala de lo Civil decrete la nulidad de las sentencias recurridas, con lo cual el impetrante da como viable que en casación también se puedan impugnar las sentencias proferidas en primera instancia, situación que como ya se ha dejado señalado en los motivos que antecede, no es posible en casación, ello porque solo se podrá recurrir en esta vía las sentencias y los autos que pongan termino al pleito, haciendo imposible su continuación, dictados en apelación por las Cortes de Apelaciones tal y lo dispuesto por el artículo 717 del Código Procesal Civil. 9.- Expone el impetrante el Cuarto Motivo por infracción de normas procesales, invocando como precepto autorizante lo dispuesto en el artículo 719.1. letra b) del Código Procesal Civil; referente a que podrá impugnar los actos y garantías procesales, cuando su infracción suponga la nulidad o produjera indefensión; estimando que el fallo proferido por la segunda instancia ha infringido por inobservancia el artículo 10 numerales 1) y 2) del Código Procesal Civil; mismo que cita literalmente. En sustento de su impugnación señala el recurrente que todas las actuaciones judiciales deberán estar dirigidas por el juez, garantizando que se mantendrán y aplicarán los principios de igualdad de partes en el proceso, respetando los derechos constitucionales y adecuando su conducta a la lealtad y buena fe procesal. Pero en el caso de autos la sentencia del a-quo específicamente en el considerando (6), al dejar establecido que: “lo que fue objeto de contienda en el caso de autos era si las cantidades de dinero enviadas por el demandante a la demandada, fueron producto de una sociedad que habían constituido para realizar inversiones en Honduras.”; con ello el referido tribunal dio un giro de ciento ochenta grados a las pretensiones sobre el derecho material que su mandante incoó en dicho tribunal; ello porque la acción deducida fue interpuesta porque su representado le había enviado cantidades de dinero en dólares a la demandada, por lo tanto su pretensión se encaminaba a la devolución del dinero ello porque no se había concretado su intención de negocios en el país; por tal razón ese debió ser el objeto del debate, no siendo así, el tribunal de primera instancia al cambiar la acción, con ello violento el poder de las partes, respecto a la acción y al objeto del proceso. Vulneración esta que se ve confirmada por la misma demandada al confesar en la contestación de la demanda, de que efectivamente si había recibido dicho dinero; por tanto el objeto del debate debió ser si tenía que devolver o no el dinero reclamado; y no sí había sido enviado por una sociedad o por causa de una relación sentimental entre las partes. Que el error señalado fue reprochado ante el ad-quem, quien al igual que en lo demás planteado hizo caso omiso, razón por la cual se recurre en casación para que por parte de la Sala se enmiende lo erróneamente actuado y se pueda retrotraer las actuaciones al momento procesal correcto, y se haga un nuevo juzgamiento, con las garantías del debido proceso. 10.- Respecto de lo planteado por el impetrante en el Cuarto Motivo, la Sala encuentra que el mismo incurre nuevamente en mala técnica de casación al momento de plantear el motivo, ello se colige por lo siguiente: a) Falta a la suficiente separación y claridad, puesto que al estimar que se ha vulnerado por falta de aplicación el artículo 10 en sus numerales 1) y 2) del Código Procesal Civil, con ello falta a la necesaria separación, puesto que tal infracción debió de haberse planteado en motivos separados por cada uno de los dos numerales del referido artículo; y, b) Nuevamente el recurrente vuelve a cuestionar la sentencia dictada por el tribunal de primera instancia y más específicamente lo concerniente al Considerando seis (06) de la misma, reitera y cuestiona la valoración de los medios de prueba por parte del a-quo, haciendo énfasis en la declaración de la demandada, y por la cual, según éste, la misma habría reconocido que recibió cantidades de dinero del demandante; asunto sobre el cual la Sala una vez más deja sentado que no se puede hacer impugnación en vía de casación de las sentencias proferidas en primera instancia, ello por estarle vedado al tenor de lo preceptuado en el artículo 717 del Código Procesal Civil. 11.- Expone el impetrante el Quinto Motivo por infracción de normas procesales, invocando como precepto autorizante lo dispuesto en el artículo 719.1 letra b) del Código Procesal Civil; referente a que podrá impugnar los actos y garantías procesales, cuando su infracción suponga la nulidad o produjera indefensión; estimando que el fallo proferido por la segunda instancia ha infringido por inobservancia los artículos 16.1 y 133 numerales 1, 2, y 3 del Código Procesal Civil; artículos de los cuales hace cita textual, para luego exponer que la aplicación de las normas procesales de cualquier naturaleza, durante el iter procesal, nunca deben causar violación de los principios rectores del proceso civil, más aquellas que afectan la observancia de las normas legales que regulan la producción de los actos, y que aun de conformidad con la legislación civil anterior, se establecían como elementos regidores del proceso; y sí se realizaban con referencia a los actos adoptados sin la observancia de cualquiera de ellos, se penaba con la nulidad absoluta de las actuaciones. Que el principio de inmediación; exige que el sentenciador tenga el mayor contacto personal con los elementos subjetivos y objetivos que conforman el proceso, de lo cual resulta esencial que el juez que debe pronunciar la sentencia haya asistido a la práctica de las pruebas de donde extrae su convencimiento, y haya entrado, por lo tanto, en relación directa con las partes, con los testigos, con los peritos y con los objetos del juicio, de forma que pueda apreciar las declaraciones de tales personas y las condiciones de los sitios y cosas litigiosas, fundándose en la impresión inmediata recibida de ellos y no en referencias ajenas. Que en el caso de autos la señora juez de primera instancia que en todo tiempo estuvo instruyendo la causa, misma que conoció desde un inicio, y que evacuó todos los medios de prueba que se propusieron y fueron admitidos; sin embargo, en un lapsus tempore, el abogado Luis Enrique Maljik Flores, conociendo momentáneamente de la causa, realizó un fugaz juzgamiento, que a todas luces es violatorio del referido principio rector del proceso; juzgando sin haber practicado la prueba ni tener conocimiento de todas las diligencias evacuadas, con lo cual ha inadvertido la inmediación en la práctica de los medios de prueba, que tienen que ser valorados, la forma única en que se alcanza la verdadera convicción por el Juez que dicte la sentencia, pues, éste solo puede convencerse de lo que ha visto y escuchado directamente.- Reproche que dice se hace hasta ahora, por ser esta una función exclusiva del Juez de primera instancia, y solo puede ser reclamada ante la Sala de lo Civil, como un motivo de casación, puesto que corresponde al tribunal ad-quem, revisar únicamente la motivación y el razonamiento lógico del fallo proferido por el a-quo, señalando el error en la valoración de la prueba. Que por tales razones se impugna, para que la Sala reciba este motivo de casación por infracción al principio de inmediación, como precepto procesal, para lo cual se deberá ordenar reponer las actuaciones al momento de cita a las partes para evacuar los medios de prueba y se repita el juzgamiento con juez justo y ecuánime. 12.- De lo expuesto por el recurrente en el Quinto Motivo, la Sala no encuentra de recibo tal motivo, y ello se colige así, puesto que el mismo al estimar que se ha infringido por inobservancia del contenido de los artículos 16.1 y 133 numerales 1), 2), y 3) del Código Procesal Civil; concita con ello que el mismo no ha fundamentado el motivo con la suficiente separación y claridad, esto es, el impetrante devenía en la obligación de plantear en motivos separados la infracción del artículo 16.1 del Código Procesal Civil; y en el caso especifico del artículo 133 numerales 1), 2), y 3) del citado Código, plantear su vulneración en motivos separados por cada uno de los tres numerales que conforman el mismo; al no hacerlo así, y plantearse en forma conjunta por el casacionista, con ello el mismo no ha observado lo dispuesto en el artículo 721.2 del Código Procesal Civil. 13.- El Sexto Motivo se expone por infracción de normas procesales, invocando como precepto autorizante lo dispuesto en el artículo 719.1 letra b) del Código Procesal Civil; referente a que podrá impugnar los actos y garantías procesales, cuando su infracción suponga la nulidad o produjera indefensión; estimando que el fallo proferido por la segunda instancia ha infringido los artículos 13.2, 273.1 en relación con el 271.2 del Código Procesal Civil; artículos estos que el recurrente cita textualmente, para luego exponer que al tenor de la causal invocada se establece las infracciones referentes a la errónea valoración de las pruebas legales (documentos públicos y privados), como errores en los actos y garantías procesales, y que son causal de casación por infracción procesal, que produce indefensión; y que en ese orden de ideas, tanto la sentencia impugnada de fecha 20 de noviembre del año 2014, dictada por a-quo, y que fue confirmada por el Tribunal ad-quem en fecha 9 de marzo del 2015; no fueron valorados los medios de prueba bajo los parámetros de los artículos 13.2, 273.1, en relación con el 271.2 del Código Procesal Civil, violentado con ello la regla establecida en el literal b) del articulo 719 ya referido. El a-quo, en el Considerando (8), del fallo proferido, enlista los medios de prueba que no desecho, pero, que tampoco valoro, referente a documentos denominados públicos, y que esa representación presento, referidos estos: a) Escritura de Testimonio bajo promesa de ley, debidamente Apostillada, realizada al Notario Leonard Joseph Lacayo donde consigna su declaración testifical; b).- Documento notariado y apostillado del Notario Leonard Lacayo donde aclara, que dicha sociedad fue la formada por las partes en litigio; c).- Instrumento Público número 42 autorizado por el Abogado y Notario Ceferino Justiniano Lara, referido a la inspección de la Demanda Sumaria de Guarda y Custodia en el Juzgado de Familia de esta Sección Judicial; d).- Acta Notarial otorgada por el mismo Notario Justiniano Lara, de fecha 18 de junio del 2009, contenida a declaración de la señora Elba Navarro esposa de su representado, respecto a la sociedad formada por su esposo con la demandada, para invertir en Honduras.- Medios de prueba que el a-quo, en su juicio de valor, no advirtió que los mismos son documentos públicos otorgados ante Notarios, cuya fuerza probatoria, hacen prueba, aun contra terceros, del hecho, acto o estado de cosas que documenten que motivó su otorgamiento, inclusive del lugar y de la fecha que este se otorgó, tal como lo ordena el artículo 273.1, en relación del artículo 271.2; por lo que arbitrariamente el tribunal a-quo, deja establecido que si bien es cierto se presentaron estos documentos, sin embargo, no se ha aportado el documento constitutivo de la sociedad referida o al menos un contrato en donde se establecieran las distintas condiciones y obligaciones que generaría la inversión, únicamente documentos unilaterales creados por la parte a quien interesa, por lo que no se pudo tener por acreditado de manera alguna la existencia de dicha sociedad y las supuestas inversiones referidas. Razonamiento con el cual dice el impetrante no está de acuerdo ello porque el referido juzgador no le da crédito al elenco probatorio que al respecto se presentó, de los cuales se desprende con meridiana claridad y precisión, todos los extremos que el sentenciador profirió no dar por acreditado; violentando con ello la fuerza probatoria de los documentos públicos y su valoración como pruebas legales; medios de prueba ante los cuales la utilización de máximas de experiencia viene impuesta por la Ley, y el juez está vinculado por ellas, debiendo aplicarlas al caso concreto; puesto que se trata de reglas de inferencia “jurídica”, cuya obligatoriedad viene dada por el derecho, con independencia de que sean o no empíricamente válidas, e históricamente respondía al criterio de limitar las facultades del Juez; con un criterio de valoración probatoria que tiende a ser limitado y que tiene su justificación en la seguridad jurídica. Pero, pese a la fuerza probatoria de tales documentos públicos, los mismos nunca fueron suficientes para que el a-quo, formara su convicción, esto es que tanto la demandada como la parte actora acudieron a un bufete legal americano a establecer aspectos contractuales relacionados a la inversión que harían en Honduras, (f.9); mediante la sociedad denominada PARTNERSHIP (f.587), cuya existencia se probo con el Instrumento Público número cuarenta y dos (f. 305), y que la demandada era socia capitalista de su representado, por la cantidad de Setenta Mil Dólares ($70,000.00), y aunado a lo anterior es el Acta Notarial (f.305), donde la señora esposa de mi representado establece claramente como ella también participo en dicho pacto. Que de todo lo anterior se establece que el a-quo, al haber ignorado dichos medios con fuerza probatoria suficiente ha violentado en perjuicio de su representado la valoración legal de la prueba documental de instrumentos públicos y privados, medios probatorios que además nunca fueron impugnados por la parte demandada y que fueron introducidos al proceso con las reglas de los artículos 321 al 334 del Código de procedimientos Civiles. Y siendo que en el caso de autos el tribunal de alzada, no hizo lo propio; procede entonces la estimación del motivo, enmendando el grave error cometido por la instancia, y la alzada y se orden por tanto la restitución de lo justamente demandado. 14.- No tienen acogida para la Sala los razonamientos expuestos en el Sexto Motivo, ello se entiende así porque nuevamente el recurrente impugna principalmente el fallo dictado por el juzgado de primera instancia, señalando que el mismo no ha hecho una correcta valoración de una serie de medios probatorios que describe y que expresa que la parte demandante ha presentado en sustento de su pretensión, añade que tal situación de falta de valoración ha sido avalada por el Tribunal de Alzada. Con lo anterior y como ya se ha dejado expuesto ampliamente en el iter de este auto, el recurrente olvida que no son susceptibles de impugnación los fallos dictados por la primera instancia, tal y lo dispuesto por el artículo 717 del Código Procesal Civil, amén de lo anterior queda excluida la revisión probatoria en casación, al tenor de lo preceptuado por el artículo 720.1 del citado Código. 15.- Expone el impetrante en un segundo acápite lo que él denomina “Motivos de Casación por Infracción de Forma y Contenido de la Sentencia”; y señala “El Primer Motivo por Quebrantamiento de Forma y Contenido” (Séptimo Motivo). Invoca como precepto autorizante el artículo 719.1 letra c) del Código Procesal Civil; esto es la causal de impugnación por la infracción a normas procesales que regulan la forma y contenido de la sentencia, estimando que el fallo impugnado ha supuesto la infracción de los artículos 200.2 letra b), y 187.2 del Código Procesal Civil. El recurrente cita el contenido de la referida normativa, y a continuación en explicación de la primera norma invocada alega que en la parte final de la letra b) del numeral 2) del artículo 200 del Código Procesal Civil, se aprecia que uno de los requisitos formales de la sentencia, es precisamente que en los antecedentes de hecho de una sentencia, se deben de consignar en párrafos separados y numerados, con claridad y concisión, entre otros, “los hechos probados”; pero que en el caso de autos la sentencia de fecha veinte (20) de noviembre del año dos mil catorce (2014), proferida por el a-quo, adolece de hechos probados, como tales; razón por la cual al no incluirse los mismos en la referida sentencia hubo quebrantamiento de la forma en la sentencia por violación al artículo supra indicado, y que en ese sentido de la actividad probatoria, de la aceptación de los hechos por parte de la demandada, y demás sucesos acaecidos en la tramitación del proceso, se han producido efectos jurídicos suficientes como para que existiesen pronunciamientos sobre los “hechos probados”; dice que tal falencia del sentenciador de primera instancia de cumplir con la incorporación de los mismos como requisito interno de la sentencia provoca por tanto el presente reproche, a fin de que la Sala de lo Civil pueda dar lugar al motivo y proceda enmendar el error de que adolece la sentencia referida, misma que a su vez fue reprochada ante el ad-quem, pero la respuesta de esa instancia fue contraria a sus pretensiones anulatorias y ha convalidado la de primera instancia, con lo cual se mantiene el error que hoy se impugna, mismo que por haber sido cometido al momento de la redacción de la sentencia, fue imposible reclamarla antes. 16.- En respuesta a lo planteado por el recurrente en el Séptimo Motivo, la Sala no tiene más que agregar de lo que anteriormente se ha expresado en los motivos que preceden a éste; esto es que nuevamente se observa que el recurrente se vuelve reiterativo en impugnar un fallo que no ha debido de cuestionar en vía de casación, en otras palabras no es susceptible del recurso de casación el fallo dictado por el a-quo, puesto que al tenor de lo preceptuado por el artículo 717 del Código Procesal Civil, solo será recurrible en casación las sentencias y los autos que pongan termino al pleito, haciendo imposible su continuación, dictados en apelación por las Cortes de Apelaciones en el proceso ordinario; amen de lo anterior por medio del recurso de casación no se podrá instar la revisión de los hechos y la valoración de las pruebas contenidas en la sentencia dictada, tal y lo que manda el artículo 720.1 del citado Código procesal. 17.- Expone el impetrante en el segundo acápite al que él denomina “Motivos de Casación por Infracción de Forma y Contenido de la Sentencia”; y señala “El Segundo Motivo por Quebrantamiento de Forma y Contenido” (Octavo Motivo). Invoca como precepto autorizante el artículo 719.1 letra c) del Código Procesal Civil; esto es la causal de impugnación por la infracción a normas procesales que regulan la forma y contenido de la sentencia, estimando que el fallo impugnado ha supuesto la infracción del artículo 200.2 letra b) en relación con los artículos 13.1, 242.3 parte final y 245 del Código Procesal Civil; artículos estos que cita textualmente; luego procede a señalar que previamente es preciso establecer que la ausencia de los requisitos internos de la sentencia, entre ellos la valoración de los medios de prueba, trae como consecuencia la nulidad o anulabilidad de la misma; razón por la cual es imperativo que el sentenciador cumpla con tal valoración, dice que en el caso de merito no ocurrió así, por lo cual esa representación procesal hizo uso del derecho al recurso de apelación, el cual fue desestimado por el tribunal de alzada, siendo así es que obligadamente se interpone recurso extraordinario de casación, por falta de valoración de medios de prueba por parte del a-quo, instancia esta que dejo de arribar a la convicción de la veracidad de los hechos denunciados por la actora. Señala que en la referida sentencia de primera instancia y que se recurre, el juzgador ha inobservado la valoración de medios de prueba de importancia en la relación de los hechos denunciados, como ser prueba documental, testifical, medios técnicos de reproducción de imagen (álbum fotográfico), etc., ya que fueron propuestos, admitidos y evacuados, por la actora, y al no ser relacionados, en su sentencia por el a-quo, se violó la tutela judicial efectiva; tal omisión dice resulta apreciable de la lectura de los considerandos seis (6) y siete (7), donde el referido juzgador de un solo descarta toda la prueba; medios de prueba mediante los cuales su representado acreditó que le encomendó a la demandada, desde el año dos mil seis, abrir al público el gimnasio “Vimudio’s Fitness Center”, la “Pulpería Karla” y una sala de Belleza; que de igual manera se ha demostrado que la maquinaria y todo el equipo para dicha aperturación fue enviada desde los Estados Unidos de América, según facturas de compras y envió que obran en el expediente, mismos que también fueron descartados, dice que además se probó que las maquinas de ejercicio, mobiliario, materiales y otros fueron adquiridos en la ciudad de San Pedro Sula por su representado; como de igual manera se acredito la compra de inmueble para la comercialización y los diferentes vehículos para la venta y finalmente y no menos importante es que se acreditó la categoría de socia y empleada de todos los negocios especialmente el gimnasio con sendos carnet de acreditación, tarjetas publicitarias, diploma de certificación de la casa matriz, y pago de gastos médicos; medios de prueba que fueron descartados injustamente por el sentenciador, dejando de valorar los mismo, por haber sido apreciados en su conjunto por el mismo, o sea que para el juez no tenia caso perder el tiempo en valorarlos individualmente; lo que no apreció el juzgador es que con los referidos medios de prueba individualmente, tenían la pretensión probatoria para acreditar los envíos de dinero a la demandada para compras de equipo y otros; así mismo, la existencia de diferentes negocios, habiendo un mandato generado por un acto de confianza de los esposos Navarro para la gestión de uno o más negocios por parte de la demandada; por lo que se estima que el a-quo, no quiso valorar que entre las partes hubieron actos de licito comercio, mismos que se exteriorizaron al prestar servicios al público, esto es la pulpería Karla, la sala de belleza, y el gimnasio. Finalmente dice el impetrante no entender como el sentenciador dejo de valorar todos y cada uno de los extremos apuntados, para finalmente resolver no ha lugar la demanda incoada, arguyendo para ello la falta del documento que pruebe la existencia de la sociedad; razonamientos por los cuales procede revocar la sentencia y retrotraer la misma al momento procesal oportuno para un nuevo juzgamiento. 18.- La Sala encuentra que el planteamiento por parte del recurrente en el Octavo Motivo no resulta admisible, ello porque el mismo incurre de nuevo en los mismos errores ya señalados en los motivos precedentes, básicamente plantea el motivo impugnando la sentencia proferida en fecha 20 de noviembre del año 2014, por el juzgado de primera instancia, y nuevamente vuelve a señalar que dicha instancia en el fallo proferido no ha hecho una correcta valoración de una serie de medios de prueba, en especifico cuestiona los razonamientos esgrimidos en los Considerandos 6 y 7 de dicho fallo. La Sala reitera nuevamente al recurrente lo ya expresado en los motivos anteriores y que tienen que ver con dos cuestiones fundamentales que obligatoriamente se deberán observar al momento de interponer un recurso de casación: a) No es viable en esta fase recursiva el impugnar lo fallado por el juzgado a-quo, tal lo deja establecido el ya supra citado artículo 717 del Código Procesal Civil; y, b) Tampoco mediante el recurso de casación se podrá instar la revisión de los hechos y la valoración de las pruebas contenidas en la sentencia dictada, tal y lo que manda el artículo 720.1 del Código Procesal Civil. 19.- Expone el impetrante en el segundo acápite al que denomina “Motivos de Casación por Infracción de Forma y Contenido de la Sentencia”; y señala “El Tercer Motivo por Quebrantamiento de Forma y Contenido” (Noveno Motivo). Invoca como precepto autorizante el artículo 719.1 letra c) del Código Procesal Civil; esto es la causal de impugnación por la infracción a normas procesales que regulan la forma y contenido de la sentencia, estimando que el fallo impugnado ha supuesto la infracción del artículo 200.2 letra b) en relación con los artículos 13.1, 245.1 parte media, 13.3 del Código Procesal Civil, en relación con el artículo 407.1 del Código de Procedimientos Civiles. Señala el recurrente el concepto de la infracción de tales artículos haciendo transcripción de los referidos preceptos legales; para luego exponer que se ha suscitado la violación a las reglas de la sana crítica por errónea valoración de los medios de prueba; expone que si bien es cierto que conforme a las normas procesales que rigieron durante el proceso anterior, y donde la ley venía a determinar el valor de las pruebas, aún en contra de la propia convicción del juzgador, conocido como valoración tasada o legal; también no es menos cierto que, para la valoración de los medios de prueba que obran en el caso de autos, también regia el criterio de la sana critica o valoración libre, esto es que el juez podía valorar la prueba según su convicción psicológica-jurídica, de manera tal que, utilizase las máximas de experiencia según creía conveniente, pero en el presente caso ante tal licencia, con su juzgamiento él a-quo, generó un juicio arbitrario, sin razonamiento alguno, puesto que no ha valorado la prueba basado en la sana crítica, lo hace sin reflexión válida, sin arreglo a las máximas de la experiencia, del conocimiento y criterio humano, que siempre ha regido en nuestra legislación procesal, por tanto ha violentado la forma y contenido de la sentencia. Aduce el impetrante que al revisar el considerando (8) de la sentencia el juzgador plasma su valoración e interpretación de la probanza de cargo, únicamente puesto que nunca hubo prueba en descargo, y con esto arriba a su “apreciación de la prueba”; sin que el mismo haya realizado operación mental alguna partiendo de las fuentes-medios de prueba con lo cual pueda llegar a establecer la certeza respecto de las afirmaciones de hechos probados o improbados; habida cuenta que la sentencia adolece de “hechos probados”, y el juez solo se limito a desarrollar el listado de medios que valoro, esto es la declaración de la testigo Jenny Vanessa Perdomo Guevara; declaración que si bien es cierto por sí sola no hace plena prueba, no es menos cierto que del elenco probatorio, también obran testimonios que en concordancia con el de la joven dicente, se puede colegir cómo la demandada defraudó en su patrimonio a su representado; también obra documento del testimonio bajo promesa de ley, realizado al Notario Leonard Joseph Lacayo por otro Notario donde éste indica, que ante sus oficios la demandada y el demandante, comparecieron a otorgar escritura de constitución de sociedad, que tendría como propósito comprar propiedades, construir, abrir un gimnasio entre otros, y que fue él quien elaboro un documento y lo protocolizó en los Estados Unidos aclarando, que dicha sociedad fue de la denominada Partnership extremos claros congruentes y precisos, en su declaración bajo juramento, que fue agregada a los autos debidamente Apostillada con números 543381 y 812954; el Instrumento Público número 42 autorizado por el Abogado y Notario Ceferino Justiniano Lara, referido a la inspección de Demanda Sumaria de Guarda y Custodia donde la demandada había utilizado el documento que hizo alusión el notario norteamericano, pero, el a-quo solamente hace referencia a la presentación del medio probatorio consistente en una constancia emitida por su representado, minimizando con ello su fuerza probatoria; además consta el Acta Notarial otorgada por el mismo notario hondureño de fecha 18 de junio del 2009, mediante la cual la testigo señora Elba Navarro, declara respecto a la sociedad formada por su esposo con la demandada, y que jamás le han regalado nada a ella, siendo su único objetivo invertir en Honduras. Señalado lo anterior dice el recurrente que la primera instancia ha resuelto con argumentos meramente subjetivos carentes de valoración y apegado a las reglas de la sana crítica, al argumentar que la parte demandante no logro acreditar la sociedad hondureña, con lo cual desmerita el testimonio de los cuatro (4) testigos; y si bien es cierto que él en su libre albedrío valoro solamente como testifical a la declaración de la joven Jenny Vanessa Perdomo Guevara, también lo es que no determina al señor Leonard Joseph Lacayo, que como Notario otorgante rindió testimonio bajo promesa de ley, además de la fe notarial del Abogado y Notario Ceferino Justiniano Lara, más el testimonio de la señora Elba Navarro. Dice el impetrante no entender como el juzgador arbitrariamente arriba a la conclusión de que únicamente se presentaron documentos unilaterales creados por la parte a quien interesa, y que su representado no ha aportado el documento constitutivo de la sociedad referida o al menos un contrato en donde se establecieran las distintas condiciones y obligaciones que generaría la inversión; ello porque ha resultado acreditado la inversión de más de Quinientos Mil dólares americanos, la existencia de los negocios como ser el Gimnasio y la Pulpería, la relación comercial con diferentes casas de licito comercio e innumerable prueba colateral, con lo cual el referido juzgador ha violentando las reglas de la sana crítica, por lo que procede la estimación del presente motivo de casación por quebrantamiento de la forma y contenido de la sentencia, debiendo enmendarse el grave error cometido por la instancia, y que ha sido ratificado por el tribunal de alzada; por lo que se pide se ordene la restitución de lo actuado justamente al momento y estado inmediatamente anterior en que se produjo la falta. 20.- La Sala de lo Civil una vez analizado lo expuesto por el recurrente en el Noveno Motivo, encuentra que el recurrente erróneamente vuelve a cuestionar el fallo dictado en primera instancia, de nuevo vuelve a señalar una incorrecta valoración de los medios de prueba aportados por la parte demandante, incluso califica el fallo del a-quo de arbitrario; planteamiento que no resulta aceptable al tenor de lo ya señalado en el iter de este auto, y que la Sala tiene a bien señalar nuevamente: a) No es viable en esta fase recursiva el impugnar lo fallado por el juzgado a-quo, tal lo deja establecido el ya supra citado artículo 717 del Código Procesal Civil; y, b) Tampoco mediante el recurso de casación se podrá instar la revisión de los hechos y la valoración de las pruebas contenidas en la sentencia dictada, tal y lo que manda el artículo 720.1 del Código Procesal Civil. 21.- Expone el impetrante en un Tercer Acápite, que él denomina “Exposición de los Motivos de Casación por Infracción Normas de Derecho sustantivos y Doctrina Jurisprudencial Primer Motivo” (Seria el Decimo Motivo). Invoca como Precepto Autorizante el artículo 719.2 del Código Procesal Civil, que autoriza la impugnación de la aplicación e interpretación de las normas de derecho empleadas para la solución de fondo del litigio; estimando como disposiciones infringidas por falta de aplicación los artículos 17 y 18 del Código de Comercio y la indebida aplicación del artículo 308 de ese mismo código. Artículos que cita literalmente y luego en explicación de la vulneración de tales normas expone que el Tribunal de primera instancia, al emitir su fallo sobre el fondo del litigio lo hace en base a una norma completamente improcedente, inaplicable o en su caso, interpretada en forma indebida, ello porque la referida instancia basó su fundamentación jurídica en el artículo 308 del Código de Comercio, para negar el derecho que los esposos Navarro reclaman de la demandada; arguyendo dicho tribunal que en el caso de autos: “la supuesta sociedad de que reclama la actora, no tenía ni escritura de constitución ni tampoco la autorización para iniciar operaciones”. Sin embargo, tal apreciación resulta reprochable, ya que sí el a-quo decidió apreciar jurídicamente dicha demanda como si de un reclamo Mercantil se tratase, para lo cual entonces debió de apreciar en todo su contexto el Código Comercio, y hacer aplicación de lo dispuesto en los artículos 17 y 18, mismos que resultan ser claros y contundentes en cuanto la posibilidad de la existencia de una “sociedad de hecho”, también se reprocha que el caso de autos el reclamo fue de naturaleza puramente civil, para que hubiese la restitución de los valores monetarios enviados por su representado a la demandada; en ese sentido al no aplicar los referidos artículos del Código de Comercio en la sentencia dictada por el referido a-quo, con ello también ha agraviado económicamente a sus mandantes, ello porque quedo plenamente acreditado la existencia de los negocios como ser el gimnasio que abrió sus puertas al público, la Pulpería que compraba y vendía productos de abarrotería; y los inmuebles para su compra-venta; situaciones ante las cuales por conocimiento de la ley y sensatez el a-quo, debió de haber entendido, que con el solo hecho de exteriorizarse ante terceros, esos negocios tenían personería jurídica; pero al resolverse no ha lugar la demanda, se configura el vicio in judicando, por falta de aplicación de los referidos artículos del Código de Comercio; lo que da pie para que se proceda a dictar una nueva sentencia para resolver el presente litigio. Dice el recurrente que sobre la indebida aplicación del artículo 308 del Código de Comercio, el juzgado de primera instancia en el fallo dictado y más específicamente en el considerando nueve (9) concluye erróneamente que la actora baso su alegato en la supuesta constitución de una sociedad para invertir en el país; haciendo relación del citado artículo, mismo que está referido a los requisitos y demás disposiciones para establecer una sociedad extranjera en nuestro país y finaliza el a-quo estableciendo que su representado no presento la autorización que otorga el Poder Ejecutivo a las sociedades extranjeras para ejercer comercio en Honduras; argumentos estos que resultan arbitrarios, en tanto que, su representado jamás fundamento sus hechos, pretensiones y demás cuestiones de la demanda, en una “supuesta” constitución de una sociedad para invertir en el país; si no que se baso en una efectiva, tangible, clara y precisa fundamentación y que al efecto acreditó, de que la demandada trasgredió la confianza como su empleada cuando le encomendó organizar negocios en Honduras, generándose un mandato en base a la confianza y la amistad, para la ejecución de un negocio cuyos beneficios iban a ser para ambos y las pérdidas para su representado, por lo que al no cumplir la comisión de formalizar la sociedad la demandada, falto al honor y a las relaciones internas comerciales entre ellos; tampoco retornó el capital que se le había enviado. Por tal razón se reprocha la norma jurídica aplicada por el a-quo, y que fue convalidada por el ad-quem, por lo que se pide que se dé por recibido el presente motivo de casación y se proceda a revocar la sentencia impugnada y se emita nueva sentencia donde se le restituyan todos los derechos a su representado. 22.- Los argumentos expuestos por el recurrente en el Décimo Motivo, no son de recibo por parte de la Sala, ello debido a la mala técnica casacional con se expone el mismo, falencias que tienen que ver con lo siguiente: a) Falta de la suficiente separación y claridad, ello porque el recurrente no hace separación en motivos diferentes de cada uno de los tres artículos que estima vulnerados, con lo cual ha inobservado lo dispuesto en el artículo 721.2 del Código Procesal Civil; b) No es viable en esta fase recursiva el impugnar lo fallado por el juzgado a-quo, tal como lo deja establecido el artículo 717 del Código Procesal Civil; en el presente motivo claramente el recurrente impugna la sentencia que dictó el tribunal de primera instancia; y, c) Mediante el recurso de casación no se podrá instar la revisión de los hechos y la valoración de las pruebas contenidas en la sentencia dictada, tal y lo que manda el artículo 720.1 del Código Procesal Civil. 23.- Expone el impetrante en el Tercer Acápite denominado “Exposición de los Motivos de Casación por Infracción Normas de Derecho sustantivos y Doctrina Jurisprudencial Segundo Motivo” (Seria el Decimo Primero). Invoca como Precepto Autorizante el artículo 719.2 del Código Procesal Civil, que autoriza la impugnación de la aplicación e interpretación de las normas de derecho empleadas para la solución de fondo del litigio; estimando como disposiciones infringidas por falta de aplicación de los artículos 1301, 1306, 1308 y 1310 del Código Civil; mismos que el impetrante literalmente cita en su contenido, luego en sustento de su tesis impugnatoria explica que la vulneración de tales normas sustantivas se suscita porque la sentencia del a-quo, tiene su génesis al momento de resolver sin lugar la demanda, y acepta como valido el argumento de la parte demandada que expreso que si bien había recibido todo los valores en metálico a ella enviados y los bártulos para los negocios, estos fueron “un regalo por una relación marital”; con lo cual dice el recurrente que el referido juzgador ha decidido resolver la demanda presentada, como si de materia de familia se tratase, por lo que siendo así tenía que haberse estado a lo dispuesto por el Código de Familia, en el Capítulo VII Título II en lo concerniente a la constitución del Patrimonio Familiar; pero en el caso de autos no existe ningún medio de prueba que acredite que entre ellos existiese una relación marital. Razón por la cual se estima que el sentenciador dejo de observar los referidos artículos del Código Civil, amén de considerarse por parte de esa representación, que si los argumentos de la demandada fuesen ciertos, tuvo que haber acreditado con las escrituras de donación tal institución jurídica; por lo que al no hacerlo, el sentenciador debió, valorar los hechos y fundamentarse aplicando los referidos artículos del Código Civil. Dice el recurrente que difícilmente una persona regala Quinientos Mil Dólares o sea cinco bienes inmuebles, tres vehículos, cuatro negocios (pulpería, sala de belleza, gimnasio, venta de carros), e infinidad de bienes muebles, ni aun para una vida marital como así lo aprecio a-quo se pueden regalar; por lo que es preciso según lo rezan dichos artículos, que exista la escritura pública y su registro correspondiente, puesto que la donación entre vivos no se presume, y aun existiendo escritura, el donante puede rescindir de dicho pacto, por ser el donatario poseedor de mala fe y debe restituir la cosa y sus frutos o por indignidad. Por tales razones se estima que la sentencia de primera instancia y que fue avalada por la segunda instancia, adolece del vicio de inaplicación de las norma sustantiva de los artículos 1301, 1306, 1308 y 1310 del Código Civil; por lo que se pide recibir este motivo de casación y se revoque la sentencia ahora impugnada y se proceda a emitir nuevo fallo, con la apreciación del derecho infringido que se reclama. 24.- La Sala de lo Civil encuentra que al igual que todos los motivos que preceden a éste, el Motivo Once, no resulta ser la excepción, por lo que el mismo tampoco encuentra acogida por parte nuestra, ello provocado porque el recurrente incurre nuevamente en los mismos errores ya señalados, a saber: a) La falta de suficiente separación y claridad con que se debe plantear el motivo; el recurrente pretende que un solo motivo la Sala haga pronunciamiento sobre la posible vulneración de los artículos 1301, 1306, 1308 y 1310 del Código Civil, con lo cual olvida que cada uno de los referidos artículos debió de haberlos invocado en forma separada, en motivos diferentes y no presentarlos de forma acumulada, tal y como lo ha hecho en el presente motivo, en ese sentido el recurrente ha inobservado lo dispuesto en el artículo 721.2 del Código Procesal Civil; b) Impugna la sentencia que dictó el tribunal de primera instancia, con lo cual el impetrante olvida que en Casación no es viable impugnar lo fallado por el juzgado a-quo, tal lo deja establecido el artículo 717 del Código Procesal Civil; y, c) Mediante el recurso de casación no se podrá instar la revisión de los hechos y la valoración de las pruebas contenidas en la sentencia dictada, tal y lo que manda el artículo 720.1 del Código Procesal Civil. 25.- La Sala de lo Civil concluye que la defectuosa presentación del recurso por parte del impetrante, en esta fase procedimental, hace procedente su inadmisión por concurrir la causal prevista en el artículo 723.2. literal a) del Código Procesal Civil. III. PARTE DISPOSITIVA Por lo antes expuesto la Sala de lo Civil de la Corte Suprema de Justicia, pronunciándose por unanimidad de votos e impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, en base a los fundamentos de derecho citados y haciendo aplicación de lo dispuesto en los artículos 303, 304, 313 numeral 5) y 316 de la Constitución de la República; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 3, 170, 171, 174, 190, 191, 193, 197, 199, 716, 717, 718, 719.2, 721, 722, 723.2 literal a), 724 y 725, del Código Procesal Civil; 1, 74 y 80 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; profiere el presente auto irrecurrible y declara: I.- LA INADMISIÓN del recurso de casación en sus once motivos planteado por el abogado FREDY OMAR MADRID, en su condición de apoderado del señor CARLOS FRANCISCO NAVARRO, contra la sentencia dictada el nueve de marzo del año dos mil quince, por la Corte de Apelaciones Civil de la ciudad de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, en relación a la demanda ordinaria para la restitución de cantidades de dinero, pago de intereses legales dejados de percibir e indemnización de daños y perjuicios, promovida en fecha trece de junio del año dos mil ocho, ante el entonces Juzgado de Letras Tercero de lo Civil de la Sección Judicial de San Pedro Sula de Departamento de Cortés, por el señor CARLOS FRANCISCO NAVARRO, contra la señora IVIN ROSIBEL LEIVA RIVERA. II.- FIRME la sentencia recurrida, dictada por la Corte de Apelaciones Civil de la ciudad de San Pedro Sula, departamento de Cortés, en fecha nueve de marzo del año dos mil quince, en el expediente número 35-15 C.V., originada en los autos que conforman la primera pieza, que se registra bajo el número 0501-2010-5985-LCO del Juzgado de Letras Civil de la Sección Judicial de San Pedro Sula, Departamento de Cortés. III.- CONDENAR en costas a la parte recurrente. Y MANDA: REMITIR las presentes actuaciones, junto con la certificación de esta resolución al tribunal de su procedencia, previa notificación de este auto a las partes, por medio de sus apoderados legalmente constituidos en juicio.- Redacto el Magistrado WILFREDO MENDEZ ROMERO.- NOTIFIQUESE.- FIRMAS Y SELLO. WILFREDO MÉNDEZ ROMERO. MAGISTRADO COORDINADOR. RINA AUXILIADORA ALVARADO. MAGISTRADA. REYNALDO ANTONIO HERNÁNDEZ. MAGISTRADO. FIRMA Y SELLO. BETTY JANETH PALMA O´CONNOR. RECEPTORA ADSCRITA”.
Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los Ocho días del mes de Mayo de Dos Mil Diecisiete; Certificación del Auto de fecha Veinticinco de Abril de Dos Mil Diecisiete, recaído en el Recurso de Casación registrado bajo el No. 157=2015.
BETTY JANETH PALMA O’CONNOR
RECEPTORA ADSCRITA
[1]1 Salas Carceller, Antonio. Práctica Procesal de los Recursos de Casación, Edit. Thomson Reuters ARAZANDI. Pag. 64 y ss.
[2] Resoluciones 192-2012 de fecha 13-2013 de fecha 3 de junio del año 2014; 215-2014 de fecha 25 de agosto 2015.