Sentencia CC-119-16 — Registro 8772
Resumen
En segunda instancia se reformo la sentencia y se declaró sin lugar la demanda de reivindicación de dominio de un terreno junto con sus derechos reales y accesorios.
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
... "Respuesta de la Sala de lo Civil. Este Tribunal de Justicia, estima que la recurrente en este motivo de casación incurre en el error de instar la revisión de la valoración probatoria mediante un motivo de casación de fondo, lo que está prohibido expresamente conforme lo dispuesto en el artículo 720.1 del Código Procesal Civil, lo que da lugar a la inadmisión del recurso en aplicación del artículo 723. 2 a) del mismo Código; además el impetrante cuestiona la aplicación del artículo 317 del Código Procesal Civil, lo que no es procedente tratándose de un motivo que supuestamente lo que pretende es introducir la supuesta infracción de una norma del Código Civil."
Legislación citada
- Código Procesal Civil, art. 720, Numeral 1 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Procesal Civil, art. 723, Numeral 2 a) (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACION
La Infrascrita Receptora Adscrita a la Sala de lo Civil de la Corte Suprema de Justicia, Certifica el Auto que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veinticinco días del mes de octubre del año dos mil diecisiete, la Sala de lo Civil, integrada por los Magistrados: WILFREDO MENDEZ ROMERO, como Coordinador, RINA AUXILIADORA ALVARADO MORENO y REYNALDO ANTONIO HERNÁNDEZ, designado ponente para el conocimiento y redacción de la resolución del presente recurso de Casación, en la fecha supra indicada dictan el siguiente AUTO: SON PARTES: La EMPRESA ASOCIATIVA CAMPESINA DE PRODUCCION BRISAS DE SAN JOSE DE ATIMA, representada en juicio por el abogado NOEL ANTONIO MENDOZA, en su condición de recurrente; siendo recurrido el señor EDGAR ANTONIO MURILLO, representado en juicio por el abogado JOHNNY OMAR ARGUETA CLAROS. OBJETO DEL PROCESO: “DEMANDA ORDINARIA DE REINVINDICACION DE DOMINIO DE UN TERRENO JUNTO CON SUS DERECHOS REALES Y ACCESORIOS”, promovida en fecha veintiséis de septiembre del año dos mil catorce, ante el entonces Juzgado Segundo de Letras del Departamento de Santa Bárbara, por el señor JOSÉ RUBER CARDONA AYALA, mayor de edad, hondureño, soltero, agricultor y con domicilio en el Municipio de Atima, Departamento de Santa Bárbara, quien actúa en su condición de Secretario General y representante legal de la EMPRESA ASOCIATIVA CAMPESINA DE PRODUCCION BRISAS DE SAN JOSE DE ATIMA, contra el señor EDGAR ANTONIO MURILLO CRUZ, mayor de edad, casado, hondureño, comerciante y con domicilio en el Municipio de Lepaera, Departamento de Lempira. I. ANTECEDENTES DE HECHO PRIMERO: Con fecha doce de febrero del año dos mil dieciséis, la Corte de Apelaciones de Santa Bárbara, Departamento de Santa Bárbara, conociendo por vía de apelación de la sentencia definitiva de fecha veintitrés de noviembre del año dos mil quince, dictada por Juzgado Segundo de Letras del Departamento de Santa Bárbara, en el juicio de mérito, dictó sentencia en la cual: “RESUELVE: PRIMERO: DECLARAR HA LUGAR, el recurso de apelación interpuesto por el Profesional del Derecho JOHNNY OMAR ARGUETA CLAROS, en su condición de Apoderado legal del señor EDGAR ANTONIO MURILLO CRUZ, contra la sentencia definitiva proferida por el Juzgado Segundo de Letras Departamental de esta sección judicial, con fecha veintitrés de noviembre del año dos mil quince (2015), en la DEMANDA ORDINARIA DE REIVINDICACION DE DOMINIO DE UN TERRENO JUNTO CON SUS DERECHOS REALES Y ACCESORIOS, promovida por el señor JOSE RUBER CARDONA AYALA en su condición de Secretario General y Representante Legal de LA EMPRESA ASOCIATIVA CAMPESINA DE PRODUCCIÓN BRISAS DE SAN JOSÉ DE ATIMA todos de generales descritas en el preámbulo de esta sentencia. SEGUNDO: REVOCAR la sentencia definitiva venida en apelación. TERCERO: DECLARAR SIN LUGAR la demanda interpuesta por el señor JOSE RUBER CARDONA, en su condición de Secretario General de la Empresa Asociativa Campesina de Producción Brisas de San José de Atima, en contra del señor EDGAR ANTONIO MURILLO CRUZ. Sin costas en esta segunda instancia. CUARTO: Contra esta sentencia procede el recurso de casación de conformidad con los Artículos 717 y 721 del Código Procesal Civil. Y MANDA Que se notifique esta sentencia a las partes en tiempo y forma en esta instancia, y, si dentro del término que establece la ley no se interpone el recurso de casación, se devuelvan los antecedentes al Juzgado de su procedencia, para los fines legales consiguientes.- Redactó el Magistrado NUÑEZ MARTINEZ.- NOTIFIOUESE.” SEGUNDO: El representante procesal de la EMPRESA ASOCIATIVA CAMPESINA DE PRODUCCIÓN BRISAS DE SAN JOSÉ DE ATIMA, abogado NOEL ANTONIO MENDOZA, presentó en fecha catorce de marzo del año dos mil dieciséis, escrito de interposición y formalización del recurso de casación contra la sentencia de fecha doce de febrero del año dos mil dieciséis, dictada por la Corte de Apelaciones de Santa Bárbara, Departamento de Santa Bárbara, resolviendo el Ad-quem, mediante proveído de fecha cuatro de abril del año dos mil dieciséis, tener por interpuesto y formalizado el recurso de casación por parte del Recurrente y acordó conceder a la parte contraria el plazo de diez (10) días hábiles para que se pronunciara sobre el contenido del escrito, debiendo entregársele copia del mismo. TERCERO: El representante procesal del señor EDGAR ANTONIO MURILLO CRUZ, abogado JOHNNY OMAR ARGUETA CLAROS, presentó en fecha veintidós de abril del año dos mil dieciséis, escrito de pronunciamiento sobre el contenido del recurso de casación interpuesto y formalizado por la contraparte, resolviendo la Corte de Apelaciones de Santa Bárbara, Departamento de Santa Bárbara, remitir las presentes diligencias a la Honorable Corte Suprema de Justicia en el plazo que manda la ley para proseguir con el trámite correspondiente. CUARTO: Recibidas las actuaciones en éste Tribunal, los abogados JOHNNY OMAR ARGUETA CLAROS y NOEL ANTONIO MENDOZA, ambos en sus condiciones ya indicadas, presentaron escritos de personamiento en fechas veintisiete de abril y tres de mayo del año dos mil dieciséis, y una vez visto el informe rendido por la Secretaría de esta Corte Suprema de Justicia, este Tribunal, mediante proveído de fecha veintiocho de julio del año dos mil dieciséis, los tuvo por personados dentro del plazo concedido. QUINTO: Que el abogado NOEL ANTONIO MENDOZA, plantea su recurso de casación contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de Santa Bárbara, Departamento de Santa Bárbara de la siguiente manera: “MOTIVO DE CASACION MOTIVÓ UNICO: La aplicación e interpretación de las Nomas de derecho empleadas para la solución de fondo del litigio. PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo de casación se encuentra comprendido en el 719.2 del Código Procesal Civil. PARTE DE LA SENTENCIA QUE SE SOLICITA SU IMPUGNACION: UNO: Se impugnan El acápite TERCERO de la VALORACION DE LA PRUEBA. En este hecho la Corte De Apelaciones establece que la parte actora en su numeral tercero aduce que el demandado EDGAR NTONIO MURILLO CRUZ, le compro una propiedad al señor MILTON BENJAMIN CABALLERO AMAYA, constante de 226 manzanas de extensión superficial, ubicadas en el sitio coros y coros del municipio de Atima, departamento de Santa Bárbara, que al tomar posesión no solamente agarro la propiedad que había comprado, sino que también tomo posesión de todo el terreno de la Empresa Asociativa Campesina de Producción Brisas de San José De Atima, continua señalando la Corte de Apelaciones de Santa Bárbara, que conforme al Artículo 317 del Código Procesal Civil, La parte Actora estaba en la obligación de probar este hecho y que lo tenía que probar mediante un Dictamen Pericial que debía de acompañar a la demanda, y de esa manera acreditar que efectivamente el demandado EDGAR ANTONIO MURILLO CRUZ, los había despojado del terreno que les adjudico el Instituto Nacional Agrario. Es aquí donde la Corte De Apelaciones De Santa Bárbara, no aplica correctamente el ARTICULO 317 DEL CODIGO PROCESAL CIVIL, ya que da entender que el despojo que el demandado señor EDGAR ANTONIO MURILLO CRUZ, realizo en la propiedad de mi representada EMPRESA ASOCIATIVA CAMPESINA DE PRODUCCION BRISAS DE SAN JOSE DE ATIMA, solamente puede probarse con un Dictamen Pericial Privado, y que la parte Actora al no presentar este tipo de medio de prueba no pudo acreditar este hecho; El artículo 228 del código procesal civil, establece que a través de los medios de prueba las partes acreditan las afirmaciones de hecho alegadas que sean controvertidas, convencen al Juez o tribunal de la verdad o certeza de un hecho o lo verifican como ciertos a los efectos del proceso, como podemos observar en esta norma legal, la Finalidad de la Prueba, no es limitativa, ni es específica, es decir que en ningún momento esta norma legal ni en otra parte del código Procesal civil, se establece, que un hecho solo puede probarse con X medio de prueba, y que fuera de este no puede ser acreditado con otro, en el caso que nos ocupa, se evacuaron otros medios de pruebas que dejaron debidamente acreditado este hecho, y para el caso señalo, el Informe emitido por los Técnicos de Instituto Nacional Agrario, en el cual se adjunta un croquis o plano del terreno que se pretende reivindicar, en el que se ilustra su ubicación, área y colindancias, y por su puesto dando a entender al juzgador que ese es el inmueble que el demando despojo a mis representados. De igual manera ese hecho también fue afirmado con la prueba testifical. Por lo tanto la Corte De Apelaciones, no debió enfocarse que solo con un Dictamen Pericial se puede probar tal hecho. Es aquí donde la Corte De Apelaciones De Santa Bárbara, no aplica correctamente el ARTICULO 868 DEL CODIGO CIVIL, pues en primer lugar efectivamente los presupuestos necesarios para que tenga lugar 7una acción reivindicatoria, son 1, tener el dominio de la propiedad, 2, que el demandado este en posesión del inmueble y 3, la singularización del inmueble que se pretende reivindicar; en el caso que nos ocupa, si se aplica correctamente este articulo y lo llevamos a la relación de la prueba aportada, por la parte actora, nos damos cuenta que sin lugar a dudas se demostró que el demandado está en posesión del inmueble de mis clientes, y remitámonos al reconocimiento judicial, que dice, que el demandado está en posesión de un inmueble ubicado en el sitio el Cimarrón, que también mis clientes están en posesión de un inmueble ubicado en el sitio Cimarrón, municipio de Atima, ahora bien revisemos los documentos públicos que cada uno ostenta, la Escritura pública del demandado dice que él es dueño de un terreno de 226 manzanas ubicadas en el sitio coros o coros y el título de la Empresa Campesina Brisas de San José De Atima, dice que estos son dueños de un terreno de 228 manzanas ubicadas en el sitio el cimarrón, entonces acá está claro que el demandado está en un terreno que no le pertenece y esto se deduce por la ubicación del terreno que se describe en su escritura y por el que está en posesión, a que aclaro que el reconocimiento judicial dice que ambas partes están en posesión de un inmueble, esto es por que como lo mencione anteriormente la propiedad de mis clientes está dividida por una calle publica, una parte tiene 108 manzanas y la otra tiene 120 manzanas, las cuales al inicio todas las tenía en posesión el demandado y después de la demanda solo quedo en posesión del lote de 120 manzanas, entonces no cabe duda que el segundo supuesto si fue probado, es decir la posesión del demandado en el terreno de los demandante, y en cuanto al tercer supuesto ósea la singularidad del inmueble a reivindicar, si bien es cierto el reconocimiento judicial no arroja con claridad este aspecto, pero existen otros medios de pruebas con los que se probó este hecho, como lo es el Informe de los Técnicos del Instituto Nacional agrario, relacionado con la prueba testifical. Es importante para nosotros aclarar un hecho ocurrido en esta demanda, que quizás esto da entender que no hubo congruencia con la demanda y la sentencia de primera Instancia, y es que en la demanda se menciona que mis clientes fueron despojados de toda la propiedad es decir 228 manzanas, y en la sentencia se ordena reivindicar solamente 120 manzanas, a que aclaro lo que paso, efectivamente cuando se promovió la demanda, el demandado señor EDGAR ANTONIO MURILLO CRUZ, estaba en posesión de la totalidad del terreno de mis clientes, peo una vez que este fue emplazado para contestar la demanda, dejo libre una parte del terreno es decir 108 manzanas, entonces cuando se practicó el reconocimiento judicial mis clientes ya tenían posesión de parte del terreno y el demandado del resto, aquí aclaro que lo que dejo libre son 108 manzanas, ya que la propiedad del grupo campesino está dividida por una calle publica, y a un lado de dicha calle hay 120 manzanas y al otro 108, por lo tanto es fácil y sencillo determinar cuánto tiene en posesión mis clientes y el demandado, es por esa razón que en la Sentencia de Primera Instancia solo se ordena la reivindicatoria de 120 manzanas de extensión superficial. DOS: Se impugnan El acápite QUINO de la VALORACION DE LA PRUEBA. En este hecho la Corte De Apelaciones establece que Para que tenga lugar la reivindicatoria de dominio es preciso conforme a lo establecido en el artículo 868 del código civil que se den los presupuestos legitimadores siguientes 1. Que posea la propiedad dominical o sea el dominio de un bien inmueble, requisito que fue probado, 2.- que no está en posesión del demandante y que quien ostenta la posesión es el demandado, requisito que no lo probo la parte actora.- 3.- La singularización de la cosa objeto de la reivindicación, que si bien es cierto con el medio de prueba reconocimiento judicial hecho por el Juez de Paz del municipio de Atima, el que obra a folio 137, y 138 de la primera pieza de autos, quien llego al lugar donde está ubicado el terreno en disputa, dicho reconocimiento no arroja ninguna claridad en cuanto a que cantidad de terreno s que ha sido despojada la parte actora, por el contrario del mismo reconocimiento se puede inferir no pudo determinar el área de dichos predios por no contar con un perito calificado en el lugar donde se realizó la diligencia. En consecuencia por todo lo anteriormente expuesto, es procedente la interposición del recurso de casación por el motivo indicado, para que se protejan las normas el ordenamiento jurídico y se les dé una adecuada aplicación en relación a los hechos que se pretende impugnar. De Igual Manera las partes de la sentencia que hoy se impugnan, también se impugna la Parte Dispositiva de La Sentencia.” SEXTO: Que el abogado JOHNNY OMAR ARGUETA CLAROS, plantea su pronunciamiento sobre la formalización del recurso de casación de la siguiente manera: “EN RELACION AL MOTIVO DE CASACION ALEGADO En Cuanto al Numeral Uno: El Recurrente hace relación en el escrito de Casación de su motivo de casación, comprendido en el artículo 719.2 del Código Procesal Civil, como ser: La aplicación e interpretación de las Normas de derecho empleadas para la solución de fondo del litigio, manifestando que el A Quem no aplica correctamente el Artículo 317 del Código Procesal Civil, que nos habla sobre la aportación de dictamen privado de demandante. Honorables Magistrados de la Sala Civil, el casador manifiesta no estar de acuerdo con el A Quem malinterpretando (a su favor) lo pronunciado en la sentencia recurrida, ya que se ha valorado la prueba en base a ley (Acápite tercero), si bien es cierto la parte demandante alega en su demanda que mi representado a despojado a su representada de un inmueble, éste no pudo probar en juicio tal hecho, las partes tiene el derecho de presentar toda la prueba que consideren pertinentes, y es de pleno conocimiento de los togados que en materia civil, reivindicación de dominio la prueba toral para acreditar el hecho alegado es efectivamente un DICTAMEN PERICIAL donde se especifique el área despojada, debiendo mostrarle e indicarle claramente al juzgador que parte se ha despojado ilegalmente, (para citar un ejemplo en materia de familia en un reconocimiento forzoso de paternidad la prueba fundamental sería prueba de adn), esto no quiere decir que las partes puedan presentar otras pruebas que consideren útiles, pero en el caso que nos ocupa, el A Quem señala correctamente que a la parte actora le faltó acreditar el hecho alegado y lo correcto hubiera sido con un dictamen pericial, ya que éste se basó en prueba testifical, que de hecho éstos eran parte interesada, ya que son socios de la empresa campesina. La Parte actora presentó un informe emitido por los técnicos de Instituto Nacional Agrario, que aunado a que no esclarece los hechos, ésta obvio que dicho Instituto fue que les extendió el título de dominio del cual se hacen valer, por lo que no pueden contradecirse, ya que caen en responsabilidad. El A Quem sabia y objetivamente declara CON LUGAR el recurso de apelación interpuesto, ya que la parte demandante en su escrito de demanda solicita se reivindique un inmueble con un área de Doscientos Veintiocho Manzanas (228 Mnz) y en la sentencia definitiva dictada por el A Quo ordena reivindicar Ciento Veinte Manzanas (120 Mnz), Honorables Magistrados vemos el error garrafal en el que se ha caído, y nos preguntamos ¿ En base a que prueba se dicta tal sentencia ? ya que como lo hemos mencionado no se ha presentado la prueba pertinente para saber a ciencia cierta el área que se pide se reivindique. En Cuando al Numeral DOS: El recurrente impugna el acápite QUINTO de la Valoración de la Prueba, donde el A Quem se hace valer del artículo 868 del Código Civil, el cual nos habla de los presupuestos legitimadores para solicitar la reivindicación de dominio, señalando en éste caso el numeral 3: La Singularización de la cosa objeto de la reivindicación; el recurrente acepta el hecho que con el reconocimiento judicial evacuado no arroja ninguna claridad en cuanto a que cantidad de terreno se ha despojado, por el contrario no se pudo determinar el área de dichos predios por no contar con un perito calificado en el lugar donde se realizó tal diligencia, manifestando que la singularización se acreditó con la prueba testifical, que como ya lo mencioné anteriormente, éstos son socios de la empresa demandante, por lo que tienen interés directo en el caso, concluyendo que no se le puede dar valor probatorio a la prueba aportada. El artículo 238 de nuestro Código Procesal Civil nos dice que: Corresponde al actor y al demandado reconviniente la carga de probar la certeza de los hechos constitutivos de su demanda o de su reconvención. Aunado a lo anterior Honorables Magistrados de la Sala Civil, comparto lo dictado por el A Quem, ya que ambos inmuebles son totalmente diferentes, ubicados en lugares diferentes tal como se probó con las escrituras correspondientes, presentadas en tiempo y forma.” II. FUNDAMENTOS DE DERECHO 1. Esta Sala de lo Civil, viene reiterando la Naturaleza y función del recurso de casación, así pues, el recurso de casación tiene una función nomofiláctica, en virtud de lo cual el artículo 716 del Código Procesal Civil dispone dos fines expresos, el primero de ellos, es la protección de las normas del ordenamiento jurídico, y esto se hace, procurando y promoviendo la más adecuada aplicación e interpretación del derecho objetivo. El segundo fin es la unificación de la jurisprudencia nacional. Por su parte el numeral dos del artículo precitado, conmina a este alto tribunal a que aplique e intérprete las normas referidas al recurso de casación atendiendo a la finalidad de unificación de la jurisprudencia, esto como instrumento de garantía de la igualdad de todos ante la ley, y de la seguridad y certidumbre jurídicas. (Ver resoluciones de fechas 13-12-2013, exp. 236-2012, 18-03-2014, exp. 003-2013 y 06-05-2014 exp. 135-2013). 2. De conformidad con el artículo 719 del Código Procesal Civil, se podrá impugnar la aplicación e interpretación de las normas procesales, así como la aplicación e interpretación de las normas de derecho empleadas para la solución de fondo del litigio y de conformidad con el artículo 721 del mismo Código, el recurso de casación se interpondrá por escrito ante la Corte de Apelaciones que hubiere dictado la sentencia dentro de los veinte días siguientes al de la notificación. En ese escrito se harán constar los motivos en que la casación se base, con expresión de las normas de derecho cuya infracción sustente cada motivo. Todo ello se deberá fundar con la suficiente separación y claridad, precisando y justificando la incidencia de la infracción en el sentido de la resolución impugnada, también se hará constar si el recurrente estima necesario la celebración de la audiencia. 3. Con los requisitos formales establecidos en el artículo 721 del Código Procesal Civil queda reconocido el denominado principio de “Debida Técnica”, que constituyen los mínimos requerimientos que debe contener la demanda de casación a efectos de ser tenida como un verdadero juicio técnico de impugnación, valorativo y preciso. 4. DEL RECURSO DE CASACION INTERPUESTO POR EL ABOGADO NOEL ANTONIO MENDOZA EN SU UNICO MOTIVO. El recurrente viene invocando como único motivo de casación la aplicación e interpretación de las normas de derecho empleadas para la solución de fondo del litigio, citando como precepto autorizante el artículo 719.2 del Código Procesal Civil. Se resume la explicación del recurrente en el numeral uno en la forma siguiente: “Impugna el acápite tercero de la valoración de la prueba… arguye que la Corte de Apelaciones no aplica correctamente el artículo 317 del Código Procesal Civil ya que da a entender que el despojo que el demandado realizó en la propiedad del demandante solamente puede probarse con un dictamen pericial privado, en ningún momento se establece que un hecho solo puede probarse con equis medio de prueba, en el caso que nos ocupa se evacuaron otros medios de pruebas que dejaron acreditado este hecho” alega que “la corte de apelaciones no aplica correctamente el artículo 868 del código civil… manifiesta que si se aplica correctamente este artículo y lo relaciona con la prueba aportada por la parte actora, nos damos cuenta que se demostró que el demandado está en posesión del inmueble de la parte demandante”. En el segundo numeral alega el recurrente que: “Impugna el acápite quinto de la valoración de la prueba en donde la corte expresó que si bien es cierto con el medio de prueba reconocimiento judicial hecho por el juez de paz de Atima, quien llegó al lugar donde está ubicado el terreno en disputa, dicho reconocimiento no arroja ninguna claridad en cuanto a que cantidad de terreno es que ha sido despojada la parte actora, por el contrario del mismo reconocimiento se puede inferir no pudo determinar el área de dichos predios por no contar con un perito calificado en el lugar donde se realizó la diligencia” Respuesta de la Sala de lo Civil. Este Tribunal de Justicia, estima que la recurrente en este motivo de casación incurre en el error de instar la revisión de la valoración probatoria mediante un motivo de casación de fondo, lo que está prohibido expresamente conforme lo dispuesto en el artículo 720.1 del Código Procesal Civil, lo que da lugar a la inadmisión del recurso en aplicación del artículo 723. 2 a) del mismo Código; además el impetrante cuestiona la aplicación del artículo 317 del Código Procesal Civil, lo que no es procedente tratándose de un motivo que supuestamente lo que pretende es introducir la supuesta infracción de una norma del Código Civil. III. PARTE DISPOSITIVA Por lo antes expuesto la Sala de lo Civil de la Corte Suprema de Justicia, pronunciándose por unanimidad de votos e impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, en base a los fundamentos de derecho citados y haciendo aplicación de los Artículos 82, 303, 304, 313 numeral 5) y 316 de la Constitución de la República; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 3, 7, 21, 115, 118 numeral 1), 129, 169, 170, 190, 191, 193 numeral 2, literal b), 228, 317, 716, 717, 718, 719, 720.2, 721, 722, 723.2 a), 724, del Código Procesal Civil; 868 del Código Civil, profiere el presente AUTO IRRECURRIBLE y DECLARA: 1) La inadmisión del recurso de casación en su ÚNICO MOTIVO interpuesto y formalizado por el abogado NOEL ANTONIO MENDOZA en la condición con que actúa. 2) Firme la sentencia recurrida dictada en fecha doce de febrero del año dos mil dieciséis por la Corte de Apelaciones de Santa Bárbara, Departamento de Santa Bárbara, en el expediente de apelación número 04-2016, originado en los autos que conforman la primera pieza que se registra bajo el número 14-2014 del Juzgado Segundo de Letras del Departamento de Santa Bárbara. 3) Condenar en costas a la parte recurrente. Y MANDA: Remitir las presentes actuaciones, junto con la certificación de esta resolución al Tribunal de su procedencia, previa notificación de este auto a las partes personadas, por medio de sus apoderados legalmente constituidos en juicio. NOTIFIQUESE. FIRMAS Y SELLO. WILFREDO MENDEZ ROMERO. MAGISTRADO COORDINADOR. RINA AUXILIADORA ALVARADO MORENO. MAGISTRADA. REYNALDO ANTONIO HERNANDEZ. MAGISTRADO. FIRMA Y SELLO. BETTY JANETH PALMA O´CONNOR. RECEPTORA ADSCRITA”.
Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los treinta días del mes de noviembre del año dos mil diecisiete; Certificación del auto de fecha veinticinco de octubre del año dos mil diecisiete, recaído en Recurso de Casación registrado bajo el No. S.C. 119=2016.
BETTY JANETH PALMA O’CONNOR
RECEPTORA ADSCRITA
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