Sentencia CC-102-14 — Registro 6780
Resumen
En segunda instancia se revocó la sentencia definitiva y en consecuencia declara sin lugar la demanda promovida por la empresa recurrente referente a que se declare la nulidad de un contrato, la nulidad de otros actos jurídicos ilegales realizados en ocasión de aquel contrato y la nulidad de unos asientos en el registro de la propiedad.
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
… “DEL RECURSO DE CASACION INTERPUESTO POR EL ABOGADO RENE VELASQUEZ DIAZ EN SU PRIMER MOTIVO. El recurrente viene señalando como precepto autorizante el artículo 719 numeral 1 literal c) del Código Procesal Civil que establece que “se podrá impugnar la aplicación e interpretación de las normas procesales que regulan la forma y contenido de la sentencia”, señalando como normas infringidas los artículos 200.1 y 207 del Código Procesal Civil, relacionadas con el artículo 720.2 del mismo Código. Señala el recurrente que se han omitido los requisitos legales de la motivación fáctica y jurídica que se relacionan con las diversas pretensiones deducidas en juicio. Al intentar la explicación del concepto de la infracción cita primeramente en forma íntegra algunos antecedentes de hecho y fundamentación jurídica de la sentencia, para luego introducir una interpretación del artículo 1046 del Código de Comercio y luego aborda algunas consideraciones sobre el artículo 356 del mismo Código. Sobre estos alegatos del impetrante, esta Sala de lo Civil quiere destacar que existe una falta de claridad en el planteamiento del recurso que crea gran confusión, al invocar el recurrente el artículo 720.2 del Código Procesal Civil en relación con las normas infringidas y no en relación con el precepto autorizante, como se prevé en el Código en dicho artículo, por otra parte, tratándose de una causal de orden procesal no es pertinente fustigar por esta vía normas sustantivas al pretender explicar la infracción de normas procesales; si el impetrante pretendía impugnar normas de carácter sustantivo debió acudir a una causal distinta y plantearlo por separado en observancia del artículo 719.2 del Código Procesal Civil, lo que no ha acontecido en el caso de autos, por lo tanto el recurrente infringe el deber de exponer por separado cada infracción, faltando la claridad que se espera en la interposición del recurso, en consecuencia el recurso de casación resulta inadmisible en este motivo por no cumplir las exigencias del artículo 721 del Código Procesal Civil, de conformidad con la causal prevista en el numeral 2 literal a) del artículo 723 del mismo Código.”
Legislación citada
- Código Procesal Civil, art. 721 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Procesal Civil, art. 723, Numeral 2 literal a) (Jerarquía Ordinaria)
Jerarquía: Reiterativa
… “DEL RECURSO DE CASACION INTERPUESTO POR EL ABOGADO RENE VELASQUEZ DIAZ EN SU SEGUNDO MOTIVO. En su segundo motivo de casación el recurrente viene señalando como precepto autorizante el artículo 719 numeral 2) del Código Procesal Civil, que establece que “Igualmente se podrá impugnar la aplicación e interpretación de las normas de derecho empleadas para la solución de fondo del litigio”, señalando que la sentencia impugnada vulnera por aplicación indebida el artículo 356 del Código de Comercio. En su explicación, el impetrante cita íntegramente el contenido de dicho artículo y luego se dedica a exponer el contenido y significado del artículo 1046 del Código antes citado, pretendiendo hacer una relación entre ambas normas concluyendo que el juzgador no debió aplicar el artículo 356 del Código de Comercio y si aplicar el artículo 1046 del mismo instrumento legal; el problema radica en que nunca explicó el sentido de la infracción del artículo 356 y tampoco invocó como infringido el artículo 1046, además de que resulta notorio que el Juzgador de segunda instancia en su fallo si aplicó el artículo 1046 dando una interpretación y alcance de su contenido, de modo que lo que devenía obligado a impugnar el recurrente es la interpretación de dicho precepto, si pretendía la revisión en casación del mismo, lo que no aconteció en el caso de marras, en consecuencia, el recurso de casación resulta inadmisible por no cumplir la exigencia del artículo 721 del Código Procesal Civil, de conformidad con la causal prevista en el numeral 2 literal a) del artículo 723 del Código Procesal Civil, al no cumplir las exigencias de separación y claridad para su examen de fondo.”
Legislación citada
- Código Procesal Civil, art. 721 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Procesal Civil, art. 723, Numeral 2 literal a) (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACION
La Infrascrita Receptora Adscrita a la Sala de lo Civil de la Corte Suprema de Justicia, Certifica el Auto que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veinticinco días del mes de abril de dos mil diecisiete, la Sala de lo Civil integrada por los Magistrados: WILFREDO MENDEZ ROMERO como Coordinador, RINA AUXILIADORA ALVARADO MORENO y REYNALDO ANTONIO HERNÁNDEZ, designado ponente para el conocimiento y redacción de la resolución del presente recurso de Casación, en la fecha supra indicada dictan el siguiente AUTO: SON PARTES: La sociedad CONSULTORES Y PLANIFICADORES, S.A. (CONPLAN, S.A.), representada en juicio por el abogado RENE VELASQUEZ DIAZ, como recurrente; siendo recurridos el INSTITUTO DE PREVISION MILITAR (I.P.M.) y el BANCO DE LAS FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS (BANFFAA), representados en juicio por el abogado WALDO RIVERA PORTILLO. OBJETO DEL PROCESO: “DEMANDA ORDINARIA PARA QUE RESPECTO A UNA DE LAS ENTIDADES DEMANDADAS SE DECLARE LA NULIDAD DE UN CONTRATO, SE DECLARE ASIMISMO LA NULIDAD DE OTROS ACTOS JURIDICOS ILEGALES REALIZADOS EN OCASIÓN DE AQUEL CONTRATO, SE DECLARE LA NULIDAD DE UNOS ASIENTOS DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD Y SE ORDENE SU CANCELACION RESPECTO A LA OTRA ENTIDAD DEMANDADA SE EJERCE ACCION REIVINDICATORIA, CONTRA AMBAS ENTIDADES, ACCION DE DAÑOS Y PERJUICIOS, QUE SE LES CONDENE EN COSTAS”, promovida en fecha dos de agosto del año dos mil seis, ante el entonces Juzgado de Letras Segundo de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán, por el abogado RENE VELASQUEZ DIAZ, en su condición de apoderado legal de la sociedad CONSULTORES Y PLANIFICADORES S.A. (CONPLAN S.A.), contra el BANCO DE LAS FUERZAS ARMADAS S.A. (conocida como BANFFAA S.A.), y el INSTITUTO DE PREVISION MILITAR (conocida como I.P.M.). ANTECEDENTES DE HECHO PRIMERO: Con fecha treinta de enero de dos mil catorce, la Corte Primera de Apelaciones de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán, conociendo por vía de apelación de la sentencia definitiva de fecha diecinueve de julio del año dos mil once, dictada por el Juzgado de Letras Civil del Departamento de Francisco Morazán, en el juicio de mérito, dictó sentencia REVOCANDO la del A-quo de la siguiente manera: “FALLA: 1) Declarando CON LUGAR EL RECURSO de Apelación Interpuesto por el Abogado WALDO RIVERA PORTILLO.- 2) REVOCANDO LA SENTENCIA DEFINITIVA DE FECHA 19 DE JULIO DEL AÑO 2011 EMITIDA POR EL JUZGADO DE LETRAS CIVIL DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN.- 3) EN CONSECUENCIA DECLARA SIN LUGAR LA DEMANDA PROMOVIDA POR LA SOCIEDAD MERCANTIL CONSULTORES Y PLANIFICADORES S.A. REFERENTE A QUE SE DECLARE LA NULIDAD DE UN CONTRATO, LA NULIDAD DE OTROS ACTOS JURÍDICOS ILEGALES REALIZADOS EN OCASIÓN DE AQUEL CONTRATO Y LA NULIDAD DE UNOS ASIENTOS EN EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD.- 4) SIN LUGAR LA PRETENSIÓN DE REINVINDICACIÓN DE DOMINIO E INDEMNIZACION DE DAÑOS Y PERJUICIOS EJERCIDAS CONTRA LAS DOS ENTIDADES DEMANDADAS.- 5) EN BASE AL PRINCIPIO DEL VENCIMIENTOS, SIN COSTAS EN ESTA INSTANCIA.- SE CONDENA EN COSTAS EN PRIMERA INSTANCIA A LA PARTE DEMANDANTE POR HABÉRSELE RECHAZADO TODAS SUS PRETENSIONES.- Y MANDA: Que se Notifique este Fallo y en su oportunidad se devuelvan los antecedentes al Juzgado de su procedencia, con certificación de estilo para su debido cumplimiento.- NOTIFIQUESE”. SEGUNDO: El representante procesal de la sociedad CONSULTORES Y PLANIFICADORES S.A. (CONPLAN S.A.), abogado RENE VELASQUEZ DIAZ, presentó en fecha trece de marzo del año dos mil catorce, escrito de interposición y formalización del recurso de casación, contra la sentencia de fecha treinta de enero de dos mil catorce, dictada por la Corte Primera de Apelaciones de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán, resolviendo el Ad-quem, mediante proveído de fecha catorce de marzo del año dos mil catorce, tener por interpuesto y formalizado el recurso de casación por parte del Recurrente y acordó conceder a la parte contraria el plazo de diez días hábiles para que se pronunciara sobre el contenido del escrito, debiendo entregársele copia del mismo. TERCERO: El representante procesal del INSTITUTO DE PREVISION MILITAR (I.P.M.) y del BANCO DE LAS FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS (BANFFAA), abogado WALDO RIVERA PORTILLO, presento en fecha tres de abril del año dos mil catorce, escrito de pronunciamiento sobre el contenido del recurso de casación interpuesto y formalizado por la contraparte, resolviendo la Corte Primera de Apelaciones de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán, tener por pronunciado al recurrido, ordenando remitir las presentes diligencias a la Honorable Corte Suprema de Justicia en el plazo que manda la ley, para proseguir con el trámite correspondiente. CUARTO: Recibidas las actuaciones en éste Tribunal, los abogados WALDO RIVERA PORTILLO y RENE VELASQUEZ DIAZ, ambos en sus condiciones ya indicadas, presentaron escritos de personamiento en fechas diez y once de abril del año dos mil catorce, resolviendo este Tribunal tenerlos por personados dentro del plazo concedido. QUINTO: Que la parte recurrente plantea su recurso de casación contra la sentencia dictada por la Corte Primera de Apelaciones de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán, de la siguiente manera: “PRIMER MOTIVO: Ausencia de los Requisitos Legales en la Motivación de la Sentencia. Normas infringidas: Artículo 200.1 y 207 del Código Procesal Civil, relacionadas estas normas, con el artículo 720.2 del mismo Código Procesal Civil. Este motivo se encuentra comprendido en el artículo 719. Numeral 1, literal c) del Código Procesal Civil. El concepto de la infracción lo explico de la siguiente manera: En la sentencia recurrida, objeto del presente recurso de casación, se OMITEN los requisitos legales de la MOTIVACION FACTICA Y JURIDICA que se relacionan directamente con las diversas PRETENSIONES deducidas en juicio por parte de mi representada, en la primera de ellas, que detallare a continuación, la omisión de los requisitos de racionalidad y carácter lógico, es parcial, no así para con las restantes PRETENSIONES, donde hay ausencia total de de estos requisitos que detallaré con posterioridad a la presente exposición. Comienzo con la primera de ellas, que resumo a continuación: a) Declarar nulo el Contrato de Fideicomiso y Traslativo de Dominio a que se ha hecho alusión, así como la escritura o instrumento público que lo contiene, antes relacionado y su inscripción en el asiento numero 87 Tomo 2881 en el Libro Registro de Propiedad, Hipotecas y Anotaciones Preventivas en el Registro de la Propiedad y Mercantil de Francisco Morazán; contrato celebrado entre mi representada CONPLAN, S.A. y el BANCO DE LAS FUERZAS ARMADAS, S.A. Entre las diversas partes en que se divide el fallo recurrido, se encuentran los ANTECEDENTES DE HECHO y FUNDAMENTACION JURIDICA, de que se sirvió el Tribunal ad quem, para emitir el fallo de segunda instancia. Estas partes aparecen en el segundo y en el tercero de los acápites de la sentencia, los cuales reproduzco, en lo conducente, para los fines del presente motivo y para facilitar su lectura, así: (Principio de la cita) “ANTECEDENTES DE HECHO: PRIMERO: Que en fecha 02 de agosto del año 2006 se interpuso DEMANDA ORDINARIA……… la que se fundamenta en que: 1..2...3...4....El Banco de las Fuerzas Armadas S.A. (BANFFAA) NO Cumplió CON LAS OBLIGACIONES QUE LE INCUMBIAN CUMPLIR EN DICHO CONTRATO. En la etapa de ejecución del mismo, cuando Consultores y Planificadores S.A. había terminado la construcción de cuarenta casas y había hecho obras de servicio para las mismas, incluyendo calles, aceras y bordillos, el Banco de las Fuerzas Armadas cortó de manera intempestiva y radical el suministro de los fondos de dinero a que estaba obligada para la realización de la obra. Esto constituye una ruptura unilateral por parte de BANFFAA del contrato de construcción de obra que queda relacionado. 5. El Banco de las Fuerzas Armadas elaboró y redactó el texto de un contrato que denominó “FIDEICOMISO DE GARANTIA Y TRASLATICIO DE DOMINIO”, cuyo objeto es afectar en la forma que indica denominación, los lotes de terreno que se individualizaron para el desarrollo del Proyecto habitacional de la Ciudad Lempira en la tercera etapa, individualización a que me he referido en el numeral tres de los hechos de esta demanda. Dicho contrato lo impuso el Banco de las Fuerzas Armadas S.A. a Consultores y Planificadores S.A. de C.V. (CONPLAN) al suscribir ambas partes dicho contrato, hecho constar en escritura pública, autorizada en esta ciudad, el 22 de abril de 1997, por el Notario Carlos Villar Rosales, cuyo testimonio fue inscrito bajo el número 87 del Tomo 2881 del Registro de la Propiedad y Anotaciones Preventivas del Registro de la Propiedad y Mercantil de Francisco Morazán. De esta afectación o gravamen se dejó constancia también en las notas marginales del asiento número 85 del Tomo 1475 del expresado Libro en el del Registro de la Propiedad y Mercantil de Francisco Morazán……… 7. Al otorgamiento de la escritura antes referida, concurrió por Consultores y Planificadores, S.A de C.V., el señor Cesar Antonio Verde Flores, quien no tenia poder para ejercer actos de riguroso dominio. En otras palabras, dicha persona no estaba autorizada para firmar esa escritura. En efecto, el preámbulo de la escritura, respecto al Licenciado Verde Flores se lee lo siguiente: “....el señor Cesar Antonio Verde Flores, quien es Licenciado en Administración de Empresas, comparece en su condición de representante legal de la Sociedad Mercantil denominada Consultores y Planificadores (CONPLAN S.A.) sociedad inscrita en el registro de Comerciantes Sociales del Departamento de Francisco Morazán, bajo el numero siete (7) del Tomo ciento treinta y ocho (138) y con facultades suficientes para otorgar esta clase de actos y contratos, como lo acredita con el testimonio de poder que se encuentra inscrito bajo el numero noventa y ocho (98) del Tomo trescientos cuarenta y siete (347) del Registro Mercantil de este Departamento de Francisco Morazán que yo, el Notario, doy fe de haber tenido a la vista....” . Cuando expreso que el Lic. Cesar Antonio Verde Flores compareció desautorizadamente a otorgar esa escritura, porque dicho apoderado no tenia concedidas de parte de CONPLAN, S.A. de C.V., facultades para comprometer a dicha empresa en actos, manifestaciones o declaraciones relativas a actos de riguroso dominio, como ser la transferencia de bienes raíces o inmuebles o la constitución de garantías (salvo la de hipoteca) sobre inmuebles propiedad de CONPLAN, S.A. DE C.V. La Empresa CONSULTORES Y PLANIFICADORES S.A. de C.V., en escritura publica que el 30 de diciembre de 1995 autorizó el Notario Israel Rodríguez Orellana, cuyo testimonio fue inscrito con el número 98 del Tomo 347 del Registro de Comerciantes Sociales en el Registro de la Propiedad y Mercantil de Francisco Morazán, concedió al Licenciado Cesar Antonio Verde Flores facultades limitadas que están expresamente indicadas en dicha escritura. En lo que concierne al otorgamiento de escrituras, únicamente lo facultó para “otorgar Escrituras Publicas de Compra y venta, Hipotecas, promesas de venta y documentos privados que se relacionen específicamente al PROYECTO RESIDENCIAL CIUDAD LEMPIRA”. En dicho poder, en ninguna de sus cláusulas se le autoriza para constituir ni fideicomisos en general, ni fideicomisos de garantía, ni fideicomisos de otra índole, como el constituido en la escritura que el 22 de abril de 1997 autorizó el Notario Carlos Villar Rosales, a que me refiero en los números cinco (5) y seis (6) de los hechos de esta demanda…”…“ … FUNDAMENTACION JURIDICA… “… PRIMERO:… SEGUNDO; Asimismo el artículo 1045 del Código de Comercio establece que el fideicomiso será válido aunque se constituya sin señalar fideicomisario, siempre que su fin sea lícito y determinado. De igual manera el artículo 1046 del Código de Comercio señala que el consentimiento para la constitución del Fideicomiso debe ser expreso, lo que presupone haberse conferido facultad expresa para constituirlo, en virtud que implica un modo de enajenación de bienes. Dicho consentimiento debe estar íntimamente ligado con la producción de efectos jurídicos buscados y queridos por los autores de dicha figura jurídica….TERCERO: Asimismo es importante destacar que el fideicomiso, de conformidad a lo establecido en el artículo 1052 del Código de Comercio, su constitución deberá siempre constar por escrito y ajustarse a las disposiciones legales sobre transmisión de los derechos o transmisión de la propiedad de las cosas que se den en fideicomiso y, como consecuencia de ello, en aplicación de la normativa sobre eficacia de los contratos, debe constar el poder en documento público para constituir el fidecomiso, porque conforme al numeral 1) del artículo 1575 del Código Civil se trata de un contrato que tiene por efecto la modificación del derecho real de propiedad sobre bienes inmuebles…… CUARTO:…..En razón de las disposiciones legales transcritas y de las cuales la parte demandante apelada ha tomado como fuentes legales para lograr la persuasión del juzgador respecto a que no ha existido de parte de la sociedad mercantil CONSULTORES Y PLANIFICADORES, S.A. (CONPLAN) facultad expresa concedida al señor CESAR ANTONIO VERDE FLORES para celebración de acciones de riguroso dominio, que impliquen la traslación de dominio de bienes para constituir el fideicomiso relacionado con el proyecto RESIDENCIAL LEMPIRA; es preciso aclarar que el artículo 1046 del Código de Comercio, cuando establece que el consentimiento para la constitución del fideicomiso debe ser expreso, se refiere a que tal acto de voluntad en la constitución de dicho negocio jurídico, debe ser manifiesto. En consideración a lo anterior, al analizar el PODER GENERAL DE ADMINISTRACION Y REPRESENTACION, otorgado ante los oficios del Notario Israel Rodríguez Orellana en fecha 30 de diciembre de 1995 e inscrito bajo el número 98 del Tomo 347 del Registro Mercantil de este Departamento, se puede apreciar que al señor CESAR ANTONIO VERDE FLORES, si bien es cierto se le ha otorgado suficientes facultades de RIGUROSO DOMINIO, entre ellas, la facultad de COMPRAR/VENDER, e HIPOTECAR no se aprecia, que de forma expresa se le hayan otorgado las facultades de constituir fideicomiso alguno con el Banco de las Fuerzas Armadas….“ (LAS NEGRITAS Y SUBRAYADOS SON MIOS, PUESTAS UNICAMENTE PARA DESTACAR)...QUINTO: Que no obstante lo anterior, también revisten importancia acotar, que la voluntad como requisito de existencia de todo acto jurídico también se puede manifestar a través de otra u otras personas, que se denominan REPRESENTANTES y se revela cuando un acto jurídico es celebrado por una persona en nombre y por cuenta de otro, en condiciones tales que los efectos se producen directa o indirectamente para el representado como si éste hubiere celebrado el acto jurídico....”....SEXTO: Tomando en cuenta que la empresa es un centro de integración de actividades personales supone un conjunto de personas que colaboran en la consecución de los fines de aquella. Y en ese sentido nuestro Código de Comercio recoge la figura de los factores, o dependientes a quienes en algunos casos corresponde la dirección de la empresa, o en términos generales están autorizados para contratar en todos los negocios concernientes a las actividades y giro de la empresa. Los Factores se caracterizan por la estabilidad y la amplitud de su Poder. En este último caso es importante resaltar que cuando el Factor contrata sobre objetos comprendidos en el giro o trafico de la empresa, esa operación mercantil es como que si la hubiera celebrado la empresa misma, aunque haya transgredido facultades o abuso de confianza (art. 356 del Código de Comercio), lo que significa que los limites que el comerciante señale al Factor no tiene eficacia frente a terceros, a quienes basta la apariencia que resulta del hecho de estar al frente del negocio, o del Poder concedido por el comerciante para realizar actos de comercio en nombre de aquel; salvo naturalmente los casos de mala fe en los que el Factor conocía los limites señalados a la actuación del mismo Y en el presente caso no se pude hablar de mala fe de parte del señor VERDE FLORES, ya que este en el Poder concedido por la Sociedad CONPLAN, estaba investido, entre otras, de la capacidad de COMPRAR/VENDER, e inclusive HIPOTECAR bienes de su representada. Facultades concedidas que son de riguroso dominio y, que en el tráfico comercial implican la traslación definitiva del dominio de los derechos y bienes, y que hacen que las empresas cumplan con los fines para los cuales han sido constituidas. En cambio en el contrato de Fideicomiso esa traslación de bienes o de derechos reviste una naturaleza no definitiva sino temporal, tal como así lo dispone el artículo 1037 numeral 4) del Código de Comercio…….SEPTIMO: Que al estudiar detenidamente el instrumento No. 171 de Poder Especial, otorgado por CONPLAN, S.A. ante los oficios del Notario ISRAEL RODRIGUEZ ORELLANA, a favor del Licenciado CESAR ANTONIO VERDE FLORES, en fecha 30 de octubre de 1995 si bien no consta facultad expresa de constituir fideicomiso, la sociedad CONSULTORES Y PLANIFICADORES S.A. a través de sus representantes pretendía dicho negocio jurídico (FIDEICOMISO) pues tal voluntad se exterioriza previamente del contenido del INSTRUMENTO NUMERO 19 de fecha 20 de marzo de 1997 (folio 52-60), contentivo del CONTRATO DE OBRA PARA LA CONSTRUCCION DE 200 VIVIENDAS EN EL LUGAR DENOMINADO CIUDAD LEMPIRA, celebrado por el señor ROLANDO PERDOMO MATUTE, en su condición de Gerente General y DELEGADO FIDUCIARIO DEL BANCO DE LAS FUERZAS ARMADAS, y el señor ADAN LOPEZ RODRIGFUEZ, en su condición de Gerente General de la sociedad CONSULTORES Y PLANIFICADORES, S.A. (CONPLAN) al hacer mención en la cláusula CUARTA, referente a la constitución de un COMITE TECNICO,……. no solo se compromete a construir la obra en la forma y condiciones pactadas, sino que a otorgar las garantías correspondientes sino que a CONSTITUIR UN FIDEICOMISO DE GARANTIA CON EL BANCO DE LAS FUERZAS ARMADAS SOBRE UN TERRENO DE SU PROPIEDAD…… OCTAVO: Con lo anterior se remarca la importancia en el tráfico mercantil de la figura de la representación la cual es característica de la economía moderna por ser un medio que permite al empresario, ya sea individual o social multiplicar su presencia en infinidad de actos o negocios, circunstancia que explica que sean numerosas las especialidades que concurren en el régimen mercantil de la representación, a tal grado que en la representación mercantil se presume un cierto grado de independencia del poder respecto del negocio causal que motivo su otorgamiento (art. 356 Código de Comercio) “el solo nombramiento de un factor lo faculta para realizar todas las operaciones concernientes al objeto de la empresa o del establecimiento que el factor dirigía, las cuales se reputaran ejecutadas en nombre y por cuenta del principal, aun cuando el factor no lo haya expresado así al celebrarlas, haya transgredido instrucciones o cometido abuso de confianza, siempre que tales contratos recaigan sobre objetos comprendidos en el giro y trafico de la empresa o del establecimiento, o si, aun siendo de otra naturaleza resultare que el factor obró con orden de su principal, o que este aprobó su gestión en términos expresos o por hechos positivos”. De lo anterior claramente se colige que a través de la representación otorgada de forma automática a los factores del comerciante, estos están facultados para realizar todas las operaciones de la empresa tal como si lo hiciera el principal y, en caso de abusar de esa facultad tales operaciones se consideraran como aprobadas por su principal, ya sea por la aprobación de su gestión en términos expresos o por hechos positivos; tal es el caso de que eventualmente si hubiere existido algún vicio en el consentimiento para constituir el fideicomiso, tal vicio ha sido debidamente consentido por hechos positivos realizados por la Sociedad mercantil demandante al recibir beneficios económicos derivados del fideicomiso referido, tal como así se dejo establecido en el numeral anterior del presente fallo…….NOVENO…..“ FIN DE LA CITA. (LAS NEGRITAS Y SUBRAYADO SON MIAS, PUESTAS PARA DESTACAR), En las CONSIDERACIONES JURIDICAS identificadas con los ordinales SEGUNDO, TERCERO Y CUARTO, se emite un juicio de conformidad con el ordenamiento jurídico, específicamente con el artículo 1046 del Código de Comercio, que exige que el consentimiento para la constitución del fideicomiso debe ser expreso, o sea manifiesto, como mas acertadamente lo recalca el ad quem, consignándolo así en la consideración jurídica cuarta de su fallo, renglón doce de dicho aparte. Pese a sostener acertadamente que para la celebración del fideicomiso, el consentimiento debe ser expreso, como lo ordena el referido Código de Comercio en su artículo 1046, el tribunal recurrido, en las CONSIDERACIONES JURIDICAS QUINTO, SEXTO, SEPTIMO y OCTAVO, se aparta de la racionalidad jurídica con que inició el proceso de juzgamiento y se coloca en una ausencia de fundamentación, auto contradiciéndose al sostener lo contrario de lo acertadamente expuesto en las primeras consideraciones jurídicas, recurriendo al contenido completo del artículo 356 del Código de Comercio, considerando arbitrariamente, que si bien es cierto en el contrato de fideicomiso celebrado en escritura pública, entre CONPLAN, S.A. y la institución co-demandada BANCO DE LAS FUERZAS ARMADAS, S.A. (BANFFAA), el representante de CONPLAN, S.A. (Licenciado Cesar Antonio Verde Flores), actuando mediante poder otorgado en escritura pública, carecía de la facultad expresa de riguroso dominio para constituir en nombre de su representada, fideicomiso alguno; ahora, según el Tribunal Ad Quem, se convierte de la nada en un “Factor” y, de acuerdo con el contenido de dicha norma legal, éste perfectamente, en la condición de “factor”, tiene facultades suficientes para celebrar ese contrato de fideicomiso, por lo que acuerdo con ese irracional razonamiento, el referido contrato es válido y procede revocar, como efectivamente revoca, la sentencia de Primera Instancia. La norma legal en que el ad quem se apoya para dictar este arbitrario fallo, o sea el artículo 356 del Código de Comercio, dispone lo siguiente: “Articulo 356. El solo nombramiento de un factor lo faculta para realizar todas las operaciones concernientes al objeto de la empresa o del establecimiento que el factor dirija, las cuales se reputaran ejecutadas en nombre y por cuenta del principal aun cuando el factor no lo haya expresado así al celebrarlas, haya transgredido instrucciones o cometido abuso de confianza, siempre que tales contratos recaigan sobre objetos comprendidos en el giro y trafico de la empresa o del establecimiento, o si, aun siendo de otra naturaleza, resultare que el factor obró con orden de su principal, o que este aprobó su gestión en términos expresos o por hechos positivos.” (lo destacado es de mi persona). Entre los requisitos que debe reunir una sentencia para ser válida, legal y eficaz, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 200.1 y 207 del Código Procesal Civil, está la MOTIVACION de la sentencia, con los requisitos contenidos en la norma relacionada contenida en el artículo 720.2 de dicho Código, ya que su falta origina su arbitrariedad y hace que esta sea irracional. La ausencia o defecto de motivación parcial o total, de una sentencia, supone violación al derecho a la tutela jurisdiccional efectiva, como ha ocurrido en el presente caso de autos, por las siguientes razones: 1o. Las operaciones que faculta al factor realizar son aquellas concernientes AL OBJETO DE LA EMPRESA O DEL ESTABLECIMIENTO QUE EL FACTOR DIRIJA. 2o. Se entiende que los contratos que el factor celebre con otras personas, deben recaer sobre OBJETOS COMPRENDIDOS EN EL GIRO Y TRAFICO DE LA EMPRESA O DEL ESTABLECIMIENTO, o si aun, siendo de otra naturaleza, resultare que el factor obró con ORDEN DE SU PRINCIPAL o éste aprobó su gestión en términos expresos o por hechos positivos. Ninguna de estas circunstancias concurrió en la celebración del contrato de fideicomiso cuya nulidad se tramita en el presente juicio. 3o. No fue objeto de discusión o controversia en el presente juicio, que el objeto comprendido en el giro y trafico de la empresa CONPLAN, S.A. o lo que es lo mismo, su actividad principal, sea la CELEBRACION DE FIDEICOMISOS, de cualquier naturaleza que fueren, ya que no es ese el giro principal de actividades mercantiles de mi representada. Nada de esto consta en los autos y no fue discutido en el juicio, además que la persona natural que compareció en representación de CONPLAN, S.A. ante el Notario autorizante del aludido contrato de fideicomiso, cuya nulidad se pretende en este juicio, su poder le fue conferido bajo los términos que regulan el mandato y no como factor de la sociedad demandante. En conclusión, he mencionado los errores que se han cometido por parte del Tribunal Sentenciador en el fallo recurrido, atendiendo a la primera de las pretensiones del juicio, consignada al inicio de este motivo, que a nuestro entender son arbitrarios, o sea sin ninguna racionalidad y carácter lógico, e incongruentes los hechos que consigna en las consideraciones jurídicas indicadas en los ordinales quinto, sexto, séptimo, octavo y noveno del citado fallo. Las sociedades mercantiles, a diferencia de las personas naturales, expresan su voluntad (consentimiento), a través de sus órganos, constituidos por personas naturales. Según el artículo 23 del Código de Comercio, toda sociedad mercantil actúa por medio de su administrador, quien a su vez, no puede disponer libremente de los bienes de la sociedad. Uno puede disponer libremente, de lo de uno, pero nunca de lo que no es de uno. Por ello es que ningún factor, ni administrador, puede disponer de lo que no está autorizado legalmente. Aunque Cesar Antonio Verde Flores, lo quiera considerar el ad-quem, como factor, en cualquier caso era mandatario, sujeto al contrato de mandato, y como tal, requería mando especial para poder ejercitar actos de riguroso dominio, como lo es el de constituir fideicomisos, que implican transferencia de bienes inmuebles, en cualquier grado que estos sean transferidos. Por otra parte, el objeto de la demanda, está muy claramente definido, desde la demanda y durante la tramitación del proceso. En ninguna parte del mismo se ha dicho que el objeto sea la interpretación de un contrato. Si el ad-quem ha dicho que el expresado Licenciado Verde Flores era un factor, este aspecto no era de la incumbencia del tribunal recurrido, ya que la Corte, de oficio, no puede arrogarse la atribución de interpretar el contrato de mandato, tal y como lo hace en la sentencia recurrida. La inaplicabilidad de la aludida norma del artículo 356 del Código de Comercio, la explicare con propiedad, en el segundo motivo de este recurso de casación. b) En el resto de las pretensiones deducidas oportunamente en el juicio, HAY AUSENCIA TOTAL DE LOS REQUISITOS DE LA MOTIVACION DE LA SENTENCIA, puesto que no son objeto alguno de mención en el contenido de la parte fáctica y jurídica de la sentencia. Todo ello, no obstante que existe un fallo dictado por este Máximo Tribunal de Justicia, en fecha once de junio de dos mil trece, que conoció por la vía del recurso de casación, en el mismo juicio, en el cual se DECLARO LA NULIDAD DEL FALLO DE SEGUNDA INSTANCIA, por los mismos motivos que ahora expreso en este recurso, como ser la omisión de los requisitos legales que se exigen para las SENTENCIAS; en esa ocasión, se les hizo un llamado severo, por no decir reprimenda, a los señores Magistrados que conforman la Corte Primera de Apelaciones de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán, entre los que se encuentra nuevamente el Magistrado Ponente del fallo recurrido, Abogado Gilberto Navas, que por segunda vez concurre como Magistrado integrante, únicamente a dictar esta sentencia, con las graves OMISIONES en que incurrió como Magistrado Redactor con los consiguientes perjuicios a las partes y a la propia administración de justicia. Las otras pretensiones en que no hubo ningún pronunciamiento factico ni jurídico en la motivación de la sentencia, extraídas de la parte petitoria de la demanda, las consigno a continuación: 1): Declarar nulo y sin ningún valor el traspaso en venta de cuarenta y dos (42) lotes de terreno, hecho por el Banco de las Fuerzas Armadas S.A. a la entidad denominada Instituto de Previsión Militar ( I.P.M.), lo cual consta en el instrumento público numero doscientos diez (210), autorizado por el Notario J. Wilfredo Sánchez V., en la ciudad de Tegucigalpa, el 15 de agosto del año 2003, otorgado por los representantes de dichas entidades, cuyo testimonio fue inscrito bajo el numero 91 del Tomo 4114 del Libro Registro de Propiedad, Hipotecas y Anotaciones Preventivas en el Registro de la Propiedad Inmueble y Mercantil de Francisco Morazán; declarar nula la escritura o instrumento publico antes relacionado, la inscripción de la misma en el asiento antes relacionado y nulas también las notas marginales a que ha dado lugar este asiento. 2) Declarar la nulidad de las actuaciones que tuvieron lugar en la Notaría del Abogado y Notario Publico Mario Tejeda Cáceres relativas a la subasta pública que llevó a cabo el Banco de las Fuerzas Armadas (BANFFAA) el día 30 de agosto del año 2004, en el quinto Piso del Edificio del Instituto de Previsión Militar, sobre ciento cincuenta y ocho lotes de terreno, actuaciones que dicho Banco realizo con fundamento en la escritura publica autorizada por el Notario Carlos Villar Rosales a que antes se hizo referencia. En consecuencia, declarar la nulidad del Acta de la subasta publica de los ciento cincuenta y ocho lotes de terreno y nulo el instrumento de protocolización de dicha acta; acta, que obra como instrumento numero doscientos cincuenta y cinco (255) de fecha 30 de agosto del 2004 en la Notaría del Abogado Mario Tejeda Cáceres. 3) Declarar la nulidad de la transferencia del dominio, posesión y demás derechos reales de ciento cincuenta y ocho lotes de terreno a que se refiere la subasta publica que se cita anteriormente, transferencia hecha por el Banco de las Fuerzas Armadas S.A. al Instituto de Previsión Militar (I.P.M.), según consta en la escritura pública numero doscientos cincuenta y siete, que en la ciudad de Tegucigalpa, el 30 de agosto del año 2004, autorizó el Notario Mario Tejeda Cáceres; declarar la nulidad de este instrumento y el asiento de inscripción de su testimonio, o sea el asiento numero 60 Tomo 4329 del Libro de Registro de la Propiedad, Hipotecas y Anotaciones Preventivas del Registro de la Propiedad y Mercantil de Francisco Morazán. Ordenar la cancelación de este asiento y de las notas marginales a que hubiere dado lugar. 4°. Declarar con lugar la acción de dominio promovida en este juicio, en consecuencia, condenar al demandado, Instituto de Previsión Militar (I.P.M.), a restituir a la empresa demandante, Consultores y Planificadores S.A. de C.V. (CONPLAN S.A.), en su calidad de propietaria, los inmuebles que le fueron traspasados por el Banco de las Fuerzas Armadas S.A., en las escrituras citadas en los romanos i), ii, y iii), que preceden; dichos inmuebles consisten en doscientos lotes de terreno, del Bloque K, del polígono 1 denominado Finca Santa Teresa, ubicado en la Aldea la Soledad, de la ciudad de Comayaguela, Municipio del Distrito Central, específicamente en el proyecto habitacional denominado Ciudad Lempira, lotes que corresponden al desmembramiento que se hizo constar en el instrumento numero siete (7) autorizado por el Notario Israel Rodríguez Orellana el 20 de febrero de 1997, inscrito bajo el numero 11 Tomo 2708 del Libro Registro de la Propiedad, Hipotecas y Anotaciones Preventivas del Registro de la Propiedad Inmueble y Mercantil de Francisco Morazán. 5). Condenar a las entidades demandadas, Banco de las Fuerzas Armadas S.A. (BANFFAA S.A.) e Instituto de Previsión Militar (I.P.M.) al pago de la suma de VEINTISIETE MILLONES DE LEMPIRAS ( L. 27.000.000.00), por iguales partes, en concepto de daños y perjuicios ocasionados a mi representada o en su defecto, los que resulten tasados en la ejecución de la sentencia, con base en el dictamen pericial emitido al efecto. 8º. Condenar a ambas entidades demandadas al pago de las costas de esta instancia. SEGUNDO MOTIVO: Aplicación Indebida del Artículo 356 del Código de Comercio. Precepto autorizante: Este motivo se encuentra comprendido en el artículo 719.2 del Código Procesal Civil. El concepto de la infracción lo explico de la siguiente manera: La norma que invoco como infringida en este motivo, dispone lo siguiente: “Articulo 356. El solo nombramiento de un factor lo faculta para realizar todas las operaciones concernientes al objeto de la empresa o del establecimiento que el factor dirija, las cuales se reputaran ejecutadas en nombre y por cuenta del principal aun cuando el factor no lo haya expresado así al celebrarlas, haya transgredido instrucciones o cometido abuso de confianza, siempre que tales contratos recaigan sobre objetos comprendidos en el giro y trafico de la empresa o del establecimiento, o si, aun siendo de otra naturaleza, resultare que el factor obró con orden de su principal, o que este aprobó su gestión en términos expresos o por hechos positivos.” (lo destacado es de mi persona). Es aceptado por el ad quem, y así lo hace constar en el ordinal cuarto de sus consideraciones jurídicas, del presente fallo recurrido, que “….es preciso aclarar que el artículo 1046 del Código de Comercio, cuando establece que el consentimiento para la constitución del fideicomiso debe ser expreso, se refiere a que tal acto de voluntad en la constitución de dicho negocio jurídico, debe ser manifiesto. En consideración a lo anterior, al analizar el PODER GENERAL DE ADMINISTRACION Y REPRESENTACION, otorgado ante los oficios del Notario Israel Rodríguez Orellana en fecha 30 de diciembre de 1995, inscrito bajo el número 98 del Tomo 347 del Registro Mercantil de este Departamento, se puede apreciar que al señor Cesar Antonio Verde Flores, si bien es cierto se le ha otorgado suficientes facultades de RIGUROSO DOMINIO, entre ellas, la facultad de COMPRAR/VENDER e HIPOTECAR, no se aprecia, que de forma expresa se le hayan otorgado las facultades de constituir fideicomiso alguno con el Banco de las Fuerzas Armadas...” De acuerdo con lo transcrito anteriormente, que es parte de la consideración CUARTA de la fundamentación jurídica inserta en el fallo recurrido, se aprecia que el señor Cesar Antonio Verde Flores, compareció a la celebración del contrato de fideicomiso, actuando con mandato de CONPLAN, S.A., es decir en representación de esta sociedad, por medio de un contrato de mandato, a suscribir, sin estar legal y convencionalmente autorizado para ello, un contrato de fideicomiso celebrado con el Banco de las Fuerzas Armadas, S.A. (BANFFAA), contrato que de acuerdo con lo considerado por el tribunal ad quem en sus consideraciones jurídicas y por la ley misma, para poder celebrarlo, el apoderado de CONPLAN, ,S.A. debía haber sido expresamente facultado para ello, es decir de forma manifiesta y no lo fue. También se concluye, aparte de estas carencias para celebrar dicho contrato de fideicomiso, que el apoderado de CONPLAN, S.A. no actúa como factor, si no que en virtud de un contrato de mandato, o sea sometido a las disposiciones que regulan este tipo de actuaciones, razón por la cual La Corte Sentenciadora, no debió haber aplicado en el fallo recurrido, el citado artículo 356 del Código de Comercio, si no que en su lugar debió haber aplicado el artículo 1046 de dicho Código, que aunque lo menciona y se consigna en la parte dispositiva del fallo, no lo aplica materialmente, porque de lo contrario, es decir, de haberlo aplicado, hubiera confirmado en todas sus partes la sentencia recurrida que ahora se impugna por la vía de la casación”.II. FUNDAMENTOS DE DERECHO 1.- De conformidad con el artículo 719 del Código Procesal Civil, se podrá impugnar la aplicación e interpretación de las normas procesales, igualmente, se podrá impugnar la aplicación e interpretación de las normas de derecho empleadas para la solución de fondo del litigio y por disposición del artículo 721 del mismo Código, el recurso de casación se interpondrá por escrito ante la Corte de Apelaciones que hubiere dictado la sentencia dentro de los veinte días siguientes al de la notificación. En ese escrito se harán constar los motivos en que la casación se base, con expresión de las normas de derecho cuya infracción sustente cada motivo. Todo ello se deberá fundar con la suficiente separación y claridad, precisando y justificando la incidencia de la infracción en el sentido de la resolución impugnada, también se hará constar si el recurrente estima necesario la celebración de la audiencia. 2.- DEL RECURSO DE CASACION INTERPUESTO POR EL ABOGADO RENE VELASQUEZ DIAZ EN SU PRIMER MOTIVO. El recurrente viene señalando como precepto autorizante el artículo 719 numeral 1 literal c) del Código Procesal Civil que establece que “se podrá impugnar la aplicación e interpretación de las normas procesales que regulan la forma y contenido de la sentencia”, señalando como normas infringidas los artículos 200.1 y 207 del Código Procesal Civil, relacionadas con el artículo 720.2 del mismo Código. Señala el recurrente que se han omitido los requisitos legales de la motivación fàctica y jurídica que se relacionan con las diversas pretensiones deducidas en juicio. Al intentar la explicación del concepto de la infracción cita primeramente en forma íntegra algunos antecedentes de hecho y fundamentaciòn jurídica de la sentencia, para luego introducir una interpretación del artículo 1046 del Código de Comercio y luego aborda algunas consideraciones sobre el artículo 356 del mismo Código. Sobre estos alegatos del impetrante, esta Sala de lo Civil quiere destacar que existe una falta de claridad en el planteamiento del recurso que crea gran confusión, al invocar el recurrente el artículo 720.2 del Código Procesal Civil en relación con las normas infringidas y no en relación con el precepto autorizante, como se prevé en el Código en dicho artículo, por otra parte, tratándose de una causal de orden procesal no es pertinente fustigar por esta vía normas sustantivas al pretender explicar la infracción de normas procesales; si el impetrante pretendía impugnar normas de carácter sustantivo debió acudir a una causal distinta y plantearlo por separado en observancia del artículo 719.2 del Código Procesal Civil, lo que no ha acontecido en el caso de autos, por lo tanto el recurrente infringe el deber de exponer por separado cada infracción, faltando la claridad que se espera en la interposición del recurso, en consecuencia el recurso de casación resulta inadmisible en este motivo por no cumplir las exigencias del artículo 721 del Código Procesal Civil, de conformidad con la causal prevista en el numeral 2 literal a) del artículo 723 del mismo Código. 3.- DEL RECURSO DE CASACION INTERPUESTO POR EL ABOGADO RENE VELASQUEZ DIAZ EN SU SEGUNDO MOTIVO. En su segundo motivo de casación el recurrente viene señalando como precepto autorizante el artículo 719 numeral 2) del Código Procesal Civil, que establece que “Igualmente se podrá impugnar la aplicación e interpretación de las normas de derecho empleadas para la solución de fondo del litigio”, señalando que la sentencia impugnada vulnera por aplicación indebida el artículo 356 del Código de Comercio. En su explicación, el impetrante cita íntegramente el contenido de dicho artículo y luego se dedica a exponer el contenido y significado del artículo 1046 del Código antes citado, pretendiendo hacer una relación entre ambas normas concluyendo que el juzgador no debió aplicar el artículo 356 del Código de Comercio y si aplicar el artículo 1046 del mismo instrumento legal; el problema radica en que nunca explicó el sentido de la infracción del artículo 356 y tampoco invocó como infringido el artículo 1046, además de que resulta notorio que el Juzgador de segunda instancia en su fallo si aplicó el artículo 1046 dando una interpretación y alcance de su contenido, de modo que lo que devenía obligado a impugnar el recurrente es la interpretación de dicho precepto, si pretendía la revisión en casación del mismo, lo que no aconteció en el caso de marras, en consecuencia, el recurso de casación resulta inadmisible por no cumplir la exigencia del artículo 721 del Código Procesal Civil, de conformidad con la causal prevista en el numeral 2 literal a) del artículo 723 del Código Procesal Civil, al no cumplir las exigencias de separación y claridad para su examen de fondo. III. PARTE DISPOSITIVA. Por lo antes expuesto la Sala de lo Civil de la Corte Suprema de Justicia, pronunciándose por unanimidad de votos e impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, en base a los fundamentos de derecho citados y haciendo aplicación de los artículos 82, 303, 304, 313 numeral 5) y 316 de la Constitución de la República; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 115, 118 numeral 1), 129, 169, 170, 190, 191, 193 numeral 2, literal b), 197, 199, 200.1, 207, 716, 717, 718, 719.1. c) 2, 720. 2, 721, 722, 723.2. a), 724, del Código Procesal Civil; 356 y 1046 del Código de Comercio, profiere el presente AUTO IRRECURRIBLE y DECLARA: 1) La inadmisión del recurso de casación en sus dos motivos interpuesto por el abogado RENE VELASQUEZ DIAZ. 2) Firme la sentencia recurrida, dictada por la Corte Primera de Apelaciones de lo Civil del departamento de Francisco Morazán, de fecha treinta de enero del año dos mil catorce, en el expediente de Apelación número 0801-2007-11698, originado en los autos que conforman la primera pieza que se registra bajo el número 0801-2007-11698-CO del Juzgado de Letras Civil del Departamento de Francisco Morazán. 3) Condenar en costas a la parte recurrente. Y MANDA: Remitir las presentes actuaciones, junto con la certificación de esta resolución al Tribunal de su procedencia, previa notificación de este auto a las partes personadas, por medio de sus apoderados legalmente constituidos en juicio. Redactó el Magistrado Reynaldo Antonio Hernández. NOTIFIQUESE. FIRMAS Y SELLO. WILFREDO MENDEZ ROMERO. MAGISTRADO COORDINADOR. RINA AUXILIADORA ALVARADO MORENO. MAGISTRADA. REYNALDO ANTONIO HERNANDEZ. MAGISTRADO. FIRMA Y SELLO. BETTY JANETH PALMA O´CONNOR. RECEPTORA ADSCRITA”.
Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los Nueve días del mes de Mayo de Dos Mil Diecisiete; Certificación del Auto de fecha Veinticinco de Abril de Dos Mil Diecisiete, recaído en el Recurso de Casación registrado bajo el No. 102=2014.
BETTY JANETH PALMA O’CONNOR
RECEPTORA ADSCRITA
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