Sentencia CC-065-16 — Registro 8792
Resumen
En primera instancia se declaró sin lugar la demanda ordinaria de tercería de prelación, confirmada en segunda instancia.
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
4.- Los planteamientos de la recurrente en el Primer Motivo (Único), no resultan de aceptación para la Sala, ello porque no se observa una buena técnica casacional al momento de plantear el motivo, faltas que tienen que ver básicamente con lo siguiente: a) Si bien es cierto que la recurrente estima que por parte del Tribunal de Alzada se ha vulnerado el artículo 1346 del Código Civil por falta de aplicación, y lo deriva a lo dispuesto en el artículo 781 del Código del Trabajo; también lo es que en el mismo motivo señala que en el fallo de segunda instancia: “la norma empleada para la solución del presente litigio es errónea por estar en contradicción con la norma constitucional”; con lo cual la recurrente no observa la debida separación, claridad, precisión y no justifica la incidencia de la infracción en el sentido de la resolución impugnada; ello se colige así puesto que, una correcta técnica de casación no permite que se pueda hacer cita en forma conjunta y en un mismo motivo de dos supuestos de infracción, por una parte no se puede plantear que una determinada norma no se aplico y por otra afirmar también que la norma que ha utilizado el juzgador de segunda instancia es errónea, y sin que se señale precisamente cuál es la norma erróneamente aplicada por el juzgador. Todo ello indudablemente concita que la impetrante no ha observado lo dispuesto por el artículo 721.2 del Código Procesal Civil; y, b) Aunado a lo anterior y bajo la egida del precepto autorizante invocado, como lo es el articulo 719.2 del Código Procesal Civil, en lo referente a que: “igualmente se podrá impugnar la aplicación e interpretación de las normas de derecho empleadas para la solución del fondo del litigio”; pretende la recurrente que la Sala se pronuncie sobre la probable vulneración del artículo 128.4 de la Constitución de la República, que establece que los derechos de los trabajadores son singularmente privilegiados. En ese sentido se ha equivocado la vía para hacerlo, puesto que si se trata de interponer recurso de casación por la posible vulneración de normas que supongan la nulidad o produjeren indefensión, ya nuestra normativa procesal civil deja allanado el camino para hacerlo, esto es invocar como precepto autorizante lo dispuesto por el artículo 719.1 literal b), del Código Procesal Civil. 5.- En conclusión, la defectuosa presentación del recurso por parte de la impetrante, en esta fase procedimental, hace procedente su inadmisión por concurrir en el único motivo de casación expuesto, la causa prevista en el artículo 723.2 literal a) del Código Procesal Civil.”
Legislación citada
- Código Procesal Civil, art. 721, Numeral 2 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Procesal Civil, art. 723, Numeral 2 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACION
La Infrascrita Receptora Adscrita a la Sala de lo Civil de la Corte Suprema de Justicia, Certifica el Auto que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veinticinco días del mes de octubre del año dos mil diecisiete; la Sala de lo Civil integrada por los ilustres Magistrados: WILFREDO MENDEZ ROMERO como Coordinador, RINA AUXILIADORA ALVARADO MORENO y REYNALDO ANTONIO HERNÁNDEZ, el primero designado ponente para el conocimiento y redacción de la presente resolución, en la fecha supra indicada dictan el siguiente AUTO: SON PARTES: Los señores JUAN CARLOS GONZALEZ BOGRAN, RICARDO ENRIQUE GONZALEZ MEJIA, REINALDO ANTONIO CHAVARRIA HERNANDEZ, ERMIN ESMELIN RODRIGUEZ QUINTANILLA, YASMIN ORDOÑEZ MENDOZA, MARIA TERESA MEJIA MORTY, SANDRA ISABEL PALENCIA DE JOYA, EFRAIN SANCHEZ APLICANO, RAFAEL ANTONIO MALDONADO ERAZO, ROSIBEL ORDOÑEZ MENDOZA, ELI ALVARADO PERALTA Y FRANCISCO CACERES, representados en juicio por la abogada XIOMARA WALESKA BARAHONA ZUNIGA, en su condición de recurrentes; siendo recurridos los señores ALMA HIREZI GARCIA y JOSE MARIA BONILLA CABALLERO, representados en juicio por el abogado ROBERTO REINA VALLECILLO. OBJETO DEL PROCESO: “DEMANDA DE TERCERIA DE PREFERENCIA” promovida en fecha 26 de abril del año 2002, ante el entonces Juzgado de Letras Segundo de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán, por los señores JUAN CARLOS GONZALEZ BOGRAN, RICARDO ENRIQUE GONZALEZ MEJIA, REINALDO ANTONIO CHAVARRIA HERNANDEZ, ERMIN ESMELIN RODRIGUEZ QUINTANILLA, YASMIN ORDOÑEZ MENDOZA, MARIA TERESA MEJIA MORTY, SANDRA ISABEL PALENCIA DE JOYA, EFRAIN SANCHEZ APLICANO, RAFAEL ANTONIO MALDONADO ERAZO, ROSIBEL ORDOÑEZ MENDOZA, ELI ALVARADO PERALTA y FRANCISCO CACERES, contra los señores ALMA HIREZI GARCIA y JOSE MARIA BONILLA CABALLERO, como ejecutantes, desconociendo sus generales y ubicación exacta, todos ellos con domicilio en la ciudad de Choluteca, Departamento de Choluteca y contra la señora CARMEN ROXANA MELGAR ORTIZ como ejecutada. I. ANTECEDENTES DE HECHO PRIMERO: Con fecha 30 de octubre del año 2015, la Corte Primera de Apelaciones de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán, conociendo por vía de apelación de la sentencia definitiva de fecha 14 de febrero del año 2014, dictada por el Juzgado de Letras Civil del Departamento de Francisco Morazán, en el juicio de mérito, dictó sentencia CONFIRMANDO la del a-quo, misma que fallo de la siguiente manera: (Sic.) “FALLA: 1) Declarando SIN LUGAR la Demanda Ordinaria de Tercería de Prelación, interpuesta por el Abogado WALTER RAUL MIRANDA SABIO, en su condición de Apoderado Legal de los señores JUAN CARLOS GONZALEZ BOGRAN, RICARDO ENRIQUE GONZALEZ MEJIA, REINALDO ANTONIO CHAVARRIA HERNANDEZ, ERMIN ESMELIN RODRIGUEZ QUINTANILLA, YASMIN ORDOÑEZ MENDOZA, MARIA TERESA MEJIA MORTY, SANDRA ISABEL PALENCIA DE JOYA, EFRAIN SANCHEZ APLICANO, RAFAEL ANTONIO MALDONADO ERAZO, ROSIBEL ORDOÑEZ MENDOZA, ELI ALVARADO PERALTA y FRANCISCO CACERES, contra los señores JOSE MARIA BONILLA CABALLERO y ALMA HIREZI DE BONILLA, en su condición de partes Ejecutantes y CARMEN ROXANA MELGAR ORTIZ, en su condición de parte Ejecutada. 2) Declarar SIN LUGAR la Demanda Ordinaria de Indemnización de Daños y Perjuicio por vía de Reconvención, interpuesta por el Abogado JUAN RAFAEL MORALES TORRES, en su condición de Apoderado Legal de los señores JOSE MARIA BONILLA CABALLERO y ALMA HIREZI GARCIA DE BONILLA, contra los señores JUAN CARLOS GONZALES BOGRAN, RICARDO ENRIQUE GONZALES MEDINA, REINALDO ANTONIO CHAVARRIA HERNÁNDEZ, ERMIN ESMELIN RODRIGUEZ QUINTANILLA, YASMIN ORDOÑEZ MENDOZA, MARIA TERESA MEDINA MORTY, SANDRA ISABEL PALENCIA DE JOYA, EFRAIN SANCHEZ APLICANO, RAFAEL ANTONIO MALDONADO ERAZO, ROSIBEL ORDOÑEZ MENDOZA, ELI ALVARADO PERALTA y FRANCISCO CACERES. 3) ABSUELVE tanto a la parte demanda como a la demandante-reconvenida, de las acciones deducidas en su contra. Y MANDA: Que si dentro del término legal no se interpone recurso alguno contra el presente fallo; este quede firme. SIN COSTAS, en virtud de tener las partes motivos racionales para demandar. NOTIFIQUESE.” SEGUNDO: La representante procesal de los señores Juan Carlos González Bogran, Ricardo Enrique González Mejía, Reinaldo Antonio Chavarría Hernández, Ermin Esmelin Rodríguez Quintanilla, Yasmin Ordoñez Mendoza, maría Teresa Mejía Morty, Sandra Isabel Palencia de Joya, Efraín Sánchez Aplicano, Rafael Antonio Maldonado Erazo, Rosibel Ordoñez Mendoza, Elí Alvarado Peralta y Francisco Cáceres; la abogada Xiomara Waleska Barahona Zuniga, presentó en fecha 10 de febrero del año 2016, escrito de interposición y formalización del recurso de casación contra la sentencia de fecha 30 de octubre del año 2015, dictada por la Corte Primera de Apelaciones de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán, resolviendo el ad-quem, mediante proveído de fecha 12 de febrero del año 2016, tener por interpuesto y formalizado el recurso de casación por parte de la recurrente y acordó conceder a la parte contraria el plazo de diez (10) días hábiles para que se pronunciara sobre el contenido del escrito, debiendo entregársele copia del mismo. TERCERO: El representante procesal de los señores Alma Hirezi García y José María Bonilla Caballero, abogado Roberto Reina Vallecillo, presentó en fecha 22 de febrero del año 2016, escrito de pronunciamiento sobre el contenido del recurso de casación interpuesto y formalizado por la contraparte, resolviendo la Corte Primera de Apelaciones de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán, remitir las presentes diligencias a la Honorable Corte Suprema de Justicia en el término que manda la ley, para proseguir con el trámite correspondiente. CUARTO: Recibidas las actuaciones en éste Alto Tribunal, los abogados Roberto Reina Vallecillo y Xiomara Waleska Barahona Zuniga, ambos en sus condiciones ya indicadas, presentaron escritos de personamiento en fechas 25 de febrero y 02 de marzo del año 2016, y una vez visto el informe rendido por la Secretaría del Despacho, este Tribunal, mediante proveído de fecha 06 de abril del año 2016, los tuvo por personados dentro del plazo concedido. QUINTO: La abogada Xiomara Waleska Barahona Zuniga, plantea su recurso de casación contra la sentencia dictada por la Corte Primera de Apelaciones de lo Civil, del Departamento de Francisco Morazán de la siguiente manera: (Sic.) “PRIMER MOTIVO Acuso la sentencia recurrida por “Infracción por falta de aplicación del artículo 1346 del Código Civil, derivado del derecho concedido por el artículo 779 del Código del Trabajo PRECEPTO AUTORIZANTE Este motivo se encuentra comprendido en el artículo 719 numeral 2 del Código Procesal Civil, en la parte que dice: “igualmente se podrá impugnar la aplicación e interpretación de las normas de derecho empleadas para la solución del fondo del litigio.” EL CONCEPTO DE LA INFRACCION LO EXPLICO ASI: Artículo 1346 del Código Civil claramente establece: Las obligaciones nacen de la ley, de los contratos y casi contratos y de los actos y omisiones ilícitos o en que intervengan cualquier género de culpa o negligencia., por su parte, como podéis apreciar el caso de autos, mis representados, en su momento interpusieron ante el Juzgado de Letras Primero Departamental de Choluteca demanda ejecutiva laboral contra la señora CARMEN ROXANA MELGAR ORTIZ, en su condición de propietaria del Centro de Trabajo CONSTRUCTORA MELGAR en la cual concluyó con la medida de embargo sobre el bien inmueble propiedad de la demanda el cual se encuentra inscrito bajo el asiento número 92 tomo 837 de dicho Registro.- A la luz de lo que establece el artículo 781 del Código del Trabajo.- A nuestro juicio, salvo mejor criterio de la Honorable Corte Suprema de Justicia la tercería de prelación o de mejor derecho es la que tiene por objeto lograr que el tercerista sea reintegrado de su crédito con los bienes embargados y con preferencia al acreedor ejecutante y su finalidad no es la de suspender los trámites de remate de los bienes del ejecutado, sino que por el contrario la de llevar adelante la subasta, para que con el producto de las misma se haga cumplido pago al opositor y que con el exceso se cubra la deuda del ejecutante.- Asimismo la sentencia que se dicte en el juicio de tercería de prelación necesariamente debe establecer en qué orden deben satisfacerse los créditos de ejecutante y opositor, con el producto del remate o de la fianza en su caso. El artículo 128 numeral 4 de la Constitución de la República establece que los derechos de los trabajadores son singularmente privilegiados, es decir, que en caso de afrontarse con una obligación civil prevalece lo laboral. Como podéis apreciar el fallo del AD QUEM se basa en el sentido de que la TERCERIA DE PREFERENCIA se promovió cuando el inmueble ya había sido rematado en fecha 22 de Mayo del año 2002.- Sin embargo Honorable Magistrados que conforman el Alto Tribunal de Justicia la respectiva escritura no había sido autorizada mucho menos inscrita en el Registro de la Propiedad de Choluteca.- Es importante hacer de vuestro conocimiento y como consta en autos, mis representados los trabajadores señores JUAN CARLOS GONZÁLEZ BOGRÁN, RICARDO ENRIQUE GONZALEZ MEJIA, REINALDO ANTONIO CHAVARRIA HERNANDEZ, ERMIN ESMELIN RODRIGUEZ QIJINTANILLA, YASMIN ORDOÑEZ MENDOZA, MARIA TERESA MEJIA MORTY, SANDRA ISABEL PALENCIA DE JOYA, EFRAIN SANCHEZ APLICANO, RAFAEL ANTONIO MALDONADO ERAZO, ROSIBEL ORDOÑEZ MENDOZA, ELI ALVARADO PERALTA Y FRANCISCO CACERES, habían promovido en el Juzgado de Letras Primero Departamental de Choluteca y del Trabajo por Ministerio de la Ley, Juicio ejecutivo laboral en fecha 20 de Octubre del 2000 y se practicó embargo en fecha 16 de Noviembre del 2000.-Como es posible que el Juzgado de Letras Segundo de lo Civil de Francisco Morazán haya subastado el inmueble a favor de los señores JOSE MARIA BONILLA CABALLERO Y ALMA HIREZI GARCIA DE BONILLA Cuando en inmueble pesando un embargo al margen del asiento número 83 del tomo 691 producto de un derecho laboral preferente como lo son las prestaciones laborales adeudadas por la señora CARMEN ROXANA MELGAR ORTIZ en condición de propietaria del centro de trabajo denominado CONSTRUCTORA MELGAR como el mismo Tribunal AD-QUEM lo menciona en su sentencia definitiva, por otro lado se establece en dicha sentencia que no consta prueba fehaciente que el Juez del Trabajo ordenara el remate de bienes señalando día y hora para que el acto se verifique.- Si bien es cierto existe el principio de que quien es primero en tiempo primero en derecho, también es cierto que este principio se subsume y deja de tener efectos con el principio de “priviligialidad de la norma”, siendo en este caso una garantía constitucional. De manera que la norma empleada para la solución del presente litigio es totalmente errónea por estar en contradicción con la norma Constitucional. Siendo que mis representados fueron empleados a tiempo completo de la demandada ejecutada señora CARMEN ROXANA MELGAR ORTIZ, y siendo que ella misma reconoció la obligación laboral ante la autoridad laboral competente. Constituyéndose en un titulo ejecutivo indubitado con derecho preferente, Por lo que procede se CASE TOTALMENTE la sentencia en este motivo.” SEXTO: El abogado Roberto Reina Vallecillo, plantea su pronunciamiento sobre la formalización del recurso de casación de la siguiente manera: (Sic.) “PRONUNCIAMIENTO SOBRE EL PRESUNTO MOTIVO DE CASACIÓN Aduce de manera impertinente la impetrante que la Sentencia Ad Quem, infracciona el artículo 1346 del Código Civil, derivada del derecho que le concede el artículo 779 del Código del Trabajo; sin percatarse la tercerista, ahora recurrente, que la Ad Quem en el fallo pronunciado al Ordinal Quinto, resuelve conforme a lo prescrito en el artículo 500 del Código de Procedimientos de 1906, y reitera en su ordinal Séptimo que la Tercería de Preferencia, no se hizo valer por parte de los Terceristas en cumplimiento y sometimiento de las disposiciones establecidas en los artículos, 502 y 503 del Código Civil, así mismo el frágil argumento en el concepto erróneo de la infracción, que según la recurrente parte de la ley sustantiva, mencionando el artículo 1346 del Código Civil, de los que el fallo impugnado no ha violentado, ya que si bien es cierto las obligaciones nacen de la ley, a contraposición de la supuesta infracción inferida del artículo 1346 del Código Civil la recurrente no estableció ni ha probado su pretensión conforme a lo esculpido en el artículo 1495 del mismo Código Civil, que consiste en probar el origen de la obligación, para exigir su cumplimiento; en este caso el CREDITO PRIVILEGADO, resuelto mediante sentencia firme dictada por la autoridad respectiva, por lo que no cabe impugnar el fallo proferido, por adolecer de los requisitos esculpidos en el artículo 719 del Código Procesal Civil, norma que ha sido tantas veces inobservadas por la Demandante ahora recurrente en el presente Recurso de Casación, Así mismo del examen de la suma del cuerpo de la Demanda, vemos que la recurrente entre otras cosas, además de omitir la Sentencia que pretende impugnar, pide el arrastre de Procesos Ejecutivos improcedentes al presente libelo de Recurso de Casación, en total omisión y flagrancia de las prohibiciones esbozadas en los artículos 720,ordinal 1 Procesal Civil, ya que pretende, a través de dicha remisión, la revisión de hechos, con el errado como improcedente propósito de valorar, examinar o interpretar las pruebas esgrimidas en las sentencias dictadas por las instancias correspondientes, en una suerte de habeas corpus, lo que da pie más bien a su inadmisión en estricto apego del artículo 723.2, literal a, con el agravante que esta clase de yerros, no son subsanables al menos en la forma prevista por el citado artículo 732.3 ordinal 3 del Código Procesal Civil.” II. FUNDAMENTOS DE DERECHO 1.- El recurso de casación tiene claramente definidos dos fines expresos al tenor de lo preceptuado por el artículo 716 del Código Procesal Civil, el primero de ellos es su función nomofiláctica, entendida ésta como “la exacta observancia de la ley”, es decir la protección de las normas del ordenamiento jurídico, mediante la procura y promoción de la más adecuada aplicación e interpretación del derecho objetivo. El segundo fin es la unificación de la jurisprudencia nacional, misma que se explica en el sentido de que habiendo situaciones iguales debe pronunciarse decisiones iguales, siempre y cuando no concurran razones objetivas y razonables que justifiquen un trato desigual, en otras palabras, la evolución de la jurisprudencia. Por su parte el numeral dos del artículo precitado, conmina a este alto tribunal a que aplique e intérprete las normas referidas al recurso de casación atendiendo a la finalidad de unificación de la jurisprudencia, esto como instrumento de garantía de la igualdad de todos ante la ley, y de la seguridad y certidumbre jurídicas. 2.- El recurso extraordinario de casación debe sujetarse en su formulación a determinados requisitos, para que pueda considerarse como tal y ser atendible por la Corte, ya que dicho recurso es esencialmente formalista, en consecuencia debe ceñirse a una técnica rigurosa para que pueda ser analizado y prospere; requisitos consignados en los artículos 704 y 721 del Código Procesal Civil, mismos que devienen en su cumplimiento por parte del impetrante, para que la Corte pueda considerarlo. 3.- De lo expuesto por la abogada Xiomara Waleska Barahona Zuniga, en el Primer Motivo (en verdad solo es uno), esta Sala deja relacionado sucintamente los alegatos planteados, ello en virtud de que los mismos aparecen citados literalmente en los antecedentes de hecho de este auto. Expone la impetrante que la sentencia dictada por la Corte Primera de Apelaciones de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán, infringe por falta de aplicación el artículo 1346 del Código Civil, que preceptúa: “Las obligaciones nacen de la ley, de los contratos y cuasi contratos y de los actos y omisiones ilícitos o en que intervengan cualquier género de culpa o negligencia”; vulneración que dice deriva del derecho concedido por el artículo 779 del Código del Trabajo. Invoca como precepto autorizante el artículo 719.2 del Código Procesal Civil, en la parte que dice: “igualmente se podrá impugnar la aplicación e interpretación de las normas de derecho empleadas para la solución del fondo del litigio.” En sustento de su tesis impugnatoria señala que en el caso de autos, sus representados, en su momento interpusieron ante el Juzgado de Letras Primero Departamental de Choluteca, Demanda Ejecutiva Laboral contra la señora Carmen Roxana Melgar Ortiz, en su condición de propietaria del Centro de Trabajo Constructora Melgar, proceso en el cual se impuso la medida de embargo sobre el bien inmueble propiedad de la demandada, mismo que se encuentra inscrito bajo el asiento número 92 tomo 837 de dicho Registro. Que a la luz de lo preceptuado por el artículo 781 del Código del Trabajo, esa representación procesal estima que la tercería de prelación o de mejor derecho es la que tiene por objeto lograr que el tercerista sea reintegrado de su crédito con los bienes embargados y con preferencia al acreedor ejecutante y su finalidad no es la de suspender los trámites de remate de los bienes del ejecutado, sino que por el contrario la de llevar adelante la subasta, para que con el producto de la misma se haga cumplido pago al opositor y que con el exceso se cubra la deuda del ejecutante; y que asimismo la sentencia que se dicte en el juicio de tercería de prelación necesariamente debe establecer en qué orden deben satisfacerse los créditos de ejecutante y opositor, con el producto del remate o de la fianza en su caso. Que el artículo 128 numeral 4 de la Constitución de la República establece que los derechos de los trabajadores son singularmente privilegiados, es decir, que en caso de afrontarse con una obligación civil prevalece lo laboral. Señala la recurrente que el fallo del ad-quem se ha basado en que, en el caso de autos la tercería de preferencia se promovió cuando el inmueble ya había sido rematado en fecha 22 de mayo del año 2002. Argumento con el cual dice no estar de acuerdo, ello porque la respectiva escritura no había sido autorizada y mucho menos inscrita en el Registro de la Propiedad de Choluteca; recuerda la impetrante que sus representados promovieron en el Juzgado de Letras Primero Departamental de Choluteca y del Trabajo por Ministerio de la Ley; Juicio ejecutivo laboral en fecha 20 de octubre del 2000 y se practicó embargo en fecha 16 de noviembre del 2000; con lo cual se hace la pregunta ¿Cómo es posible que el Juzgado de Letras Segundo de lo Civil de Francisco Morazán haya subastado el inmueble a favor de los señores José María Bonilla Caballero y Alma Hirezi García de Bonilla, cuando sobre el referido inmueble pesaba un embargo al margen del asiento número 83 del tomo 691 producto de un derecho laboral preferente?; añade que en la sentencia impugnada se dice que no consta prueba fehaciente que el Juez del Trabajo ordenara el remate de bienes señalando día y hora para que el acto se verifique; apreciación del ad-quem que dice no compartir la impetrante ello porque si bien es cierto que existe el principio de que quien es primero en tiempo es primero en derecho, también es cierto que este principio se subsume y deja de tener efectos con el principio de “priviligialidad de la norma”, siendo en este caso una garantía constitucional. Que por tales razones se estima que la norma empleada para la solución del litigio es totalmente errónea por estar en contradicción con la norma Constitucional, ello porque sus representados fueron empleados a tiempo completo de la demandada ejecutada señora Carmen Roxana Melgar Ortiz, obligación laboral que ella misma reconoció ante la autoridad laboral competente, constituyéndose por lo tanto en un titulo ejecutivo indubitado con derecho preferente; finalmente la recurrente pide a la Sala, que siendo procedente se case totalmente la sentencia en este motivo. 4.- Los planteamientos de la recurrente en el Primer Motivo (Único), no resultan de aceptación para la Sala, ello porque no se observa una buena técnica casacional al momento de plantear el motivo, faltas que tienen que ver básicamente con lo siguiente: a) Si bien es cierto que la recurrente estima que por parte del Tribunal de Alzada se ha vulnerado el artículo 1346 del Código Civil por falta de aplicación, y lo deriva a lo dispuesto en el artículo 781 del Código del Trabajo; también lo es que en el mismo motivo señala que en el fallo de segunda instancia: “la norma empleada para la solución del presente litigio es errónea por estar en contradicción con la norma constitucional”; con lo cual la recurrente no observa la debida separación, claridad, precisión y no justifica la incidencia de la infracción en el sentido de la resolución impugnada; ello se colige así puesto que, una correcta técnica de casación no permite que se pueda hacer cita en forma conjunta y en un mismo motivo de dos supuestos de infracción, por una parte no se puede plantear que una determinada norma no se aplico y por otra afirmar también que la norma que ha utilizado el juzgador de segunda instancia es errónea, y sin que se señale precisamente cuál es la norma erróneamente aplicada por el juzgador. Todo ello indudablemente concita que la impetrante no ha observado lo dispuesto por el artículo 721.2 del Código Procesal Civil; y, b) Aunado a lo anterior y bajo la egida del precepto autorizante invocado, como lo es el articulo 719.2 del Código Procesal Civil, en lo referente a que: “igualmente se podrá impugnar la aplicación e interpretación de las normas de derecho empleadas para la solución del fondo del litigio”; pretende la recurrente que la Sala se pronuncie sobre la probable vulneración del artículo 128.4 de la Constitución de la República, que establece que los derechos de los trabajadores son singularmente privilegiados. En ese sentido se ha equivocado la vía para hacerlo, puesto que si se trata de interponer recurso de casación por la posible vulneración de normas que supongan la nulidad o produjeren indefensión, ya nuestra normativa procesal civil deja allanado el camino para hacerlo, esto es invocar como precepto autorizante lo dispuesto por el artículo 719.1 literal b), del Código Procesal Civil. 5.- En conclusión, la defectuosa presentación del recurso por parte de la impetrante, en esta fase procedimental, hace procedente su inadmisión por concurrir en el único motivo de casación expuesto, la causa prevista en el artículo 723.2 literal a) del Código Procesal Civil. III. PARTE DISPOSITIVA La Sala de lo Civil de la Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, pronunciándose con base a la motivación jurídica expuesta y aplicando lo dispuesto en los artículos 80, 82, 90 párrafo primero, 303, párrafo primero, 304, 313 numeral 14); 316 párrafo primero de la Constitución de la República; 1 y 80.1 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 115, 118.1, 129, 169, 170, 190, 191, 193.2 literal b), 197, 199, 716, 717, 718, 719, 720.2, 721.2, 722, 723.2 literal a), 724 y 914 del Código Procesal Civil; profiere por unanimidad de votos el presente auto irrecurrible y resuelve: I. DECLARAR INADMISIBLE el recurso de casación en su único motivo interpuesto y formalizado en contra de la sentencia definitiva dictada por la Honorable Corte Primera de Apelaciones de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán, de fecha 30 de octubre del año 2015, por la abogada XIOMARA WALESKA BARAHONA ZUNIGA, en su condición de representante procesal de los señores JUAN CARLOS GONZALEZ BOGRAN, RICARDO ENRIQUE GONZALEZ MEJIA, REINALDO ANTONIO CHAVARRIA HERNANDEZ, ERMIN ESMELIN RODRIGUEZ QUINTANILLA, YASMIN ORDOÑEZ MENDOZA, MARIA TERESA MEJIA MORTY, SANDRA ISABEL PALENCIA DE JOYA, EFRAIN SANCHEZ APLICANO, RAFAEL ANTONIO MALDONADO ERAZO, ROSIBEL ORDOÑEZ MENDOZA, ELI ALVARADO PERALTA y FRANCISCO CACERES; en relación con la Demanda de Tercería de Preferencia, incoada en contra de los señores JOSE MARIA BONILLA CABALLERO, ALMA HIREZI GARCIA DE BONILLA Y CARMEN ROXANA MELGAR ORTIZ. II. DECLARA FIRME la sentencia recurrida, dictada por la Honorable Corte Primera de Apelaciones de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán, en fecha 30 de octubre del año 2015, e identificada en esta Sala bajo el expediente numero S.C. 65-2016 y en el de apelación registrado bajo el número 0801-2007-10092-CO, originado en los autos que conforman el expediente número 0801-2007-10092-CO, del Juzgado de Letras de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán. III. CON COSTAS a la recurrente. Y MANDA: Que con la certificación de este AUTO se remitan las actuaciones a la Corte Primera de Apelaciones de lo Civil del departamento de Francisco Morazán, para los efectos legales consecuentes.- Redacto el Magistrado Wilfredo Méndez Romero.- NOTIFÍQUESE.- FIRMAS Y SELLO. WILFREDO MENDEZ ROMERO. MAGISTRADO COORDINADOR. RINA AUXILIADORA ALVARADO MORENO. MAGISTRADA. REYNALDO ANTONIO HERNANDEZ. MAGISTRADO. FIRMA Y SELLO. BETTY JANETH PALMA O´CONNOR. RECEPTORA ADSCRITA”.
Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veinticuatro días del mes de noviembre del año dos mil diecisiete; Certificación del auto de fecha veinticinco de octubre del año dos mil diecisiete, recaído en Recurso de Casación registrado bajo el No. S.C. 65=2016.
BETTY JANETH PALMA O’CONNOR
RECEPTORA ADSCRITA
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