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Sentencia CC-064-16 — Registro 8780

Resumen

En primera instancia se declaró con lugar la demanda de reivindicación de dominio de un inmueble, junto con sus derechos reales y accesorios, mediante procedimiento ordinario, confirmada en segunda instancia.

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

… “4.- Los argumentos expuesto por el recurrente no son de recibo por parte de la Sala, ello se considera así, porque básicamente no se ha seguido una correcta técnica casacional al momento de plantear el recurso, falencias de la técnica recursiva que tienen que ver con lo siguiente: a) Carencia manifiesta del precepto autorizante o causal del recurso, el recurrente no invoca o expone en cuál de los dos numerales del artículo 719 del Código Procesal Civil fundamenta el motivo; sobre lo anterior es menester recordar que indefectiblemente si se pretende interponer recurso de casación, el motivo o motivos que se planteen deberán estar sustentados en el precepto autorizante o motivo de casación, mismos que en nuestra normativa procesal civil están taxativamente señalados en el citado artículo; no hacerlo así concita el mal planteamiento del motivo, al no observarse lo previsto en el artículo 721 del mismo Código relativo a la obligación del recurrente de hacer constar los motivos en que basa su casación; b) Aunado a lo anterior resulta notoria la falta de separación, claridad y precisión, al incluir en un mismo motivo la probable vulneración de normas sustantivas “in iudicando in jure”, y la de normas procesales “in procedendo”; respecto de las normas sustantivas hace cita de los artículos 1552, 1553 y 1561 del Código Civil, el primero de tales artículos referido a los requisitos esenciales para la validez de los contratos y los dos siguientes al consentimiento y dolo en materia contractual y, así mismo conjuntamente hace también cita de los artículos 254, 479 y 712.2 literal c) del Código Procesal Civil, el primero de ellos señala el orden de práctica de los medios de prueba, el segundo referido a la valoración de la prueba y el tercero referente a la prueba en el recurso de apelación. Es preciso recordar al recurrente que tratándose de la interposición del recurso de casación y dado el carácter formalista del recurso, indefectiblemente el impetrante, si estimaba que el fallo proferido por el tribunal de alzada vulneraba normativa procesal y sustantiva, devenía entonces en invocar tal vulneración, en primer lugar haciendo cita de cualquiera de las causales de casación que señala el artículo 719 del Código Procesal Civil, y en segundo lugar devenía en hacerlo de manera separada para cada uno de los artículos que estimaba vulnerados, en motivos distintos; al no hacerlo así no da cumplimiento al deber de fundamentar con la suficiente separación y claridad, justificando la incidencia de la infracción en el sentido de la resolución impugnada, tal y como lo señala el artículo 721.2 del Código Procesal Civil y c) Este Alto Tribunal al seguir el iter del motivo, observa que la pretensión del casacionista es establecer que el juzgador de segunda instancia no le ha dado la valoración pertinente al medio de prueba documental consistente en copia fotostática del expediente administrativo número 74703, del Instituto Nacional Agrario (INA), con lo cual de conformidad a la técnica casacional, el recurrente violenta la intangibilidad de los hechos acreditados. Relacionado con lo anteriormente expuesto el artículo 720.1 del Código Procesal Civil, se refiere a la exclusión de la revisión probatoria, y manda que por medio de la casación no se inste la revisión de los hechos ni la interpretación y valoración de las pruebas contenidas en la sentencia. Seguidamente el artículo 720.2 del mismo Código, establece como excepción a esta regla general, la vía procesal que ofrece el artículo 719.1 literal c) del Código Procesal Civil, mediante el cual el recurrente en casación puede solicitar el control de la motivación fáctica de la sentencia, a efecto de revisar su existencia, suficiencia, racionalidad y carácter lógico, siempre que éste fuera determinante de un sentido diferente del fallo.”

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACION

La Infrascrita Receptora Adscrita a la Sala de lo Civil de la Corte Suprema de Justicia, Certifica el Auto que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veinticuatro días del mes de octubre del año dos mil diecisiete; la Sala de lo Civil, integrada por los ilustres Magistrados: WILFREDO MENDEZ ROMERO como Coordinador, RINA AUXILIADORA ALVARADO MORENO y REYNALDO ANTONIO HERNÁNDEZ, el primero designado ponente para el conocimiento y redacción de la presente resolución en el recurso de casación impetrado, en la fecha supra indicada dictan el siguiente AUTO: SON PARTES: Los señores ANA MARIA CASTAÑEDA, RAMON GARCIA RAMIREZ, SERVELIO DE JESUS DOMINGUEZ, ISRAEL ALVARADO RAMIREZ, TEODORO ALVARADO RAMIREZ, MAXIMO ROMAN GARCIA RAMIREZ, EDUARDA HERNANDEZ REYES, DOMINGO MADRID HERRERA y ANSELMO GARCIA RAMIREZ, representados en juicio por el abogado HENRY JOSUE BARRERA BUESO, en su condición de recurrentes; siendo recurrido el señor ERLIN ALEXI MONGE VASQUEZ, representado en juicio por el abogado NOEL ANTONIO MENDOZA. OBJETO DEL PROCESO: “DEMANDA ORDINARIA DE REIVINDICACION DE DOMINIO DE UN TERRENO JUNTO CON SUS DERECHOS REALES Y ACCESORIOS” promovida en fecha 06 de octubre del año 2014, ante el entonces Juzgado Primero de Letras Departamental de Santa Bárbara, por el señor ERLIN ALEXI MONGE VÁSQUEZ, contra los señores ANA MARIA CASTAÑEDA, RAMON GARCIA RAMIREZ, SERVELIO DE JESUS DOMINGUEZ, ISRAEL ALVARADO RAMIREZ, TEODORO ALVARADO RAMIREZ, MAXIMO ROMAN GARCIA RAMIREZ, EDUARDA HERNANDEZ REYES, DOMINGO MADRID HERRERA y ANSELMO GARCIA RAMIREZ, todos mayores de edad, hondureños y con domicilio en el municipio de Trinidad, Departamento de Santa Bárbara; y “DEMANDA POR VIA DE LA RECONVENCION DE NULIDAD ABSOLUTA DE UN INSTRUMENTO PUBLICO.- INSCRITA BAJO EL NUMERO 76 DEL TOMO 1478; LA CANCELACION DE SU INSCRIPCION EN EL LIBRO DE REGISTRO DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD INMUEBLE Y MERCANTIL.- ASÍ MISMO LA TRADICION DE DOMINIO A FAVOR DE UN TERCERO INSCRITA BAJO EL NUMERO 25 DEL TOMO 1536.-….” promovida en fecha 07 de enero del año 215, ante el referido Juzgado, por los señores ANA MARIA CASTAÑEDA, SERVELIO DE JESUS DOMINGUEZ, EDUARDA HERNANDEZ REYES, DOMINGO MADRID HERRERA y ANSELMO GARCIA RAMIREZ, contra el señor ERLIN ALEXI MONGE VÁSQUEZ, mayor de edad, casado, hondureño, comerciante y con domicilio en el Municipio de La Entrada, Departamento de Copán. I.- ANTECEDENTES DE HECHO PRIMERO: En fecha 10 de diciembre del año 2015, la Corte de Apelaciones de Santa Bárbara, Departamento de Santa Bárbara, conociendo por vía de apelación de la sentencia definitiva de fecha 14 de septiembre del año 2015, dictada por el Juzgado Primero de Letras de Santa Bárbara, Departamento de Santa Bárbara, en el juicio de mérito, dictó sentencia CONFIRMANDO la del a-quo; fallo de primera instancia que en su parte dispositiva señala lo siguiente: (Sic.) “FALLA: PRIMERO: Declarar CON LUGAR La Demanda De Reivindicación de Dominio de Un Inmueble, junto con sus derechos reales y accesorios, mediante procedimiento Ordinario promovida por el señor ERLIN MONGE VASQUEZ, quien es mayor de edad, hondureño, soltero comerciante, con domicilio en La Entrada Copán, con tarjeta de identidad numero 0413-1971-00456, en contra de los señores ANA MARIA CASTAÑEDA RAMON GARCIA RAMIREZ, SERVELIO DE JESUS DOMINGUEZ, ISRAEL ALVARADO RAMIREZ, TEODORO ALVARADO RAMIREZ, MAXIMO ROMAN GARCIA RAMIREZ, EDUARDA HERNANDEZ REYES, DOMINGO MADRID HERRERA Y ANSELMO GARCIA RAMIREZ todos de generales expresadas en el preámbulo de esta Sentencia. SEGUNDO: ORDENAR a los demandados y demandantes vía reconvención a restituir a favor del demandante ERLIN MONGE VASQUEZ el inmueble en litigio ubicado en La aldea Las Delicias municipio de Trinidad Departamento de Santa Bárbara predio 171, mapa FN-44 con superficie de OCHENTA Y CUATRO HECTAREAS CON CINCO CENTESIMAS DE HECTAREA (84.05 has) con las colindancias siguientes: NORTE: Empresa Asociativa Campesina Unión Y Esperanza, SUR: Luis Paz Y Wilmer Caballero, ESTE: Luis Paz Y Wilmer Caballero, OESTE: callejón de por medio con Douglas Gutiérrez y Luis Paz TERCERO Declarar SIN LUGAR La Demanda De Nulidad Absoluta de Instrumento Público por Vía de Reconvención, presentada por ANA MARIA CASTAÑEDA, SERVELIO DE JESUS DOMINGUEZ, EDUARDA HERNANDEZ REYES, DOMINGO MADRID HERRERA Y ANSELMO GARCIA RAMIREZ, en contra del señor ERLIN MONGE VASQUEZ, todos de generales expresadas en el preámbulo de esta Sentencia, CUARTO: Con condena en Costas a la parte Demandante y Demandada vía reconvención. QUINTO: El MODO DE IMPUGNACION de la presente Sentencia: Es mediante Recurso de Apelación que conocerá la Honorable Corte de Apelaciones de esta Sección Judicial, (Artículo 706. 2 y 707 del Código procesal Civil), el que se interpondrá ante este Juzgado dentro del plazo de diez (10) días contados desde el día siguiente a la notificación de la Sentencia, debiendo en el mismo escrito expresar los agravios que la misma cause (Artículo 709 del Código Procesal Civil). SEXTO: NOTIFIQUESE: a las partes la presente Sentencia, y a los demandados en rebeldía por medio de auxilio judicial.” SEGUNDO: El representante procesal de los señores ANA MARIA CASTAÑEDA, SERVELIO DE JESUS DOMINGUEZ, EDUARDA HERNANDEZ REYES, DOMINGO MADRID HERRERA y ANSELMO GARCIA RAMIREZ; y en calidad de rebeldes de los señores ISRAEL ALVARADO RAMIREZ, TEODORO ALVARADO RAMIREZ, MAXIMO ROMAN GARCIA RAMIREZ, y RAMON GARCIA RAMIREZ; abogado HENRY JOSUE BARRERA BUESO presentó en fecha 28 de enero del año 2016, escrito de interposición y formalización del recurso de casación contra la sentencia de fecha 10 de diciembre del año 2015, dictada por la Corte de Apelaciones de Santa Bárbara, Departamento de Santa Bárbara, resolviendo el Ad-quem, mediante proveído de fecha 02 de febrero del año 2016, tener por interpuesto y formalizado el recurso de casación por parte del recurrente y acordó conceder a la parte contraria el plazo de diez días hábiles para que se pronunciara sobre el contenido del escrito, debiendo entregársele copia del mismo. TERCERO: El representante procesal del señor ERLIN ALEXIS MONGE VASQUEZ, abogado NOEL ANTONIO MENDOZA, presentó en fecha 18 de febrero del año 2016, escrito de pronunciamiento sobre el contenido del recurso de casación interpuesto y formalizado por la contraparte, resolviendo la Corte de Apelaciones de Santa Bárbara, Departamento de Santa Bárbara, remitir las presentes diligencias a la Honorable Corte Suprema de Justicia en el término que manda la ley, para proseguir con el trámite correspondiente. CUARTO: Recibidas las actuaciones en éste Alto Tribunal, los abogados HENRY JOSUE BARRERA BUESO y NOEL ANTONIO MENDOZA, ambos en sus condiciones ya indicadas, presentaron escritos de personamiento en fechas 24 y 26 de febrero del año 2016, por lo que una vez visto el informe rendido por la Secretaría de esta Corte Suprema de Justicia, este Tribunal, mediante proveído de fecha 04 de abril del año 2016, los tuvo por personados dentro del plazo concedido. QUINTO: El abogado HENRY JOSUE BARRERA BUESO, plantea su recurso de casación contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de Santa Bárbara, Departamento de Santa Bárbara de la siguiente manera: (Sic.) “PROCEDENTE MOTIVO DE CASACION Al interponer el recurso de casación por Infracción Procesal e infracción de Ley, se hace alusión, a los vicios de nulidad relacionándolo con lo que estipula el Artículo 1552 del Código Civil, que son el consentimiento de los contratantes, ya que el consentimiento consiste en la manifestación por el concurso de la oferta y la aceptación sobre la cosa y la causa que han de constituir el contrato según lo contemplado en el artículo 1553, y siendo que el vicio que adolece el consentimiento es el dolo y conforme a lo contemplado en el artículo 1561 del Código Civil para que el dolo produzca la nulidad de los contratos deberá ser grave y no haber sido empleada por las dos partes contratantes, tal como lo es el caso de nuestra representada la Empresa Asociativa Campesina Superación 15 de mayo, en donde dos de los Ex miembros conocidos con los nombres de JOSE LUCIO VASQUEZ DIAZ y CARLOS ENRIQUE GARCIA PORTILLO, abusando del puesto de Presidente y Secretario respectivamente; y desde luego siendo el dolo el motivo principal vendieron a terceras personas amparados en una supuesta Resolución que a nuestro parecer isofacto, causa vicios de nulidad en el Instrumento que se impugna, ya que fue emitida y firmada por quien era en aquel entonces el Director del Instituto Nacional Agrario. PRONUNCIAMIENTO 1. Tomando en consideración la sentencia emitida por el AQUO y asimismo la sentencia emitida por la corte de Apelaciones respectivamente, únicamente en su valoración de la prueba dejan como cierto y validos los medios de prueba documentales como son las Escrituras Públicas y la resolución número 009-2013, emitida por el Instituto Nacional Agrario (INA), por lo que queremos dejar claramente evidenciado que atendiendo a la sana crítica y el razonamiento lógico según lo estipula el artículo 254 del Código Procesal Civil, en relación al Artículo 479 del mismo cuerpo legal y conforme a la valoración de la prueba es notorio el hecho que en ningún momento se logró darle la valoración pertinente al medio de prueba documental consistente en la Copia Fotostática del Expediente Administrativo número 74703, que cuyo original se encuentra en los registros de Secretaria general del Instituto Nacional Agrario (INA) en la ciudad de Tegucigalpa, en donde no consta la Autorización para enajenar el bien inmueble de la sociedad Campesina Superación 15 de mayo. Cabe mencionar en cuanto al hecho SEXTO de la sentencia dictada por la corte de Apelaciones en lo se manifiesta y que se desprende en el sentido que la señora ANA MARIA CASTAÑEDA, SERVELIO DE JESUS DOMINGUEZ Y EDUARDA HERNANDEZ REYES, ya no forman parte de la Empresa Asociativa Superación 15 de mayo, donde en el mismo expediente supra mencionado que se adjuntó las copias fotostáticas, en sus actuaciones administrativas no hace expresa mención sobre la expulsión de socios ya sea por retiro voluntario o forzoso, mismas que solo se incoaron las diligencias y no hay resolución alguna por carecer de fundamento legal y requisitos exigidos por los estatutos de la Empresa Asociativa campesina Superación 15 de mayo, por lo que los mismos siempre formaron parte de dicha empresa y fueron demandados en calidad de socios. Por otra parte la corte de apelaciones en su valoración de la norma procesal sustantiva en cuanto a los medios de prueba documental público, referente a las escrituras públicas; se atendió únicamente a la valoración en cuanto a la forma de dichos instrumentos públicos, dejando desapercibido que en el fondo del contrato expresamente acarrean un vicio de nulidad, en cuanto al consentimiento de ambas partes, relacionándolo con el artículo 1552 y más precisamente en el Artículo 1553 del Código Civil en donde se establece que el consentimiento se manifiesta por el concurso de la oferta y de la aceptación sobre la cosa y de la causa que han de constituir el contrato estableciendo íntima conexión con el dolo ya que como es de nuestro conocimiento el contrato se celebró entre una persona natural y una persona jurídica, aduciendo que la empresa campesina Superación 15 de mayo, a través de sus representantes legales Presidente y Secretario abusando del cargo que ostentaron en aquel entonces incoaron diligencias para el trámite de la obtención de una Autorización de venta, misma que relacionándolo al expediente supra mencionado y en relación a la constancia extendida por el secretario General del Instituto Nacional Agrario a nivel Nacional después de una investigación minuciosa y tardada que fue emitida la misma hasta en fecha posterior e inclusive incorporada hasta el momento de la interposición del Recurso de Apelación, como resulta imprescindible señalar el Artículo 712 del Código Procesal Civil, conforme a lo que estipula el numeral dos, inciso C, en cuanto a la incorporación de la prueba en dicha instancia, por lo que cabe preguntarse; ¿Qué valor probatorio tendrían la constancia emitida por el Secretario General del Instituto Nacional Agrario frente a la resolución número 009-2013, si en los archivos y en la base de datos conocidos a nivel nacional no existe tal resolución ni expediente de la misma? Siendo así como la corte de Apelaciones ha apreciado en el hecho séptimo de su sentencia en su valoración jurídica de los medios de prueba.” SEXTO: El abogado NOEL ANTONIO MENDOZA, actuando en su condición de recurrido, plantea pronunciamiento sobre la formalización del recurso de casación expuesto por la contraparte, de la siguiente manera: (Sic.) “PRIMERO: El recurrente con su recurso de casación, pretende que se revoque la sentencia definitiva dictada por esta Corte de Apelaciones, Departamento de Santa Bárbara, y hace una invocación desatinada de un motivo como lo es la infracción procesal, como por infracción de ley sustantiva. Pero en ningún momento el recurrente menciona cual es el Precepto autorizante del motivo de casación que invoca, si no que únicamente se limitó a atacar la valoración de la prueba realizada por la corte de Apelaciones, y a emitir su propios criterios sobre los medios de pruebas; El Artículo 721 numeral 2, del Código Procesal Civil, establece que en el escrito del Recurso de Casación, se harán constar los motivos en que la casación se base, con expresión de las normas de derecho cuya infracción sustente cada motivo. Todo ello se deberá fundamentar con la suficiente separación y claridad, precisando y justificando la incidencia de la infracción en el sentido de la resolución impugnada, esta norma legal establece expresamente la formalización del recurso, sin embargo, el recurrente en su recurso no se ajustó a lo preceptuado en este artículo e hizo una confusa exposición en dicho escrito, que no se sabe que es lo que ataca de la sentencia. SEGUNDO: La Sentencia Dictada por la Corte de Apelaciones, y que el recurrente pretende impugnar, fue dictada con total apego a derecho, sujetándose estrictamente a las normas legales que regulan este tipo de causas, y si analizamos la misma, no encontramos ninguna causa que permita interponer recurso alguno, pues el artículo 719 del Código Procesal Civil, establece cada una de la causas que se pueden invocar para motivar un recurso de casación, pero ninguna de estas se configura, en la sentencia recurrida, por lo tanto consideramos que el presente recurso es infundado y debe ser inadmitido. TERCERO: Por otra parte este tipo de demandas, ya tienen establecido, cuales son los presupuestos necesarios que deben concurrir para que la misma tenga lugar, tal como lo establece el artículo 868 del Código Civil, los cuales fueron probados por la parte actora, y por otra parte ya está establecido el procedimiento para la sustanciación de este tipo de demandas, que en todo momento fue observado tanto en primera instancia como en segunda instancia, y en ningún momento hubo infracción de normas procesales ni sustantivas, mucho menos infracción de Garantías procesales. La Pretensión de La demanda, es la Reivindicatoria de dominio de un bien inmueble propiedad de mi representado del cual él no está en posesión, porque los demandados, se lo han impedido ya que estos lo poseen de manera ilegal y sin documento que los respalde; Pues la Propiedad del Inmueble mi Representado la Acredito, con la Escritura Pública que Ostenta, en la cual se describe el inmueble. CUARTO: El inmueble fue individualizado de manera precisa, con el peritaje, que realizo, el Perito Sergio Rubén Arévalo Casaña, el cual se describen las medidas, las colindancias y área exacta, Dictamen con el cual no queda margen de duda que ese inmueble es Propiedad de mi cliente Erlin Alexis Monge Vásquez. En consecuencia si analizamos todo lo ocurrido desde la Demanda, su Contestación, la sustanciación del proceso y la sentencia, vemos todo apegado a derecho, y por lo tanto el motivo de la casación es Infundado, que no se configuran en ninguna causal que señala La Ley, ni tampoco en la Sentencia que se pretende Impugnar, por lo que considero que el presente recurso no debe ser admitido, por no haber fundamentos legales que lo sustenten.” II. FUNDAMENTOS DE DERECHO 1.- El recurso de casación tiene claramente definidos dos fines expresos al tenor de lo preceptuado por el artículo 716 del Código Procesal Civil, el primero de ellos es su función nomofiláctica, entendida ésta como “la exacta observancia de la ley”, es decir la protección de las normas del ordenamiento jurídico, mediante la procura y promoción de la más adecuada aplicación e interpretación del derecho objetivo. El segundo fin es la unificación de la jurisprudencia nacional, misma que se explica en el sentido de que habiendo situaciones iguales debe pronunciarse decisiones iguales, siempre y cuando no concurran razones objetivas y razonables que justifiquen un trato desigual, en otras palabras, la evolución de la jurisprudencia. Por su parte el numeral dos del artículo precitado, conmina a este alto tribunal a que aplique e intérprete las normas referidas al recurso de casación atendiendo a la finalidad de unificación de la jurisprudencia, esto como instrumento de garantía de la igualdad de todos ante la ley, y de la seguridad y certidumbre jurídicas. 2.- El recurso extraordinario de casación debe sujetarse en su formulación a determinados requisitos, para que pueda considerarse como tal y ser atendible por la Corte, ya que dicho recurso es esencialmente formalista, en consecuencia debe ceñirse a una técnica rigurosa para que pueda ser analizado y prospere; requisitos consignados en los artículos 704 y 721 del Código Procesal Civil, mismos que devienen en su cumplimiento por parte del impetrante, para que la Corte pueda considerarlo. 3.- De lo expuesto por el abogado recurrente Henry Josué Barrera Bueso en el escrito de interposición del motivo de casación, la Sala de lo Civil en forma sucinta resume los alegatos planteados, los cuales básicamente se contraen en señalar que se impugna la sentencia pronunciada por la Corte de Apelaciones de Santa Bárbara, Departamento de Santa Bárbara, ello porque la referida instancia incurre en Infracción procesal e infracción de ley, consecuentemente acarrea vicios de nulidad; cita el recurrente tres artículos del Código Civil, estos son 1552, 1553 y 1561, y señala que en el caso de su representada la Empresa Asociativa Campesina Superación 15 de Mayo; dos ex miembros de la misma, los señores José Lucio Vásquez Díaz y Carlos Enrique García Portillo, abusando de sus puestos de Presidente y Secretario respectivamente; han actuado con dolo al vender a terceras personas, amparándose para ello en una supuesta resolución del Instituto Nacional Agrario (INA); situación que dice ipso facto causa vicios de nulidad en el instrumento público que se impugna, ello porque tal resolución fue emitida y firmada por quien era en aquel entonces el Director del Instituto Nacional Agrario. Aduce el impetrante que tanto la sentencia del a-quo como la del ad-quem, en la valoración que de la prueba hacen, dejan como cierto y validos los medios de prueba documentales consistentes en las escrituras públicas y la resolución número 009-2013 emitida por el Instituto Nacional Agrario (INA), pero que atendiendo a la sana crítica y el razonamiento lógico según lo estipula el artículo 254 del Código Procesal Civil, en relación con el artículo 479 del mismo cuerpo legal, se hace notorio el hecho que en ningún momento se logró darle la valoración pertinente al medio de prueba documental consistente en copia fotostática del expediente administrativo número 74703, cuyo original se encuentra en los registros de la Secretaria General del Instituto Nacional Agrario (INA), expediente en el cual no consta la autorización para enajenar el bien inmueble de la sociedad Campesina Superación 15 de Mayo. Señala el recurrente que en cuanto al hecho sexto de la sentencia dictada por la corte de apelaciones, en el mismo se manifiesta que los señores Ana María Castañeda, Servelio de Jesús Domínguez y Eduarda Hernández Reyes, ya no forman parte de la Empresa Asociativa Superación 15 de Mayo; apreciación que no resulta ser cierta, ello porque del ya referido expediente administrativo del instituto Nacional Agrario, no se hace expresa mención sobre la expulsión de socios ya sea por retiro voluntario o forzoso, y que solo se incoaron las diligencias, pero no hay resolución alguna por carecer de fundamento legal y requisitos exigidos por los estatutos de la Empresa Asociativa Campesina Superación 15 de Mayo, por lo que los mismos siempre formaron parte de dicha empresa y fueron demandados en calidad de socios. Dice el impetrante que el Tribunal de Alzada en su valoración de la norma procesal sustantiva en cuanto a los medios de prueba documental público, referente a las escrituras públicas, ha valorado los mismos únicamente en cuanto a la forma de dichos instrumentos públicos, por lo que ha dejado desapercibido que en el fondo del contrato expresamente acarrean un vicio de nulidad, al tenor de lo preceptuado por los artículos 1552 y 1553 del Código Civil, ello porque después de una investigación minuciosa y tardada se ha emitido constancia por el Secretario General del Instituto Nacional Agrario, documento este que fue incorporado hasta el momento de la interposición del recurso de apelación, por lo que resulta imprescindible que al tenor del artículo 712.2 inciso c) del Código Procesal Civil, hacerse la pregunta; ¿Qué valor probatorio tendría la constancia emitida por el Secretario General del Instituto Nacional Agrario frente a la resolución número 009-2013, si en los archivos y en la base de datos conocidos a nivel nacional no existe tal resolución ni expediente de la misma?. 4.- Los argumentos expuesto por el recurrente no son de recibo por parte de la Sala, ello se considera así, porque básicamente no se ha seguido una correcta técnica casacional al momento de plantear el recurso, falencias de la técnica recursiva que tienen que ver con lo siguiente: a) Carencia manifiesta del precepto autorizante o causal del recurso, el recurrente no invoca o expone en cuál de los dos numerales del artículo 719 del Código Procesal Civil fundamenta el motivo[1]; sobre lo anterior es menester recordar que indefectiblemente si se pretende interponer recurso de casación, el motivo o motivos que se planteen deberán estar sustentados en el precepto autorizante o motivo de casación, mismos que en nuestra normativa procesal civil están taxativamente señalados en el citado artículo; no hacerlo así concita el mal planteamiento del motivo, al no observarse lo previsto en el artículo 721 del mismo Código relativo a la obligación del recurrente de hacer constar los motivos en que basa su casación; b) Aunado a lo anterior resulta notoria la falta de separación, claridad y precisión, al incluir en un mismo motivo la probable vulneración de normas sustantivas “in iudicando in jure”, y la de normas procesales “in procedendo”; respecto de las normas sustantivas hace cita de los artículos 1552, 1553 y 1561 del Código Civil, el primero de tales artículos referido a los requisitos esenciales para la validez de los contratos y los dos siguientes al consentimiento y dolo en materia contractual y, así mismo conjuntamente hace también cita de los artículos 254, 479 y 712.2 literal c) del Código Procesal Civil, el primero de ellos señala el orden de práctica de los medios de prueba, el segundo referido a la valoración de la prueba y el tercero referente a la prueba en el recurso de apelación. Es preciso recordar al recurrente que tratándose de la interposición del recurso de casación y dado el carácter formalista del recurso, indefectiblemente el impetrante, si estimaba que el fallo proferido por el tribunal de alzada vulneraba normativa procesal y sustantiva, devenía entonces en invocar tal vulneración, en primer lugar haciendo cita de cualquiera de las causales de casación que señala el artículo 719 del Código Procesal Civil, y en segundo lugar devenía en hacerlo de manera separada para cada uno de los artículos que estimaba vulnerados, en motivos distintos; al no hacerlo así no da cumplimiento al deber de fundamentar con la suficiente separación y claridad, justificando la incidencia de la infracción en el sentido de la resolución impugnada, tal y como lo señala el artículo 721.2 del Código Procesal Civil y c) Este Alto Tribunal al seguir el iter del motivo, observa que la pretensión del casacionista es establecer que el juzgador de segunda instancia no le ha dado la valoración pertinente al medio de prueba documental consistente en copia fotostática del expediente administrativo número 74703, del Instituto Nacional Agrario (INA), con lo cual de conformidad a la técnica casacional, el recurrente violenta la intangibilidad de los hechos acreditados. Relacionado con lo anteriormente expuesto el artículo 720.1 del Código Procesal Civil, se refiere a la exclusión de la revisión probatoria, y manda que por medio de la casación no se inste la revisión de los hechos ni la interpretación y valoración de las pruebas contenidas en la sentencia. Seguidamente el artículo 720.2 del mismo Código, establece como excepción a esta regla general, la vía procesal que ofrece el artículo 719.1 literal c) del Código Procesal Civil, mediante el cual el recurrente en casación puede solicitar el control de la motivación fáctica de la sentencia, a efecto de revisar su existencia, suficiencia, racionalidad y carácter lógico, siempre que éste fuera determinante de un sentido diferente del fallo. 5. En vista de lo anterior se considera defectuosa la estructuración del recurso de casación que nos ocupa contemplada en las causales previstas en el artículo 723.2.a) del Código Procesal Civil que ad literam establece: “TRÁMITE DE ADMISIÓN. 1.-…2. Sólo podrá inadmitirlo por las siguientes causales: a) Incumplimiento de las exigencias y requisitos establecidos por este Código para el escrito de interposición y formalización,…”. En consecuencia, es procedente declarar su inadmisión. III. PARTE DISPOSITIVA Por lo antes expuesto la Sala de lo Civil de la Corte Suprema de Justicia, pronunciándose por unanimidad de votos e impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, en base a los fundamentos de derecho citados y haciendo aplicación de los artículos 61, 80, 82, 90 párrafo primero, 303, 304, 313 numeral 5) y 316 de la Constitución de la República; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 700, 718, 719.2, 723.2 literal a), 724 del Código Procesal Civil; profiere el presente auto irrecurrible y declara: I.- LA INADMISIÓN del recurso de casación, formalizado por el abogado Henry Josué Barrera Bueso, en su condición de representante procesal de los señores Ana María Castañeda, Ramón García Ramírez, Servelio de Jesús Domínguez, Israel Alvarado Ramírez, Teodoro Alvarado Ramírez, Máximo Román García Ramírez, Eduarda Hernández Reyes, Domingo Madrid Herrera y Anselmo García Ramírez, contra la sentencia dictada en fecha 10 de diciembre del año 2015, por la Corte de Apelaciones de la Sección Judicial de Santa Barbará, Departamento de Santa Barbará, en relación con la Demanda de Reivindicación de Dominio de un terreno junto con sus Derechos Reales y Accesorios, y Demanda por Vía de Reconvención de Nulidad Absoluta de un Instrumento Publico. II.- FIRME la sentencia recurrida, dictada por la Corte de Apelaciones de la Sección Judicial de Santa Barbará, departamento de Santa Barbará, en fecha 10 de diciembre del año 2015, en el expediente de apelación número 49-2014, originada en los autos que conforman la primera pieza que se registra bajo el número 14-2014 del Juzgado Primero de Letras departamental de Santa Barbará, departamento de Santa Barbará. III.- CON COSTAS. Y MANDA: las presentes actuaciones, junto con la certificación de esta resolución al tribunal de su procedencia, previa notificación de este auto a las partes, por medio de sus apoderados legalmente constituidos en juicio.- Redacto el Magistrado Wilfredo Méndez Romero.- NOTIFIQUESE.- FIRMAS Y SELLO. WILFREDO MÉNDEZ ROMERO. MAGISTRADO COORDINADOR. RINA AUXILIADORA ALVARADO MORENO. MAGISTRADA. REYNALDO ANTONIO HERNÁNDEZ. MAGISTRADO. FIRMA Y SELLO. BETTY JANETH PALMA O´CONNOR. RECEPTORA ADSCRITA”.

Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintiocho días del mes de noviembre del año dos mil diecisiete; Certificación del Auto de fecha veinticuatro de octubre de dos mil diecisiete, recaído en el Recurso de Casación registrado bajo el No. S.C. 64-2016.

BETTY JANETH PALMA O’CONNOR

RECEPTORA ADSCRITA

[1] Ver al respecto entre otras las resoluciones de la Sala números CC-51-2012, CC-87-2013, CC-146-2012 y CC-212-2013.