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Sentencia CC-037-16 — Registro 8765

Resumen

En primera instancia se declaró sin lugar la excepción perentoria de prescripción en virtud de ser inaplicable el plazo de prescripción invocado, a la pretensión deducida en la demanda y declarando con lugar la demanda de pago de daños e indemnización de perjuicios por incumplimiento de un contrato general de construcción de un proyecto habitacional, en aplicación de cláusula penal contractual mediante los trámites del proceso ordinario. Confirmada en segunda instancia

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

... “5. Finalmente esta Sala de lo Civil desea recordar al impetrante que en la interposición y formulación del recurso de casación se deberá observar lo siguiente: a) Se expondrán en motivos y apartados separados cada una de las vulneraciones o infracciones que se denuncien como cometidas en la sentencia recurrida, sin que resulte admisible la enumeración global o indiscriminada de preceptos, ni en el planteamiento de cuestiones diversos en cada apartado que puedan generar confusión e imposibilidad de conocer con exactitud la concreta infracción de su alcance para poder juzgar sobre ello. Ello implica la necesidad de una exposición separada de cada una de las infracciones integrantes del motivo. Este requisito es inherente a la calidad y precisión en la formulación del recurso. b) Se deberá indicar en cada apartado, con toda claridad, el precepto concreto de la norma que se considere infringido. c) No es procedente fundar el recurso en un conjunto heterogéneo e indiscriminado de normas. (No es tarea de la Sala sustituir a los recurrentes en su labor de precisar tanto la norma infringida como el porqué lo ha sido. d) Evitar citar como infringidos los preceptos haciendo uso de expresiones como: “y demás aplicables”, “y siguientes” o “concordantes”, sin indicar cuáles son. e) No puede citarse como infringida toda una ley, sino que deben citarse artículos determinados y aún párrafos concretos. f) Deberá razonarse con la extensión que se estime necesaria la pertenencia y la fundamentación del motivo, explicando en qué consistió la infracción y de qué modo afectó a la decisión de la cuestión o cuestiones objeto del proceso. No se estimará la procedencia si el recurrente se limita a transcribir, sin más, el texto de cada precepto, sin razonar por tanto, debidamente el porqué la sentencia recurrida los ha infringido. g) El recurrente tiene que partir de que asume los hechos declarados probados en la sentencia recurrida, sin que pueda hacer cuestión de ellos. Con mayor razón si se tiene en cuenta que todo lo relativo a la carga o valoración de la prueba no puede aducirse por el recurso de casación conforme lo dispone el artículo 720.1 del Código Procesal Civil, sino únicamente por el motivo de infracción procesal, contenido en el artículo 719.1 literal c) del Código Procesal Civil en relación con el artículo 720.2 del mismo Código. h) No pueden plantearse cuestiones nuevas, aunque la Sala si podrá atender a las cuestiones de orden público (aportación extemporánea de hechos).”

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACION

La Infrascrita Receptora Adscrita a la Sala de lo Civil de la Corte Suprema de Justicia, Certifica el Auto que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los treinta y un días del mes de octubre del año dos mil diecisiete, la Sala de lo Civil integrada por los Magistrados: WILFREDO MENDEZ ROMERO como Coordinador, RINA AUXILIADORA ALVARADO MORENO designada ponente para el conocimiento y redacción de la presente resolución y REYNALDO ANTONIO HERNANDEZ, en la fecha supra indicada dictan el siguiente AUTO: SON PARTES: El SINDICATO DE TRABAJADORES DE LA EMPRESA NACIONAL PORTUARIA (SITRAENP), representado en juicio por el abogado ERICK TERCERO FERNANDEZ como recurrente; siendo recurrida la empresa mercantil denominada 4DA INMOBILIARIA S. de R.L. de C.V., representada en juicio por el abogado VICTOR GUILLERMO PERELLO PARANKY. OBJETO DEL PROCESO: “DEMANDA PARA EL PAGO DE DAÑOS E INDEMNIZACION DE PERJUICIOS POR INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO GENERAL DE CONSTRUCCION DE UN PROYECTO HABITACIONAL”, promovida en fecha treinta de septiembre de año dos mil catorce, ante el Juzgado de Letras Seccional de Puerto Cortés, Departamento de Cortés, por el abogado VICTOR GUILLERMO PERELLO PARANKY, actuando en su condición de representante procesal de la empresa mercantil 4DA INMOBILIARIA S. de R. L. de C.V., contra el SINDICATO DE TRABAJADORES DE LA EMPRESA NACIONAL PORTUARIA (SITRAENP) a través de su representante legal el señor FELIPE AGUILAR CALIX, mayor de edad, hondureño y con domicilio en Puerto Cortés, Departamento de Cortés. I. ANTECEDENTES DE HECHO PRIMERO: Con fecha nueve de diciembre de dos mil quince, la Corte de Apelaciones Civil de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, conociendo por vía de apelación de la sentencia definitiva de fecha veintiuno de septiembre de dos mil quince, dictada por el Juzgado de Letras de la Sección Judicial de la Ciudad de Puerto Cortés, Departamento de Cortés, en el juicio de mérito, dictó sentencia CONFIRMANDO la dictada por el A-quo, misma que falló de la siguiente manera: “FALLA: PRIMERO: DECLARANDO SIN LUGAR la Excepción Perentoria de Prescripción formulada por el abogado MARIO ALBERTO PRIETO RODRÍGUEZ, en su condición de apoderado judicial del SINDICATO DE TRABAJADORES DE LA EMPRESA NACIONAL PORTUARIA (SITRAENP), representado legalmente por el señor FELIPE AGUILAR CÁLIX, en virtud de ser inaplicable el plazo de prescripción invocado, a la pretensión deducida en la demanda. SEGUNDO: DECLARANDO CON LUGAR la Demanda de pago de daños e indemnización de perjuicios por incumplimiento de un contrato general de construcción de un proyecto habitacional, en aplicación de cláusula penal contractual mediante los trámites del proceso ordinario, promovida por el abogado VICTOR GUILLERMO PERELLO PARANKY, en su condición de apoderado legal de la empresa mercantil 4DA INMOBILIARIA S, DE R.L. DE C.V., representada por LEONARDO ALBERTO SOLÓRZANO LÓPEZ, contra el SINDICATO DE TRABAJADORES DE LA EMPRESA NACIONAL PORTUARIA (SITRAENP), representado legalmente por el señor FELIPE AGUILAR CÁLIX, ambos de generales descritas en el preámbulo de esta sentencia, en virtud de resultar injustificada la anulación del contrato general de construcción del proyecto residencial denominado SITRAENP #2 celebrado en fecha 10 de diciembre del 2009, entre la empresa mercantil 4DA INMOBILIARIA S, DE R. L. DE C.V. y el SINDICATO DE TRABAJADORES DE LA EMPRESA NACIONAL PORTUARIA (SITRAENP). TERCERO: CONDENA al SINDICATO DE TRABAJADORES DE LA EMPRESA NACIONAL PORTUARIA (SITRAENP), representada legalmente por el señor FELIPE AGUILAR CÁLIX, al pago de la cantidad de SIETE MILLONES CIENTO NOVENTA MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON TREINTA Y SEIS CENTAVOS (L. 7,190,469.36), equivalente al 30% de valor de la orden de trabajo vigente al momento de la notificación de la terminación injustificada por anulación del contrato celebrado entre la empresa mercantil 4DA INMOBILIARIA S, DE R. L. DE C.V. y el SINDICATO DE TRABAJADORES DE LA EMPRESA NACIONAL PORTUARIA (SITRAENP), como indemnización establecida como cláusula penal en la CLAUSULA VIGÉSIMO SEGUNDA del contrato suscrito en fecha 10 de diciembre del 2009. CUATRO: CONDENA al SINDICATO DE TRABAJADORES DE LA EMPRESA NACIONAL PORTUARIA (SITRAENP), representado legalmente por el señor FELIPE AGUILAR CÁLIX, a indemnizar a la empresa mercantil 4DA INMOBILIARIA S, DE R.L. DE C.V., representada por LEONARDO ALBERTO SOLÓRZANO LÓPEZ, los daños y perjuicios causados por la mora en el pago de la indemnización que procede en aplicación de la cláusula penal del contrato, los que consistirán en el pago del interés legal sobre el monto de deuda, calculado a partir de la presentación de la demanda. QUINTO: CONDENA al SINDICATO DE TRABAJADORES DE LA EMPRESA NACIONAL PORTUARIA (SITRAENP), representado legalmente por el señor FELIPE AGUILAR CÁLIX, al pago de las costas del juicio, por haber sido desestimadas todas sus pretensiones. Y MANDA: Que se notifique esta sentencia a las partes haciéndoles saber que contra la misma procede interponerse el recurso de apelación, en el plazo de diez (10) días a partir del acto de comunicación respetivo, de conformidad con los Artículos 654, 690, 706, 707 y 709 del Código Procesal Civil. Que si dentro del término legal no se interpone recurso alguno, quede firme este fallo y se ejecute por este Juzgado.- ASI POR ESTA MI SENTENCIA LO FALLO, FIRMO Y SELLO ANTE LA SECRETARIA ADJUNTA DEL DESPACHO QUE DA FE.” SEGUNDO: El abogado MARIO ALBERTO PRIETO RODRIGUEZ, en su condición de representante procesal del SINDICATO DE TRABAJADORES DE LA EMPRESA NACIONAL PORTUARIA (SITRAENP), en fecha veinte de enero de dos mil dieciséis, presentó escrito de interposición y formalización del recurso de casación contra la sentencia de fecha nueve de diciembre de dos mil quince, dictada por la Corte de Apelaciones Civil de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, resolviendo el Ad-quem, mediante proveído de fecha veinte de enero de dos mil dieciséis, tener por interpuesto y formalizado el recurso de casación por parte del Recurrente y acordó conceder a la parte contraria el plazo diez días hábiles para que se pronunciara sobre el contenido del escrito, debiendo entregársele copia del mismo. TERCERO: El representante procesal de la empresa mercantil 4DA INMOBILIARIA S. de R. L. de C.V., abogado VICTOR GUILLERMO PERELLO PARANKY, presentó en fecha uno de febrero de dos mil dieciséis, escrito de pronunciamiento sobre el contenido del recurso de casación interpuesto y formalizado por la contraparte, resolviendo la Corte de Apelaciones Civil de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, tener por pronunciado al recurrido, ordenando remitir las presentes diligencias a la Honorable Corte Suprema de Justicia en el plazo que manda la ley, para proseguir con el trámite correspondiente. CUARTO: Recibidas las actuaciones en éste Tribunal, el abogado MARIO ALBERTO PRIETO RODRIGUEZ en su condición ya indicada, presentó escrito de personamiento en fecha cinco de febrero de dos mil dieciséis, resolviendo este Tribunal, mediante proveído de fecha quince de marzo de dos mil dieciséis, tener por personado al abogado MARIO ALBERTO PRIETO RODRIGUEZ, como recurrente y por precluído el plazo concedido al recurrido, abogado VICTOR GUILLERMO PERELLO PARANKY. QUINTO: Que la parte recurrente plantea su recurso de casación contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones Civil de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, de la siguiente manera: “SE EXPRESAN LOS MOTIVOS DEL RECURSO DE CASACION.- “PRIMER MOTIVO DE CASACION”: Se impugna la forma y contenido de la sentencia emitida por la Honorable Corte de Apelaciones de lo Civil, de la ciudad de San Pedro Sula, por la falta de aplicación del artículo 207 numeral 1) del código procesal civil, relacionado con el artículo 228 de la misma norma jurídica; PRECEPTO AUTORIZANTE: el motivo de casación se encuentra autorizado y comprendido en el artículo 719 numeral 1) letra c) del Código Procesal Civil.- El artículo 208 del Código Procesal Civil, determina que las sentencias deben de ser congruentes con las demandas y con las demás pretensiones de las partes, es evidente que el fallo, emitido por la Corte de Apelaciones de lo civil de la ciudad de San Pedro Sula de fecha 9 de diciembre del año 2015 no es congruente con el análisis correcto del juicio, sustentado en el material probatorio que se aportó y la correcta lectura y análisis que se debió de hacer del contrato suscrito entre los representantes legales de las partes demandante y demandada, asimismo, la Honorable Corte de Apelaciones, invoca en la sentencia, los artículos 1357, que se refiere a que podrá pedir el acreedor, junto con la indemnización la mora, 1576 que se refiere a que los contratos se aplicarán en base al sentido literal de sus cláusulas, además invocando la cláusula octava del contrato suscrito entre los representantes de la parte demandante y demandada, en lo atinente a la obligación del SITRAENP, en buscar financiamiento para la ejecución del proyecto y que en el contrato no existe exclusividad en cuanto a una institución financiera, y que por lo tanto existió negligencia del SITRAENP, al no gestionar la ejecución del proyecto en otras instituciones financieras, TAL CRITERIO ES INCORRECTO, los artículos aludidos y cláusula del contrato, que Interpretó y aplicó la Honorable Corte de Apelaciones en las que basa la sentencia las aplica en forma TOTALMENTE ERRADA, LO QUE FACILMENTE SE ACREDITA AL REVISAR EL CONTRATO FIRMADO ENTRE LA DEMANDANTE LA EMPRESA 4DA INMOBILIARIA S. DE R.L. DE C.V. Y LA DEMANDADA EL SINDICATO DE TRABAJADORES DE LA EMPRESA NACIONAL PORTUARIA OLVIDANDOSE ESA HONORABLE CORTE DE APELACIONES DE LO CIVIL, DE ANALIZAR Y EVALUAR OBJETIVAMENTE LA PRUEBA CONTUNDENTE QUE OBRA EN JUICIO, QUE LE CONCEDE TOTALMENTE LA RAZON A LA PARTE DEMANDADA, YA QUE LA ANULACION DEL CONTRATO DE CONSTRUCCION, SUSCRITO ENTRE LA DEMANDANTE Y LA DEMANDADA SENCILLAMENTE ESTA PACTADA EN DICHO CONTRATO DE CONSTRUCCION, POR LO QUE LA ANULACION DEL CONTRATO DE CONSTRUCCION “ES LICITA” TENIENDO COMO UNICA CAUSAL: CUANDO FALTE EL FINANCIAMIENTO PARA LA CONSTRUCCION DEL PROYECTO RESIDENCIAL SITRAENP #2, VER CLAUSULA NUMERO VIGESIMO PRIMERA, EN FOLIOS DEL 50 AL 57, EXISTIENDO EN EL JUICIO PRUEBAS DOCUMENTALES QUE ACREDITAN LA NEGATIVA DE FINANCIAMIENTO, PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO HÁBITACIONAL, VER FOLIOS 47,74 Y 124, de la primera pieza de autos, lo que determina que el fallo de segunda instancia, no es correcto ni legal, por lo que debe ser DECLARADA CON LUGAR LA CASACION EN APLICACIÓN DEL CONTRATO Y LAS LEYES APLICABLES ESPECIALMENTE EL ARTICULO 1340 DEL CODIGO CIVIL, basta observar las notas de fechas 3 de mayo del año 2010, remitida por el ING. ENRIQUE LOPEZ AGUILAR, GERENTE GENERAL DEL REGIMEN DE APORTACIONES PRIVADAS (RAP), para el GERENTE GENERAL DEL BANCO DE LOS TRABAJADORES, GUSTAVO ZELAYA, VER FOLIO 74, en la que indica que el financiamiento de VEINTICUATRO MILLONES DE LEMPIRAS, para el desarrollo del proyecto residencial SITRAENP # 2 NO PROCEDE, por las razones siguientes: 1) el proyecto es cerrado, orientado a satisfacer las necesidades de los agremiados al SITRAENP, y de acuerdo a sus ingresos promedios, estos no cuentan con la suficiente capacidad de pago para adquirir el tipo de viviendas que se pretenden construir, (lo descrito es sencillo, si no existe capacidad de pago de los trabajadores, aclaro: (NINGUNA INSTITUCION EN HONDURAS, DARA NI DARIA FINANCIAMIENTO PARA UN PROYECTO HABITACIONAL, QUE NO SE PODRA PAGAR POR LA PARTE DEUDORA, QUE SOLICITA EL CREDITO, POR LO VISTO LA HONORABLE CORTE DE CASO DE NO APROBARSE EL FINANCIAMIENTO BANCARIO REQUERIDO PARA LA REALIZACION DEL PROYECTO”, por lo visto para la Corte de Apelaciones de Civil, la cláusula aludida, no se aplica aunque esté pactada contractualmente, hecho INAUDITO E INEXPLICABLE, recuerdo que el artículo 724 del Código Civil, indica que la BUENA FE SE PRESUME, y el articulo 1546 del Código Civil, determina que los contratos deben de ejecutarse de buena fe y por consiguiente obligan no solo a lo que en ellos se expresa, sino a todas las cosas que emanan precisamente de la naturaleza de la obligación, o que por ley o la costumbre pertenecen a ella; la Honorable Corte de Apelaciones de lo Civil, aplica ARBITRARIAMENTE la CLAUSULA VIGESIMO PRIMERA DEL CONTRATO, en el entendido que la misma no especifica ante que institución se gestionara el financiamiento y que la cláusula referida no indica que será ante el Banco de los Trabajadores o en forma exclusiva con una institución financiera, aclaro: que en este caso se OLVIDA QUE EL BANCO DE LOS TRABAJADORES, ES UNA INSTITUCION FINANCIERA, POR LO QUE ES LEGAL Y CORRECTO QUE MI REPRESENTADO HAYA ACUDIDO ANTE TAL BANCO, A SOLICITAR EL FINANCIAMIENTO, BANCO QUE NO CONCEDIO EL PRESTAMO, PORQUE EL REGIMEN DE APORTACIONES PRIVADAS (RAP) NEGO EL PRESTAMO Y OLVIDA QUE LA CLAUSULA VIGESIMO PRIMERA DEL CONTRATO; FACULTA AL SINDICATO DE TRABAJADORES DE LA EMPRESA NACIONAL PORTUARIA, A ANULAR EL CONTRATO POR FALTA DE FINANCIAMIENTO, TAL CLAUSULA ESTABA VIGENTE AL MOMENTO DE SU APLICACION, además el gran argumento para declarar sin lugar la apelación es que mi representado el SINDICATO DE TRABAJADORES DE LA EMPRESA NACIONAL PORTUARIA, en base a la cláusula OCTAVA del contrato, donde la Corte de Apelaciones indica que debió de buscar financiamiento en otras, instituciones de crédito, cuando lo escrito en la CLAUSULA OCTAVA DEL CONTRATO INDICA: EL CONTRATANTE POR SU PARTE SERA EL RESPONSABLE DE LOS TRAMITES FINANCIEROS, lo que mi representado indudablemente cumplió, desconociendo el fallo referido de segunda instancia de que EXISTE EN EL JUICIO PRUEBA DE RECONOCIMIENTO JUDICIAL, EN LA QUE SE PROBO QUE EL SINDICATO DE TRABAJADORES DE LA EMPRESA NACIONAL PORTUARIA, SI GESTIONO FINANCIAMIENTO CON DOS INSTITUCIONES FINANCIERAS, CON: A) EL BANCO DE LOS TRABAJADORES Y, B) CON EL PLAN DE VIVIENDA DE LA EMPRESA NACIONAL PORTUARIA, ESTE ULTIMO FINANCIA PROYECTOS HABITACIONES, EL QUE NO DIO RESPUESTA A LA SOLICITUD DE CREDITO, HECHA POR EL SITRAENP, HECHO POSTERIOR A LA RESPUESTA NEGATIVA DE NO FINANCIAR EL PROYECTO HABITACIONAL EFECTUADA POR EL BANCO DE LOS TRABAJADORES, VER PRUEBA EXISTENTE EN EL FOLIO VER FOLIO 119, en reconocimiento judicial realizado, por lo tanto el argumento de la sentencia de segunda instancia, de que hubo negligencia de mi representada al no gestionar el financiamiento en otras instituciones, NO ES VERDADERO Y ADEMAS EL CONTRATO EN LA CLAUSULA OCTAVA, ES FALSO QUE INDIQUE LO QUE DETERMINA LA SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA, (BUSCAR FINANCIAMIENTO EN INSTITUCIONES DE CREDITO COMO ERRADAMENTE LO INDICA LA SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA Y LA PRUEBA DE QUE MI REPRESENTADA SI BUSCO FINANCIAMIENTO SON LAS NOTAS DEL BANCO DE LOS TRABAJADORES DONDE CONSTA QUE NO SE CONCEDE EL FINANCIAMIENTO PARA EJECUTAR EL PROYECTO HABITACIONAL Y ADEMAS LA SOLICITUD DE FINANCIAMIENTO AL PLAN DE VIVIENDA DE LA EMPRESA NACIONAL PORTUARIA.- Asimismo la sentencia referida en el numeral SEGUNDO, declara sin valor la excepción perentoria de prescripción, que mi representada presentó en tiempo y forma, invocando la sentencia de segunda- instancia en que la misma, no se subsume a ninguno de los numerales del artículo 2295 del Código Civil, sin dar la sentencia ninguna explicación, LO QUE CONSIDERO ILEGAL, por las razones siguientes: Se debe de declarar con lugar la EXCEPCION PERENTORIA DE PRESCRIPCION, la que se sustenta en que la demandante recibió la notificación escrita por parte del SINDICATO DE TRABAJADORES DE LA EMPRESA NACIONAL PORTUARIA, recibida por la demandante 4DA INMOBILIARIA S. DE R. L. DE C V en fecha 20 de mayo del año 2010, VER FOLIOS 48 Y 49. en la que se determina por parte del SINDICATO DE TRABAJADORES DE LA EMPRESA NACIONAL PORTUARIA, LA ANULACION DEL CONTRATO GENERAL DE CONSTRUCCION PROYECTO RESIDENCIAL SITRAENP #2. Por falta de financiamiento para la construcción del proyecto habitacional, desde esa fecha hasta la fecha de presentación de la demanda 29 de septiembre del año 2014 transcurrieron CUATRO AÑOS CUATRO MESES, por lo que en aplicación del articulo 2295 numeral 2 del Código Civil, la parte demandante tenía únicamente el plazo de DOS AÑOS PARA ENTABLAR LA DEMANDA. Ya que el plazo para reclamar por parte de la demandada, esta determinado en DIAS, basta ver en el contrato de construcción, suscrito entre los representantes legales de las partes, demandante y demandada, ver cláusula número VIGESIMO TERCERA la que determina un plazo en días, de treinta días calendario para reclamar, ver folio 57. por lo tanto reitero existe una indubitable PRESCRIPCION, la que se declaró no ha lugar en la sentencia apelada, por considerar el Juez de Primera Instancia de que es inaplicable el plazo de prescripción invocado, CRITERIO ERRADO, en vista de que el articulo 2295 numeral 2 del Código Civil determina: POR EL TRANSCURSO DE DOS AÑOS PRESCRIBEN LAS ACCIONES PARA EXIGIR EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES SIGUIENTES: 1).......2) “LA DE CUALQUIERA OTROS PAGOS QUE DEBAN HACERSE POR AÑOS O EN PLAZOS MAS BREVES”.- Lo descrito, aplica al presente caso, ya que el numeral 2 del artículo 2295 del Código Civil, referido indica cualquier otros pasos, concepto que es abarcativo y no limitativo, el demandante basa su demanda en la cláusula VIGESIMO TERCERA, del contrato de construcción, la que indica que el pago que reclama la demandante, en caso de terminación injustificada de contrato, debe de pagarse un 30% de la orden de trabajo, en UN PLAZO DE 30 DIAS CALENDARIO, COMO FACILMENTE SE LEE, LA PRESCRIPCION INDICADA EN EL ARTICULO QUE ANTECEDE TIENE DOS CONDICIONES, LA PRIMERA: QUE SE REFIERE A LA DE SATISFACER EL PRECIO DE LOS ARRIENDOS, SEAN ESTOS DE FINCAS RUSTICAS O DE FINCAS URBANAS; Y LA SEGUNDA CAUSAL DE PRESCRIPCION ES: “QUE SE REFIERA A CUALEQUIERA OTROS PAGOS QUE DEBAN HACERSE POR AÑOS O EN PLAZOS MAS BREVES”, aclaro que el numeral 2 referido no se refiere a arriendos de fincas rusticas o urbanas, es otro numeral independiente del número 1), POR LO TANTO. EL NUMERAL 2 DEL ARTICULO 2295 DEL CODIGO CIVIL, APLICA AL PRESENTE CASO, ya que a partir de la fecha de la notificación recibida por la demandante de la anulación del contrato, tenía la demandante un PLAZO DE DOS AÑOS PARA DEMANDAR, PERO LO HIZO LA DEMANDANTE CUÁTRO AÑOS CUATRO MESES DESPUES DE LA NOTIFICACION DE LA ANULACION DEL CONTRATO, LA NOTIFICACION LA RECIBIO LA DEMANDANTE en fecha 20 de mayo del año 2010, VER FOLIO 48 Y 49, y presentó la demanda el 29 de septiembre del año 2014, POR LO TANTO INDUBITABLEMENTE HAY PRESCRIPCION, ACLARO QUE MI REPRESENTADA ANULO EL CONTRATO DE CONSTRUCCION CON LA DEMANDANTE, EN FORMA TOTALMENTE JUSTIFICADA POR FALTA DE FINANCIAMIENTO, VER CLAUSULA VIGESIMO PRIMERA DEL CONTRATO GENERAL DE CONSTRUCCION, LO DESCRITO DETERMINA Y PERMITE CONCLUIR HONORABLE CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, QUE PROCEDE CASAR EL PRESENTE RECURSO Y DECLARAR CON LUGAR LA EXCEPCION PERENTORIA DE PRESCRIPCION.- PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA CELEBRACION DE AUDIENCIA: En cumplimiento con lo que determina el artículo 721 numeral 3 del Código Procesal Civil, me pronuncio en el sentido de que si es necesaria la realización de la audiencia, para que se emita un fallo apegado a derecho”. II. FUNDAMENTOS DE DERECHO 1. Esta Sala de lo Civil, viene reiterando la Naturaleza y función del recurso de casación, así pues, el recurso de casación tiene una función nomofiláctica, en virtud de lo cual el artículo 716 del Código Procesal Civil dispone dos fines expresos, el primero de ellos, es la protección de las normas del ordenamiento jurídico, y esto se hace, procurando y promoviendo la más adecuada aplicación e interpretación del derecho objetivo. El segundo fin es la unificación de la jurisprudencia nacional. Por su parte el numeral dos del artículo precitado, conmina a este alto tribunal a que aplique e interprete las normas referidas al recurso de casación atendiendo a la finalidad de unificación de la jurisprudencia, esto como instrumento de garantía de la igualdad de todos ante la ley, y de la seguridad y certidumbre jurídicas. (Ver resoluciones de fechas 13-12-2013 ex 236-2012, 18-03-2014 ex 003-2013 y 06-05-2014 ex 135-2013). 2. De conformidad con el artículo 719 del Código Procesal Civil, se podrá impugnar la aplicación e interpretación de las normas procesales, así como la aplicación e interpretación de las normas de derecho empleadas para la solución de fondo del litigio, y de conformidad con el artículo 721 del mismo Código, el recurso de casación se interpondrá por escrito ante la Corte de Apelaciones que hubiere dictado la sentencia dentro de los veinte días siguientes al de la notificación. En ese escrito se harán constar los motivos en que la casación se base, con expresión de las normas de derecho cuya infracción sustente cada motivo. Todo ello se deberá fundar con la suficiente separación y claridad, precisando y justificando la incidencia de la infracción en el sentido de la resolución impugnada, también se hará constar si el recurrente estima necesario la celebración de la audiencia. 3. Con los requisitos formales establecidos en el artículo 721 del Código Procesal Civil queda reconocido el denominado principio de “Debida Técnica”, que constituye los mínimos requerimientos que debe contener la demanda de casación a efectos de ser tenida como un verdadero juicio técnico de impugnación, valorativo y preciso. 4. DEL RECURSO DE CASACION INTERPUESTO POR EL ABOGADO MARIO ALBERTO PRIETO RODRIGUEZ EN SU PRIMER MOTIVO (UNICO MOTIVO).

El recurrente expresa que el motivo de casación se encuentra autorizado y comprendido en el artículo 719 numeral 1) letra c) del Código Procesal Civil que establece que se podrá impugnar la aplicación e interpretación de las normas procesales que regulan la forma y contenido de la sentencia. El impetrante no menciona expresamente que normas son las infringidas pero si inicia su alegato exponiendo que el artículo 208 del citado Código determina que las sentencias deben ser congruentes con las demandas y con las demás pretensiones de las partes, siendo evidente que el fallo recurrido no es congruente con el análisis correcto del juicio sustentado en el material probatorio; arguye que la Corte de Apelaciones invoca en la sentencia los artículos 1357 y 1576 del Código Civil, concluyendo el casacionista que los artículos aludidos del Código Civil en los que el Tribunal de Apelaciones basa su sentencia son aplicados en forma totalmente errada, lo que se acredita al revisar el contrato firmado por las partes, olvidándose la Corte de Apelaciones de analizar y evaluar objetivamente la prueba que obra en juicio. Respuesta de la Sala de lo Civil. En opinión de este Tribunal, la congruencia de la sentencia tiene que ver con la correspondencia que debe existir entre lo pedido por las partes y lo resuelto en la misma, sin embargo el recurrente confunde esta acepción al pretender equiparar la congruencia a la relación existente entre el análisis del juzgador con la prueba evacuada; si el censor considera que el análisis probatorio no es el correcto, eso no es falta de congruencia de la sentencia, pues esta habrá que buscarla únicamente entre lo demandado y demás pretensiones de las partes, con lo resuelto en la misma, el acertado o errado análisis de juicio sustentado en la prueba, debe impugnarse mediante el control de la motivación fáctica que el impetrante ha de solicitar conforme el artículo 720.2 del Código Procesal Civil, para examinar suficiencia, racionalidad y carácter lógico del fallo, siempre que sea determinante de un sentido diferente del fallo y que en el caso de autos no ha interesado el censor, igualmente resulta improcedente e incongruente que mediante una causal de casación de orden procesal se pretenda el examen de normas sustantivas que se acusan de aplicadas erróneamente, siendo notoria su falta de relación con la causal procesal invocada, sobre todo tomando en consideración que este examen tiene su propio cause conforme lo dispone el artículo 719.2 del mismo Código y por otra parte, el recurrente ha integrado a su escrito de interposición y formalización de casación alegatos que pretenden introducir la valoración probatoria contenida en la sentencia de instancia, lo que no está permitido mediante el recurso de casación, conforme lo dispone el artículo 720.1 del Código Procesal Civil, salvo la excepción del control fáctico que ya hemos referido, en consecuencia, concurre la causal de inadmisibilidad prevista en el artículo 723. 2. a) del Código Procesal Civil.

  1. Finalmente esta Sala de lo Civil desea recordar al impetrante que en la interposición y formulación del recurso de casación se deberá observar lo siguiente: a) Se expondrán en motivos y apartados separados cada una de las vulneraciones o infracciones que se denuncien como cometidas en la sentencia recurrida, sin que resulte admisible la enumeración global o indiscriminada de preceptos, ni en el planteamiento de cuestiones diversos en cada apartado que puedan generar confusión e imposibilidad de conocer con exactitud la concreta infracción de su alcance para poder juzgar sobre ello. Ello implica la necesidad de una exposición separada de cada una de las infracciones integrantes del motivo. Este requisito es inherente a la calidad y precisión en la formulación del recurso. b) Se deberá indicar en cada apartado, con toda claridad, el precepto concreto de la norma que se considere infringido. c) No es procedente fundar el recurso en un conjunto heterogéneo e indiscriminado de normas. (No es tarea de la Sala sustituir a los recurrentes en su labor de precisar tanto la norma infringida como el porqué lo ha sido. d) Evitar citar como infringidos los preceptos haciendo uso de expresiones como: “y demás aplicables”, “y siguientes” o “concordantes”, sin indicar cuáles son. e) No puede citarse como infringida toda una ley, sino que deben citarse artículos determinados y aún párrafos concretos. f) Deberá razonarse con la extensión que se estime necesaria la pertenencia y la fundamentación del motivo, explicando en qué consistió la infracción y de qué modo afectó a la decisión de la cuestión o cuestiones objeto del proceso. No se estimará la procedencia si el recurrente se limita a transcribir, sin más, el texto de cada precepto, sin razonar por tanto, debidamente el porqué la sentencia recurrida los ha infringido. g) El recurrente tiene que partir de que asume los hechos declarados probados en la sentencia recurrida, sin que pueda hacer cuestión de ellos. Con mayor razón si se tiene en cuenta que todo lo relativo a la carga o valoración de la prueba no puede aducirse por el recurso de casación conforme lo dispone el artículo 720.1 del Código Procesal Civil, sino únicamente por el motivo de infracción procesal, contenido en el artículo 719.1 literal c) del Código Procesal Civil en relación con el artículo 720.2 del mismo Código. h) No pueden plantearse cuestiones nuevas, aunque la Sala si podrá atender a las cuestiones de orden público (aportación extemporánea de hechos). III PARTE DISPOSITIVA Por lo antes expuesto la Sala de lo Civil de la Corte Suprema de Justicia, pronunciándose por unanimidad de votos e impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, en base a los fundamentos de derecho citados y haciendo aplicación de los Artículos 82, 303, 304, 313 numeral 5) y 316 de la Constitución de la República; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 115, 118 numeral 1), 129, 169, 170, 190, 191, 193 numeral 2, literal b), 197, 716, 717, 718, 719, 721, 722, 723.2 a), 724, del Código Procesal Civil; profiere el presente AUTO IRRECURRIBLE y DECLARA: 1) La inadmisión del recurso de casación en su único motivo interpuesto y formalizado por el abogado MARIO ALBERTO PRIETO RODRIGUEZ en la condición con que actúa. 2) Firme la sentencia recurrida dictada en fecha nueve de diciembre del año dos mil quince, por la Corte de Apelaciones Civil con sede en San Pedro Sula, Departamento de Cortés, en el expediente de apelación número 241-15 C.V. originado en los autos que conforman la primera pieza que se registra bajo el número 0506-892-14 del Juzgado de Letras Seccional de Puerto Cortés, Departamento de Cortés. 3) Condenar en costas a la parte recurrente. Y MANDA: Remitir las presentes actuaciones junto con la certificación de esta resolución al Tribunal de su procedencia, previa notificación de este auto a las partes personadas, por medio de sus apoderados legalmente constituidos en juicio. NOTIFIQUESE. FIRMAS Y SELLO. WILFREDO MENDEZ ROMERO. MAGISTRADO COORDINADOR. RINA AUXILIADORA ALVARADO MORENO. MAGISTRADA. REYNALDO ANTONIO HERNANDEZ. MAGISTRADO. FIRMA Y SELLO. BETTY JANETH PALMA O´CONNOR. RECEPTORA ADSCRITA”.

Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintiún días del mes de noviembre del año dos mil diecisiete; Certificación del auto de fecha treinta y un días del mes de octubre del año dos mil diecisiete, recaído en Recurso de Casación registrado bajo el No. S.C. 37=2016.

BETTY JANETH PALMA O’CONNOR

RECEPTORA ADSCRITA

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