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Sentencia CC-036-16 — Registro 8764

Resumen

En primera instancia se declaró sin lugar la demanda ordinaria de nulidad de un acuerdo municipal y de la escritura pública que lo contiene en venta en dominio pleno y de su inscripción registral. Se acompañan documentos costas daños y perjuicios poder. En segunda instancia se confirma.

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

… “1.2. RESPUESTA DE LA SALA DE LO CIVIL: El recurrente comparece con un escrito pretendiendo formalizar un recurso de casación en el cual entremezcla una serie de ideas, detalles y preceptos distantes a la técnica casacional, razón por la cual no es susceptible de admisibilidad el mismo por falta de claridad y precisión. Para la Sala de lo Civil resulta de gran importancia que el compareciente recuerde lo esencial de la casación: El recurso de casación se caracteriza por su función nomofiláctica, en virtud de lo cual el artículo 716 del Código Procesal Civil dispone dos fines expresos, el primero de ellos, es la protección de las normas del ordenamiento jurídico, y esto se hace, procurando y promoviendo la más adecuada aplicación e interpretación del derecho objetivo, el segundo fin es la unificación de la jurisprudencia nacional. Por su parte el numeral dos del artículo precitado, conmina a este alto tribunal a que aplique e interprete las normas referidas al recurso de casación atendiendo a la finalidad de unificación de la jurisprudencia, esto como instrumento de garantía de la igualdad de todos ante la ley, y de la seguridad y certidumbre jurídicas. La Sala de lo Civil identifica como thema decidendi o ámbito del recurso de casación únicamente a la vinculación que nace del motivo de casación formalizado por el censor y admitido por este tribunal. En consecuencia sólo podrá decidir en relación a los pronunciamientos recurridos, y por cuestión de derecho mediante el principio iura novit curiae, todo ello de conformidad a los artículos 701.1, 701.2 y 726.1 del Código Procesal Civil. Como consecuencia de lo anterior y al tenor de lo dispuesto en el artículo 726.1 del Código Procesal Civil, la Sala de lo Civil deberá confrontar el o los motivos denunciados contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones sentenciadora. La forma de introducción de la infracción puede ser de dos preceptos autorizantes, la primera por aplicación o interpretación de normas procesales, en la cual se determinan tres diferentes causales expuestas en el artículo 719.1 y la segunda por aplicación o interpretación de normas que deciden el fondo del asunto, tal como se desprende del numeral 2) del precitado articulo. El artículo 704 del Código Procesal Civil establece que: Sin perjuicio de las concretas exigencias que puedan regularse en este Código, los escritos de interposición de un recurso devolutivo deberán contener la fundamentación de lo pedido, con determinación en todo caso del perjuicio o agravio sufrido e identificación del vicio o error que lo causa. Asimismo, se identificará con total precisión el pronunciamiento o parte de él que se impugna. Esas concretas exigencias para el recurso devolutivo de casación las encontramos en el artículo 721.2 del mismo cuerpo legal. Todo lo anterior lo ha inobservado el recurrente al presentar su escrito las falencias siguientes: a) En cuanto a la denuncia de falta claridad, precisión y congruencia como requisitos internos de la sentencia el recurrente no desarrolla la supuesta infracción cometida en cada una de ellas por la corte sentenciadora, solo las enuncia; hay que recordar que las mismas son autónomas por lo tanto su infracción debe explicarse en motivos separados, con toda claridad y precisión, situación que omitió el recurrente. b) Otro punto en que erra el recurrente en el presente motivo es la indeterminación de norma infringida, ya que por un lado denuncia en el mismo motivo Falta de Aplicación interpretación de normas sustantivas, tales como 1497, 1499, 1507 del Código Civil en conjunto con Falta de Aplicación interpretación de normas procesales contenidas en los artículos 13; 245.1; 271.1.2; 273; 280 todos del Código Procesal Civil. Cada uno de ellas debe ir en motivo separado, con la mayor claridad y precisión posible del agravio sufrido en la sentencia por la aplicación o interpretación de cada una de ellas. c) También el recurrente inobserva lo establecido en el artículo 720.1 del Código Procesal Civil, ya que pretende que la Sala de lo Civil inste revisión de hechos y analice la valoración de prueba. 2. En vista de todo lo anterior se considera defectuosa la estructuración del Recurso de Casación sub-júdice, de los cuales esta Sala de lo Civil ya ampliamente se ha pronunciado, tipificándose dicho recurso en lo que establecen las causales de inadmisión previstas en el artículo 723.2.a) del Código Procesal Civil; en consecuencia, es procedente declarar su inadmisión, tener por firme la sentencia recurrida, condenar a costas al recurrente y ordenar la remisión de las actuaciones a la Corte de su procedencia.”

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACION

La Infrascrita Receptora Adscrita a la Sala de lo Civil de la Corte Suprema de Justicia, Certifica el Auto que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los treinta y un días del mes de octubre del año dos mil diecisiete, la Sala de lo Civil integrada por los Magistrados: WILFREDO MENDEZ ROMERO, como Coordinador, RINA AUXILIADORA ALVARADO MORENO y REYNALDO ANTONIO HERNÁNDEZ, designado ponente para el conocimiento y redacción de la presente resolución en la fecha supra indicada dictan el siguiente AUTO: SON PARTES: La señora PAULA MEDINA FUNEZ, representada en juicio por el abogado JOSE SANTOS ORTIZ CASTILLO, en su condición de recurrente; siendo recurridos la señora MARIA ISABEL GARCIA REDONDO, y la MUNICIPALIDAD DE JESUS DE OTORO, DEPARTAMENTO DE INTIBUCA, representados en juicio por los abogados CRISTOBAL ENRIQUE FIALLOS ORELLANA y KAREN MIRELY HERNANDEZ SALINAS respectivamente. OBJETO DEL PROCESO: “DEMANDA ORDINARIA DE NULIDAD DE UN ACUERDO MUNICIPAL Y DE LA ESCRITURA PUBLICA QUE LO CONTIENE EN VENTA EN DOMINIO PLENO Y DE SU INSCRIPCIÓN REGISTRAL”, promovida en fecha siete de enero del año dos mil nueve, ante el entonces Juzgado Primero de Letras del Departamento de Intibucá, por la señora PAULA MEDINA FUNEZ, mayor de edad, ama de casa y con domicilio en el Municipio de Jesús de Otoro, Intibucá, contra los señores MARIA ISABEL GARCIA REDONDO, mayor de edad, hondureña, comerciante y con domicilio en el Municipio de Intibucá, Intibucá, y OSCAR ANTONIO ORELLANA MEDINA, en su condición de Alcalde Municipal, mayor de edad, casado, doctor, hondureño y con domicilio en el Municipio de Jesús de Otoro, Departamento de Intibucá. I. ANTECEDENTES DE HECHO PRIMERO: Con fecha uno de octubre del año dos mil quince, la Corte de Apelaciones de la Sección Judicial de Comayagua, Departamento de Comayagua, conociendo por vía de apelación de la sentencia definitiva de fecha veinticinco de marzo del año dos mil catorce, dictada por el Juzgado Primero de Letras del Departamento de Intibucá, en el juicio de mérito, dictó sentencia CONFIRMANDO la del A-quo, misma que fallo de la siguiente manera: “FALLA: PRIMERO: DECLARANDO SIN LUGAR LA DEMANDA ORDINARIA DE NULIDAD DE UN ACUERDO MUNICIPAL Y DE LA ESCRITURA PUBLICA QUE LO CONTIENE EN VENTA EN DOMINIO PLENO Y DE SU INSCRIPCION REGISTRAL. SE ACOMPAÑAN DOCUMENTOS COSTAS DAÑOS Y PERJUCIOS PODER.- Promovida por la señora: PAULA MEDINA FUNEZ, representada por su apoderado legal abogado JOSE SANTOS ORTIZ CASTILLO, contra la señora MARIA ISABEL GARCIA REDONDO Y LA MUNICIPALIDAD DE JESUS DE OTORO DEPARTAMENTO DE INTIBUCA a través de su representante legal, el alcalde Municipal de esa demarcación. SEGUNDO: ABSOLVIENDO de toda responsabilidad civil a la demandada MARIA ISABEL GARCIA REDONDO y a la demandada MUNICIPALIDAD DE JESUS DE OTORO, DEPARTAMENTO DE INTIBUCA. MANDA: Que firme la presente resolución, de no interponerse recurso alguno, que la Secretaria del despacho archive las diligencias de merito.- CON COSTAS (Art 219.1 Código Procesal Civil).- Redacto: Juez Titular Abogada Lissien Lisseth Knight Reyes.” SEGUNDO: El representante procesal de la señora PAULA MEDINA FUNEZ, abogado JOSE SANTOS ORTIZ CASTILLO, presentó en fecha nueve de noviembre del año dos mil quince, escrito de interposición y formalización del recurso de casación contra la sentencia de fecha uno de octubre del año dos mil quince, dictada por la Corte de Apelaciones de la Sección Judicial de Comayagua, Departamento de Comayagua, resolviendo el Ad-quem, mediante proveído de fecha dieciséis de noviembre del año dos mil quince, tener por interpuesto y formalizado el recurso de casación por parte del Recurrente y acordó conceder a la parte contraria el plazo de diez días hábiles para que se pronunciara sobre el contenido del escrito, debiendo entregársele copia del mismo. TERCERO: El representante procesal de la señora MARIA ISABEL GARCÍA REDONDO, abogado CRISTOBAL ENRIQUE FIALLOS ORELLANA, presentó en fecha uno de diciembre del año dos mil quince, escrito de pronunciamiento sobre el contenido del recurso de casación interpuesto y formalizado por la contraparte, resolviendo la Corte de Apelaciones de la Sección Judicial de Comayagua, Departamento de Comayagua. CUARTO: La representante procesal de la MUNICIPALIDAD DE JESÚS DE OTORO, DEPARTAMENTO DE INTIBUCA, abogada KAREN MIRELY HERNÁNDEZ SALINAS, presentó en fecha uno de diciembre del año dos mil quince, escrito de pronunciamiento sobre el contenido del recurso de casación interpuesto y formalizado por la contraparte, resolviendo la Corte de Apelaciones de la Sección Judicial de Comayagua, Departamento de Comayagua, remitir las presentes diligencias a la Honorable Corte Suprema de Justicia en el término que manda la ley, para proseguir con el trámite correspondiente. QUINTO: Recibidas las actuaciones en éste Tribunal, los abogados KAREN MIRELY HERNÁNDEZ SALINAS, CRISTÓBAL ENRIQUE FIALLOS ORELLANA y JOSE SANTOS ORTIZ CASTILLO, en sus condiciones ya indicadas, presentaron escritos de personamiento en fechas veintiséis y veintiocho de enero del año dos mil dieciséis, y una vez visto el informe rendido por la Secretaría del Despacho, este Tribunal, mediante proveído de fecha quince de marzo del año dos mil dieciséis, los tuvo por personados dentro del plazo concedido. SEXTO: Que el abogado JOSE SANTOS ORTIZ CASTILLO, plantea su recurso de casación contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de la Sección Judicial de Comayagua, Departamento de Comayagua de la siguiente manera: “PRIMER MOTIVO. Este motivo de casación está contemplado en el artículo 719 numeral 1 letra b) del Código Procesal Civil, que posibilita como licito el impugnar la aplicación e interpretación de las normas procesales que regulan los actos y garantías procesales cuando su infracción, en casos como el presente, supone la nulidad o produce indefensión. EXPRESION DE LA NORMA DE DERECHO CUYA INFRACCION SUSTENTA EL MOTIVO. Normas jurídicas violadas en la sentencia del uno de Octubre del 2015. a) los artículos 1497 del Código Civil que dispone: son documentos públicos los autorizados por un notario o empleado público competente, con las solemnidades requeridas por la ley, así como el artículo 1499 del Código Civil que dispone: los documentos Públicos hacen prueba, aun contra terceros, del hecho que motiva su otorgamiento y de la fecha de este, también harán prueba contra los contratantes y sus causahabientes en cuanto a las declaraciones que en ellos hubiesen hecho los primeros, así como el artículo 1507 del Código Civil que dispone: “Que el Instrumento privado, reconocido judicialmente por la parte a quien se opone, o que se a mandado a tener por reconocido en los casos y con los requisitos prevenidos por la ley, tiene el valor de escritura Publica respeto de los que aparecen o se reputan haberlos suscrito y de las personas a quienes se han transferido las obligaciones y derechos de estos”. b) El artículo 13 deI Código Procesal Civil establece: “El juez ha de valorar la prueba de manera precisa y razonada en la sentencia atendiendo siempre las reglas de la sana critica, del conocimiento humano, criterio humano y razonamiento lógico, salvo que este código u otra ley establezca una valoración concreta del resultado probatorio obtenido” c) el artículo 245 numeral 1 del Código Procesal Civil dispone “La valoración de la prueba en el proceso civil por el tribunal excluirá en todo caso la arbitrariedad, siendo motivada de manera precisa y razonada en sentencia, atendiendo siempre las reglas de la sana critica, del conocimiento y criterio humano, así como de acuerdo a las normas que rigen el razonamiento lógico, salvo que este código u otra ley establezca una valoración legal de manera Expresa e inequívoca”. d) El articulo 271 numerales 2, y 3 del Código Procesal Civil, que dispone que Son documentos públicos expedido por autoridades1)…2, los otorgados ante o por notario, según la ley de la materia, 3) Los otorgados ante funcionario o empelado publico legalmente facultados para dar fe en ejercicio de sus atribuciones. y el artículo 273 del mismo Código Procesal Civil que dispone a regular la fuerza probatorio de los documentos públicos especialmente en su numeral es 1 y dos, en cuanto a que “Los documentos públicos hacen prueba, aun contra tercero, del hecho, acto o estado de cosas que documenten y que motivo su otorgamiento, del lugar y de la fecha de este y de la identidad de los fedatarios y demás personas que en su caso intervengan en él”, así como “también harán prueba contra los contratantes y sus causahabientes, en cuanto a las declaraciones que en ellos hubiesen hecho los primeros”. e) el artículo 280 del Código Procesal Civil, que regula la fuerza probatoria de los documentos privados y especialmente en el numeral 1 dispone que “Los documentos privados harán prueba en el proceso Civil, en los términos previstos para los documentos públicos, cuando no sean impugnados por la parte a quien perjudique”. Se procede a señalar y puntualizar en que consistió la violación de las normas invocadas, por parte de la corte de Apelaciones. he invocado las normas de derecho relacionadas con el presente motivo de casación, especificando las que fueron violadas en la sentencia que hoy impugno ya que como reitero que los artículos antes citados del Código Civil y del Código Procesal Civil, Que le ordenaban a la Honorable Corte hoy Recurrida, apreciar en todo lo que vale el medio probatorio documental propuesto por ambas partes y toral a los efectos de la Litis, el cual es el documento privado de compra venta otorgado por el señor WALDEMAR FIALLOS a favor de mi representada la señora PAULA MEDINA FUNEZ el cual está debidamente autenticado por notario por ministerio de la ley en donde se estableció que el lote de terreno de y la casa de habitación se la vendió a la señora PAULA MEDINA FUNEZ.- Así como el testimonio de exhibición hecho a favor de mi representada escritura pública en donde se estableció que mi representada la señora PAULA MEDINA FUNEZ es dueña del lote de terreno y casa de habitación propiedad hoy en litigio. Y es por lo anterior que he arribado a la Conclusión que además de la regla de la sana critica, del conocimiento y criterio humano, y de la lógica jurídica que son las que se deben tener en cuenta por el Juzgador al momento de dictar sentencia, existen pruebas tasadas o tarifadas a las que los jueces devienen obligados a darles el valor que el ordenamiento civil adjetivo les Atribuye, tales pruebas consisten en los documentos o escrituras públicas y el título de dominio pleno otorgado por la corporación Municipal del Municipio de Jesús de Otoro Departamento de Intibucá a favor de la señora MARIA ISABEL GARCIA REDONDO parte demandada por mi representada., así como también el documento privado debidamente autenticada en el cual el señor WUALDEMAR FIALLOS le otorga el lote de terreno y casa de habitación a mi representada y que hoy es objeto del presente juicio, la corte sentenciadora le debió dar el crédito y valoración que como documentos públicos y documentos privados le corresponden a cada uno de los mismos, tanto más cuando se trata de documentos propuestos y aceptados como válidos por la propia parte demandada ya que los mismo no fueron impugnados por la parte demandante que es a quien perjudica solamente se dice téngase por evacuados los mismos. entonces censuramos la sentencia de fecha uno de Octubre del 2015, no solo en la falta de motivación fáctica, si no en la violación por parte de la Corte de Apelaciones Sección Judicial de Comayagua de las garantías procesales que atienden al rigor jueces de la mencionada prueba tasada o tarifada, violación perpetrada al haber dejado de valorar los documentos privados de compra venta, que otorgo el mismo difunto WALDEMAR FIALLOS a favor de mi representad PAULA MEDINA FUNEZ y que fueron estos documentos los que impulsaron a tramitar la oposición verbal a que no se diera dominós plenos.- En esto consistió la violación de las normas que hoy he invocado, por parte de la Corte de Apelaciones Sección Judicial del Departamento de Comayagua, es en no haber aplicado al caso concreto las Normas jurídicas ya en mención o en comento., ya que lo correcto Era de haber apreciado tal documentos públicos y privados conforme a la fuerza probatoria atribuida por la Ley a cada uno de dichos documentos. CONCEPTO DE LA INFRACCION. Toda sentencia honorable Corte, la premisa mayor es la demanda, la premisa menor es la contestación de la demanda y la conclusión es la sentencia, ultima esta que debe ser clara, precisa y congruente con las pretensiones deducidas por las partes, resolviendo todos los asuntos o puntos que hayan sido objeto de controversia.- pero si en caso como el presente, la Corte de Apelaciones Sección Judicial del Departamento de Comayagua, parte de una premisa falsa consistente en restarle el mérito a tales medios de prueba, es lógico que tenga que arribar como en efecto así lo hizo a una conclusión falsa como así lo es la Sentencia que hoy ataco.-es claro entonces que la honorable Corte de Apelaciones al infringir las normas citadas y relacionadas con la valoración de la prueba documental ya referida, se condujo a proferir una sentencia errada a favor de la parte demandada, contrariando el sustratum de los medios de prueba documentales.” SEPTIMO: Que el abogado CRISTOBAL ENRIQUE FIALLOS ORELLANA, plantea su pronunciamiento de respuesta sobre la formalización del recurso de casación de la siguiente manera: “PRIMERO: El fallo de fecha Uno de Octubre de 2015 dictada por la Corte de Apelaciones de Sección Judicial de Comayagua recaída en la Apelación presentada por el Abogado José Santos Ortiz Castillo, en la DEMANDA ORDINARIA DE NULIDAD ABSOLUTA DE UN TITULO EN DOMINIO PLENO que ha promovido en El Juzgado Primero de Letras Departamental de Intibucá, contra la Señora MARIA ISABEL GARCIA REDONDO, contra la Corporación Municipal de Jesús de Otoro, Intibucá; se encuentra totalmente ajustada a derecho pues se observaron correctamente todas las normas procedimentales establecidas en el Código de Procedimientos Civiles de 1906 y del Código Procesal Civil Vigente siendo además que las pruebas propuestas por la parte demandante no fueron evacuadas por culpa de la misma parte demandante. SEGUNDO: Con respeto a lo manifestado por la parte demandante donde manifiesta que el instrumento Privado fue reconocido judicialmente, es totalmente falso pues el referido instrumento nunca fue reconocido ni judicialmente ni por ninguna de las partes lo cual consta en el presente proceso, por todo lo expuesto considero que la resolución final en la presente causa dictada por el Juzgado Primero de Letras del Departamento de Intibucá en fecha Veinticinco de Marzo del Año Dos Mil Catorce, así mismo el fallo de fecha Uno de Octubre de 2015 dictada por la Corte de Apelaciones de Sección Judicial de Comayagua están apegadas a derecho pues no ha existido arbitrariedad en ninguna de las partes del proceso, al contrario ha sido un proceso donde se han respetado todas las normas jurídicas pertinentes aplicables al mismo.- TERCERO: Se encuentra plenamente acreditado en el presente juicio de merito que el inmueble objeto de esta causa es propiedad de los Herederos del Causante WALDEMAR FIALLOS MEDINA. Y un falso documento privado juntamente con un dudoso testimonio por exhibición no pueden despojar de los bienes de los legítimos herederos quienes poseen documentos públicos fehaciente que corren agregados al presente expediente.” OCTAVO: Que la abogada KAREN MIRELY HERNÁNDEZ SALINAS, plantea su pronunciamiento de respuesta sobre la formalización del recurso de casación de la siguiente manera: “PRIMERO El fallo de fecha Uno de Octubre de 2015 dictada por la Corte de Apelaciones de Sección Judicial de Comayagua de la Sección Judicial de Comayagua recaída en la Apelación presentada por el Abogado José Santos Ortiz Castillo, en la DEMANDA ORDINARIA DE NULIDAD ABSOLUTA DE UN TITULO EN DOMINIO PLENO que ha promovido en El Juzgado Primero de Letras Departamental de Intibucá, contra la Señora MARIA ISABEL GARCIA REDONDO, y contra la CORPORACION MUNICIPAL DE JESUS DE OTORO, INTIBUCÁ; se encuentra totalmente ajustada a derecho pues se observaron correctamente todas las normas procedimentales establecidas en el Código de Procedimientos Civiles de 1906 y del Código Procesal Civil Vigente y las pruebas propuestas por la parte demandante no fueron evacuadas por culpa de la misma parte demandante. SEGUNDO: Con respecto a lo manifestado por la parte demandante donde manifiesta que el Instrumento Privado reconocido judicialmente, siendo totalmente falso pues referido instrumento nunca fue reconocido lo que consta en el presente proceso, por todo lo expuesto considero que la resolución final en la presente causa dictada por el Juzgado Primero de Letras del Departamento de Intibucá en fecha Veinticinco de Marzo del año Dos Mil Catorce así mismo el falto de fecha Uno de Octubre de 2015 dictada por la Corte de Apelaciones de Sección Judicial de Comayagua están apegadas a derecho pues no ha existido arbitrariedad en ninguna de las partes del proceso, al contrario ha sido un proceso donde se han respetado todas las normas jurídicas pertinentes aplicables al mismo.” II. FUNDAMENTOS DE DERECHO Aplicando los artículos 303, 304 y 313 numeral 5), 316 de la Constitución de la República; 1, 2, 10 de la Convención de Derechos Humanos; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 115, 118 numeral 1), 129, 169, 170, 190, 191, 193 literal b), 197, 199, 211, 212.4.6, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723 y 724 del Código Procesal Civil. 1. PRIMER MOTIVO: Se transcribe sucintamente el motivo único de casación presentado (mal denominado primer motivo), en virtud de que el mismo se encuentra literalmente en el acápite antecedentes de hecho: “EXPRESION DE LA NORMA DE DERECHO CUYA INFRACCION SUSTENTA EL MOTIVO. Normas jurídicas violadas en la sentencia a) los artículos: 1497, 1499, 1507 del Código Civil. b) El artículo 13 deI Código Procesal Civil. c) el artículo 245 numeral 1 del Código Procesal Civil. d) El artículos 271 numerales 2, y 3; 273 del mismo Código Procesal Civil. e) el artículo 280 del Código Procesal Civil, que regula la fuerza probatoria de los documentos privados y especialmente en el numeral 1. He invocado las normas de derecho relacionadas con el presente motivo de casación , especificando las que fueron violadas en la sentencia que hoy impugno ya que como reitero que los artículos antes citados del Código Civil y del Código procesal Civil, Que le ordenaban a la Honorable Corte hoy Recurrida, apreciar en todo lo que vale el medio probatorio documental propuesto por ambas partes y toral a los efectos de la Litis, el cual es el documento privado de compra venta otorgado por el señor WALDEMAR FIALLOS a favor de mi representada la señora PAULA MEDINA FUNEZ el cual está debidamente autenticado por notario por ministerio de la ley en donde se estableció que el lote de terreno de y la casa de habitación se la vendió a la señora PAULA MEDINA FUNEZ.- Así como el testimonio de exhibición hecho a favor de mi representada escritura pública en donde se estableció que mi representada la señora PAULA MEDINA FUNEZ es dueña del lote de terreno y casa de habitación propiedad hoy en litigio. Y es por lo anterior que he arribado a la Conclusión que además de la regla de la sana critica, del conocimiento y criterio humano, y de la lógica jurídica que son las que se deben tener en cuenta por el Juzgador al momento de dictar sentencia, existen pruebas tasadas o tarifadas a las que los jueces devienen obligados a darles el valor que el ordenamiento civil adjetivo les Atribuye, tales pruebas consisten en los documentos o escrituras públicas y el título de dominio pleno otorgado por la corporación Municipal del Municipio de Jesús de Otoro Departamento de Intibucá a favor de la señora MARIA ISABEL GARCIA REDONDO parte demandada por mi representada., así como también el documento privado debidamente autenticada en el cual el señor WUALDEMAR FIALLOS le otorga el lote de terreno y casa de habitación a mi representada y que hoy es objeto del presente juicio, la corte sentenciadora le debió dar el crédito y valoración que como documentos públicos y documentos privados le corresponden a cada uno de los mismos, tanto más cuando se trata de documentos propuestos y aceptados como válidos por la propia parte demandada ya que los mismo no fueron impugnados por la parte demandante que es a quien perjudica solamente se dice téngase por evacuados los mismos. entonces censuramos la sentencia de fecha uno de Octubre del 2015, no solo en la falta de motivación fáctica, si no en la violación por parte de la Corte de Apelaciones Sección Judicial de Comayagua de las garantías procesales que atienden al rigor jueces de la mencionada prueba tasada o tarifada, violación perpetrada al haber dejado de valorar los documentos privados de compra venta, que otorgo el mismo difunto WALDEMAR FIALLOS a favor de mi representad PAULA MEDINA FUNEZ y que fueron estos documentos los que impulsaron a tramitar la oposición verbal a que no se diera dominós plenos.- En esto consistió la violación de las normas que hoy he invocado, por parte de la Corte de Apelaciones Sección Judicial del Departamento de Comayagua, es en no haber aplicado al caso concreto las Normas jurídicas ya en mención o en comento., ya que lo correcto era de haber apreciado tal documentos públicos y privados conforme a la fuerza probatoria atribuida por la Ley a cada uno de dichos documentos. CONCEPTO DE LA INFRACCION. Toda sentencia honorable Corte, la premisa mayor es la demanda, la premisa menor es la contestación de la demanda y la conclusión es la sentencia, ultima esta que debe ser clara, precisa y congruente con las pretensiones deducidas por las partes, resolviendo todos los asuntos o puntos que hayan sido objeto de controversia.- pero si en caso como el presente, la Corte de Apelaciones Sección Judicial del Departamento de Comayagua, parte de una premisa falsa consistente en restarle el mérito a tales medios de prueba, es lógico que tenga que arribar como en efecto así lo hizo a una conclusión falsa como así lo es la Sentencia que hoy ataco.- es claro entonces que la honorable Corte de Apelaciones al infringir las normas citadas y relacionadas con la valoración de la prueba documental ya referida, se condujo a proferir una sentencia errada a favor de la parte demandada, contrariando el sustratum de los medios de prueba documentales.” 1.1. PRECEPTO LEGAL. El recurrente establece: Este motivo de casación está contemplado en el artículo 719 numeral 1) letra b) del Código Procesal Civil, que posibilita como licito el impugnar la aplicación e interpretación de las normas procesales que regulan los actos y garantías procesales cuando su infracción supone la nulidad o produce indefensión. 1.2. RESPUESTA DE LA SALA DE LO CIVIL: El recurrente comparece con un escrito pretendiendo formalizar un recurso de casación en el cual entremezcla una serie de ideas, detalles y preceptos distantes a la técnica casacional, razón por la cual no es susceptible de admisibilidad el mismo por falta de claridad y precisión. Para la Sala de lo Civil resulta de gran importancia que el compareciente recuerde lo esencial de la casación: El recurso de casación se caracteriza por su función nomofiláctica, en virtud de lo cual el artículo 716 del Código Procesal Civil dispone dos fines expresos, el primero de ellos, es la protección de las normas del ordenamiento jurídico, y esto se hace, procurando y promoviendo la más adecuada aplicación e interpretación del derecho objetivo, el segundo fin es la unificación de la jurisprudencia nacional. Por su parte el numeral dos del artículo precitado, conmina a este alto tribunal a que aplique e interprete las normas referidas al recurso de casación atendiendo a la finalidad de unificación de la jurisprudencia, esto como instrumento de garantía de la igualdad de todos ante la ley, y de la seguridad y certidumbre jurídicas. La Sala de lo Civil identifica como thema decidendi o ámbito del recurso de casación únicamente a la vinculación que nace del motivo de casación formalizado por el censor y admitido por este tribunal. En consecuencia sólo podrá decidir en relación a los pronunciamientos recurridos, y por cuestión de derecho mediante el principio iura novit curiae, todo ello de conformidad a los artículos 701.1, 701.2 y 726.1 del Código Procesal Civil. Como consecuencia de lo anterior y al tenor de lo dispuesto en el artículo 726.1 del Código Procesal Civil, la Sala de lo Civil deberá confrontar el o los motivos denunciados contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones sentenciadora. La forma de introducción de la infracción puede ser de dos preceptos autorizantes, la primera por aplicación o interpretación de normas procesales, en la cual se determinan tres diferentes causales expuestas en el artículo 719.1 y la segunda por aplicación o interpretación de normas que deciden el fondo del asunto, tal como se desprende del numeral 2) del precitado articulo. El artículo 704 del Código Procesal Civil establece que: Sin perjuicio de las concretas exigencias que puedan regularse en este Código, los escritos de interposición de un recurso devolutivo deberán contener la fundamentación de lo pedido, con determinación en todo caso del perjuicio o agravio sufrido e identificación del vicio o error que lo causa. Asimismo, se identificará con total precisión el pronunciamiento o parte de él que se impugna. Esas concretas exigencias para el recurso devolutivo de casación las encontramos en el artículo 721.2 del mismo cuerpo legal. Todo lo anterior lo ha inobservado el recurrente al presentar su escrito las falencias siguientes: a) En cuanto a la denuncia de falta claridad, precisión y congruencia como requisitos internos de la sentencia el recurrente no desarrolla la supuesta infracción cometida en cada una de ellas por la corte sentenciadora, solo las enuncia; hay que recordar que las mismas son autónomas por lo tanto su infracción debe explicarse en motivos separados, con toda claridad y precisión, situación que omitió el recurrente. b) Otro punto en que erra el recurrente en el presente motivo es la indeterminación de norma infringida, ya que por un lado denuncia en el mismo motivo Falta de Aplicación interpretación de normas sustantivas, tales como 1497, 1499, 1507 del Código Civil en conjunto con Falta de Aplicación interpretación de normas procesales contenidas en los artículos 13; 245.1; 271.1.2; 273; 280 todos del Código Procesal Civil. Cada uno de ellas debe ir en motivo separado, con la mayor claridad y precisión posible del agravio sufrido en la sentencia por la aplicación o interpretación de cada una de ellas. c) También el recurrente inobserva lo establecido en el artículo 720.1 del Código Procesal Civil, ya que pretende que la Sala de lo Civil inste revisión de hechos y analice la valoración de prueba. 2. En vista de todo lo anterior se considera defectuosa la estructuración del Recurso de Casación sub-júdice, de los cuales esta Sala de lo Civil ya ampliamente se ha pronunciado, tipificándose dicho recurso en lo que establecen las causales de inadmisión previstas en el artículo 723.2.a) del Código Procesal Civil; en consecuencia, es procedente declarar su inadmisión, tener por firme la sentencia recurrida, condenar a costas al recurrente y ordenar la remisión de las actuaciones a la Corte de su procedencia. III. PARTE DISPOSITIVA Esta Sala de lo Civil de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia en nombre del Estado de Honduras, POR ­UNANIMIDAD DE VOTOS emite AUTO IRRECURRIBLE y RESUELVE: 1. DECLARAR INADMISIBLE EL RECURSO DE CASACIÓN en su único motivo que ha sido interpuesto por el abogado JOSE SANTOS ORTIZ CASTILLO en su condición de representante procesal de la señora PAULA MEDINA FUNEZ, en contra de la sentencia definitiva proferida por la Honorable Corte de Apelaciones de la Sección Judicial de Comayagua, Departamento de Comayagua, de fecha uno de octubre del año dos mil quince. 2. DECLARA FIRME LA SENTENCIA RECURRIDA dictada por la Honorable Corte de Apelaciones de la Sección Judicial de Comayagua, Departamento de Comayagua, de fecha uno de octubre del año dos mil quince, e identificada en esta Sala bajo expediente No. S.C. 36-2016. 3. CON COSTAS. Y MANDA: Que con la certificación de este AUTO se remitan las actuaciones a la Corte de su procedencia, para los efectos consecuentes. Redactó el Magistrado REYNALDO ANTONIO HERNANDEZ. NOTIFIQUESE. FIRMAS Y SELLO. WILFREDO MENDEZ ROMERO. MAGISTRADO COORDINADOR. RINA AUXILIADORA ALVARADO MORENO. MAGISTRADA. REYNALDO ANTONIO HERNANDEZ. MAGISTRADO. FIRMA Y SELLO. BETTY JANETH PALMA O´CONNOR. RECEPTORA ADSCRITA”.

Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintinueve días del mes de noviembre del año dos mil diecisiete; Certificación del auto de fecha treinta y uno de octubre del año dos mil diecisiete, recaído en Recurso de Casación registrado bajo el No. S.C. 36=2016.

BETTY JANETH PALMA O’CONNOR

RECEPTORA ADSCRITA

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