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Sentencia CC-035-16 — Registro 8763

Resumen

En primera instancia se declaró sin lugar la demanda ordinaria de alimentos, confirmada en segunda instancia.

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

…“ 3.- Señalado lo anterior la Sala estima necesario recordar que nuestra legislación procesal civil vigente, establece que las demandas que se conocerán y decidirán por su materia a través de las disposiciones pertinentes al proceso ordinario, tal y lo contemplado en el artículo 399 del Código Procesal Civil; por su parte el artículo 717 del citado Código, señala que: “Sólo serán recurribles en casación las sentencias y los autos que pongan término al pleito, haciendo imposible su continuación, dictados en apelación por las Cortes de Apelaciones en el proceso ordinario así como las sentencias que expresamente establezca este Código.”; de la última parte del citado artículo tenemos que esas otras sentencias a las que se refiere son las que claramente se dejan delimitadas por los artículos 654 y 688.3 del citado Código Procesal Civil, y que dejan señalado que cabra el recurso extraordinario de casación en los procesos de divorcio, nulidad de matrimonio y en tutela sumaria, si el motivo que se alega es la contradicción con otras sentencias dictadas en supuestos semejantes, NO encontrando entre tales las referidas a alimentos. En el caso de autos la señora Victoria Castellanos, entablo contra el señor Jose Octavio Prado, demanda ordinaria de alimentos, en fecha 27 de mayo del año 2003, ante el Juzgado de Letras de la Sección Judicial de Santa Rosa de Copán, Departamento de Copán, época en la que regia el Código de Procedimientos Comunes de 1906, y por la cual se podía interponer tal demanda por la vía ordinaria; ahora bien para la fecha en que el a-quo profirió su fallo, esto es el día 23 de julio de 2015, ya se encontraba en vigencia el actual Código Procesal Civil; por lo que a partir de dicho fallo el referido proceso de alimentos al tenor de lo preceptuado en el artículo 913 del Código Procesal Civil, quedo bajo su egida; por tanto la sentencia dictada por el tribunal ad-quem de fecha 02 de diciembre de 2015, se profiere aplicando tal normativa procesal civil. Con lo anteriormente expresado queda evidenciado que la pretensión para el reconocimiento de pago de alimentos no se encuentra comprendida dentro de los considerados procesos ordinarios a la luz del Código Procesal Civil en vigencia, razón por la cual no es susceptible a tutela jurídica efectiva haciendo uso de la vía del recurso extraordinario de Casación. 4.- Las normas sobre la clase de proceso por el que habrá de sustanciarse una pretensión tiene carácter imperativo y podrán ser apreciadas de oficio por el juez, tal y lo señalado por el artículo 403.1 del Código Procesal Civil. Por lo que es obligación para el ad quem tutelar las reglas del debido proceso, debiendo adecuar cada pretensión conforme a su procedimiento.5.- Analizado el presente proceso, se hace evidente que se ha dado una mala dirección procesal por parte de la segunda instancia al darle trámite al recurso de casación presentado por el abogado Adalberto Aquiles Reyes O., en su condición indicada; esto es que la honorable Corte de Apelaciones Seccional de Santa Rosa de Copán, Departamento de Copán, en estricta observancia a lo establecido por el artículo 717 del Código Procesal debió inadmitir in limine la interposición del presente recurso de casación. 6.- Al respecto debe aclararse que si bien es cierto, no existe un precepto legal en el Código Procesal Civil que de manera directa señale la facultad del ad quem para denegar la interposición del recurso de casación, así ha de entenderse por virtud de lo que señala el artículo 721 de dicho Código, al referirse que sólo dará trámite a los recursos que reúnan los dos requisitos siguientes: a) los formalizados en el plazo fijado por la ley y b) los que se dirijan en contra de resoluciones que sean recurribles, refiriéndose obviamente en casación, o sea los que se encuentran de conformidad al artículo 717 supra mencionado. 7.- De igual forma la facultad procesal de las cortes de apelaciones para rechazar de entrada, todo recurso de casación que no reúna los requisitos de procedibilidad mencionados en el numeral anterior, se obtiene de lo preceptuado por el artículo 730 del Código Procesal Civil, el cual se refiere claramente a: “la denegatoria del recurso de casación” dictada previamente por el tribunal de apelaciones respectivo y que da motivo posterior al reexamen de dicha decisión a través del medio de impugnación de queja. 8.- En virtud de todo lo anteriormente expuesto, procedía que el ad quem en ejercicio de la facultad que la ley le concede, declarara inadmisible la interposición en puertas del presente recurso, pues dicha facultad constituye también una obligación que la ley le impone para ser un tamiz o primer control a fin de evitar la entrada indiscriminada de recursos de casación sin requisitos de procedibilidad. 9.- Finalmente, no habiendo dado cumplimiento el ad quem a su obligación, procede que la Sala de lo Civil ante la incuestionable falta de requisitos y exigencias establecidos en el artículo 717 citado, declare inadmisible in limine el presente recurso de casación, es decir sin entrar al análisis de los motivos que lo conforman, ello con fundamento en el literal a) del artículo 723.1 del Código Procesal Civil. 10.- La Sala de lo Civil le hace un llamado de atención a la Corte de Apelaciones Seccional de Santa Rosa de Copán, Departamento de Copán, para que en lo sucesivo sea más diligente en el estudio de las causas sometidas a su conocimiento.”

Legislación citada

Jerarquía: Reiterativa

…“ 3.- Señalado lo anterior la Sala estima necesario recordar que nuestra legislación procesal civil vigente, establece que las demandas que se conocerán y decidirán por su materia a través de las disposiciones pertinentes al proceso ordinario, tal y lo contemplado en el artículo 399 del Código Procesal Civil; por su parte el artículo 717 del citado Código, señala que: “Sólo serán recurribles en casación las sentencias y los autos que pongan término al pleito, haciendo imposible su continuación, dictados en apelación por las Cortes de Apelaciones en el proceso ordinario así como las sentencias que expresamente establezca este Código.”; de la última parte del citado artículo tenemos que esas otras sentencias a las que se refiere son las que claramente se dejan delimitadas por los artículos 654 y 688.3 del citado Código Procesal Civil, y que dejan señalado que cabra el recurso extraordinario de casación en los procesos de divorcio, nulidad de matrimonio y en tutela sumaria, si el motivo que se alega es la contradicción con otras sentencias dictadas en supuestos semejantes, NO encontrando entre tales las referidas a alimentos. En el caso de autos la señora Victoria Castellanos, entablo contra el señor Jose Octavio Prado, demanda ordinaria de alimentos, en fecha 27 de mayo del año 2003, ante el Juzgado de Letras de la Sección Judicial de Santa Rosa de Copán, Departamento de Copán, época en la que regia el Código de Procedimientos Comunes de 1906, y por la cual se podía interponer tal demanda por la vía ordinaria; ahora bien para la fecha en que el a-quo profirió su fallo, esto es el día 23 de julio de 2015, ya se encontraba en vigencia el actual Código Procesal Civil; por lo que a partir de dicho fallo el referido proceso de alimentos al tenor de lo preceptuado en el artículo 913 del Código Procesal Civil, quedo bajo su egida; por tanto la sentencia dictada por el tribunal ad-quem de fecha 02 de diciembre de 2015, se profiere aplicando tal normativa procesal civil. Con lo anteriormente expresado queda evidenciado que la pretensión para el reconocimiento de pago de alimentos no se encuentra comprendida dentro de los considerados procesos ordinarios a la luz del Código Procesal Civil en vigencia, razón por la cual no es susceptible a tutela jurídica efectiva haciendo uso de la vía del recurso extraordinario de Casación. 4.- Las normas sobre la clase de proceso por el que habrá de sustanciarse una pretensión tiene carácter imperativo y podrán ser apreciadas de oficio por el juez, tal y lo señalado por el artículo 403.1 del Código Procesal Civil. Por lo que es obligación para el ad quem tutelar las reglas del debido proceso, debiendo adecuar cada pretensión conforme a su procedimiento.5.- Analizado el presente proceso, se hace evidente que se ha dado una mala dirección procesal por parte de la segunda instancia al darle trámite al recurso de casación presentado por el abogado Adalberto Aquiles Reyes O., en su condición indicada; esto es que la honorable Corte de Apelaciones Seccional de Santa Rosa de Copán, Departamento de Copán, en estricta observancia a lo establecido por el artículo 717 del Código Procesal debió inadmitir in limine la interposición del presente recurso de casación. 6.- Al respecto debe aclararse que si bien es cierto, no existe un precepto legal en el Código Procesal Civil que de manera directa señale la facultad del ad quem para denegar la interposición del recurso de casación, así ha de entenderse por virtud de lo que señala el artículo 721 de dicho Código, al referirse que sólo dará trámite a los recursos que reúnan los dos requisitos siguientes: a) los formalizados en el plazo fijado por la ley y b) los que se dirijan en contra de resoluciones que sean recurribles, refiriéndose obviamente en casación, o sea los que se encuentran de conformidad al artículo 717 supra mencionado. 7.- De igual forma la facultad procesal de las cortes de apelaciones para rechazar de entrada, todo recurso de casación que no reúna los requisitos de procedibilidad mencionados en el numeral anterior, se obtiene de lo preceptuado por el artículo 730 del Código Procesal Civil, el cual se refiere claramente a: “la denegatoria del recurso de casación” dictada previamente por el tribunal de apelaciones respectivo y que da motivo posterior al reexamen de dicha decisión a través del medio de impugnación de queja. 8.- En virtud de todo lo anteriormente expuesto, procedía que el ad quem en ejercicio de la facultad que la ley le concede, declarara inadmisible la interposición en puertas del presente recurso, pues dicha facultad constituye también una obligación que la ley le impone para ser un tamiz o primer control a fin de evitar la entrada indiscriminada de recursos de casación sin requisitos de procedibilidad. 9.- Finalmente, no habiendo dado cumplimiento el ad quem a su obligación, procede que la Sala de lo Civil ante la incuestionable falta de requisitos y exigencias establecidos en el artículo 717 citado, declare inadmisible in limine el presente recurso de casación, es decir sin entrar al análisis de los motivos que lo conforman, ello con fundamento en el literal a) del artículo 723.1 del Código Procesal Civil. 10.- La Sala de lo Civil le hace un llamado de atención a la Corte de Apelaciones Seccional de Santa Rosa de Copán, Departamento de Copán, para que en lo sucesivo sea más diligente en el estudio de las causas sometidas a su conocimiento.”

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACION

La Infrascrita Receptora Adscrita a la Sala de lo Civil de la Corte Suprema de Justicia, Certifica el Auto que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintisiete días del mes de septiembre del año dos mil diecisiete. La Sala de lo Civil, integrada por los ilustres Magistrados: WILFREDO MENDEZ ROMERO como Coordinador, RINA AUXILIADORA ALVARADO MORENO y REYNALDO ANTONIO HERNÁNDEZ, el primero designado ponente para conocimiento y redacción de la presente resolución, en la fecha supra indicada dictan el siguiente AUTO: SON PARTES: La señora VICTORIA CASTELLANOS, representada en juicio por el abogado ADALBERTO AQUILES REYES, en su condición de recurrente; siendo recurrido el señor JOSE OCTAVIO PRADO, representado en juicio por la abogada VILMA ARACELY AYALA BATRES. OBJETO DEL PROCESO: “DEMANDA ORDINARIA DE ALIMENTOS. SE DECLARE PATRIMONIO FAMILIAR. EMBARGO PRECAUTORIO CON CARÁCTER DE URGENTE”, promovida en fecha 27 de mayo del año 2003, ante el Juzgado de Letras de la Sección Judicial de Santa Rosa de Copán, Departamento de Copán, por la señora VICTORIA CASTELLANOS, mayor de edad, casada, ama de casa, hondureña y con domicilio en Pinal San Juan de Opoa, contra el señor JOSE OCTAVIO PRADO, mayor de edad, casado, hondureño, telegrafista jubilado y con domicilio en la ciudad de Santa Rosa de Copán, Departamento de Copán. Así como la demanda ordinaria de alimentos y divorcio, por la vía de reconvención promovida por el Señor José Octavio Prado, contra la Señora Victoria Castellanos. I. ANTECEDENTES DE HECHO PRIMERO: Con fecha 02 de diciembre del año 2015, la Corte de Apelaciones Seccional de Santa Rosa de Copán, Departamento de Copán, conociendo por vía de apelación de la sentencia definitiva de fecha 23 de julio del año 2015, dictada por el Juzgado de Letras de la Sección Judicial de Santa Rosa de Copán, Departamento en Copán en el juicio de mérito, dictó sentencia CONFIRMANDO la del A-quo, fallo de la primera instancia que establecía en su parte dispositiva lo siguiente: (Sic.) “FALLA: PRIMERO: DECLARANDO SIN LUGAR LA DEMANDA ORDINARIA DE ALIMENTOS, promovida por la señora VICTORIA CASTELLANOS contra el señor JOSE OCTAVIO PRADO, en virtud de estar acreditado en autos la muerte de la demandante; SEGUNDO: DECLARAR SIN LUGAR la solicitud de constituir patrimonio familiar los bienes inmuebles, propiedad del señor JOSE OCTAVIO PRADO los cuales están ubicados en los lugares de el Pinal y el Portillo ambos del municipio de San Juan de Opoa, en virtud del fallecimiento de la demandante señora VICTORIA CASTELLANOS a quien le debía alimentos por ser su cónyuge y además por no existir hijos menores de edad, por ende el bien inmueble en mención es propiedad del señor JOSE OCTAVIO PRADO.- TERCERO: DECLARANDO SIN LUGAR, la Demanda Ordinaria de Alimentos que por vía de reconvención, promovió el señor JOSE OCTAVIO PRADO, contra la señora VICTORIA CASTELLANOS, en virtud del fallecimiento de la demandante.- CUARTO: DECLARANDO SIN LUGAR, la Demanda ordinaria de divorcio, promovida por el señor JOSE OCTAVIO PRADO, contra la señora VICTORIA CASTELLANOS, en virtud del fallecimiento de la demandante señora VICTORIA CASTELLANOS, ambos de generales conocidas en el preámbulo del presente fallo, y por no haberse acreditado las causales invocadas por este.- QUINTO: Decretar la cancelación de la prohibición de celebrar actos y contratos y embargo decretado por el Juzgado de Letras Departamental de Familia sobre los inmuebles propiedad del señor JOSE OCTAVIO PRADO.- Y MANDA: Que si dentro del término de Ley no se interpone recurso alguno en contra del presente fallo quede firme el mismo.- SIN COSTAS.- NOTIFIQUESE.” SEGUNDO: El representante procesal de la señora VICTORIA CASTELLANOS (Q.D.D.G.), abogado ADALBERTO AQUILES REYES O., presentó en fecha 18 de enero del año 2016, escrito de interposición y formalización del recurso de casación, contra la sentencia de fecha 02 de diciembre del año 2015, dictada por la Corte de Apelaciones de Santa Rosa de Copán, Departamento de Copán, resolviendo el ad-quem, mediante proveído de fecha 19 de enero del año 2016, tener por interpuesto y formalizado el recurso de casación, por parte del recurrente, y acordó conceder a la parte contraria el plazo de diez días hábiles para que se pronunciara sobre el contenido del escrito, debiendo entregársele copia del mismo.TERCERO: La representante procesal del señor JOSÉ OCTAVIO PRADO, abogada VILMA ARACELY AYALA BATRES, presentó en fecha 02 de febrero del año 2016, escrito de pronunciamiento sobre el contenido del recurso de casación interpuesto y formalizado por la contraparte, resolviendo la Corte de Apelaciones de Santa Rosa de Copán, Departamento de Copán, remitir las presentes diligencias a la Honorable Corte Suprema de Justicia en el término que manda la ley, para proseguir con el trámite correspondiente. CUARTO: Recibidas las actuaciones en éste Alto Tribunal, y una vez que se hubo formado el presente expediente de casación bajo el numero S.C. 35-2016, en fecha 08 de febrero del año 2016, se persono el abogado ADALBERTO AQUILES REYES O., en su condición ya indicada, por lo que una vez visto el informe rendido por la Secretaría de esta Corte Suprema de Justicia, este Tribunal, mediante proveído de fecha 15 de marzo del año 2016, resolvió tener por personado al abogado ADALBERTO AQUILES REYES O; y precluido el plazo dejado de utilizar por la abogada VILMA ARACELY AYALA BATRES. QUINTO: Que el abogado ADALBERTO AQUILES REYES O., plantea recurso de casación contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de Santa Rosa de Copán, Departamento de Copán de la siguiente manera: (Sic.) “MOTIVO DE CASACION Comprendido en los artículos 716 numeral 2 y 719 numeral 2 del Código Procesal Civil.- MOTIVO UNICO DE CASACION: Error en la Apreciación de la prueba ocasionada por interpretación errónea del artículo 1532 del Código Civil, en relación con los artículos 251 letra e) del Código de Procesal Civil.- Este motivo se encuentra comprendido en el artículo 716 numeral 2 del Código Procesal Civil.- EL CONCEPTO DE LA INFRACCION ALEGADO LO EXPLICO DE LA SIGUIENTE MANERA: A folios 113, 114, 115, 116, 117 y 118 de la primera pieza de autos, aparecen las declaraciones de los testigos propuestos por la parte actora, señores JUAN MANUEL MIRANDA, ANDRES VASQUEZ AGUILAR, MARCO TULIO PINEDA, RUBEN ELVIR, ARNULFO ERAZO URQUIA Y ALEJANDRINA ECHEVERRIA, con todas estas pruebas, se acredita de manera plena los hechos en que se fundamento la demanda, la Corte Sentenciadora que confirmo la Sentencia Definitiva de primera instancia, interpreto erróneamente los artículos antes mencionados.- SUBSIDIARIAMENTE SE RECLAMA NULIDAD ABSOLUTA DE ACTUACIONES. Para el caso que la Honorable Corte Suprema de Justicia, declare NO HA LUGAR el Recurso de Casación, tiene la potestad de invalidar de oficio la sentencia recurrida, en apoyo en los artículos 90 y 321 de la Contestación de la República y los artículos 9,10, 11 y 1589 del Código Civil, por las violaciones a las formalidades del proceso que a continuación puntualizo: 1º La existencia de la infracción de normas que rigen los actos y garantías del procedimiento.- La forma es una garantía contra la arbitrariedad, tanto como para el actor como para la defensa, no son creación arbitraria del legislador, sino que son imprescindibles para la defensa del juicio.- Las formas procesales son también irrenunciables y como normas de orden público, son de observancia obligatoria, tanto para las partes, como para los juzgadores, su inobservancia implica una irregularidad que trae como consecuencia la Nulidad o la inexistencia del acto.- La nulidad procesal, es la sanción, por la que se priva a un acto jurídico de sus efectos normales, cuando en su ejecución, no se ha guardado las formas procesales por ley, lo cual impide cumplir sus fines, de manera que, para el acto procesal sea válido, debe reunir todos y cada uno de los requisitos y formalidades establecidas en la ley, porque la falta de uno solo, de dichos requisitos o formalidades, produce su nulidad al tenor de lo prescrito en los artículos 9,10,11 y 1589 del Código Civil; 719 No. 1, letra b) del Código Procesal Civil, en el caso de autos y en la primera pieza, antes de dictar sentencia definitiva de fecha 23 de julio del año 2015, la abogada JUANA INES ARDON, en su condición de apoderada legal del demandado y reconveniente el señor JOSÉ OCTAVIO PRADO, en fecha 03 de Junio del año 2015, presento Certificación de Acta de Defunción de la señora y litigante VICTORIA CASTELLANOS, en la cual se acredita que esta falleció el día 01 de mayo del año 2015, por lo que este Despacho debió proceder conforme lo establece el artículo 11 párrafo tercero del Código de Procedimientos Civiles en relación a los artículos 3, 72 No. 2, 73 del Código Procesal Civil, por consiguiente al no aplicar estas normas de carácter imperativo, tanto el juzgador de Primera Instancia, como la Corte de Apelaciones recurrida han violentado el debido proceso, establecido en el artículo 90 de la Constitución de la República.” SEXTO: En respuesta al recurso de casación impetrado, la abogada VILMA ARACELY AYALA BATRES, en su condición indicada plantea pronunciamiento sobre el mismo de la siguiente manera: (Sic.) “MOTIVO DE CASACION.- TAL COMO LO ESTABLECE EL ARTÍCULO 719 DEL CÓDIGO PROCESAL CIVIL ESTÁN CLARAMENTE DETERMINADOS LOS MOTIVOS PROCESALES PARA INTERPONER RECURSO DE CASACIÓN, POR LO QUE RECHAZAMOS TOTALMENTE EL MOTIVO ÚNICO DE LA PRESENTE CASACIÓN YA QUE EL MOTIVO PROCESAL ALEGADO POR EL. RECURRENTE ES INEXISTE; EN NINGÚN MOMENTO EXISTE ERROR EN LA APRECIACIÓN DE LA PRUEBA, OCASIONADA POR INTERPRETACIÓN ERRÓNEA DEL ARTÍCULO 1532 DEL CÓDIGO CIVIL, EN RELACIÓN CON LOS ARTÍCULOS 251 LETRA E, DEL CÓDIGO PROCESAL CIVIL, COMO MANIFIESTA EL RECURRENTE; LO CUAL NO CORRESPONDE A LA VERDAD; PUESTO QUE TODO EL PROCESO SE SIGUIÓ CONFORME A LAS NORMAS ESTABLECIDAS EN EL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES Y EN NINGÚN MOMENTO SE VIOLENTÓ LA FORMA NI EL PROCESO, Y DICHAS NORMAS QUE EL RECURRENTE REFIERE ESPECÍFICAMENTE EL ARTÍCULO 1532 DEL CÓDIGO CIVIL YA ESTÁN DEROGADAS Y EN RELACIÓN AL ARTÍCULO 251 LETRA E, NOS REFIERE LOS MEDIOS DE PRUEBA ADMISIBLES EN EL PROCESO CIVIL Y LA LETRA E, SE REFIERE A LA PRUEBA TESTIFICAL POR LO QUE NO EXISTE VIOLACION A DICHO PRECEPTO LEGAL Y CONSECUENTEMENTE NO EXISTE MOTIVO DE CASACION; SEGÚN EL RECURRENTE EL MOTIVO SE ENCUENTRA COMPRENDIDO EN EL ARTICULO 716 NUMERAL 2 DEL CODIGO PROCESAL CIVIL; EL ABOGADO RECURRENTE SIMPLEMENTE ESTÁ DILATANDO EL PRESENTE PROCESO, AUN CUANDO NO TIENE FACULTADES PARA COMPARECER COMO APODERADO LEGAL DE LA SEÑORA VICTORIA CASTELLANOS, YA QUE SU MANDANTE FALLECIÓ EN FECHA PRIMERO DE MAYO DEL AÑO DOS MIL QUINCE Y EN ESTRICTO APEGO AL ARTÍCULO 86.3 DEL CÓDIGO PROCESAL CIVIL ES UNA CAUSAL DEL CESE DE LA REPRESENTACIÓN DEL PROFESIONAL DEL DERECHO, ASÍ MISMO HONORABLE CORTE SE DEJA ENTRE VER LA MALA FE PROCESAL CON LA QUE OBRO LA PARTE RECURRENTE YA QUE ERA EL QUIEN ESTABA OBLIGADO CONFORME A LA LEY, A PONER EN CONOCIMIENTO EL FALLECIMIENTO DE SU MANDANTE O REPRESENTADA Y NO COMO SUCEDIÓ EN EL CASO DE AUTOS QUE NOS OCUPA, QUE FUE MI REPRESENTADO MEDIANTE SU APODERADA LEGAL QUIEN PUSO EN CONOCIMIENTO AL JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DICHA SITUACIÓN.- OPOSICIÓN A LA SOLICITUD DE NULIDAD ABSOLUTA DE ACTUACIONES.- Resulta Honorable Corte Suprema de Justicia que nos oponemos rotundamente a la causal de nulidad absoluta invocada por el recurrente ya que en ningún momento ha existido un error de forma, al contrario solo existe una interpretación errónea del artículo 11 del código de procedimientos comunes, el único error de forma que existe es que el abogado recurrente en ningún momento dio cumplimiento al artículo 86 numeral 3, en cuanto a poner en conocimiento el hecho del fallecimiento de la señora Victoria Castellanos, por lo tanto no tiene ninguna facultad para comparecer en juicio puesto que su mandado se extingue con la muerte de su poderdante, y es un tanto ilógico que pretenda seguir dilatando el proceso argumentándose en interpretaciones sin fundamento legal alguno, ya que con ello causa grave perjuicio a mi Representado quien debido a este proceso se encuentra mal de salud.” II. FUNDAMENTOS DE DERECHO 1.- El recurso de casación tiene claramente definidos dos fines expresos al tenor de lo preceptuado por el artículo 716 del Código Procesal Civil, el primero de ellos es su función nomofiláctica, entendida ésta como “la exacta observancia de la ley”, es decir la protección de las normas del ordenamiento jurídico, mediante la procura y promoción de la más adecuada aplicación e interpretación del derecho objetivo. El segundo fin es la unificación de la jurisprudencia nacional, misma que se explica en el sentido de que habiendo situaciones iguales debe pronunciarse decisiones iguales, siempre y cuando no concurran razones objetivas y razonables que justifiquen un trato desigual, en otras palabras, la evolución de la jurisprudencia. Por su parte el numeral dos del artículo precitado, conmina a este alto tribunal a que aplique e intérprete las normas referidas al recurso de casación atendiendo a la finalidad de unificación de la jurisprudencia, esto como instrumento de garantía de la igualdad de todos ante la ley, y de la seguridad y certidumbre jurídicas. 2.- El recurso extraordinario de casación debe sujetarse en su formulación a determinados requisitos, para que pueda considerarse como tal y ser atendible por la Corte, ya que dicho recurso es esencialmente formalista, en consecuencia debe ceñirse a una técnica rigurosa para que pueda ser analizado y prospere; requisitos consignados en los artículos 704 y 721 del Código Procesal Civil, mismos que devienen en su cumplimiento por parte del impetrante, para que la Corte pueda considerarlo. 3.- Señalado lo anterior la Sala estima necesario recordar que nuestra legislación procesal civil vigente, establece que las demandas que se conocerán y decidirán por su materia a través de las disposiciones pertinentes al proceso ordinario, tal y lo contemplado en el artículo 399 del Código Procesal Civil; por su parte el artículo 717 del citado Código, señala que: “Sólo serán recurribles en casación las sentencias y los autos que pongan término al pleito, haciendo imposible su continuación, dictados en apelación por las Cortes de Apelaciones en el proceso ordinario así como las sentencias que expresamente establezca este Código.”; de la última parte del citado artículo tenemos que esas otras sentencias a las que se refiere son las que claramente se dejan delimitadas por los artículos 654 y 688.3 del citado Código Procesal Civil, y que dejan señalado que cabra el recurso extraordinario de casación en los procesos de divorcio, nulidad de matrimonio y en tutela sumaria, si el motivo que se alega es la contradicción con otras sentencias dictadas en supuestos semejantes, NO encontrando entre tales las referidas a alimentos. En el caso de autos la señora Victoria Castellanos, entablo contra el señor Jose Octavio Prado, demanda ordinaria de alimentos, en fecha 27 de mayo del año 2003, ante el Juzgado de Letras de la Sección Judicial de Santa Rosa de Copán, Departamento de Copán, época en la que regia el Código de Procedimientos Comunes de 1906, y por la cual se podía interponer tal demanda por la vía ordinaria; ahora bien para la fecha en que el a-quo profirió su fallo, esto es el día 23 de julio de 2015, ya se encontraba en vigencia el actual Código Procesal Civil; por lo que a partir de dicho fallo el referido proceso de alimentos al tenor de lo preceptuado en el artículo 913 del Código Procesal Civil, quedo bajo su egida; por tanto la sentencia dictada por el tribunal ad-quem de fecha 02 de diciembre de 2015, se profiere aplicando tal normativa procesal civil. Con lo anteriormente expresado queda evidenciado que la pretensión para el reconocimiento de pago de alimentos no se encuentra comprendida dentro de los considerados procesos ordinarios a la luz del Código Procesal Civil en vigencia, razón por la cual no es susceptible a tutela jurídica efectiva haciendo uso de la vía del recurso extraordinario de Casación. 4.- Las normas sobre la clase de proceso por el que habrá de sustanciarse una pretensión tiene carácter imperativo y podrán ser apreciadas de oficio por el juez, tal y lo señalado por el artículo 403.1 del Código Procesal Civil. Por lo que es obligación para el ad quem tutelar las reglas del debido proceso, debiendo adecuar cada pretensión conforme a su procedimiento.5.- Analizado el presente proceso, se hace evidente que se ha dado una mala dirección procesal por parte de la segunda instancia al darle trámite al recurso de casación presentado por el abogado Adalberto Aquiles Reyes O., en su condición indicada; esto es que la honorable Corte de Apelaciones Seccional de Santa Rosa de Copán, Departamento de Copán, en estricta observancia a lo establecido por el artículo 717 del Código Procesal debió inadmitir in limine la interposición del presente recurso de casación. 6.- Al respecto debe aclararse que si bien es cierto, no existe un precepto legal en el Código Procesal Civil que de manera directa señale la facultad del ad quem para denegar la interposición del recurso de casación, así ha de entenderse por virtud de lo que señala el artículo 721 de dicho Código, al referirse que sólo dará trámite a los recursos que reúnan los dos requisitos siguientes: a) los formalizados en el plazo fijado por la ley y b) los que se dirijan en contra de resoluciones que sean recurribles, refiriéndose obviamente en casación, o sea los que se encuentran de conformidad al artículo 717 supra mencionado. 7.- De igual forma la facultad procesal de las cortes de apelaciones para rechazar de entrada, todo recurso de casación que no reúna los requisitos de procedibilidad mencionados en el numeral anterior, se obtiene de lo preceptuado por el artículo 730 del Código Procesal Civil, el cual se refiere claramente a: “la denegatoria del recurso de casación” dictada previamente por el tribunal de apelaciones respectivo y que da motivo posterior al reexamen de dicha decisión a través del medio de impugnación de queja. 8.- En virtud de todo lo anteriormente expuesto, procedía que el ad quem en ejercicio de la facultad que la ley le concede, declarara inadmisible la interposición en puertas del presente recurso, pues dicha facultad constituye también una obligación que la ley le impone para ser un tamiz o primer control a fin de evitar la entrada indiscriminada de recursos de casación sin requisitos de procedibilidad. 9.- Finalmente, no habiendo dado cumplimiento el ad quem a su obligación, procede que la Sala de lo Civil ante la incuestionable falta de requisitos y exigencias establecidos en el artículo 717 citado, declare inadmisible in limine el presente recurso de casación, es decir sin entrar al análisis de los motivos que lo conforman, ello con fundamento en el literal a) del artículo 723.1 del Código Procesal Civil. 10.- La Sala de lo Civil le hace un llamado de atención a la Corte de Apelaciones Seccional de Santa Rosa de Copán, Departamento de Copán, para que en lo sucesivo sea más diligente en el estudio de las causas sometidas a su conocimiento.

III. PARTE DISPOSITIVA La Sala de lo Civil de la Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, pronunciándose con base a la motivación jurídica expuesta y aplicando lo dispuesto en los artículos 80, 82, 89 párrafo primero, 303, párrafo primero, 304, 313 numeral 14); 316 párrafo primero de la Constitución de la República; 1 y 80.1 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 12.1 y 2, 115, 118.1, 129, 169, 170, 190, 191, 193.2 literal b), 197, 199, 399, 403.1, 654,716, 717, 718, 719, 720.2, 721.2, 722, 723.2 literal a), 724 y 914 del Código Procesal Civil; profiere por unanimidad de votos el presente auto irrecurrible y declara: I. LA INADMISIÓN IN LIMINE del recurso de casación promovida por el abogado ADALBERTO AQUILES REYES O., en su condición de representante procesal de la señora VICTORIA CASTELLANOS (Q.D.D.G.), en contra de la sentencia definitiva dictada el día 02 de diciembre de 2015, por la Corte de Apelaciones Seccional de Santa Rosa de Copán, Departamento de Copán; II. FIRME la sentencia recurrida dictada por la Corte de Apelaciones Seccional de Santa Rosa de Copán, Departamento de Copán, en fecha 02 de diciembre de 2015, misma que se identifica en apelación bajo el número 52-2003, originado en los autos que conforman el expediente número 52-2003 del Juzgado de Letras Seccional de Santa Rosa de Copán, Departamento de Copán. III. SIN COSTAS. Y MANDA: Que con la certificación de este auto se remitan las actuaciones a la Honorable Corte de Apelaciones Seccional de Santa Rosa de Copán, Departamento de Copán, previa notificación del mismo a las partes, por medio de sus apoderados legalmente constituidos en juicio.- Redacto el Magistrado WILFREDO MÉNDEZ ROMERO.- NOTIFIQUESE.- FIRMAS Y SELLO. WILFREDO MENDEZ ROMERO. MAGISTRADO COORDINADOR. RINA AUXILIADORA ALVARADO MORENO. MAGISTRADA. REYNALDO ANTONIO HERNANDEZ. MAGISTRADO. FIRMA Y SELLO. BETTY JANETH PALMA O´CONNOR. RECEPTORA ADSCRITA”.

Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veinte días del mes de septiembre del año dos mil dieciocho; Certificación del auto de fecha veintisiete de septiembre del año dos mil diecisiete, recaído en el Recurso de Casación registrado bajo el No. S.C. 35=2016.

BETTY JANETH PALMA O’CONNOR

RECEPTORA ADSCRITA

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