Sentencia CC-033-16 — Registro 8779
Resumen
En segunda instancia se declaró con lugar el recurso de apelación, revoca la sentencia y declara con lugar la demanda ordinaria de pago de daños e indemnización de perjuicios.
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
… “4.- Llevado a cabo el estudio del motivo planteado, el mismo no resulta de recibo para la Sala, ello porque en los términos en que se formula el mismo, denota una serie de falencias que evidencian una indebida técnica casacional, mismas que tienen que ver con lo siguiente: a) Falta a la necesaria separación y claridad con la que debe dejar expuesto el motivo, ello porque la recurrente estima en forma conjunta y sin hacer la separación debida, que se han infringido los artículos 1, 315, 324, 332, 335 del Código Procesal Civil, 385 del Código Penal, 2000 y 2001 del Código Civil, 46 de la Ley de Transporte Terrestre y 125 del Reglamento General de la Ley de Transporte Terrestre; respecto de lo cual es menester señalar que la casacionista devenía en la obligación de exponer en motivos separados la vulneración de cada una de las normas que cita, debiendo también precisar y justificar la incidencia de la infracción en el sentido de la resolución impugnada, al no hacerlo así, no ha observado lo señalado por el artículo 721.2 del Código Procesal Civil; b) La recurrente hace cita indiscriminada de preceptos que estima vulnerados, así tenemos que aduce la transgresión de los artículos1, 315, 324, 332, 335 del Código Procesal Civil, 385 del Código Penal, 2000 y 2001 del Código Civil, 46 de la Ley de Transporte Terrestre y 125 del Reglamento General de la Ley de Transporte Terrestre; tal cita de manera indiscriminada de preceptos legales, se conoce como “cita acumulada de una sucesión de normas que rigen determinada materia”, y que doctrinalmente queda establecido en que: “…el casacionista no debe incurrir en el defecto de alegar como infringidas un conjunto indiscriminado de las normas que rigen determinada materia... una adecuada técnica casacional exige que en cada uno de los motivos de casación se precise la infracción legal que se considera cometida, debiendo por tanto evitarse la concentración en un solo motivo de todos o la mayor parte de los artículos, mediante una interpretación conjunta de normas con diferentes alcances…”[1]En este motivo, la impetrante hace cita de varias normas jurídicas de carácter adjetivo, sustantivo y reglamentario, mismas que difieren en rango y protección recursiva, razón por la cual era deber dela misma haberlas planteado de forma separada, cada una de ellas en motivos distintos y cumplir con los requisitos establecidos en el artículo 704 del Código Procesal Civil, el cual establece que: “Sin perjuicio de las concretas exigencias, que puedan regularse, los escritos de interposición, de un recurso devolutivo deberán contener la fundamentación de lo pedido, con determinación en todo caso del perjuicio o agravio sufrido e identificación del vicio o error que lo causa…..”; en el presente motivo la falta de individualización de las normas consideradas como infringidas, convierten en imprecisa la recurrencia pretendida; asunto sobre el cual la Sala de lo Civil ya se ha pronunciado en reiteradas ocasiones.[2]; c) Pretende la recurrente que bajo la tutela del precepto autorizante invocado como lo es el artículo 719.2 del Código Procesal Civil; normativa que prevé como causal de casación, “el impugnar la aplicación e interpretación de las normas de derecho empleadas para la solución del fondo del litigio.”; la Sala se pronuncie sobre la posible vulneración delos artículos 1, 315, 324, 332, 335 del Código Procesal Civil, que resultan ser normas procesales, en ese sentido es necesario ilustrar ala recurrente que si su pretensión se encaminaba a impugnar la posible transgresión de una norma procesal, devenía entonces en invocar como precepto autorizante lo dispuesto por el artículo 719.1, literal b)del citado Código, esto es que se podrá impugnar en vía de casación la aplicación e interpretación de normas procesales que regulan: “Los actos y garantías procesales cuando su infracción suponga la nulidad o produjera indefensión.”; y d)La recurrente al cuestionar el razonamiento esgrimido por el Tribunal de Alzada respecto del medio de prueba denominado peritaje;confunde la viabilidad de la impugnación al citar como precepto autorizante el artículo 719.2 del Código Procesal Civil; al respecto se establece que si se pretende impugnar la motivación fáctica de la sentencia, a fin de revisar su existencia, suficiencia, racionalidad y carácter lógico, siempre que éste fuera determinante de un sentido diferente al fallo, indefectiblemente para ellodeberá fundamentarse el motivo en el artículo 719.1, literal c), autorizado por el artículo 720.2 del Código Procesal Civil.5.- La defectuosa estructuración del recurso de casación sub-júdice se tipifica en la causal prevista en el artículo 723.2 literala)del Código Procesal Civil que ad literam establece:“TRÁMITE DE ADMISIÓN. 1.-…2. Sólo podrá inadmitirlo por las siguientes causales: a) Incumplimiento de las exigencias y requisitos establecidos por este Código para el escrito de interposición y formalización,…”. En consecuencia, es procedente declarar su inadmisión en el único motivo planteado.”
Legislación citada
- Código Procesal Civil, art. 720, Numeral 2 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Procesal Civil, art. 723, Numeral 2 literal a) (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACION
La Infrascrita Receptora Adscrita a la Sala de lo Civil de la Corte Suprema de Justicia, Certifica el Auto que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los doce días del mes de octubre del año dos mil diecisiete. La Sala de lo Civil integrada por los ilustres Magistrados: WILFREDO MENDEZ ROMERO como Coordinador, RINA AUXILIADORA ALVARADO MORENO y REYNALDO ANTONIO HERNÁNDEZ, designado ponente el primero para el conocimiento y redacción de la resolución en el presente recurso de casación; en la fecha supra indicada dictan el siguiente AUTO: SON PARTES: El señor JESUS VILLANUEVA SOLIS, representado en juicio por la abogada CINTHIA SARAI COREA RODRIGUEZ, en su condición de recurrente; siendo recurrida la entidad mercantil denominada INVERSIONES Y TRANSPORTES TERRESTRES, S. DE R.L., representada en juicio por el abogado NEPTALI FERRERA QUINTERO. OBJETO DEL PROCESO:“DEMANDA DE PAGO DE DAÑOS E INDEMNIZACION DE PERJUICIOS A TRAVES DE LA VIA DEL PROCESO ORDINARIO”, promovida en fecha 5 de febrero del año 2014, ante el Juzgado de Letras Seccional de Puerto Cortés, Departamento de Cortés, por el abogado NEPTALI FERRERA QUINTERO, actuando en su condición de representante procesal de la entidad mercantil INVERSIONES Y TRANSPORTES TERRESTRES, S. DE R.L., contra el señor JESUS VILLANUEVA SOLIS, mayor de edad, soltero, hondureño y con domicilio en la ciudad de Puerto Cortés, Departamento de Cortés. I. ANTECEDENTES DE HECHO PRIMERO: En fecha 26 de noviembre del año 2015, la Corte de Apelaciones Civil de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, conociendo por vía de apelación de la sentencia definitiva de fecha 26 de agosto del año 2015, dictada por el Juzgado de Letras Seccional de Puerto Cortés, Departamento de Cortés, en el juicio de mérito, dictó sentencia REVOCANDO la dictada por el a-quo, sentencia del Tribunal de Alzada que en su parte resolutiva señala lo siguiente: “RESUELVE: 1) CON LUGAR el recurso de apelación interpuesto por el Abogado Francisco Rafael Zepeda Guzmán, en su condición de apoderado legal de la empresa Inversiones y Servicios Terrestres, contra la sentencia dictada en fecha 26 de agosto del 2015, por el juzgado de Letras seccional de Puerto Cortés.- 2) REVOCAR la sentencia dictándola nuevamente: a) declarando con lugar la demanda ordinaria de pago de daños e indemnización de perjuicios promovida por la empresa INVERSIONES Y SERVICIOS TERRESTRES contra el señor JESUS VILLANUEVA SOLIS; b) Condenando al señor JESUS VILLANUEVA SOLIS al pago de la cantidad de TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE LEMPIRAS CON SESENTA CENTAVOS (L. 379,539.60) por los daños y perjuicios causados; y c) condena al señor JESUS VILLANUEVA SOLIS al pago de costas en primera y segunda instancia.- Y MANDA: Que se notifique esta sentencia a las partes y oportunamente con la certificación de estilo se devuelvan los autos de la primera pieza al juzgado de su procedencia, para los efectos legales consiguientes.- Con costas.- Magistrada ponente Abogada Linda Patricia Reyes.- NOTIFÍQUESE.” SEGUNDO: En fecha 19 de enero del año 2016, la representante procesal del señor JESUS VILLANUEVA SOLIS, abogada CINTHIA SARAI COREA RODRIGUEZ, presentó escrito de interposición y formalización del recurso de casación contra la sentencia de fecha 26 de noviembre del año 2015, dictada por la Corte de Apelaciones Civil de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, resolviendo el ad-quem, mediante proveído de fecha 20 de enero del año 2016, tener por interpuesto y formalizado el recurso de casación por parte de la recurrente y acordó conceder a la parte contraria el plazo de diez días hábiles para que se pronunciara sobre el contenido del escrito, debiendo entregársele copia del mismo. TERCERO: En fecha 27 de enero del año 2016, el representante procesal de la entidad mercantil INVERSIONES Y TRANSPORTES TERRESTRES, S. DE R.L., abogado NEPTALI FERRERA QUINTERO, presento escrito de pronunciamiento sobre el contenido del recurso de casación interpuesto y formalizado por la contraparte, resolviendo la Corte de Apelaciones Civil de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, remitir las presentes diligencias a este Alto Tribunal en el término que manda la ley, para proseguir con el trámite correspondiente. CUARTO: Recibidas las actuaciones en éste Tribunal, y no habiéndose personado los abogados NEPTALI FERRERA QUINTERO y CINTHIA SARAI COREA RODRIGUEZ, ambos en sus condiciones ya indicadas, este Tribunal, mediante proveído de fecha 15 de marzo del año 2016, resolvió tener por precluido el plazo dejado de utilizar por ambos abogados. QUINTO: La parte recurrente plantea recurso de casación contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones Civil de San Pedro Sula, Departamento de Cortés de la siguiente manera: (Sic.) “MOTIVOS Y NORMAS INFRINGIDAS UNICO MOTIVO: Defecto en la aplicación de norma sustantiva contenidas en el artículo 1, 315, 324, 332, 335 del Código Procesal Civil, 385 del Código Penal PRECEPTO AUTORIZANTE Artículo 719.2 del Código Procesal Civil PRECISION DE LA INFRACCION La Honorable Corte de Apelaciones de lo Civil motiva su fallo exclusivamente en su razonamiento del acápite PRIMERO de la MOTIVACION FACTICA Y JURIDICA de la sentencia recurrida en el que expresa lo siguiente: PRIMERO: La sentencia que vemos mediante recurso de apelación, declara con lugar la demanda de pago de daños y perjuicios promovida por ITT S de RL en contra del señor JESUS VILLANUEVA SOLIS... este medio de prueba denominado peritaje desde la contestación de la demanda, audiencia preliminar y proposición de pruebas siempre fue controvertido por esta defensa, al tenor de lo que establece el artículo 332 del Código Procesal Civil al emitir dictamen el perito DEBERA manifestar bajo juramento o promesa de decir la verdad que ha actuado y en su caso actuara con la mayor objetividad posible…y que conoce de las sanciones penales en las que podría incurrir si incumpliere su deber como perito, se entiende que lo enunciado anteriormente es de carácter imperativo manifiesta una orden, una imposición. La Corte de Apelación considera ser cierto la promesa es una formalidad, la omisión no es causa suficiente para no considerar el fondo del asunto, la parte demandada siempre estuvo en contra de este medio de prueba por considerar que tiene carencia de eficacia probatoria violentándose o vulnerándose garantías procesales establecidas en nuestra normativa jurídica (Constitución de la República y otras leyes), no da certeza al juez alegado por la parte demandante, por lo que esta Corte de Apelaciones que la causa de omisión de juramento no es suficiente para no tomar en consideración la prueba pericial aportada y que no fue controvertida con otro medio de prueba. Así mismo ignoro que la falta de esta orden o imposición lleva consigo a la concurrencia del delito de FALSO TESTOMONIO contemplado el artículo 385 del Código Penal que dice “El testigo, PERITO o interprete que en su deposición, informe, traducción o interpretación, hecha ante autoridad competente, falsee total o parcialmente la verdad o silencie esta, será sancionado con reclusión de tres a cinco años”, ya que el mismo artículo 332 del CPC en sus últimas líneas estipula, (el perito) actuara con la mayor objetividad posible, tomando en consideración tanto lo que pueda favorecer como perjudicar a cualquiera de las partes. Lo anterior es producto del razonamiento que hace la Corte de Apelaciones, en el considerando primero de la MOTIVACION FACTICA Y JURIDICADE LA SENTENCIA. SEGUNDO: En relación a que si la empresa demandante estaba o no asegurada, el juez estableció en la sentencia como hechos probados que fue acreditado el accidente de tránsito, que no se acredito que la empresa demandante no contaba con seguro de daños y equipo a terceros por accidente de tránsito y que la cantidad reclamada por el actor, no fue debidamente sustentada ya que la constancia del contralor de la empresa demandante expresa el monto de los daños no es certificado de contador con las formalidades exigidas por el Colegio de Peritos y el dictamen de perito privado no cumple con el requisito de emitirse bajo juramento, la Corte de Apelaciones establece que la defensa admitió en la contestación de la demanda, audiencia preliminar la aceptación de los daños ocasionados y que lo único en entra en polémica es la cantidad en concepto de lucro cesante, pero esta incurre en la falta de aplicación que produce un vicio en la sentencia, ya que es una apreciación errónea de la Corte de Apelación, en virtud de que todos los hechos que alega la parte demandante han sido negado en su totalidad por mi representado, por lo que no se garantiza una tutela judicial efectiva para con mi representado, por lo que este tipo de resolución contraviene el principio de impartir justicia dentro del marco del debido proceso, es decir que las pruebas no produzcan ninguna duda razonable al juzgador. TERCERO: El principio de buena fe, busca impedir las actuaciones abusivas de las partes, en este caso la parte demandante ITT S DE RL., trata con buena habilidad confundir a la Corte de Apelaciones en indicar que hay aceptación de los hechos (lucro cesante, y pagos de los daños causados al equipo y a terceras personas), por lo que provoca que dicte una sentencia condenatoria para mi representado y es que hasta la fecha todos los hechos permanecen inciertos, y es que esta defensa la falta de aplicación de los artículos 2001 del Código Civil que dice “No puede transigir sino la persona capaz de un derecho que no se disputa”, en relación con el artículo 2000 del Código Civil dice “La transacción es un contrato en que las partes terminan extrajudicialmente un litigió pendiente, o procaven un litigió eventual”, la parte demandante solo presento documentos que no le da certeza al juzgador que cancelaron dichas cantidades. El Tribunal de Apelación, considera que al existir infracción en la aplicación o interpretación del derecho en la decisión del fondo, revoca la sentencia y consecuentemente una nueva sentencia condenando a mi representado al pago de la cantidad de NORMATIVA INFRINGIDAPRIMERO: Lo anterior motiva el presente recurso de casación para que se observe y aplique los siguientes artículos del Código Civil, Ley de Transporte Terrestre; Reglamento General de la Ley de Transporte Terrestre. Artículo 2001 del Código Civil que dice “No puede transigir sino la persona capaz de un derecho que no se disputa” Artículo 2000 del Código Civil que dice: La transacción es un contrato en que las partes terminan extrajudicialmente un litigio pendiente, o procaven un litigio eventual”. Artículo 46 de la Ley de Transporte Terrestre “Para garantizar el resarcimiento de los daños y perjuicios ocasionados a usuarios y terceros, en sus personas y bienes, con motivo del transporte, los titulares del certificado de explotación, o de permiso de explotación deberán contratar un seguro por cuenta del porteador, cuyos alcances y condiciones se fijarán en el reglamento respectivo” Artículo 125 deI Reglamento General de la Ley de Transporte Terrestre: Para garantizar el resarcimiento de los daños y perjuicios ocasionados a usuarios y terceros, en sus personas y bienes, con motivo del transporte, los titulares del certificado de explotación o de permiso de explotación deberán contratar un seguro por cuenta del porteador, cuyos alcances y condiciones se fijarán en el reglamento Especial Motiva lo anterior que esta Honorable Corte Suprema de Justicia CASE la sentencia y la revoque para que se aplique en forma debida a las normas infringidas.”II. FUNDAMENTOS DE DERECHO 1.- El recurso de casación tiene claramente definidos dos fines expresos al tenor de lo preceptuado por el artículo 716 del Código Procesal Civil, el primero de ellos es su función nomofiláctica, entendida ésta como “la exacta observancia de la ley”, es decir la protección de las normas del ordenamiento jurídico, mediante la procura y promoción de la más adecuada aplicación e interpretación del derecho objetivo. El segundo fin es la unificación de la jurisprudencia nacional, misma que se explica en el sentido de que habiendo situaciones iguales debe pronunciarse decisiones iguales, siempre y cuando no concurran razones objetivas y razonables que justifiquen un trato desigual, en otras palabras, la evolución de la jurisprudencia. Por su parte el numeral dos del artículo precitado, conmina a este alto tribunal a que aplique e intérprete las normas referidas al recurso de casación atendiendo a la finalidad de unificación de la jurisprudencia, esto como instrumento de garantía de la igualdad de todos ante la ley, y de la seguridad y certidumbre jurídicas. 2.- El recurso extraordinario de casación debe sujetarse en su formulación a determinados requisitos, para que pueda considerarse como tal y ser atendible por la Corte, ya que dicho recurso es esencialmente formalista, en consecuencia debe ceñirse a una técnica rigurosa para que pueda ser analizado y prospere; requisitos consignados en los artículos 704 y 721 del Código Procesal Civil, mismos que devienen en su cumplimiento por parte del impetrante, para que la Corte pueda considerarlo. 3.- De lo expuesto por la recurrente abogada CINTHIA SARAI COREA RODRIGUEZ, en el Único Motivo,la Sala lo deja relacionado sucintamente, ello en virtud de que el mismo aparece citado literalmente en los antecedentes de hecho de este auto. Expone la impetrante que la sentencia dictada el día veintiséis de noviembre del año dos mil quince, por la Corte de Apelaciones Civil de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, ha supuesto la infracción en la aplicación de normas sustantivas contenidas en los artículos 1, 315, 324, 332, 335 del Código Procesal Civil y 385 del Código Penal. Estima como precepto autorizante el artículo 719.2 del Código Procesal Civil; normativa esta que ha previsto como causal de casación, “el impugnar la aplicación e interpretación de las normas de derecho empleadas para la solución del fondo del litigio.” En sustento de su razonamiento impugnatorio la recurrente señala que el Tribunal de Alzada ha motivado su fallo exclusivamente en el acápite primero de la motivación fáctica y jurídica de la sentencia recurrida; razonamiento que dice no comparte, ello porque en el caso de autos, respecto del medio de prueba denominado peritaje, el mismo ha sido controvertido desde la contestación de la demanda, audiencia preliminar y proposición de pruebas por esa defensa, fundamentándose en lo que lo que establece el artículo 332 del Código Procesal Civil; esto es que al emitir dictamen el perito deberá manifestar bajo juramento o promesa de decir la verdad que ha actuado y en su caso actuara con la mayor objetividad posible, y que conoce de las sanciones penales en las que podría incurrir si incumpliere su deber como perito; artículo que dice la recurrente tiene carácter imperativo y manifiesta una orden, una imposición. Dice que la Corte de Apelaciones al considerar, que si bien es cierto que la promesa de un perito es una formalidad pero que la omisión de la misma no es causa suficiente para no considerar el fondo del asunto; con ello ha violentando garantías procesales establecidas en la normativa jurídica como la Constitución de la República y otras leyes; agrega la recurrente que la parte demandada siempre estuvo en contra de ese medio de prueba por considerar que tiene carencia de eficacia probatoria ya que no da certeza al juez, razón para cuestionar el razonamiento esgrimido por ese tribunal en cuanto: “que la causa de omisión dejuramento no es suficientepara no tomar en consideración la prueba pericial aportada y que no fue controvertida con otromedio de prueba.” Dice la recurrente que aunado a lo anterior la segunda instancia ignora que la consecuencia de la omisión de la formalidad imperativa de la prestación de promesa por parte del perito, conlleva a la concurrencia del delito de Falso Testimonio contemplado en el artículo 385 del Código Penal que establece: “El testigo, perito o interprete que en su deposición, informe, traducción o interpretación, hecha ante autoridad competente, falsee total o parcialmente la verdad o silencie esta, será sancionado con reclusión de tres a cinco años”, esto porque el mismo artículo 332del Código Procesal Civil estipula que: “actuara con la mayor objetividad posible, tomando en consideración tanto lo que pueda favorecer como perjudicar a cualquiera de las partes.” Sigue exponiendo que en relación a que si la empresa demandante estaba o no asegurada, el juez de primera instancia estableció en la sentencia como hechos probados lo siguiente: a) Fue acreditado el accidente de tránsito, b) Que se acredito que la empresa demandante no contaba con seguro de daños a equipos a terceros por accidente de tránsito, c) Que la cantidad total reclamada por el actor, no fue debidamente sustentada ya que la constancia del contralor de la empresa demandante, que expresa el monto de los daños, no es certificado de contador, con las formalidades exigidas por el Colegio de Peritos Mercantiles; y d) el dictamen de perito privado, extendido por el mismo Contralor de la empresa, no cumple con el requisito esencial de emitirse bajo juramento, o promesa de decir verdad. Dice que en cambio la Corte de Apelaciones establece en el fallo impugnado que la defensa admitió en la contestación de la demanda y la audiencia preliminar la aceptación de los daños ocasionados y que lo único que entra en polémica es la cantidad en concepto de lucro cesante; apreciación que dice la impetrante es errónea y por tanto la segunda instancia incurre en la falta de aplicación y que produce un vicio en la sentencia, ello en virtud de que todos los hechos alegados por la parte demandante han sido negado en su totalidad por su representado; razón para estimar que el fallo referido no garantiza una tutela judicial efectiva, ya que el mismo “contraviene el principio de impartir justicia dentro del marco del debido proceso, es decir que las pruebas no produzcan ninguna duda razonable al juzgador”. Continúa exponiendo que el órgano jurisdiccional de segunda instancia, se ha visto sorprendido en su buena fe por parte de la empresa demandante, ello porque estima la Corte de Apelaciones que hay aceptación de los hechos, esto es el lucro cesante, pagos de los daños causados al equipo y a terceras personas; y consecuentemente ha dictado una sentencia condenatoria para su representado, aun y cuando a la fecha todos los hechos permanecen inciertos; por lo que esa defensa estima la falta de aplicación de los artículos 2001 del Código Civil que dice: “No puede transigir sino la persona capaz de un derecho que no se disputa”, en relación con el artículo 2000 del citado Código que dice: “La transacción es un contrato en que las partes terminan extrajudicialmente un litigio pendiente, o precaven un litigio eventual”; ya que la parte demandante solo presento documentos que no le dan certeza al juzgador de que cancelaron dichas cantidades. Finalmente la recurrente estima que todo lo señalado por ella motiva el presente recurso de casación para que se observe y apliquen los siguientes artículos 2000 y 2001 del Código Civil, 46 de la Ley de Transporte Terrestre y 125 deI Reglamento General de la Ley de Transporte Terrestre. 4.- Llevado a cabo el estudio del motivo planteado, el mismo no resulta de recibo para la Sala, ello porque en los términos en que se formula el mismo, denota una serie de falencias que evidencian una indebida técnica casacional, mismas que tienen que ver con lo siguiente: a) Falta a la necesaria separación y claridad con la que debe dejar expuesto el motivo, ello porque la recurrente estima en forma conjunta y sin hacer la separación debida, que se han infringido los artículos 1, 315, 324, 332, 335 del Código Procesal Civil, 385 del Código Penal, 2000 y 2001 del Código Civil, 46 de la Ley de Transporte Terrestre y 125 del Reglamento General de la Ley de Transporte Terrestre; respecto de lo cual es menester señalar que la casacionista devenía en la obligación de exponer en motivos separados la vulneración de cada una de las normas que cita, debiendo también precisar y justificar la incidencia de la infracción en el sentido de la resolución impugnada, al no hacerlo así, no ha observado lo señalado por el artículo 721.2 del Código Procesal Civil; b) La recurrente hace cita indiscriminada de preceptos que estima vulnerados, así tenemos que aduce la transgresión de los artículos1, 315, 324, 332, 335 del Código Procesal Civil, 385 del Código Penal, 2000 y 2001 del Código Civil, 46 de la Ley de Transporte Terrestre y 125 del Reglamento General de la Ley de Transporte Terrestre; tal cita de manera indiscriminada de preceptos legales, se conoce como “cita acumulada de una sucesión de normas que rigen determinada materia”, y que doctrinalmente queda establecido en que: “…el casacionista no debe incurrir en el defecto de alegar como infringidas un conjunto indiscriminado de las normas que rigen determinada materia... una adecuada técnica casacional exige que en cada uno de los motivos de casación se precise la infracción legal que se considera cometida, debiendo por tanto evitarse la concentración en un solo motivo de todos o la mayor parte de los artículos, mediante una interpretación conjunta de normas con diferentes alcances…”[1]En este motivo, la impetrante hace cita de varias normas jurídicas de carácter adjetivo, sustantivo y reglamentario, mismas que difieren en rango y protección recursiva, razón por la cual era deber dela misma haberlas planteado de forma separada, cada una de ellas en motivos distintos y cumplir con los requisitos establecidos en el artículo 704 del Código Procesal Civil, el cual establece que: “Sin perjuicio de las concretas exigencias, que puedan regularse, los escritos de interposición, de un recurso devolutivo deberán contener la fundamentación de lo pedido, con determinación en todo caso del perjuicio o agravio sufrido e identificación del vicio o error que lo causa…..”; en el presente motivo la falta de individualización de las normas consideradas como infringidas, convierten en imprecisa la recurrencia pretendida; asunto sobre el cual la Sala de lo Civil ya se ha pronunciado en reiteradas ocasiones.[2]; c) Pretende la recurrente que bajo la tutela del precepto autorizante invocado como lo es el artículo 719.2 del Código Procesal Civil; normativa que prevé como causal de casación, “el impugnar la aplicación e interpretación de las normas de derecho empleadas para la solución del fondo del litigio.”; la Sala se pronuncie sobre la posible vulneración delos artículos 1, 315, 324, 332, 335 del Código Procesal Civil, que resultan ser normas procesales, en ese sentido es necesario ilustrar ala recurrente que si su pretensión se encaminaba a impugnar la posible transgresión de una norma procesal, devenía entonces en invocar como precepto autorizante lo dispuesto por el artículo 719.1, literal b)del citado Código, esto es que se podrá impugnar en vía de casación la aplicación e interpretación de normas procesales que regulan: “Los actos y garantías procesales cuando su infracción suponga la nulidad o produjera indefensión.”; y d)La recurrente al cuestionar el razonamiento esgrimido por el Tribunal de Alzada respecto del medio de prueba denominado peritaje;confunde la viabilidad de la impugnación al citar como precepto autorizante el artículo 719.2 del Código Procesal Civil; al respecto se establece que si se pretende impugnar la motivación fáctica de la sentencia, a fin de revisar su existencia, suficiencia, racionalidad y carácter lógico, siempre que éste fuera determinante de un sentido diferente al fallo, indefectiblemente para ellodeberá fundamentarse el motivo en el artículo 719.1, literal c), autorizado por el artículo 720.2 del Código Procesal Civil.5.- La defectuosa estructuración del recurso de casación sub-júdice se tipifica en la causal prevista en el artículo 723.2 literala)del Código Procesal Civil que ad literam establece:“TRÁMITE DE ADMISIÓN. 1.-…2. Sólo podrá inadmitirlo por las siguientes causales: a) Incumplimiento de las exigencias y requisitos establecidos por este Código para el escrito de interposición y formalización,…”. En consecuencia, es procedente declarar su inadmisión en el único motivo planteado. III. PARTE DISPOSITIVA Por lo antes expuesto la Sala de lo Civilde la Corte Suprema de Justicia, pronunciándose por unanimidad de votos e impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, en base a los fundamentos de derecho citados y haciendo aplicación de los artículos 303, 304, 313 numeral 5) y 316 de la Constitución de la República; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 701, 703, 704, 716, 717, 718, 719, 720 numerales 1) y 2), 723.2 literal a), y 724 del Código Procesal Civil; profiere el presente auto irrecurrible y declara: I.- LA INADMISIÓN del recurso de casaciónen su único motivo formalizado por la abogada CINTHIA SARAI COREA RODRIGUEZ, en su condición de representante procesal del señor JESUS VILLANUEVA SOLIS, contra la sentencia dictada el 26 de noviembre del 2015, por la Corte de Apelaciones Civil de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, en relación a la DEMANDA DE PAGO DE DAÑOS E INDEMNIZACION DE PERJUICIOS A TRAVES DE LA VIA DEL PROCESO ORDINARIO, promovida por el abogado NEPTALI FERRERA QUINTERO, actuando en su condición de representante procesal de la entidad mercantil INVERSIONES Y TRANSPORTES TERRESTRES, S. DE R.L.II.- FIRME la sentencia recurrida dictada el 26 de noviembre del 2015, por la Corte de Apelaciones Civil de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, eidentificada en el expediente de apelación bajo el número 226-15 C.V., originado en los autos que conforman el expediente número 0506-90-14 del Juzgado de Letras Seccional de Puerto Cortés, Departamento de Cortés. III.- CONDENA EN COSTAS a la parte recurrente. Y MANDA: Remitirlas presentes actuaciones, junto con la certificación de esta resolución al tribunal de su procedencia, previa notificación de este auto a las partes, por medio de sus apoderados legalmente constituidos en juicio.- Redacto el Magistrado Wilfredo Méndez Romero.- NOTIFÍQUESE.- FIRMAS Y SELLO. WILFREDO MÉNDEZ ROMERO. MAGISTRADO COORDINADOR. RINA AUXILIADORA ALVARADO MORENO. MAGISTRADA. REYNALDO ANTONIO HERNÁNDEZ. MAGISTRADO. FIRMA Y SELLO. BETTY JANETH PALMA O´CONNOR. RECEPTORA ADSCRITA”.
Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los catorce días del mes de diciembre del año dos mil diecisiete; Certificación del Auto de fecha doce de octubre del dos mil diecisiete, recaído en el Recurso de Casación registrado bajo el No. S.C.33-2016.
BETTY JANETH PALMA O’CONNOR
RECEPTORA ADSCRITA
[1]1 Salas Carceller, Antonio. Práctica Procesal de los Recursos de Casación, Edit. Thompson Reuters ARAZANDI. Pag. 64 y ss.
[2] Resoluciones 192-2012 de fecha 13-2013 de fecha 3 de junio del año 2014; 215-2014 de fecha 25 de agosto 2015.