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Sentencia CC-86-15 — Registro 5882

Resumen

“En relación al primer motivo de casación el Censor invoca como precepto autorizante el artículo 719 número 1) inciso c) del Código Procesal Civil, en lo concerniente a la forma y contenido de la sentencia; señalando como normas procesales infringidas los artículos 206, 207 y 208 del Código Procesal Civil y señala con determinación que las sentencias deben ser claras, precisas y exhaustivas, siendo debidamente motivadas. Este Tribunal de Casación al examinar este motivo de casación recuerda que por disposición del artículo 721 del Código Procesal Civil, en el escrito de casación se hará constar los motivos (causales) en que la casación se base, con expresión de las normas de derecho (norma infringida) cuya infracción sustente cada motivo (causal), todo ello con la suficiente separación y claridad, ello implica que cada causal a de ir acompañada por la norma infringida y en aquellos casos en que un precepto contenga varios incisos, párrafos o numerales que representen supuestos diferentes, habrá que hacerlo como dice la ley, esto es con la suficiente separación, en otras palabra una causal por cada supuesto jurídico que se supone infringido, en el caso sub júdice, se vienen señalando como infringidos los artículo 206, 207 y 208 del Código Procesal Civil, el primer artículo en su numeral 1) referente al deber de las sentencias de ser claras, precisas y exhaustivas; en su numeral 2) referente al principio iuria novit curia (Principio mediante el cual las partes se limitan a probar los hechos y no los fundamentos de derecho aplicables), y en su numeral 3) referente a la separación de los pronunciamientos. El segundo artículo contiene dos numerales, uno referente de cómo se hará la motivación y el segundo relativo a la incidencia de esta. El tercer artículo contiene dos numerales, uno sobre la congruencia de las sentencias y otro relativo a las declaraciones que han de decidir todos los puntos litigiosos. Como se aprecia, cada punto amerita exponer por separado la supuesta infracción a efecto de una mayor claridad, tal y como lo exige la norma procesal; al respecto la jurisprudencia ha sido reiterativa al exigir la debida separación para cada supuesto de infracción. Finalmente, no se estimará la procedencia si el Recurrente se limita a transcribir, sin más, el texto de cada precepto, sin razonar por tanto, debidamente el por qué la sentencia recurrida los ha infringido, como ocurre en el caso en donde existe solo la transcripción de los artículos citados como infringidos ya que no se precisa ni justifica la incidencia de la infracción en el sentido de la resolución impugnada.”

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

“En relación al primer motivo de casación el Censor invoca como precepto autorizante el artículo 719 número 1) inciso c) del Código Procesal Civil, en lo concerniente a la forma y contenido de la sentencia; señalando como normas procesales infringidas los artículos 206, 207 y 208 del Código Procesal Civil y señala con determinación que las sentencias deben ser claras, precisas y exhaustivas, siendo debidamente motivadas. Este Tribunal de Casación al examinar este motivo de casación recuerda que por disposición del artículo 721 del Código Procesal Civil, en el escrito de casación se hará constar los motivos (causales) en que la casación se base, con expresión de las normas de derecho (norma infringida) cuya infracción sustente cada motivo (causal), todo ello con la suficiente separación y claridad, ello implica que cada causal a de ir acompañada por la norma infringida y en aquellos casos en que un precepto contenga varios incisos, párrafos o numerales que representen supuestos diferentes, habrá que hacerlo como dice la ley, esto es con la suficiente separación, en otras palabra una causal por cada supuesto jurídico que se supone infringido, en el caso sub júdice, se vienen señalando como infringidos los artículo 206, 207 y 208 del Código Procesal Civil, el primer artículo en su numeral 1) referente al deber de las sentencias de ser claras, precisas y exhaustivas; en su numeral 2) referente al principio iuria novit curia (Principio mediante el cual las partes se limitan a probar los hechos y no los fundamentos de derecho aplicables), y en su numeral 3) referente a la separación de los pronunciamientos. El segundo artículo contiene dos numerales, uno referente de cómo se hará la motivación y el segundo relativo a la incidencia de esta. El tercer artículo contiene dos numerales, uno sobre la congruencia de las sentencias y otro relativo a las declaraciones que han de decidir todos los puntos litigiosos. Como se aprecia, cada punto amerita exponer por separado la supuesta infracción a efecto de una mayor claridad, tal y como lo exige la norma procesal; al respecto la jurisprudencia ha sido reiterativa al exigir la debida separación para cada supuesto de infracción. Finalmente, no se estimará la procedencia si el Recurrente se limita a transcribir, sin más, el texto de cada precepto, sin razonar por tanto, debidamente el por qué la sentencia recurrida los ha infringido, como ocurre en el caso en donde existe solo la transcripción de los artículos citados como infringidos ya que no se precisa ni justifica la incidencia de la infracción en el sentido de la resolución impugnada.”

Legislación citada

Jerarquía: Reiterativa

“En su segundo motivo de casación el recurrente, abogado Pacheco Cruz invoca como “…precepto autorizante el artículo 720 numeral 2) del Código Procesal Civil, en lo concerniente a la excepción de la exclusión de la revisión probatoria en casación; y como normas procesales infringidas los artículos 1346 del Código Civil, 13 del Código Procesal Civil que junto con los artículos 245 y 479 numeral 1) del Código Procesal Civil que regulan el principio de la valoración de la prueba, 200 del Código Procesal Civil que regula el contenido forma de las sentencias 206, 207 y 208 del Código Procesal Civil que dispone sobre requisitos internos de las sentencias y que han tenido como efecto la violación al artículo 324 de la Constitución de la República…” Esta Sala de lo Civil es del parecer que el Impetrante debió en este motivo de casación haber señalado como precepto autorizante el artículo 719 numeral 1) inciso c) en lo referente a la forma y contenido de la sentencia y relacionado al artículo 720 numeral 2) del Código Procesal Civil, ya que es posible no la revisión de la prueba practicada, pero sí de la motivación fáctica de la sentencia, esto es, la manera a través de la cual el órgano judicial de apelación ha razonado sobre las pruebas practicadas, así como el cumplimiento de las exigencias de claridad, precisión, exhaustividad y motivación que se integran como requisitos internos de la sentencia. Recordándole esta Sala al Censor que el Precepto Autorizante no es mas que las causales del recurso que deben tener sintonía o mejor dicho afinidad con la norma infringida para determinar el quebranto de la ley en la parte dispositiva de la sentencia, con el objeto de determinar si la ley ha sido recta y debidamente aplicada o no; por lo que la exclusión de la revisión probatoria en sí misma no constituyen una causal a ser infringida. Además, que el Recurrente insta a la revisión del material probatorio del Juez a quo lo cual le está vedado a este Tribunal de casación, ya que la técnica casacional prescribe que los hechos tenidos como acreditados y la valoración de la prueba son elementos intangibles en el recurso de casación.”

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACION

La Infrascrita Secretaria General de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: La Sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los ocho días del mes de junio del año dos mil dieciséis, la Sala de lo Civil, integrada por los Magistrados: REYNALDO ANTONIO HERNÁNDEZ, como Coordinador, WILFREDO MÉNDEZ ROMERO Y RINA AUXILIADORA ALVARADO, designada ponente para el conocimiento y redacción de la resolución en el presente recurso de casación, en la fecha supra indicada dictan el siguiente AUTO: SON PARTES: El señor EDGAR ENRIQUE COHELLO CESARDO, en su condición de padre y por ende representante legal del menor EDGAR ENRIQUE COHELLO CHIRINOS, representado en juicio por el abogado GERMAN ALFREDO PACHECO CRUZ como recurrente; siendo recurrida la sociedad mercantil denominada CENTRO MEDICO SAMPEDRANO, S.A. (HOSPITAL CEMESA), representada en juicio por el abogado ALLAN ROBERTO NUÑEZ RAMOS. OBJETO DEL PROCESO: “DEMANDA ORDINARIA DE PAGO”, promovida en fecha veinticinco de mayo del año dos mil nueve, ante el entonces Juzgado de Letras Tercero de lo Civil de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, por el abogado ALLAN ROBERTO NUÑEZ RAMOS, actuando en su condición de representante procesal de la sociedad mercantil denominada CENTRO MEDICO SAMPEDRANO, S.A. (CEMESA), contra el señor EDGAR ENRIQUE COHELLO CESARDO, mayor de edad, casado, ingeniero, de nacionalidad peruana y la señora JANINE ISEL CHIRINOS GUARDIOLA, mayor de edad, casada, comerciante, hondureña, ambos con domicilio en San Pedro Sula, Departamento de Cortés, en su condición de padres y por ende representantes legales de su menor hijo EDGAR ENRIQUE COHELLO CHIRINOS. I. ANTECEDENTES DE HECHO PRIMERO: Con fecha diez de diciembre del año dos mil catorce, la Corte de Apelaciones Civil, de San Pedro Sula, departamento de Cortés, conociendo por vía de apelación de la sentencia definitiva de fecha veinticinco de agosto del año dos mil catorce, dictada por el Juzgado de Letras Civil de la Sección Judicial de San Pedro Sula, Departamento de Cortes, en el juicio de merito, dictó sentencia REVOCANDO la dictada por el A-quo de la siguiente manera: “FALLA: PRIMERO: DECLARAR SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto por el abogado ALLAN ROBERTO NUÑEZ RAMOS, en la condición con que actúa, contra la sentencia definitiva de fecha veinticinco (25) de agosto del año dos mil catorce, dictada por Juzgado de Letras Civil de esta sección judicial de San Pedro Sula, Cortes.- SEGUNDO: SE DECLARA CON LUGAR el recurso de apelación interpuesto por el Abogado GERMAN ALFREDO PACHECO CRUZ, en su condición con que actúa, contra la sentencia definitiva de fecha veinticinco (25) de agosto del año dos mil catorce, dictada por Juzgado de Letras Civil de esta sección judicial de San Pedro Sula, Cortes.- TERCERO: SE REVOCA y se dicta la sentencia la que debe leerse así:1) SE DECLARA CON LUGAR la demanda ordinaria de pago promovida por el abogado ALLAN ROBERTO NUÑEZ RAMOS, en su condición de apoderado judicial de la sociedad Mercantil CENTRO MEDICO SAMPEDRANO S.A. (CEMESA), contra los señores EDGAR ENRIQUE COHELLO CESARDO Y JANINE ISEL CHIRINOS GUARDIOLA. 2) SE CONDENA a los demandados los señores EDGAR ENRIQUE COHELLO CESARDO Y JANINE ISEL CHIRINOS GUARDIOLA, a pagar al Hospital CEMESA, la cantidad de un millón cuarenta y nueve mil novecientos cincuenta lempiras con sesenta y cinco centavos L.1,049,950.65. Cantidad que deberán pagar ambos demandados. SIN COSTAS EN PRIMERA Y SEGUNDA INSTANCIA.- Y MANDA: Que se notifique esta sentencia a las partes y oportunamente con la certificación de estilo se devuelvan los autos de la primera pieza al juzgado de su procedencia, para los efectos legales consiguientes. Redactó el Abogado Clemente Jesús Gámez Peralta. NOTIFÍQUESE.” SEGUNDO: El abogado GERMAN ALFREDO PACHECO CRUZ en su condición de representante procesal del señor EDGAR ENRIQUE COHELLO CESARDO, en su condición de padre y por ende representante legal del menor EDGAR ENRIQUE COHELLO CHIRINOS, en fecha cuatro de febrero del año dos mil quince, presento escrito de interposición y formalización del recurso de casación contra la sentencia de fecha diez de diciembre del año dos mil catorce, dictada por la Corte de Apelaciones de lo Civil de San Pedro Sula, departamento de Cortés, resolviendo el Ad-quem, mediante proveído de fecha cuatro de febrero del año dos mil quince, tener por interpuesto y formalizado el recurso de casación por parte del Recurrente y acordó conceder a la parte contaría el plazo de diez (10) días hábiles para que se pronunciara sobre el contenido del escrito, debiendo entregársele copia del mismo. TERCERO: El representante procesal de la sociedad mercantil CENTRO MEDICO SAMPEDRANO, S.A. (HOSPITAL CEMESA), abogado ALLAN ROBERTO NUÑEZ RAMOS, presentó en fecha veinte de febrero del año dos mil quince, escrito de pronunciamiento sobre el contenido del recurso de casación interpuesto y formalizado por la contraparte, resolviendo la Corte de Apelaciones Civil, de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, tener por pronunciada a la parte recurrida, ordenando remitir las presentes diligencias a la Honorable Corte Suprema de Justicia en el término que manda la ley, para proseguir con el trámite correspondiente. CUARTO: Recibidas las actuaciones en éste Tribunal, los abogados GERMAN ALFREDO PACHECO CRUZ y ALLAN ROBERTO NUÑEZ RAMOS, ambos en su condición ya indicadas, presentaron escritos de personamiento en fechas seis y nueve de marzo del año dos mil quince, resolviendo este Tribunal, mediante proveído de fecha veintiocho de abril del año dos mil quince, tenerlo por personados dentro del plazo concedido. QUINTO: Que la parte recurrente plantea su recurso de casación contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones Civil, de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, de la siguiente manera: “MOTIVO DE CASACION MOTIVO PRIMERO PRECEPTO AUTORIZANTE…Artículo 719 número 1 inciso c del Código Procesal Civil, en lo concerniente a la forma y contenido de la sentencia. NORMAS PROCESALES INFRINGIDAS. Artículos 206, 207 y 208 del Código Procesal Civil, que regula los Requisitos Internos De La Sentencia y literalmente dicen: Articulo 206: CLARIDAD, PRECISION Y EXHAUSTIVIDAD. 1.- Las sentencias deben ser claras, precisas y exhaustivas. 2.- El tribunal, sin apartarse de la causa de pedir acudiendo a fundamentos de hecho o de derecho distintos de los que las partes hayan querido hacer valer, resolverá conforme a las normas aplicables al caso, aunque no hayan sido acertadamente citadas o alegadas por los litigantes.3.- Cuando los puntos objeto del litigio hayan sido varios, el tribunal hará con la debida separación el pronunciamiento correspondiente a cada uno de ellos. Como es del pleno conocimiento de este Máximo Tribunal de Justicia, la sentencia es la respuesta a toda pretensión demandada y esta debe necesariamente ser estimatoria o desestimatoria, de cualquier pretensión ejercida y aclara el derecho controvertido. De la simple lectura del libelo de contestación de demanda de fecha 09 de abril del año 2009 ante el Juez de Primera Instancia, se puede apreciar que uno de los puntos de debate fijados por la parte demandada en la demanda que nos ocupa, fue determinar sobre la competencia por razón de la materia si la pretensión hecha por la parte demandante debió formularse ante un Juzgado de Familia o de la Niñez y la Adolescencia o ante un Juzgado Civil, al momento de dictarse el fallo definitivo en primera instancia, no hubo ningún pronunciamiento al respecto por parte de la Juzgadora, quien debió de tener el cuidado de analizar toda la controversia sometida a debate a efecto de que su parte resolutiva fuera acorde al litigio (principio de correlación de la sentencia con la demanda y contestación).- Siendo del absoluto conocimiento de este Alto Tribunal que cualquier sentencia que no sea precisa o lo suficientemente clara pueda conseguir los propósitos propios de su naturaleza, generando confusión e incertidumbre y lo que es peor aún, generar inseguridad jurídica. Artículo 207. MOTIVACION. 1.- Las sentencias se motivaran expresando los razonamientos facticos y jurídicos que conducen a la apreciación y valoración de las pruebas, así como a la aplicación e interpretación del Derecho. 2.- La motivación deberá incidir en los distintos elementos facticos y jurídicos del pleito, considerados individualmente y en conjunto, ajustándose siempre a las reglas de la lógica y de la razón. Otro de los puntos objeto de debate fijados en la contestación de la demanda -y que no fue tomado en consideración ni en primera ni en segunda instancia- fue el de establecer el grado de responsabilidad solidaria con El Estado de Honduras o con la Institución que ella representaba, que tiene la Abogada Elizabeth Rodríguez en su condición de Coordinadora de la Fiscalía de la Niñez de San Pedro Sula, cuando mediante oficio número MP FEN-SPS-11-09 ordeno al demandante CEMESA que le continuaran el tratamiento médico al menor Edgar Enrique Cohello Chirinos, sin el consentimiento de su padre el Señor Edgar Enrique Cohello Cesardo y que trajo como consecuencia los exorbitantes honorarios médicos que están fuera del presupuesto económico del Sr. Cohello, limitándose la Juez de Primera Instancia únicamente a enunciar en su fallo definitivo, los alegatos hechos en mi escrito de contestación, pero sin plasmar en su sentencia definitiva ninguna pronunciación al respecto sobre su procedencia o improcedencia, lo que la hace incurrir en una MOTIVACION INSUFICIENTE” violentando el Articulo 207 del Código Procesal Civil y de paso también violenta el Articulo 208 del mismo cuerpo legal que regula otro de los requisitos de la Sentencia, es decir la “CONGRUENCIA” y que a continuación transcribo literalmente. Articulo 208. CONGRUENCIA. 1. Las Sentencias deben ser congruentes con las demandas y con las demás pretensiones de las partes, deducidas oportunamente en el pleito.2. En las sentencias se efectuaran las declaraciones que aquellas exijan, condenando o absolviendo al demandado y decidiendo todos los puntos litigiosos que hayan sido objeto del debate. Del estudio de la Sentencia Definitiva de fecha veinticinco de Agosto del año dos mil catorce, dictada en primera instancia, se puede apreciar claramente que se ha producido una incongruencia omisiva o ex silentio, esencialmente porque dicho Juzgado dejo sin contestación no solo una sino varias de las pretensiones que en su momento sometí a su consideración. DEMOSTRACION DE LA INFRACCION DE LA NORMA DE PROCESAL De la simple lectura del libelo de contestación de Demanda de fecha 09 de Abril del año 2010, de las conclusiones hechas por la parte demandada de fecha 14 de marzo del año 2014 y de la Sentencia Definitiva de fecha 25 de Agosto del año 2014 dictada en primera instancia, esta plenamente demostrada la infracción de las normas procesales contenidas en los artículos 206, 207 y 208 del Código Procesal Civil que regula los Requisitos Internos de la Sentencia. MOTIVOS DE CASACION MOTIVO SEGUNDO PRECEPTO AUTORIZANTE Articulo 720 número 2 del Código Procesal Civil, en concerniente a La Excepción De La Exclusión De La Revisión Probatoria En Casación. NORMAS PROCESALES INFRINGIDAS: Artículos 1346 del Código Civil que regula el origen de las obligaciones, 13 C.P.C. que junto con el articulo 245 y 479.1 ambos del C.P.C. regulan el principio de la valoración de la prueba, 200 C.P.C. que regula el contenido formal de las sentencias, 206, 207 y 208 C.P.C. que dispone sobre requisitos internos de las sentencias y que han tenido como efecto la violación al artículo 324 de la Constitución de la Republica. El precepto autorizante de este segundo motivo de casación que viene a complementar el anterior, literalmente establece: Artículo 720. Exclusión de la revisión probatoria en casación. 1. Por medio del recurso de casación no se podrá instar la revisión de los hechos ni la interpretación y valoración de las pruebas contenidas en las sentencias dictadas en la instancia. 2. Sin embargo, y dentro del literal c) del numeral 1 del artículo anterior, se podrá solicitar en casación el control de la motivación fáctica de la sentencia para revisar su existencia, suficiencia, racionalidad y carácter lógico, siempre que este fuera determinante de un sentido diferente del fallo. Si bien es cierto que el recurso de casación conforme al artículo 716.1.2. CPC tiene como finalidad: La protección de las normas del ordenamiento jurídico, procurando y promoviendo la más adecuada aplicación e interpretación del derecho objetivo, así como la unificación de la jurisprudencia nacional, es decir, analizar, estudiar y dictaminar si se produjo infracción procesal o de la ley, y como recurrente la Ley me prohíbe exigir que la Sala de lo Civil se pronuncie sobre la procedencia de los hechos comparativamente con la valoración de la prueba, ya sea por su admisión o inadmisión, o por el criterio adoptado por la Juzgadora en Primera Instancia en el uso de su derecho de libre apreciación de la prueba. Tampoco es menos cierto, que como impetrante me asiste el derecho -por considerarlo procedente- para incluir en este recurso extraordinario, que la Sala de lo Civil de la Honorable Corte Suprema de Justicia, se pronuncie sobre la ausencia parcial de algunos requisitos legales en la motivación de la Sentencia, como los expresados en el primer motivo de casación antes indicados, como por ejemplo y -valga la redundancia- los que se señalan de manera insuficiente en la motivación de la sentencia definitiva que conducen a una incorrecta apreciación de la prueba. Nótese que en el cuarto considerando de la Sentencia Definitiva de fecha 25 de Agosto del año 2014 dictada en primera instancia, la Juzgadora establece que: La parte demandante propuso medio de prueba: 1) Documento de autorización de atención hospitalaria y obligación de pago, firmada por la señora Janine Isel Chirinos Guardiola; 2) Certificación original del acta de nacimiento del menor Edgar Enrique Cohello Chirinos; 3) Factura original numero 4000192730 por la cantidad de (L. 1,099,950.65); 4)Copia autenticada del oficio número MP FEN-SPS- 11-09 enviado por la Abogada ELIZABETH RODRIGUEZ en su condición de Coordinadora de la Fiscalía de la Niñez de San Pedro Sula (Prueba Documental aportada por la parte demandante y que acredita que esta Funcionaria del Estado fue quien ordeno que ese Hospital Privado atendiera al menor Edgar Enrique Cohello Chirinos, lo cual la hace solidariamente responsable con el Estado de Honduras para el pago de los exorbitantes honorarios médicos al que condenan a pagar a mi representado Edgar Enrique Cohello Cesardo, conforme a los artículos 321 y 324 de la Constitución de la Republica (obligación solidaria que tiene la Fiscal cuya fuente es el Articulo 324 de la Constitución de la Republica y de acuerdo al artículo 1346 del Código Civil, que establece la fuente u origen de las obligaciones, la obligación que tiene esta Fiscal en forma solidaria con El Estado o la Institución a la que ella pertenece -o pertenecía al momento de desarrollarse los hechos controvertidostiene su origen en la Ley) por haber actuado con abuso de poder en el ejercicio de su cargo en perjuicio de una persona particular, en este caso, en perjuicio del Señor Edgar Enrique Cohello Cesardo) (ver numeral 5ª de mi escrito de conclusiones con relación al considerando 4 de la sentencia definitiva de primera instancia y la parte petitoria número 4 de mi libelo de interposición de Recurso de Apelación ante la Corte de Apelaciones Civil de San Pedro Sula, donde al momento de dictar su Sentencia Definitiva de fecha 10 de diciembre del 2014 donde si bien es cierto fue dictada conforme a Derecho, también es cierto que en dicho fallo de segunda instancia, en su motivación fáctica, tampoco hubo ningún pronunciamiento en relación a la responsabilidad solidaria con el Estado o con el Ministerio Publico de la Supra Mencionada Fiscal Coordinadora de la Fiscalía de la Niñez de San Pedro Sula, dicho de otra manera, no fue lo suficientemente exhaustiva). Como la motivación de la Sentencia debe ser hecha en base a los razonamientos de los hechos junto con el ordenamiento jurídico, y estos a su vez, deben de conducir a una correcta apreciación y valoración de la prueba. La ausencia de estos requisitos -como ocurre en el presente caso- donde al momento de dictarse el fallo definitivo, la Juez Sentenciadora de Primera Instancia produjo insuficiencia de razonamiento al emitir su sentencia, produciéndose un fallo parcialmente contrario al derecho de la parte demandada hoy recurrente, infringiendo los principios del razonamiento y la lógica jurídica que deben de prevalecer en las resoluciones judiciales. Por considerarlo procedente, mediante este segundo motivo de casación -complementario al primero- solicito respetuosamente que se revise y se cumpla la aplicación correcta del ordenamiento jurídico, que incluyen los principios de la motivación de la sentencia y que se dicte un fallo congruente y lógico con las leyes aplicables. Es verdad que el Artículo 720 C.P.C. excluye la revisión probatoria en casación al prohibir en el numeral “1” que: “Por medio del recurso de casación no se podrá instar la revisión de los hechos ni la interpretación y valoración de las pruebas contenidas en las sentencias dictadas en la instancia”. Pero en esa misma norma procesal en su numeral “2” hace la siguiente excepción: “Sin embargo, y dentro del literal c) del numeral 1 del artículo anterior, se podrá solicitar en casación el control de la motivación fáctica de la sentencia para revisar su existencia, racionalidad y carácter lógico, siempre que este fuera determinante de un sentido diferente del fallo” (La revisión solicitada es determinante en el sentido de que existe la posibilidad de lograr que el Máximo Tribunal de Justicia declare la responsabilidad solidaria de pago de la Fiscal del Ministerio Publico junto con el Estado o la Institución que ella representaba al ordenar la atención medica en un Hospital Privado). Aunque no se nos permitió demostrar de manera fehaciente, que el Señor Edgar Enrique Cohello Cesardo, pago al demandante CENTRO MEDICO SAMPEDRANO, S.A. (CEMESA) la suma de QUINIENTOS CINCUENTA MIL LEMPIRAS (L.550,000.00) equivalente a la parte proporcional a la que fue condenado a pagar en segunda instancia, consideramos injusto e ilegal que en ambas sentencias proferidas en primera y segunda instancia, por su incongruencia omisiva o ex silentio, se exonere de manera tácita de toda responsabilidad, a la Funcionaria del Ministerio Publico que en el ejercicio de sus funciones le acarreo un grave perjuicio patrimonial a mi Representado, cuando de conformidad al artículo 324 de la Constitución de la Republica es civil y solidariamente responsable junto con El Estado o con la Institución Estatal a cuyo servicio se encontraba al momento en que pudo haber ordenado la atención medica del menor Edgar Enrique Cohello Chirinos, a un Hospital Estatal y no a uno privado cuya finalidad principal es el lucro, aplicando criterios eminentemente mercantilistas en sus atenciones médicas. Mediante la interposición del presente Recurso de Casación con este segundo motivo, no pretendemos una revisión probatoria al estilo regulado en el artículo 907.3 del Código de Procedimientos derogado de 1906, por errores de derecho en la apreciación de la prueba o error de hecho, cuando este resulta de documentos o actos auténticos y demuestren equivocación evidente del Juzgador, nuestro propósito es que se practique una revisión de los razonamientos que condujeron a la Juzgadora a la apreciación y valoración de las pruebas para fundar su convencimiento (artículo 13 principio de valoración de prueba, 245 y 479.1 CPC) y conseguir que se excluya la arbitrariedad y la irracionalidad, haciendo uso del derecho que me confiere el artículo 720.2 C.P.C. para impugnar la Sentencia Definitiva que no cumple con las exigencias de claridad, precisión, exhaustividad y motivación conforme a los artículos 206 y 207 C.P.C. ya que de no concurrir todos esos elementos o alguno de ellos ya sea de manera total, o parcial como ocurre en el presente caso, trae como consecuencia la nulidad o anulabilidad de la sentencia recurrida.” II. FUNDAMENTOS DE DERECHO 1. En relación al primer motivo de casación el Censor invoca como precepto autorizante el artículo 719 número 1) inciso c) del Código Procesal Civil, en lo concerniente a la forma y contenido de la sentencia; señalando como normas procesales infringidas los artículos 206, 207 y 208 del Código Procesal Civil y señala con determinación que las sentencias deben ser claras, precisas y exhaustivas, siendo debidamente motivadas. Este Tribunal de Casación al examinar este motivo de casación recuerda que por disposición del artículo 721 del Código Procesal Civil, en el escrito de casación se hará constar los motivos (causales) en que la casación se base, con expresión de las normas de derecho (norma infringida) cuya infracción sustente cada motivo (causal), todo ello con la suficiente separación y claridad, ello implica que cada causal a de ir acompañada por la norma infringida y en aquellos casos en que un precepto contenga varios incisos, párrafos o numerales que representen supuestos diferentes, habrá que hacerlo como dice la ley, esto es con la suficiente separación, en otras palabra una causal por cada supuesto jurídico que se supone infringido, en el caso sub júdice, se vienen señalando como infringidos los artículo 206, 207 y 208 del Código Procesal Civil, el primer artículo en su numeral 1) referente al deber de las sentencias de ser claras, precisas y exhaustivas; en su numeral 2) referente al principio iuria novit curia (Principio mediante el cual las partes se limitan a probar los hechos y no los fundamentos de derecho aplicables), y en su numeral 3) referente a la separación de los pronunciamientos. El segundo artículo contiene dos numerales, uno referente de cómo se hará la motivación y el segundo relativo a la incidencia de esta. El tercer artículo contiene dos numerales, uno sobre la congruencia de las sentencias y otro relativo a las declaraciones que han de decidir todos los puntos litigiosos. Como se aprecia, cada punto amerita exponer por separado la supuesta infracción a efecto de una mayor claridad, tal y como lo exige la norma procesal; al respecto la jurisprudencia ha sido reiterativa al exigir la debida separación para cada supuesto de infracción. Finalmente, no se estimará la procedencia si el Recurrente se limita a transcribir, sin más, el texto de cada precepto, sin razonar por tanto, debidamente el por qué la sentencia recurrida los ha infringido, como ocurre en el caso en donde existe solo la transcripción de los artículos citados como infringidos ya que no se precisa ni justifica la incidencia de la infracción en el sentido de la resolución impugnada. 2. En su segundo motivo de casación el recurrente, abogado Pacheco Cruz invoca como “…precepto autorizante el artículo 720 numeral 2) del Código Procesal Civil, en lo concerniente a la excepción de la exclusión de la revisión probatoria en casación; y como normas procesales infringidas los artículos 1346 del Código Civil, 13 del Código Procesal Civil que junto con los artículos 245 y 479 numeral 1) del Código Procesal Civil que regulan el principio de la valoración de la prueba, 200 del Código Procesal Civil que regula el contenido forma de las sentencias 206, 207 y 208 del Código Procesal Civil que dispone sobre requisitos internos de las sentencias y que han tenido como efecto la violación al artículo 324 de la Constitución de la República…” Esta Sala de lo Civil es del parecer que el Impetrante debió en este motivo de casación haber señalado como precepto autorizante el artículo 719 numeral 1) inciso c) en lo referente a la forma y contenido de la sentencia y relacionado al artículo 720 numeral 2) del Código Procesal Civil, ya que es posible no la revisión de la prueba practicada, pero sí de la motivación fáctica de la sentencia, esto es, la manera a través de la cual el órgano judicial de apelación ha razonado sobre las pruebas practicadas, así como el cumplimiento de las exigencias de claridad, precisión, exhaustividad y motivación que se integran como requisitos internos de la sentencia. Recordándole esta Sala al Censor que el Precepto Autorizante no es mas que las causales del recurso que deben tener sintonía o mejor dicho afinidad con la norma infringida para determinar el quebranto de la ley en la parte dispositiva de la sentencia, con el objeto de determinar si la ley ha sido recta y debidamente aplicada o no; por lo que la exclusión de la revisión probatoria en sí misma no constituyen una causal a ser infringida. Además, que el Recurrente insta a la revisión del material probatorio del Juez a quo lo cual le está vedado a este Tribunal de casación, ya que la técnica casacional prescribe que los hechos tenidos como acreditados y la valoración de la prueba son elementos intangibles en el recurso de casación. 3. El recurso extraordinario de casación debe sujetarse en su formulación a determinados requisitos, para que pueda considerarse como tal y ser atendible por la Corte, ya que dicho recurso es esencialmente formalista, en consecuencia debe ceñirse a una técnica rigurosa para que pueda ser analizado y prospere; requisitos consignados en los Artículos 704, 721 y 723 del Código Procesal Civil, que el Impetrante debió cumplir para que la Corte pudiera considerarlo. 4. Del escrito de formalización del recurso de casación, se hace evidente la inobservancia de los requisitos fundamentales exigidos por la ley para su admisibilidad, señalándole al Recurrente que es el caso y ante la necesaria exigencia del rigor técnico y formal que demanda la naturaleza de la casación como recurso extraordinario, Esta Sala de lo Civil precisa señalar lo siguiente: Como línea jurisprudencial ha mantenido algunos elementos que deben observarse en casación con relación a la observancia rigurosa de la técnica casacional, como ser los requisitos siguientes: a) Se expondrán en motivos y apartados separados cada una de las vulneraciones o infracciones que se denuncien como cometidas en la sentencia recurrida, sin que resulte admisible la enumeración global o indiscriminada de preceptos, ni en el planteamiento de cuestiones diversos en cada apartado que puedan generar confusión e imposibilidad de conocer con exactitud la concreta infracción de su alcance para poder juzgar sobre ello. Ello implica la necesidad de una exposición separada de cada una de las infracciones integrantes del motivo. Este requisito es inherente a la calidad y precisión en la formulación del recurso. b) Se deberá indicar en cada apartado, con toda claridad, el precepto concreto de la norma que se considere infringido. c) No es procedente fundar el recurso en un conjunto heterogéneo e indiscriminado de normas. d) Evitar citar como infringidos los preceptos haciendo uso de expresiones como: “y demás aplicables”, “y siguientes” o “concordantes”, sin indicar cuáles son. e) No puede citarse como infringida toda una ley, sino que deben citarse artículos determinados y aún párrafos concretos. f) Deberá razonarse con la extensión que se estimen necesaria la pertenencia y la fundamentación del motivo, explicando en qué consistió la infracción y de qué modo afectó a la decisión de la cuestión o cuestiones objeto del proceso. No se estimará la procedencia si el Recurrente se limita a transcribir, sin más, el texto de cada precepto, sin razonar por tanto, debidamente el por qué la sentencia recurrida los ha infringido. g) El recurrente tiene que partir de que asume los hechos declarados probados en la sentencia recurrida, sin que pueda hacer cuestión de ellos. Con mayor razón si se tiene en cuenta que todo lo relativo a la carga o valoración de la prueba no puede aducirse por el recurso de casación conforme al motivo expresado en el artículo 719 numeral 2) del Código Procesal Civil, sino únicamente por el motivo de infracción procesal, contenido en el artículo 719 numeral 1) del Código Procesal Civil. h) No pueden plantearse cuestiones nuevas, aunque la Sala si podrá atender a las cuestiones de orden público (aportación extemporánea de hechos). 5. Por consiguiente se inadmite el presente recurso de casación de acuerdo a lo contenido en el articulo 723.2 inciso a), del Código Procesal Civil que en su parte conducente preceptúa “…1… 2. Sólo podrá inadmitirlo por las causales siguientes: a) Incumplimiento de las exigencias y requisitos establecidos por este Código para el escrito de interposición y formalización, entre las que se comprende la falta de relación de las normas de derecho citado como infringido con las cuestiones debatidas y la pretensión de que se revise la interpretación y valoración de las pruebas…”. III. PARTE DISPOSITIVA Por lo antes expuesto la Corte Suprema de Justicia, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala de lo Civil, en base a los fundamentos de derecho citados y haciendo aplicación de los artículos 303, 304, 313 numeral 5) y 316 de la Constitución de la República; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 13, 115, 118 numeral 1), 129, 169, 170, 190, 191, 193 numeral 2, literal b), 199, 206, 207, 208, 245, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723 numeral 2) inciso a), 724, del Código Procesal Civil; profiere el presente AUTO IRRECURRIBLE y DECLARA: 1) La inadmisión del recurso de casación en sus dos motivos interpuesto por el abogado GERMAN ALFREDO PACHECO, representando en juicio al señor EDGAR ENRIQUE COHELLO CESARDO, en la “DEMANDA ORDINARIA DE PAGO”, promovida ante el Juzgado de Letras Tercero de lo Civil de la Sección Judicial de San Pedro Sula, departamento de Cortés, por el abogado ALLAN ROBERTO NUÑEZ RAMOS, en su condición de representante procesal del CENTRO MEDICO SAMPREDRANO S.A. (CEMESA), contra los señores EDGAR ENRIQUE COHELLO CESARDO y JANINE ISEL CHIRINOS GUARDIOLA. 2) Firme la sentencia recurrida, dictada por la Corte de Apelaciones Civil de San Pedro Sula, departamento de Cortés, el diez de diciembre del dos mil catorce, en el expediente de apelación número 260-14 C.V., originado en los autos que conforman la primera pieza que se registra bajo el número 0501-2009-00482-LCO del Juzgado de Letras Civil de la Sección Judicial de San Pedro Sula, departamento de Cortés, 3) Condena en costas a la parte recurrente; y 4) Remitir las presentes actuaciones, junto con la certificación de esta resolución al Tribunal de su procedencia, previa notificación de este auto a las partes, por medio de sus apoderados legalmente constituidos en juicio. NOTIFIQUESE. FIRMAS Y SELLO. REYNALDO ANTONIO HERNANDEZ. MAGISTRADO COORDINADOR. WILFREDO MENDEZ ROMERO. MAGISTRADO. RINA AUXILIADORA ALVARADO MORENO. MAGISTRADA. FIRMA Y SELLO. BETTY JANETH PALMA O’CONNOR. RECEPTORA ADSCRITA”.

Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los Veintidós días del mes de Julio de Dos Mil Dieciséis; Certificación de la Sentencia de fecha ocho de junio de Dos Mil Dieciséis, recaída en el Recurso de Casación registrado bajo el No. 86=2015.

LUCILA CRUZ MENENDEZ

SECRETARIA GENERAL