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Sentencia CC-76-15 — Registro 5841

Resumen

En primera instancia se declaró con lugar la demanda ordinaria para que se declare judicialmente la revocación o invalidación del contrato de donación otorgado. En segunda instancia se confirmo.

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

“En relación al primer Motivo que el censor afinca el recurso extraordinario de casación y lo fundamenta de la siguiente manera: “Por Infracción en los Actos y Garantías Procesales cuando su infracción suponga nulidad o produjera indefensión”, al final del primer motivo señala como Precepto Autorizante el artículo 719. 1 b) del Código Procesal Civil, cuya naturaleza para fines utilitarios del recurso es de estricta vocación procesal, que por técnica recursiva la aplicación de la causal obedece cuando se han ofendido disposiciones procesales contenidas en la ley adjetiva civil; y en el caso de autos, el impetrante señala como norma infringida el artículo 1370 del Código Civil, por lo tanto no permite que mediante una causal recursiva procesal accione una disposición de carácter sustantivo, como se gestiona en el presente caso, es decir, que el Precepto Autorizante no es más que las causales del recurso que deben tener sintonía o más bien afinidad con la norma infringida para determinar el quebranto de la ley en la parte dispositiva de la sentencia, con el objeto de determinar si la ley ha sido recta y debidamente aplicada o no, por lo anteriormente expuesto y de conformidad a la pedagogía recursiva que motiva la sala, no se puede instar un recurso que mediante disposiciones procesales tratar de tocar el fondo de una norma sustantiva, como en la foliada de mérito en relación al artículo 1370 del Código Civil.”

Legislación citada

Jerarquía: Reiterativa

"En cuanto al segundo motivo que señala como Precepto Autorizante el artículo 719 numeral 1 inciso c) del Código Procesal Civil, en lo contentivo a la forma y contenido de la sentencia y señala como norma infringida los artículos 206, 207 y 208 de la norma Procesal Civil que a su criterio han sido ofendidos por la parenia emitida por el Tribunal de Alzada en la segunda instancia y señala con determinación que las sentencias deben ser claras, precisas y exhaustivas, como consecuencia del deber del juzgador de pronunciar su fallo de acuerdo con las pretensiones, negaciones o excepciones en su caso, y que se hayan planteados las partes durante el proceso, además alega que el fallo recurrido es contradictorio porque acude a subterfugios de apariencia legal para no pronunciar fallo sobre el fondo del asunto, colige además que se debe de resolver conforme a las reglas aplicables al caso aunque no hayan sido acertadamente citadas o alegadas por los litigantes y en consecuencia la falta de esos requisitos provocan una sentencia nula que causa indefensión violando garantías previstas en la Constitución de la República como ser el Derecho de Defensa y el Debido Proceso regulados en los artículos 82 y 90 del texto primigenio. Este Tribunal de Casación al examinar este motivo de casación recuerda que por disposición del artículo 721 del Código Procesal Civil, en el escrito de casación se hará constar los motivos (causales) en que la casación se base, con expresión de las normas de derecho (norma infringida) cuya infracción sustente cada motivo (causal), todo ello con la suficiente separación y claridad, ello implica que cada causal ha de ir acompañada por la norma infringida y en aquellos casos en que un precepto contenga varios incisos, párrafos o numerales que representen supuestos diferentes, habrá que hacerlo como dice la ley, esto es con la suficiente separación, en otras palabra una causal por cada supuesto jurídico que se supone infringido, en el caso sub judice, se vienen señalando como infringidos los artículo 206, 207 y 208 del Código Procesal Civil, el primero referente al deber de las sentencias de ser claras, precisas y exhaustivas, el segundo referente al principio iuria novit curia y el tercero referente a la separación de los pronunciamientos. El segundo artículo contiene dos numerales, uno referente de cómo se hará la motivación y el segundo relativo a la incidencia de esta. El tercer artículo contiene dos numerales uno sobre la congruencia de las sentencias y otro relativo a las declaraciones que han de decidir todos los puntos litigiosos. Como se aprecia, cada punto amerita exponer por separado la supuesta infracción a efecto de una mayor claridad, tal y como lo exige la norma procesal; al respecto la jurisprudencia ha sido reiterativa al exigir la debida separación para cada supuesto de infracción (véase expedientes S.C.10-2011 y S.C.172-2013). "

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACION

La Infrascrita Secretaria General de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: El Auto que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los diecisiete días del mes mayo de año dos mil dieciséis, la Sala de lo Civil, integrada por los Magistrados: REYNALDO ANTONIO HERNÁNDEZ, como Coordinador y designado ponente para el conocimiento y redacción de la resolución del presente recurso de casación, WILFREDO MÉNDEZ ROMERO Y RINA AUXILIADORA ALVARADO MORENO, en la fecha supra indicada dictan el siguiente AUTO: SON PARTES: Los señores MARIA ELSA HERRERA LAZO, LUIS ALONSO RODRIGUEZ y LUIS ANTONIO RODRIGUEZ LAZO, representados en juicio por el abogado JULIO CESAR LOPEZ AGUILAR, como recurrentes; siendo recurrida la sociedad mercantil denominada FINANCIERA SOLIDARIA S.A., (FINSOL S.A.), representada en juicio por la abogada KARLA M. ANDONIE DE HERRERA. OBJETO DEL PROCESO: “DEMANDA POR LA VIA DEL PROCESO ORDINARIO DE ACCION PAULIANA”, promovida en fecha veintitrés de agosto del año dos mil trece, ante el Juzgado de Letras Civil de la Sección Judicial de San Pedro Sula, departamento de Cortés, por la abogada KARLA M. ANDONIE DE HERRERA, en su condición de representante procesal de la sociedad mercantil FINANCIERA SOLIDARIA SOCIEDAD ANONIMA (FINSOL S.A.), contra los señores DIEGO ARMANDO RODRIGUEZ BETANCO, como obligado principal, MARIA ELSA HERRERA LAZO, como fiadora solidaria y garante hipotecaria, LUIS ALONSO RODRIGUEZ LOPEZ, como fiador solidario y actual poseedor del derecho de usufructo del bien hipotecado y LUIS ANTONIO RODRIGUEZ LAZO, como persona interesada en litis consorcio pasivo necesario por ser el poseedor del derecho de mera o nuda propiedad del bien hipotecado, todos mayores de edad, hondureños, y con domicilio en el Municipio de la Lima, Cortés. I. ANTECEDENTES DE HECHO PRIMERO: Con fecha quince de enero del año dos mil quince, la Corte de Apelaciones Civil de San Pedro Sula, departamento de Cortés, conociendo por vía de apelación de la sentencia definitiva de fecha veintidós de abril del año dos mil catorce, dictada por el Juzgado de Letras Civil de la Sección Judicial de San Pedro Sula, departamento de Cortés, en el juicio de mérito, dictó sentencia CONFIRMANDO la dictada por el A-quo misma que falló de la siguiente manera: “FALLA:

  1. Declarando Con Lugar la demanda ordinaria para que se declare judicialmente la revocación o invalidación del contrato de donación otorgado por María Elsa Herrera Lazo a favor de Luís Alonso Rodríguez López el derecho de usufructo y Luis Antonio Rodríguez Lazo el derecho de mera o nuda propiedad del bien hipotecado en fraude de la sociedad mercantil denominada FINANCIERA SOLIDARIA SOCIEDAD ANÓNIMA (FINSOL, S.A.); 2) En consecuencia invalida el contrato de donación contenida en el instrumento 671 celebrado en fecha 31 de diciembre del 2012 otorgado ante el notario Julio Cesar Lagos Reyes y que se encuentra inscrito bajo matrícula numero 645001, asiento numero 6 del Registro de la Propiedad Inmueble del Instituto de la Propiedad de San Pedro Sula, volviendo el dominio sobre dicho inmueble al estado en que se encontraba antes de otorgarse el contrato de donación que se invalida; 3) Se condena al pago de las costas del juicio a los demandados las que deberán abonar la proporción que resulte de dividirlas entre ellos.-Y MANDA: Que si dentro del término de ley no se interpone recurso alguno contra este fallo, quede firme el mismo. Este fallo es recurrible en recurso de Apelación que debe interponerse con la expresión de agravios dentro de los diez días siguientes al de su notificación-.- NOTIFIQUESE.”. SEGUNDO: El abogado JULIO CESAR LOPEZ AGUILAR, actuando en su condición de representante procesal de los señores MARIA ELSA HERRERA LAZO, LUIS ALONSO RODRIGUEZ LOPEZ y LUIS ANTONIO RODRIGUEZ LAZO, en fecha doce de febrero del año dos mil quince, presentó escrito de interposición y formalización del recurso de casación contra la sentencia de fecha quince de enero del año dos mil quince, dictada por la Corte de Apelaciones Civil de San Pedro Sula, departamento de Cortés, resolviendo el Ad-quem, mediante proveído de fecha doce de febrero del año dos mil quince, tener por interpuesto y formalizado el recurso de casación por parte del Recurrente y acordó conceder a la parte contraria el plazo de diez (10) días hábiles para que se pronunciara sobre el contenido del escrito, debiendo entregársele copia del mismo. TERCERO: La representante procesal de la sociedad mercantil denominada FINANCIERA SOLIDARIA S.A. (FINSOL S.A.), abogada KARLA M. ANDONIE DE HERRERA, presentó en fecha cuatro de marzo del año dos mil quince, escrito de pronunciamiento sobre el contenido del recurso de casación interpuesto y formalizado por la contraparte, resolviendo la Corte de Apelaciones Civil de San Pedro Sula, departamento de Cortés, tener por pronunciada a la recurrida, ordenando remitir las presentes diligencias a la Honorable Corte Suprema de Justicia en el término que manda la ley, para proseguir con el trámite correspondiente. CUARTO: Recibidas las actuaciones en éste Tribunal, los abogados DUNIA CAROLINA FLORES VARELA y JULIO CESAR LOPEZ AGUILAR, presentaron escritos de personamiento en fechas diecinueve y veintitrés de marzo del año dos mil quince, resolviendo este Tribunal mediante proveído de fecha veintiséis de marzo del año dos mil quince, tenerlos por personados dentro del plazo concedido. QUINTO: Que la parte recurrente plantea su recurso de casación contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones Civil de San Pedro Sula, departamento de Corté, de la siguiente manera: “PRIMER MOTIVO: SE IMPUGNA LA SENTENCIA DICTADA POR LA HONORABLE CORTE DE APELACIONES CIVIL, DE FECHA QUINCE DE ENERO DEL AÑO DOS MIL QUINCE, POR INFRACCION EN LOS ACTOS Y GARANTIAS PROCESALES CUANDO SU INFRACCION SUPONGA LA NULIDAD O PRODUJERA INDEFENSION. Causa agravios a mis representados, la motivación fáctica y jurídica de la sentencia definitiva objeto del presente recurso de Casación, con especial pronunciamiento en contra de los numerales cuarto y quinto del acápite que se relaciona en sus Fundamentos de Derecho del fallo que se recurre, por haberse dictado contrariando de manera absoluta los requisitos previstos para la acción pauliana o revocatoria; notemos axionadamente: La acción pauliana o revocatoria es un derecho que tienen los acreedores para obtener la revocación o invalidación de los actos realizados por el Deudor en fraude sus derechos, como cuando el deudor que en éste caso está identificado como DIEGO ARMANDO RODRIGUEZ BETANCO, como deudor principal realiza ventas o cesiones de bienes para el pago de las deudas; así que el artículo 1370 del Código Civil dice: Los acreedores, después de haber perseguido los bienes de que este en posesión el deudor para realizar cuanto se les debe, pueden ejercitar todos los derechos y acciones de este con el mismo fin, exceptuando los que sean inherentes a su persona; pueden también impugnar los actos que el deudor haya realizado en fraude de su derecho.” De lo previsto en la norma legal, para que proceda la Acción Pauliana o Revocatoria, es necesario que se manifiesten los siguientes requisitos: a.- El acreedor debe haber perseguido previamente los bienes de que el deudor está en posesión, en otras palabras, la acción pauliana o revocatoria, tiene un carácter subsidiario, solamente pueden recurrir a ella los acreedores, cuando les sea imposible obtener el pago por otros medios. En lo que respecta éste requisito previsto en la legislación hondureña vigente, no se cumplió porque el Acreedor en éste caso FINSOL, S.A. no acreditó en juicio, haber perseguido previamente los bienes de que esté en posesión el deudor señor DIEGO ARMANDO RODRIGUEZ BETANCO, en su condición de deudor principal, como tampoco persiguió bienes propiedad de la señora MARIA ELSA HERRERA LAZO, sino que el propósito de la demanda que nos ocupa, fue reclamar el acto de negligencia de la no inscripción oportuna de un Derecho de Hipoteca. b.- Es necesario que el acto perjudique al Acreedor, produciendo o aumentando la insolvencia del deudor. Este requisito tampoco fue acreditado de que se haya producido o aumentado la insolvencia del deudor DIEGO ARMANDO RODRIGUEZ BETANCO, tampoco se ha producido prueba en el sentido de probar que se haya producido o aumentado insolvencia de la señora MARIA ELSA HERRERA LAZO, la prueba siempre estuvo orientada a establecer la imposibilidad de inscripción del derecho de hipoteca. En otras palabras, no procede la acción pauliana o revocatoria sí a pesar de la celebración del acto, al deudor le quedan bienes suficientes para el pago de sus deudas; en el caso, que nos ocupa, es imposible tal determinación, porque no existe ni ha existido una acción para reclamar el pago de obligaciones, por lo que no podrá demostrarse, sí tiene o no tienen bienes los deudores para satisfacer el pago de la obligación; y; c) El acto debe ser fraudulento, o sea el que deudor tenga conocimiento del mal estado de sus negocios; también debe haber mala fe de parte del adquiriente. En el caso que nos ocupa, la prueba del fraude corresponde al Acreedor, y conforme a lo prevenido en el artículo 724 del Código Civil, La buena fe se presume, excepto en los casos en que la ley establece la presunción contraria.- En todos los otros casos la mala fe deberá probarse. En el caso que nos ocupa, no hubo producción de prueba de ninguna naturaleza, que tuviera como propósito acreditar que se trataba de un acto fraudulento, ni se demostró la concurrencia de mala por parte de mi representado en su calidad de adquiriente. De lo anterior se desprende Honorables Magistrados, que la acción pauliana o revocatoria es total y absolutamente improcedente, y lo que se pretende con esta acción es enmendar el error de no haber inscrito en tiempo la Escritura Pública número Novecientos Ochenta y Siete, otorgada en fecha Trece de Diciembre del año Dos Mil Once, en ésta ciudad ante los oficios del Notario Hugo Vicente Alvarado Fernández, mediante la cual el señor DIEGO ARMANDO RODRIGUEZ BETANCO, como deudor principal obtuvo a su favor un contrato de apertura de crédito con limitación de suma hasta por la cantidad de CUATROCIENTOS MIL LEMPIRAS (Lps. 400,000.00) , el cual no fue disfrutado por mis representada MARIA ELSA HERRERA LAZO y en donde como tercero otorgó garantía de fianza e hipoteca, la cual al no haber sido inscrita la escritura relacionada, se pretende dar lugar a la acción pauliana o revocatoria, sino que la propia legislación hondureña ya define sus consecuencias, como lo explicaré en otro agravio. En síntesis, el fallo recurrido constituye un premio a la negligencia, pero sí resta credibilidad al sistema de justicia hondureño, que ruego sea enmendado por el Tribunal de Alzada, al no haberse dictado un fallo conforme a las leyes vigentes del país, tomando en cuenta que no se dictan fallos de conciencia o atendiendo los puntos de vista de los particulares, como bien lo dice el la Corte de Apelaciones Civil recurrida en su última consideración, que la potestad de impartir justicia emana del pueblo y se imparte gratuitamente en nombre del Estado, por Magistrados y Jueces Independientes, únicamente sometidos a la Constitución y a las Leyes, y con fundamento en ese apostolado, es que reclamo y exijo que en el fallo recurrido la Corte de Apelaciones Civil recurrida estaba en la obligación de aplicar la Ley, y observarse con toda severidad y rigidez lo que dispone el artículo 1370 del Código Civil, y desestimar las pretensiones de la parte demandante, declarando sin lugar la acción pauliana o revocatoria, por no cumplirse con cada uno de los presupuestos fácticos exigidos por la Ley (Premisa mayor) en relación con los hechos invocados (premisa menor) de tal suerte, que resulta oportuno señalar que es inaplicable la cita legal que se relaciona, en lo relativo a las disposiciones generales de la concurrencia y prelación de créditos, en cuanto que el cumplimiento de las obligaciones implica que el deudor responde con todos sus bienes, presentes y futuros, ya que no es este el caso que nos ocupa, sino que el objeto de pleito en éste caso, sí procede o no procede la acción pauliana, de conformidad a lo prevenido en el artículo 1370 del Código Civil, la cual a todas luces es improcedente; de tal suerte, que la no inscripción del derecho de hipoteca en su oportunidad, la Ley no limita el derecho que tiene la señora MARIA ELSA HERRERA LAZO, para donar el inmueble, porque al no estar inscrita la hipoteca no tiene efecto alguno, además de lo anterior, ni mi representado ni la donante, tienen el carácter de DEUDORES, de lo cual se infiere que la acción pauliana es improcedente, impertinente e injustificada. El razonamiento anterior más que una interpretación legal, considero que los Honorables Magistrados de la Corte de Apelaciones Civil, dejaron de ejercer la función jurisdiccional, adoptando una postura legislativa y carentes de ecuanimidad al momento de dictar el fallo y esto me motiva a continuar con este proceso hasta agotar el último recurso interno, por considerar que a mis representados les asiste la razón y el derecho a que un Tribunal imparcial, se pronuncie sobre el fondo del asunto que ha sido sometido a conocimiento de la jurisdicción civil, o que implica una aplicación errónea de la precitada norma legal como ser el artículo 1370 del Código Civil ; tal y como lo hemos expresado anteriormente, el acto que origina la Demanda Ordinaria de Acción Pauliana es la nulidad de acto o contrato ejecutado por una de mis representados a favor de un tercero generando un conflicto de aplicación y observación a la infracción en los actos y garantías procesales tutelado por la Constitución de la Republica ya que precito, esta norma surte sus efectos legales posterior a la infracción que sustenta el despido de la demandante y que erróneamente viene a ser de fundamentación jurídica muy convenientemente aplicado por la Honorable Corte de Apelaciones Civil, que lo aplica literalmente atendiendo la interpretación jurídica; consecuente con ello, a mis representados , les asiste el derecho de promover acciones para reclamar la defensa de sus intereses particulares, sin negarle a mi representada su derecho de petición prevista en el artículo 80 de la Constitución de la República; por lo antes expuesto, ruego la admisión del presente motivo y en su oportunidad declarar la nulidad casando la sentencia recurrida, resolviendo conforme a derecho. PRONUNCIAMIENTO QUE SE IMPUGNA: Se impugna totalmente la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones Civil de esta ciudad de San Pedro Sula, Cortes, de fecha Quince de Enero del año Dos Mil Quince, al hacer suyos todos los pronunciamientos de la sentencia recurrida en claro quebrantamiento al ámbito de protección y aplicación de las normas del ordenamiento jurídico, procurando y promoviendo la más adecuada interpretación del derecho objetivo. PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo de casación se encuentra comprendido en el artículo 719 numeral 1, inciso b) del Código Procesal Civil. AGRAVIO: El agravio que causa a mis poderdantes la sentencia, es precisamente que se les priva del Derecho de que se declare la ilegalidad y su nulidad por infracción del ordenamiento jurídico, quebrantamiento de formalidades esenciales. APLICACIÓN PRETENDIDA. Que se declare con lugar el Recurso de Casación por el Motivo de casación que nos ocupa, declare la nulidad absoluta de la sentencia, ordenar al Órgano correspondiente, con devolución de las actuaciones que si fuere posible en razón del estado del proceso, en el plazo de Treinta (30) días dicte sentencia sobre el fondo. SEGUNDO MOTIVO: SE IMPUGNA LA SENTENCIA DICTADA POR LA HONORABLE CORTE DE APELACIONES CIVIL, DE FECHA QUINCE DE ENERO DEL AÑO DOS MIL QUINCE, POR LA FORMA Y CONTENIDO DE LA SENTENCIA. DISPOSICIONES INFRINGIDAS: Las disposiciones que se consideran infringidas son los artículos 206, 207, 208 en relación al artículo 719 numeral 1 inciso c) del Código Procesal Civil, de las cuales el Órgano Jurisdiccional ha causado infracción. PRONUNCIAMIENTO QUE SE IMPUGNA: Se impugna totalmente la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones Civil de fecha Quince de Enero del año Dos Mil Quince, la cual ha hecho suyos los pronunciamientos de la sentencia de primera instancia. PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo de casación se encuentra comprendido en el artículo 719 numeral 1 inciso c) del Código Procesal Civil. EXPLICACION DEL MOTIVO: La sentencia dictada por la Honorable Corte de Apelaciones Civil, infringe la obligación que tiene el Órgano Jurisdiccional de juzgar dentro de los límites de las pretensiones formuladas por las partes y de las alegaciones deducidas para fundamentar la acción y la oposición; el fundamento de esta obligación fundamental que tiene el Juzgador, la encontramos precisamente en el contenido del artículo 206 del Código Procesal Civil, cuando indica: Que las sentencias deben ser claras, precisas y exhaustivas; esto se traduce en el deber del juzgador de pronunciar su fallo de acuerdo exclusivamente con las pretensiones y negaciones o excepciones que en su caso, hayan planteado las partes durante el juicio; lo cual no lo refleja la sentencia recurrida, en clara contradicción a lo fallado en Primera Instancia, acudiendo por ende a subterfugios de apariencia legal para no pronunciar fallo sobre el fondo del asunto que es precisamente la aplicación objetiva e interpretación de los requisitos establecidos para que se produzca la revocatoria u acción pauliana; la congruencia, por su parte, ha de entenderse como aquél principio normativo dirigido a delimitar las facultades resolutorias del órgano jurisdiccional por lo cual debe haber identidad entre lo resuelto y lo controvertido, oportunamente por los litigantes; este principio de congruencia, estriba en que las sentencias deben dictarse en concordancia con la demanda y con la contestación formulada por el demandado, es decir, a las pretensiones que las partes oportunamente hayan deducido durante la substanciación del pleito; y que no contenga resoluciones ni afirmaciones que se contradigan entre sí; en materia de congruencia, la sentencia recurrida en éste acto, representa una triste calamidad jurídica, porque no existe ningún asomo de que el Órgano Jurisdiccional haya resuelto en concordancia con la demanda y contestación, o lo que es lo mismo decir, no ha resuelto según las pretensiones fijadas por cada una las partes contendientes; y la exhaustividad, impone al Juzgador el deber de resolver sobre todo lo pedido por las partes; por lo que también el fallo impugnado carece de todos esos elementos, es decir, que el fallo recurrido carece de claridad, impregnada de confusión, carece de precisión y de exhaustividad; estos elementos imponen al Tribunal la obligación de resolver sin apartarse de la causa de pedir, por lo que conforme al numeral 2 del artículo 206 del mismo Código Procesal Civil, señala que: El Tribunal, sin apartarse de la causa de pedir acudiendo a fundamentos de hecho o de derecho distintos de los que las partes hayan querido hacer valer, resolverá conforme a las reglas aplicables al caso, aunque no hayan sido acertadamente citadas o alegadas por los litigantes. Señores Magistrados, no caben ni deben haber excusas para no pronunciarse sobre el fondo del asunto sometido al conocimiento del Juzgador conforme al Principio de Derecho conocido como lura novit Curia, es decir, que el Juez conoce el Derecho, por lo que está en la obligación de fallar sin pretextos y dictar una sentencia conforme a derecho, sin acudir a subterfugios con apariencia de derecho, haciendo conclusiones inapropiadas para evitar resolver sobre el fondo, transgrediendo así, los actos y garantías procesales relativos a los requisitos internos de las sentencias, que al no observarse hacen nula sentencia, y como consecuencia, también la sentencia recurrida, produce indefensión violando garantías previstas en la Constitución de la República como el Derecho de Defensa y Debido proceso, regulados en los artículos 82 y 90 de la Constitución de la República; de tal suerte, que es significativo que el juzgador tenga el deber de cuidado de analizar toda la controversia sometida a debate a efecto que su parte resolutiva sea acorde al litigio (principio de correlación de la sentencia con la demanda); cualquier sentencia que no sea precisa o clara puede conseguir el efecto contrario de su naturaleza, causando confusión e incertidumbre lo que por si trae indefectiblemente inseguridad jurídica que tanto se jacta el Estado de garantizar. No obstante lo anteriormente expresado, la sentencia definitiva dictada por la Corte de Apelaciones Civil recurrida carece de fundamentación, se limitó a citar disposiciones jurídicas sin establecer de manera justificada y razonada en armonía con la prueba sustentadora eficaz y oportuna, lo que a criterio de la Corte de Apelaciones de lo Civil motivó a declarar inadmisible el recurso de apelación planteado.- Es básico que las resoluciones judiciales tengan una adecuada fundamentación fáctica y jurídica, la cual debe ser real y convincente, lo cual no ocurre en la sentencia recurrida, que implica fundamentar una sentencia: Deben expresarse los motivos de hecho y de derecho en que se basa la resolución, así como la indicación del valor que se le haya atribuido a los elementos de prueba presentados; por lo que al pronunciarse el fallo no se hizo referencia alguna en relación a la prueba aportadas ni a las pretensiones deducidas oportunamente en el pleito; en el tópico de las resoluciones judiciales es fundamental lo referente a la fundamentación, ya que a través de la misma se exponen las razones jurídicas para reconocer o determinar la existencia de un hecho al que se le aplican consecuencias jurídicas; la fundamentación cumple dos funciones, a saber: 1.- Interna: En el proceso, explica a los involucrados porque se acogen o no determinadas pretensiones y facilitan los controles internos; y, 2) Externa: Dirigida a terceros no involucrados, pero sí interesados en el proceso, evidencia a la comunidad o a un tercero, que la autoridad o el Juez ha tomado una decisión basado en ciertos hechos construidos con pruebas suficientes; que mensaje se puede manifestar cuando una ciudadana reclama a que el Órgano Jurisdiccional se pronuncie sobre una demanda sustentada en prueba, y los Tribunales de la República, no se pronuncien sobre lo alegado y probado en juicio, argumentando que no está probado; se manda un mensaje equivocado; al carecer la sentencia recurrida de fundamentación, no se exterioriza la imparcialidad del Tribunal, no se manda un mensaje que se está resolviendo con apego a la Ley; esta falta de fundamentación nos orienta a calificar lo fallado que no se manifestó el elemento de la imparcialidad, no fue vista la parte demandada como parte procesal, sino como el superior jerárquico, se exteriorizó la falta de independencia, el temor de fallar y pronunciarse sobre el fondo del asunto, dictando por ello un fallo incongruente, ilegítimo, transgresor de las garantías constitucionales de defensa y debido proceso y carente de fundamentación. Porque es importante la fundamentación al dictarse una sentencia; la respuesta es simple, la fundamentación debe entenderse como el ejercicio racional mediante el cual se proporcionan razones que tienen la aspiración de convencer a los destinatarios acerca de su corrección y validez, lo cual no ocurrió en el caso que se recurre; todo lo contrario, la sentencia definitiva es confusa y contradictoria.- No se debe confundir motivar con fundamentar, quien motiva explica las causas de sus decisiones; quien explica da razones para hacer aceptable lo que ha resuelto; por eso en materia jurídica, las decisiones solo son válidas si están respaldadas por razonamientos legales, esto es: Fundamento Factico, Fundamento Probatorio, y Fundamentos Jurídicos.- Para evitar confusiones innecesarias entre motivos y fundamentos la Teoría de la Fundamentación de Resoluciones, acude a una diferencia propia de las ciencias exactas: 1.- Contexto de Descubrimiento: Se refiere a un proceso decisional, es decir a una actividad mental que no siempre se guía por criterios lógicos, puede incluso optarse por una solución sin seguir un método identificable o acudiendo a criterios irracionales.- 2) Contexto de justificación: Según este contexto, una vez que se ha descubierto algo, debe explicarse de alguna forma. De tal suerte que la regla de oro en el tema de la fundamentación es que solo se puede decidir aquello que se está en condiciones de fundamentar; en el caso que se recurre, la sentencia carece de manera absoluta de fundamentación para declarar revocada la sentencia que la juez a-quo dicto en su oportunidad; el deber de motivar la sentencia consiste en la exigencia, para el Juzgador de precisar los hechos en que funda su decisión, con base en las pruebas practicadas en el proceso, en el caso que nos ocupa se obvió referirse a la prueba aportada.- La motivación requiere que el Juzgador analice y valore cada uno de los medios de prueba practicados en el proceso y que, basándose en tal análisis y valoración determine los hechos en que fundará su resolución; es decir, que pesa sobre el Juzgador, el deber de examinar absolutamente todas las pruebas de autos, a fin de determinar, con el resultado de ese análisis, sí se probaron o no y en qué medida, los hechos fundatarios del derecho exigido o de las excepciones o defensas opuestas.- Conociendo en qué consiste el deber de motivar, es importante hacer una diferenciación con el deber de fundamentar, tal y como se ha dicho, el deber de fundar las sentencias, consiste en que se deben dictar conforme a la interpretación jurídica de la Ley y a falta de ésta en los Principios Generales del Derecho, pero el deber de fundar, no basta con citar o mencionar los artículos del texto legal citado, o los preceptos jurídicos que se estimen aplicables, el deber de fundar exige, además, que el Juzgador exponga las razones o argumentos por los que estime aplicables tales preceptos jurídicos; lo que implica, que la motivación y fundamentación exigen al Juzgador el análisis y la valoración de todos los medios de pruebas practicados para que precise los hechos sobre los que basa su resolución, además de la indicación de los preceptos jurídicos en los cuales la funde, exponiendo las razones por los que consideró aplicables tales preceptos de derecho.- Las exigencias de motivación y fundamentación tienen por objeto no solo que el Juzgador exprese sus razones de hecho y sus argumentaciones jurídicas, sino sobre todo, que tales razones y argumentaciones puedan ser revisadas por el Tribunal que, en su caso conozca de la impugnación contra la sentencia; o como escribió HANS REICHEL, “Los fundamentos de la resolución judicial, tienen por objeto, no solo convencer a las partes, sino mas bien fiscalizar al Juez con respecto a su fidelidad legal, impidiendo sentencias inspiradas en una vaga equidad o en el capricho.” En el caso que nos ocupa, la sentencia definitiva que se recurre carece de motivación y fundamentación porque la Honorable Corte Apelaciones Civil, se limitó a citar e interpretar disposiciones legales encaminadas a no pronunciarse sobre el fondo del asunto, sin realizar ningún tipo de motivación, razonamiento o reflexión que impidió pronunciarse sobre el fondo del asunto, es decir, sobre los argumentos previstos en el Recurso de Apelación, y sobre lo alegado y probado en el pleito; habiéndose producido indefensión, al no tomar en cuenta, ni valorar o razonar en forma correcta los argumentos presentados, no solo en la presentación de la demanda, en la formulación de conclusiones, sino también en la expresión de agravios formulados en el Recurso de Apelación; consecuente con lo antes expuesto, la ausencia de claridad, precisión, exhaustividad, la falta de fundamentación, al no haberse fallado dentro de los límites de las pretensiones formuladas por las partes y de las alegaciones deducidas por las partes, indefectiblemente producen infracción de los actos y garantías procesales que hacen nulo lo actuado y producen indefensión; por lo cual, es procedente la admisión del Recurso de Casación por el motivo invocado, y en su oportunidad declarar la nulidad casando la sentencia recurrida. AGRAVIO: El agravio que causa a mi poderdante la sentencia recurrida, se debe a que infringió la obligación que tiene el Órgano Jurisdiccional de juzgar dentro de los límites de las pretensiones formuladas por las partes y de las alegaciones deducidas para fundamentar la acción y la oposición; dictando una sentencia, con evidente falta de claridad, imprecisa, incongruente, y sin la concurrencia de exhaustividad y fundamentación suficiente. APLICACIÓN PRETENDIDA. Que se declare con lugar el Recurso de Casación por el Motivo de casación que nos ocupa, declare la nulidad absoluta de la sentencia, y dicte la sentencia que en derecho corresponda. DISPOSICIONES LEGALES QUE SIRVEN DE FUNDAMENTO AL PRESENTE RECURSO DE CASACION EN LOS MOTIVOS INVOCADOS: 1.- Artículo 1 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos. Obligación de Respetar los Derechos- 1. Los Estados Partes en esta Convención se comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social.- 2. Para los efectos de esta Convención, persona es todo ser humano.” En efecto, por nuestra parte instamos a la Honorable Corte Suprema de Justicia, el respeto a los Derechos que incorpora la Convención y que forman parte del Derecho Interno, ruego a no ver con discriminación este caso, por tratarse de una demanda promovida contra El Estado de Honduras por acciones derivadas de actos administrativos ilegales de la propia Corte Suprema de Justicia que por supuesto estaba integrada por anteriores Magistrados, por lo que por nuestra parte, no procederemos a recusar absolutamente a nadie, pero solicito que sí hubiera algún Ilustre Magistrado que no pueda gozar de la imparcialidad en el conocimiento de éste caso, con todo respeto solícito se abstenga de conocerlo. II.- Artículo 8.1 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, que dice: “GARANTIAS JUDICIALES.-Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter.” Partiendo del contenido de ésta disposición de carácter internacional, mi representada tiene derecho a obtener respuesta de su acción dentro de un plazo razonable, para la determinación de sus derechos de orden laboral; y en ese sentido ha sido planteada una acción contencioso administrativo, en donde se niega el derecho a obtener esa respuesta al amparo de una supuesta falta de jurisdicción y competencia. III.- Artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos que dice: PROTECCION JUDICIAL.- 1. Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente Convención, aun cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en ejercicio de sus funciones oficiales. 2. Los Estados Partes se comprometen: a) a garantizar que la autoridad competente prevista por el sistema legal del Estado decidirá sobre los derechos de toda persona que interponga tal recurso; b) a desarrollar las posibilidades de recurso judicial, y c) a garantizar el cumplimiento, por las autoridades competentes, de toda decisión en que se haya estimado procedente el recurso.” Honduras como miembro de la Comunidad Internacional y suscriptora de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, está comprometida a respetar el derecho a un recurso sencillo rápido, que ampare contra actos que violen los derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la Ley o la presente convención; en efecto la Constitución de la República como Ley Primaria de la Nación reconoce en el artículo 129, el Derecho de elección que tiene mi representada a una remuneración en conceptos de salarios dejados de percibir a titulo de daños y perjuicios, y a las indemnizaciones legales y convencionalmente previstas: o a que se le reintegre al trabajo con el reconocimiento de salarios dejados de percibir, a titulo de daños y perjuicios; mi representada optó por reclamar una indemnización de daños y perjuicios. IV.- Conociendo lo que señala el artículo 716 del Código Procesal Civil, el Recurso de Casación tiene como Fines la protección de las normas del ordenamiento jurídico procurando y promoviendo la más adecuada aplicación e interpretación del derecho objetivo, así como la unificación de la jurisprudencia nacional. Igualmente tiene como finalidad que las normas sobre recurso de casación deberán aplicarse e interpretarse en la forma más favorable a la finalidad de la unificación de la jurisprudencia como Instrumento de garantía de la igualdad de todos ante la Ley, y de la seguridad y certidumbre jurídica; consecuente con lo que dispone la norma legal citada, es importante y ruego que la Honorable Corte Suprema de Justicia, o en su caso, la Sala de lo Laboral, específicamente haga suyo todos y cada uno de los principios señalados en la disposición legal citada, y no mire en éste proceso el acto administrativo reclamado, ni quien en su oportunidad vulnero los Derechos de mi representada, sino que al momento de fallar se mire única y exclusivamente la protección de las normas del ordenamiento jurídico y la unificación de la jurisprudencia como instrumento de garantía de la igualdad de todos ante la Ley. V.- El artículo 206 del Código Procesal Civil, establece lo siguiente: Que las sentencias deben ser claras, precisas y exhaustivas; esto se traduce en el deber del juzgador de pronunciar su fallo de acuerdo exclusivamente con las pretensiones y negaciones o excepciones que en su caso, hayan planteado las partes durante el juicio; la congruencia ha de entenderse como aquél principio normativo dirigido a delimitar las facultades resolutorias del órgano jurisdiccional por lo cual debe haber identidad entre lo resuelto y lo controvertido, oportunamente por los litigantes; este principio de congruencia, estriba en que las sentencias deben dictarse en concordancia con la demanda y con la contestación formulada por el demandado, es decir, a las pretensiones de las partes oportunamente deducidas en el pleito, lo cual no fue observado por la Honorable Corte de Apelaciones Civil, que ni siquiera atendió lo argumentado en la expresión de agravios; en el numeral 2 del mismo artículo, 206 del Código Procesal Civil, dice: El Tribunal, sin apartarse de la causa de pedir acudiendo a fundamentos de hecho o de derecho distintos de los que las partes hayan querido hacer valer, resolverá conforme a las reglas aplicables al caso, aunque no hayan sido acertadamente citadas o alegadas por los litigantes; La anterior disposición jurídica, nos ofrece los requisitos internos de la sentencia, los cuales no fueron tomados en cuenta por la Corte de Apelaciones Civil. VI.- El artículo 717 del Código Procesal Civil, autoriza a interponer recursos de casación contra las sentencias y los autos que pongan término al pleito, haciendo imposible su continuación, dictados en apelación por las Cortes de Apelaciones en el proceso ordinario, así como las sentencias que expresamente establezca este Código y el artículo 719 del mismo cuerpo legal, nos ofrece el catálogo de causales del Recurso de Casación, los cuales han sido desarrollados de conformidad con las reglas expresadas por el Código Procesal Civil. VII.- El artículo 1370 del Código Civil.-Los acreedores, después de haber perseguido los bienes de que este en posesión el deudor para realizar cuanto se les debe, pueden ejercitar todos los derechos y acciones de este con el mismo fin, exceptuando los que sean inherentes a su persona; pueden también impugnar los actos que el deudor haya realizado en fraude de su derecho. PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA NECESIDAD DE AUDIENCIA Es nuestra posición que los argumentos ya han sido planteados en éste Recurso de Casación en cada uno de los motivos planteados, por lo que considero que no es necesaria la celebración de la audiencia o vista. ABSTENCION DEL CONOCIMIENTO DEL RECURSO DE CASACION Según el artículo 52 del Código Procesal Civil, es obligación de los Jueces y Magistrados y los auxiliares de los Juzgados y Tribunales, intervenir en todos los procedimientos que se tramitan ante ellos; sin embargo, deberán abstenerse sin esperar a que se les recuse si concurre en ellos alguna de las causas de recusación determinadas en la Ley Orgánica del Poder Judicial; en mi caso, no voy a proceder a recusar a ningún Magistrado de la Corte Suprema de Justicia en particular, pero sí alguno de los Ilustres Magistrados, pudiese estar comprendido en alguna de las causas previstas para la excusa o recusación les ruego se abstengan de conocer éste recurso, en el entendido que pudiese existir algún interés directo o indirecto al momento de emitir su pronunciamiento y esa situación no les permita obrar con la imparcialidad que este caso amerita, y solicito con todo respeto la mayor ecuanimidad para resolver éste Recurso.”. II. MOTIVACION JURIDICA 1. En relación al primer Motivo que el censor afinca el recurso extraordinario de casación y lo fundamenta de la siguiente manera: “Por Infracción en los Actos y Garantías Procesales cuando su infracción suponga nulidad o produjera indefensión”, al final del primer motivo señala como Precepto Autorizante el artículo 719. 1 b) del Código Procesal Civil, cuya naturaleza para fines utilitarios del recurso es de estricta vocación procesal, que por técnica recursiva la aplicación de la causal obedece cuando se han ofendido disposiciones procesales contenidas en la ley adjetiva civil; y en el caso de autos, el impetrante señala como norma infringida el artículo 1370 del Código Civil, por lo tanto no permite que mediante una causal recursiva procesal accione una disposición de carácter sustantivo, como se gestiona en el presente caso, es decir, que el Precepto Autorizante no es mas que las causales del recurso que deben tener sintonía o mas bien afinidad con la norma infringida para determinar el quebranto de la ley en la parte dispositiva de la sentencia, con el objeto de determinar si la ley ha sido recta y debidamente aplicada o no, por lo anteriormente expuesto y de conformidad a la pedagogía recursiva que motiva la sala, no se puede instar un recurso que mediante disposiciones procesales tratar de tocar el fondo de una norma sustantiva, como en la foliada de mérito en relación al artículo 1370 del Código Civil. 2. Otro elemento de suma importancia en relación a la norma infringida que es el artículo 1370 de la precitada ley, su universo es en relación a dos acciones, el primer párrafo es propio de la Acción Subrogatoria, y la segunda parte del referido fundamento, faculta a los acreedores para impugnar los actos que el deudor haya realizado en fraude de sus derechos; es lo que se llama la “ACCION PAULIANA O ACCION REVOCATORIA”, que la doctrina define: como la facultad que tienen los acreedores para pedir la revocación o rescisión de los actos y contratos celebrados por el deudor de mala fe, en fraude de sus derechos. LA ACCION PAULIANA, está dirigida a restablecer el patrimonio del deudor en la situación en que se encontraba antes los actos fraudulentos con el fin de que el acreedor pueda conseguir lo que hubiera obtenido si el acto fraudulento no se hubiera celebrado. 3. A lo anteriormente expuesto se obliga analizar la parte fáctica del Negocio Jurídico en comento, que nace a raíz de una demanda por la vía del proceso ordinario de acción pauliana promovida por la sociedad mercantil FINANCIERA SOLIDARIA SOCIEDAD ANÓNIMA (FINSOL, S.A.), contra los ciudadanos DIEGO ARMANDO RODRIGUEZ, como obligado principal, MARIA ELSA HERRERA LAZO, como fiadora solidaria y garante hipotecaria, LUIS ALONZO RODRIGUEZ LOPEZ y LUIS ANTONIO RODRIGUEZ LAZO, como persona interesada en litis consorcio pasivo necesario en derecho de mera y nuda propiedad del bien hipotecado, teniendo como génesis un contrato de apertura de crédito con limitación de suma hasta por la cantidad de CUATROCIENTOS MIL LEMPIRAS EXACTOS (L. 400.000.00), más los intereses, comisiones y gastos en virtud de la cual Financiera Solidaria S.A., (FINSOL, S.A.), se obligaba a poner una suma de dinero a disposición del acreditado DIEGO ARMANDO RODRIGUEZ BETANCO, constituyendo como garantía un bien inmueble propiedad de la señora MARIA ELSA HERRERA LAZO, inscrito bajo el No. 60, del Tomo 3,236, del Libro de Registro de la Propiedad, Hipoteca y Anotaciones Preventivas de la ciudad de San Pedro Sula, Cortés. 4. Una vez que la recurrente Financiera Solidaria S.A., (FINSOL S.A.), constató que el inmueble estaba a favor de la dueña del mismo procedieron mediante instrumento público No. 987, otorgado en fecha 13 de diciembre del año 2011 en la ciudad de San Pedro Sula, Cortés, ante los oficios del notario HUGO VICENTE ALVARADO FERNANDEZ, los señores DIEGO ARMANDO RODRIGUEZ BETANCO en su condición de obligado principal y MARIA ELSA HERRERA LAZO, en su condición de fiadora solidaria y garante hipotecaria, los señores PAOLA MARIEL AMADOR RODRIGUEZ y LUIS ALONZO RODRIGUEZ LOPEZ, en su condición de fiadores solidarios, celebraron con la Financiera Solidaria S.A., (FINSOL S.A.), el contrato de apertura de crédito con limitación de una suma hasta de CUATROCIENTOS MIL LEMPIRAS (L. 400,000.00), más intereses, comisiones y gastos, por lo que la acreedora se obligaba a poner una suma de dinero a disposición del acreditado señor DIEGO ARMANDO RODRIGUEZ BETANCO. Dicho instrumento no fue inscrito en el Registro de la Propiedad, por lo que no existe garantía hipotecaria, el único documento que consta en autos son los propios que emanan del tramite del préstamo realizado entre acreedor, deudor y fiadores, lo que constituye una mera obligación. 5. Vistas así las cosas, al no inscribirse la garantía hipotecaria que consistía en el inmueble ofrecido por la señora MARIA ELSA HERRERA LAZO, en su condición ya indicada, procedió a efectuar mediante donación entre vivos transfiriendo el inmueble de manera gratuita e irrevocable que consta en el instrumento público No. 671, otorgado en fecha 31 de diciembre del año 2012, en la ciudad de San Pedro Sula, Cortés, ante los oficios del notario JULIO CESAR LAGO REYES, a favor del señor LUIS ALONZO RODRIGUEZ LOPEZ, el derecho de usufructo y a favor del señor LUIS ANTONIO RODRIGUEZ LAZO, el derecho de mera o nuda propiedad, quedando inscrito bajo el sistema digitalizado de folio real con matricula No 645,001, asiento No. 6 del SURE, por lo que se constata de que la señora HERRERA LAZO, otorgó la donación del derecho de la mera o nuda propiedad a favor del señor LUIS ANTONIO RODRIGUEZ LAZO, quien es hijo de la señora MARIA ELSA LAZO y del señor LUIS ALONZO RODRIGUEZ, quien es la persona a favor de quien se donó el derecho de usufructo, con quien se determina es o fue cónyuge de la señora MARIA ELSA LAZO; por tanto la propiedad ahora es de los señores LUIS ANTONIO RODRIGUEZ LOPEZ el derecho de usufructo y LUIS ANTONIO RODRIGUEZ LAZO, el derecho de mera o nuda propiedad; lo que considera el recurrente que se efectuó una donación en forma fraudulenta contra la Financiera Solidaria S.A., ( FINSOL S.A.). 6. Con lo antes explicado se determina entonces que las actuaciones realizadas por la señora MARIA ELSA HERERA LAZO, se efectuaron una vez que tuvieron conocimiento de que no se inscribió la escritura en la que se constituía ella como fiadora solidaria y garante hipotecaria del bien inmueble ofrecido como tal para responder de la transacción crediticia que realizaría el señor DIEGO ARMANDO RODRIGUEZ BETANCO y la acreedora, por lo que cede mediante el contrato de donación el bien inmueble constituido en primera hipoteca, mismo que no fue inscrito por lo que quedo como una mera obligación. 7. En cuanto al segundo motivo que señala como Precepto Autorizante el artículo 719 numeral 1 inciso c) del Código Procesal Civil, en lo contentivo a la forma y contenido de la sentencia y señala como norma infringida los artículos 206, 207 y 208 de la norma Procesal Civil que a su criterio han sido ofendidos por la parenia emitida por el Tribunal de Alzada en la segunda instancia y señala con determinación que las sentencias deben ser claras, precisas y exhaustivas, como consecuencia del deber del juzgador de pronunciar su fallo de acuerdo con las pretensiones, negaciones o excepciones en su caso, y que se hayan planteados las partes durante el proceso, además alega que el fallo recurrido es contradictorio porque acude a subterfugios de apariencia legal para no pronunciar fallo sobre el fondo del asunto, colige además que se debe de resolver conforme a las reglas aplicables al caso aunque no hayan sido acertadamente citadas o alegadas por los litigantes y en consecuencia la falta de esos requisitos provocan una sentencia nula que causa indefensión violando garantías previstas en la Constitución de la República como ser el Derecho de Defensa y el Debido Proceso regulados en los artículos 82 y 90 del texto primigenio. Este Tribunal de Casación al examinar este motivo de casación recuerda que por disposición del artículo 721 del Código Procesal Civil, en el escrito de casación se hará constar los motivos (causales) en que la casación se base, con expresión de las normas de derecho (norma infringida) cuya infracción sustente cada motivo (causal), todo ello con la suficiente separación y claridad, ello implica que cada causal ha de ir acompañada por la norma infringida y en aquellos casos en que un precepto contenga varios incisos, párrafos o numerales que representen supuestos diferentes, habrá que hacerlo como dice la ley, esto es con la suficiente separación, en otras palabra una causal por cada supuesto jurídico que se supone infringido, en el caso sub judice, se vienen señalando como infringidos los artículo 206, 207 y 208 del Código Procesal Civil, el primero referente al deber de las sentencias de ser claras, precisas y exhaustivas, el segundo referente al principio iuria novit curia y el tercero referente a la separación de los pronunciamientos. El segundo artículo contiene dos numerales, uno referente de cómo se hará la motivación y el segundo relativo a la incidencia de esta. El tercer artículo contiene dos numerales uno sobre la congruencia de las sentencias y otro relativo a las declaraciones que han de decidir todos los puntos litigiosos. Como se aprecia, cada punto amerita exponer por separado la supuesta infracción a efecto de una mayor claridad, tal y como lo exige la norma procesal; al respecto la jurisprudencia ha sido reiterativa al exigir la debida separación para cada supuesto de infracción (véase expedientes S.C.10-2011 y S.C.172-2013). 8. Además es importante mencionar que el recurrente en su extenso segundo motivo expresa también situaciones propias sobre la valoración probatoria que es contrario a lo expuesto en la norma infringida y por último señala que hubo indefensión sin mencionar los motivos que causaron la misma y que pudiesen trascender a una nulidad de orden constitucional. 9. Por consiguiente se inadmite el mismo de acuerdo a la pertinencia de lo contenido en el articulo 723.2 inciso a), del Código Procesal Civil que en su parte conducente preceptúa “…1… 2. Sólo podrá inadmitirlo por las causales siguientes: a) Incumplimiento de las exigencias y requisitos establecidos por este Código para el escrito de interposición y formalización, entre las que se comprende la falta de relación de las normas de derecho citado como infringido con las cuestiones debatidas y la pretensión de que se revise la interpretación y valoración de las pruebas…”. III. PARTE DISPOSITIVA Por lo antes expuesto la Corte Suprema de Justicia, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala de lo Civil, en base a los fundamentos de derecho citados y haciendo aplicación de los artículos 303, 304, 313 numeral 5) y 316 de la Constitución de la República; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 13, 115, 118 numeral 1), 129, 169, 170, 190, 191, 193 numeral 2, literal b), 199, 206, 207, 208, 245, 716, 717, 718, 719. 1 b). 2, 720, 721, 722, 723.2 a, 724, del Código Procesal Civil; 713, 1370 del Código Civil, profiere el presente AUTO IRRECURRIBLE y DECLARA: 1) La inadmisión del recurso de casación en sus dos motivos interpuesto por el abogado JULIO CESAR LOPEZ AGUILAR, representando en juicio a los señores MARIA ELSA HERRERA LAZO, LUIS ALONSO RODRIGUEZ y LUIS ANTONIO RODRIGUEZ LAZO, en la “DEMANDA POR LA VIA DEL PROCESO ORDINARIO DE ACCION PAULIANA”, promovida en fecha veintitrés de agosto del año dos mil trece, ante el Juzgado de Letras Civil de la Sección Judicial de San Pedro Sula, departamento de Cortés, por la abogada KARLA M. ANDONIE DE HERRERA, en su condición de representante procesal de la sociedad mercantil FINANCIERA SOLIDARIA SOCIEDAD ANONIMA (FINSOL S.A.), contra los señores DIEGO ARMANDO RODRIGUEZ BETANCO, como obligado principal, MARIA ELSA HERRERA LAZO, como fiadora solidaria y garante hipotecaria, LUIS ALONSO RODRIGUEZ LOPEZ, como fiador solidario y actual poseedor del derecho de usufructo del bien hipotecado y LUIS ANTONIO RODRIGUEZ LAZO, como persona interesada en litis consorcio pasivo necesario por ser el poseedor del derecho de mera o nuda propiedad del bien hipotecado. 2) Firme la sentencia recurrida, dictada por la Corte de Apelaciones Civil de San Pedro Sula, departamento de Cortés, el quince de enero del año dos mil quince, en el expediente de apelación número 142-14 C.V., originado en los autos que conforman la primera pieza que se registra bajo el número 0501-2013-02731-LCO del Juzgado de Letras Civil de la Sección Judicial de San Pedro Sula, departamento de Cortés, 3) Condena en costas a la parte recurrente; y 4) Remitir las presentes actuaciones, junto con la certificación de esta resolución al Tribunal de su procedencia, previa notificación de este auto a las partes, por medio de sus apoderados legalmente constituidos en juicio. NOTIFIQUESE. FIRMAS Y SELLO. REYNALDO ANTONIO HERNANDEZ. MAGISTRADO COORDINADOR. WILFREDO MENDEZ ROMERO. MAGISTRADO. RINA AUXILIADORA ALVARADO MORENO. MAGISTRADA. FIRMA Y SELLO. BETTY JANETH PALMA O’CONNOR. RECEPTORA ADSCRITA”.

Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los Un días del mes de Junio de Dos Mil Dieciséis; Certificación del auto de fecha Diecisiete de Mayo de Dos Mil Dieciséis, recaído en el Recurso de Casación registrado bajo el No. 76=2015.

LUCILA CRUZ MENENDEZ

SECRETARIA GENERAL