Sentencia CC-65-15 — Registro 5838
Resumen
Demanda ordinaria de pago declarada sin lugar y confirmada en segunda instancia.
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
"Analizado el presente recurso esta Sala de lo Civil encuentra que la impetrante hizo caso omiso a requisitos imperativos que debe contener todo recurso extraordinario de casación, mismos que se encuentran formalmente expresados en el Código Procesal Civil en sus artículos 704 y 721. El primero establece apropiadamente que los escritos de interposición de un recurso deberán contener la fundamentación de lo pedido, con determinación en todo caso del perjuicio o agravio sufrido e identificación del vicio o error que lo causa. En este único motivo la casacionista ha manifestado que la causal recursiva es por la interpretación errónea de las normas de derecho empleadas para la solución del fondo del litigio, en el presente caso el Articulo 321 de la Constitución de la República en relación con los artículos 50 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República; 5 y 19 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, pero resulta que el articulo 321 en mención no fue empleado en la sentencia de marras, por lo que resulta imposible la indebida interpretación de una norma que no fue invocada, por lo cual el recurso carece de absoluto sustento. En cuanto a los artículos 50 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República; 5 y 19 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, la impetrante se limita a transcribir los mismos SIN la determinación del perjuicio o agravio sufrido e identificación del vicio o error que lo causa y motiva su recurso, limitando el contenido del escrito del recurso de casación en una simple exposición de motivos propios de instancia, sin mayor ilustración para este máximo Tribunal sobre la necesidad de un recurso con carácter extraordinario. Se recuerda a la casacionista que no es suficiente enunciar artículos que considera gravosos, es menester determinar la falta de relación de las normas de derecho citadas como infringidas con las cuestiones debatidas, tal como lo expresa el articulo 723 numeral 2) siempre del Código Procesal Civil. Sumado a lo anterior, la inobservancia respecto a la Técnica Casacional se dimensiona aún mas, ya es obligación recursiva el expresar en forma separada y con absoluta claridad cada norma que se considere agraviada por la sentencia dictada por el Ad Quem; sobre este punto existen pronunciamientos proferidos por esta Sala de lo Civil.[1] 4.1 Siempre hay que tener en cuenta que la técnica casacional exige que la infracción de la norma incida de una manera determinante en el fallo, de tal manera que de no haberse cometido, el resultado habría sido diferente. En general en todo recurso de casación se deben observar de manera rigurosa por lo menos los requisitos que la conforman, según se desprende de lo dispuesto en los artículos 704 y 721 del Código Procesal Civil, en general existen tales como: a) Se expondrán en motivos y apartados separados cada una de las vulneraciones o infracciones que se denuncien como cometidas en la sentencia recurrida, sin que resulte admisible la enumeración global o indiscriminada de preceptos, ni en el planteamiento de cuestiones diversas en cada apartado que puedan generar confusión e imposibilidad de conocer con exactitud la concreta infracción de su alcance para poder juzgar sobre ello. Ello implica la necesidad de una exposición separada, pero vinculante de cada una de las infracciones integrantes del motivo. Este requisito es inherente a la calidad y precisión en la formulación del recurso. b) Se deberá indicar en cada apartado, con toda claridad, el precepto concreto de la norma que se considere infringida. c) No es procedente fundar el recurso en un conjunto heterogéneo e indiscriminado de normas. d) Evitar citar como infringidos los preceptos haciendo uso de expresiones como: “y demás aplicables”, “y siguientes” o “concordantes”. e) No puede citarse como infringida toda una ley, sino que deben citarse artículos determinados y aún párrafos concretos. f) Deberá razonarse con la extensión que se estimen necesaria la pertenencia y la fundamentación del motivo, explicando en qué consistió la infracción y de qué modo afectó a la decisión de la cuestión o cuestiones objeto del proceso. No se estimará la procedencia si el recurrente se limita a transcribir, sin más, el texto de cada precepto considerado como agraviado, sin la motivación que sustente la acción recursiva. g) No pueden plantearse cuestiones nuevas a lo pretendido o al recurso de apelación. 5. Por las características que se han analizado del escrito recursivo, esta Sala de lo Civil considera prudente hacer referencia a las observaciones del Jurista nacional Antonio Bermúdez cuando establece que: “En virtud del recurso de casación, sujeto a preceptos rígidos en su estructura y encerrados en moldes rigurosos, no entra a una nueva instancia en el juicio… por eso la exposición debe ser lo breve posible y estrictamente clara, de manera que de ella aparezca, sin contradicciones ni obscuridades de expresión o de concepto, la tesis jurídica que se sostenga en contraposición a la considerada en la parte resolutiva de la sentencia.”[2] 6. En vista de todo lo anterior se considera defectuosa la estructuración del Recurso de Casación sub-júdice, de los cuales esta Sala de lo Civil ya ampliamente se ha pronunciado, tipificándose dicho recurso en lo que se establecen las causales de inadmisión previstas en el Artículo 723.2.a) del Código Procesal Civil que en su parte conducente preceptúa “…1… 2. Sólo podrá inadmitirlo por las causales siguientes: a) Incumplimiento de las exigencias y requisitos establecidos por este Código para el escrito de interposición y formalización, entre las que se comprende la falta de relación de las normas de derecho citado como infringido con las cuestiones debatidas y la pretensión de que se revise la interpretación y valoración de las pruebas. b)…”; en consecuencia, es procedente declarar su inadmisión, tener por firme la sentencia recurrida y ordenar la remisión de las actuaciones a la Corte de su procedencia. "
Legislación citada
- Código Procesal Civil, art. 721, Numeral 2) (Jerarquía Ordinaria)
- Código Procesal Civil, art. 723, Numeral 2) incisos a) (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACION
La Infrascrita Secretaria General de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: El Auto que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los Cinco Días del mes de Abril del año Dos Mil Dieciséis, la Sala de lo Civil, integrada por los Magistrados: REYNALDO ANTONIO HERNANDEZ, como Coordinador, WILFREDO MENDEZ ROMERO y RINA AUXILIADORA ALVARADO, designada ponente para el conocimiento y redacción de la presente resolución, dictan el siguiente AUTO: SON PARTES: La Procuradora General de la República representada en juicio por la abogada MARCELA ELLIETHE LANZA GIRON como recurrente; siendo recurrida la señora LILA ARGENTINA UCLES MATUTE representada en juicio por la Abogada DELCY AGRIPINA OLIVA GUIFARRO. OBJETO DEL PROCESO: “DEMANDA ORDINARIA DE PAGO POR RESPONSABILIDAD CIVIL”, promovida en fecha tres (03) de agosto del año dos mil cuatro (2004), ante el entonces Juzgado de Letras Primero de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán, por el abogado SERGIO ZAVALA LEIVA, en su condición de PROCURADOR GENERAL DE LA REPUBLICA y por ende representante legal del Estado de Honduras, contra la señora LILA ARGENTINA UCLES MATUTE, mayor de edad, soltera, Licenciada en Ciencias Económicas, hondureña, con tarjeta de identidad 1811-70-00206, para que por repetición pagará la cantidad de DOS MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL CIENTO DIEZ LEMPIRAS (L.2,789,110.00), más intereses derivados de pliego de responsabilidad civil No. 048197/DGAM, deducidas por la entonces Contraloría General de la República. I. ANTECEDENTES DE HECHO PRIMERO: Con fecha veintiséis (26) de septiembre del año dos mil once (2011), la Corte Segunda de Apelaciones de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán, conociendo por vía de apelación de la sentencia definitiva de fecha veinte (20) de enero del año dos mil nueve (2009), dictada por el Juzgado de Letras Civil del Departamento de Francisco Morazán, en el juicio de merito dictó sentencia CONFIRMANDO la dictada por el A-quo mismo que fallo de la siguiente manera: “FALLA: PRIMERO: DECLARANDO SIN LUGAR la excepción perentoria de prescripción de la acción opuesta por la apoderada de la parte demandada.- SEGUNDO: DECLARANDO SIN LUGAR la demanda ordinaria de pago por responsabilidad civil interpuesta por el Estado de Honduras por medio del Abogado SERGIO ZAVALA LEIVA, mayor de edad, casado, Doctor en Derecho, hondureño y de este domicilio, actuando en su condición de Procurador General de la República, en contra de la señora LILA ARGENTINA UCLES MATUTE, mayor de edad, soltera, Licenciada en Ciencias Económicas, hondureña y de este domicilio.- ABSUELVE en consecuencia a la demandada LILA ARGENTINA UCLES MATUTE de la acción deducida.- Y MANDA que quede firme la presente demanda si en su contra no se interpone recurso dentro del termino legal.- SIN COSTAS.- NOTIFIQUESE”. SEGUNDO: La abogada MARCELA ELLIETHE LANZA GIRON en su condición de PROCURADORA JUDICIAL del ESTADO DE HONDURAS, en fecha diez (10) de febrero del año dos mil quince (2015), presento escrito de interposición y formalización del recurso de casación contra la sentencia de fecha veintiséis (26) de septiembre del año dos mil once (2011), dictada por la Corte Segunda de Apelaciones de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán, resolviendo el Ad-quem, mediante proveído de fecha once (11) de febrero del año dos mil quince (2015), Tener por interpuesto y formalizado en tiempo y forma el recurso de casación por parte de la Recurrente y acordó conceder a la parte contraria el plazo de diez (10) días hábiles para que se pronunciara sobre el contenido del escrito, debiendo entregársele copia del mismo. TERCERO: La representante procesal de la señora LILA ARGENTINA UCLES MATUTE, abogada DELCY AGRIPINA OLIVA GUIFARRO, presento en fecha tres (03) de marzo del año dos mil quince (2015), escrito de contestación sobre el contenido del recurso de casación interpuesto y formalizado por la contraparte, resolviendo la Corte Segunda de Apelaciones, de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán, tener por pronunciada a la recurrida, ordenando remitir las presentes diligencias a la Honorable Corte Suprema de Justicia en el término que manda la ley, para proseguir con el trámite correspondiente. CUARTO: Recibidas las actuaciones en éste Tribunal, las abogadas MARCELA ELLIETHE LANZA GIRON y DELCY AGRIPINA OLIVA GUIFARRO, ambas en su condición ya indicadas presentaron escrito de personamiento en fecha dieciséis (16) de marzo del año dos mil quince (2015) y dieciocho (18) de marzo del año dos mil quince (2015), respectivamente y una vez visto el informe rendido por la Secretaría de esta Corte Suprema de Justicia, se les tuvo por personadas dentro del plazo concedido. QUINTO: Que la parte recurrente plantea su recurso de casación contra la sentencia dictada por la Corte Segunda de Apelaciones de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán, de la siguiente manera: “MOTIVOS DE CASACION. IDENTIFICACION DE PRONUNCIAMIENTO. QUE SE IMPUGNA: Se impugna totalmente la parte dispositiva de la sentencia recurrida. MOTIVO UNICO: Se impugna la sentencia dictada por la Corte Segunda de Apelaciones de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán, por interpretación errónea del Articulo 321 de la Constitución de la República en relación con los artículos 50 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República; 5 y 19 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República. EXPLICACION DEL MOTIVO. Siendo que el Recurso de Casación tiene como fin la protección de las normas del ordenamiento jurídico, procurando y promoviendo la mas adecuada aplicación e interpretación del derecho objetivo, así como la unificación de la jurisprudencia nacional, en ese sentido, permítame exponer que la sentencia de fecha veintisiete (27) de septiembre del año dos mil once (2011); que declara sin lugar el Recurso de Apelación interpuesto contra la Sentencia dictada por el Juzgado de Letras Civil del Departamento de Francisco Morazán de fecha veinte (20) de enero del año dos mil nueve (2009) que determina DECLARAR SIN LUGAR LA DEMANDA ORDINARIA DE PAGO POR RESPONSABILIDAD CIVIL promovida por mi Representado el Estado de Honduras por medio del Abogado Sergio Zavala Leiva actuando en su condición de Procurador General de la Republica, en contra de la señora LILA ARGENTINA UCLES MATUTE, para que pague al Estado de Honduras la cantidad de DOS MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL CIENTO DIEZ LEMPIRAS (L. 2,789,110.00), más intereses calculados a la tasa máxima activa; lesiona las más claras y fundamentales Garantías Constitucionales, al dictar dicha sentencia; a la cual se expresan como motivos los siguientes argumentos jurídicos: Que el A-quo, al emitir la sentencia antes aludida no le dio el valor Jurídico a los argumentos debatidos en relación a lo que establece el artículo 50 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República el que establece: “La resolución dictada en cuanto a los reparos confirmados, contentivos de obligaciones pecuniarias a favor de la Hacienda Pública y a cargo del empleado o funcionario responsable, tendrá carácter de título ejecutivo para la correspondiente acción civil...” relacionado con el artículo 19 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República que dice: “La sección de Procuraduría tendrá a su cargo la personería del Estado y será ejercida por el Procurador General, en el cumplimiento de las siguientes atribuciones: 1. Promover, representar y sostener los derechos del Estado en todos los juicios en que fuere parte. En estos casos tendrá las facultades de un apoderado general, pero requerirán autorización expresa del Poder Ejecutivo, extendido mediante acuerdo, en cada caso, para ejercer las facultades designadas en el articulo 8 del Código de Procedimientos…” asimismo relacionado con el artículo 5 del mismo cuerpo legal que reza: “Las acciones civiles y criminales que resulten de las intervenciones fiscalizadoras de la Contraloría General de la República, serán ejercidas por el Procurador General de la República...”,por lo que la Procuraduría tiene la facultad para ejercer las acciones pertinentes por la vía civil ordinaria para demandar el cumplimiento de las obligaciones civiles de los empleados y funcionarios públicos que han incurrido en irregularidades, constando en autos el Pliego de Responsabilidad Civil donde la Contraloría General de la República, determinó la existencia de una serie de irregularidades como gastos indebidos en el subsidio de transporte durante ese período, efectuando pagos de subsidios a transportistas sin estar publicados los acuerdos en el Diario Oficial la Gaceta, tal como lo exige el artículo 2 del Decreto No. 169-83 de fecha 30 de septiembre de 1983, sumando un total de DOS MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL CIENTO DIEZ LEMPIRAS (L. 2,789,110.00),formulándole responsabilidad civil a la demanda en su condición de Directora General de Transporte desde el 1 de enero de 1994 al 31 de mayo de 1997; que si bien es cierto la facultad de la Contraloría General de la República para fiscalizar las operaciones y entidades sujetas a su jurisdicción, y la gestión de sus funcionarios y empleados, así como para notificar las responsabilidades civiles en caso de haberlas, caduca en el término de 5 años, también es cierto que la Procuraduría General de la República en su condición de apoderado legal del Estado de Honduras, es competente para ejercer las acciones civiles de los empleados y funcionarios públicos que han incurrido en irregularidades como las que se apuntan en el Pliego de Responsabilidad Civil No. 01-08/97-DAGC emitido en fecha 28 de mayo del 2002, en el que se detectaron una serie de irregularidades en el desempeño de sus funciones como Directora General de Transporte desde el 1 de enero de 1994 al 31 de mayo de 1997, para la cual fue nombrada ocasionándole perjuicio económico al Estado de Honduras, el cual asciende a la cantidad de DOS MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL CIENTO DIEZ LEMPIRAS (L. 2,789,110.00), cantidad esta que la responsable civilmente debe al Estado de Honduras; que dicho documento es un Documento Público que fue emitido por funcionarios públicos en ejercicio de sus funciones o con su intervención, como es el presente caso en vista que la Contraloría General de la República en el ejercicio de sus funciones emitió dicho documento una hecha la fiscalización de los bienes, las cuentas, y la gestión económica, administrativa y financiera de la Dirección General de Transporte en ese entonces, por lo que es prueba contundente.” FUNDAMENTOS DE DERECHO. Aplicando lo dispuesto en los artículos 8 de la Convención Americana de Derechos Humanos; 303, 304 y 313 numeral 5), 316 de la Constitución de la República; 1 y 80 numeral 1, de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 115, 118 numeral 1, 129, 169, 170, 190, 191, 193 literal b), 197, 199, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723 y 724 del Código Procesal Civil, con especial énfasis en lo siguiente: 1.- Tener por interpuesto el escrito contentivo al Recurso de Casación presentado por la Abogada MARCELA ELLIETHE LANZA GIRON, en su condición de Procuradora Judicial del Estado de Honduras en contra de la sentencia definitiva dictada por la Corte Segunda de Apelaciones de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán en fecha veintiséis (26) de Septiembre del año dos mil once. 2.- MOTIVO UNICO DE CASACION. La recurrente comparece ante esta Jurisdicción denunciando que la sentencia dictada por el Ad Quem infracciona por interpretación errónea el Articulo 321 de la Constitución de la República en relación con los artículos 50 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República; 5 y 19 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República. Motiva su recurso en lo trascrito en el numeral quinto del acápite Antecedentes de Hecho de de la presente resolución. De ello se reproduce sucintamente lo manifestado por la dicente: “…Se impugna totalmente la parte dispositiva de la sentencia recurrida… ya que lesiona las más claras y fundamentales Garantías Constitucionales en la cual se expresan como motivos los siguientes argumentos jurídicos: Que el A-quo, al emitir la sentencia antes aludida no le dio el valor Jurídico a los argumentos debatidos en relación a lo que establece el artículo 50 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República. el que establece: “La resolución dictada en cuanto a los reparos confirmados, contentivos de obligaciones pecuniarias a favor de la Hacienda Pública y a cargo del empleado o funcionario responsable, tendrá carácter de título ejecutivo para la correspondiente acción civil...” relacionado con el artículo 19 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República que dice: “La sección de Procuraduría tendrá a su cargo la personería del Estado y será ejercida por el Procurador General, en el cumplimiento de las siguientes atribuciones: 1. Promover, representar y sostener los derechos del Estado en todos los juicios en que fuere parte. En estos casos tendrá las facultades de un apoderado general, pero requerirán autorización expresa del Poder Ejecutivo, extendido mediante acuerdo, en cada caso, para ejercer las facultades designadas en el articulo 8 del Código de Procedimientos…” asimismo relacionado con el artículo 5 del mismo cuerpo legal que reza: “Las acciones civiles y criminales que resulten de las intervenciones fiscalizadoras de la Contraloría General de la República, serán ejercidas por el Procurador General de la República...”,por lo que la Procuraduría tiene la facultad para ejercer las acciones pertinentes por la vía civil ordinaria para demandar el cumplimiento de las obligaciones civiles de los empleados y funcionarios públicos que han incurrido en irregularidades, constando en autos el Pliego de Responsabilidad Civil donde la Contraloría General de la República, determinó la existencia de una serie de irregularidades como gastos indebidos en el subsidio de transporte durante ese período, efectuando pagos de subsidios a transportistas sin estar publicados los acuerdos en el Diario Oficial la Gaceta… que si bien es cierto la facultad de la Contraloría General de la República para fiscalizar las operaciones y entidades sujetas a su jurisdicción, y la gestión de sus funcionarios y empleados, así como para notificar las responsabilidades civiles en caso de haberlas, caduca en el término de 5 años, también es cierto que la Procuraduría General de la República en su condición de apoderado legal del Estado de Honduras, es competente para ejercer las acciones civiles de los empleados y funcionarios públicos que han incurrido en irregularidades como las que se apuntan en el Pliego de Responsabilidad Civil No. 01-08/97-DAGC emitido en fecha 28 de mayo del 2002.” 3.- PRECEPTO AUTORIZANTE. La Casacionista motiva su recurso en las causales de casación establecida en el Artículo 719 numeral 2) del Código Procesal Civil. 4.- Analizado el presente recurso esta Sala de lo Civil encuentra que la impetrante hizo caso omiso a requisitos imperativos que debe contener todo recurso extraordinario de casación, mismos que se encuentran formalmente expresados en el Código Procesal Civil en sus artículos 704 y 721. El primero establece apropiadamente que los escritos de interposición de un recurso deberán contener la fundamentación de lo pedido, con determinación en todo caso del perjuicio o agravio sufrido e identificación del vicio o error que lo causa. En este único motivo la casacionista ha manifestado que la causal recursiva es por la interpretación errónea de las normas de derecho empleadas para la solución del fondo del litigio, en el presente caso el Articulo 321 de la Constitución de la República en relación con los artículos 50 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República; 5 y 19 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, pero resulta que el articulo 321 en mención no fue empleado en la sentencia de marras, por lo que resulta imposible la indebida interpretación de una norma que no fue invocada, por lo cual el recurso carece de absoluto sustento. En cuanto a los artículos 50 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República; 5 y 19 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, la impetrante se limita a transcribir los mismos SIN la determinación del perjuicio o agravio sufrido e identificación del vicio o error que lo causa y motiva su recurso, limitando el contenido del escrito del recurso de casación en una simple exposición de motivos propios de instancia, sin mayor ilustración para este máximo Tribunal sobre la necesidad de un recurso con carácter extraordinario. Se recuerda a la casacionista que no es suficiente enunciar artículos que considera gravosos, es menester determinar la falta de relación de las normas de derecho citadas como infringidas con las cuestiones debatidas, tal como lo expresa el articulo 723 numeral 2) siempre del Código Procesal Civil. Sumado a lo anterior, la inobservancia respecto a la Técnica Casacional se dimensiona aún mas, ya es obligación recursiva el expresar en forma separada y con absoluta claridad cada norma que se considere agraviada por la sentencia dictada por el Ad Quem; sobre este punto existen pronunciamientos proferidos por esta Sala de lo Civil.[1] 4.1 Siempre hay que tener en cuenta que la técnica casacional exige que la infracción de la norma incida de una manera determinante en el fallo, de tal manera que de no haberse cometido, el resultado habría sido diferente. En general en todo recurso de casación se deben observar de manera rigurosa por lo menos los requisitos que la conforman, según se desprende de lo dispuesto en los artículos 704 y 721 del Código Procesal Civil, en general existen tales como: a) Se expondrán en motivos y apartados separados cada una de las vulneraciones o infracciones que se denuncien como cometidas en la sentencia recurrida, sin que resulte admisible la enumeración global o indiscriminada de preceptos, ni en el planteamiento de cuestiones diversas en cada apartado que puedan generar confusión e imposibilidad de conocer con exactitud la concreta infracción de su alcance para poder juzgar sobre ello. Ello implica la necesidad de una exposición separada, pero vinculante de cada una de las infracciones integrantes del motivo. Este requisito es inherente a la calidad y precisión en la formulación del recurso. b) Se deberá indicar en cada apartado, con toda claridad, el precepto concreto de la norma que se considere infringida. c) No es procedente fundar el recurso en un conjunto heterogéneo e indiscriminado de normas. d) Evitar citar como infringidos los preceptos haciendo uso de expresiones como: “y demás aplicables”, “y siguientes” o “concordantes”. e) No puede citarse como infringida toda una ley, sino que deben citarse artículos determinados y aún párrafos concretos. f) Deberá razonarse con la extensión que se estimen necesaria la pertenencia y la fundamentación del motivo, explicando en qué consistió la infracción y de qué modo afectó a la decisión de la cuestión o cuestiones objeto del proceso. No se estimará la procedencia si el recurrente se limita a transcribir, sin más, el texto de cada precepto considerado como agraviado, sin la motivación que sustente la acción recursiva. g) No pueden plantearse cuestiones nuevas a lo pretendido o al recurso de apelación. 5. Por las características que se han analizado del escrito recursivo, esta Sala de lo Civil considera prudente hacer referencia a las observaciones del Jurista nacional Antonio Bermúdez cuando establece que: “En virtud del recurso de casación, sujeto a preceptos rígidos en su estructura y encerrados en moldes rigurosos, no entra a una nueva instancia en el juicio… por eso la exposición debe ser lo breve posible y estrictamente clara, de manera que de ella aparezca, sin contradicciones ni obscuridades de expresión o de concepto, la tesis jurídica que se sostenga en contraposición a la considerada en la parte resolutiva de la sentencia.”[2] 6. En vista de todo lo anterior se considera defectuosa la estructuración del Recurso de Casación sub-júdice, de los cuales esta Sala de lo Civil ya ampliamente se ha pronunciado, tipificándose dicho recurso en lo que se establecen las causales de inadmisión previstas en el Artículo 723.2.a) del Código Procesal Civil que en su parte conducente preceptúa “…1… 2. Sólo podrá inadmitirlo por las causales siguientes: a) Incumplimiento de las exigencias y requisitos establecidos por este Código para el escrito de interposición y formalización, entre las que se comprende la falta de relación de las normas de derecho citado como infringido con las cuestiones debatidas y la pretensión de que se revise la interpretación y valoración de las pruebas. b)…”; en consecuencia, es procedente declarar su inadmisión, tener por firme la sentencia recurrida y ordenar la remisión de las actuaciones a la Corte de su procedencia. III. PARTE DISPOSITIVA. Esta Sala de lo Civil de la Corte Suprema de Justicia, impartiendo Justicia en nombre del Estado de Honduras, POR UNANIMIDAD DE VOTOS emite AUTO IRRECURRIBLE y RESUELVE: 1.- DECLARAR INADMISIBLE el escrito contentivo del recurso de Casación interpuesto por la Abogada MARCELA ELLIETHE LANZA GIRON en su condición de Procuradora Judicial del ESTADO DE HONDURAS en contra de la sentencia proferida por la Honorable Corte Segunda de Apelaciones de lo Civil de Francisco Morazán, identificado en esta Jurisdicción bajo el número S.C.65-2015. Y MANDA: Que con la certificación de este AUTO se remitan sus precedentes a la Corte de su procedencia para los efectos consecuentes, previa notificación de este auto a las partes, por medio de sus apoderados legalmente constituidos en juicio. NOTIFÍQUESE. FIRMAS Y SELLO. REYNALDO ANTONIO HERNANDEZ. MAGISTRADO COORDINADOR. WILFREDO MENDEZ ROMERO. MAGISTRADO. RINA AUXILIADORA ALVARADO MORENO. MAGISTRADA. FIRMA Y SELLO. BETTY JANETH PALMA O’CONNOR. RECEPTORA ADSCRITA”.
Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los Once días del mes de Mayo de Dos Mil Dieciséis; Certificación del Auto de fecha Cinco de Abril de Dos Mil Dieciséis, recaído en el Recurso de Casación registrado bajo el No. 65=2015.
LUCILA CRUZ MENENDEZ
SECRETARIA GENERAL
[1] Resoluciones CC. 48-2012; CC.85-2012; CC. 31-2013; CC. 79-2013
[2] Bermúdez M., Antonio. El Recurso de Casación en Materia Civil. Pág. 64. Primera Edición