Chilo Legal Biblioteca Consulta Legal
⚠️
Documento pendiente de verificación

Este texto aún no ha sido revisado por un curador; podría contener errores de transcripción.

Sentencia CC-43-15 — Registro 6340

Resumen

En segunda instancia se declaró con lugar la demanda ordinaria para la devolución de la titularidad dominical de un bien inmueble objeto de un contrato de fideicomiso extinguido por causa de liquidación forzosa del fiduciario.

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

“…Los argumentos del recurrente en el primer recurso de casación en su único motivo no son de recibo por parte de la Sala, y ello se estila así, porque básicamente el mismo incurre en mala técnica casacional al momento de plantear este motivo, falencias que tiene que ver con lo siguiente: a) El recurrente hace referencia de las normas que estima se han vulnerado por falta de aplicación, esto es se limita a invocar la transgresión de los artículos 200.2, 206 y 207 del Código Procesal Civil, y no explica en qué consisten tales infracciones cometidas en el fallo pronunciado por el ad quem; b) Encontramos que el recurrente ataca la sentencia proferida aduciendo en un solo motivo la transgresión de varios artículos del Código Procesal Civil, el primero de ellos está referido al contenido formal de la sentencia y en particular su redacción, en lo que atañe a los antecedentes de hecho, y en cuanto a los dos siguientes artículos, concretamente se refieren a los requisitos internos de la sentencia, esto es la claridad, precisión, exhaustividad y motivación de las mismas; con lo cual el recurrente no observa la exigencia de la técnica casacional en cuanto a la observancia irrestricta de plantear el motivo con la debida separación, claridad y precisión que se exige en el artículo 721.2 del Código Procesal Civil, y que de manera imperativa indica, que en el escrito de interposición del recurso, se harán constar los motivos en que la casación se base, con expresión de las normas de derecho cuya infracción sustente cada motivo; asimismo debiéndose fundamentar con la suficiente separación y claridad. En el caso sub examine el impetrante expone que hubo infracciones por falta de aplicación de los artículos invocados, sin embargo cada uno de estos cargos debió ser planteado por separado, requiriendo una explicación detallada e independiente de ellos; y c) Amen de lo anteriormente señalado, la Sala otea que el impetrante bajo la tutela del precepto autorizante invocado, pretende que se haga revisión de la motivación fáctica de la sentencia para constatar su existencia, suficiencia, racionalidad y carácter lógico, siempre que fuere determinante de un sentido diferente del fallo; sin que el mismo, respecto de los pronunciamientos irreconciliables e irracionales que dice contiene la motivación fáctica del fallo, haga una exposición clara sobre tales, ello se estima así, porque no basta con que el recurrente señale que tal supuesto de irracionalidad se concita porque los pronunciamientos vertidos por ese tribunal de alzada resultan incompatibles con la desestimación de la excepción de incumplimiento contractual, ya que el juzgador al hacer declaración de un hecho probado, también hace abstención de darle eficacia jurídica al mismo, por lo que dice se viola con ello el principio de igualdad ante la ley, puesto que sí le da eficacia y ejecutoriedad a la prestación a cargo del demandado.”

Legislación citada

Jerarquía: Reiterativa

“.- En cuanto al segundo recurso de casación interpuesta contra la sentencia dictada en fecha cinco de noviembre del año dos mil catorce, por la Corte de Apelaciones Civil de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, el recurrente abogado OMAR ANTONIO CHAVEZ GARCIA, en su condición de representante de la empresa denominada CORPORACION, INDUSTRIAL, TURISTICA, REPRESENTACIONES E INVERSIONES Y DEL CAMPO, S.A. DE C.V. (CITRIC), estima en EL PRIMER MOTIVO planteado que la norma o disposición de derecho infringida (Ley Adjetiva), es el artículo 207.1 del Código Procesal Civil, que literalmente expresa: “Las sentencias se motivarán expresando los razonamientos facticos y jurídicos que conducen a la apreciación y valoración de las pruebas, así como a la aplicación e interpretación del derecho.” Tiene el impetrante como precepto autorizante la causal señalada en el artículo 719.1 literal c) del Código Procesal Civil, relacionado con el artículo 720.2 del referido Código, que establecen lo siguiente: “Articulo 719.- CAUSALES DEL RECURSO... El impetrante en este motivo incurre también en doble infracción de la debida técnica de casación que obligatoriamente devenía en observar al momento de plantear el motivo; esto es así, ya que aunado a la infracción del antes citado artículo 207.1 del Código Procesal Civil, también arguye en el mismo motivo que por parte de la Corte Sentenciadora no se interpretó correctamente lo establecido en el artículo 191 del Código de Procedimientos Civiles, con lo cual incurre en la falencia de no hacer la separación con precisión y justificación de las referidos artículos, esto es el recurrente no ha expuesto en motivos separados cada una de las normas que dice se han infringido en el fallo proferido por el iudex ad-quem; amen de lo anterior el recurrente estima que sobre el artículo 191 del Código de Procedimientos Civiles, el Juzgado de Primera Instancia ha hecho una interpretación conforme a derecho, al hacer la condena de los daños y perjuicios a reserva de fijar su importancia y hacerla efectiva en la ejecución de la sentencia; situación sobre la cual la Sala estima que, el símil establecido por el recurrente entre la interpretación que dice ha hecho el tribunal de primera instancia y el tribunal de Alzada sobre una norma jurídica, concita que el mismo no ha observado el formalismo en cuanto a la interposición del recurso de casación, esto es que el mismo olvida que el Código Procesal Civil es por demás claro al determinar cuáles son las clases de recursos que permite el proceso civil y cuando es aplicable cada uno de ellos, tal como lo establece el artículo 691.1 del citado texto legal, en ese sentido tenemos que el recurrente al establecer tal símil pretende que por parte nuestra se revise también la sentencia proferida por el iudex a-quo, lo cual no es susceptible al recurso extraordinario de Casación, mismo que solo procede contra las sentencias y autos definitivos, dictados por las Cortes de Apelaciones, en el proceso ordinario y otras establecidas expresamente, tal como lo preceptúa el artículo 717 siempre del mismo cuerpo legal.”

Legislación citada

Jerarquía: Reiterativa

..“Respecto de lo alegado en el segundo motivo, por el abogado Chávez, no es de recibo por parte de la Sala ello debido a que se incurre en errores en cuanto a la debida técnica casacional, que la formalidad del recurso de casación impone al momento de interponer el recurso; así tenemos que: a) Invoca bajo la tutela del precepto autorizante del artículo 719.2 del Código Procesal Civil, que establece: “CAUSALES DEL RECURSO. 1- ……. b)... c). …...2- Igualmente, se podrá impugnar la aplicación e interpretación de las normas de derecho empleadas para la solución de fondo del litigio”; arguye que el Tribunal de Alzada en el fallo proferido infringe el artículo 191 del Código de Procedimientos Civiles (Ley Adjetiva), en relación con el artículo 1360 del Código Civil; con lo cual olvida que el precepto autorizante invocado está referido a normas in iudicando in iure (normas sustantivas), razón por la cual no se puede pretender bajo la egida del mismo, que la Sala se pronuncie sobre la posible infracción de una norma in procedendo, (normas adjetiva), tal y como lo es el artículo 191 del Código de Procedimientos Civiles, además de que se trata de una norma que ya había sido derogada al momento de dictarse el fallo recurrido; b) El recurrente nuevamente hace referencia al fallo proferido en la primera instancia, señalando que dicho juzgador aplicó para el pronunciamiento de condena el artículo 191 del Código de Procedimientos Civiles, en relación con el artículo 1360 del Código Civil, con lo cual se señala por parte de la Sala que no se puede instar que se revise la sentencia proferida por el iudex a-quo, ello porque no es susceptible al recurso extraordinario de Casación, mismo que solo procede contra las sentencias y autos definitivos, dictados por las Cortes de Apelaciones en el proceso ordinario y otras establecidas expresamente, tal como lo preceptúa el artículo 717 del Código Procesal Civil; y c) El impetrante reitera en este segundo motivo que el Tribunal de Alzada tiene por desapercibida tanto la prueba documental que obra a folios 57 al 80 de la pieza principal, como asimismo desconoce la prueba que obra a folio 215, siempre de la pieza principal, referente al “acta de inspección”; con lo cual desconoce el contenido del artículo 720.1 del Código Procesal Civil que señala: “no se podrá instar la revisión de los hechos, ni la interpretación y valoración de las pruebas contenidas en las sentencias dictadas en la instancia”.

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACION

La Infrascrita Receptora Adscrita a la Sala de lo Civil de la Corte Suprema de Justicia, Certifica, el Auto que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintiséis días del mes octubre del año dos mil dieciséis. La Sala de lo Civil, integrada por los ilustres Magistrados: REYNALDO ANTONIO HERNÁNDEZ, como Coordinador, WILFREDO MÉNDEZ ROMERO y RINA AUXILIADORA ALVARADO, el segundo designado ponente para el conocimiento y redacción de la presente resolución en el recurso de casación impetrado, en la fecha supra indicada dictan el siguiente AUTO: SON PARTES: La institución financiera denominada BANCO CORPORATIVO, S.A. (BANCORP), representada en juicio por el abogado EVERTON FRANCISCO HERRERA PAZ, y la sociedad mercantil denominada CORPORACION INDUSTRIAL, TURISTICA, REPRESENTACIONES E INVERSIONES Y DEL CAMPO, S.A. DE C.V. (CITRIC), representada en juicio por el abogado OMAR ANTONIO CHAVEZ GARCIA, ambos como recurrentes-recurridos. OBJETO DEL PROCESO: “DEMANDA ORDINARIA PARA LA DEVOLUCIÓN DE LA TITULARIDAD DOMINICAL DE UN BIEN INMUEBLE OBJETO DE UN CONTRATO DE FIDEICOMISO EXTINGUIDO POR CAUSA DE LA LIQUIDACIÓN FORZOSA DE LA DEMANDA PREVIO SE DECRETE LA RESOLUCIÓN DEL CONTRATO DE FIDEICOMISO NUMERO G-163/97 Y PARA EL PAGO EN CONCEPTO DE INDEMNIZACIÓN DE DAÑOS Y PERJUICIOS CAUSADOS A LA DEMANDANTE CON MOTIVO DEL INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE FIDEICOMISO.” promovida en fecha diecisiete de febrero del año dos mil diez, ante el Juzgado de Letras Seccional de Puerto Cortés, Departamento de Cortés, por el abogado LEXS OSBERTO MEJIA MURILLO, en su condición de representante procesal de la sociedad mercantil denominado CORPORACION INDUSTRIAL, TURISTICA, REPRESENTACIONES E INVERSIONES Y DEL CAMPO, S.A. DE C.V. (CITRIC), contra la institución financiera denominada BANCO CORPORATIVO, S. A. (BANCORP), a través de su representante legal o liquidador el señor JORGE A. FLORES PADILLA, mayor de edad, licenciado en contaduría, con domicilio en Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central. I. ANTECEDENTES DE HECHO PRIMERO: Con fecha cinco de noviembre del año dos mil catorce, la Corte de Apelaciones Civil de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, conociendo por vía de apelación de la sentencia definitiva de fecha veintiocho de enero del año dos mil trece, dictada por el Juzgado de Letras Seccional de Puerto Cortés, Departamento de Cortés, en el juicio de merito, dictó sentencia mediante la cual en su parte dispositiva ha dictado lo siguiente: “RESUELVE: PRIMERO: DECLARAR CON LUGAR el recurso de apelación interpuesto por el abogado EVERTON FRANCISCO HERRERA PAZ, en su condición de apoderado de la sociedad mercantil BANCO DEL PAIS S.A. entidad que a su vez procede como administradora de los crédito de que es titular la institución del Sistema Financiero en liquidación forzosa denominada BANCO CORPORATIVO S.A. contra la sentencia de fecha veintiocho de enero del dos mil trece (F 358), dictada en fecha por el juzgado de Letras seccional de Puerto Cortés, Cortés, en la demanda ordinaria para la devolución de la titularidad dominical de un bien inmueble objeto de un contrato de fideicomiso extinguido por causa de liquidación forzosa del fiduciario, promovida por Lexs Osberto Mejía, en su condición de apoderado judicial de la Sociedad Mercantil Corporación Industrial, Turística, Representaciones e Inversiones del Campo contra Banco Corporativo (BANCORP).- SEGUNDO: REVOCAR la sentencia de fecha veintiocho de enero del dos mil trece (F 358), dictada en fecha por el juzgado de Letras seccional de Puerto Cortés, Cortés.- Y siendo que conforme al artículo 715.4 del Código Procesal Civil, que comprende el alcance de la decisión de la apelación, determinando que si se apreciare alguna infracción en la aplicación o interpretación del derecho en la decisión de fondo, el Tribunal revocara la sentencia apelada y dictara la que estime procedente y conforme a la resolución del recurso de casación decretada por la Corte Suprema e Justicia, esta alzada procede a dictar nuevamente, la sentencia de merito, debiendo leerse así: PRIMERO: DECLARAR CON LUGAR la demanda ordinaria para la devolución de la titularidad dominical de un bien inmueble objeto de un contrato de fideicomiso extinguido por causa de liquidación forzosa del fiduciario.- SEGUNDO: DECLARAR SIN LUGAR la excepción perentoria de incumplimiento contractual opuesta por el demandado, condena en obligación de hacer a la parte demandada BANCORP, para que por medio de su representante legal y liquidador proceda en el plazo de treinta días hábiles a hacer efectiva la devolución de la titularidad dominical a favor de la parte demandante del bien inmueble que le fuere entregado para los fines del fideicomiso numero G-163/97 debiendo otorgar la escritura pública correspondiente, TERCERO: DECLARAR SIN LUGAR la pretensión de que se decrete la resolución del contrato de fideicomiso G-163/97 el que mantiene sus efectos hasta el cumplimiento forzoso de la obligación de hacer la devolución de la titularidad dominical al demandante del inmueble objeto de fideicomiso a la que ha sido condenado el demandado, contrato del que ya se extinguió el fideicomiso por efecto de la liquidación forzosa del fiduciario, CUARTO: ABSOLVER a la parte demandada de pago de daños y perjuicios, QUINTO: SIN COSTAS en primer instancia.- Y MANDA: Que se notifique esta sentencia a las partes y oportunamente con la certificación de estilo se devuelvan los autos de la primera pieza al juzgado de su procedencia, para los efectos legales consiguientes.- Es ponente la abogada Linda Patricia Reyes Interiano, Magistrada Propietaria.- SIN COSTAS en esta instancia.- NOTIFÍQUESE.” SEGUNDO: En fecha cinco de diciembre del año dos mil catorce, el representante procesal de la institución financiera denominada BANCO CORPORATIVO, S.A. (BANCORP), abogado EVERTON FRANCISCO HERRERA PAZ, presento escrito de interposición y formalización del recurso de casación contra la sentencia de fecha cinco de noviembre del año dos mil catorce, dictada por la Corte de Apelaciones Civil de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, resolviendo el ad- quem, mediante proveído de fecha nueve de diciembre del año dos mil trece, tener por interpuesto y formalizado el recurso de casación por parte del referido abogado y acordó conceder a la parte contraria el plazo de diez días hábiles para que se pronunciara sobre el contenido del escrito, debiendo entregársele copia del mismo. TERCERO: El día diez de diciembre del año dos mil catorce, el representante procesal de la sociedad mercantil denominada CORPORACION, INDUSTRIAL, TURISTICA, REPRESENTACIONES E INVERSIONES Y DEL CAMPO, S.A. DE C.V. (CITRIC), el abogado OMAR ANTONIO CHAVEZ GARCIA, presentó escrito de interposición y formalización del recurso de casación contra la sentencia de fecha cinco de noviembre del año dos mil catorce, dictada por la Corte de Apelaciones Civil de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, resolviendo el ad-quem, mediante proveído de fecha once de diciembre del año dos mil catorce, tener por interpuesto y formalizado el recurso de casación y acordó conceder a la parte contraria el plazo de diez días hábiles para que se pronunciara sobre el contenido del escrito, debiendo entregársele copia del mismo. CUARTO: En fecha cuarto de noviembre del año dos mil quince, el representante procesal de la institución financiera denominada BANCO CORPORATIVO, S.A. (BANCORP), abogado EVERTON FRANCISCO HERRERA PAZ, presento escrito de pronunciamiento sobre el contenido del recurso de casación interpuesto y formalizado por la contraparte, en esa misma fecha la Corte de Apelaciones Civil de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, resolvió, tenerlo por pronunciado, ordenando remitir las presentes diligencias a la Honorable Corte Suprema de Justicia en el término que manda la ley, para proseguir con el trámite correspondiente. QUINTO: En fecha dieciocho de febrero del año dos mil quince, una vez recibidas las actuaciones en éste Alto Tribunal, el abogado Everton Francisco Herrera Paz, en su condición ya indicada, presento escrito de personamiento, resolviendo este Tribunal mediante proveído de fecha veinticinco de enero del año dos mil dieciséis, tenerlo por personado como recurrente-recurrido dentro del plazo concedido y por precluído el plazo dejado de utilizar por parte del abogado Omar Antonio Chávez García, como recurrente-recurrido. SEXTO: El abogado EVERTON FRANCISCO HERRERA PAZ, plantea su recurso de casación contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones Civil de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, de la siguiente manera: (Sic.) “MOTIVO DE CASACIÓN MOTIVO ÚNICO: Se solicita el control de la motivación fáctica de la sentencia recurrida para revisar su racionalidad y carácter lógico, por la falta de aplicación de las normas procesales que regulan la forma y contenido de la sentencia. DISPOSICIONES INFRINGIDAS: Artículos 200.2, 206 y 207 en relación con el 720, todos del Código Procesal Civil. PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo de casación se encuentra comprendido en el artículo 719.1 letra c) en relación con el artículo 720.2 del Código Procesal Civil. IDENTIFICACIÓN DEL PRONUNCIAMIENTO QUE SE IMPUGNA. Se impugna los numerales PRIMERO y SEGUNDO de la parte dispositiva de la sentencia recurrida, pero en vista de que ésta contiene varios numerales PRIMERO y SEGUNDO, procedo a transcribir a continuación los que concretamente se impugnan en este acto, mismos que dicen: “PRIMERO: DECLARAR CON LUGAR la demanda ordinaria para la devolución de la titularidad dominical de un bien inmueble objeto de contrato de fideicomiso extinguido por causa de liquidación forzosa del fiduciario.- SEGUNDO: DECLARAR SIN LUGAR la excepción perentoria de incumplimiento contractual opuesta por el demandado, condena en obligación de hacer a la parte demandada BANCORP, para que por medio de su representante legal y liquidador proceda en el plazo de treinta días hábiles a hacer efectiva la devolución de la titularidad dominical a favor de la parte demandante del bien inmueble que le fuere entregado para los fines del fideicomiso numero G-163/97 debiendo otorgar la escritura pública correspondiente”. EXPLICACIÓN DEL MOTIVO. El artículo 720 del Código Procesal Civil, en sus numerales 1) y 2) prescribe: “1) Por medio del recurso de casación no se podrá instar la revisión de los hechos ni la interpretación y valoración de las pruebas contenidas en las sentencias dictadas en la instancia. 2) Sin embargo, y dentro del literal c) del numeral 1 del artículo anterior, se podrá solicitar en casación el control de la motivación fáctica de la sentencia para revisar su existencia, suficiencia, racionalidad y carácter lógico, siempre que éste fuera determinante de un sentido diferente del fallo.” El artículo 719 inciso c) del numeral 1) prescribe: “1) Se podrá impugnar la aplicación e interpretación de las normas procesales que regulan: c) La forma y contenido de las sentencias.” Por medio de este recurso se solicita el control de la motivación fáctica de la sentencia para demostrar la conclusión equivocada a que se llegó por parte del Tribunal de Segunda Instancia en la aplicación de las normas que regulan la forma y contenido de las sentencias. El Código Procesal Civil en sus artículos 200, 206, 207 y 208 impone de manera meridiana, y cito textualmente: “Artículo 200. CONTENIDO FORMAL DE LAS SENTENCIAS. 1. Las sentencias serán siempre motivadas y contendrán, en párrafos separados y numerados, los antecedentes de hecho y los fundamentos de derecho en los que se base la parte dispositiva o fallo. 2. En particular, la redacción de las sentencias se ajustará al contenido formal siguiente: a)... b)... c) En los fundamentos de derecho se expresarán, en párrafos separados y numerados, los puntos de derecho fijados por las partes y de las cuestiones controvertidas, dando las razones y fundamentos legales del fallo que haya de dictarse, con expresión concreta de las normas jurídicas aplicables al caso. d) El fallo contendrá, numerados, los pronunciamientos correspondientes a las pretensiones de las partes, aunque la estimación o desestimación de todas o algunas de dichas pretensiones pudiera deducirse de los fundamentos jurídicos, así como el pronunciamiento sobre las costas. También determinará, en su caso, la cantidad objeto de la condena, sin que pueda reservarse su determinación para la ejecución de la sentencia, sin perjuicio de lo dispuesto para casos admisibles de condenas con reserva de liquidación. 3…” “ARTICULO 207. MOTIVACIÓN. 1. Las sentencias se motivarán expresando los razonamientos fácticos y jurídicos que conducen a la apreciación y valoración de las pruebas, así como a la aplicación e interpretación del Derecho. 2. La motivación deberá incidir en los distintos elementos fácticos y jurídicos del pleito, considerados individualmente y en conjunto, ajustándose siempre a las reglas de la lógica y de la razón DESARROLLO La parte actora, con fecha 16 de febrero del 2010, presentó contra mi Mandante una demanda para la resolución de un fideicomiso, la devolución del inmueble objeto de dicho contrato y la indemnización de daños y perjuicios. Mi representada procedió a contestar la demanda negando todos los hechos. En el concreto caso de la petición de devolución del inmueble fideicomitido, Banco Corporativo, S.A. fundó su negativa en el artículo 752 párrafo primero del Código de Comercio, o sea, oponiendo la excepción perentoria de incumplimiento contractual (non adimpletí contractus), basándose en el hecho de estar expresamente convenido por las partes contratantes que el bien sería devuelto al fideicomisario/fideicomitente una vez que éste pagara todas las deudas al fiduciario, y que en este caso, tales deudas aún se encontraban impagas, según lo demostraba con un pagaré original y una certificación de saldos. En la sentencia de primera instancia el Juzgado de Letras Seccional de Puerto Cortés falló declarando parcialmente haber lugar a la demanda y en consecuencia ordenando la devolución del inmueble fideicomitido al fideicomisario, condenando asimismo al demandado al pago de daños y perjuicios, que reservó liquidar en ejecución, y, finalmente, declaró sin lugar la petición de resolución del fideicomiso, por considerar que ya estaba extinguido como consecuencia de la declaratoria de liquidación del fiduciario, Banco Corporativo, S.A.. En la segunda instancia, la Honorable Corte de Apelaciones Civil de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, mediante sentencia de fecha 5 de noviembre del 2014, procedió a reformar la dictada en la primera instancia, quedando el fallo de la siguiente manera: “RESUELVE: PRIMERO: DECLARAR CON LUGAR el recurso de apelación interpuesto por el abogado EVERTON FRANCISCO HERRERA PAZ, en su condición de apoderado de la sociedad mercantil BANCO DEL PAIS S.A. entidad que a su vez procede como administradora de los crédito que es titular la institución del Sistema Financiero en liquidación forzosa denominada BANCO CORPORATIVO S.A. contra la sentencia de fecha veintiocho de enero del dos mil trece (F 358), dictada en fecha por el Juzgado de Letras Seccional de Puerto Cortés, Cortés, en la demanda ordinaria para la devolución dominical de un bien inmueble objeto de un contrato de fideicomiso extinguido por causa de liquidación forzosa del fiduciario, promovida por Lexs Osbesto Mejía, en su condición de apoderado judicial de la Sociedad Mercantil Corporación Industrial, Turística, Representaciones e Inversiones del Campo contra Banco Corporativo (BANCORP).- SEGUNDO: REVOCAR la sentencia de fecha veintiocho de enero del dos mil trece (F 358), dictada en fecha por el Juzgado de Letras Seccional de Puerto Cortés, Cortés.- Y siendo que conforme al artículo 715.4 del Código Procesal Civil, que comprende el alcance de la decisión de fondo, el tribunal revocara la sentencia apelada y dictara la que estime procedente y conforme a la resolución del recurso de casación decretada por la Corte Suprema e Justicia, esta alzada, procede a dictar nuevamente la sentencia de merito, debiendo leerse así: PRIMERO: DECLARAR CON LUGAR la demanda ordinaria para la devolución de la titularidad dominical de un bien inmueble objeto de contrato de fideicomiso extinguido por causa de liquidación forzosa del fiduciario,- SEGUNDO: DECLARAR SIN LUGAR la excepción perentoria de incumplimiento contractual opuesta por el demandado, condena en obligación de hacer a la parte demandada BANCORP, para que por medio de su representante legal y liquidador proceda en el plazo de treinta días hábiles a hacer efectiva la devolución de la titularidad dominical a favor de la parte demandante del bien inmueble que le fuere entregado para los fines del fideicomiso numero G-163/97 debiendo otorgar la escritura pública correspondiente. TERCERO: DECLARAR SIN LUGAR la pretensión de que se decrete la resolución del contrato de fideicomiso G-163/97 el que mantiene sus efectos hasta el cumplimiento forzoso de la obligación de hacer la devolución de la titularidad dominical al demandante del inmueble objeto de fideicomiso a la que ha sido condenado el demandado, contrato del que ya se extinguió el fideicomiso por efecto de la liquidación forzosa del fiduciario, CUARTO: ABSOLVER a la parte demandada de pago de daños y perjuicios, QUINTO: SIN COSTAS en primer instancia.- Y MANDA: Que se notifique esta sentencia a las partes y oportunamente con la certificación de estilo se devuelvan los autos de la primera pieza al juzgado de su procedencia, para los efectos legales consiguientes.- Es ponente la abogada Linda Patricia Reyes lnteriano, Magistrada Propietaria.- SIN COSTAS en esta instancia.” Las motivación fáctica de la sentencia de apelación dice en su parte conducente: “SEGUNDO: El artículo 53 de la Ley del Sistema Financiero establece que sin perjuicio de disposiciones legales, los bienes del fideicomiso deberán manejarse con estricto apego a lo establecido en el acto o contrato correspondiente. El contrato de fideicomiso celebrado entre las partes en contienda corre agregado al expediente de merito en el cual se establece como causa de extinción del fideicomiso por liquidación o quiebra del fideicomitente o BANCORP, pero también establece el contrato que el fiduciario entregara bienes fideicomitidos al fideicomisario previo pago de los valores adeudados a los acreedores del fideicomiso, el apelante expone la falta de apreciación del juez de la excepción de incumplimiento contractual. De conformidad a lo estipulado en el artículo 752 del Código de Comercio es licito para una parte contractual negarse a cumplir con su obligación, hasta en tanto la otra parte no cumpla con la suya o prometa hacerlo de manera simultánea, consta en el expediente diferentes medios de prueba entre ellos un pagare por UN MILLÓN SEISCIENTOS SEIS MIL LEMPIRAS (L.1,606,000.00) donde la Empresa Técnica Industrial y Maquinado, se compromete a pagar incondicionalmente a BANCORP, siendo aval solidaria de la empresa Corporación Industrial Turística Representaciones Inversiones y del Campo y certificación de saldo emitido por el contador general del Banco del País, pero siguiendo la figura del fideicomiso que definida en el artículo 1033 del Código Comercio es un negocio jurídico en virtud del cual se atribuye al banco autorizado para operar como fiduciario la titularidad dominical sobre ciertos bienes, con la limitación, de carácter obligatorio, de realizar solo aquellos actos exigidos para cumplimiento del fin licito y determinado al que se destinen.- La finalidad del contrato era la constitución de garantías para cubrir obligaciones que el fideicomitente adquiera por razón de créditos u otras formas de financiamiento, vender o gravar por parte del fiduciario, en caso de ser necesario los bienes fideicomitidos con el fin de pagar deudas del fideicomiso y del fideicomitente de acuerdo con el inciso a) de la cláusula, y en su defecto, con las indicaciones que formalmente imparta el fideicomitente.- Dice también el contrato de fideicomiso que se constituye para servir todas las finalidades imaginables como actividades económicas siempre que sean licitas, determinada y aprobadas por ambas partes.- La constitución de fiador solidario la empresa Sociedad Mercantil Corporación Industrial, Turística, Representaciones e Inversiones del Campo de la empresa Empresa Técnica Industrial y Maquinado, la convierte en una relación jurídica que sale del contexto del fideicomiso, es necesario tener en cuenta lo establecido en el contrato respecto a que el fiduciario entregara bienes fidecomitidos al fideicomisario previo pago de los valores adeudados a los acreedores del fideicomiso, en ningún momento la empresa Empresa Técnica Industrial y Maquinado adeuda al fideicomiso, su relación comercial es con BANCORP, siendo aval solidario Sociedad Mercantil Corporación Industrial, Turística, Representaciones e Inversiones del Campo.- De conformidad a lo antes manifestado el juez realizó una correcta apreciación desestimando la excepción perentoria interpuesta.” En lo que respecta a la excepción perentoria de incumplimiento contractual, el Tribunal de segunda instancia sustentó su motivación para desestimarla en un solo punto, que consiste en que la obligación que invocamos como contraprestación incumplida se sale del contexto del fideicomiso, pero es aquí donde se equivoca la Corte recurrida, pues tal como ella misma lo declara en su motivación fáctica, (reproduciendo inclusive la finalidad del fideicomiso), resulta evidente que esta deuda impaga imputable a la actora y declarada como probada, se encuentra incluida dentro de la amplísima finalidad pactada. En este sentido, remarcamos lo declarado en la sentencia en su numeral SEGUNDO de la motivación fáctica: “la constitución de garantías para cubrir obligaciones que el fideicomitente adquiera por razón de créditos u otras formas de financiamiento, vender o gravar por parte del fiduciario, en caso de ser necesario los bienes fideicomitidos con el fin de pagar deudas del fideicomiso y del fideicomitente de acuerdo con el inciso a) de la cláusula, y en su defecto, con las indicaciones que formalmente imparta el fideicomitente.- Dice también el contrato de fideicomiso que se constituye para servir todas las finalidades imaginables como actividades económicas siempre que sean licitas, determinada y aprobadas por ambas partes.” Siguiendo este orden de ideas y valiéndonos de la literalidad del fideicomiso, reproducida en la motivación fáctica de la sentencia recurrida, resulta incuestionable que la constitución de garantías para el pago de deudas, como la que invocamos a manera de contraprestación incumplida, y documentada mediante un título de crédito original (pagaré), con su respectiva liquidación conforme lo manda el artículo 166 de la Ley del Sistema Financiero, se enmarca y subsume perfectamente dentro de la finalidad del fideicomiso, que es numerus apertus, por lo cual, no es razonable ni lógico expresar que la excepción de non adimpleti contractus se desestima por salirse la deuda del contexto del fideicomiso. En resumen, la motivación fáctica que atacamos, contiene pronunciamientos irreconciliables e irracionales, que inciden de manera determinante en el fallo, y que procedo a transcribir: (1) “... consta en el expediente diferentes medios de prueba entre ellos un pagare por UN MILLÓN SEISCIENTOS SEIS MIL LEMPIRAS (L.1,606,000.00) donde la Empresa Técnica Industrial y Maquinado, se compromete pagar incondicionalmente a BANCORP, siendo aval solidaria la empresa corporación Industrial Turística Representaciones Inversiones y del Campo y certificación de saldo emitido por el contador general del Banco del País…” (2)” …La finalidad del contrato era la constitución de garantías para cubrir obligaciones que el fideicomitente adquiera por razón de créditos u otras formas de financiamiento, vender o gravar por parte del fiduciario, en caso de ser necesario los bienes fideicomitidos con el fin de pagar deudas del fideicomiso y del fideicomitente de acuerdo con el inciso a) de la cláusula, y en su defecto, con las indicaciones que formalmente imparta el fideicomitente.- Dice también el contrato de fideicomiso que se constituye para servir todas las finalidades imaginables como actividades económicas siempre que sean licitas, determinada y aprobadas por ambas partes…” Y finalmente, (3) “... La constitución de fiador solidario la empresa Sociedad Mercantil Corporación Industrial, Turística, Representaciones e Inversiones del Campo de la empresa Técnica Industrial y Maquinado, la convierte en una relación jurídica que sale del contexto del fideicomiso, es necesario tener en cuenta lo establecido en el contrato respecto a que el fiduciario entregara bienes fidecomitidos al fideicomisario previo pago de los valores adeudados a los acreedores del fideicomiso, en ningún momento la empresa Técnica Industrial y Maquinado adeuda al fideicomiso, su relación comercial es con BANCORP, siendo aval solidario Sociedad Mercantil Corporación Industrial, Turística, Representaciones e Inversiones del Campo...” Estas declaraciones judiciales, que taxativamente aparecen en la estructura de la sentencia recurrida, son incompatibles con la desestimación de la excepción de incumplimiento contractual, contenida en el fallo, pues por una parte declara como un hecho probado la prestación a cargo del demandante, pero por la otra, se abstiene de darle eficacia jurídica, mientras que, paradójicamente, violando al principio de igualdad ante la ley, sí le da eficacia y ejecutoriedad a la prestación a cargo del demandado. Empleando la lógica jurídica, el silogismo que debió emplear la Corte sentenciadora, a partir de sus propios pronunciamientos, era: (Premisa 1) dentro de las finalidades concretas y taxativas del fideicomiso estaba la constitución de garantías para pagar deudas del fideicomiso y del fideicomitente así como cualquier actividad imaginable. (Premisa 2) el pagaré aportado contiene una deuda del fideicomitente. (Conclusión) el pagaré constituye una deuda que cae dentro del contexto del fideicomiso. Luego, si esta es una deuda imputable a las finalidades del fideicomiso, entonces es lícito y procedente que Bancorp se niegue a devolver el inmueble hasta en tanto este pago no se verifique, en atención a la excepción de incumplimiento contractual, regulada por el artículo 752 párrafo primero del Código de Comercio.” SEXTIMO: El abogado OMAR ANTONIO CHAVEZ GARCIA, plantea su recurso de casación contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones Civil de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, de la siguiente manera: (Sic.) “MOTIVOS DE CASACION A)- PRIMER MOTIVO EN QUE SE BASA EL RECURSO DE CASACION. El precepto autorizante del primer motivo del Recurso de Casación que se interpone y formalizada en este acto, se encuentra fundamentado en la causal señalada expresamente en el artículo 719 número 1. Literal c) del Código Procesal Civil, relacionado con el artículo 720 numeral 2 del referido código, que establece lo siguiente: Artículo 719.- CAUSALES DEL RECURSO. 1- Se podrá impugnar la aplicación e interpretación de las normas procesales que regulan: a)...;b)... c) La forma y contenido de la sentencia. ARTÍCULO 720.- EXCLUSION DE LA REVISION PROBATORIA EN CASACION. 1….; 2. Sin embargo, y dentro del literal c) del numeral 1 del Artículo anterior, se podrá solicitar en casación el control de la motivación fáctica de la sentencia para revisar su existencia, suficiencia, racionalidad y carácter lógico, siempre que éste fuera determinante en un sentido diferente del fallo. EXPRESION DE LA NORMA DE DERECHO EN CUYA INFRACCION SE SUSTENTA EL PRIMER MOTIVO DE CASACION. La norma o disposición de derecho infringida (Ley Adjetiva) y en la cual se fundamenta el primer motivo de este Recurso de Casación, es el artículo 207, numeral 1 del Código Procesal Civil, que dice: ARTÍCULO 207.- MOTIVACION. 1. Las sentencias se motivarán expresando los razonamientos facticos y jurídicos que conducen a la apreciación y valoración de las pruebas, así como a la aplicación e interpretación del derecho. CONCEPTO DE LA INFRACCION: EXPLICACION DEL PRIMER MOTIVO. La motivación fáctica de la sentencia impugnada es insuficiente por lo siguiente: La Corte de Apelaciones recurrida, en el razonamiento PRIMERO de la MOTIVACIÓN FÁCTICA Y JURIDICA de la sentencia impugnada y con respecto a la condena de Daños y Perjuicios argumenta: si bien es cierto hace referencia al artículo 1360 deI Código Civil (razonamiento jurídico), que es el fundamento esencial de toda reclamación de indemnización de daños y perjuicios; también es cierto que ha obviado en forma absoluta APRECIAR y VALORAR en forma debida la prueba rendida en el proceso por la parte demandante (razonamientos facticos), y con las que fehacientemente se acredito la existencia del “DAÑO” efectivamente sufrido en el edificio dado en fideicomiso por la parte actora, y consecuentemente los perjuicios ocasionados a este; producto de la cuIpa o negligencia en la administración del referido edificio en que incurrió la parte demandada y además en la morosidad en devolvérselo a mi representada.- La Honorable Corte de Apelaciones, argumenta que en el caso que nos ocupa no existe prueba alguna tendiente a demostrar los daños y periuicios ocasionados, siendo imposible establecer su cuantía; sin embargo en su Motivación del Fallo dictado, no aprecio, ni valoro la prueba documental evacuada que obra a Folios CINCUENTA Y SIETE (57) AL OCHENTA (80) de la pieza principal consistente en DOCUMENTO NUEVE UNO (9.1), que comprenden un legajo de fotografías que fueron acompañados junto al libelo de demanda, que revelan el estado dañoso en que se encuentra el Hotel dado en fideicomiso; prueba documental indubitada que no fue impugnada por la parte contraria y que por ello tiene el valor de instrumento publico.- Por otro lado, a FOLIO DOSCIENTOS QUINCE (215) de la pieza principal, aparece el “ACTA DE INSPECCION”, levantada con fecha 19 de octubre del año 2010, por el Juez de primera instancia que conoció del proceso, evacuando el “MEDIO DE PRUEBA NUMERO SEIS, DENOMINADO INSPECCION”, propuesto a favor de mi representada, en la que se hace constar que dicho hotel dado en fidecomiso se encuentra en total abandono y de que no estaba funcionando; tampoco la Corte Sentenciadora interpreto correctamente lo establecido en el artículo 191 del Código de Procedimientos Civiles, tal y como si lo hizo conforme a Derecho el Juzgado de Primera Instancia, al hacer la condena de los daños y perjuicios a reserva de fijar su importancia y hacerla efectiva en la ejecución de la sentencia; por cuanto los daños quedaron debidamente acreditados. La falta de apreciación de dicha prueba documental e inspeccional, de parte de la Corte de Apelaciones recurrida, infringe la norma procesal contenida en el Artículo 207 de Código Procesal Civil ya descrito, lo que conlleva a que la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia anule la sentencia impugnada por este motivo; y es por tal motivo que es procedente la admisión del presente recurso de casación por este motivo o causal señalado, a efecto de que a través de este recurso se revise la existencia, suficiencia, racionalidad y carácter lógico del fallo recurrido, por cuanto este es determinante de un sentido diferente del fallo. B)- SEGUNDO MOTIVO EN QUE SE BASA EL RECURSO DE CASACION. El precepto autorizante del segundo motivo objeto de este Recurso de Casación, se encuentra fundamentado en la causal señalada expresamente en el artículo 719 número 2 del Código Procesal Civil, que establece lo siguiente Artículo 719.. CAUSALES DEL RECURSO. 1- ……. b).... c)….. 2- Igualmente, se podrá impugnar la aplicación e interpretación de las normas de derecho empleadas para la solución de fondo del litigio. EXPRESION DE LA NORMA DE DERECHO EN CUYA INFRACCION SE SUSTENTA EL SEGUNDO MOTIVO DE CASACION. La norma jurídica que se cita como infringida y en la cual se fundamenta el segundo motivo de este Recurso de Casación, es el artículo 191 del Código de Procedimientos Civiles (Ley Adjetiva), en relación con el artículo 130 del Código Civil; que dice: ARTÍCULO 191: Cuando hubiere condena de frutos, intereses, daños o perjuicios, se fijara su importe en cantidad liquida o se establecerá, por los menos, las bases con arreglo a las cuales deba hacerse la liquidación .- Solo, en el caso de no ser posible lo uno ni lo otro, se hará la condena a reserva de fijar su importancia y hacerla efectiva en la ejecución de la sentencia. CONCEPTO DE LA INFRACCION: EXPLICACION DEL SEGUNDO MOTIVO SEGUNDO MOTIVO. La Corte de Apelaciones incurrió en infracción del artículo 191 del Código de Procedimientos Civiles, al haber interpretado indebida y erróneamente dicha disposición legal; y como consecuencia de ello revoco indebidamente la sentencia definitiva dictada en primera instancia mediante la cual se condenaba a la parte demandada a pagar a la parte actora los daños y perjuicios resultantes del incumplimiento del Contrato de Fideicomiso G-163/97, cuya liquidación se reservo para hacerla efectiva en la ejecución de la sentencia; y es a raíz de dicha interpretación indebida y errónea de dicha norma jurídica que el tribunal de segunda instancia absuelve a la parte demandada al pago de daños y perjuicios.- Consta en autos que en el libelo de la demanda, la parte actora estableció de manera clara y precisa que el pago de la indemnización de daños y perjuicios debería de establecerse o reservarse para la fase de ejecución de la sentencia; y es por tal razón que el Juzgado de primera instancia en su fallo dictado con fecha 28 de enero del 2013, habiendo considerado y apreciado en su conjunto los medios de prueba aportados en el proceso; y fundamentado en los motivos (culpa o Negligencia y mora) que originan dicha pretensión, estableció de manera clara y precisa que se condenaba a la parte demandada a pagar a la parte actora daños y perjuicios, reservándose para el proceso de ejecución la determinación de los mismos.- El fundamento que el Juzgador de primera instancia (Juzgado de Letras Seccional de Puerto Cortés), aplico para dicho pronunciamiento de condena fue precisamente este artículo 191 del Código de Procedimientos Civiles, en intima relación con el artículo 1360 del Código Civil, aplicable a este proceso declarativo que se inicio y ventilo en primera instancia con la vigencia del anterior Código de Procedimientos Civiles, en el cual se establece que cuando hubiese condena en daños o perjuicios, se establece la regla general: en primer lugar: Que se haya fijando su importe en cantidad liquida; como regla supletoria: en segundo lugar: Que se establezcan o fijen, las bases con arreglo a las cuales pueda practicarse la liquidación; y en tercer lugar: Que cuando no sea posible, lo uno ni lo otro, se haga la condena a reserva de fijar su importancia y hacerla efectiva en la ejecución de la sentencia.- El tribunal de segunda instancia que dicto la sentencia, que ahora es objeto de impugnación, argumenta que el artículo 191 del Código de Procedimientos Civiles se refiere a la condena de daños, pero que tal condena debe realizarse de conformidad a las pruebas que rinda el demandante; y que el JUEZ A QUO en la sentencia condeno al pago de daños y perjuicios sin prueba alguna que determine dichos daños: y que además reserva fijar su importe y hacerlo efectivo en la ejecución de la sentencia cuando ello únicamente se da en casos excepcionales; sin embargo la Corte de Apelaciones sentenciadora en su fallo no motivo suficientemente su fallo, expresando los razonamientos facticos y jurídicos que la condujeron a la apreciación y valoración de las pruebas aportadas al proceso; simplemente argumenta que no existe prueba alguna que determine dichos daños; Pasando por desapercibida tanto la prueba documental que obra a Folios CINCUENTA Y SIETE (57) AL OCHENTA (80) de la pieza principal consistente en “DOCUMENTO NUEVE UNO (9.1 )“, que contiene un legajo de fotografías que fueron acompañados junto al libelo de demanda, que revelan el estado dañoso en que se encuentra el Hotel dado en fideicomiso; prueba documental indubitada que no fue impugnada por la parte contraria y que por ello tiene el valor de instrumento público; como asimismo la prueba que obra a FOLIO DOSCIENTOS QUINCE (215) de la pieza principal, referente a “ACTA DE INSPECCION”, levantada con fecha 19 de octubre del año 2010, por el Juez de primera instancia que conoció del proceso, evacuando el “MEDIO DE PRUEBA NUMERO SEIS, DENOMINADO INSPECCION”, propuesto a favor de mi representada, en el cual el JUEZ A QUO constato fehacientemente que el bien inmueble (Hotel) cuya titularidad dominical se pide se devuelva y que estaba en fidecomiso con la Parte demandada BANCORP se encuentra en total abandono y el cual esta estaba funcionando.- En consecuencia no es verídica la afirmación y argumento de la honorable Corte de Apelaciones de lo Civil de esta ciudad de que el JUEZ A QUO en la sentencia condeno al pago de daños y perjuicios sin prueba alguna que determine dichos daño, porque si existen dichas pruebas evacuadas agregadas a la pieza principal del proceso de merito que contradicen dicho argumento; lo que sucedió fue que la honorable Corte de Apelaciones no se percato de dichas pruebas y por ende no las aprecio, ni valoro en su fallo, como en su caso debió haberlo hecho.” II. FUNDAMENTOS DE DERECHO 1.- El recurso de casación tiene claramente definidos dos fines expresos al tenor de lo preceptuado por el artículo 716 del Código Procesal Civil, el primero de ellos es su función nomofiláctica, entendida ésta como “la exacta observancia de la ley”, es decir la protección de las normas del ordenamiento jurídico, mediante la procura y promoción de la más adecuada aplicación e interpretación del derecho objetivo. El segundo fin es la unificación de la jurisprudencia nacional, misma que se explica en el sentido de que habiendo situaciones iguales debe pronunciarse decisiones iguales, siempre y cuando no concurran razones objetivas y razonables que justifiquen un trato desigual, en otras palabras, la evolución de la jurisprudencia. Por su parte el numeral dos del artículo precitado, conmina a este alto tribunal a que aplique e interprete las normas referidas al recurso de casación atendiendo a la finalidad de unificación de la jurisprudencia, esto como instrumento de garantía de la igualdad de todos ante la ley, y de la seguridad y certidumbre jurídicas. 2.- El recurso extraordinario de casación debe sujetarse en su formulación a determinados requisitos, para que pueda considerarse como tal y ser atendible por la Corte, ya que dicho recurso es esencialmente formalista, en consecuencia debe ceñirse a una técnica rigurosa para que pueda ser analizado y prospere; requisitos consignados en los artículos 704 y 721 del Código Procesal Civil, mismos que devienen en su cumplimiento por parte del impetrante, para que la Corte pueda considerarlo. 3.- Señalado lo anterior, tenemos que en el caso que nos ocupa las dos partes procesales han interpuesto recurso de casación contra el fallo proferido en fecha cinco de noviembre del año dos mil catorce, por la Corte de Apelaciones Civil de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, razón por la cual esta Sala siguiendo el orden cronológico en que se presentaron tales recursos hará pronunciamiento sobre cada uno de ellos. 4.- De lo expuesto por el primer recurrente, abogado EVERTON FRANCISCO HERRERA PAZ, en su condición de apoderado de la sociedad mercantil denominada BANCO DEL PAIS S.A., entidad que a su vez procede como administradora de los crédito que es titular la institución del sistema financiero en liquidación forzosa denominada BANCO CORPORATIVO S.A., esta Sala deja relacionado sucintamente los alegatos planteados, ello en virtud de que en los mismos aparecen citados literalmente en los antecedentes de hecho de este auto. Expone el impetrante el único motivo de casación contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones Civil de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, el día 05 de noviembre del año 2014, por estimar que en el fallo referido no se ha hecho aplicación de las normas procesales que regulan la forma y contenido de la sentencia, esto es los artículos 200.2, 206 y 207 en relación con el 720, todos del Código Procesal Civil; estimando como precepto autorizante lo dispuesto en el artículo 719.1 letra c) en relación con el artículo 720.2 del Código Procesal Civil. En la exposición del motivo señala que impugna los numerales PRIMERO y SEGUNDO de la parte dispositiva de la sentencia recurrida; empieza su haciendo un relato cronológico procesal, y señalando que: a) La parte actora, con fecha 16 de febrero del 2010, presentó contra su mandante una demanda para la resolución de un fideicomiso, la devolución del inmueble objeto de dicho contrato y la indemnización de daños y perjuicios. Que su representada procedió a contestar la demanda negando todos los hechos. En el concreto caso de la petición de devolución del inmueble fideicomitido, Banco Corporativo, S.A. fundó su negativa en el artículo 752 párrafo primero del Código de Comercio, o sea, oponiendo la excepción perentoria de incumplimiento contractual (non adimpletí contractus), basándose en el hecho de estar expresamente convenido por las partes contratantes que el bien sería devuelto al fideicomisario/fideicomitente una vez que éste pagara todas las deudas al fiduciario, y que en este caso, tales deudas aún se encontraban impagas, según lo demostraba con un pagaré original y una certificación de saldos; b) Que en la sentencia de primera instancia el Juzgado de Letras Seccional de Puerto Cortés falló declarando parcialmente haber lugar a la demanda y en consecuencia ordenando la devolución del inmueble fideicomitido al fideicomisario, condenando asimismo al demandado al pago de daños y perjuicios, que reservó liquidar en ejecución, y, finalmente, declaró sin lugar la petición de resolución del fideicomiso, por considerar que ya estaba extinguido como consecuencia de la declaratoria de liquidación del fiduciario, Banco Corporativo, S.A..; c) Que en la segunda instancia, la Honorable Corte de Apelaciones Civil de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, mediante sentencia de fecha cinco de noviembre del dos mil catorce, procedió a revocar la dictada en la primera instancia, quedando el fallo de la siguiente manera: “RESUELVE: PRIMERO: DECLARAR CON LUGAR el recurso de apelación interpuesto por el abogado EVERTON FRANCISCO HERRERA PAZ, en su condición de apoderado de la sociedad mercantil BANCO DEL PAIS S.A. entidad que a su vez procede como administradora de los crédito que es titular la institución del Sistema Financiero en liquidación forzosa denominada BANCO CORPORATIVO S.A. contra la sentencia de fecha veintiocho de enero del dos mil trece (F 358), dictada en fecha por el Juzgado de Letras Seccional de Puerto Cortés, Cortés, en la demanda ordinaria para la devolución dominical de un bien inmueble objeto de un contrato de fideicomiso extinguido por causa de liquidación forzosa del fiduciario, promovida por Lexs Osbesto Mejía, en su condición de apoderado judicial de la sociedad mercantil Corporación Industrial, Turística, Representaciones e Inversiones del Campo contra Banco Corporativo (BANCORP).- SEGUNDO: REVOCAR la sentencia de fecha veintiocho de enero del dos mil trece (F 358), dictada en fecha por el Juzgado de Letras Seccional de Puerto Cortés, Cortés.- Y siendo que conforme al artículo 715.4 del Código Procesal Civil, que comprende el alcance de la decisión de fondo, el tribunal revocara la sentencia apelada y dictara la que estime procedente y conforme a la resolución del recurso de casación decretada por la Corte Suprema e Justicia, esta alzada, procede a dictar nuevamente la sentencia de merito, debiendo leerse así: PRIMERO: DECLARAR CON LUGAR la demanda ordinaria para la devolución de la titularidad dominical de un bien inmueble objeto de contrato de fideicomiso extinguido por causa de liquidación forzosa del fiduciario,- SEGUNDO: DECLARAR SIN LUGAR la excepción perentoria de incumplimiento contractual opuesta por el demandado, condena en obligación de hacer a la parte demandada BANCORP, para que por medio de su representante legal y liquidador proceda en el plazo de treinta días hábiles a hacer efectiva la devolución de la titularidad dominical a favor de la parte demandante del bien inmueble que le fuere entregado para los fines del fideicomiso numero G-163/97 debiendo otorgar la escritura pública correspondiente. TERCERO: DECLARAR SIN LUGAR la pretensión de que se decrete la resolución del contrato de fideicomiso G-163/97 el que mantiene sus efectos hasta el cumplimiento forzoso de la obligación de hacer la devolución de la titularidad dominical al demandante del inmueble objeto de fideicomiso a la que ha sido condenado el demandado, contrato del que ya se extinguió el fideicomiso por efecto de la liquidación forzosa del fiduciario, CUARTO: ABSOLVER a la parte demandada de pago de daños y perjuicios, QUINTO: SIN COSTAS en primer instancia.- Y MANDA……”; d) Que la motivación fáctica de la sentencia de apelación dice en su parte conducente: “SEGUNDO: El artículo 53 de la Ley del Sistema Financiero establece que sin perjuicio de disposiciones legales, los bienes del fideicomiso deberán manejarse con estricto apego a lo establecido en el acto o contrato correspondiente. El contrato de fideicomiso celebrado entre las partes en contienda corre agregado al expediente de merito en el cual se establece como causa de extinción del fideicomiso por liquidación o quiebra del fideicomitente o BANCORP, pero también establece el contrato que el fiduciario entregara bienes fideicomitidos al fideicomisario previo pago de los valores adeudados a los acreedores del fideicomiso, el apelante expone la falta de apreciación del juez de la excepción de incumplimiento contractual. De conformidad a lo estipulado en el artículo 752 del Código de Comercio es licito para una parte contractual negarse a cumplir con su obligación, hasta en tanto la otra parte no cumpla con la suya o prometa hacerlo de manera simultánea, consta en el expediente diferentes medios de prueba entre ellos un pagare por UN MILLÓN SEISCIENTOS SEIS MIL LEMPIRAS (L.1,606,000.00) donde la Empresa Técnica Industrial y Maquinado, se compromete a pagar incondicionalmente a BANCORP, siendo aval solidaria de la empresa Corporación Industrial Turística Representaciones Inversiones y del Campo y certificación de saldo emitido por el contador general del Banco del País, pero siguiendo la figura del fideicomiso que definida en el artículo 1033 del Código Comercio es un negocio jurídico en virtud del cual se atribuye al banco autorizado para operar como fiduciario la titularidad dominical sobre ciertos bienes, con la limitación, de carácter obligatorio, de realizar solo aquellos actos exigidos para cumplimiento del fin licito y determinado al que se destinen.- La finalidad del contrato era la constitución de garantías para cubrir obligaciones que el fideicomitente adquiera por razón de créditos u otras formas de financiamiento, vender o gravar por parte del fiduciario, en caso de ser necesario los bienes fideicomitidos con el fin de pagar deudas del fideicomiso y del fideicomitente de acuerdo con el inciso a) de la cláusula, y en su defecto, con las indicaciones que formalmente imparta el fideicomitente.-Dice también el contrato de fideicomiso que se constituye para servir todas las finalidades imaginables como actividades económicas siempre que sean licitas, determinada y aprobadas por ambas partes.- La constitución de fiador solidario la empresa Sociedad Mercantil Corporación Industrial, Turística, Representaciones e Inversiones del Campo de la empresa Técnica Industrial y Maquinado, la convierte en una relación jurídica que sale del contexto del fideicomiso, es necesario tener en cuenta lo establecido en el contrato respecto a que el fiduciario entregara bienes fidecomitidos al fideicomisario previo pago de los valores adeudados a los acreedores del fideicomiso, en ningún momento la empresa Empresa Técnica Industrial y Maquinado adeuda al fideicomiso, su relación comercial es con BANCORP, siendo aval solidario Sociedad Mercantil Corporación Industrial, Turística, Representaciones e Inversiones del Campo.- De conformidad a lo antes manifestado el juez realizo una correcta apreciación desestimando la excepción perentoria interpuesta.”; e) Que el Tribunal de segunda instancia en lo que respecta a la excepción perentoria de incumplimiento contractual que se invoco por su representada como contraprestación incumplida, se equivoca cuando sustentó su motivación para desestimarla en un solo punto, que consiste en que se sale del contexto del fideicomiso, ello porque tal como ella misma lo declara en su motivación fáctica, (reproduciendo inclusive la finalidad del fideicomiso), resulta evidente que esta deuda impaga imputable a la actora y declarada como probada, se encuentra incluida dentro de la amplísima finalidad pactada, y que en ese sentido, se cita lo declarado en la sentencia en su numeral SEGUNDO de la motivación fáctica, que señala: “la constitución de garantías para cubrir obligaciones que el fideicomitente adquiera por razón de créditos u otras formas de financiamiento, vender o gravar por parte del fiduciario, en caso de ser necesario los bienes fideicomitidos con el fin de pagar deudas del fideicomiso y del fideicomitente de acuerdo con el inciso a) de la cláusula, y en su defecto, con las indicaciones que formalmente imparta el fideicomitente.- Dice también el contrato de fideicomiso que se constituye para servir todas las finalidades imaginables como actividades económicas siempre que sean licitas, determinada y aprobadas por ambas partes.”; f) Que al tenor de la literalidad del fideicomiso, resulta incuestionable que la constitución de garantías para el pago de deudas, como la que se ha invocado a manera de contraprestación incumplida, y documentada mediante un título de crédito original (pagaré), con su respectiva liquidación conforme lo manda el artículo 166 de la Ley del Sistema Financiero, se enmarca y subsume perfectamente dentro de la finalidad del fideicomiso, que es numerus apertus, por lo cual, no es razonable ni lógico expresar que la excepción de non adimpleti contractus se desestima por salirse la deuda del contexto del fideicomiso; g) Que la motivación fáctica del fallo proferido contiene pronunciamientos irreconciliables e irracionales, que inciden de manera determinante en el fallo, tales como : 1) “... consta en el expediente diferentes medios de prueba entre ellos un pagare por UN MILLÓN SEISCIENTOS SEIS MIL LEMPIRAS (L.1,606,000.00) donde la Empresa Técnica Industrial y Maquinado, se compromete pagar incondicionalmente a BANCORP, siendo aval solidaria la empresa corporación Industrial Turística Representaciones Inversiones y del Campo y certificación de saldo emitido por el contador general del Banco del País…” (2)”…La finalidad del contrato era la constitución de garantías para cubrir obligaciones que el fideicomitente adquiera por razón de créditos u otras formas de financiamiento, vender o gravar por parte del fiduciario, en caso de ser necesario los bienes fideicomitidos con el fin de pagar deudas del fideicomiso y del fideicomitente de acuerdo con el inciso a) de la cláusula, y en su defecto, con las indicaciones que formalmente imparta el fideicomitente.- Dice también el contrato de fideicomiso que se constituye para servir todas las finalidades imaginables como actividades económicas siempre que sean licitas, determinada y aprobadas por ambas partes …”; y finalmente, (3) “... La constitución de fiador solidario la empresa Sociedad Mercantil Corporación Industrial, Turística, Representaciones e Inversiones del Campo de la empresa Técnica Industrial y Maquinado, la convierte en una relación jurídica que sale del contexto del fideicomiso, es necesario tener en cuenta lo establecido en el contrato respecto a que el fiduciario entregara bienes fidecomitidos al fideicomisario previo pago de los valores adeudados a los acreedores del fideicomiso, en ningún momento la empresa Técnica Industrial y Maquinado adeuda al fideicomiso, su relación comercial es con BANCORP, siendo aval solidario Sociedad Mercantil Corporación Industrial, Turística, Representaciones e Inversiones del Campo...”; declaraciones judiciales, que dice son incompatibles con la desestimación de la excepción de incumplimiento contractual, contenida en el fallo, pues por una parte declara como un hecho probado la prestación a cargo del demandante, pero por la otra, se abstiene de darle eficacia jurídica, mientras que, paradójicamente, violando al principio de igualdad ante la ley, sí le da eficacia y ejecutoriedad a la prestación a cargo del demandado, y h) Que la Corte Sentenciadora debió de haber empleando la lógica jurídica y por la cual, a partir de sus propios pronunciamientos debió de ser de la siguiente manera: (Premisa 1) dentro de las finalidades concretas y taxativas del fideicomiso estaba la constitución de garantías para pagar deudas del fideicomiso y del fideicomitente así como cualquier actividad imaginable. (Premisa 2) el pagaré aportado contiene una deuda del fideicomitente. (Conclusión) el pagaré constituye una deuda que cae dentro del contexto del fideicomiso. Luego, si esta es una deuda imputable a las finalidades del fideicomiso, entonces es lícito y procedente que Bancorp se niegue a devolver el inmueble hasta en tanto éste pago no se verifique, en atención a la excepción de incumplimiento contractual, regulada por el artículo 752 párrafo primero del Código de Comercio. 5.- Los argumentos del recurrente en el primer recurso de casación en su único motivo no son de recibo por parte de la Sala, y ello se estila así, porque básicamente el mismo incurre en mala técnica casacional al momento de plantear este motivo, falencias que tiene que ver con lo siguiente: a) El recurrente hace referencia de las normas que estima se han vulnerado por falta de aplicación, esto es se limita a invocar la transgresión de los artículos 200.2, 206 y 207 del Código Procesal Civil, y no explica en qué consisten tales infracciones cometidas en el fallo pronunciado por el ad quem; b) Encontramos que el recurrente ataca la sentencia proferida aduciendo en un solo motivo la transgresión de varios artículos del Código Procesal Civil, el primero de ellos está referido al contenido formal de la sentencia y en particular su redacción, en lo que atañe a los antecedentes de hecho, y en cuanto a los dos siguientes artículos, concretamente se refieren a los requisitos internos de la sentencia, esto es la claridad, precisión, exhaustividad y motivación de las mismas; con lo cual el recurrente no observa la exigencia de la técnica casacional en cuanto a la observancia irrestricta de plantear el motivo con la debida separación, claridad y precisión que se exige en el artículo 721.2 del Código Procesal Civil, y que de manera imperativa indica, que en el escrito de interposición del recurso, se harán constar los motivos en que la casación se base, con expresión de las normas de derecho cuya infracción sustente cada motivo; asimismo debiéndose fundamentar con la suficiente separación y claridad. En el caso sub examine el impetrante expone que hubo infracciones por falta de aplicación de los artículos invocados, sin embargo cada uno de estos cargos debió ser planteado por separado, requiriendo una explicación detallada e independiente de ellos; y c) Amen de lo anteriormente señalado, la Sala otea que el impetrante bajo la tutela del precepto autorizante invocado, pretende que se haga revisión de la motivación fáctica de la sentencia para constatar su existencia, suficiencia, racionalidad y carácter lógico, siempre que fuere determinante de un sentido diferente del fallo; sin que el mismo, respecto de los pronunciamientos irreconciliables e irracionales que dice contiene la motivación fáctica del fallo, haga una exposición clara sobre tales, ello se estima así, porque no basta con que el recurrente señale que tal supuesto de irracionalidad se concita porque los pronunciamientos vertidos por ese tribunal de alzada resultan incompatibles con la desestimación de la excepción de incumplimiento contractual, ya que el juzgador al hacer declaración de un hecho probado, también hace abstención de darle eficacia jurídica al mismo, por lo que dice se viola con ello el principio de igualdad ante la ley, puesto que sí le da eficacia y ejecutoriedad a la prestación a cargo del demandado. 6.- En cuanto al segundo recurso de casación interpuesta contra la sentencia dictada en fecha cinco de noviembre del año dos mil catorce, por la Corte de Apelaciones Civil de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, el recurrente abogado OMAR ANTONIO CHAVEZ GARCIA, en su condición de representante de la empresa denominada CORPORACION, INDUSTRIAL, TURISTICA, REPRESENTACIONES E INVERSIONES Y DEL CAMPO, S.A. DE C.V. (CITRIC), estima en EL PRIMER MOTIVO planteado que la norma o disposición de derecho infringida (Ley Adjetiva), es el artículo 207.1 del Código Procesal Civil, que literalmente expresa: “Las sentencias se motivarán expresando los razonamientos facticos y jurídicos que conducen a la apreciación y valoración de las pruebas, así como a la aplicación e interpretación del derecho.” Tiene el impetrante como precepto autorizante la causal señalada en el artículo 719.1 literal c) del Código Procesal Civil, relacionado con el artículo 720.2 del referido Código, que establecen lo siguiente: “Articulo 719.- CAUSALES DEL RECURSO. 1- Se podrá impugnar la aplicación e interpretación de las normas procesales que regulan: a)…, b)…; c) La forma y contenido de la sentencia.” y “Artículo 720.- Exclusión de la revisión probatoria en casación. 1…; 2. Sin embargo, y dentro del literal c) del numeral 1 del Artículo anterior, se podrá solicitar en casación el control de la motivación fáctica de la sentencia para revisar su existencia, suficiencia, racionalidad y carácter lógico, siempre que éste fuera determinante en un sentido diferente del fallo.” Explica el recurrente el concepto de la infracción, señalando que la motivación fáctica de la sentencia impugnada es insuficiente por las siguientes razones: a) En el acápite Primero de la Motivación Fáctica y Jurídica de la sentencia impugnada, y con respecto a la condena de Daños y Perjuicios el Tribunal de Alzada si bien es cierto hace referencia al artículo 1360 del Código civil (razonamiento jurídico), que es el fundamento esencial de toda reclamación de indemnización de daños y perjuicios; también es cierto que el mismo ha obviado en forma absoluta apreciar y valorar en forma debida la prueba rendida en el proceso por la parte demandante (razonamientos facticos), medios de prueba con los cuales fehacientemente se acredito la existencia del “daño” en el edificio dado en fideicomiso por la parte actora, y consecuentemente los perjuicios ocasionados a este; producto de ello la culpa o negligencia en la administración del referido edificio en que incurrió la parte demandada y la morosidad en devolvérselo a mi representada; b) Que el ad-quem al argumentar que en el caso que nos ocupa no existe prueba alguna tendiente a demostrar los daños y perjuicios ocasionados, por lo que no es posible establecer su cuantía; con ello en la Motivación del Fallo dictado, no se aprecio, ni valoro la prueba documental evacuada que obra a Folios cincuenta y siete (57) al ochenta (80) de la pieza principal consistente en documento nueve uno (9.1), mismo que comprenden un legajo de fotografías que fueron acompañados junto al libelo de demanda, y que revelan el estado dañoso en que se encuentra el Hotel dado en fideicomiso; por lo que tal medio de prueba documental al no ser impugnada por la parte contraria, tiene por lo tanto el valor de instrumento público; c) Que a folio doscientos quince (215) se consigna del expediente del “acta de inspección”, levantada el 19 de octubre del año 2010, por el Juez de primera instancia que conoció del proceso, en la evacuación del “medio de prueba número seis, denominado inspección”, propuesto a favor de su representada, medio de prueba éste por el cual se hace constar que dicho hotel dado en fidecomiso se encuentra en total abandono y de que no estaba funcionando; d) Que tampoco la Corte Sentenciadora interpreto correctamente lo establecido en el artículo 191 del Código de Procedimientos Civiles, en contraposición de la interpretación conforme a derecho que de tal articulo hizo el Juzgado de Primera Instancia, al hacer la condena de los daños y perjuicios a reserva de fijar su importancia y hacerla efectiva en la ejecución de la sentencia; e) Que la falta de apreciación de dicha prueba documental e inspeccional, de parte de la Corte de Apelaciones recurrida, infringe la norma procesal contenida en el artículo 207 de Código Procesal Civil, lo que conlleva a que la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia admita el recurso de casación en este motivo o causal, a efecto de que se revise la existencia, suficiencia, racionalidad y carácter lógico del fallo recurrido, por cuanto este es determinante de un sentido diferente del fallo; y consecuentemente anule la sentencia impugnada. En el segundo motivo, el abogado Chávez expone que el fallo proferido por el Tribunal de Alzada infringe el artículo 191 del Código de Procedimientos Civiles (Ley Adjetiva), en relación con el artículo 130 del Código Civil; artículo vulnerado que señala: “artículo 191: Cuando hubiere condena de frutos, intereses, daños o perjuicios, se fijara su importe en cantidad liquida o se establecerá, por los menos, las bases con arreglo a las cuales deba hacerse la liquidación.- Solo, en el caso de no ser posible lo uno ni lo otro, se hará la condena a reserva de fijar su importancia y hacerla efectiva en la ejecución de la sentencia. Estimando como precepto autorizante el artículo 719.2 del Código Procesal Civil, que establece: “Artículo 719.. CAUSALES DEL RECURSO. 1- ……. b)... c). …..2- Igualmente, se podrá impugnar la aplicación e interpretación de las normas de derecho empleadas para la solución de fondo del litigio”. Explica el impetrante el concepto de la infracción señalando que: a) La Corte de Apelaciones incurrió en infracción del artículo 191 del Código de Procedimientos Civiles, puesto que ha interpretado de manera indebida y erróneamente dicha disposición legal; consecuentemente con ello ha revocado indebidamente la sentencia definitiva dictada en primera instancia, y mediante la cual se condenaba a la parte demandada a pagar a la parte actora los daños y perjuicios resultantes del incumplimiento del Contrato de Fideicomiso G-163/97, y cuya liquidación se reservo para hacerla efectiva en la ejecución de la sentencia; y que a raíz de dicha interpretación indebida y errónea de la norma jurídica, el tribunal de segunda instancia absuelve a la parte demandada al pago de daños y perjuicios; b) Que además consta en la demanda, que la parte actora dejó establecido que el pago de la indemnización de daños y perjuicios debería de establecerse o reservarse para la fase de ejecución de la sentencia; por tal razón es que el Juzgado de primera instancia en su fallo dictado el veintiocho de enero del dos mil trece, después de haber considerado y apreciado en su conjunto los medios de prueba aportados en el proceso; y fundamentado en los motivos de culpa o negligencia y mora, estableció de manera clara y precisa que se condenaba a la parte demandada a pagar a la parte actora daños y perjuicios, reservándose para el proceso de ejecución la determinación de los mismos; c) Que el fundamento jurídico que el Juzgador de primera instancia aplicó para el pronunciamiento de condena fue precisamente el artículo 191 del Código de Procedimientos Civiles, en relación con el artículo 1360 del Código Civil, aplicable a este proceso declarativo que se inició y ventiló en primera instancia con la vigencia del anterior Código de Procedimientos Civiles, artículos estos que dejan establecido que cuando hubiese condena en daños o perjuicios, se establece la regla general, en primer lugar que se haya fijando su importe en cantidad liquida; como regla supletoria; en segundo lugar que se establezcan o fijen, las bases con arreglo a las cuales pueda practicarse la liquidación; y en tercer lugar que cuando no sea posible, lo uno ni lo otro, se haga la condena a reserva de fijar su importancia y hacerla efectiva en la ejecución de la sentencia. Pero, contrario a lo fallado en primera instancia, el tribunal de segunda instancia en el fallo proferido argumenta que el artículo 191 del Código de Procedimientos Civiles “se refiere a la condena de daños, pero que tal condena debe realizarse de conformidad a las pruebas que rinda el demandante; y que el juez a quo en la sentencia condeno al pago de daños y perjuicios sin prueba alguna que determine dichos daños: y que además reserva fijar su importe y hacerlo efectivo en la ejecución de la sentencia cuando ello únicamente se da en casos excepcionales”. Razón por la cual estima el impetrante que la Corte sentenciadora en su fallo no lo ha motivado suficientemente, expresando los razonamientos facticos y jurídicos que la condujeron a la apreciación y valoración de las pruebas aportadas al proceso; y que más bien con el citado razonamiento el Tribunal de Alzada tiene por desapercibida tanto la prueba documental que obra a folios 57 al 80 de la pieza principal consistente en el documento nueve uno (9.1); como asimismo desconoce la prueba que obra a folio 215, siempre de la pieza principal, referente al “acta de inspección”, de fecha diecinueve de octubre del año dos mil diez, por la cual se acredita que el bien inmueble (hotel) cuya titularidad dominical se pide se devuelva y que estaba en fidecomiso con la parte demandada BANCORP se encuentra en total abandono; razón por la cual estima el recurrente que las apreciaciones del Tribunal de Alzada no resultan verídicas, y más bien lo que ha sucedido es que la honorable Corte de Apelaciones no se percato de dichas pruebas y por ende no las aprecio, ni valoro en su fallo, como en su caso debió haberlo hecho. 7.- Los argumentos del segundo recurrente en el primer motivo que expone no son de recibo por parte de la Sala, y ello se estila así, porque básicamente el mismo incurre en mala técnica casacional al momento de plantear este motivo, ello se establece por lo siguiente: a) El demandante bajo la tutela del precepto autorizante del artículo 719.1, inciso c), del Código Procesal Civil, que dispone que se podrá impugnar la aplicación e interpretación de las normas procesales que regulan “la forma y contenido de la sentencia”; lo relaciona con el artículo 720.2 del Código Procesal Civil, que refiere que: ”…, y dentro del literal c) del numero uno 1 del artículo anterior, se podrá solicitar en casación el control de la motivación fáctica de la sentencia, para revisar su existencia, suficiencia, racionalidad y carácter lógico, siempre que éste fuere determinante de un sentido diferente del fallo”; manifiesta que se ha infringido el contenido del artículo 207.1 del Código Procesal Civil, artículo éste que se refiere a que: “Las sentencias se motivaran expresando los razonamientos facticos y jurídicos que conducen a la apreciación y valoración de las pruebas, así como la aplicación e interpretación del derecho.”; aduce para exponer tal vulneración, que la motivación de la sentencia proferida resulta insuficiente. La Sala observa que el recurrente no plantea el motivo con la suficiente claridad, puesto que al señalar que en la motivación del fallo proferido, si bien es cierto que el Tribunal de Alzada hace referencia del artículo 1360 del Código Civil (razonamiento jurídico), dice también que el mismo ha obviado en forma absoluta apreciar y valorar en forma debida la prueba rendida en el proceso por la parte demandante (razonamientos facticos); esto es los medios de prueba referentes a: I.- documental que obra a folios 57 al 80 de la pieza principal consistente en documento nueve uno (9.1), mismo que comprenden un legajo de fotografías que revelan el estado dañoso en que se encuentra el hotel dado en fideicomiso; II.- Acta de inspección que obra a folio 215 y mediante la cual se hace constar que el hotel dado en fidecomiso se encuentra en total abandono y de que no estaba funcionando. De lo anterior, la Sala repara que el impetrante no ha tenido en cuenta que al argüir la falta de valoración de los referidos medios de prueba por parte del Tribunal de Alzada; el mismo no tiene en cuenta que en vía de casación, y al tenor de lo señalado por el artículo 720.1 del Código Procesal Civil “no se podrá instar la revisión de los hechos, ni la interpretación y valoración de las pruebas contenidas en las sentencias dictadas en la instancia”; situación que tiene su salvedad en cuanto a la forma y contenido de las sentencias, por lo que se podrá solicitar el control de la motivación fáctica de la sentencia para revisar su existencia, suficiencia, racionalidad y carácter lógico, siempre que este fuera determinate de un sentido diferente del fallo, tal y lo dispuesto en el artículo 720.2 del referido Código, en ese sentido estimamos que el fallo proferido tiene la suficiente motivación fáctica y jurídica; b) El impetrante en este motivo incurre también en doble infracción de la debida técnica de casación que obligatoriamente devenía en observar al momento de plantear el motivo; esto es así, ya que aunado a la infracción del antes citado artículo 207.1 del Código Procesal Civil, también arguye en el mismo motivo que por parte de la Corte Sentenciadora no se interpretó correctamente lo establecido en el artículo 191 del Código de Procedimientos Civiles, con lo cual incurre en la falencia de no hacer la separación con precisión y justificación de las referidos artículos, esto es el recurrente no ha expuesto en motivos separados cada una de las normas que dice se han infringido en el fallo proferido por el iudex ad-quem; amen de lo anterior el recurrente estima que sobre el artículo 191 del Código de Procedimientos Civiles, el Juzgado de Primera Instancia ha hecho una interpretación conforme a derecho, al hacer la condena de los daños y perjuicios a reserva de fijar su importancia y hacerla efectiva en la ejecución de la sentencia; situación sobre la cual la Sala estima que, el símil establecido por el recurrente entre la interpretación que dice ha hecho el tribunal de primera instancia y el tribunal de Alzada sobre una norma jurídica, concita que el mismo no ha observado el formalismo en cuanto a la interposición del recurso de casación, esto es que el mismo olvida que el Código Procesal Civil es por demás claro al determinar cuáles son las clases de recursos que permite el proceso civil y cuando es aplicable cada uno de ellos, tal como lo establece el artículo 691.1 del citado texto legal, en ese sentido tenemos que el recurrente al establecer tal símil pretende que por parte nuestra se revise también la sentencia proferida por el iudex a-quo, lo cual no es susceptible al recurso extraordinario de Casación, mismo que solo procede contra las sentencias y autos definitivos, dictados por las Cortes de Apelaciones, en el proceso ordinario y otras establecidas expresamente, tal como lo preceptúa el artículo 717 siempre del mismo cuerpo legal. 8.- Respecto de lo alegado en el segundo motivo, por el abogado Chávez, no es de recibo por parte de la Sala ello debido a que se incurre en errores en cuanto a la debida técnica casacional, que la formalidad del recurso de casación impone al momento de interponer el recurso; así tenemos que: a) Invoca bajo la tutela del precepto autorizante del artículo 719.2 del Código Procesal Civil, que establece: “CAUSALES DEL RECURSO. 1- ……. b)... c). …...2- Igualmente, se podrá impugnar la aplicación e interpretación de las normas de derecho empleadas para la solución de fondo del litigio”; arguye que el Tribunal de Alzada en el fallo proferido infringe el artículo 191 del Código de Procedimientos Civiles (Ley Adjetiva), en relación con el artículo 1360 del Código Civil; con lo cual olvida que el precepto autorizante invocado está referido a normas in iudicando in iure (normas sustantivas), razón por la cual no se puede pretender bajo la egida del mismo, que la Sala se pronuncie sobre la posible infracción de una norma in procedendo, (normas adjetiva), tal y como lo es el artículo 191 del Código de Procedimientos Civiles, además de que se trata de una norma que ya había sido derogada al momento de dictarse el fallo recurrido; b) El recurrente nuevamente hace referencia al fallo proferido en la primera instancia, señalando que dicho juzgador aplicó para el pronunciamiento de condena el artículo 191 del Código de Procedimientos Civiles, en relación con el artículo 1360 del Código Civil, con lo cual se señala por parte de la Sala que no se puede instar que se revise la sentencia proferida por el iudex a-quo, ello porque no es susceptible al recurso extraordinario de Casación, mismo que solo procede contra las sentencias y autos definitivos, dictados por las Cortes de Apelaciones en el proceso ordinario y otras establecidas expresamente, tal como lo preceptúa el artículo 717 del Código Procesal Civil; y c) El impetrante reitera en este segundo motivo que el Tribunal de Alzada tiene por desapercibida tanto la prueba documental que obra a folios 57 al 80 de la pieza principal, como asimismo desconoce la prueba que obra a folio 215, siempre de la pieza principal, referente al “acta de inspección”; con lo cual desconoce el contenido del artículo 720.1 del Código Procesal Civil que señala: “no se podrá instar la revisión de los hechos, ni la interpretación y valoración de las pruebas contenidas en las sentencias dictadas en la instancia”. 9.- En conclusión, la defectuosa presentación de los dos recursos por parte de los impetrantes, en esta fase procedimental, hacen procedente su inadmisión por concurrir en ambos recursos y en cada uno de los motivos planteados, la causal prevista en el artículo 723.2., literal a) del Código Procesal Civil. III. PARTE DISPOSITIVA Por lo antes expuesto la Sala de lo Civil, pronunciándose por unanimidad de votos e impartiendo justicia en nombre de la Corte Suprema de Justicia y del Estado de Honduras, en base a los fundamentos de derecho citados y haciendo aplicación de los artículos 303, 304, 313 numeral 5) y 316 de la Constitución de la República; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 115, 118 numeral 1), 129, 169, 170, 190, 191, 193 numeral 2, literal b), 197, 199, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723.2 y 724 del Código Procesal Civil; profiere el presente auto irrecurrible y declara: I.- LA INADMISIÓN DEL RECURSO DE CASACIÓN en su único motivo planteado por el abogado EVERTON FRANCISCO HERRERA PAZ, en su condición de apoderado de la sociedad mercantil denominada BANCO DEL PAIS S.A., entidad que a su vez procede como administradora de los crédito de que es titular la institución del Sistema Financiero en liquidación forzosa denominada BANCO CORPORATIVO S.A.; II.- LA INADMISIÓN DEL RECURSO DE CASACIÓN en sus dos motivos planteado por el abogado OMAR ANTONIO CHAVEZ GARCIA, en su condición de representante de la empresa denominada CORPORACION, INDUSTRIAL, TURISTICA, REPRESENTACIONES E INVERSIONES Y DEL CAMPO, S.A. DE C.V. (CITRIC), III.- FIRME la sentencia recurrida, dictada por la Corte de Apelaciones Civil de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, en fecha cinco de noviembre del dos mil catorce, en el expediente de apelación número 128-13 C. V., originada en los autos que conforman la primera pieza que se registra con el Nº 95-10 del Juzgado de Letras Seccional de Puerto Cortés, Departamento de Cortés. IV.-CONDENAR EN COSTAS a ambos recurrentes; y V.- REMITIR las presentes actuaciones, junto con la certificación de esta resolución al Tribunal de su procedencia, previa notificación de este auto a las partes, por medio de sus apoderados legalmente constituidos en juicio. Redacto el Magistrado WILFREDO MÉNDEZ ROMERO.- NOTIFIQUESE. FIRMAS Y SELLO. REYNALDO ANTONIO HERNÁNDEZ. MAGISTRADO COORDINADOR. WILFREDO MÉNDEZ ROMERO. MAGISTRADO. RINA AUXILIADORA ALVARADO. MAGISTRADA. FIRMA Y SELLO. BETTY JANETH PALMA O´CONNOR. RECEPTORA ADSCRITA”.

Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los Veintiún días del mes de Noviembre de Dos Mil Dieciséis; Certificación del Auto de fecha Veintiséis de Octubre de Dos Mil Dieciséis, recaído en el Recurso de Casación registrado bajo el No. 43=2015.

BETTY JANETH PALMA O’CONNOR

RECEPTORA ADSCRITA