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Sentencia CC-329-14 — Registro 6359

Resumen

En primera instancia se interpuso demanda ordinaria de reivindicación de dominio e indemnización de daños y perjuicios y nulidad absoluta de un instrumento publico en el que se protocoliza dominio pleno otorgado por la corporación municipal de la paz, la paz; así como el protocolo y el asiento donde se encuentra inscrito así como del acta en que le fuere otorgado por la corporación municipal de la paz, la paz posesión regular del inmueble adquirible por prescripción. Confirmada en segunda instancia.

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

“La Sala de lo Civil respecto del Primer Motivo de Casación invocado estima que dada la mala técnica casacional con la que se plantea el mismo, consecuentemente esto hace que los argumentos expuestos por la recurrente no sean de recibo por parte de la Sala, así pues tenemos que la misma incurre en varios errores, a saber: I.- Pretende que bajo la egida del precepto autorizante del artículo 719.1 literal c) del Código Procesal Civil, se revise por parte de la Sala la posible vulneración de los artículos 1, 90, 103, 321 de la Constitución de la República; cabe recordar que bajo el precepto autorizante invocado se establece la posibilidad que existe de impugnar la aplicación e interpretación de normas procesales, “en cuanto a la forma y contenido de la sentencia”; en ese sentido tenemos entonces que la invocación de tales artículos constitucionales por parte de la recurrente, bajo tal precepto autorizante no tiene lugar, toda vez que bien pudo haber invocado como precepto autorizante la causal del artículo 719.I literal b) del Código Procesal Civil, amén de lo anterior tenemos que la recurrente no plantea de una forma clara y con la debida separación cada una de las normas constitucionales que estima vulnerada; no basta con citar la norma que se estima infringida sino que el impetrante deberá explicar con la debida concisión, en el caso de autos, como la sentencia del Tribunal de Alzada en la forma y contenido de la misma, vulnera cada uno de los artículos citados, razón por la cual hace que se desestime en cuanto a esos alegatos, éste motivo. II.- Impugna erróneamente la recurrente en vía casacional, tanto el fallo proferido en primera instancia como el dictado por el iudex ad-quem, con lo cual es menester recordar que el Código Procesal Civil es por demás claro al determinar cuáles son las clases de recursos que permite el proceso civil y cuando es aplicable cada uno de ellos, tal como lo establece el artículo 691.1 del citado texto legal, en ese sentido tenemos que la compareciente no observa tal normativa, al pretender que por parte nuestra se revise también la sentencia proferida por el iudex a-quo, lo cual no es susceptible al recurso extraordinario de Casación. Es preciso repasar el alcance del Recurso de Apelación que se encuentra consignado en el artículo 706 de la ley adjetiva en referencia, cuando establece que las Cortes de Apelaciones conocerán los recursos interpuestos en contra de las resoluciones que dicten los Juzgados de Letras. Asimismo precisa recordar que sólo es procedente el recurso extraordinario de Casación, contra las sentencias y autos definitivos, dictados por las Cortes de Apelaciones en el proceso ordinario y otras establecidas expresamente, tal como lo preceptúa el artículo 717 siempre del mismo cuerpo legal. III.- Se señala también por parte de la recurrente en este primer motivo, bajo el pretendido precepto autorizante del artículo 719.1 literal c) del Código Procesal Civil, la vulneración de los artículos 868, 873, 874, 877 y 1586 del Código Civil, esto es de normas sustantivas “in iudicando in iure”, con lo cual se obvia que la probable vulneración de normas sustantivas encuentra su vía de impugnación en materia casacional a través de lo que dispone el artículo 719.2 del Código Procesal Civil, amén de lo anterior es menester recordar que cuando se invoca la vulneración de normas sustantivas el recurrente deviene en el deber de citar cada uno de los artículos que estime vulnerados con la debida claridad en motivos separados y no hacerlo de manera indiscriminada tal y lo planteado en el presente motivo; y IV.- Pretende la recurrente en este primer motivo, que en sede casacional se inste la revisión de los hechos, o se interprete y valore la prueba contenida en la sentencia, ello en clara contravención de lo preceptuado por el artículo 720.1 del Código Procesal Civil. A esta regla general opone lo establecido en el artículo 720.2 del mismo código, al establecer que el casacionista puede solicitar el control de la motivación fáctica de la sentencia para revisar su existencia, suficiencia, racionalidad y carácter lógico, siempre que éste fuera determinante de un sentido diferente del fallo; razón por la cual es menester señalar que si la pretensión de la casacionista estaba orientada a revisar la motivación fáctica de la sentencia del iudex ad-quem, debió de haberse conducido amen de lo señalado por el precepto autorizante invocado, por lo dispuesto en artículo 720.2., del citado código procesal Civil.”

Legislación citada

Jerarquía: Reiterativa

“Respecto del segundo motivo invocado por la recurrente, la Sala de lo Civil encuentra que la misma incurre en los mismos errores de técnica casacional cometido en el primero de ellos, esto es, se vuelve reiterativa en cuanto a la falta de claridad, separación y precisión que se debe observar en el escrito de interposición del recurso; por lo que el mismo se torna confuso en su manifestación; así tenemos que la impetrante pretende que bajo la tutela del precepto autorizante del artículo 719.2 del Código Procesal Civil que establece “Igualmente, se podrá impugnar la aplicación e interpretación de las normas de derecho empleadas para la solución de fondo del litigio.”; tenga sustento en un solo motivo la invocación en forma indiscriminada de varios artículos constitucionales y del Código Civil, con lo cual olvida que la debida técnica casacional impone el deber para el recurrente de hacer la separación debida de cada artículo que estime vulnerado en motivos separados, explicando en cada uno de ellos, el porqué considera que se ha hecho aplicación o interpretación errónea. Por otro lado nuevamente señala la vulneración de los artículos invocados, tanto por el fallo proferido por el a-quo, como por el dictado por el ad-quem, con lo cual la demandante obvia que la sentencia proferida por el iudex a-quo, no es susceptible del recurso extraordinario de Casación. Amén de lo anterior estima “que con los medios de prueba evacuados y desestimadas en la sentencia recurrida hubo un error de medición por parte del ente encargado y aun así con tales variaciones la demandada acepto la venta en dominio pleno de un terreno que no posee ni ha poseído físicamente”, con lo cual pretende que por parte nuestra se inste la revisión de los hechos, o se interprete y valore la prueba contenida en la sentencia, ello en clara contravención de lo preceptuado por el artículo 720.1 del Código Procesal Civil. 7.- En conclusión la Sala de lo Civil toma la determinación desestimatoria en los dos motivos alegados, ello por la defectuosa presentación del recurso por parte de la impetrante en esta fase procedimental y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 1.1, 7.1, 719.2 y 723.2 inciso a) del Código Procesal Civil.”

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACION

La Infrascrita Receptora Adscrita de la Sala de lo Civil de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: “El Auto que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los catorce días del mes de septiembre dos mil dieciséis. La Sala de lo Civil, integrada por los ilustres Magistrados: REYNALDO ANTONIO HERNÁNDEZ, como Coordinador, WILFREDO MENDEZ ROMERO y RINA AUXILIADORA ALVARADO MORENO, el segundo designado ponente para el conocimiento y redacción de la resolución en el presente recurso de casación, en la fecha supra indicada dictan el siguiente AUTO: SON PARTES: La señora CARMEN ONDINA ORTIZ AVILA, representada en juicio por la abogada LORNA VIOLETA MENDEZ MANUELES, en su condición de recurrente; siendo recurrida la señora LIGDA LETICIA MANUELES CARDONA, representada en juicio por la abogada MELIDA ISIS VELASQUEZ GRANDES. OBJETO DEL PROCESO: “DEMANDA ORDINARIA DE REIVINDICACIÓN DE DOMINIO E INDEMNIZACIÓN DE DAÑOS Y PERJUICIOS Y NULIDAD ABSOLUTA DE UN INSTRUMENTO PUBLICO EN EL QUE SE PROTOCOLIZA DOMINIO PLENO OTORGADO POR LA CORPORACION MUNICIPAL DE LA PAZ, LA PAZ; ASI COMO EL PROTOCOLO Y EL ASIENTO DONDE SE ENCUENTRA INSCRITO ASI COMO DEL ACTA EN QUE LE FUERE OTORGADO POR LA CORPORACIÓN MUNICIPAL DE LA PAZ, LA PAZ POSESIÓN REGULAR DEL INMUEBLE ADQUIRIBLE POR PRESCRIPCIÓN.” promovida el veintiocho de octubre de dos mil nueve, ante el Juzgado de Letras Seccional de La Paz, Departamento de La Paz, por la señora CARMEN ONDINA ORTÍZ ÁVILA, mayor de edad, casada, comerciante, hondureña y con domicilio en el barrio San Juan, de la ciudad de La Paz, La Paz, contra la señora LIGDA LETICIA MANUELES CARDONA, mayor de edad, soltera, de oficios varios, hondureña y con domicilio en el barrio San Juan, de la ciudad de La Paz, La Paz. I. ANTECEDENTES DE HECHO PRIMERO: El once de septiembre del dos mil catorce, la Corte de Apelaciones de la Sección Judicial de Comayagua, conociendo por vía de apelación de la sentencia definitiva del nueve de enero del dos mil doce dictada por el Juzgado de Letras Seccional de La Paz, Departamento de La Paz; dictó sentencia mediante la cual falló de la siguiente manera: “PRIMERO: Que desestimamos el recurso de apelación interpuesto por la Abogada LORNA VIOLETA MENDEZ MANUELES, quien actúa como apoderado legal de la demandante contra la sentencia definitiva dictada por el Juzgado de Letras Seccional de la Sección Judicial de La Paz, Departamento de La Paz, de fecha nueve de enero del año dos mil doce. SEGUNDO: En consecuencia, CONFIRMAMOS íntegramente la sentencia dictada por el Juzgado de Letras de la Sección Judicial de La Paz, Departamento de La Paz en fecha nueve de enero de dos mil doce. Y MANDA: Que se notifique la presente sentencia a las partes, a efecto de que dentro de los VEINTE DIAS siguientes a dicha notificación, interpongan si así lo estimasen, recurso de casación ante este Tribunal de Alzada, conforme lo determina el artículo 721 del Código Procesal Civil, y transcurrido dicho plazo, sin haberlo solicitado, lo que hará constar la Secretaria de esta Corte, se remitan los autos con la certificación de estilo al juzgado de su procedencia, para los efectos legales consiguientes. Redacto Magistrado Propietario RIVERA FLORES.- NOTIFIQUESE”. SEGUNDO: El trece de octubre del dos mil catorce, la abogada LORNA VIOLETA MENDEZ MANUELES, actuando en su condición de representante procesal de la señora CARMEN ONDINA ORTÍZ ÁVILA, presento escrito de interposición y formalización del recurso de casación contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de la Sección Judicial de Comayagua el once de septiembre del dos mil catorce, el tribunal ad-quem mediante proveído del catorce de octubre de ese mismo año, resolvió tener por interpuesto y formalizado el recurso de casación por parte de la recurrente y concedió a la parte contraria el plazo de diez días hábiles para que se pronunciara sobre el contenido del escrito, debiendo entregársele copia del mismo. TERCERO: El veinte de noviembre de dos mil catorce, la representante procesal de la señora LIGDA LETICIA MANUELES CARDONA, abogada MELIDA ISIS VELASQUEZ GRANDES, presento escrito de pronunciamiento sobre el contenido del recurso de casación interpuesto y formalizado por la contraparte, resolviendo la Corte de Apelaciones de la Sección Judicial de Comayagua, tener por pronunciada a la recurrida, por lo que ordeno remitir las diligencias a la Honorable Corte Suprema de Justicia en el término que manda la ley, para proseguir con el trámite correspondiente. CUARTO: Una vez que se tuvieron por recibidas las actuaciones en éste Alto Tribunal, la abogada Lorna Violeta Méndez Manueles, el cuatro de diciembre del dos mil catorce, en su condición ya indicada, presento escrito de personamiento resolviendo este Tribunal, mediante proveído del trece de enero del dos mil quince, tener por personada a la misma como recurrente, y por precluido el plazo dejado de utilizar por parte de la abogada Melida Isis Velásquez Grandez como recurrida. QUINTO: La parte recurrente plantea su recurso de casación contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de la Sección Judicial de Comayagua, de la siguiente manera: (Sic.) “MOTIVO PRIMERO DE CASACIÓN: Según el Artículo 719 del Código Procesal Civil; mismo en el que entre sus letras se lee:” Artículo 719.-CAUSALES DEL RECURSO. 1. Se podrá impugnar la aplicación e interpretación de las normas procesales que regulan: a)…; b)…; c) La forma y contenido de la sentencia.” NORMAS INFRINGIDAS EN RELACION CON LA SENTENCIA RECURRIDA de fecha NUEVE DE ENERO DEL DOS MIL DOCE; Y EL MOTIVO INVOCADO: Con el Fallo recurrido de fecha ONCE DE SEPTIEMBRE DEL DOS MIL CATORCE; se infringen las garantías procesales siguientes: 1, 90, 103, 321 de la Constitución de la República; Artículos 868, 874, 873, 877, 1586 del Código Civil; del Código Civil. PRIMERO: Se podrá impugnar la aplicación e interpretación de las normas procesales que regulan: a)…; b)…c) La forma y contenido de la sentencia.- En este sentido con la Resolución impugnada se infringen el Principio de Legalidad de la Administración Pública al dictar Sentencia o fallo sin los fundamentos legales requeridos para poder lograr el efecto jurídico de convencimiento racional del fallo que se dictó; fallo sin la expresión de las normas aplicables a dicha Sentencia contraviniendo el precepto Constitucional estipulado en el Artículo 321 de la Constitución de la República; cuya letra cito “Artículo 321.- Los servidores del Estado no tienen más facultades que las que expresamente les confiere la ley. Todo acto que ejecuten fuera de la ley es nulo e implica responsabilidad.”; en este sentido carece el Fallo Recurrido mediante Casación de fecha ONCE DE SEPTIEMBRE DEL DOS MIL CATORCE; el que cito “FALLAMOS.- PRIMERO: Que Desestimamos el Recurso de Apelación interpuesto por la Abogada LORNA VIOLETA MÉNDEZ MANUELES, quien actúa como apoderado legal de la demandante contra la Sentencia Definitiva por el Juzgado de Letras Seccional de La Paz, Departamento de La Paz; en fecha Nueve de Enero del Dos Mil Doce. SEGUNDO: En consecuencia, CONFIRMAMOS íntegramente la Sentencia dictada por el Juzgado de Letras Seccional de La Paz, Departamento de la Paz en fecha nueve de enero del dos mil doce Y MANDA.- Que...”. SEGUNDO: Que el Fallo Recurrido de fecha ONCE DE SEPTIEMBRE DEL DOS MIL CATORCE; es contrario a la esencia de la acción que se reclama ya que tal como consta en el caso que nos ocupa se comprobó tanto por los Medios de prueba presentados por las partes como por el informe solicitado por el A-quo; para mejor proveer que ambas partes demostraron su legítimo derecho con sus antecedentes por lo que no se entiende la razón por la que la Demandada Señora LIGDA LETICIA MANUELES CARDONA; tiene un documento denominado DOMINIO PLENO en cuyo contenido se encuentra descrito a su favor un terreno cuyas dimensiones difieren drásticamente de lo que fue vendido por el Señor GUSTAVO MANUELES MARTÍNEZ; tal como se puede verificar a folio Setenta y Nueve (79) con Medio de prueba aportado por la parte Demandada Señora LIGDA LETICIA MANUELES CARDONA; consistente en Documento Privado de Compra Venta otorgado por el señor José de Cruz Barahona a favor GUSTAVO MANUELES MARTÍNEZ; en dicho documento privado se lee a la letra que el terreno que el señor José de Cruz Barahona vende de Norte a sur trece varas (13 Vrs.) y de Oriente a Poniente diecinueve varas (19 Vrs.); siendo que consta en informe y plano que corre agregado a folio Ciento Ochenta y Seis (186) del expediente de Merito; informe presentado por el Departamento de Catastro Municipal de La Paz, Departamento de La Paz; es preciso al determinar que las medidas del terreno de la Demandada Señora LIGDA LETICIA MANUELES CARDONA; difiere demasiado del documento que le dio base para adquirir en dominio pleno el bien inmueble que colinda con el de mi Representada CARMEN ONDINA ORTÍZ ÁVILA ; y que no sabemos cómo el Dominio Pleno fue otorgado en METROS siendo que ella la señora LIGDA LETICIA MANUELES CARDONA; adquirió en varas; y estas no fueron convertidas a Metro por la dimensión que en escrito ella posee; entonces como será posible el contenido de dicha Resolución en relación al Derecho que se Reclama. TERCERO: Que el Fallo Recurrido de fecha ONCE DE SEPTIEMBRE DEL DOS MIL CATORCE; Confirma el dictado por el A-quo, en fecha Nueve de Enero del Dos Mil Doce; al pretender que mi Representada CARMEN ONDINA ORTÍZ ÁVILA; como lo afirma en el FUNDAMENTO DE DERECHO TERCERO; no acredito Titularidad dominical del inmueble que reclama, si bien es cierto acredito documentación privada, que indica posesión sobre determinado inmueble…; lo que esta fuera de orden legal ya que contrario a dicha expresión la acción de mi Representada CARMEN ONDINA ORTÍZ ÁVILA; la letra del Artículo 873 del Código Civil y cito: ”Artículo 873 (Código Civil).- Se concede la misma acción, aunque no se pruebe dominio, al que ha perdido la posesión regular de la cosa, y se hallaba en el caso de poderla ganar por prescripción. Pero no valdrá ni contra el verdadero dueño ni contra el que posea con igual o mejor derecho.”; y tal como consta se demostró y comprobó en Juicio una posesión efectiva, tranquila, pacífica y no interrumpida por más de CINCUENTA AÑOS consecutivos; de parte de mi Representada CARMEN ONDINA ORTÍZ ÁVILA; sobre un terreno ubicado en el Barrio “San Juan”, del municipio de La Paz, Departamento de La Paz; terreno en que se encuentran construidas entre otras como mejoras un cuarto de habitación y unos baños, inmuebles que erróneamente por haber cambiado sin conversión alguna la Medida Superficial de haber consignado Metros siendo lo correcto Varas aparecen incluidos en el Dominio Pleno que se le otorgara en otrora a la Demandada Señora LIGDA LETICIA MANUELES CARDONA; razón por la que para poder delinear conforme a derecho y a la Ley; los linderos y las medidas reales tanto del inmueble que posee y ha poseído la Demandada Señora LIGDA LETICIA MANUELES CARDONA; y las del inmueble que posee y ha poseído mi Representada CARMEN ORTÍZ ÁVILA, ES MENESTER ANULAR el Documento Público que le fuere otorgado a la Señora LIGDA LETICIA MANUELES CARDONA; ya que el mismo fue otorgado alterando la verdad del Documento que la amparaba para hacer tal solicitud. Olvidándose y pretendiendo el A-quem; que se desconozca el hecho de que mi representada CARMEN ONDINA ORTÍZ ÁVILA; está amparada para tal acción en la letra al que ha perdido la posesión regular de la cosa, y se hallaba en el caso de poderla ganar por prescripción; cabe aseverar de que la Señora CARMEN ONDINA ORTÍZ ÁVILA; posee dicho bien porque es su cuarto de descanso y los baños de su casa; lo que está mal es el Dominio entregado a la Señora LIGDA LETICIA MANUELES CARDONA; tal como se lee en Expediente Informe de Catastro. CUARTO: Que igualmente fueron varias las acciones incoadas por mi Representada en el sentido que no solo es la REINVINDICACION DE DOMINIO LA que se conoce a través del presente juicio; ya que como consta en Expediente se promueve y comprueba NULIDAD ABSOLUTA DE UN INSTRUMENTO PUBLICO EN EL QUE SE PROTOCOLIZA DOMINIO PLENO OTORGADO POR LA CORPORACIÓN MUNICIPAL DE LA PAZ, LA PAZ; ASÍ COMO EL PROTOCOLO Y EL ASIENTO DONDE SE ENCUENTRA INSCRITO ASI COMO DEL ACTA EN QUE LE FUERE OTORGADO POR LA CORPORACIÓN MUNICIPAL DE LA PAZ, LA PAZ.; de lo que el fallo Recurrido de fecha ONCE DE SEPTIEMBRE DEL DOS MIL CATORCE; no se pronuncia al respecto esto pese a que se ha acreditado en juicio que dicho Instrumento Público es contrario a la verdad tal como se lee a la letra de entre otros Medios de Prueba denominado Peritaje que fue practicado por el Jefe de Catastro de la Municipalidad de La Paz, La Paz; y el que se lee: “que para mejor proveer debido a las circunstancias especiales que se encontraron después de la prueba valorada en el presente juicio, este tribunal solicito al Departamento de Catastro Municipal de la Alcaldía de esta ciudad de la Paz, Depto. de La Paz, para que a través de la comisión de tierras de dicha dependencia practicara la medición sobre los inmuebles que pertenecen a la señora CARMEN ONDINA ORTÍZ ÁVILA; y LIGDA LETICIA MANUELES CARDONA; recomendando que la señora LIGDA LETICIA MANUELES CARDONA; debe rectificar el dominio pleno otorgado por la Corporación Municipal y la señora CARMEN ONDINA ORTÍZ ÁVILA; al no tener antecedente inscrito de su propiedad debe solicitar a la municipalidad su dominio respectivo con los límites actuales, ya que según el documento privado otorgado por el señor LIGDA LETICIA MANUELES CARDONA; las medidas que se encuentran en dicho documento no concuerdan con lo físico de la propiedad ya que las mismas están invertidas ya que el norte está en el sur del documento son en lo físico el este y oeste del documento son en lo físico norte y sur”. Entonces habría que analizar cuál es la Razón por la que el Fallo Recurrido desestima lo referente a la NULIDAD PLANTEADA Y COMPROBADA EN JUICIO evidenciando que el contenido de dicho Fallo NO es el reflejo de las acciones incoadas. Que contiene entonces la Sentencia Recurrida sino resuelve todas las Acciones incoadas al CONFIRMAR el fallo de fecha nueve de enero del dos mil doce. MOTIVO SEGUNDO DE CASACIÓN: Se denuncia e impugna la infracción por aplicación e interpretación errónea de las normas de derecho empleadas para la solución de fondo del litigió Artículo 719 del Código Procesal Civil y cito: “ARTICULO 719.- CAUSALES DEL RECURSO. 1. Se podrá impugnar la aplicación e interpretación de las normas procesales que regulan: a) La jurisdicción, competencia genérica, objetiva, funcional y adecuación de procedimiento.; b) Los actos y garantías procesales cuando su infracción suponga la nulidad o produjera indefensión.; c) La forma y contenido de la Sentencia.; 2. Igualmente, se podrá impugnar la aplicación e interpretación de las normas de derecho empleadas para la solución de fondo del litigio.” NORMAS INFRINGIDAS EN RELACION CON LA SENTENCIA RECURRIDA: 1, 103 de la Constitución de República; 1, 11, 18, 613, 697, 702, 709, 717, 868, 877, 879 en 1586 del Código Civil. PRIMERO: Que con el fallo de la Sentencia Recurrida de fecha ONCE DE SEPTIEMBRE DEL DOS MIL CATORCE; se infringe entre otras la norma Constitucional contenida en los Artículos 1 y 103 de la Constitución de la República; cuya letra para ilustración cito:” Artículo 1.- Honduras es un estado de derecho, soberano, constituido como República libre, democrática e independiente para asegurar a sus habitantes el goce de la justicia, la libertad, la cultura y el bienestar económico y social.”; al “Artículo 103.- El Estado reconoce, fomenta y garantiza la existencia de la propiedad privada en su más amplio concepto de función social y sin más limitaciones que aquellas que por motivos de necesidad o de interés público establezca la ley.”; en este sentido cómo es posible que se valide a la Señora LIGDA LETICIA MANUELES CARDONA; un Dominio Pleno alterado en relación a que el mismo como se lee en el informe de Catastro el documento privado otorgado por la señora LIGDA LETICIA MANUELES CARDONA; las medidas que se encuentran en dicho documento no concuerdan con lo físico de la propiedad ya que las mismas están intervenidas ya que el norte está en el sur del documento son en lo físico el este y oeste del documento son en lo físico norte y sur; siendo que con dicha alteración se invade el derecho y la propiedad de mi representada CARMEN ONDINA ORTÍZ ÁVILA. SEGUNDO: Que se con el Fallo de fecha ONCE DE SEPTIEMBRE DEL DOS MIL CATORCE; se CONFIRMA el dictado por el A-quo; mediante Sentencia de fecha NUEVE DE ENERO DEL DOS MIL DOCE.; en el que se lee en la relación de los Considerandos del Uno al Cuatro de la Sentencia Recurrida de fecha NUEVE DE ENERO DEL DOS MIL DOCE.; que efectivamente mi Representada Señora CARMEN ONDINA ORTÍZ ÁVILA; promovió Acción ORDINARIA DE REIVINDICACION DE DOMINIO E INDEMNIZACIÓN DE DAÑOS Y PERJUICIOS Y NULIDAD ABSOLUTA DE UN INSTRUMENTO PUBLICO EN EL QUE SE PROTOCOLIZA DOMINIO PLENO OTORGADO POR LA CORPORACIÓN MUNICIPAL DE LA PAZ, LA PAZ; ASÍ COMO EL PROTOCOLO Y EL ASIENTO DONDE SE ENCUENTRA INSCRITO ASI COMO DEL ACTA EN QUE LE FUERE OTORGADO POR LA CORPORACIÓN MUNICIPAL DE LA PAZ, LA PAZ. POSESIÓN REGULAR DEL INMUEBLE ADQUIRIBLE POR PRESCRIPCIÓN. PROHIBICIÓN DE CELEBRAR ACTOS Y CONTRATOS.; en contra de la Señora LIGDA LETICIA MANUELES CARDONA; esto en virtud de que tal como lo establece el Artículo 873 del Código Civil; cuya texto cito a la letra: “Artículo 873 (Código Civil).- Se concede la misma acción, aunque no se pruebe dominio, al que ha perdido la posesión regular de la cosa, y se hallaba en el caso de poderla ganar por prescripción. Pero no valdrá ni contra el verdadero dueño ni contra el que posea con igual o mejor derecho.”; y tal como se lee a la letra de los precitados Considerandos de la Sentencia CONFIRMADA de fecha NUEVE DE ENERO DEL DOS MIL DOCE.; se demostró y comprobó una posesión efectiva de parte de mi Representada sobre un terreno ubicado en el Barrio “San Juan”, del municipio de La Paz, Departamento de La Paz; terreno en que se encuentran construidas entre otras como mejoras un cuarto de habitación y unos baños, inmuebles que aparecen incluidos en el Dominio Pleno que se le otorgara en otrora a la Demandada Señora LIGDA LETICIA MANUELES CARDONA; razón por la que para poder delinear conforme a derecho y a la Ley; los linderos y las medidas reales tanto del inmueble que posee y ha poseído la Demandada Señora LIGDA LETICIA MANUELES CARDONA; y las del inmueble que posee y ha poseído mi Representada CARMEN ONDINA ORTÍZ ÁVILA, es menester anular el Documento Público que le fuere otorgado a la Señora LIGDA LETICIA MANUELES CARDONA; ya que el mismo fue otorgado alterando la verdad del Documento que la amparaba para hacer la solicitud. Y Considerando Seis (6) de la Sentencia CONFIRMADA de fecha NUEVE DE ENERO DEL DOS MIL DOCE.; el A-quo; expresa entre otras el concepto de reivindicación o acción de dominio; sin embargo se limita el A-quo a expresar y cito: ” reivindicación o acción de dominio; es la que tiene el dueño de una cosa singular de que no está en posesión para que el poseedor de ella sea condenada a restituirla y que puedan reivindicarse las cosas corporales, raíces y muebles”; asegurando que se limita en el concepto en el sentido en que la ley civil ya establece contra quien procede la acción reivindicatoria en su Artículo 874 del Código Civil y cito textual la letra “Artículo 874 (Código Civil).- La acción de dominio se dirige contra el actual poseedor.”. VALE hacer la observancia que se desestima e ignora por completo lo referente a la NULIDAD requerida y comprobada. TERCERO: Que con el fallo Recurrido de fecha ONCE DE SEPTIEMBRE DEL DOS MIL CATORCE; se confirma la Sentencia de fecha NUEVE DE ENERO DEL DOS MIL DOCE.; y con ello se confirma lo referente al Considerando cinco (5) de la CONFIRMADA SENTENCIA; hace referencia a las pruebas evacuadas por la parte demandada Señora LIGDA LETICIA MANUELES CARDONA; expresando el A-quo; y cito entre otras: ”Existiendo de acuerdo a la inspección realizada una pared que divide de la propiedad de la señora LIGDA LETICIA MANUELES CARDONA; y la señora CARMEN ONDINA ORTÍZ ÁVILA; y contiguo a la pared se encuentra un servicio sanitario, pila para almacenar agua y un baño”-. Relacionando este Considerando cinco (5) con lo expresado en el Considerando ocho (8) el cual citó “que para mejor proveer debido a las circunstancias especiales que se encontraron después de la prueba valorada en el presente juicio, este tribunal solicito al Departamento de Catastro Municipal de la Alcaldía de esta ciudad de La Paz, Depto. de La Paz, para que a través de la comisión de tierras de dicha dependencia practicara la medición sobre los inmuebles que pertenecen a la señora CARMEN ONDINA ORTÍZ ÁVILA; y LIGDA LETICIA MANUELES CARDONA; recomendando que la señora LIGDA LETICIA MANUELES CARDONA; debe rectificar el dominio pleno otorgado por la Corporación Municipal y la señora CARMEN ONDINA ORTÍZ ÁVILA; al no tener antecedente inscrito de su propiedad debe solicitar a la municipalidad su dominio respectivo con los límites actuales, ya que según el documento privado otorgado por el señor LIGDA LETICIA MANUELES CARDONA; las medidas que se encuentran en dicho documento no concuerdan con lo físico de la propiedad ya que las mismas están invertidas ya que el norte está en el sur del documento son en lo físico el este y oeste del documento son en lo físico norte y sur”. Que efectivamente se acreditó con las pruebas aportadas por ambas partes que la Señora LIGDA LETICIA MANUELES CARDONA; tiene en documento público inscrito mucho más del terreno que posee y que poseía para poder solicitar el dominio pleno; que corre a folio Setenta y Nueve (79) Medio de prueba aportado por la parte Demandada Señora LIGDA LETICIA MANUELES CARDONA; consistente en Documento Privado de Compra Venta otorgado por el señor José de Cruz Barahona a favor del Señor Gustavo Manueles Martínez; en dicho documento privado se lee a la letra que el terreno que el señor José de Cruz Barahona vende de Norte a Sur trece varas (13 Vrs.) y de Oriente a Poniente diecinueve varas (19 Vrs.); mismas dimensiones que traspasa el señor Gustavo Manueles Martínez; le da en venta a la señora Demandada Señora LIGDA LETICIA MANUELES CARDONA; un terreno que mide de Norte a Sur Trece Varas (13 Vrs.) y de Oriente a Poniente diecinueve varas (19 Vrs.); siendo que consta en informe y plano que corre agregado a folio Ciento Ochenta y Seis (186) del expediente de Merito; informe presentado por el Departamento de Catastro Municipal de La Paz, Departamento de La Paz; es preciso al determinar que las medidas del terreno de la Demandada Señora LIGDA LETICIA MANUELES CARDONA; difiere demasiado del documento que le dio base para adquirir en dominio pleno el bien inmueble que colinda con el de mi Representada CARMEN ONDINA ORTÍZ ÁVILA; tal y como lo expresa el A-quo en el precitado Considerando ocho (8) de la CONFIRMADA SENTENCIA respecto a este análisis. Así como lo referente a la letra del Considerando (7) de la CONFIRMADA SENTENCIA; y cito:” que quien ejercita la acción de dominio debe acreditar: A) la propiedad de la cosa que reclama; b) la posesión por el demandado de la cosa perseguida; C) la identidad de la misma”.- en el caso que nos ocupa se comprobó tanto por los Medios de Prueba presentados por las partes como por el informe solicitado por el A-quo; para mejor proveer que ambas partes demostraron su legítimo derecho con sus antecedentes por lo que no se entiende la razón por lo que la Demandada Señora LIGDA LETICIA MANUELES CARDONA; tiene un documento denominado Dominio Pleno en cuyo contenido se encuentra descrito a su favor un terreno cuyas dimensiones difieren drásticamente de lo que le fue vendido por el Señor GUSTAVO MANUELES MARTÍNEZ; y afecta el terreno que posee ininterrumpidamente hasta la fecha de buena fe y con ánimo de dueña mi Representada CARMEN ONDINA ORTÍZ ÁVILA; posesión acreditada en físico; y que es afectada de manera abrupta por el documento público que tienen la Demandada; se logró establecer en juicio con los medios de pruebas presentados por ambas partes que la franje de terreno que posee mi y contiguo a la pared un servicio sanitario, pila para almacenar agua y un baño; que dichas mejoras son propiedad de mi Representada señora CARMEN ONDINA ORTÍZ ÁVILA; y que es esa franja identificada y las mejoras como las mismas que inexplicablemente aparecen como propiedad de la Demanda Señora LIGDA LETICIA MANUELES CARDONA; por lo que dicho documento es el reflejo alterado de un terreno que no existe en las dimensiones que describe como del que tuviese derechos reales la Demandada. CUARTO: Que si se lee la letra del Artículo 877 del Código Civil y cito textualmente:” Artículo 877 (Código Civil).- La acción de dominio tendrá también lugar contra el que enajenó la cosa, para la restitución de lo que haya recibido por ella, siempre que por haberla enajenado se haya hecho imposible o difícil su persecución;…”, en el caso que nos ocupa no es menester Demandar al vendedor en este caso la Corporación Municipal de la Paz, Departamento de La Paz, pues el bien a Reivindicar siempre ha estado en posesión de mi Representada y es Reivindicable el dominio legal que es la situación que el bien físicamente lo posee y ha poseído mi Representada señora CARMEN ONDINA ORTÍZ ÁVILA; sin embargo y sin explicación jurídica alguna para el terreno que tiene mi Representada fue afectado en la descripción del Terreno que posee la señora LIGDA LETICIA MANUELES CARDONA; y tal como se comprueba con las pruebas evacuadas y desestimadas en la presente Sentencia Recurrida hubo un error de Medición por parte del ente encargado y aun así con tales variaciones la Demandada Señora LIGDA LETICIA MANUELES CARDONA; acepto la venta en Dominio Pleno de un Terreno que no posee ni ha poseído físicamente tal como se lee en la Certificación de Dominio Pleno que le acredita un dominio legal pero no real. Por lo que es inaceptable que se haya CONFIRMADO la Sentencia de fecha NUEVE DE ENERO DEL DOS MIL DOCE.; ya que en forma tergiversada en el su Considerando Diez (10); expresa el A-quo entre otras: ”Considerando: Que en cuanto a la solicitud de nulidad de la Escritura donde se protocolizó el dominio pleno otorgado por la Corporación Municipal de esta ciudad de La Paz, Departamento de La Paz, a favor de la Demandada LIGDA LETICIA MANUELES CARDONA; la misma no tiene sustento jurídico; ya que como lo mencionamos anteriormente la Ley de Procedimientos Administrativos…”; lo que efectivamente existe una regulación respecto a procedimientos administrativos, sin embargo el mismo no es aplicable al caso que nos ocupa; y el A-quo; no justifica jurídicamente la razón por la que cita dicho cuerpo legal de nuevo; pues resulta que el caso que nos ocupa es estrictamente de naturaleza civil y no administrativa; pues tal y como se comprueba en documentos fidedigno agregados a folio en el Expediente de mérito el Dominio Pleno del cual se solicita la Nulidad está inscrito y registrado en el Registro de la Propiedad correspondiente; pretende el A-quo; que la Corporación Municipal de La Paz; tenga la potestad de ordenar la Nulidad de una inscripción registral; aunado a esto está el hecho de que tal y como lo establecen los artículo 141 de la Ley de Procedimientos Administrativos; sobre el Recurso de Revisión el cual cito a la letra: “Artículo 141.- Contra las resoluciones firmes podrá interponerse recurso extraordinario de revisión cuando concurra alguna de las circunstancias siguientes: a)…; b) Que después de adoptada la resolución aparezcan documentos decisivos ignorados por fuerza mayor al dictarse la resolución o imposible aportación entonces al expediente…; c)… d) Que la resolución se hubiese dictado con… maquinación fraudulenta, y se haya declarado así por sentencia judicial firme”; arguyendo maquinación fraudulenta ya que por las dimensiones reales del terreno era imposible no darse cuenta por parte de la Demandada que al medir llevándose los baños, la pila y parte de una habitación de la casa de mi Representada señora CARMEN ONDINA ORTÍZ ÁVILA; no hubiese rectificado como derecho corresponde, sino que acepto; así mismos y en el sentido de que al analizar los hechos y constar en estudio real de las pruebas aportadas por ambas partes y al relacionarlas como es debido en la Sentencia Recurrida se concluirá que efectivamente hubo error de hecho y de derecho en la forma en que se aprobó el Dominio Pleno de la Demandada LIGDA LETICIA MANUELES CARDONA; pues se generó en contra de mi Representada CARMEN ONDINA ORTÍZ ÁVILA; por parte de la Demandada LIGDA LETICIA MANUELES CARDONA; lo estipulado en los Artículos 725 al 729 del Código Civil; permitiendo y consintiendo la demandada que se le otorgará un Dominio Pleno con dimensiones del inmueble diferentes a las que realmente posee y que corre a folios sus antecedentes consistentes en documentos privados que avalan que efectivamente la Demandada Señora LIGDA LETICIA MANUELES CARDONA; Basada en derecho ajeno logro en acto administrativo que le concedieran más de lo que poseía posesionándose de manera fraudulenta en el sentido de haberse alterado la verdad de un servicio sanitario, pila para almacenar agua y un baño; propiedad de mi Representada CARMEN ONDINA ORTÍZ ÁVILA; y que en atención y al tenor de dicho Artículo 141 de la Ley de procedimientos Administrativos; para poder dejar sin valor ni efecto dicho acto administrativo que le confiere derecho ajeno a la Demandada Señora LIGDA LETICIA MANUELES CARDONA; primero hay que acudir a la vía judicial para determinar las circunstancias civiles en virtud de que existe maquinación fraudulenta para la adquisición de este bien por parte de la Demandada LIGDA LETICIA MANUELES CARDONA; y después de haber obtenido la Sentencia Definitiva; solicitar la Revisión correspondiente a la Corporación Municipal de La Paz, Departamento de La Paz; para el único efecto de que se proceda administrativamente a la nulidad del Acto Administrativo en base a lo que estipula el Capítulo I del Título IV de la Ley de Procedimientos Administrativos; que se refiere a la Revisión del acto en la vía Administrativa. Cabe mencionar que el A-quo en este Considerando se refiere a la Demandada Señora LIGDA LETICIA MANUELES CARDONA; como LIGDA LETICIA MORALES CARDONA; lo que esta fuera de contexto; siendo nula de pleno derecho. Dando y CONFIRMANDO EL FALLO DE FECHA ONCE DE SEPTIEMBRE DEL DOS MIL CATORCE; una equivoca interpretación del derecho de las Normas en el caso que nos ocupa. QUINTO: Que así mismo y en relación a los FUNDAMENTOS DE DERECHO de la Sentencia Recurrida de fecha ONCE DE SEPTIEMBRE DEL DOS MIL CATORCE; que CONFIRMA el fallo NUEVE DE ENERO DEL MIL DOCE.; dictado por el JUZGADO DE LETRAS SECCIONAL DE LA PAZ, LA PAZ; se confirma el Considerando 12º de dicho fallo de fecha NUEVE DE ENERO DEL DOS MIL DOCE.; el que se lee a la letra del CONSIDERANDO NÚMERO DÉCIMO SEGUNDO por su orden de la Sentencia Recurrida de fecha NUEVE DE ENERO DEL DOS MIL DOCE.; y cito entre otras:” Considerando.- Que no habiéndose probado por la parte demandante los requisitos indispensables para la procedencia de la reivindicación o acción de dominio, así tampoco la procedencia de la indemnización de daños y perjuicios…, es procedente declarar sin lugar la demanda que nos ocupa”.- Que lo expresado en este acápite precitado esta fuera de sentido jurídico en relación al caso que nos ocupa pues si el A-quo considera que no tiene la presente Acción los requisitos para la procedencia de la misma no se sabe en que se fundamentó para haberla admitido entonces; si es parecer jurídico del A-quo que no hay requisito de ley; no debió admitirla; y menos esperar hasta sentencia para determinar tal actuación; ya que consta agregado a Expediente y en base a los precitados Artículos entre ellos el Artículo 873 del Código Civil; que se está actuando en base a derecho y a ley; y se reúnen los requisitos de acción reivindicatoria promovida en contra de la Señora LIGDA LETICIA MANUELES CARDONA. SEXTO: Que del análisis expuesto en los ordinales precedentes disentimos con apego a derecho y a ley del Fallo de la Sentencia Recurrida de fecha ONCE DE SEPTIEMBRE DEL DOS MIL CATORCE; ya que el mismo es reflejo de la tergiversación del derecho de propiedad y de la garantía Constitucional de Propiedad Privada; en tal sentido y en base al Artículo 1 de la Constitución de la República; Recurrimos mediante Casación dicho fallo a fin de que en Sentencia se dicte Declare con lugar el mismo en base a la letra del Artículo 727 del Código Procesal Civil el que cito: ”Artículo 727.- CONTENIDO DE LA DECISIÓN. ESTIMACIÓN. Si se estimara el recurso de casación, en una sola sentencia, la Corte Suprema de Justicia casará la resolución recurrida y resolverá conforme a derecho: 1…; 2…; 3…; 4…; 5. Si se apreciara infracción de las normas aplicables a la resolución de fondo, la Corte Suprema de Justicia procederá a dictar nueva sentencia, resolviendo el litigio.”; en virtud de apreciarse infracción en la aplicación e interpretación del derecho en la decisión de fondo; SE DICTE LA SENTENCIA CORRESPONDIENTE Y SE ANULE EL INSTRUMENTO RELACIONADO.” II. FUNDAMENTOS DE DERECHO 1.- El recurso de casación al tenor de lo preceptuado por el artículo 716 del Código Procesal Civil, tiene dos fines expresos, el primero de ellos se encamina a la protección de las normas del ordenamiento jurídico (función nomofiláctica), y esto se hace, procurando y promoviendo la más adecuada aplicación e interpretación del derecho objetivo. El segundo fin es la unificación de la jurisprudencia nacional. Por su parte el numeral dos del artículo precitado, conmina a este alto tribunal a que aplique e intérprete las normas referidas al recurso de casación atendiendo a la finalidad de unificación de la jurisprudencia, esto como instrumento de garantía de la igualdad de todos ante la ley, y de la seguridad y certidumbre jurídicas. 2.- Las características del recurso de casación son las siguientes: a) Es un recurso extraordinario reservado a determinadas resoluciones y delimitado por causales predeterminadas; b) No constituye una nueva instancia por tanto no permite nuevo examen de hechos y valoración probatoria, salvo de manera excepcional cuando se denuncien infracciones de interpretación o aplicación de normas in procedendo que regulen el contenido y forma de las sentencias; c) Su objetivo específico es resolver la existencia de la infracción alegada, de modo que si el recurso es estimado, se casará la sentencia en todo o en parte, provocando que la Corte Suprema de Justicia a través de la Sala de lo Civil, en la misma sentencia que casa la sentencia impugnada se pronuncie sobre el tema de fondo objeto del proceso, y d) La actividad de las partes y la actuación del tribunal están limitadas al planteamiento, examen y decisión, respectivamente, de la cuestión relativa a la aplicación de las normas jurídicas en el enjuiciamiento de fondo realizado en la sentencia, sin alcanzar a los hechos. 3.- Respecto del Primer Motivo de Casación la impetrante teniendo como precepto autorizante lo dispuesto por el artículo 719.1 literal c) del Código Procesal Civil; esto es en cuanto que se podrá impugnar la aplicación e interpretación de las normas procesales que regulan: “La forma y contenido de la sentencia”; estima que tanto el fallo de nueve de enero del dos mil doce, como el fallo recurrido del once de septiembre del dos mil catorce; infringen las garantías procesales contenidas en los siguientes artículos: 1, 90, 103, 321 de la Constitución de la República; 868, 873, 874, 873, 877 y 1586 del Código Civil. Explica que con la resolución impugnada se infringe el Principio de Legalidad de la Administración Pública, ello por las siguientes razones a saber: a) Se ha dictado sentencia por parte del Tribunal de Alzada, sin que la misma tenga los fundamentos legales requeridos para poder lograr el efecto jurídico de convencimiento racional del fallo dictado, contraviniendo el precepto Constitucional estipulado en el artículo 321 de la Constitución de la República; b) Que el fallo recurrido del once de septiembre del dos mil catorce; es contrario a la esencia de la acción que se reclama ya que tal y como consta en el caso de autos, se comprobó tanto por los medios de prueba presentados por las partes como por el informe solicitado por el a-quo, que ambas partes han demostrado su legítimo derecho con sus antecedentes, razón por la cual no se entiende la razón por la que la demandada tiene un documento denominado Dominio Pleno en cuyo contenido se encuentra descrito a su favor un terreno cuyas dimensiones difieren drásticamente de lo que fue vendido por el señor Gustavo Manueles Martínez, cuestión que se puede verificar a folio setenta y nueve (79) con Medio de prueba aportado por la parte demandada y que consistente en documento Privado de Compra Venta otorgado por el señor José de Cruz Barahona a favor Gustavo Manueles Martínez, documento este que difiere demasiado del documento que le dio base para adquirir en dominio pleno el bien inmueble que colinda con el de su representada la señora Carmen Ondina Ortiz Ávila; c) Que el Fallo recurrido del once de septiembre del dos mil catorce, al establecer en el Fundamento de Derecho Tercero, que su representada “no acredito Titularidad dominical del inmueble que reclama, si bien es cierto acredito documentación privada, que indica posesión sobre determinado inmueble…”; ha expresado algo que esta fuera de orden legal, ello porque al contrario el artículo 873 del Código Civil señala: “Se concede la misma acción, aunque no se pruebe dominio, al que ha perdido la posesión regular de la cosa, y se hallaba en el caso de poderla ganar por prescripción. Pero no valdrá ni contra el verdadero dueño ni contra el que posea con igual o mejor derecho.”; y tal como consta en el proceso se demostró y comprobó una posesión efectiva, tranquila, pacífica y no interrumpida por más de cincuenta años consecutivos de parte su representada de un terreno con sus respectivas mejoras ubicado en el Barrio “San Juan”, del municipio de La Paz, Departamento de La Paz; razón para estimar que el a-quem desconoce el hecho de que su representada Carmen Ondina Ortiz Ávila se encuentra amparada por lo dispuesto en el citado artículo 873 del Código Civil; y d) Que son varias las acciones incoadas por su representada en el sentido que no solo es la Reivindicación de Dominio, ya que también se promueve la Nulidad Absoluta de un Instrumento Público de Dominio Pleno otorgado por la Corporación Municipal de La Paz, Departamento de La Paz; así como el protocolo y el asiento donde se encuentra inscrito, como también del acta en que fue otorgado por la referida Corporación Municipal; situaciones sobre las cuales el fallo recurrido del once de septiembre del dos mil catorce, no se pronuncia aun y cuando se ha acreditado en juicio que dicho Instrumento Público es contrario a la verdad tal como se lee a la letra, ello en razón del medio de prueba denominado Peritaje practicado por el Jefe de Catastro de la Municipalidad de La Paz, La Paz; no encontrándose la razón por la cual el fallo recurrido desestima lo referente a la nulidad planteada y comprobada en juicio, por lo que al confirmar el fallo de fecha nueve de enero del dos mil doce, dictado por el a-quo, queda evidenciando que no se resuelve sobre todas las acciones incoadas. 4.- La Sala de lo Civil respecto del Primer Motivo de Casación invocado estima que dada la mala técnica casacional con la que se plantea el mismo, consecuentemente esto hace que los argumentos expuestos por la recurrente no sean de recibo por parte de la Sala, así pues tenemos que la misma incurre en varios errores, a saber: I.- Pretende que bajo la egida del precepto autorizante del artículo 719.1 literal c) del Código Procesal Civil, se revise por parte de la Sala la posible vulneración de los artículos 1, 90, 103, 321 de la Constitución de la República; cabe recordar que bajo el precepto autorizante invocado se establece la posibilidad que existe de impugnar la aplicación e interpretación de normas procesales, “en cuanto a la forma y contenido de la sentencia”; en ese sentido tenemos entonces que la invocación de tales artículos constitucionales por parte de la recurrente, bajo tal precepto autorizante no tiene lugar, toda vez que bien pudo haber invocado como precepto autorizante la causal del artículo 719.I literal b) del Código Procesal Civil, amén de lo anterior tenemos que la recurrente no plantea de una forma clara y con la debida separación cada una de las normas constitucionales que estima vulnerada; no basta con citar la norma que se estima infringida sino que el impetrante deberá explicar con la debida concisión, en el caso de autos, como la sentencia del Tribunal de Alzada en la forma y contenido de la misma, vulnera cada uno de los artículos citados, razón por la cual hace que se desestime en cuanto a esos alegatos, éste motivo. II.- Impugna erróneamente la recurrente en vía casacional, tanto el fallo proferido en primera instancia como el dictado por el iudex ad-quem, con lo cual es menester recordar que el Código Procesal Civil es por demás claro al determinar cuáles son las clases de recursos que permite el proceso civil y cuando es aplicable cada uno de ellos, tal como lo establece el artículo 691.1 del citado texto legal, en ese sentido tenemos que la compareciente no observa tal normativa, al pretender que por parte nuestra se revise también la sentencia proferida por el iudex a-quo, lo cual no es susceptible al recurso extraordinario de Casación. Es preciso repasar el alcance del Recurso de Apelación que se encuentra consignado en el artículo 706 de la ley adjetiva en referencia, cuando establece que las Cortes de Apelaciones conocerán los recursos interpuestos en contra de las resoluciones que dicten los Juzgados de Letras. Asimismo precisa recordar que sólo es procedente el recurso extraordinario de Casación, contra las sentencias y autos definitivos, dictados por las Cortes de Apelaciones en el proceso ordinario y otras establecidas expresamente, tal como lo preceptúa el artículo 717 siempre del mismo cuerpo legal. III.- Se señala también por parte de la recurrente en este primer motivo, bajo el pretendido precepto autorizante del artículo 719.1 literal c) del Código Procesal Civil, la vulneración de los artículos 868, 873, 874, 877 y 1586 del Código Civil, esto es de normas sustantivas “in iudicando in iure”, con lo cual se obvia que la probable vulneración de normas sustantivas encuentra su vía de impugnación en materia casacional a través de lo que dispone el artículo 719.2 del Código Procesal Civil, amén de lo anterior es menester recordar que cuando se invoca la vulneración de normas sustantivas el recurrente deviene en el deber de citar cada uno de los artículos que estime vulnerados con la debida claridad en motivos separados y no hacerlo de manera indiscriminada tal y lo planteado en el presente motivo; y IV.- Pretende la recurrente en este primer motivo, que en sede casacional se inste la revisión de los hechos, o se interprete y valore la prueba contenida en la sentencia, ello en clara contravención de lo preceptuado por el artículo 720.1 del Código Procesal Civil. A esta regla general opone lo establecido en el artículo 720.2 del mismo código, al establecer que el casacionista puede solicitar el control de la motivación fáctica de la sentencia para revisar su existencia, suficiencia, racionalidad y carácter lógico, siempre que éste fuera determinante de un sentido diferente del fallo; razón por la cual es menester señalar que si la pretensión de la casacionista estaba orientada a revisar la motivación fáctica de la sentencia del iudex ad-quem, debió de haberse conducido amen de lo señalado por el precepto autorizante invocado, por lo dispuesto en artículo 720.2., del citado código procesal Civil. 5.- En el segundo motivo, la recurrente expone que la sentencia proferida por el Tribunal de Alzada el once de septiembre del dos mil catorce, ha hecho aplicación e interpretación errónea de normas de derecho empleadas para la solución de fondo, esto es de los artículos 1 y 103 de la Constitución de República; 1, 11, 18, 613, 697, 702, 709, 717, 868, 877, 879 y 1586 del Código Civil; señala tales infracciones teniendo como precepto autorizante lo dispuesto en el artículo 719.2 del Código Procesal Civil que establece “Igualmente, se podrá impugnar la aplicación e interpretación de las normas de derecho empleadas para la solución de fondo del litigio.”; en explicación de sus argumentos impugnativos, sostiene básicamente lo siguiente: a) Que dicho fallo infringe el contenido del artículo 1 constitucional que expresa: “Honduras es un estado de derecho, soberano, constituido como República libre, democrática e independiente para asegurar a sus habitantes el goce de la justicia, la libertad, la cultura y el bienestar económico y social.”, y el artículo 103, que dispone.”El Estado reconoce, fomenta y garantiza la existencia de la propiedad privada en su más amplio concepto de función social y sin más limitaciones que aquellas que por motivos de necesidad o de interés público establezca la ley.”; arguye que tales vulneraciones constitucionales se suscitan porque no es posible que se valide a la señora Ligda Leticia Manueles Cardona, un dominio pleno alterado, ello porque ha resultado acreditado con el informe de Catastro que “las medidas que se encuentran en dicho documento no concuerdan con lo físico de la propiedad….” alteración con la cual dice se produce la invasión del derecho a la propiedad que le asiste a su representada la señora Carmen Ondina Ortiz Ávila; b) Que su representada la señora Carmen Ondina Ortiz Ávila, promovió Acción Ordinaria de Reivindicación de Dominio e Indemnización de Daños y Perjuicios y Nulidad Absoluta de un Instrumento Publico en el que se protocoliza dominio pleno otorgado por la Corporación Municipal de La Paz, La Paz; el Protocolo y el Asiento donde se encuentra inscrito así como del Acta en que le fuere otorgado por la Corporación Municipal de La Paz, La Paz; por lo que en el proceso se ha demostrado y comprobado una posesión efectiva de parte de su representada sobre un terreno y sus mejoras ubicado en el Barrio “San Juan”, del municipio de La Paz, Departamento de La Paz, inmueble que en parte aparece incluido en el Dominio Pleno que se le otorgara a la demandada señora Ligda Leticia Manueles Cardona; razón por la cual estima que se hace necesario, para poder delinear ambas propiedades conforme a la Ley, anular el documento público que le fuere otorgado a la demandada, ya que el mismo fue otorgado alterando la verdad del documento que la amparaba para hacer la solicitud. Que la sentencia del nueve de enero del dos mil doce, proferida por el a-quo, en su Considerando seis (6) al dejar establecido que “reivindicación o acción de dominio; es la que tiene el dueño de una cosa singular de que no está en posesión para que el poseedor de ella sea condenada a restituirla y que puedan reivindicarse las cosas corporales, raíces y muebles”; con el cual señala que se limita el concepto, en el sentido de lo establecido por el artículo 874 del Código Civil que dice: “La acción de dominio se dirige contra el actual poseedor.”; c) Que la sentencia dictada por el a-quo el nueve de enero del dos mil doce, en el Considerando cinco hace referencia a las pruebas evacuadas por la parte demandada expresando: ”Existiendo de acuerdo a la inspección realizada una pared que divide de la propiedad de la señora LIGDA LETICIA MANUELES CARDONA; y la señora CARMEN ONDINA ORTÍZ ÁVILA; y contiguo a la pared se encuentra un servicio sanitario, pila para almacenar agua y un baño”, lo anterior relacionándolo con lo expresado en el Considerando Ocho de la misma sentencia que dice: “……este tribunal solicitó al Departamento de Catastro Municipal de la Alcaldía de esta ciudad de La Paz, Depto. de La Paz, para que a través de la comisión de tierras de dicha dependencia practicara la medición sobre los inmuebles que pertenecen a la señora Carmen Ondina Ortiz Ávila; y Ligda Leticia Manueles Cardona; recomendando que la señora Ligda Leticia Manueles Cardona; debe rectificar el dominio pleno otorgado por la Corporación Municipal y la señora Carmen Ondina Ortiz Ávila; al no tener antecedente inscrito de su propiedad debe solicitar a la municipalidad su dominio respectivo con los límites actuales, ya que según el documento privado otorgado por el señor Ligda Leticia Manueles Cardona; las medidas que se encuentran en dicho documento no concuerdan con lo físico de la propiedad ya que las mismas están invertidas ya que el norte está en el sur del documento son en lo físico el este y oeste del documento son en lo físico norte y sur”. Dice la impetrante que efectivamente se acreditó con las pruebas aportadas por ambas partes que la parte demandada tiene en documento público inscrito mucho más del terreno que posee y que poseía para poder solicitar el dominio pleno, y que difiere demasiado del documento que le dio base para adquirir en dominio pleno el bien inmueble que colinda con el de su representada la señora Carmen Ondina Ortiz Ávila; por lo que dicho documento es el reflejo alterado de un terreno que no existe en las dimensiones que describe como del que tuviese derechos reales la demandada; d) Que el artículo 877 del Código Civil señala :”La acción de dominio tendrá también lugar contra el que enajenó la cosa, para la restitución de lo que haya recibido por ella, siempre que por haberla enajenado se haya hecho imposible o difícil su persecución;…”, por lo en el caso de autos no es menester demandar al vendedor, en este caso la Corporación Municipal de La Paz, Departamento de La Paz, pues el bien a reivindicar siempre ha estado en posesión de su representada la señora Carmen Ondina Ortiz Ávila; terreno que sale afectado en la descripción del terreno que posee la señora Ligda Leticia Manueles Cardona y tal como se comprueba con las pruebas evacuadas y desestimadas en la sentencia recurrida hubo un error de medición por parte del ente encargado y aun así con tales variaciones la demandada señora Ligda Leticia Manueles Cardona acepto la venta en Dominio pleno de un terreno que no posee ni ha poseído físicamente. Que el a-quo en la sentencia proferida en forma tergiversada en el Considerando Diez (10), expresa: “Que en cuanto a la solicitud de nulidad de la Escritura donde se protocolizó el dominio pleno otorgado por la Corporación Municipal de esta ciudad de La Paz, Departamento de La Paz, a favor de la Demandada LIGDA LETICIA MANUELES CARDONA; la misma no tiene sustento jurídico; ya que como lo mencionamos anteriormente la Ley de Procedimientos Administrativos…”; razonamiento de la primera instancia, que la recurrente estima es inaceptable porque si bien es cierto que efectivamente existe una regulación respecto a procedimientos administrativos, sin embargo el mismo no es aplicable al caso de autos y el a-quo no justifica jurídicamente la razón por la que cita dicho cuerpo legal, siendo que el asunto que conoce es estrictamente de naturaleza civil y no administrativa, pretendiendo el a-quo que la Corporación Municipal de La Paz; tenga la potestad de ordenar la nulidad de una inscripción registral; aunado a lo anterior el artículo 141 de la Ley de Procedimientos Administrativos, sobre el Recurso de Revisión señala: “Contra las resoluciones firmes podrá interponerse recurso extraordinario de revisión cuando concurra alguna de las circunstancias siguientes: a)…; b) Que después de adoptada la resolución aparezcan documentos decisivos ignorados por fuerza mayor al dictarse la resolución o imposible aportación entonces al expediente…; c)… d) Que la resolución se hubiese dictado con… maquinación fraudulenta, y se haya declarado así por sentencia judicial firme”; maquinación fraudulenta ya que por las dimensiones reales del terreno era imposible no darse cuenta por parte de la demandada, que al medir su terreno incluía en el mismo los baños, la pila y parte de una habitación de la casa de su representada señora Carmen Ondina Ortiz Ávila; y se rectifico como derecho corresponde, sino que acepto las mismas; se concluye que efectivamente hubo error de hecho y de derecho en la forma en que se aprobó el Dominio Pleno a favor de la demandada y se generó en contra de su representada por parte de la demandada lo estipulado en los artículos 725 al 729 del Código Civil; permitiendo y consintiendo la demandada que se le otorgará un Dominio Pleno con dimensiones del inmueble diferentes a las que realmente posee; y que en atención del artículo 141 de la Ley de Procedimientos Administrativos para poder dejar sin valor ni efecto dicho acto administrativo que le confiere derecho ajeno a la Demandada primero hay que acudir a la vía judicial para determinar las circunstancias civiles en virtud de que existe maquinación fraudulenta para la adquisición de este bien por parte de la Demandada y después de haber obtenido sentencia definitiva; solicitar la Revisión correspondiente a la Corporación Municipal de La Paz, Departamento de La Paz; para el único efecto de que se proceda administrativamente a la nulidad del Acto Administrativo en base a lo que estipula el Capítulo I del Título IV de la Ley de Procedimientos Administrativos, que se refiere a la Revisión del acto en la vía Administrativa. Y, por otro lado el fallo del a-quo en este mismo Considerando se refiere a la demandada LIGDA LETICIA MANUELES CARDONA, como LIGDA LETICIA MORALES CARDONA; lo que está fuera de contexto, por lo que es nula de pleno derecho; y la sentencia proferida por ad-quem confirma lo anterior con lo que se da una equivoca interpretación del derecho de las Normas en el caso que nos ocupa; e) Que el Considerando Doce de la sentencia proferida por el a-quo el nueve de enero del dos mil doce y que a su vez es confirmado por el fallo del once de septiembre del dos mil catorce por parte del Tribunal de Alzada; considerando de la primera instancia que señala: “Que no habiéndose probado por la parte demandante los requisitos indispensables para la procedencia de la reivindicación o acción de dominio, así tampoco la procedencia de la indemnización de daños y perjuicios…, es procedente declarar sin lugar la demanda que nos ocupa”. Razona la recurrente que lo expresado en ese acápite esta fuera de sentido jurídico en relación al caso que nos ocupa, pues si el a-quo consideraba que la acción incoada no tiene los requisitos para la procedencia de la misma, no se sabe en que se fundamentó para haberla admitido entonces, por lo que no debió de haberla admitido y mucho menos esperar hasta la sentencia para determinar tal actuación; y que al interponerse demanda se ha hecho en base a los precitados artículos entre ellos el 873 del Código Civil y se está actuando en base a derecho reuniéndose los requisitos de la acción reivindicatoria; y e) Que de lo expuesto en los motivos de casación invocados, se disiente de la sentencia recurrida del once de septiembre del dos mil catorce, ya que se tergiversa el derecho de propiedad y la garantía Constitucional de propiedad privada; en tal sentido y en base al artículo 1 de la Constitución de la República se recurre mediante Casación dicho fallo, a fin de que en sentencia que se dicte al efecto se declare con lugar el mismo en base a lo dispuesto por el artículo 727 del Código Procesal Civil por apreciarse infracción en la aplicación e interpretación del derecho en la decisión de fondo; consecuentemente se pide que se dicte la sentencia correspondiente y se anule el instrumento relacionado. 6.- Respecto del segundo motivo invocado por la recurrente, la Sala de lo Civil encuentra que la misma incurre en los mismos errores de técnica casacional cometido en el primero de ellos, esto es, se vuelve reiterativa en cuanto a la falta de claridad, separación y precisión que se debe observar en el escrito de interposición del recurso; por lo que el mismo se torna confuso en su manifestación; así tenemos que la impetrante pretende que bajo la tutela del precepto autorizante del artículo 719.2 del Código Procesal Civil que establece “Igualmente, se podrá impugnar la aplicación e interpretación de las normas de derecho empleadas para la solución de fondo del litigio.”; tenga sustento en un solo motivo la invocación en forma indiscriminada de varios artículos constitucionales y del Código Civil, con lo cual olvida que la debida técnica casacional impone el deber para el recurrente de hacer la separación debida de cada artículo que estime vulnerado en motivos separados, explicando en cada uno de ellos, el porqué considera que se ha hecho aplicación o interpretación errónea. Por otro lado nuevamente señala la vulneración de los artículos invocados, tanto por el fallo proferido por el a-quo, como por el dictado por el ad-quem, con lo cual la demandante obvia que la sentencia proferida por el iudex a-quo, no es susceptible del recurso extraordinario de Casación. Amén de lo anterior estima “que con los medios de prueba evacuados y desestimadas en la sentencia recurrida hubo un error de medición por parte del ente encargado y aun así con tales variaciones la demandada acepto la venta en dominio pleno de un terreno que no posee ni ha poseído físicamente”, con lo cual pretende que por parte nuestra se inste la revisión de los hechos, o se interprete y valore la prueba contenida en la sentencia, ello en clara contravención de lo preceptuado por el artículo 720.1 del Código Procesal Civil. 7.- En conclusión la Sala de lo Civil toma la determinación desestimatoria en los dos motivos alegados, ello por la defectuosa presentación del recurso por parte de la impetrante en esta fase procedimental y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 1.1, 7.1, 719.2 y 723.2 inciso a) del Código Procesal Civil. III. PARTE DISPOSITIVA. Por lo antes expuesto la Sala de lo Civil de la Corte Suprema de Justicia, pronunciándose por unanimidad de votos e impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, en base a los fundamentos de derecho citados y haciendo aplicación de los artículos 303, 304, 313 numeral 5) y 316 de la Constitución de la República; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 700, 718, 719.2, 723.2 literal a) y 724 del Código Procesal Civil; profiere el presente AUTO IRRECURRIBLE Y DECLARA: I.- LA INADMISIÓN en sus dos motivos del recurso de casación, formalizado por la abogada Lorna Violeta Méndez Manueles, en su condición de representante procesal de la señora Carmen Ondina Ortiz Avila, contra la sentencia dictada el once de septiembre del dos mil catorce, por la Corte de Apelaciones de la Sección Judicial de Comayagua, Departamento de Comayagua, en relación con la Demanda Ordinaria de Reivindicación de Dominio e Indemnización de Daños y Perjuicios y Nulidad Absoluta de un Instrumento Público en el que se protocoliza Dominio Pleno otorgado por la Corporación Municipal de La Paz, La Paz; así como el Protocolo y el Asiento donde se encuentra inscrito así como del Acta en que le fuere otorgado por la Corporación Municipal de La Paz, La Paz posesión regular del inmueble adquirible por prescripción; promovida por la señora Carmen Ondina Ortiz Avila, contra la señora Ligda Leticia Manueles Cardona, ante el Juzgado de Letras Seccional de La Paz, Departamento de La Paz. II.- FIRME la sentencia recurrida, dictada por la Corte de Apelaciones de la Sección Judicial de Comayagua, Departamento de Comayagua, el once de septiembre del dos mil catorce, en el expediente número 1201-2009-00355, originada en los autos que conforman la primera pieza, que se registra bajo el número 1201-2009-00355, del Juzgado de Letras Seccional de La Paz, Departamento de La Paz. III.- CONDENAR en costas a la parte recurrente; y IV.- REMITIR las presentes actuaciones, junto con la certificación de esta resolución al tribunal de su procedencia, previa notificación de este auto a las partes, por medio de sus apoderados legalmente constituidos en juicio.- Redacto el Magistrado WILFREDO MENDEZ ROMERO.- NOTIFIQUESE.- FIRMAS Y SELLO. REYNALDO ANTONIO HERNÁNDEZ. MAGISTRADO COORDINADOR. WILFREDO MÉNDEZ ROMERO. MAGISTRADO. RINA AUXILIADORA ALVARADO. MAGISTRADA. FIRMA Y SELLO. BETTY JANETH PALMA O’CONNOR. RECEPTORA ADSCRITA”.

Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los Ocho días del mes de Noviembre de Dos Mil Dieciséis; Certificación del Auto de fecha Catorce de Septiembre de Dos Mil Dieciséis, recaída en el Recurso de Casación registrado bajo el No. 329=2014.

BETTY JANETH PALMA O’CONNOR

RECEPTORA ADSCRITA