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Sentencia CC-321-15 — Registro 5835

Resumen

Demanda ordinaria de nulidad absoluta de un instrumento público, del contrato contenido en el mismo y de su inscripción registral además de una inscripción de tradición de dominio sobre un derecho hereditario inexistente, por la vía de reconvención declarada con lugar y confirmada en segunda instancia.

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

“DEL RECURSO DE CASACION INTERPUESTO POR EL ABOGADO JOSE AGUINALDO GARCIA PONCE EN SU PRIMER MOTIVO El recurrente viene señalando como precepto autorizante el artículo 719 numeral 2 del Código Procesal Civil que establece que “Igualmente se podrá impugnar la aplicación e interpretación de las normas de derecho empleadas para la solución de fondo del litigio”, señalando que la sentencia impugnada vulnera por falta de aplicación el artículo 723 párrafos primero, segundo y tercero del Código Civil. Al intentar una explicación de este motivo, expone sus argumentos en torno a la valoración que según el recurrente debió hacer el Juzgador sobre el instrumento público número 29 autorizado por el Notario Raimundo Orellana, con fecha primero de marzo de mil novecientos sesenta y cuatro, inscrito con el número 682 folios 235 y 236 del tomo XI del Registro de la Propiedad de Olancho, señalando que por simple lógica elemental se deduce que el año de 1964 que aparece como el año en que se otorgó el instrumento es un error material que no puede causar los efectos que le dio el Tribunal sentenciador, esto es tomar el año 1964 como el año en que se verificó la primera copia del contrato pero que al ser confrontado con la matriz del protocolo, resultó no existir tal contrato. Este alegato del recurrente, en opinión de este Tribunal, lejos de exponer el sentido de la infracción, pretende instar la revisión de las pruebas, lo que está vedado en el recurso de casación por este cause procesal según se infiere de lo dispuesto en el artículo 720.1 del Código Procesal Civil; por otra parte en este mismo motivo señala que el juzgador aplicó indebidamente los artículos 1552 y 1586 del Código Civil, con lo cual infringe el deber de exponer por separado cada infracción, faltando con ello a la claridad y precisión, en consecuencia, el recurso de casación resulta inadmisible en este motivo por no cumplir las exigencia del artículo 721 del Código Procesal Civil, de conformidad con la causal prevista en el numeral 2, literal a) del Artículo 723 del Código Procesal Civil”

Legislación citada

Jerarquía: Reiterativa

“DEL RECURSO DE CASACION INTERPUESTO POR EL ABOGADO JOSE AGUINALDO GARCIA PONCE EN SU SEGUNDO MOTIVO En su segundo motivo de casación el recurrente viene señalando como precepto autorizante el artículo 719 numeral 2 del Código Procesal Civil que establece que “Igualmente se podrá impugnar la aplicación e interpretación de las normas de derecho empleadas para la solución de fondo del litigio”, señalando que la sentencia impugnada vulnera por falta de aplicación los artículos 1552 número 1 y 1586 número 1 en relación con el artículo 1548 del Código Civil y 22 y 55 de la Ley del Notariado. En su explicación, el impetrante expone que según el Tribunal cuando se llevó a cabo la inspección en el protocolo del Notario RAIMUNDO ORELLANA del año 1964, se encontró con que el instrumento número 29 correspondía a otro contrato y no al contrato en donde el señor RAUL MEJIA TORRES vendió dos inmuebles al señor JOSE ANTONIO MEJIA, pero esa no es la realidad de los hechos, ya que si existe el contrato en cuestión, de ahí que existiendo el contrato celebrado entre RAUL MEJIA TORRES Y JOSE SANTIAGO MEJIA, no puede la Corte recurrida declarar sin lugar el recurso de apelación que se interpuso contra la sentencia de primera instancia. Analizado este argumento del recurrente resulta nuevamente que el propósito del impetrante es instar la revisión de las pruebas, lo que no está permitido por esta vía recursiva según se infiere de lo dispuesto en el artículo 720.1 del Código Procesal Civil. En consecuencia, el recurso de casación resulta inadmisible por no cumplir las exigencia del artículo 721 del Código Procesal Civil, de conformidad con la causal prevista en el numeral 2, literales a) del Artículo 723 del Código Procesal Civil. Código.”

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACION

La Infrascrita Secretaria General de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: El Auto que literalmente dice: “AUTO: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los doce (12) días del mes de Enero del año dos mil dieciséis (2016), la Sala de lo Civil, integrada por los Magistrados: RAUL ANTONIO HENRIQUEZ INTERIANO, como Coordinador, designado ponente para el conocimiento y redacción de la resolución del presente recurso de Casación, EDITH MARIA LOPEZ RIVERA y REINA SAGRARIO SOLORZANO JUAREZ, en la fecha supra indicada dictan el siguiente AUTO: SON PARTES: La señora GLORIA MARIA MEJIA MARADIAGA, representada en juicio por el abogado JOSÉ AGUINALDO GARCÍA PONCE como recurrente; siendo recurrido el señor RAUL MEJIA ERAZO, representado en juicio por el abogado NESTOR RAUL OCHOA CABRERA. OBJETO DEL PROCESO: “DEMANDA ORDINARIA DE NULIDAD DE UNA INSCRIPCION REGISTRAL EN EL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD INMUEBLE Y MERCANTIL DEL DEPARTAMENTO DE OLANCHO EN VIRTUD DE EXISTIR DOBLE INSCRIPCION SOBRE EL MISMO BIEN INMUEBLE DETERMINADO”, promovida en fecha veintinueve (29) de enero del año dos mil nueve (2009), ante el Juzgado Primero de Letras Seccional de Juticalpa, Departamento de Olancho, por el abogado JOSE AGUINALDO GARCIA PONCE, en su condición del representante procesal de la señora GLORIA MARIA MEJIA MARADIAGA, mayor de edad, comerciante con domicilio en Tegucigalpa, contra el señor RAUL MEJIA ERAZO, mayor de edad, casado, oficial de policía, hondureño y con domicilio en la ciudad de Tegucigalpa; asimismo la DEMANDA ORDINARIA DE NULIDAD ABSOLUTA DE UN INSTRUMENTO PUBLICO, DEL CONTRATO CONTENIDO EN EL MISMO Y DE SU INSCRIPCION REGISTRAL ADEMAS DE UNA INSCRIPCION DE TRADICION DE DOMINIO SOBRE UN DERECHO HEREDITARIO INEXISTENTE, POR LA VIA DE RECONVENCIÓN, promovida en fecha veintiséis (26) de marzo del año dos mil nueve (2009), por el abogado NESTOR RAUL OCHOA CABRERA, mayor de edad, casado, hondureño, con domicilio en la ciudad de Tegucigalpa, actuando en su condición de representante procesal del señor RAUL MEJIA ERAZO, contra la señora GLORIA MARIA MEJIA MARADIAGA, ambos de generales ya conocidas. I. ANTECEDENTES DE HECHO PRIMERO: Con fecha diez (10) de agosto del año dos mil quince (2015), la Corte Tercera de Apelaciones con sede en Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, conociendo por vía de apelación de la sentencia definitiva de fecha doce (12) de agosto del año dos mil trece (2013), dictada por el Juzgado de Letras Primero Seccional de Juticalpa, Departamento de Olancho, en el juicio de mérito, dicto sentencia CONFIRMANDO la dictada por el A-quo, mismo que fallo de la siguiente manera:“ FALLA: 1.-Declarando SIN LUGAR la demanda Ordinaria principal como la que se mando acumular de Nulidad de doble inscripción de un instrumento publico y de los asientos 70 del tomo 733 y 76 del tomo 854 del Instituto de la propiedad de Olancho, presentada por la señora GLORIA MARIA MEJIA MARADIAGA, de generales ya expresada en el preámbulo de esta sentencia, contra el señor RAUL MEJIA ERAZO también de generales ya expresadas.- 2. Declarando con lugar la nulidad absoluta del instrumento numero 29 de fecha uno de marzo de mil novecientos sesenta y cuatro, así como su inscripción en el numero 682, del tomo 235 y 236 del tomo XI, así como la tradición a favor de la señora Gloria Maria Mejia Maradiaga en el Instituto de la propiedad de olancho, y para tal efecto que se envíe la comunicación respectiva al mencionado registro inmueble 3.- Se declara SIN LUGAR, el pago de Daños y Perjuicios solicitados por la parte demandada y reconviniente por no estar probados los mismos 4.—Se declara SIN LUGAR Las excepciones perentorias de prescripción extintiva y adquisitiva de dominio y acción presentada por la parte demandada por no haberse probado las mismas .—Y MANDA: se notifique a las partes el presente fallo, si dentro del termino legal no se interpone recurso alguno, quede firme, Sin costas n virtud de tener motivos racionales para litigar. NOTIFIQUESE.” SEGUNDO: El abogado JOSÉ AGUINALDO GARCIA PONCE, en su condición de representante procesal de la señora GLORIA MARIA MEJIA MARADIAGA, en fecha seis (06) de octubre del año dos mil quince (2015), presentó escrito de interposición y formalización del recurso de casación contra la sentencia de fecha diez (10) de agosto del año dos mil quince (2015), dictada por la Corte Tercera de Apelaciones con sede en Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, resolviendo el Ad-quem, mediante proveído de fecha doce (12) de octubre del año dos mil quince (2015), tener por interpuesto y formalizado el recurso de casación por parte del Recurrente y acordó conceder a la parte contraria el plazo diez (10) días hábiles para que se pronunciara sobre el contenido del escrito, debiendo entregársele copia del mismo. TERCERO: El representante procesal del señor RAUL MEJIA ERAZO, abogado NESTOR RAUL OCHOA CABRERA, presento en fecha veinte (20) de octubre del año dos mil quince (2015), escrito de pronunciamiento sobre el contenido del recurso de casación interpuesto y formalizado por la contraparte, resolviendo la Corte Tercera de Apelaciones con sede en Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, tener por pronunciado al recurrido, ordenando remitir las presentes diligencias a la Honorable Corte Suprema de Justicia en el plazo que manda la ley, para proseguir con el trámite correspondiente. CUARTO: Recibidas las actuaciones en éste Tribunal, los abogados NESTOR RAUL OCHOA CABRERA Y JOSE AGUINALDO GARCIA en su condición ya indicadas, presentaron escritos de personamiento ambos en fechas veintisiete (27) y treinta (30) de octubre del año dos mil quince (2015), resolviendo este Tribunal, mediante proveído de fecha dieciocho (18) de noviembre del año dos mil quince (2015), tenerlos por personados dentro del plazo concedido. QUINTO: Que la parte recurrente plantea su recurso de casación contra la sentencia dictada por la Corte Tercera de Apelaciones con sede en Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, de la siguiente manera: “MOTIVOS DE CASACIÓN PRIMER MOTIVO Se impugna la falta de aplicación del artículo 723 párrafos primero, segundo y tercero del Código Civil que ha debido emplearse para la solución del fondo del litigio. PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo de casación se encuentra comprendido en el artículo 719.2 del Código Procesal Civil. DETERMINACIÓN DEL PERJUICIO SUFRIDO E IDENTIFICACIÓN DEL VICIO O ERROR QUE LO CAUSA. La sentencia recurrida ahora en casación perjudica a mi representada porque ante la falta de aplicación del artículo 723 párrafos primero, segundo y tercero del Código Civil le despoja de un bien adquirido legalmente al declarar la nulidad del título de dominio sobre un inmueble de su propiedad y del cual ha venido gozando desde el año 1965, derivando el error del Tribunal, surgiendo todo ello de un mero error material en la fecha del instrumento de dominio de la señora GLORIA MARIA MEJIA MARADIAGA como se expone en el desarrollo del concepto de la infracción. IDENTIFICACIÓN DEL PRONUNCIAMIENTO DE LA SENTENCIA QUE SE IMPUGNA Se impugna la parte dispositiva de la sentencia que declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el Abogado JOSE AGUINALDO GARCIA PONCE, y que confirma la sentencia recurrida en sus demás pronunciamientos. CONCEPTO DE LA INFRACCIÓN El artículo 723 párrafos primero, segundo y tercero del Código Civil prescribe: “La buena fe es la conciencia de haberse adquirido el dominio de la cosa por medios legítimos, exentos de fraude y de todo otro vicio. Así, en los títulos traslaticios de dominio, la buena fe supone la persuasión de haberse recibido la cosa de quien tenía la facultad de enajenarla, y de no haber habido fraude ni otro vicio en el acto o contrato. Un justo error en materia de hecho no se opone a la buena fe.” Mi representada la señora GLORIA MARIA MEMA MARADIAGA, presentó con su demanda el instrumento público número 29 autorizado en la ciudad de Juticalpa por el Notario RAIMUNDO ORELLANA, con fecha primero de marzo de mil novecientos sesenta y cuatro, e inscrito con el número 682, folios 235 y 236 del tomo XI del Registro de la Propiedad Inmueble del departamento de Olancho, inscripción que se hizo con fecha 23 de marzo de 1965. El impuesto de tradición que se pagó en ese entonces y cuya transcripción obra a continuación de la copia del testimonio en cuestión es del 2 de marzo de 1965. Por simple lógica elemental se deduce que el año de 1964 y que aparece como el año en que se otorgó dicho instrumento corresponde a un error material que no puede causar los efectos que le ha dado el Tribunal sentenciador, pues corresponde al año 1965, ya que de haberlo hecho en el año 1964 y pagado el impuesto un año después, habría tenido que pagar la multa por no haberlo hecho dentro de los tres días de su otorgamiento y tal como se evidencia en el recibo de pago del impuesto no consta que se haya pagado fuera de tiempo, repito, por haberse presentado en tiempo, un día después de su otorgamiento, y reiterando también que el año del otorgamiento corresponde a 1965. No obstante lo anterior, el Tribunal sentenciador, con fecha trece de noviembre de dos mil trece dictó sentencia conociendo del proceso por vía de apelación, declarando sin lugar nuestro recurso de apelación aplicando en forma indebida los artículos 1552 y 1586 del Código Civil, omitiendo por completo lo dispuesto en el articulo 723 párrafos primero, segundo y tercero del Código Civil el que prescribe: “La buena fe es la conciencia de haberse adquirido el dominio de la cosa por medios legítimos, exentos de fraude y de todo otro vicio. Así, en los títulos traslaticios de dominio, la buena fe supone la persuasión de haberse recibido la cosa de quien tenía la facultad de enajenarla, y de no haber habido fraude ni otro vicio en el acto o contrato. Un justo error en materia de hecho no se opone a la buena fe.” Mi representada siempre ha actuado con buena fe y adquirió los inmuebles relacionados en el instrumento número 29 mediante herencia de su difunto padre JOSE SANTIAGO MEJIA, quien a su vez lo hubo por compra que le hizo a su hermano RAUL MEJIA TORRES, cuyo hijo, el demandado reconviniente RAULL MEJIA ERAZO ahora ha obtenido una sentencia en donde se le ha anulado su título dominical y el Tribunal de Alzada al declarar sin lugar nuestro recurso de apelación así lo ha dispuesto, pero sin observar lo dispuesto en el artículo 723 párrafos primero, segundo y tercero, puesto que, tratándose de un justo error en materia de hecho no puede considerarse como mala fe y menos para que produzca la nulidad de un instrumento de compra venta. En tal sentido, la omisión en la aplicación del artículo 723 párrafos primero, segundo y tercero del Código Civil evidencia la infracción de dicha disposición y la vulneración del derecho de la señora GLORIA MARIA MEJIA MARADIAGA, siendo, por tanto, admisible este motivo de casación. SEGUNDO MOTIVO Se impugna la aplicación indebida de los 1552 número 1° y 1586 número lº en relación con el artículo 1548 también del Código Civil y 22 y 55 de la Ley del Notariado, empleados para la solución de fondo del litigio.

PRECEPTO AUTORIZANTE Este motivo de casación se encuentra comprendido en el artículo 719.2 del Código Procesal Civil. DETERMINACIÓN DEL PERJUICIO SUFRIDO E IDENTIFICACIÓN DEL VICIO O ERROR QUE LO CAUSA La sentencia recurrida ahora en casación perjudica a mi representada porque aplicando en forma indebida el artículo 1552 número 1º y 1586 número lº en relación con el artículo 1548 también del Código Civil y 22 y 55 de la Ley del Notariado le despoja de un bien adquirido legalmente al declarar la nulidad del título de dominio sobre un imnueble de su propiedad y del cual ha venido gozando desde el año 1965, derivando el error del Tribunal, surgiendo todo ello de un mero error material en la fecha del instrumento de dominio de la señora GLORIA MARIA MEJIA MARADIAGA como se expone en el desarrollo del concepto de la infracción. IDENTIFICACIÓN DEL PRONUNCIAMIENTO DE LA SENTENCIA QUE SE IMPUGNA Se impugna la parte dispositiva de la sentencia que declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el Abogado JOSE AGUINALDO GARCIA PONCE, y que confirma la sentencia recurrida en sus demás pronunciamientos. CONCEPTO DE LA INFRACCIÓN Transcribo a continuación los artículos del Código Civil en que se apoya el Tribunal Sentenciador para dictar la sentencia en contra de mi representada: “Artículo 1552: “No hay contrato sino cuando concurren los requisitos siguientes: lº Consentimiento de las partes.” “Artículo 1586. Hay nulidad absoluta en los actos o contratos: 1º Cuando falta alguna de las condiciones esenciales para su formación o para su existencia.” “Artículo 1548. La validez y el cumplimiento de los contratos no puede dejarse al arbitrio de uno de los contratantes.” De la Ley del Notariado. “Artículo 55. Primera copia es el traslado de la escritura matriz a que tienen derecho los otorgantes.” “Artículo 22. Escritura matriz es la original redactada por el Notario sobre el acto o contrato sometido a su autorización.” El Tribunal Sentenciador en los fundamentos de derecho, al exponer la motivación expresó: “PRIMERO: Que el Código Civil en su artículo 1552 establece que no hay contrato, si no cuando concurren los requisitos siguientes: a) Consentimiento de los contratantes, b) Objeto cierto y c) causa de la obligación. Que la validez de los contratos no puede dejarse al arbitrio de uno de los contratantes, y en el contrato de compra venta, una parte se obliga a entregar una cosa y el otro a pagar un precio cierto y en el presente caso no se acreditó la existencia del instrumento número 29 de fecha uno de marzo de mil novecientos sesenta y cuatro en que la parte demandante sustenta su petición, conforme a lo que establece la Ley del Notario en su artículo 55 donde se establece que constituye primera copia el traslado de la escritura matriz a que tienen derecho los otorgantes, y el artículo 22 de la misma ley establece que la escritura matriz es la original redactada por el notario sobre el acto o contrato sometido a su autorización, y con la inspección al protocolo del notario Raimundo Orellana quedó acreditado que no existe tal instrumento 29 que contenga la matriz, por tanto la primera copia carece de validez. SEGUNDO: Que hay nulidad absoluta de los actos o contratos cuando falta algún requisito o formalidad establecida por la ley y en el presente caso existe la falta de un elemento esencial del contrato como lo es “el consentimiento” ya que no existe matriz en el protocolo, del instrumento número 29 de mil novecientos sesenta y cuatro en el que la demandante basa su reclamo, por lo que no podía disponer de los bienes que no eran de su propiedad; por lo que la decisión del Juzgado de Primera Instancia se encuentra fundamentada en derecho al decretar la nulidad solicitada por el demandado reconviniente, por referirse a un derecho hereditario inexistente.” Las disposiciones antes citadas, así como la motivación del Tribunal de Alzada responden en efecto a una situación particular en donde no ha existido un contrato y por tanto tampoco el consentimiento, pues según dicho Tribunal cuando se llevó a cabo la inspección en el protocolo del Notario RAIMUNDO ORELLANA del año 1964 se encontró con que el instrumento número 29 correspondía a otro contrato y no al contrato en donde el señor RAUL MEJIA TORRES vendió dos inmuebles al señor JOSE SANTIAGO MEJIA, pero esa no es la realidad de los hechos, ya que si existe el contrato en cuestión y por consiguiente también existe el consentimiento otorgado por el señor RAUL MEJIA TORRES. Efectivamente, el instrumento número 29 que autorizó el Notario RAIMUNDO ORELLANA consta en el protocolo del año 1965 y que por un error en la transcripción de la primera copia se consignó el año 1964, y todo esto queda comprobado con la transcripción del recibo de pago del impuesto de tradición que tiene fecha 2 de marzo de 1965, quedando constancia que el pago se hizo un día después de su otorgamiento, como también queda comprobado con la inscripción en el Registro de la Propiedad Inmueble que consigna el año 1965. De ahí entonces, que existiendo el contrato celebrado entre RAUL MEJIA TORRES y JOSE SANTIAGO MEJIA, no puede por manera alguna la Corte recurrida declarar sin lugar el recurso de apelación que se interpuso contra la sentencia de primera instancia, pues un error en el año no quiere decir que el contrato sea nulo, pues como se dijo, si existe, como también existe el consentimiento otorgado por uno a favor del otro. Por la razones expuestas, resulta manifiesta la aplicación indebida de los artículos 1552 número 1º y 1586 número 1° en relación con el artículo 1548 también del Código Civil y 22 y 55 de la Ley del Notariado, y en su lugar debió aplicarse el artículo 723 párrafos primero, segundo y tercero del Código Civil, en ese sentido, se impone la necesidad de casar la sentencia recurrida”. II. FUNDAMENTOS DE DERECHO 1.- De conformidad con el artículo 719 numeral del Código Procesal Civil, se podrá impugnar la aplicación e interpretación de las normas procesales, igualmente, se podrá impugnar la aplicación e interpretación de las normas de derecho empleadas para la solución de fondo del litigio y por disposición del artículo 721 del mismo código, el recurso de casación se interpondrá por escrito ante la Corte de Apelaciones que hubiere dictado la sentencia dentro de los veinte días siguientes al de la notificación. En ese escrito se harán constar los motivos en que la casación se base, con expresión de las normas de derecho cuya infracción sustente cada motivo. Todo ello se deberá fundar con la suficiente separación y claridad, precisando y justificando la incidencia de la infracción en el sentido de la resolución impugnada, también se hará constar si el recurrente estima necesario la celebración de la audiencia. 2.- DEL RECURSO DE CASACION INTERPUESTO POR EL ABOGADO JOSE AGUINALDO GARCIA PONCE EN SU PRIMER MOTIVO El recurrente viene señalando como precepto autorizante el artículo 719 numeral 2 del Código Procesal Civil que establece que “Igualmente se podrá impugnar la aplicación e interpretación de las normas de derecho empleadas para la solución de fondo del litigio”, señalando que la sentencia impugnada vulnera por falta de aplicación el artículo 723 párrafos primero, segundo y tercero del Código Civil. Al intentar una explicación de este motivo, expone sus argumentos en torno a la valoración que según el recurrente debió hacer el Juzgador sobre el instrumento público número 29 autorizado por el Notario Raimundo Orellana, con fecha primero de marzo de mil novecientos sesenta y cuatro, inscrito con el número 682 folios 235 y 236 del tomo XI del Registro de la Propiedad de Olancho, señalando que por simple lógica elemental se deduce que el año de 1964 que aparece como el año en que se otorgó el instrumento es un error material que no puede causar los efectos que le dio el Tribunal sentenciador, esto es tomar el año 1964 como el año en que se verificó la primera copia del contrato pero que al ser confrontado con la matriz del protocolo, resultó no existir tal contrato. Este alegato del recurrente, en opinión de este Tribunal, lejos de exponer el sentido de la infracción, pretende instar la revisión de las pruebas, lo que está vedado en el recurso de casación por este cause procesal según se infiere de lo dispuesto en el artículo 720.1 del Código Procesal Civil; por otra parte en este mismo motivo señala que el juzgador aplicó indebidamente los artículos 1552 y 1586 del Código Civil, con lo cual infringe el deber de exponer por separado cada infracción, faltando con ello a la claridad y precisión, en consecuencia, el recurso de casación resulta inadmisible en este motivo por no cumplir las exigencia del artículo 721 del Código Procesal Civil, de conformidad con la causal prevista en el numeral 2, literal a) del Artículo 723 del Código Procesal Civil. 3.- DEL RECURSO DE CASACION INTERPUESTO POR EL ABOGADO JOSE AGUINALDO GARCIA PONCE EN SU SEGUNDO MOTIVO En su segundo motivo de casación el recurrente viene señalando como precepto autorizante el artículo 719 numeral 2 del Código Procesal Civil que establece que “Igualmente se podrá impugnar la aplicación e interpretación de las normas de derecho empleadas para la solución de fondo del litigio”, señalando que la sentencia impugnada vulnera por falta de aplicación los artículos 1552 número 1 y 1586 número 1 en relación con el artículo 1548 del Código Civil y 22 y 55 de la Ley del Notariado. En su explicación, el impetrante expone que según el Tribunal cuando se llevó a cabo la inspección en el protocolo del Notario RAIMUNDO ORELLANA del año 1964, se encontró con que el instrumento número 29 correspondía a otro contrato y no al contrato en donde el señor RAUL MEJIA TORRES vendió dos inmuebles al señor JOSE ANTONIO MEJIA, pero esa no es la realidad de los hechos, ya que si existe el contrato en cuestión, de ahí que existiendo el contrato celebrado entre RAUL MEJIA TORRES Y JOSE SANTIAGO MEJIA, no puede la Corte recurrida declarar sin lugar el recurso de apelación que se interpuso contra la sentencia de primera instancia. Analizado este argumento del recurrente resulta nuevamente que el propósito del impetrante es instar la revisión de las pruebas, lo que no está permitido por esta vía recursiva según se infiere de lo dispuesto en el artículo 720.1 del Código Procesal Civil. En consecuencia, el recurso de casación resulta inadmisible por no cumplir las exigencia del artículo 721 del Código Procesal Civil, de conformidad con la causal prevista en el numeral 2, literales a) del Artículo 723 del Código Procesal Civil. Código. III PARTE DISPOSITIVA Por lo antes expuesto la Sala de lo Civil de la Corte Suprema de Justicia, pronunciándose por unanimidad de votos e impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, en base a los fundamentos de derecho citados y haciendo aplicación de los Artículos 82, 303, 304, 313 numeral 5) y 316 de la Constitución de la República; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 115, 118 numeral 1), 129, 169, 170, 190, 191, 193 numeral 2, literal b), 197, 199, 716, 717, 718, 719, 720. 1, 721, 722, 723.2 a), 724, del Código Procesal Civil; 723 párrafos primero, segundo y tercero, 1548, 1552 número 1, 1586 número 1 del Código Civil y 22 y 55 de la Ley del Notariado, profiere el presente AUTO IRRECURRIBLE y DECLARA: 1) La inadmisión del recurso de casación en sus dos motivos interpuestos por el Abogado JOSE AGUINALDO GARCIA PONCE. 2) Firme la sentencia recurrida, dictada por la Corte Tercera de Apelaciones de Tegucigalpa, del departamento de Francisco Morazán, de fecha diez de agosto del año dos mil quince, en el expediente de Apelación número 52-2013 C.P.C., originado en los autos que conforman la primera pieza que se registra bajo el número 044-2009 del Juzgado Primero de Letras Seccional de Juticalpa del Departamento de Olancho. 3) Condenar en costas a la parte recurrente; y, 4) Remitir las presentes actuaciones, junto con la certificación de esta resolución al Tribunal de su procedencia, previa notificación de este auto a las partes personadas, por medio de sus apoderados legalmente constituidos en juicio. NOTIFIQUESE. FIRMAS Y SELLO. RAUL ANTONIO HENRIQUEZ INTERIANO. COORDINADOR. EDITH MARIA LOPEZ RIVERA. MAGISTRADA. REINA SAGRARIO SOLORZANO JUAREZ. MAGISTRADA. FIRMA Y SELLO. BETTY JANETH PALMA O’CONNOR. RECEPTORA ADSCRITA”.

Extendida a solicitud del abogado NESTOR RAUL OCHOA CABRERA, actuando en su condición de Representante Procesal del señor RAUL MEJIA ERAZO, en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los Veintiocho días del mes de Enero de Dos Mil Dieciséis; Certificación del Auto de fecha Doce de Enero de Dos Mil Dieciséis, recaído en el Recurso de Casación registrado bajo el No. 321=2015.

LUCILA CRUZ MENENDEZ

SECRETARIA GENERAL