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Sentencia CC-320-14 — Registro 6789

Resumen

En primera instancia se interpuso demanda ordinaria de pago por vía de repetición, y la parte demandada interpuso excepción de falta de legitimación procesal pasiva (ad causam) declarada con lugar. Confirmada en segunda instancia.

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

“II. FUNDAMENTOS DE DERECHO 1. Esta Sala de lo Civil, viene reiterando la Naturaleza y función del recurso de casación, así pues, el recurso de casación tiene una función nomofiláctica, en virtud de lo cual el artículo 716 del Código Procesal Civil dispone dos fines expresos, el primero de ellos, es la protección de las normas del ordenamiento jurídico, y esto se hace, procurando y promoviendo la más adecuada aplicación e interpretación del derecho objetivo. El segundo fin es la unificación de la jurisprudencia nacional. Por su parte el numeral dos del artículo precitado, conmina a este alto tribunal a que aplique e interprete las normas referidas al recurso de casación atendiendo a la finalidad de unificación de la jurisprudencia, esto como instrumento de garantía de la igualdad de todos ante la ley, y de la seguridad y certidumbre jurídicas. (ver resoluciones de fechas 13-12-2013 exp. 236-2012, 18-03-2014 exp. 003-2013 y 06-05-2014 exp. 135-2013). 2. De conformidad con el artículo 719 del Código Procesal Civil, se podrá impugnar la aplicación e interpretación de las normas procesales, así como la aplicación e interpretación de las normas de derecho empleadas para la solución de fondo del litigio, y de conformidad con el artículo 721 del mismo código, el recurso de casación se interpondrá por escrito ante la Corte de Apelaciones que hubiere dictado la sentencia dentro de los veinte días siguientes al de la notificación. En ese escrito se harán constar los motivos en que la casación se base, con expresión de las normas de derecho cuya infracción sustente cada motivo. Todo ello se deberá fundar con la suficiente separación y claridad, precisando y justificando la incidencia de la infracción en el sentido de la resolución impugnada, también se hará constar si el recurrente estima necesario la celebración de la audiencia. 3. Con los requisitos formales establecidos en el artículo 721 del Código Procesal Civil queda reconocido el denominado principio de “Debida técnica”, que constituyen los mínimos requerimientos que debe contener la demanda de casación a efectos de ser tenida como un verdadero juicio técnico de impugnación, valorativo y preciso; como consecuencia de esta exigencia legal tenemos que el principio de debida técnica requiere observarse en los siguientes sentidos: a) Elegir con puntualidad la causal. b) No salirse ni desbordarse con sus alegaciones, de los extremos y contenidos conceptuales o valorativos, o ámbitos propios de la causal elegida. c) Elaborar planteamientos con claridad y precisión. 4. DEL RECURSO DE CASACION EN SU PRIMER MOTIVO POR INTERPRETACIÒN ERRONEA DEL ARTÌCULO 1423 DEL CODIGO CIVIL EN RELACION CON EL ARTÌCULO 17 DEL MISMO CODIGO INTERPUESTO POR LA ABOGADA KARLA PATRICIA MENDOZA ARTICA REPRESENTANTE DEL ESTADO DE HONDURAS. La impetrante ha planteado como primer motivo de casación la interpretación errónea del artículo 1423 del Código Civil en relación con el artículo 17 del mismo Código, empleado para la solución del fondo del litigio, señalando como precepto autorizante el artículo 719.2 del Código Procesal Civil. Examinada la explicación del recurso se logra entender que su propósito es impugnar por interpretación errónea el precepto 1423 del código civil en relación también con el artículo 17 del citado Código. Si bien el artículo 17 del Código Civil, es un precepto de carácter general, que como se ha dicho reiteradamente no son susceptibles de ser impugnados en casación si estos son planteados en forma aislada; al respecto la doctrina ha establecido que las disposiciones de carácter general no son susceptibles de ser examinadas en casación porque con ello se da lugar a la indeterminación y falta de claridad del motivo con la consecuente indefensión para la parte contraria, sin embargo, es preciso aclarar que si es posible la cita de normas generales en relacionan con preceptos homogéneos con la norma general pero más específicos[1], (ver resoluciones de fechas 17-02-2015 exp. 123-2014; 15-08-2016 exp. 142-2015 y 27-05-2015 exp. 248-2014) tal y como se da en el presente caso en que la impetrante cita un precepto específico relacionado directamente con la acción incoada, esto es el artículo 1423 del Código Civil. El argumento central de la censora radica en afirmar que “el razonamiento del Ad quem se resume así: el pago debe hacerse en forma voluntaria o espontánea de parte del tercero, que el Estado fue compelido u obligado al desembolso de una cantidad de dinero el que por razones presupuestarias no fue honrado o cancelado de forma expedita, acrecentándose dicho monto con los intereses inherentes; que la empresa Entre Mares en ningún momento se ha considerado deudora de los valores relacionados; y que la repetición pretendida en lo que hubiera sido útil a la parte demandada porque dicho valor sería en menoscabo de sus arcas y que no se puede afirmar que se explotó el sitio “agua tibia”. El artículo 1423 del Código Civil prescribe: El que pagaré por cuenta de otro, podrá reclamar del deudor lo que hubiese pagado, a no haberlo hecho contra su expresa voluntad. En este caso, sólo podrá repetir del deudor aquello en que le hubiera sido útil.” De la lectura de éste artículo se infiere un sentido totalmente diferente al razonamiento que hace el Tribunal Sentenciador en la sentencia impetrada. El artículo 17 del Código Civil expresa: “No podrá atribuirse a la ley otro sentido que el que resulta explícitamente de sus propios términos, dada la relación que entre los mismos debe existir y la intención del legislador. Pues bien, El artículo 1423 del Código de ninguna manera se entiende en un sentido como el que el Ad quem le ha dado. El artículo 1423 no dice que el pago tiene que hacerse necesariamente en forma voluntaria. El Estado de Honduras pago la cantidad reclamada por resultas de una sentencia dictada por un juzgado en un proceso en donde la misma Minerales Entre Mares Honduras, S.A. DE C. V., fue coadyuvante, es decir que conocía perfectamente la existencia de la obligación a su cargo, sin embargo la obligación fue ejecutada en el patrimonio del Estado de Honduras. En éste caso particular, de haber pagado el Estado de Honduras en forma voluntaria habría aceptado una obligación que no le correspondía, pero pagando por resultas de una sentencia de la cual no pudo desvincularse pues además fue ejecutada de manera coercitiva en su patrimonio. La expresión “a no haberlo hecho contra su expresa voluntad” se refiere a la voluntad del deudor o sea a Minerales Entre Mares Honduras, S.A. que como ya lo he expresado, siendo coadyuvante del Estado de Honduras en la demanda que le promoviera La Caridad, S. de R. L de C. V. ante la jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, hizo oposición a las pretensiones de ésta, no obstante la oposición de ambas, la demanda fue declarada procedente. Y cuando dice el párrafo tercero “en este caso (a no haberlo hecho contra su expresa voluntad), sólo podrá repetir del deudor aquello en que le hubiera sido útil el pago” es precisamente al caso que esta ejercitando el Estado de Honduras, en lo que le ha sido útil el pago a Minerales Entre Mares Honduras, S. A. de C. V., y siendo que la obligación le correspondía cancelarla a la demandada, al haberlo hecho el Estado de Honduras, se beneficio de ello. El hecho que Minerales Entre Mares Honduras, S.A. no se considere deudora es su propio criterio, ello no significa que no sea la obligada al pago pues la obligación nació de la Ley (Código de Minería). De acuerdo con el artículo 1423, lo que el Estado de Honduras ha hecho con esta demanda es repetir contra la Sociedad Minerales Entre Mares Honduras, S.A. de C. V. en lo que le ha sido útil, es decir en lo que pagó por lo que correspondía a ella. Es así que la interpretación que hace el Tribunal Sentenciador del artículo 1423 del Código Civil es errónea, e incide en la sentencia de tal manera que la llevó a confirmar el fallo de primera instancia en la que se ha declarado con lugar la excepción de falta de legitimación procesal pasiva (ad causam), con el consabido perjuicio para el Estado de Honduras pues pagó por una obligación que no le correspondía”. Esta Sala de lo Civil considera que si examinamos el numeral 2 del artículo 721 del Código Procesal Civil, este establece como requisito del escrito de interposición del recurso de casación, que se haga constar el motivo de casación con expresión de las normas de derecho cuya infracción sustente el motivo, con la debida separación y claridad, precisando y justificando la incidencia de la infracción en el sentido de la resolución impugnada, requisitos que en opinión de este Tribunal, han sido observados por la casacionista toda vez que ha sido capaz de exponer con la debida claridad la norma infringida y como la interpretación errónea de esa norma según su criterio incide en el sentido en que ha sido dictada la resolución recurrida, consecuentemente este Tribunal de Casación aprecia que la censora ha elegido con puntualidad la causal y ha sido clara y precisa, por lo tanto, no es posible dar cabida a alguna de las causales de inadmisión previstas en el Código Procesal Civil en tanto se han cumplido por la censora las exigencias y requisitos establecidos por la ley para el escrito de interposición y formalización, mismo que no resulta manifiestamente infundado, por lo que es procedente admitir este primer motivo de casación.”

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACION

La Infrascrita Receptora Adscrita a la Sala de lo Civil de la Corte Suprema de Justicia, Certifica, el Auto que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los trece días del mes de septiembre de dos mil dieciséis, la Sala de lo Civil, integrada por los Magistrados REYNALDO ANTONIO HERNÁNDEZ como Coordinador, designado ponente para el conocimiento y redacción de la resolución del presente recurso de Casación, WILFREDO MÉNDEZ ROMERO Y RINA AUXILIADORA ALVARADO MORENO, en la fecha supra indicada dictan el siguiente: AUTO SON PARTES: La abogada KARLA PATRICIA MENDOZA ARTICA, actuando en su condición de representante procesal del ESTADO DE HONDURAS, en su condición de recurrente; siendo recurrido el abogado EDWIN ARMANDO PINEDA MADRID, en su condición de representante procesal de la sociedad MINERALES ENTRE MARES HONDURAS, S.A. DE C.V. OBJETO DEL PROCESO: “POR EL PROCEDIMIENTO ORDINARIO SE INTERPONE DEMANDA ORDINARIA DE PAGO POR VIA DE REPETICIÓN”, promovida en fecha veintiocho de agosto del dos mil trece, ante el Juzgado de Letras Civil del Departamento de Francisco Morazán, por la abogada ETHEL DERAS ENAMORADO, en su condición de PROCURADORA GENERAL DE LA REPÚBLICA, contra la sociedad MINERALES ENTRE MARES HONDURAS S.A. DE C.V., por medio de su representante legal, señor EDUARDO VILLACORTA HADDAD. I. ANTECEDENTES DE HECHO PRIMERO: Con fecha diecinueve de agosto del año dos mil catorce, la Corte Segunda de Apelaciones de lo Civil del departamento de Francisco Morazán, conociendo por vía de apelación de la sentencia definitiva de fecha doce de diciembre del año dos mil trece, dictada por el Juzgado de Letras Civil del departamento de Francisco Morazán, en el juicio contentivo de la “DEMANDA ORDINARIA DE PAGO POR VIA DE REPETICIÒN”, promovida en fecha veintiocho de agosto del dos mil trece, ante el Juzgado de Letras Civil del Departamento de Francisco Morazán, por la abogada ETHEL DERAS ENAMORADO, en su condición de PROCURADORA GENERAL DE LA REPÚBLICA, contra la sociedad MINERALES ENTRE MARES HONDURAS S.A. DE C. V. dictó sentencia CONFIRMANDO la dictada por el A-quo, misma que falló de la siguiente manera: “FALLA: PRIMERO: ESTIMA la Excepción de Falta de Legitimación Procesal Pasiva (Ad Causam), interpuesta por el Abogado MAX RICARDO SALGADO LAGOS, en su condición de Representante Procesal de la Sociedad Mercantil denominada MINERALES ENTREMARES HONDURAS, S. A de C. V. quien a su vez delegó el poder en el abogado EDWIN ARMANDO PINEDA MADRID, pues este Juzgado considera que dicha sociedad no se encuentra legitimada para actuar como Parte Demandada en el presente Juicio, por no haberse demostrado haber sido demandado o vencido en juicio donde se le constituya como obligado/deudor frente al pago por vía de repetición que pretende la parte actora.- SEGUNDO: DESESTIMA LA DEMANDA ORDINARIA DE PAGO POR VÌA DE REPETICIÒN, interpuesta por el ESTADO DE HONDURAS a través de LA Procuradora General de la República; por haberse estimado la Excepción Perentoria de Falta de Legitimación Procesal Pasiva interpuesta por la Sociedad Mercantil denominada MINERALES ENTRE MARES, S. A. de C. V., a través de su Representante Procesal, todos ellos de generales expresadas en el preámbulo de este fallo.- TERCERO: ABSUELVE a la parte demandada la Sociedad Mercantil denominada MINERALES ENTRE MARES HONDURAS, S.A. de C. V. de la acción deducida en su contra por la parte Demandante EL ESTADO DE HONDURAS.- CUARTO: CON COSTAS.- QUINTO: Que la Secretaría del Despacho proceda a dar estricto cumplimiento al articulo 202 sobre la notificación, publicación, archivo y registro de la presente resolución y una vez firme la misma expídase certificación integra a las partes en juicio.- SEXTO: Contra esta sentencia cabe Recurso de Apelación que deberé interponerse y formalizarse dentro del plazo de diez (10) días contados al día siguiente a la notificación de la misma, cumpliendo los requisitos del artículo 709 del Código Procesal Civil.” SEGUNDO: La representante procesal del ESTADO DE HONDURAS, abogada KARLA PATRICIA MENDOZA ARTICA, presentó en fecha dos de octubre del dos mil catorce, escrito de interposición y formalización de recurso de casación contra la sentencia de fecha diecinueve de agosto del año dos mil catorce, dictada por la Corte Segunda de Apelaciones de lo Civil del departamento de Francisco Morazán, resolviendo el Ad-quem, mediante auto de fecha seis de octubre del año dos mil catorce, tener por interpuesto y formalizado el Recurso de Casación en tiempo y forma por parte de la Recurrente y acordó dar copia del mismo a la parte contraria para que dentro del plazo de diez días hábiles se pronunciara sobre el contenido del escrito. TERCERO: El representante procesal de la sociedad mercantil denominada “MINERALES ENTREMARES HONDURAS, S.A.”, abogado EDWIN ARMANDO PINEDA MADRID, en fecha veintiuno de octubre del año dos mil catorce, presentó escrito de pronunciamiento sobre el contenido del recurso de casación interpuesto y formalizado por la contraparte, resolviendo la Corte Segunda de Apelaciones de lo Civil del departamento de Francisco Morazán, tener por pronunciado en tiempo y forma sobre el contenido de la interposición y formalización del Recurso de Casación al Recurrido, ordenando remitir las presentes diligencias a la Honorable Corte Suprema de Justicia dentro del plazo que manda la ley, para proseguir con el trámite correspondiente. CUARTO: Recibidas las actuaciones en éste Tribunal, los abogados EDWIN ARMANDO PINEDA MADRID y KARLA PATRICIA MENDOZA ARTICA, ambos en sus condiciones ya indicadas, presentaron escritos de personamiento en fechas veintinueve de octubre y tres de noviembre del año dos mil catorce, y una vez visto el informe rendido por la Secretaría de esta Corte Suprema de Justicia, se les tuvo por personados en tiempo. QUINTO: Que la parte recurrente plantea su recurso de casación contra la sentencia dictada por la Corte Segunda de Apelaciones de lo Civil del departamento de Francisco Morazán, en dos motivos de la siguiente manera: “MOTIVOS DE CASACION El Recurso Extraordinario de Casación, es aplicable a los casos que las normas legales determinan, y puede invocarlo quien obtenga una sentencia negativa total o parcial en Apelación su fin es proteger el derecho fundamental de los ciudadanos a la igualdad en la aplicación de la Ley, y es procedente cuando el fallo emitido en Apelación ha causado Agravios, sin reconocer el derecho que asiste a la parte, ocasionándole daños y perjuicios irreparables, violentándole los derechos Constitucionales o la Ley ordinaria aplicable al caso concreto de sus pretensiones.- La finalidad de este recurso es identificar si durante todo el proceso y hasta la sentencia una vez agotadas las instancias, existen causales de nulidad en el juicio de derecho por infracción de ley o de una norma procesal, debiendo en su caso anular la sentencia recurrida, dejándola sin efecto. Pudiendo las partes a fin de mantener la unificación de la jurisprudencia nacional, invocar cualesquier otras resoluciones que se hayan emitido en iguales circunstancias o similares pretensiones, con el propósito de crear la jurisprudencia y así garantizar la equidad e igualdad de sus derechos. En nuestro Código Procesal Civil se establece expresamente para el caso del recurso de casación los siguientes artículos: “ARTICULO 716.- FINES DE LA CASACIÒN. 1. El recurso de casación tiene como fines la protección de las normas del ordenamiento jurídico, procurando y promoviendo la más adecuada aplicación e interpretación del derecho objetivo, así como la unificación de la jurisprudencia nacional. 2. Las normas sobre recurso de casación deberán aplicarse e interpretarse en la forma más favorable a la finalidad de unificación de la jurisprudencia como instrumento de garantía de la igualdad de todos ante la ley, y de la seguridad y certidumbre jurídicas”. La primera es la que se conoce en la doctrina como la finalidad eminentemente defensora del ius constitutionis, del ordenamiento jurídico, a través de dos vías, ordenadas ambas a la común tarea de una exacta interpretación de la ley (Calamandrei): la función nomofilàctica, de protección o salvaguarda de la norma; y la segunda es la llamada función uniformadora de la jurisprudencia en la interpretación y aplicación del derecho objetivo para lograr la unidad del ordenamiento jurídico. Pero es además, finalidad de la casación instaurada por el Código Procesal Civil la defensa del ius litigatoris, en tal virtud se suprime el reenvío al tribunal de instancia para que la sala, o en su caso, el Pleno, decidan sobre el fondo, declarando definitivamente lo que en derecho proceda cuando se trate de un error en el juicio; en esa forma la casación ahora responde al objetivo de que los particulares tengan derecho a un recurso rápido y sencillo a la manera en que lo exigen los arts. 8.1 y 25.1 de la Convención Interamericana de Derechos Humanos, para lograr a través de la casación la justicia que se les negó en el fallo del tribunal de instancia. “ARTICULO 717: RESOLUCIONES RECURRIBLES: Solo serán recurribles en casación las sentencias y los autos que pongan termino al pleito, haciendo imposible su continuación, dictados en apelación por las Cortes de Apelaciones en el proceso ordinario así como las sentencias que expresamente establezca este código”. En el presente caso la sentencia o auto resolutivo emitido por el Juzgado de primera instancia por medio de la cual se declaró con lugar la excepción o defecto procesal de falta de legitimación pasiva, y luego dicha sentencia fue confirmada por la Corte Segunda de Apelaciones de lo Civil en consecuencia da por terminado el juicio de pago por vía de repetición, lesionando gravemente los derechos de mi representado. En base a las normas adjetivas señaladas Honorable Corte hacemos constar los siguientes motivos: Primer MOTIVO: Se impugna la interpretación errónea del Artículo 1423 del Código Civil en relación con el Artículo 17 del mismo Código, empleado para la solución de fondo del litigio. SEGUNDO MOTIVO: Se impugna la sentencia dictada por la Corte Segunda de Apelaciones de lo Civil por falta de aplicación del Artículo 119 del Código de Minería al caso concreto. PRECEPTO AUTORIZANTE. El motivo de casación se encuentra comprendido en el Artículo 719.2 del Código Procesal Civil. IDENTIFICACIÒN DE PRONUNCIAMIENTO QUE SE IMPUGNA: Se impugna totalmente la parte dispositiva de la sentencia recurrida, salvo en la parte que dispone SIN COSTAS. CONCEPTO DE LA INFRACCION. Con fecha 13 de diciembre de 2013 el juzgado de Letras Civil de este Departamento estimó la excepción de falta de legitimación procesal Pasiva (ad Causam) interpuesta por el apoderado de la sociedad Minerales Entre Mares Honduras, S.A. de C. V. y desestimó la demanda ordinaria de pago por vía de repetición interpuesta por el ESTADO DE HONDURAS y condenó al pago de costas. Recurrida que fue la sentencia, el Tribunal de Alzada falló: “PRIMERO: DECLARA sin lugar el recurso de apelación. SEGUNDO: Confirma la sentencia recurrida de fecha doce (12) de diciembre del año dos mil trece (2013). TERCERO: Sin costas.” La Corte recurrida sustentó la sentencia en la siguiente motivación: “Por su lado la parte demandante ahora apelante, estima que ha acontecido el pago de acuerdo a lo que dispone el artículo 1423 del Código Civil y arguye además que se da cumplimiento a los tres requisitos que le asisten para hacer el cobro, por un lado que la entidad pública fue condenada al pago, que dicho pago se produjo por falta de pago de la sociedad entre mares del 5% al descubridor del contrato de concesión y que se efectuó el pago, este Ad quem al verificar o analizar la norma sustantiva antes aludida, y mas propiamente en lo atinente al párrafo que expresa “El que pagaré por cuenta de otro, podrá reclamar del deudor lo que hubiese pagado, a no haberlo hecho contra su expresa voluntad. En este caso, sólo podrá repetir del deudor aquello en que le hubiera sido útil el pago, se estima que el pago que hace referencia la norma precitada y en consecuencia el criterio del Aquo debe de circunscribirse en primer término a un pago “voluntario y espontáneo del tercero”, (el que en ningún momento se considera deudor ni mucho menos obligado imperativamente al mismo), y no tal y como ha acontecido en el sub judice, en donde el Estado fue compelido u obligado al desembolso de una cantidad de dinero en que dicho sea de pago por razones presupuestarias no fue honrado o cancelado de forma expedita acrecentándose dicho monto con los intereses inherentes y que ahora incluso se pretenden reprochar a la parte demandada, por otro extremo y teniendo certeza de que la Empresa Entre Mares en ningún momento se ha considerado deudora de los valores relacionados, la repetición pretendida por el Estado en lo que le hubiera sido útil dicho pago a la parte demandada, no es de recibo, ya que por el contrario dicho valor lo sería en menoscabo o detrimento de sus arcas, sin dejar de señalar que no se puede afirmar que se haya explotado el sitio del descubrimiento denominado “agua tibia” por los razonamientos antes expresados.” (la cursiva y negrillas es nuestra). El razonamiento del Ad quem se resume asì: el pago debe hacerse en forma voluntaria o espontánea de parte del tercero que el Estado fue compelido u obligado al desembolso de una cantidad de dinero el que por razones presupuestarias no fue honrado o cancelado de forma expedita, acrecentándose dicho monto con los intereses inherentes; que la empresa Entre Mares en ningún momento se ha considerado deudora de los valores relacionados; y que la repetición pretendida en lo que hubiera sido útil a la parte demandada porque dicho valor sería en menoscabo detrimento de sus arcas y que no se puede afirmar que se explotó el sitio “agua tibia”. El artículo 1423 del Código Civil prescribe: El que pagaré por cuenta de otro, podrá reclamar del deudor lo que hubiese pagado, a no haberlo hecho contra su expresa voluntad. En este caso, sólo podrá repetir del deudor aquello en que le hubiera sido útil.” De la lectura de éste artículo se infiere un sentido totalmente diferente al razonamiento que hace el Tribunal Sentenciador en la sentencia impretada. El artículo 17 del Código Civil expresa: “No podrá atribuirse a la ley otro sentido que el que resulta explícitamente de sus propios términos, dada la relación que entre los mismos debe existir y la intención del legislador. Pues bien, El artículo 1423 del Código Civil es claro en su texto y de ninguna manera se entiende en un sentido como el que el Ad quem le ha dado. El artículo 1423 no dice que el pago tiene que hacerse necesariamente en forma voluntaria. El Estado de Honduras pago la cantidad reclamada por resultas de una sentencia dictada por un juzgado en un proceso en donde la misma Minerales Entre Mares Honduras, S.A. DE C. V., fue coadyuvante, es decir que conocía perfectamente la existencia de la obligación a su cargo, sin embargo la obligación fue ejecutada en el patrimonio del Estado de Honduras. Consta además que la liquidación fue establecida en base a la información que proporcionó la empresa Entre Mares Honduras, S.A. sobre las utilidades percibidas en la explotación de la zona minera. En éste caso particular, de haber pagado el Estado de Honduras en forma voluntaria habría aceptado una obligación que no le correspondía, pero pagando por resultas de una sentencia de la cual no pudo desvincularse pues además fue ejecutada de manera coercitiva en su patrimonio. La expresión “a no haberlo hecho contra su expresa voluntad” se refiere a la voluntad del deudor o sea a Minerales Entre Mares Honduras, S.A. que como ya lo he expresado, siendo coadyuvante del Estado de Honduras en la demanda que le promoviera La Caridad, S. de R. L de C. V. ante la jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, hizo oposición a las pretensiones de ésta, no obstante la oposición de ambas, la demanda fue declarada procedente. Y cuando dice el párrafo tercero “en este caso (a no haberlo hecho contra su expresa voluntad), sólo podrá repetir del deudor aquello en que le hubiera sido útil el pago” es precisamente al caso que esta ejercitando el Estado de Honduras, en lo que le ha sido útil el pago a Minerales Entre Mares Honduras, S. A. de C. V., y siendo que la obligación le correspondía cancelarla a la demandada, al haberlo hecho el Estado de Honduras, se beneficio de ello. El hecho que Minerales Entre Mares Honduras, S.A. no se considere deudora es su propio criterio, pero ello no significa que no sea la obligada al pago pues la obligación nació de la Ley (Código de Minería). De acuerdo con el artículo 1423, lo que el Estado de Honduras ha hecho con esta demanda es repetir contra la Sociedad Minerales Entre Mares Honduras, S.A. de C. V. en lo que le ha sido útil, es decir en lo que pagó por lo que correspondía a ella. Es así que la interpretación que hace el Tribunal Sentenciador del artículo 1423 del Código Civil es errónea, e incide en la sentencia de tal manera que la llevó a confirmar el fallo de primera instancia en la que se ha declarado con lugar la excepción de falta de legitimación procesal pasiva (ad causam), con el consabido perjuicio para el Estado de Honduras pues pagó por una obligación que no le correspondía. Por su interés, me remito al tratadista José María Manresa y Navarro comentando el artículo 1558 que es similar el redacción con el artículo 1423 de nuestro Código Civil. El artículo 1558 del Código Español reza así: ”Puede hacer el pago cualquiera persona, tenga o no interés en el cumplimiento de la obligación, ya lo conozca y lo aprueba, o ya lo ignore el deudor. El que pagare por cuenta de otro podrá reclamar del deudor lo que hubiere pagado, a no haberlo hecho contra su voluntad. En este caso sólo podrá repetir el deudor aquello en que le hubiere sido útil.” “La facultad de repetir lo que por el deudor se ha satisfecha se basa en el solo hecho del pago y en una consideración de elemental justicia. Pero solo da al tercero que paga una simple acción personal, cuya procedencia declara la ley, sin que ostente los demás derechos, facultades o garantías que al acreedor reconociese la obligación antigua, que al ser pagada quedó como tal extinguida… La acción de reembolso que concede el párrafo segundo del artículo 1158 a favor de aquel que paga por otro, solo puede dirigirse contra aquel por quien se hizo el pago (S. 7 febrero 1956), o en cuyo nombre o en cuya utilidad fue practicado. (S. 22 mayo 1957) no es necesaria la subrogación del artículo 1159 para la acción in remverso que concede el artículo 1158 a favor de quienes hicieron efectiva la deuda de otro y contra el definitivamente obligado a la indemnización satisfecha, por quien repitió en razón del cumplimiento de una deuda ajena. (S. 28 noviembre 1960)… los anticipos satisfechos por tercera persona con aprobación del deudor, o por lo menos con su conocimiento, merecen la calificación jurídica de pago, y en ambos casos la consecuencia de derecho sería la misma en punto a la procedencia de la acción de reembolso ejercitada de acuerdo con lo que dispone el artículo 1158 del Código Civil. (S.3 Julio 194.)… Se necesita que el deudor se oponga al pago para que éste surta efectos limitados en cuanto a su repetición reclamada del deudor. Dice en este punto la ley, que en tal caso únicamente se podrá reclamar en cuanto el pago hubiera sido útil al deudor, y esta idea de utilizar como base de la limitación ha dado lugar a diversos comentarios. Partiendo todos de la consideración evidente de que todo pago es por lo general útil al deudor, en cuanto le libera de la obligación debida, y en muchos casos de la consecuencia de su incumplimiento, se suele decir que esa utilidad dejará de existir cuando el deudor hubiera podido oponer una excepción al acreedor a quien pagó, y será, por tanto de aplicar el precepto limitativo del Código en la medida en que tal excepción hubiere producido rebaja. Conformes nosotros en que tales casos tendrán perfecta aplicación dicho precepto del artículo 1158, entendemos que tiene este una mayor amplitud. Nos basamos para ello en dos razones. La primera es que esa limitación producida por excepciones ya causadas y perfectas, no es exclusiva de esta hipótesis de un pago realizado contra la voluntad del deudor, sino aplicable en iguales términos al caso anterior y distinto de un pago hecho ignorándolo el que debe. Pues no cabe siquiera poner en duda que también en este caso, si el tercero paga una obligación condonada, satisfecha o prescrita, nada podrá exigirse del deudor y si del acreedor que cobró lo indebido. Es el segundo de los motivos en que nos basamos, que teniendo las excepciones, naturales y nombre jurídicos, y efectos absolutos, de referirse sólo a ellas la ley, las hubiera consignado con precisión, en vez de emplear una palabra que representa una idea tan relativa como la utilidad, lo cual autoriza, en nuestro entender, que el deudor pueda alegar contra el tercero cualesquiera perjuicios que el pago le haya ocasionado con tal que resulten aquellos demostrados y fundados. ¿A quién corresponde la prueba de esta hipótesis? Creemos que al tercero le basta con acreditar el pago y alegar la presunción de utilidad que éste supone, sin que pueda exigírsele que, además aduzca la prueba negativa de ausencia de perjuicios para el deudor, debe mostrarlos como medios que son su defensa.” (la cursiva es mía).- Págs. 607 al 611 Comentarios al Código Civil Español. José María Manresa y Navarro. Tomo VII, Volumen I, Sexta edición. Editorial Reus, S.A. Por otra parte Honorable Corte, el Estado de Honduras señaló para la interposición de la demanda de pago por vía de repetición que el vinculo jurídico existente con la sociedad demandada lo constituye el contrato de “concesión minera” suscrito entre la Dirección Ejecutiva de Fomento a la Minería (DEFOMIN) y la sociedad Minerales Entre Mares Honduras, S.A. de C. V.- No obstante la Corte Segunda de Apelaciones de lo Civil mediante sentencia dictada el 19 de agosto de 2014 a desconocido las normas de derecho empleadas para el fondo del asunto pues señaló que la sociedad demandada “en ningún momento ha aceptado o reconocido la deuda aludida del valor equivalente al 5% referenciado y previamente pagado por el Estado.- El Estado señaló en la demanda que el Código de Minería emitido mediante Decreto 143, publicado el 22 de abril de 1989 establecía: “Artículo 119. El descubridor de una mina en terreno libre de derechos mineros, que actúe por cuenta propia y no llene los requisitos legales para ser permisionario de explotación no concesionario de explotación, tendrá derecho a una participación equivalente al cinco por ciento (5%) de las utilidades netas de la explotación por un período de veinte (20) años. Dicha participación la hará efectiva la o las personas que obtengan la concesión respectiva de explotación. El Poder Ejecutivo, reglamentará la forma, requisitos plazos y demás modalidades para hacer efectivo este derecho.” (El subrayado es nuestro). La Sentencia impugnada por el presente recurso señaló erróneamente que la sociedad demandada en el juicio de repetición nunca fue declarada por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo como “deudor”, siendo claro que según el Código de Minería en el artículo 119, el sujeto que debía pagar los derechos de descubridor, era el concesionario de la zona minera San Martín, concedida a la sociedad demandada mediante un permiso de explotación adecuado en un contrato de concesión minera, que abarca el derecho de descubridor. Siendo así, si la sociedad Entre Mares Honduras S.A. de C. V., era la titular de la concesión y quien comercializó directamente el producto minero y la que percibió las utilidades de la mina descubierta y explotada, por tanto, correspondía a dicha sociedad pagar el derecho del descubridor contemplado en el artículo 119 del Código de Minería vigente en la época en que se otorgó la concesión, derecho consistente en el 5% de las utilidades de la explotación minera, el cual fue declarado y reconocido a favor de la sociedad La Caridad S de R. L. en la Sentencia Definitiva de fecha 29 de octubre del 2003, dictada por el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo. Por lo expuesto, y siendo evidente la interpretación errónea que ha hecho el Tribunal Sentenciador del artículo 1423 del Código Civil, en relación con el 17 del mismo Código, por lo que se impugna la sentencia emitida por la Corte Segunda de lo Civil por interpretación errónea del primer artículo citado del Código Civil y por otra parte se ha obviado la aplicación del artículo 119 del Código de Minería motivos de casación comprendidos en el artículo 719 número 2 del Código Procesal Civil que señala que es procedente en derecho que se case la sentencia recurrida y que se declare con lugar la demanda que por vía de repetición interpuso el Estado de Honduras en contra de la sociedad Minerales Entre Mares, S.A. de C. V., desestimando la excepción de falta de legitimación procesal pasiva opuesta por la demandada, se le condene al pago de la cantidad reclamada y las costas del proceso”. II. FUNDAMENTOS DE DERECHO 1. Esta Sala de lo Civil, viene reiterando la Naturaleza y función del recurso de casación, así pues, el recurso de casación tiene una función nomofiláctica, en virtud de lo cual el artículo 716 del Código Procesal Civil dispone dos fines expresos, el primero de ellos, es la protección de las normas del ordenamiento jurídico, y esto se hace, procurando y promoviendo la más adecuada aplicación e interpretación del derecho objetivo. El segundo fin es la unificación de la jurisprudencia nacional. Por su parte el numeral dos del artículo precitado, conmina a este alto tribunal a que aplique e interprete las normas referidas al recurso de casación atendiendo a la finalidad de unificación de la jurisprudencia, esto como instrumento de garantía de la igualdad de todos ante la ley, y de la seguridad y certidumbre jurídicas. (ver resoluciones de fechas 13-12-2013 exp. 236-2012, 18-03-2014 exp. 003-2013 y 06-05-2014 exp. 135-2013). 2. De conformidad con el artículo 719 del Código Procesal Civil, se podrá impugnar la aplicación e interpretación de las normas procesales, así como la aplicación e interpretación de las normas de derecho empleadas para la solución de fondo del litigio, y de conformidad con el artículo 721 del mismo código, el recurso de casación se interpondrá por escrito ante la Corte de Apelaciones que hubiere dictado la sentencia dentro de los veinte días siguientes al de la notificación. En ese escrito se harán constar los motivos en que la casación se base, con expresión de las normas de derecho cuya infracción sustente cada motivo. Todo ello se deberá fundar con la suficiente separación y claridad, precisando y justificando la incidencia de la infracción en el sentido de la resolución impugnada, también se hará constar si el recurrente estima necesario la celebración de la audiencia. 3. Con los requisitos formales establecidos en el artículo 721 del Código Procesal Civil queda reconocido el denominado principio de “Debida técnica”, que constituyen los mínimos requerimientos que debe contener la demanda de casación a efectos de ser tenida como un verdadero juicio técnico de impugnación, valorativo y preciso; como consecuencia de esta exigencia legal tenemos que el principio de debida técnica requiere observarse en los siguientes sentidos: a) Elegir con puntualidad la causal. b) No salirse ni desbordarse con sus alegaciones, de los extremos y contenidos conceptuales o valorativos, o ámbitos propios de la causal elegida. c) Elaborar planteamientos con claridad y precisión. 4. DEL RECURSO DE CASACION EN SU PRIMER MOTIVO POR INTERPRETACIÒN ERRONEA DEL ARTÌCULO 1423 DEL CODIGO CIVIL EN RELACION CON EL ARTÌCULO 17 DEL MISMO CODIGO INTERPUESTO POR LA ABOGADA KARLA PATRICIA MENDOZA ARTICA REPRESENTANTE DEL ESTADO DE HONDURAS. La impetrante ha planteado como primer motivo de casación la interpretación errónea del artículo 1423 del Código Civil en relación con el artículo 17 del mismo Código, empleado para la solución del fondo del litigio, señalando como precepto autorizante el artículo 719.2 del Código Procesal Civil. Examinada la explicación del recurso se logra entender que su propósito es impugnar por interpretación errónea el precepto 1423 del código civil en relación también con el artículo 17 del citado Código. Si bien el artículo 17 del Código Civil, es un precepto de carácter general, que como se ha dicho reiteradamente no son susceptibles de ser impugnados en casación si estos son planteados en forma aislada; al respecto la doctrina ha establecido que las disposiciones de carácter general no son susceptibles de ser examinadas en casación porque con ello se da lugar a la indeterminación y falta de claridad del motivo con la consecuente indefensión para la parte contraria, sin embargo, es preciso aclarar que si es posible la cita de normas generales en relacionan con preceptos homogéneos con la norma general pero más específicos[1], (ver resoluciones de fechas 17-02-2015 exp. 123-2014; 15-08-2016 exp. 142-2015 y 27-05-2015 exp. 248-2014) tal y como se da en el presente caso en que la impetrante cita un precepto específico relacionado directamente con la acción incoada, esto es el artículo 1423 del Código Civil. El argumento central de la censora radica en afirmar que “el razonamiento del Ad quem se resume así: el pago debe hacerse en forma voluntaria o espontánea de parte del tercero, que el Estado fue compelido u obligado al desembolso de una cantidad de dinero el que por razones presupuestarias no fue honrado o cancelado de forma expedita, acrecentándose dicho monto con los intereses inherentes; que la empresa Entre Mares en ningún momento se ha considerado deudora de los valores relacionados; y que la repetición pretendida en lo que hubiera sido útil a la parte demandada porque dicho valor sería en menoscabo de sus arcas y que no se puede afirmar que se explotó el sitio “agua tibia”. El artículo 1423 del Código Civil prescribe: El que pagaré por cuenta de otro, podrá reclamar del deudor lo que hubiese pagado, a no haberlo hecho contra su expresa voluntad. En este caso, sólo podrá repetir del deudor aquello en que le hubiera sido útil.” De la lectura de éste artículo se infiere un sentido totalmente diferente al razonamiento que hace el Tribunal Sentenciador en la sentencia impetrada. El artículo 17 del Código Civil expresa: “No podrá atribuirse a la ley otro sentido que el que resulta explícitamente de sus propios términos, dada la relación que entre los mismos debe existir y la intención del legislador. Pues bien, El artículo 1423 del Código de ninguna manera se entiende en un sentido como el que el Ad quem le ha dado. El artículo 1423 no dice que el pago tiene que hacerse necesariamente en forma voluntaria. El Estado de Honduras pago la cantidad reclamada por resultas de una sentencia dictada por un juzgado en un proceso en donde la misma Minerales Entre Mares Honduras, S.A. DE C. V., fue coadyuvante, es decir que conocía perfectamente la existencia de la obligación a su cargo, sin embargo la obligación fue ejecutada en el patrimonio del Estado de Honduras. En éste caso particular, de haber pagado el Estado de Honduras en forma voluntaria habría aceptado una obligación que no le correspondía, pero pagando por resultas de una sentencia de la cual no pudo desvincularse pues además fue ejecutada de manera coercitiva en su patrimonio. La expresión “a no haberlo hecho contra su expresa voluntad” se refiere a la voluntad del deudor o sea a Minerales Entre Mares Honduras, S.A. que como ya lo he expresado, siendo coadyuvante del Estado de Honduras en la demanda que le promoviera La Caridad, S. de R. L de C. V. ante la jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, hizo oposición a las pretensiones de ésta, no obstante la oposición de ambas, la demanda fue declarada procedente. Y cuando dice el párrafo tercero “en este caso (a no haberlo hecho contra su expresa voluntad), sólo podrá repetir del deudor aquello en que le hubiera sido útil el pago” es precisamente al caso que esta ejercitando el Estado de Honduras, en lo que le ha sido útil el pago a Minerales Entre Mares Honduras, S. A. de C. V., y siendo que la obligación le correspondía cancelarla a la demandada, al haberlo hecho el Estado de Honduras, se beneficio de ello. El hecho que Minerales Entre Mares Honduras, S.A. no se considere deudora es su propio criterio, ello no significa que no sea la obligada al pago pues la obligación nació de la Ley (Código de Minería). De acuerdo con el artículo 1423, lo que el Estado de Honduras ha hecho con esta demanda es repetir contra la Sociedad Minerales Entre Mares Honduras, S.A. de C. V. en lo que le ha sido útil, es decir en lo que pagó por lo que correspondía a ella. Es así que la interpretación que hace el Tribunal Sentenciador del artículo 1423 del Código Civil es errónea, e incide en la sentencia de tal manera que la llevó a confirmar el fallo de primera instancia en la que se ha declarado con lugar la excepción de falta de legitimación procesal pasiva (ad causam), con el consabido perjuicio para el Estado de Honduras pues pagó por una obligación que no le correspondía”. Esta Sala de lo Civil considera que si examinamos el numeral 2 del artículo 721 del Código Procesal Civil, este establece como requisito del escrito de interposición del recurso de casación, que se haga constar el motivo de casación con expresión de las normas de derecho cuya infracción sustente el motivo, con la debida separación y claridad, precisando y justificando la incidencia de la infracción en el sentido de la resolución impugnada, requisitos que en opinión de este Tribunal, han sido observados por la casacionista toda vez que ha sido capaz de exponer con la debida claridad la norma infringida y como la interpretación errónea de esa norma según su criterio incide en el sentido en que ha sido dictada la resolución recurrida, consecuentemente este Tribunal de Casación aprecia que la censora ha elegido con puntualidad la causal y ha sido clara y precisa, por lo tanto, no es posible dar cabida a alguna de las causales de inadmisión previstas en el Código Procesal Civil en tanto se han cumplido por la censora las exigencias y requisitos establecidos por la ley para el escrito de interposición y formalización, mismo que no resulta manifiestamente infundado, por lo que es procedente admitir este primer motivo de casación. 5. DEL RECURSO DE CASACION EN SU SEGUNDO MOTIVO POR FALTA DE APLICACIÓN DEL ARTICULO 119 DEL CODIGO DE MINERIA INTERPUESTO POR LA ABOGADA KARLA PATRICIA MENDOZA ARTICA REPRESENTANTE DEL ESTADO DE HONDURAS. La recurrente ha planteado como segundo motivo de casación, la falta de aplicación del artículo 119 del Código de Minería, señalando como precepto autorizante el artículo 719.2 del Código Procesal Civil. Al examinar la explicación de este motivo de casación, se observa que la recurrente cuestiona la sentencia recurrida por estimar que la sociedad demandada nunca fue declarada por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo como deudor, no obstante que el artículo 119 del Código de Minería señala que quien debe pagar los derechos del descubridor es el concesionario, esta explicación al ser confrontada con el texto de la sentencia no encuentra congruencia en tanto que en la sentencia, el Tribunal de segunda instancia si se da a la tarea de exponer el contenido del artículo supuestamente ignorado para luego concluir que no se da el presupuesto fáctico previsto en dicha norma, al expresar que “no es posible considerar que dicho denuncio haya sido explotado, por parte de la empresa demandada”, por lo tanto no se puede hablar de falta de aplicación de un precepto que si fue considerado por el Juzgador de segunda instancia, sino mas bien de cuestionar las apreciaciones fácticas o motivaciones elaboradas por el Tribunal a partir de los elementos de prueba aportados en juicio pero para ello era necesario abordar la impugnación por una causal de orden procesal lo que no ha sido verificado por el censor, en consecuencia faltan los requisitos necesarios para la elaboración de este motivo de casación pues no existe una relación entre la norma anunciada como infringida y la cuestión debatida, pues la norma es sustantiva y la cuestión debatida es de orden procesal, en consecuencia concurre una causal de inadmisión para este motivo en observancia del artículo 723.2 a) del Código Procesal Civil. III. PARTE DISPOSITIVA Por lo antes expuesto la Sala de lo Civil de la Corte Suprema de Justicia, pronunciándose por unanimidad de votos e impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, en base a los fundamentos de derecho citados y haciendo aplicación de los artículos 303, 304, 313 numeral 5) y 316 de la Constitución de la República; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 115, 118 numeral 1), 129, 169, 170, 190, 191, 193, 197, 199, 716, 717, 718, 719.2, 721, 722, 723, 724.1, 725, del Código Procesal Civil; 17 y 1423 del Código Civil y 119 del Código de Minería; profiere el presente AUTO IRRECURRIBLE y DECLARA: PRIMERO: La admisión a trámite del recurso de casación en su primer motivo interpuesto y formalizado por la abogada KARLA PATRICIA MENDOZA ARTICA, en su condición de representante procesal del Estado de Honduras. SEGUNDO: La inadmisión del segundo motivo del recurso de casación interpuesto y formalizado por la abogada KARLA PATRICIA MENDOZA ARTICA, en su condición de representante procesal del Estado de Honduras. TERCERO: No considerando esta Sala que sea necesaria la audiencia de vista, omítase la misma y señálese el día miércoles doce de octubre del año dos mil dieciséis para la votación y fallo, debiéndose dictar la sentencia dentro de los quince (15) días siguientes al de la votación y fallo. NOTIFIQUESE. FIRMAS Y SELLO. REYNALDO ANTONIO HERNANDEZ. MAGISTRADO COORDINADOR. WILFREDO MENDEZ ROMERO. MAGISTRADO. RINA AUXILIADORA ALVARADO MORENO. MAGISTRADA. FIRMA Y SELLO. BETTY JANETH PALMA O´CONNOR. RECEPTORA ADSCRITA”.

Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los Nueve días del mes de Mayo de Dos Mil Diecisiete; Certificación del Auto de fecha Trece de Septiembre de Dos Mil Dieciséis, recaído en el Recurso de Casación registrado bajo el No. 320=2014.

BETTY JANETH PALMA O’CONNOR

RECEPTORA ADSCRITA

[1] Al respecto: Sallas Carceller Antonio en Practica Procesal Civil de los Recursos de Casación y Extraordinario por Infracción Procesal. Aranzadi. Primera Edición. 2012. España. P. 62.