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Sentencia CC-294-15 — Registro 6352

Resumen

En primera instancia se declaró sin lugar la demanda ordinaria de pago de honorarios profesionales, causados y no pagados de conformidad al artículo 82 del Arancel del Profesional del Derecho, más los intereses legales causados. Confirmada en segunda instancia.

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

“Esta Sala de lo Civil referente al único motivo de casación, razona así: No es procedente por la técnica recursiva fundar el recurso de casación en un conjunto heterogéneo e indiscriminado de normas. Es decir, el compareciente en el presente motivo por un lado enuncia que fue interpretado erróneamente por parte del Tribunal de Apelaciones el artículo 11 párrafo segundo del Arancel del Profesional del Derecho y por otro dentro del desarrollo de su motivo refiere esa misma mala interpretación por parte del ad quem en los artículos 1546 que contempla la ejecución de buena fe de los contratos y la libertad de contratación, 1547 en lo referente al principio de autonomía de la voluntad en los contratos, 1552 que se refiere a los requisitos esenciales para la validez de los contratos y 1573 en la eficacia de los contratos desde su perfeccionamiento, todos del Código Civil. 3. Del escrito de formalización del recurso de casación, se hace evidente la inobservancia de los requisitos fundamentales exigidos por la ley para su admisibilidad, se recuerda al Recurrente que es el caso y ante la necesaria exigencia del rigor técnico y formal que demanda la naturaleza de la casación como recurso extraordinario, Esta Sala de lo Civil precisa señalar lo siguiente: Como línea jurisprudencial ha mantenido algunos elementos que deben observarse en casación con relación a la observancia rigurosa de la técnica casacional, como ser los requisitos siguientes: a) Se expondrán en motivos y apartados separados cada una de las vulneraciones o infracciones que se denuncien como cometidas en la sentencia recurrida, sin que resulte admisible la enumeración global o indiscriminada de preceptos, ni en el planteamiento de cuestiones diversos en cada apartado que puedan generar confusión e imposibilidad de conocer con exactitud la concreta infracción de su alcance para poder juzgar sobre ello. Ello implica la necesidad de una exposición separada de cada una de las infracciones integrantes del motivo. Este requisito es inherente a la calidad y precisión en la formulación del recurso. b) Se deberá indicar en cada apartado, con toda claridad, el precepto concreto de la norma que se considere infringido. c) No es procedente fundar el recurso en un conjunto heterogéneo e indiscriminado de normas. d) Evitar citar como infringidos los preceptos haciendo uso de expresiones como: “y demás aplicables”, “y siguientes” o “concordantes”, sin indicar cuáles son. e) No puede citarse como infringida toda una ley, sino que deben citarse artículos determinados y aún párrafos concretos. f) Deberá razonarse con la extensión que se estime necesaria la pertenencia y la fundamentación del motivo, explicando en qué consistió la infracción y de qué modo afectó a la decisión de la cuestión o cuestiones objeto del proceso. No se estimará la procedencia si el Recurrente se limita a transcribir, sin más, el texto de cada precepto, sin razonar por tanto, debidamente el por qué la sentencia recurrida los ha infringido. g) El recurrente tiene que partir de que asume los hechos declarados probados en la sentencia recurrida, sin que pueda hacer cuestión de ellos. Con mayor razón si se tiene en cuenta que todo lo relativo a la carga o valoración de la prueba no puede aducirse por el recurso de casación conforme al motivo expresado en el artículo 719 numeral 2) del Código Procesal Civil, sino únicamente por el motivo de infracción procesal, contenido en el artículo 719 numeral 1) del Código Procesal Civil. h) No pueden plantearse cuestiones nuevas, aunque la Sala si podrá atender a las cuestiones de orden público (aportación extemporánea de hechos). 4. Por consiguiente se inadmite el presente recurso de casación de acuerdo a lo contenido en el articulo 723.2 inciso a), del Código Procesal Civil que en su parte conducente preceptúa “…1… 2. Sólo podrá inadmitirlo por las causales siguientes: a) Incumplimiento de las exigencias y requisitos establecidos por este Código para el escrito de interposición y formalización, entre las que se comprende la falta de relación de las normas de derecho citado como infringido con las cuestiones debatidas y la pretensión de que se revise la interpretación y valoración de las pruebas…”.”

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACION

La Infrascrita Receptora Adscrita a la Sala de lo Civil de la Corte Suprema de Justicia, Certifica, el Auto que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los doce días del mes de octubre del año dos mil dieciséis, la Sala de lo Civil, integrada por los Magistrados: REYNALDO ANTONIO HERNÁNDEZ, como Coordinador, WILFREDO MENDEZ ROMERO y RINA AUXILIADORA ALVARADO MORENO, en la fecha supra indicada dictan el siguiente AUTO: SON PARTES: El señor JUAN JOSE ESCOBAR GUZMAN, representado en juicio por el abogado EDGARDO ORELLANA OSORIO, en su condición de recurrente; siendo recurrida la sociedad mercantil denominada SERCOM DE HONDURAS, S.A. DE C.V., representada en juicio por el abogado JUAN CARLOS RIVERA REICHMANN. OBJETO DEL PROCESO: “DEMANDA ORDINARIA DE PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES”, promovida en fecha seis de agosto del año dos mil diez ante el Juzgado de Letras Civil del Departamento de Francisco Morazán, por el señor JUAN JOSE ESCOBAR GUZMAN, mayor de edad, casado, abogado, hondureño y de este domicilio, contra la sociedad mercantil denominada SERCOM DE HONDURAS, S.A. DE C.V., por medio de su representante legal en Honduras, señor LUIS DEL CID, mayor de edad, casado, ejecutivo en negocios, hondureño y de este domicilio. I. ANTECEDENTES DE HECHO PRIMERO: Con fecha veinticinco de agosto del año dos mil quince, la Corte Primera de Apelaciones de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán, conociendo por vía de apelación de la sentencia definitiva de fecha veintitrés de noviembre del año dos mil once, dictada por el Juzgado de Letras Civil del Departamento de Francisco Morazán, en el juicio de mérito, dictó sentencia CONFIRMANDO la sentencia dictada por el A-quo, misma que falló de la siguiente manera: “FALLA: PRIMERO: DECLARANDO SIN LUGAR, la demanda ordinaria de pago de honorarios profesionales, causados y no pagados de conformidad al artículo 82 del Arancel del Profesional del Derecho, más los intereses legales causados desde la fecha en que se consideren debidos más los que se causen desde la fecha de la presentación de la demanda y durante la secuela del juicio, promovida por el Señor JUAN JOSE ESCOBAR GUZMAN, en contra de la Empresa SERCOM DE HONDURAS, S.A. DE C.V., a través de su representante legal en Honduras el Señor LUIS DEL CID, ambos de generales expresadas en el preámbulo de este fallo, en consecuencia ABSUELVE a la Empresa demandada SERCOM DE HONDURAS, S.A. DE C.V., de la pretensión deducida en la presente demanda por parte del demandante Abogado JUAN JOSE ESCOBAR GUZMAN. SEGUNDO: MANDA: Que si dentro del término de ley no se interpone recurso alguno quede firme el presente fallo.- CON COSTAS.- NOTIFIQUESE.” SEGUNDO: El representante procesal del señor JUAN JOSE ESCOBAR GUZMAN, abogado EDGARDO ORELLANA OSORIO, presentó en fecha catorce de septiembre del año dos mil quince, escrito de interposición y formalización del recurso de casación, contra la sentencia de fecha veinticinco de agosto del año dos mil quince, dictada por la Corte Primera de Apelaciones de lo Civil, del Departamento de Francisco Morazán, resolviendo el Ad- quem, mediante proveído de fecha dieciséis de septiembre del año dos mil quince, tener por interpuesto y formalizado el recurso de casación, por parte del Recurrente y acordó conceder a la parte contraria el plazo de diez (10) días hábiles para que se pronunciara sobre el contenido del escrito, debiendo entregársele copia del mismo. TERCERO: El representante procesal de la sociedad mercantil denominada SERCOM DE HONDURAS, S.A. DE C.V., abogado JUAN CARLOS RIVERA REICHMANN, presentó en fecha treinta de septiembre del año dos mil quince, escrito de pronunciamiento sobre el contenido del recurso de casación interpuesto y formalizado por la contraparte, resolviendo la Corte Primera de Apelaciones de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán, remitir las presentes diligencias a la Honorable Corte Suprema de Justicia en el término que manda la ley, para proseguir con el trámite correspondiente. CUARTO: Recibidas las actuaciones en éste Tribunal, los abogados JUAN CARLOS RIVERA REICHMANN y EDGARDO ORELLANA OSORIO, ambos en sus condiciones ya indicadas, presentaron escritos de personamiento en fecha doce de octubre del año dos mil quince, y una vez visto el informe rendido por la Secretaría de esta Corte Suprema de Justicia, este Tribunal, mediante proveído de fecha treinta de noviembre del año dos mil quince, los tuvo por personados dentro del plazo concedido. QUINTO: Que la parte recurrente plantea su recurso de casación contra la sentencia dictada por la Corte Primera de Apelaciones de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán, de la siguiente manera: “MOTIVO UNICO DE CASACIÓN. SUB MODO. Interpretación errónea del artículo 11 párrafo 2°, apartado 1° del Arancel del Profesional del Derecho, en relación con los artículos 1546, 1547, 1552 y 1573 del Código Civil. Precepto autorizante: Artículo 719.2 del Código Procesal Civil. Se aclara que la norma de derecho invocada como motivo de casación por interpretación errónea (Artículo 11 párrafo 2°, apartado 1° del Arancel del Profesional del Derecho), es una sola, pero en relación con varios artículos del Código Civil, invocados como fundamentos de derecho de la sentencia que se recurre. Esta falla de la sentencia de segunda instancia se explica así: El articulo 11 párrafo 2° apartado 1° del Arancel del Profesional del Derecho literalmente nos dice: “En los contratos de consultoría a base de estipulación fija, no se incluirán los honorarios por juicios, asuntos no contenciosos y cuestiones administrativas, los cuales se cobrarán conforme al presente Arancel”. El artículo 1546 del Código Civil nos dice: que: “Los contratos deben ejecutarse de buena fe, y por consiguiente obligan no sólo a lo que en ellos se expresa, sino a todas las cosas que emanan precisamente de la naturaleza de la obligación, o que por ley o la costumbre pertenecen a ella “. El artículo 1547 del Código Civil prescribe que: “Los contratantes pueden establecer los pactos, cláusulas y condiciones que tengan por conveniente, siempre que no sean contrarios a las leyes, a la moral, ni al orden público”. El artículo 1552 del Código Civil expresa que: “No hay contrato sino cuando concurren los requisitos siguientes: 1º Consentimiento de los contratantes. 2º Objeto cierto que sea materia del contrato. 3º Causa de la obligación que se establezca “. El artículo 1573 del Código Civil señala que: “Los contratos serán obligatorios cualquiera que sea la forma en que se hayan celebrado, siempre que en ellos concurran las condiciones esenciales para su validez”. El resaltado en negritas es nuestro. En el Fundamento Jurídico CUARTO de la sentencia recurrida, la Corte Primera de Apelaciones motiva lo siguiente: “De lo expuesto anteriormente, se deduce claramente que el abogado JUAN JOSE ESCOBAR GUZMÁN y SERCOM DE HONDURAS, S. A. de C.V., suscribieron un contrato en el que constan los requisitos de consentimiento, objeto y causa, lo que lo hace válido y por ello de estricto cumplimiento entre los contratantes al tenor de lo contratado y aunque en el Arancel del Profesional del Derecho, se establezca que los servidos de procuración, gestión y consultoría son actuaciones independientes y deben retribuirse de forma separada, lo cierto es que existe un contrato que contiene los requisitos necesarios para su validez y sobre todo aceptación de los términos del mismo y por ello debe ser cumplido en base a lo contratado, además por que el demandante siendo un profesional del derecho, no puede decir que desconoce los términos utilizados en el contrato descrito y por tanto sabe perfectamente que los actos administrativos realizados ante la Alcaldía Municipal de Nacaome, Valle, están dentro de la esfera de lo contratado. Artículos 1346, 1348, 1539, 1540, 1546, 1547, 1548, 1550, 1552, 1553, 1554, 1562, 1569, 1575 último párrafo, 1576 del Código Civil”. El resaltado en negritas es nuestro. Desarrollamos este motivo de casación de la siguiente manera: I.- Nos vemos precisados a repetir que el artículo 11 del Arancel del Profesional del Derecho referente a los Servicios Profesionales por Retribución Fija, señala en su párrafo segundo lo siguiente: “En los contratos de consultoría a base de estipulación fija no se incluirán los honorarios por juicios, asuntos no contenciosos y cuestiones administrativas, los cuales se cobrarán conforme al presente Arancel”. Es necesario destacar que la norma parcialmente reproducida, no es optativa en su mandato, sino que al contrario es imperativa al decir “no se incluirán”, con lo que no puede darse cabida a la interpretación de que la libertad de contratación puede hacer caso omiso de dicha norma. El artículo 1547 del Código Civil, relativo al principio de autonomía de la voluntad o libertad de contratación nos dice que: “Los contratantes pueden establecer los pactos, cláusulas y condiciones que tengan por convenientes, siempre que no sean contrarios a las leyes, a la moral, ni al orden público”. Está probado en los autos que la relación de trabajo de mi poderdante con la sociedad demandada, se inició mediante un Contrato de Consultoría, lo que da lugar a considerar sin reparo alguno, la aplicación sin límites al caso que nos ocupa, del artículo 11 párrafo segundo del Arancel del Profesional del Derecho. De lo desarrollado se concluye que hay una interpretación errónea del articulo 11 párrafo segundo del Arancel del Profesional del Derecho, con la que se le resta su condición imperativa en los contratos que celebren profesionales del derecho. ll. Según el contenido del artículo 1546 del Código Civil, la ejecución de buena fe significa que debe cumplirse conforme a la intención de las partes y a las finalidades que se han propuesto al contratar. La buena fe contractual tiene como natural corolario que el contrato no sólo obliga a aquello que fue materia de una expresa estipulación, sino también a las cosas que se entienden incorporadas al contrato, ya sea por ser de su naturaleza, ya porque las indica la ley supliendo el silencio de los contratantes, o porque la costumbre las considera inherentes a la clase de contrato de que se trata. Si las partes tuvieran que prever todos los efectos del contrato y todas las consecuencias del incumplimiento, la contratación sería un problema extremadamente complejo. También se interpreta erróneamente el artículo 1546 del Código Civil, al desestimar el verdadero sentido de la buena fe contractual. III.- El artículo 1547 deI Código Civil atrás reproducido pone un límite a la autonomía de la voluntad o libertad de contratación. El precepto contenido tiene un doble alcance: por un lado, reconoce la libertad de contratación, o sea el principio de la autonomía de la voluntad en materia contractual, pero por otro lado, fija sus restricciones. Es decir, acepta la libertad de las partes para contratar, pero al mismo tiempo le pone límites a la misma. Los límites que tiene la libre contratación son los marcados por las leyes, la moral y el orden público. Los pactos, estipulaciones y condiciones que las partes establezcan son nulos si contravienen las leyes imperativas o prohibitivas, o la moral o el orden público; por ejemplo, cuando se renuncia a un derecho que la ley declara irrenunciable, o el pacto de no recurrir a la autoridad judicial para resolver sus diferencias, y en el caso de autos, específicamente, al contravenir el principio contenido en el artículo 11 del Arancel del Profesional del Derecho. En el caso en que un tribunal condene en costas a una de las partes, los honorarios a cobrarse serían los que se calculen en base al Arancel del Profesional del Derecho, sin importar los honorarios pactados en los Contratos de Servicios Profesionales, lo que nos indica con una claridad meridiana el carácter imperativo del Arancel del Profesional del Derecho, el que no puede ser ignorado en ningún contrato en que se involucren servicios de profesionales de las ciencias jurídicas. El artículo 1547 del Código Civil es suficientemente claro cuando limita la voluntad contractual en los pactos, estipulaciones y condiciones que contravengan las leyes imperativas o prohibitivas, por lo que su interpretación en un sentido diferente, no es más que una interpretación errónea. IV.- El artículo 1552 del Código Civil, que se refiere a los requisitos esenciales para la validez de los contratos, como son el consentimiento, el objeto y la causa, es interpretado erróneamente, ya que aun cuando un contrato reúna los elementos necesarios para su validez, los mismos pueden adolecer de defectos que conduzcan a su nulidad, por ejemplo, para el caso del consentimiento, éste puede estar viciado de error, dolo, intimidación o violencia; para el caso del objeto, este puede ser imposible, ilícito, indeterminado: y para la causa, podría ser inexistente, falsa o ilícita. De manera que el simple hecho de la reunión de los tres elementos (consentimiento, objeto y causa) no es suficiente para estimar que un contrato sea válido, sino que también es indispensable que los mismos no adolezcan de defectos como los atrás citados, sin olvidar que los pactos, estipulaciones y condiciones que las partes establezcan son nulos si contravienen las leyes imperativas o prohibitivas. Es también clara la interpretación errónea del artículo 1552 del Código Civil, porque de ser válida la interpretación que le da la sentencia recurrida, nunca podría decretarse la nulidad de ningún contrato. V.- El artículo 1573 del Código Civil se refiere a la eficacia de los contratos, la que tienen desde que se perfeccionan. Al referirse el artículo citado a que “los contratos serán obligatorios cualquiera que sea la forma como se hayan celebrado”, se refiere a aspectos formales del contrato y no al contenido de sus pactos, cláusulas, estipulaciones. Se refiere a que se hayan celebrado oralmente o por escrito, o en documento privado o en escritura pública, pero en ningún aspecto se refiere a la validez de cláusulas que atenten contra el principio de que “Los contratantes pueden establecer los pactos, cláusulas y condiciones que tengan por convenientes, siempre que no sean contrarios a las leyes, a la moral, ni al orden Público”. Constituye una interpretación errónea del artículo 1573 del Código Civil aplicado en la sentencia recurrida, el considerar que el contrato celebrado era eficaz por el simple hecho de haberse firmado el mismo, si contiene pactos y cláusulas contrarias a lo que prescribe el Arancel del Profesional del Derecho. Darle la razón a la Parte demandada, es ignorar la protección que nos brinda a los Abogados el artículo 11 párrafo segundo del Arancel del Profesional del Derecho, con el fin de evitar los abusos de las sociedades que nos puedan contratar, que quieren que los abogados seamos mil usos, asesores, gestores, consultores o procuradores, todo por el precio de uno”. II. FUNDAMENTOS DE DERECHO 1.- Del examen de las actuaciones seguidas en ambas instancias, resulta que la Corte Primera de Apelaciones de lo Civil de Francisco Morazán con fecha dieciséis de septiembre del dos mil quince, tuvo por interpuesto y formalizado en tiempo y forma el recurso de casación, presentado por el abogado EDGARDO ORELLANA OSORIO, representante procesal del señor JUAN JOSE ESCOBAR GUZMAN, contra la sentencia dictada por la misma Corte Primera de Apelaciones de lo Civil de Francisco Morazán, el día veinticinco de agosto del dos mil quince, en la demanda ordinaria de pago de honorarios profesionales promovida por el Abogado Juan José Escobar Guzmán; recurso de casación éste que se formalizó en un motivo único con fundamento en el artículo 719.2 del Código Procesal Civil que autoriza que se podrá impugnar la aplicación e interpretación de las normas de derecho empleadas para la solución del fondo del litigio. 2. El Impetrante en su motivo único en síntesis enuncia: “…MOTIVO UNICO DE CASACIÓN. SUB MODO. Interpretación errónea del artículo 11 párrafo 2°, apartado 1° del Arancel del Profesional del Derecho, en relación con los artículos 1546, 1547, 1552 y 1573 del Código Civil. Precepto autorizante: Artículo 719.2 del Código Procesal Civil…” De lo desarrollado se concluye que hay una interpretación errónea del articulo 11 párrafo segundo del Arancel del Profesional del Derecho, con la que se le resta su condición imperativa en los contratos que celebren profesionales del derecho… También se interpreta erróneamente el artículo 1546 del Código Civil, al desestimar el verdadero sentido de la buena fe contractual. III.- El articulo 1547 deI Código Civil atrás reproducido pone un límite a la autonomía de la voluntad o libertad de contratación. El precepto contenido tiene un doble alcance: por un lado, reconoce la libertad de contratación, o sea el principio de la autonomía de la voluntad en materia contractual, pero por otro lado, fija sus restricciones. Es decir, acepta la libertad de las partes para contratar, pero al mismo tiempo le pone límites a la misma. Los límites que tiene la libre contratación son los marcados por las leyes, la moral y el orden público. Los pactos, estipulaciones y condiciones que las partes establezcan son nulos si contravienen las leyes imperativas o prohibitivas, o la moral o el orden público; Por ejemplo, cuando se renuncia a un derecho que la ley declara irrenunciable, o el pacto de no recurrir a la autoridad judicial para resolver sus diferencias, y en el caso de autos, específicamente, al contravenir el principio contenido en el artículo 11 del Arancel del Profesional del Derecho. En el caso en que un tribunal condene en costas a una de las partes, los honorarios a cobrarse serían los que se calculen en base al Arancel del Profesional del Derecho, sin importar los honorarios pactados en los Contratos de Servicios Profesionales, lo que nos indica con una claridad meridiana el carácter imperativo del Arancel del Profesional del Derecho, el que no puede ser ignorado en ningún contrato en que se involucren servicios de profesionales de las ciencias. jurídicas. El artículo 1547 del Código Civil es suficientemente claro cuando limita la voluntad contractual en los pactos, estipulaciones y condiciones que contravengan las leyes imperativas o prohibitivas, por lo que su interpretación en un sentido diferente, no es más que una interpretación errónea. IV.- El artículo 1552 del Código Civil, que se refiere a los requisitos esenciales para la validez de los contratos, como son el consentimiento, el objeto y la causa, es interpretado erróneamente, ya que aun cuando un contrato reúna los elementos necesarios para su validez, los mismos pueden adolecer de defectos que conduzcan a su nulidad…Es también clara la interpretación errónea del artículo 1552 del Código Civil, porque de ser válida la interpretación que le da la sentencia recurrida, nunca podría decretarse la nulidad de ningún contrato…Constituye una interpretación errónea del artículo 1573 del Código Civil aplicado en la sentencia recurrida, el considerar que el contrato celebrado era eficaz por el simple hecho de haberse firmado el mismo, si contiene pactos y cláusulas contrarias a lo que prescribe el Arancel del Profesional del Derecho…” Esta Sala de lo Civil referente al único motivo de casación, razona así: No es procedente por la técnica recursiva fundar el recurso de casación en un conjunto heterogéneo e indiscriminado de normas. Es decir, el compareciente en el presente motivo por un lado enuncia que fue interpretado erróneamente por parte del Tribunal de Apelaciones el artículo 11 párrafo segundo del Arancel del Profesional del Derecho y por otro dentro del desarrollo de su motivo refiere esa misma mala interpretación por parte del ad quem en los artículos 1546 que contempla la ejecución de buena fe de los contratos y la libertad de contratación, 1547 en lo referente al principio de autonomía de la voluntad en los contratos, 1552 que se refiere a los requisitos esenciales para la validez de los contratos y 1573 en la eficacia de los contratos desde su perfeccionamiento, todos del Código Civil. 3. Del escrito de formalización del recurso de casación, se hace evidente la inobservancia de los requisitos fundamentales exigidos por la ley para su admisibilidad, se recuerda al Recurrente que es el caso y ante la necesaria exigencia del rigor técnico y formal que demanda la naturaleza de la casación como recurso extraordinario, Esta Sala de lo Civil precisa señalar lo siguiente: Como línea jurisprudencial ha mantenido algunos elementos que deben observarse en casación con relación a la observancia rigurosa de la técnica casacional, como ser los requisitos siguientes: a) Se expondrán en motivos y apartados separados cada una de las vulneraciones o infracciones que se denuncien como cometidas en la sentencia recurrida, sin que resulte admisible la enumeración global o indiscriminada de preceptos, ni en el planteamiento de cuestiones diversos en cada apartado que puedan generar confusión e imposibilidad de conocer con exactitud la concreta infracción de su alcance para poder juzgar sobre ello. Ello implica la necesidad de una exposición separada de cada una de las infracciones integrantes del motivo. Este requisito es inherente a la calidad y precisión en la formulación del recurso. b) Se deberá indicar en cada apartado, con toda claridad, el precepto concreto de la norma que se considere infringido. c) No es procedente fundar el recurso en un conjunto heterogéneo e indiscriminado de normas. d) Evitar citar como infringidos los preceptos haciendo uso de expresiones como: “y demás aplicables”, “y siguientes” o “concordantes”, sin indicar cuáles son. e) No puede citarse como infringida toda una ley, sino que deben citarse artículos determinados y aún párrafos concretos. f) Deberá razonarse con la extensión que se estime necesaria la pertenencia y la fundamentación del motivo, explicando en qué consistió la infracción y de qué modo afectó a la decisión de la cuestión o cuestiones objeto del proceso. No se estimará la procedencia si el Recurrente se limita a transcribir, sin más, el texto de cada precepto, sin razonar por tanto, debidamente el por qué la sentencia recurrida los ha infringido. g) El recurrente tiene que partir de que asume los hechos declarados probados en la sentencia recurrida, sin que pueda hacer cuestión de ellos. Con mayor razón si se tiene en cuenta que todo lo relativo a la carga o valoración de la prueba no puede aducirse por el recurso de casación conforme al motivo expresado en el artículo 719 numeral 2) del Código Procesal Civil, sino únicamente por el motivo de infracción procesal, contenido en el artículo 719 numeral 1) del Código Procesal Civil. h) No pueden plantearse cuestiones nuevas, aunque la Sala si podrá atender a las cuestiones de orden público (aportación extemporánea de hechos). 4. Por consiguiente se inadmite el presente recurso de casación de acuerdo a lo contenido en el articulo 723.2 inciso a), del Código Procesal Civil que en su parte conducente preceptúa “…1… 2. Sólo podrá inadmitirlo por las causales siguientes: a) Incumplimiento de las exigencias y requisitos establecidos por este Código para el escrito de interposición y formalización, entre las que se comprende la falta de relación de las normas de derecho citado como infringido con las cuestiones debatidas y la pretensión de que se revise la interpretación y valoración de las pruebas…”. III. PARTE DISPOSITIVA Por lo antes expuesto la Sala de lo Civil, pronunciándose por unanimidad de votos e impartiendo justicia en nombre de la Corte Suprema de Justicia y del Estado de Honduras, en base a los fundamentos de derecho citados y haciendo aplicación de los Artículos 303, 304, 313 numeral 5) y 316 de la Constitución de la República; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 115, 118 numeral 1), 129, 169, 170, 190, 191, 193 numeral 2, literal b), 197, 199, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723, 724 y 914 del Código Procesal Civil; profiere el presente AUTO IRRECURRIBLE y DECLARA: 1) La INADMISIÓN DEL RECURSO DE CASACIÓN, planteado por el Abogado EDGARDO ORELLANA OSORIO, en su condición de representante procesal del señor JUAN JOSE ESCOBAR GUZMAN, contra la sentencia dictada por la Corte Primera de Apelaciones de lo Civil de Francisco Morazán, en la demanda ordinaria de pago de honorarios profesionales interpuesta por el abogado Juan José Escobar Guzmán contra la Empresa Sercom de Honduras, S.A. de C.V. 2) Firme la sentencia recurrida, dictada por la Corte Primera de Apelaciones de lo Civil de Francisco Morazán, el veinticinco de agosto del dos mil quince. 3) Condenar en costas a la parte recurrente; y, 4) Remitir las presentes actuaciones, junto con la certificación de esta resolución al Tribunal de su procedencia, previa notificación de este auto a las partes, por medio de sus apoderados legalmente constituidos en juicio. Redactó la Magistrada Rina Auxiliadora Alvarado Moreno. NOTIFIQUESE. FIRMAS Y SELLO. REYNALDO ANTONIO HERNANDEZ. MAGISTRADO COORDINADOR. WILFREDO MENDEZ ROMERO. MAGISTRADO. RINA AUXILIADORA ALVARADO MORENO. MAGISTRADA. FIRMA Y SELLO. BETTY JANETH PALMA O’CONNOR. RECEPTORA ADSCRITA”.

Extendida a solicitud del abogado JUAN CARLOS RIVERA REICHMANN, actuando en su condición de representante procesal de SERCOM DE HONDURAS, S.A. DE C.V., en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los Catorce días del mes de Noviembre de Dos Mil Dieciséis; Certificación del Auto de fecha Doce de Octubre de Dos Mil Dieciséis, recaído en el Recurso de Casación registrado bajo el No. 294=2015.

BETTY JANETH PALMA O’CONNOR

RECEPTORA ADSCRITA